Por Gabriel Rossini

Desde que asumió Javier Milei, Argentina tiene el desolador mérito de haberse convertido en el segundo peor país del mundo en actividad industrial después de Hungría, como consecuencia de decisiones políticas que indujeron e inducen a la destrucción del aparato productivo nacional en nombre de una libertad de comercio que solo existe en el imaginario de quienes gobiernan.

De acuerdo con un informe difundido en la semana por la consultora Audemus, que lidera el ex ministro de Producción Matías Kulfas, Argentina registra el 2° peor desempeño industrial del mundo entre las 56 economías relevantes de la muestra, superado únicamente por Hungría; en un contexto regional donde Brasil la expandió 3,5% promedio, Chile (+5,2%), Perú (+6,5%) y Uruguay (+3,7%).

En lo que va del gobierno de Milei, de acuerdo con los datos relevados por la consultora, en estos dos años cerraron más de 2.400 empresas industriales, lo que representa un 5% del total de empresas manufactureras argentinas, y se perdieron 73.000 empleos manufactureros.

En Santa Fe las consecuencias de las políticas económicas nacionales están siendo devastadoras para el sector productivo y comercial ya que en la provincia desde noviembre de 2023 se perdieron 2.257 empresas – un promedio de casi 3 por día-, la gran mayoría de ellas en el sector más pequeño y 10.278 empleos, principalmente en la Industria (-7.845), Construcción (-1.022) y Transporte y almacenamiento (-1.041).

De acuerdo con un informe difundido por el ex ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri se perdieron 2310 empresas con entre 1 y 10 trabajadores; 26 con entre 10 y 100; 7 con entre 100 y 500 y 2 con más de 500 empleados.

“En Europa, las causas (de la retracción industrial) son identificables y, en parte, exógenas: el shock energético, la competencia china en el sector automotriz y las tensiones comerciales con Estados Unidos. En Argentina, la crisis manufacturera responde a decisiones de política económica doméstica, no puede explicarse por el contexto global ni regional. La crisis es local, tiene causas identificables y responde a una orientación de política económica que el gobierno actual no solo no está revisando, sino que defiende como virtud”, dice el informe.

Las ramas manufactureras que fueron más afectadas fueron las textil e indumentaria, productos metálicos y fabricación de muebles y otras manufacturas, donde se perdieron hasta dos dígitos de empresas que había hasta noviembre de 2023, caídas solo comparable a la que sucedió a principios de siglo en la crisis de la convertibilidad. También fueron en estas ramas de actividad donde más empleos se destruyeron.

El informe de la consultora Audemus va en línea con los resultados del relevamiento de Indicadores Industriales y Expectativas de la UIA que concluyó que el 54,7% de las empresas manufactureras respondió haber vendido menos; el 53,3% haber producido menos; el 22,2% de las firmas registró caídas en el número de empleos y el 30% reportó haber exportado menos.

Estos datos sobre el comportamiento de la economía se dan un contexto donde uno de los pocos sectores que fueron los beneficiados por la política económica de Milei como las finanzas internacionales, que con la especulación financiera obtuvieron ganancias impensables en cualquier otro país, empezaron a cuestionar el funcionamiento de la economía -el jueves Claudio Loser, ex director regional del FMI, dijo que en Argentina “hay mucho carry trade y poca inversión real” – a tal punto que seis bancos internacionales ubicaron a Argentina junto con Turquía como uno de los países más vulnerables del mundo a un shock externo y recomendaron vender los bonos que tienen en su cartera.

Después de las palabras de compromiso sobre los avances en el terreno fiscal que le adjudican al gobierno, el Citi, Morgan Stanley, JP Morgan, Barclays, Wells Fargo y Bank of America (BofA), según publicó el diario La Nación, coincidieron en que el programa económico de Javier Milei “todavía enfrenta fragilidades estructurales que podrían amplificarse si aumenta la volatilidad internacional” como un bajo nivel de reservas, un financiamiento externo costoso, un tipo de cambio que consideran apreciado y una inflación que sigue elevada, pese a la reducción lograda desde 2023.

Este miércoles 20 de agosto, a las 16, vecinos jubilados y jubiladas autoconvocados de Venado Tuerto llevarán a cabo la quinta marcha en defensa de sus derechos en la plaza San Martín, más precisamente en la intersección de las calles Belgrano y Marconi, donde los manifestantes se concentrarán en la vereda interna del espacio verde. 

Aquellos que se sumen a la manifestación podrán asistir con banderas argentinas, carteles identificatorios de las instituciones a las que pertenecen, y quienes lo deseen podrán expresarse públicamente en el “micrófono abierto” dispuesto para la ocasión.

