La crisis política y social en Bolivia dejó este jueves un saldo trágico: cinco personas murieron durante los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes que responden a Evo Morales. Entre las víctimas hay tres policías, un bombero y un campesino que manipulaba explosivos.

Uno de los hechos más estremecedores ocurrió en Cochabamba, donde un efectivo fue secuestrado por manifestantes y asesinado con dinamita adherida a su cuerpo. “Fue muerto con el empleo de dinamita por una horda”, afirmó el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera. El agente fue identificado como Christian Calle Alcón.

Los choques ocurren en el marco de una protesta que lleva 11 días e incluye bloqueos en al menos 19 puntos estratégicos del país. La movilización rechaza la inhabilitación judicial de Morales, quien fue impedido de competir en las elecciones del 17 de agosto. Sus seguidores insisten en que se trata de una proscripción política.

El presidente Luis Arce repudió el crimen y aseguró que continuarán los operativos para liberar las rutas. En sus redes, expresó: “Una nueva víctima del cobarde y violento ataque de los grupos evistas. Nos adherimos al profundo dolor de la familia de Calle Alcón”.

El propio Evo Morales, en la clandestinidad desde enero por una orden de detención por trata de menores, se expresó en redes sociales. Aseguró que se trata de una protesta legítima: “No se combate el hambre con bala ni se responde a la pobreza con represión”.

Los bloqueos afectan a seis de las nueve regiones del país, donde decenas de camiones con alimentos y combustible permanecen varados. Según el gobierno, las pérdidas económicas ya superan los 100 millones de dólares.

Morales había intentado inscribirse como candidato en mayo, pero el Tribunal Supremo Electoral rechazó su postulación por hacerlo con un partido sin personería. Con su exclusión y la renuncia de Arce a la reelección, el oficialismo llega dividido a los comicios, en un contexto de crisis económica y creciente malestar social.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció toque de queda en la región de Puno por tres días. Esto se dio luego de que el 9 de enero, se registrará una jornada violenta, dejando 18 muertos en la ciudad de Juliaca y más de 30 heridos.

La inmovilización social obligatoria corresponderá desde las 8.00 p.m. hasta las 4.00 a.m. El titular anunció esta medida en el séptimo día de manifestaciones que se registró con saqueos, incendios, ataques, entre otras acciones.

“Hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros un Decreto Supremo que declara la inmovilización obligatoria en Puno por el plazo de tres días desde las 20:00 horas hasta las 04:00 de la mañana. Esto, en salvaguarda de la vida, de la integridad y de la libertad de todos los ciudadanos”, informó el premier.

El premier Otárola junto a su Gabinete Ministerial se presentó ante el Congreso de la República para solicitar la cuestión de confianza. En medio de las violentas protestas que se desarrollaron en Juliaca, algunos legisladores han revelado que no votarán a favor de la confianza.

La presidenta Dina Boluarte tiene un mes y un poco más en el cargo, pero hasta el momento se ha cobrado 45 decesos en las protestas que se han desarrollado en las regiones del país. Entre los muertos se han identificados civiles y agentes policiales, algunos no han sido identificados.

En ese sentido, el premier anunció que por respeto a las personas que perdieron la vida y los que resultaron heridas proceden a declarar un día de duelo nacional para el 11 de enero. Es decir, se deberá izar la bandera hasta media asta.

“Para mitigar el dolor de las familias de las personas que perdieron la vida o resultaron gravemente heridas durante los ataques y revueltas en torno a las marchas de protesta ocurridas en diversas ciudades, el Gobierno va a aplicar un programa de apoyo a las familias de las víctimas”, aseguró.

La jefa de la Defensoría del Pueblo de Perú, Eliana Revollar, informó que siete personas habían muerto durante dos días de protestas, todas por heridas de bala, en un marco de tensiones políticas.

Las autoridades de Apurímac informaron el lunes temprano la muerte de un joven de 16 años y dos de 18, mientras que en Arequipa se informó otra muerte y dos adolescentes fueron asesinados el domingo, según el detalle que ofrece la agencia de noticias Reuters.

“Estas son realmente muertes innecesarias”, dijo Revollar a la emisora ​​local Epicentro, y agregó que al menos 32 civiles y 24 policías resultaron heridos.

Citando “tiempos difíciles”, la sexta presidenta de Perú en los últimos cinco años, Dina Boluarte, comentó que proponía adelantar las próximas elecciones generales programadas originalmente para 2026 a abril de 2024.

El ex presidente peruano Pedro Castillo difundió una carta en la que aseguró que se siente “secuestrado” por las autoridades del país, que lo mantienen detenido preliminarmente en una cárcel de Lima mientras es investigado por presunta “rebelión” tras haber intentado disolver el Congreso.

“Les hablo en el trance más difícil de mi Gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero aun así revestido de la confianza y lucha de ustedes”, manifestó el exmandatario dirigiéndose a sus seguidores, que protagonizan jornadas de protestas en varias regiones peruanas.

En el texto de su puño y letra, que publicó en su cuenta de Twitter, aseveró que decidió dirigirse a la población para reiterar que es “incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional” que recibió al ser electo como presidente, por lo que no “renunciará” ni “abandonará” sus funciones.

