El presidente interino de Perú, José Jerí, anunció este martes la declaración de un estado de emergencia en la capital Lima y en la vecina provincia portuaria del Callao a partir de la medianoche de este miércoles (05.00 GMT), y por un plazo de 30 días, para luchar contra la delincuencia organizada.

En un mensaje a la nación emitido a través de televisión y redes sociales, Jerí dijo que “la delincuencia ha crecido de manera desmesurada”, causando un inmenso dolor a miles de familias y perjuicio a la economía nacional.

Una integrante de la Fuerza Aérea del Perú monta guardia este martes en Lima. Xinhua.

Sin embargo, el mandatario, que todavía no llega a las dos semanas en el poder tras haber sucedido a la destituida presidenta Dina Boluarte, agregó que “hoy empezamos a cambiar la historia” y que la lucha contra el crimen organizado permitirá a su país “recuperar la paz y la tranquilidad”.

“Las guerras se ganan con acciones y no con palabras”, afirmó sin dar más detalles de las medidas que contiene el estado de emergencia declarado por el Gobierno.

De acuerdo al decreto del estado de emergencia publicado en el diario oficial El Peruano, mientras dure esta medida quedan suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, en un momento donde se están desarrollando una serie de protestas contra el Gobierno y el Congreso por varios motivos, entre ellos la inseguridad.

El estado de emergencia también contempla que las Fuerzas Armadas den apoyo a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado con patrullas en zonas críticas como paraderos, estaciones de metro e instituciones asociadas y otras situaciones de violencia.

Policías y militares también custodiarán instituciones públicas e instalarán comandos de campaña temporales para las fuerzas combinadas en coordinación con los municipios más afectados masivos y permanentes de decomiso de armas, municiones, explosivos ilegales y artefactos pirotécnicos.

Mientras, en las cárceles quedarán limitadas las visitas a presos, a la vez el decreto de estado de emergencia prevé “un apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación”, así como “desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, encargando el sostenimiento a las Fuerzas Armadas”.

Integrantes de la Fuerza Aérea del Perú montan guardia este miércoles en Lima. Xinhua.

Durante toda la jornada del martes, el Consejo de Ministros estuvo reunido para elaborar el marco legal del estado de emergencia anunciado hace unos días por el mandatario para enfrentar la ola de crimen organizado en Lima, donde reside un tercio de la población peruana.

En el mismo sentido, horas antes de emitir el mensaje a la nación, Jerí alentó, en su cuenta de la red social X, con la publicación: “de la defensiva a la ofensiva contra la criminalidad”. El mandatario, en tanto, evitó dar mayor información sobre el desarrollo de la medida.

El estado de emergencia ha sido decretado por el Ejecutivo peruano en los últimos años en varias regiones del país, especialmente en la costa norte para combatir la minería ilegal, e incluso en algunos distritos de la capital para que la Policía Nacional tenga el apoyo de las fuerzas armadas en el control de la seguridad ciudadana.

Asimismo, varios derechos constitucionales quedan suspendidos durante su vigencia como la libertad de tránsito y de reunión, entre otros.

En las últimas semanas se realizaron paros de transportistas y movilizaciones de protesta por el impacto del crimen organizado en Lima y otras ciudades del país, que han dejado decenas de fallecidos sólo en el gremio de transporte urbano, y esta problemática fue uno de los principales motivos de la destitución de la exmandataria Dina Boluarte (2022-2025) el pasado día 9 en el pleno del Congreso.

De acuerdo al Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en el trimestre de julio-agosto-setiembre hubo 575 homicidios en Perú, la cifra más alta de 2025, después de alcanzar un pico de 580 homicidios en el último trimestre del 2024.

En el tercer trimestre de 2024, Perú superó el umbral de 500 homicidios por trimestre, después de reportar menos de la mitad de esa cifra hasta 2017.

El Congreso unicameral de Perú aplazó nuevamente, en principio hasta este jueves, el debate y la votación sobre el eventual adelantamiento de las elecciones generales para este año, reclamado por el Gobierno y buena parte de la opinión pública como vía para solucionar la crisis política desatada en diciembre a partir de la destitución del presidente Pedro Castillo.

Paralelamente, el parlamento resolvió extender hasta el 10 de febrero el actual período legislativo, que vencía este miércoles y que de ese modo le ponía límite a la posibilidad de celebrar los comicios este año.

La sesión del Congreso, que sufrió de ese modo la tercera postergación consecutiva, quedó programada para mañana a las 11 (las 13 en la Argentina), informó su presidente, José Williams, en Twitter.