El movimiento autoconvocado, que ya organizó otras cuatro marchas previas, busca visibilizar la disconformidad de los jubilados con las políticas gubernamentales que consideran responsables de la vulneración de sus derechos adquiridos. En un contexto de crisis económica, los jubilados exigen soluciones a la falta de respuesta ante el vapuleado poder adquisitivo de los haberes y las decisiones que afectan su bienestar y seguridad económica.

A lo largo de estas movilizaciones, se manifestó la necesidad urgente de políticas públicas que garanticen un mejor nivel de vida para este segmento de la población, que se ve especialmente afectado por la desactualización de las jubilaciones y recortes en la provisión de medicamentos, a la vez que el Poder Ejecutivo adoptó la decisión de vetar leyes del Congreso de la Nación que concedían mínimos aumentos para el sector. 

Por María José Ramón y Fiorella Carrión

El proceso para ser familia adoptante en la provincia de Santa Fe enfrenta varios desafíos, entre ellos, la situación económica de los interesados y la disponibilidad para adoptar niños de diferentes edades. En este sentido, Adriana Bonelli, directora del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAGA), explicó detalles sobre las dificultades que se presentan en esta instancia.

Bonelli destacó que “la situación económica ha condicionado bastante, lo vemos con la presentación de casos antes de enviar los legajos”, explicando que en la última inscripción hubo una baja del 20% en los inscritos confirmados debido a problemas como “mudanzas, falta de empleo” que complican el proceso.

Además, señaló que “las familias siguen buscando niños de 0 a 8 años y el tiempo de demora en ese rango etario suele ser mayo. Esos niños pequeños son los primeros en ser dados en adopción. No hay una cantidad inmensa”. Hoy hay 114 niños de entre 9 y 17 años esperando por ser adoptados.

La directora también destacó que “ha cambiado el perfil totalmente de los adoptantes. Son mujeres solas, hombres solos, parejas heterosexuales, homosexuales, uniones convivenciales”. Según Bonelli, “la adopción pasa a ser un planteo personal y no de un matrimonio convencional”.

Y afirmó: “Muchas veces es el mito de que si uno tiene un bebé puede hacerlo a su imagen y semejanza. Y si uno adopta un niño de 8, 9, 10 años, viene con una mochila que no sabe si va a ser capaz de sobrellevar”.

Para ejemplificar, contó el caso de una adolescente de 14 años que fue adoptada por un matrimonio de Usuahia y hoy está “integrada, terminó el colegio y tiene la adopción plena”. “Se vinculó en noviembre-diciembre del 2023, en enero del 2024 la llevaron de vacaciones, una niña que jamás había visto el mar, que jamás había un ascensor”, relató.

Sobre los tiempos y el proceso, Bonelli indicó que “el juez determina la situación de adoptabilidad, se piden los informes a la Secretaría de la Niñez para ver las características del niño”. El proceso de vinculación dura “en promedio 3 meses, se produce el egreso del niño al hogar del o los adoptantes. Se da la guarda preadoptiva y en 6 meses están en condiciones de pedir la adopción plena”.

Con respecto a las demoras, señaló que “hay ciertos trámites administrativos cuando se toma alguna medida de protección que pueden dilatar los tiempos para que se disponga la adoptabilidad del niño”.

Finalmente, aclaró que “las convocatorias no tienen cierre y siguen abiertas permanentemente o bien hasta que los niños cumplen la mayoría de edad o hasta que algún niño es convocado para tener una familia”. Para consultas, invitó a enviar un correo a registros@santafe.gob.ar, asegurando una respuesta en un máximo de 48 horas.

El gobierno de Donald Trump, a través del secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que "estaría dispuesto" a ofrecerle una línea de crédito específica al gobierno de Javier Milei “si lo necesita”.

Según reveló la agencia de noticias Bloomberg, la línea de crédito sería en caso de que un shock externo pusiera en peligro la recuperación económica, y siempre y cuando el presidente Milei "mantenga el rumbo".

"Si la Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el FSE (Fondo de Estabilización Cambiaria)", afirmó Bessent en un evento de JP Morgan en Washington.

Creado en la década de 1930, el Fondo de Estabilización Cambiaria fue utilizado en más de cien créditos o préstamos del Tesoro de Estados Unidos a gobiernos extranjeros y bancos centrales para "ayudar a estabilizar las monedas", según el sitio web oficial del Tesoro.

Las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense surgen luego de haberse reunido con el mandatario argentino la semana pasada, en el primer día luego de la salida del cepo.