Por otra parte, Castillo tildó de “usurpadora” a su sucesora, la presidenta Dina Boluarte, y aseveró que lo dicho recientemente por ella, aunque no precisó a qué se refería, “no es más que los mismos mocos y babas de la derecha golpista”.

“El pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones”, aseveró, al tiempo que insistió una vez más en que se avance en la aprobación de una asamblea constituyente.

Mientras tanto, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una nueva denuncia constitucional contra el exjefe de Estado por presunta rebelión y alternativamente conspiración, tras haber intentado cerrar el Parlamento el pasado 7 de diciembre.

La denuncia, que señala a Castillo de ser el “presunto coautor” del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, incluye también a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, así como a los extitulares de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez; y del Interior, Willy Huerta.

Benavides formalizó su denuncia poco después de que el Parlamento acordara durante la madrugada de este lunes una resolución que autoriza levantar el fuero del expresidente, para evitar que tenga que pasar por un antejuicio político.

La resolución legislativa, aprobada con 67 votos a favor y 45 en contra, abre camino para que la Fiscalía amplíe su pedido de detención preliminar que terminaba este martes, según lo determinó el Poder Judicial el pasado 8 de diciembre.

Castillo, quien fue destituido del cargo el 7 de diciembre tras ser acusado de intento de “golpe de Estado”, se encuentra detenido preliminarmente en el penal de Barbadillo, en la ciudad de Lima, donde el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) cumple una condena de 25 años.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que presentará un proyecto de ley al Parlamento para adelantar las elecciones para abril de 2024, tras manifestaciones de pobladores en varias ciudades del país que ayer dejaron al menos dos muertos.

“Interpretando la voluntad de la ciudadanía (…) he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024”, dijo Boluarte en un mensaje a nación difundido por televisión en los primeros minutos del lunes.

La propuesta implica recortar en dos años el mandato en curso, iniciado en 2021 por el depuesto presidente Pedro Castillo, y busca aplacar la indignación de la población que exige elecciones presidenciales y legislativas conjuntas de inmediato.

Boluarte asumió el mando el miércoles tras la destitución de Castillo por parte del Congreso, dominado por las fuerzas de oposición de derecha, tras un fallido intento de suprimir en sus funciones al Poder Legislativo para gobernar por decreto, lo que fue calificado como un auto golpe de estado.

La mandataria anunció además que declaró el Estado de emergencia en las zonas del país en donde se registran protestas violentas.

“Con el mismo sentido patriótico, anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social para recuperar pacíficamente el control del orden interno”, indicó.

Las movilizaciones se multiplicaron en varias ciudades del norte y sur andino por cuarto día en rechazo al Congreso y pidiendo además la liberación del expresidente izquierdista Pedro Castillo, destituido por el Congreso y detenido por mandato judicial por siete días desde el miércoles 7.

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En la ciudad sur andina de Andahuaylas, el ministerio de Interior reportó dos personas fallecidas y cinco heridos, entre ellos un policía, tras violentos enfrentamientos en el intento de los manifestantes de tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad.

A esa terminal aérea iban a llegar refuerzos de la policía antimotines para contener a los miles de manifestantes en Andahuaylas, en la región Apurímac, de donde es originaria Boluarte.

El local de la comisaría de Huancabamba, una localidad en Apurímac, fue incendiado reportó la radio RPP.

En la misma ciudad el sábado las protestas dejaron el sábado 16 civiles y cuatro policías heridos.

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Miles de personas se movilizaron por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, según imágenes difundidas por las televisoras locales.

Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un “paro indefinido” a partir del mañana, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú. Cabe esperar la reacción de esas organizaciones antes el anuncio de adelantamiento de las elecciones que hizo Boluarte.

El colectivo, que agrupa a una docena de organizaciones, reclama además la “inmediata libertad” de Castillo.

De acuerdo al Frente Agrario, Castillo “no perpetró ningún golpe de Estado” cuando el miércoles anunció el cierre del Congreso, la intervención de los poderes públicos y que gobernaría por decreto, lo que llevó a su destitución por el parlamento y a la asunción de la jefatura del Estado por la vicepresidenta Boluarte.

En Lima, la policía dispersó ayer por la tarde con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes que llegaron al frontis del Congreso gritando lemas como “Castillo no estás solo, el pueblo te respalda”, o enseñando pancartas como “Dina y Congreso la misma porquería” ó “Ratas corruptos”.

Lima siempre le dio la espalda a Castillo, un maestro rural y líder sindical sin contacto con las élites, mientras que las regiones andinas se han identificado con él desde las elecciones de 2021.

El Congreso suspendió en la tarde de ayer una sesión en la que analizaba la situación tras una trifulca entre dos congresista.

Castillo fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo político. La fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración, pero además lo investiga por corrupción.

Boluarte formó gobierno el sábado con un perfil independiente y técnico y con el exfiscal Pedro Angulo como primer ministro, y desde que asumió a mitad de semana fue cambiando de posición respecto a la duración de su mandato. Primero dio la pauta de que estaría hasta 2026, pero el viernes revió esa postura y señaló que no descartaba un adelantamiento de las elecciones, lo que finalmente anunció pasada la medianoche de Lima, que tiene dos horas menos que Argentina.