La decisión fue adoptada “con la finalidad de encontrar consenso entre la representación nacional y ante el pedido del presidente de la Comisión de Constitución”, explicó Williams.

El debate había sido programado en principio para ayer y aplazado sucesivamente para esta mañana y esta tarde, en medio de febriles negociaciones entre las autoridades de la Comisión de Constitución y representantes de las diversas bancadas, que aún seguían sin haber alcanzado un consenso, según la radio limeña RPP.

De acuerdo con la legislación peruana, el adelantamiento de elecciones, que implica una reforma de la Constitución, debe ser aprobado por dos legislaturas anuales consecutivas y este martes finalizaba la primera, que fue extendida hoy mismo hasta el 10 de febrero.

Con la finalidad de encontrar consenso entre la representación nacional y ante el pedido del presidente de la Comisión de Constitución, la sesión del pleno convocada para aprobar el adelanto de elecciones se reprograma para mañana miércoles a las 11:00 am

— José Williams Zapata (@jwilliamszapata) January 31, 2023

Si no se hubiera prorrogado ese período, la decisión sobre el anticipo de los comicios habría quedado postergada al menos por un año y habría sido imposible celebrarlos este año.

Los legisladores habían acordado reabrir ayer el debate, después de que la semana pasada no se hubieran alcanzado en el pleno los votos suficientes para aprobarlo. Por tratarse de una reforma constitucional, para ser aprobada se requieren al menos 87 votos, equivalentes a dos tercios del total de 130 bancas.

El adelantamiento de los comicios es visto por la mayoría de la opinión peruana como la forma más efectiva de contener las protestas que estallaron tras la destitución de Castillo, y que dejaron decenas de muertos.

Los sucesivos aplazamientos del debate se debieron en buena medida a la sorpresiva decisión del bloque de Acción Popular (AP, de centro) de votar contra el adelantamiento de los comicios a este año. La mayoría de AP se sumó de esa forma a los bloques de izquierda, entre ellos Perú Libre, y al del ultraconservador Renovación Popular.

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Los partidos de izquierda consideran que la propuesta debe incluir un referendo sobre una convocatoria a una asamblea constituyente.

En cambio, la presidenta Dina Boluarte y el partido populista de derecha Fuerza Popular (FP, fujimorista y el más numeroso en el parlamento, aunque lejos de tener mayoría propia) abogan por anticipar las elecciones para este año y no para abril de 2024, como estableció el Congreso en diciembre.

Mientras las protestas aumentaban en ciudades del sur del país, tropas de la Policía Nacional del Perú (PNP) se apostaron en los puntos de ingreso al aeropuerto internacional Jorge Chávez, en El Callao -al sur de la ciudad de Lima- ante una protesta que transcurría muy cerca de la terminal aérea y logró “dispersar a los manifestantes” que se dirían al lugar, informó la fuerza en un comunicado, según la agencia estatal de noticias Andina.

Tres personas fueron detenidas por los incidentes en las inmediaciones del aeropuerto, informó la Defensoría del Pueblo en Twitter.

Asimismo, la Defensoría reportó “manifestaciones violentas” en Andahuaylas, en el departamento sureño Apurímac, que dejaron al menos una persona herida, una madre con su bebé evacuados en helicóptero y dos detenidos.

En Lima, cientos de manifestantes volvieron a marchar este martes por la tarde y llegaron hasta una distancia de unos 200 metros del edificio del Congreso, donde se produjeron algunos enfrentamientos con efectivos policiales, que los dispersaron con gases lacrimógenos, sin que hasta esta noche se reportaran heridos ni detenidos.

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Más temprano, el alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó que el centro histórico de la capital será declarado “zona intangible” para evitar que se produzcan más actos de violencia y vandalismo.

Los manifestantes “están destrozando la economía de Lima, la economía de todo Perú”, sostuvo el funcionario, que señaló que 90% de la economía del país es informal y se sostiene con lo que las personas ganan cada día.

El país vive una ola de protestas antigubernamentales desde el 7 de diciembre pasado, cuando el Congreso destituyó a Castillo horas después de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.

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En ese contexto murieron 48 personas (47 civiles y un policía) en enfrentamientos y otras 10 como consecuencia de los cortes de rutas, y al menos 1.162 personas (entre ellas, 629 policías) resultaron heridas, según el último balance de la Defensoría del Pueblo, publicado esta tarde.

La Defensoría reportó además que este mediodía se mantenían 74 cortes de rutas en diversos puntos de 23 de las 195 provincias en las que se dividen los 24 departamentos regionales del país.

De acuerdo con esas cifras, había hoy siete cortes más y dos provincias afectadas más que ayer, cuando la PNP liberó al tránsito dos tramos de la clave ruta Panamericana Sur, en lo que se anunció como el comienzo de una serie de operativos para levantar los bloqueos de caminos.