"Me entusiasmaba hace este viaje a Argentina para comenzar a tener las primeras conversaciones formales sobre comercio recíproco", destacó Bessent.

En su visita, Bessent reafirmó el "pleno apoyo" de Estados Unidos a las "audaces reformas económicas" y lo elogió a Milei por la "pronta acción de su gobierno" para "reducir las barreras al comercio recíproco con Estados Unidos".

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, viaja esta semana a Washington para asistir a las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.

Será la primera visita de Caputo al FMI sin la presión de una negociación crítica. A diferencia de ocasiones anteriores, ahora llega con el respaldo institucional del organismo, que avala el plan económico del gobierno de Javier Milei. Ese apoyo se da luego del desembolso reciente de USD 20.000 millones por parte de los organismos multilaterales, que fortaleció las reservas y consolidó el ajuste fiscal.

Durante su estadía, Caputo mantendrá reuniones con figuras clave del ámbito financiero internacional, como Kristalina Georgieva (FMI), Ajay Banga (Banco Mundial) e Ilan Goldfajn (Banco Interamericano de Desarrollo). El objetivo será agradecer el respaldo recibido, repasar los avances del plan económico argentino y analizar los desafíos de la economía mundial.

Caputo también participará en actividades del G20, cuya presidencia este año ejerce Sudáfrica. Se espera un ambiente tenso, debido a la política comercial de Estados Unidos, que genera resistencia entre los países miembros, además de las relaciones poco fluidas entre Washington y Pretoria.

La principal productora de pollos del país, Granja Tres Arroyos, tramitó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, buscando reducir salarios del personal o achicar drásticamente la planta laboral para hacer frente a las dificultades económicas.

La solicitud presentada por la empresa avícola se dio a finales de la semana pasada y obtuvo el aval del Gobierno, siendo la cuarta empresa que requiere encuadrarse en el mecanismo que permite avanzar con despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas.

En ese caso, Granja Tres Arroyos pretendería despedir 700 empleados o descontar el pago de adicionales, que equivalen al 21% del sueldo, de acuerdo a la información divulgada por el diario Clarín, que al mismo tiempo reveló que el pedido estaría vinculado a los problemas de sostenibilidad económica que viene atravesando la compañía en el último tiempo.

La productora avícola ostenta ocho plantas de faena, entre Argentina y Uruguay, de las cuales cuatro se ubican en Buenos Aires, dos en Entre Ríos, una en Córdoba y una en Montevideo. De dicho conjunto de establecimientos, hay dos ubicados en territorio bonaerense (Esteban Echeverría y Ezeiza), que fueron heredados al adquirir el negocio de la ex Cresta Roja.

A finales de octubre se instaló con fuerza el cierre de la planta de Ezeiza esgrimiendo la caída de la producción tras la gripe aviar y la pérdida del mercado de China. En ese entonces, se había anunciado que de las 270 personas de la planta, 55 pasarían a la de Echeverría, 15 quedarían en el lugar para mantenimiento y 200 serían desafectadas.

Ahora, se retoma la idea de desprenderse de dicha fábrica pero la declaración de crisis abarcaría a otros establecimientos. A los mencionados argumentos, que se mantienen, se le suman reclamos por un dólar poco competitivo y por la presión impositiva que eleva los costos internos en comparación con otros países de la región.

A pesar de los planteos expuestos por la compañía que produce 700.000 pollos diarios y emplea a 7.000 personas, las exportaciones del sector avícola crecieron un 20% en volumen y 26% en valor entre enero y octubre de este año, según el último informe publicado por la Secretaría de Agricultura.

Se trata de la cuarta empresa que solicita un procedimiento de crisis en los últimos meses. La cerealera Vicentín presentó uno la semana pasada y Aerolíneas Argentinas amagó con tomar la misma medida en noviembre, luego de que las fabricantes de neumáticos FATE y Bridgestone solicitaran ese mecanismo en julio.

El común denominador es el interés por reducir los costos laborales en un contexto donde la industria se queja de los "sobrecostos" para exportar, como un dólar menos competitivo, salarios en dólares supuestamente más altos que los de Brasil y la carga tributaria, mientras Brasil viene devaluando y los gremios buscan recuperar la pérdida de poder adquisitivo.

Según un estudio, un 16% de la población activa santafesina está sobreendeudada, es decir, tiene por lo menos tres meses de atraso en el pago de sus deudas. Los datos surgen de un proyecto de investigación realizado por docentes de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), y cuyas conclusiones se publicaron en el artículo "La problemática social del sobreendeudamiento. Un análisis circunstanciado de la provincia de Santa Fe", de la editorial Juris.

El proyecto de investigación, liderado por los doctores, Alexis Marega y Victoria Petean, docentes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la sede Reconquista de la UCSF, junto a dos alumnas becarias, se planteó como objetivo conocer y analizar en términos cuantitativos, la cantidad de ciudadanos santafesinos que están sobreendeudados, lo cual arrojó datos interesantes.

El equipo se abocó en primera instancia a definir qué es lo que entiende el Derecho como sobreendeudamiento. Al no existir un concepto uniforme, siguieron la teoría según la cual se entiende el sobreendeudamiento como la situación en que las personas, los consumidores, no pueden pagar sus deudas con un nivel de atraso de tres meses.

Con los datos de la central de deudores del Banco Central de la República Argentina, pero sabiendo que no cuenta con registros por provincia, los investigadores debieron recurrir al análisis de informes estadísticos para poder determinar qué porcentaje de la población santafesina estaba sobreendeudada.

"Tomamos los datos de los dos bancos públicos, el Municipal de Rosario y el de Santa Fe, cuya relevancia es muy importante porque son las entidades en los que cobran los empleados públicos. A esto le sumamos las deudas del sistema no financiero, como mutuales y asociaciones que brindan préstamos de dinero, y que también informan al Banco Central. Y además, tomamos las cinco mutuales más grandes que tiene la provincia de Santa Fe en términos de préstamos y de clientes", detalló Marega.

Los números que reflejan los resultados dan cuenta que el 16% de la población activa santafesina, personas que se encuentran trabajando, está sobreendeudada, es decir, registra por lo menos tres meses de atraso en el pago de sus deudas financieras y no financieras, registradas en el Banco Central.

A este dato no menor, se le deben sumar los números de los créditos y préstamos que se realizan y que no quedan registrados en ningún sistema estatal, es decir, que "se realizan en negro como comúnmente se los menciona".

"Puede ser el préstamo que hace un amigo o alguna entidad que se financia por sí misma y que no está registrada como entidad financiera. Ese el grueso de la deuda que tienen los consumidores, porque cuando empiezan a ser excluidos del sistema formal, recurren a estos sistemas informales de crédito. Estimamos que casi el 50% de la deuda total que hay entre los deudores, pertenecen al sistema no financiero y no formal. Entonces ese 16% que mencionamos se puede duplicar fácilmente si considerásemos estos números negros de crédito", aclara el docente e investigador. En números concretos, suma alrededor de 350 mil ciudadanos santafesinos con mora de más de 3 meses. Un dato revelador.

Otra alerta que dispararon estos datos tiene que ver con los resultados de una investigación realizada a principio de año por la UNL y la Defensoría del Pueblo en la que se estudió en qué gasta la población santafesina. "Lo que se demostró es que el mayor gasto de los santafesinos es en medicamentos, alimentos, salud, obras sociales, educación. Básicamente, el ciudadano santafesino se está endeudando para poder vivir", puntualizó Marega.

En ese sentido, el equipo realizó un cálculo sobre la cantidad de quiebras iniciadas por los consumidores y qué herramientas tiene la justicia para poder afrontar este fenómeno social. "Según los datos brindados por la oficina de estadísticas del Poder Judicial, entre el 2019 y el 2023, el 98% de las quiebras presentadas en la provincia corresponden a quiebras de consumidores. Es decir: de cada 100 quiebras, 98, son de personas que han recurrido a la justicia para decir, 'no pudo afrontar el pago de mis deudas y decido quebrar'".

A modo de conclusión, la investigación plantea el fenómeno del sobredeudamiento como un problema social. Para fundamentar esto, el equipo recurrió a diferentes investigaciones hechas con anterioridad, no solo en Argentina, sino en Europa, Estados Unidos, Brasil, Chile de cómo el sobreendeudamiento de un ciudadano acarrea otros problemas: en su salud, en las relaciones sociales, públicas, familiares.

"Es un problema social que no solo involucra al deudor con los acreedores a quienes debe, sino que hay todo un juego de intereses de la comunidad misma y que también afectan al estado en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal, que tiene que dar respuestas concretas y efectivas, entendiendo que la protección de un ciudadano, de un consumidor es una protección de un sujeto vulnerable, es una protección convencional y establecida en el artículo 43 de la Constitución Nacional. Entonces, es necesario que el Estado en todos sus niveles y con todos sus organismos brinde soluciones concretas a estas cuestiones", expresó el docente.