La Defensoría de los Pueblos de Perú informó este lunes (12.12.2022) que otros dos manifestantes fallecieron en medio de las protestas para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, elevando a cuatro los decesos tras las dos muertes registradas el domingo. Pese a que la mandataria anunció la presentación de un proyecto para adelantar las elecciones generales a abril de 2024, grupos de seguidores de Pedro Castillo insisten en la necesidad de llamar a las urnas a la brevedad.

Querido pueblo peruano grandioso y paciente: Yo, @PedroCastilloTe, el mismo que hace 16 meses me eligieron todos ustedes, para ejercer como presidente constitucional de la República. Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno… (1/4)

— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 12, 2022

Al menos 25 puntos de la red vial peruana, incluida la carretera Panamericana, fueron cortados esta jornada, de acuerdo con reportes de la Policía Nacional. Las manifestaciones más masivas se han registrado en Arequipa, donde unas 1.500 personas bloquearon la pista del aeropuerto internacional, aunque pocas horas después fueron desalojadas con bombas lacrimógenas. En Cuzco y Trujillo también ha habido barricadas en las carreteras.

Los manifestantes, algunos vestidos con sombreros y trajes tradicionales, quemaron casetas de seguridad y la iluminación de la pista de aterrizaje fue destruida. El aeropuerto sigue cerrado, con decenas de pasajeros varados. También en Arequipa, la fábrica de lácteos Gloria, una de las más grandes del país, fue ocupada a la fuerza por manifestantes, según imágenes de diversas cadenas de TV.

Los manifestantes exigen la liberación de Castillo, el cierre del parlamento y nuevos comicios ya. El gobierno, en un intento por frenar las protestas, cesó a los 26 prefectos regionales del país, nombrados por el gobierno de Castillo, bajo el argumento de que “azuzan las protestas”. Boluarte declaró también el estado de emergencia en las zonas donde se registran protestas violentas.

Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas agitan los tambores anunciando un “paro indefinido” a partir del martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución. Castillo, por su parte, publicó esta jornada una carta donde dice estar secuestrado y calificó de “usurpadora” a Boluarte.

“Les hablo en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado, pero así revestido de la confianza y lucha de ustedes, de la majestad del pueblo soberano, pero además infundido por el glorioso espíritu de nuestros ancestros”, reza el texto firmado por él y publicado en su cuenta de Twitter. La carta se conoció después de que la fiscal general, Patricia Benavides, presentara una denuncia contra Castillo por rebelión y conspiración, entre otros delitos.

El presidente de Argentina se comunicó con Dina Boluarte, la vicepresidente de Pedro Castillo que asumió la presidencia de Perú luego del intento de golpe de Estado de su antecesor. Fue instantes antes de que ésta se dirigiera a la formación militar que conmemora el 198° aniversario del Ejército de Perú.

“Respaldo de su gobierno y el total apoyo para reforzar los lazos de hermandad, amistad y cooperación para fortalecer la democracia del Perú y Latinoamérica” ofreció Fernández a su homóloga peruana por teléfono. No es menor que el representante argentino es también el presidente pro témpore del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), por lo que el contacto tiene un importante impacto para Perú y así lo reflejaron los funcionarios y medios locales en sus portales y redes sociales.

Si bien la información no fue confirmada aún por fuentes argentinas, la presidente peruana indicó en su Twitter que agradece “la llamada del presidente de la hermana República Argentina, en la que expresó su respaldo, apoyo y colaboración en el marco del fortalecimiento de nuestra democracia, las relaciones bilaterales y las políticas regionales por el desarrollo de Sudamérica”.

Agradezco la llamada del presidente de la hermana República Argentina, @alferdez, en la que expresó su respaldo, apoyo y colaboración en el marco del fortalecimiento de nuestra democracia, las relaciones bilaterales y las políticas regionales por el desarrollo de Sudamérica.

— Dina Boluarte Z. (@DinaErcilia) December 9, 2022

Luego de la llamada, Boluarte se mostró frente a los integrantes del Ejército peruano, donde señaló que trabajará “por nuestros hijos, por los que vienen y los que vendrán, gobernemos juntos para construir un país también para los ‘nadies’, quienes, al igual que todos, anhelan el desarrollo y la igualdad de oportunidades para salir adelante”. Estas declaraciones se dan luego de que aceptara que no anticipará las elecciones de su país por el momento, sino que ejercerá el cargo que recayó en ella tras los acontecimientos que terminaron con Pedro Castillo detenido y acusado de rebelión.