No se trata de una problemática propia de Santa Fe. "De hecho, los niveles de endeudamiento nacional están casi 2,3 puntos por encima del endeudamiento de la provincia de Santa Fe y se da en todo el mundo. Sucede que los países de América Latina, incluido Argentina, están bastante atrasados y tienen poco desarrollo legislativo sobre esa cuestión. Además, se suma que, en países como el nuestro, los problemas sociales y económicos, el sobreendeudamiento lo sufren especialmente las clases trabajadoras, las menos pudientes. Entonces, es una problemática que hace necesaria tenerla en cuenta y empezar a buscar soluciones efectivas".

Ante esta realidad, los investigadores sostienen como una "de las soluciones posibles, la educación de los consumidores. Darles herramientas sobre la toma de créditos responsables, controlar la publicidad engañosa y saber que la facilidad de acceso al crédito, incluso en personas que no tienen posibilidad de pagarlo es también responsabilidad del acreedor que lo otorga sabiendo que el riesgo de recupero es extremadamente alto. Es un problema multicausal, entonces el abordaje tiene que ser sistémico Y esos son los pasos que nosotros estamos llevando adelante en la investigación", concluye Marega.

El primer trimestre del año fue duro para el Gran Rosario. Es que, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se achicó el mercado laboral. Entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de 2024, unas 28 mil personas se retiraron del mercado de trabajo, mientras que, de ese total, 11 mil perdieron el empleo y 17 mil permanecieron como inactivas.

Según informó la entidad, la tasa de desempleo en el Gran Rosario bajó 2,3 puntos interanual durante el primer trimestre de 2024, de la mano de un achicamiento del mercado laboral. En esta línea, la desocupación afectó al 5,6% de la población económicamente activa (PEA). La fuerza de trabajo se redujo por una menor oferta, tal como lo expresa la caída de la tasa de actividad en 2,4 puntos, siempre según el Indec.

Estos números dan cuenta de una caída real en términos porcentuales, si se tiene en cuenta que la desocupación había alcanzado un 4, 7% en el último trimestre del año pasado.

Entre diciembre y marzo, el índice de desempleo subió 1,1 punto, frente a una tasa de actividad que se mantiene prácticamente constante. La diferencia está en la baja de la tasa de ocupación, de 0,6 punto. En tres meses hubo 6 mil desocupados más y, la contracara, 6 mil empleados menos.

El Indec da cuenta de que en el primer trimestre del año se observa una población activa de 657 mil personas, de las cuales 620 mil están ocupadas, 53 mil subocupadas y 37 mil desempleadas.

Por su parte, a nivel nacional la desocupación escaló 0,8 punto porcentual en un año, a 7,7%, en un marco de leve achicamiento del mercado de trabajo y una baja de 0,7 puntos en el empleo. Con relación a diciembre pasado, la suba del desempleo es de dos puntos.

En tiempos de crisis, la demanda en merenderos y comedores aumenta de manera considerable. Un fiel reflejo de lo que se vive en los diferentes sectores de la ciudad es lo que sucede en el Centro de Desarrollo Comunitario “Mimarte”, ubicado en barrio Iturbide (Santiago Brett al 400), que ya registra un incremento de más del 30 por ciento. “Veníamos con unos 25 o 30 niños y adolescentes; hoy tenemos unos 40. No es un número permanente, sino que va variando. Hay chicos que asisten todos los días y otros que vienen una o dos veces al mes”, contó la presidenta de la institución, Silvia Vega. 

“Vemos que los niños llegan a merendar con un poco más de hambre que tiempo atrás, como si esa fuera su primera comida o la última del día”, resaltó Vega, señalando que, afortunadamente y gracias a las gestiones constantes que realizan quienes forman parte de este Centro, “recibimos mucha ayuda, tanto de comercios, panaderías que nos dan facturas y bizcochos, de Cáritas, de los Veteranos de Malvinas, de la Municipalidad de Venado Tuerto; pudiendo responder a la demanda que vamos teniendo, con niños que se acercan todos los días, lo que demuestra que la necesidad de alimentos es cada vez mayor”. 

Mimarte actualmente ofrece merienda, aunque en esta época del año, con la llegada del frío, intentan sumar alimentos más calóricos como pizzas, sándwiches, incluso “hemos hecho fideos con salsa y los comen con el café con leche”, contó, agregando que hay niños que repiten dos o tres veces la porción. A diferencia del verano que ofrecen alimentos más frescos, reforzando, siempre que se puede, con frutas y cereales, con el dinero que donan familias solidarias.

Si bien el merendero está enclavado en el barrio Iturbide, recibe niños de diferentes barrios, como Alejandro Gutiérrez, Santa Fe, San Martín, incluso hay chicos que recorren varias cuadras para llegar a las 16.30 cuando empiezan a servir los alimentos. “Nunca sabemos, previamente, cuantos niños van a ir, pero como tomamos asistencia todos los días, sabemos sí cuantos pasaros por el Centro”, enfatizó. Y completó: “Hay quienes van todos los días desde hace tiempo, otros quizás aparecen alguna vez en el mes, ya sea porque se enteran lo que le estamos sirviendo o porque están cerca”. 

La presidenta de Mimarte también contó que hay madres que se ofrecen para trabajar en la preparación de las meriendas y para atender a los niños, a quienes se les ofrece un bolsón de mercadería por semana, reciben ropa para sus hijos, es decir “canjeamos su trabajo por algo que pueda ayudarlas”, afirmó. 

Además, Silvia insistió en el esfuerzo que hace la institución para brindar alimentos de calidad para los niños, tratando siempre de tener productos que aporten nutrientes. 

Cabe señalar que el Centro Mimarte está avanzando en la construcción de su edificio propio en calle 3 de Febrero al 1345, donde al merendero le sumarán un salón para que los niños puedan quedarse y participar de diferentes actividades, juegos o tener un ámbito de estudio. “Ya tenemos las paredes y el techo, y ahora estamos revocando las paredes internas”, manifestó. 

“Tenemos muchos adolescentes y es algo que nos interesa mucho poder contenerlos y acompañarlos para que terminen el secundario. Es muy poco lo que podemos hacer puertas hacia afuera pero sí puertas adentro, como premiarlos con golosinas cuando llevan sus libretas o alguna prueba aprobada, de ese modo vamos teniendo un seguimiento”, exclamó.

Silvia Vega invitó a los vecinos a acercarse al merendero entre las 16 y las 18 para “conocer el trabajo que hacemos y si está dentro de sus posibilidades, puedan colaborar, ya sea con vestimenta, alimentos, dinero o simplemente dedicando un rato de su tiempo en ayudarnos a doblar ropa u ordenar; eso depende de cada uno”, enfatizó. 

Seguidamente subrayó que siempre se necesita ropa de varón, que es lo que menos se recibe. “Venimos bien con los alimentos, lo mismo que la construcción del nuevo espacio al que, esperemos, nos podamos mudar en breve”, sentenció. 

La crisis económica que atraviesa el país golpea duramente el bolsillo de las familias que deben buscar diferentes estrategias para poder llegar a fin de mes. Con una inflación que sigue en los dos dígitos, surge la pregunta: ¿es posible una alimentación saludable?

En este marco, la médica nutricionista Silvana Ferreyra, planteó que “la alimentación siempre fue un tema complejo, aunque hoy se ve agravado por la situación financiera de los hogares, dificultando la posibilidad de acceder a ciertos alimentos”.

Como uno de los puntos claves, la profesional habló de la necesidad de lograr una “organización y planificación” de la alimentación individual y familiar. Y en este sentido, destacó que se “deben seleccionar alimentos saludables en reemplazo de algunos productos procesados, optando, por ejemplo, por las legumbres que son muy nutritivas y que muchas veces no están incorporadas en nuestra dieta; con las cuales se pueden elaborar muchos platos, sobre todo para esta época de temperaturas más bajas”. 

“Todo lo que uno pueda hacer en casa va a ser mucho más nutritivo que lo industrializado, como las masitas. Sabemos que se requiere de tiempo y que muchas veces no lo tenemos, pero el ahorro en salud y económico es muy marcado”, puntualizó. 

Entre los alimentos que más han aumentado aparecen las carnes, frutas y verduras, lo que hace cada vez más difícil incluirlos en la alimentación diaria. Una alternativa propuesta por la nutricionista es buscar las frutas y verduras de estación, que pueden conseguirse a un precio más acorde, y vincularse con emprendedores o huerteros que tengan ofertas o promociones. “Sabemos que las frutas y verduras no se pueden reemplazar y deben formar parte de nuestra alimentación cotidiana. Por eso, en estas épocas de crisis, lo que recomendamos es dejar de comprar algunos productos ultraprocesados y destinar ese dinero a estos alimentos”, indicó. 

En cuanto a las carnes, explicó que se pueden reemplazar o complementar con las legumbres, incluso con preparaciones conjuntas. “Volvemos a la necesidad de organizarnos y establecer la porción que vamos a consumir, porque muchas veces las personas estamos acostumbrados a comer mucha carne, más de la que corresponde”, puntualizó. 

Ferreyra remarcó que, desde hace tiempo, vienen observando consecuencias de la mala alimentación, ya sea por obesidad o bajo peso. “Estas situaciones se van incrementando en estos momentos económicos, ya que los productos que terminan siendo más accesibles o que se encuentran de oferta, son lo que menos nutrientes aportan y que mayores problemas generan”, detalló, añadiendo que los nutricionistas trabajan muchos estos aspectos, desde la educación, tanto en consultorio, escuelas, instituciones, como así también en actividades abiertas a la comunidad, pero muchas veces, toda esa información que se brinda termina atravesada por las posibilidades de cada uno de los hogares. 

“Nosotros recomendamos tres frutas diarias y la verdad en estos tiempos es complicado. Por eso ahora decimos que se consuma lo que más se pueda; si no se llega a tres, al menos una, que obvio es mejor que masitas, alfajores y demás productos, pero no lo decimos desde una mirada estética, sino de salud”, enfatizó. 

La profesional, quien desde hace años también trabaja con familias vulnerables, marcó las dificultades que tienen para poder cubrir sus necesidades alimenticias, incluso para poder acceder a productos que poco tiempo atrás eran más económicos y que han sufrido aumentos considerables como ser los fideos o el arroz. “Vemos que hoy las cantidades que pueden adquirir son menores, por eso los comedores e instituciones que ayudan en los barrios terminan cumpliendo un rol muy importante, más allá de que muchas veces tampoco estos espacios logran cubrir con la demanda”, aseveró. 

“Tenemos una base alimentaria que no es buena y con todo esto se agrava mucho más, generando consecuencias muy importantes en la salud, la educación, el trabajo”, sentenció. 

Como consecuencia directa de la caída de las ventas, la siderúrgica Acindar anunció que paralizará sus plantas fabriles en todo el país entre el 18 de marzo y el 15 de abril venidero.

"Sabíamos que venía un año difícil, pero la caída es muy superior a la que proyectamos", dijo a Radio 2 de Rosario el director de Relaciones Institucionales del grupo industrial, Facundo Velasco.

Según estiman en la empresa, la retracción de las ventas oscilarían en caídas de "entre un 35 y 40 por ciento".

"En los 20 años que tengo trabajando en la empresa nunca se registró un derrumbe semejante", apuntó Velasco.

El directivo señaló que Acindar dará "vacaciones no gozadas, francos compensatorios y enviamos personal a capacitarse en seguridad, un tema muy importante para el grupo y en la que nunca se puede bajar la guardia".

El ejecutivo de Acindar, dijo además que "todas las plantas pararán la misma cantidad de tiempo y luego se irá monitoreando las situaciones particulares", aunque luego no descartó que "la parálisis de la actividad pueda extenderse más allá de abril".

En relación a la pronunciada caída en las ventas, Velasco dijo que "es una situación general del país, que escapa a las posibilidades de la empresa. Bajó muy fuerte la demanda de la industria y de la construcción", aseveró.

Por último indicó que como el objetivo del grupo "es cuidar la sustentabilidad del negocio y empleo de nuestra gente, es que paramos de producir para acomodar el nivel de stock a las menores ventas actuales y proyectadas".

"La empresa tiene un plan para aumentar exportaciones, pero que las ventas al exterior no alcanzan para compensar la caída del mercado interno", completó.

La siderúrgica Acindar es una de las principales empresas argentinas proveedoras de acero para distintos sectores de la industria como la construcción civil, el petróleo, la energía, la industria automotriz, el agro y otras industrias manufactureras.

Fundada en 1942 en la Argentina, Acindar fue adquirida en 2006 por el ArcelorMittal y tiene plantas dedicadas a distintas producciones de acero en cuatro ciudades del país.

En la provincia de Santa Fe, el grupo Acindar posee la acería de Villa Constitución e instalaciones industriales en Rosario y plantas productoras en Buenos Aires (La Tablada) y San Luis (Villa Mercedes).

El sector gastronómico de Rosario es uno de los tantos que empiezan a sentir con firmeza la crisis económica que se viene atravesando. Con una caída en el consumo durante enero que rondó el 30%, desde el rubro anticipan que la baja se sostendrá y que podría profundizarse.

Aunque ahora se siente con fuerza el desplome en el consumo, desde la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de Rosario (Aehgar) afirman que la problemática se viene sintiendo desde el 2022, a cuenta gotas y en crecimiento.

Para su presidente, Alejandro Pastore, esto “tiene que ver con el deterioro del poder adquisitivo y ante el aumento de la inflación, no se produjo una equiparación de ingresos, con lo cual esto retrajo el consumo de bienes y servicios no fundamentales”, indicó a El Litoral.

En este sentido, señaló que ahora en diciembre, con el salto de la inflación, “se marcó mucho más fuerte la caída”. Se habla de entre un 25, 30%, promedio, interanual del mes.

Con relación a los incrementos que hubo en el sector, Pastore explicó que “hubo un aumento bastante inferior al recibido, ya que el promedio de aumentos fue de un 35, 40% en alimentos y bebidas en la punta compradora y se trasladó en promedio un 25%, pero eso viene pasando hace mucho”.

Pastore sostiene que “el sector gastronómico se nutre en muchos casos de los saldos adicionales, por fuera de los gastos primarios. Frente a los aumentos en todos los rubros, el ajuste se da sobre lo opcional y se limita el consumo en nuestros locales”.

Reynaldo Bacigalupo es titular de Mercado Pichincha, corredor gastronómico importante de la ciudad de Rosario y afirmó a El Litoral que esta situación “era previsible”. Es que desde que asumió Milei "ya sabíamos lo que iba a pasar y somos conscientes que tenemos que aguantar hasta mitad de año, cada uno en su rubro. Lo que venía pasando era peor. Esto es un sacrificio”.

“En enero estamos un 30% abajo con respecto al mismo mes del año anterior. Y sabemos que esto puede que continúe así hasta marzo. Pero es esperable, porque tenemos sueldos muy miserables que rondan entre los 200 y 300 dólares por persona, son los más bajos después de Venezuela. Hasta que esto no se recupere como corresponde, seguiremos en esta situación”, indicó el referente de Mercado Pichincha.

Es que las personas no tienen dinero para “este tipo de salidas”. “En crisis así lo primero que se ajusta es la salida ocasional, la escapadita a una birra un miércoles y todo lo que es consumo masivo. El nivel de decadencia es tan grande que cortamos publicidad, frenamos aperturas y no tomamos personal”, añadió.

En base a un informe que realizó Aehgar, el gasto por persona para salir a cenar en Rosario cuesta entre 7 y 10 mil pesos, según menú, zona, local, entre otras variantes. A modo de ejemplo, un menú ejecutivo ronda entre los 3 y 4 mil pesos, promedio, mientras que comer en un restaurante -con bebida alcohólica- puede costar unos 15 mil pesos per cápita, lo que representa un 150% de aumento con referencia a enero de 2023.

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella aseguró que este último tiempo creció la demanda de ayuda social, con familias que solicitan bolsones de alimentos o que no llegan a cubrir los servicios básicos. Si bien destacó que el Estado brinda una respuesta a través del área de Desarrollo Social, el objetivo central está puesto en generar “oportunidades” para esos vecinos que hoy se encuentran atravesando esta difícil realidad.

“Vemos un crecimiento en la demanda social, las cuales debemos dar una respuesta por parte del Estado, pero también brindamos un acompañamiento a los diferentes sectores que se convierten en oportunidades de trabajo, ya sea incorporándose al mercado laboral como apostando a su propio emprendimiento. Creemos que la mejor política social en ofrecer herramientas como cursos y capacitaciones para que puedan emprender o conseguir un trabajo en el sector privado”, expresó el mandatario.

Además de los cursos gratuitos que permitieron en tan sólo tres años que más de 800 vecinos sean incorporados por empresas locales, también se hace mucho hincapié en las capacitaciones en oficios para que puedan prestar servicios de manera independiente y acompañamiento para emprendedores con herramientas o créditos.

“En estos años nos encontramos con diferentes situaciones, vecinos que pudieron incorporarse al mercado laboral, otros que lograron cambiar de empleo y otros que decidieron emprender. Para todos ellos las oportunidades llegaron a raíz de las acciones que llevamos a cabo desde el gobierno local”, resaltó. Y añadió: “Esta, para nosotros, es una gran política social”.

El incremento de la demanda social vino acompañada con un control más riguroso por parte del Municipio para que “las ayudas lleguen a los vecinos que realmente lo necesitan y no dejar lugar a las avivadas que pueden aparecer”, enfatizó.

“El Estado tiene que estar presente para responder ante estas necesidades, pero además de ese aporte que podemos hacer, los convocamos al área de Empleo para ver cómo podemos hacer o qué le podemos ofrecer para que su situación mejore”, enfatizó.

El 64% de los hogares financian sus compras de alimentos y medicamentos, según el Primer informe sobre endeudamientos, géneros y cuidados en la Argentina, realizado en conjunto entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Ministerio de Economía.

Las familias encabezadas por mujeres recurrió a un financiamiento, en sus distintas formas entre octubre y noviembre de 2022, frente a un 50% de aquellas sostenidas por varones y, en promedio el 64% de los hogares destinaron el financiamiento obtenido a la compra de comida y medicamentos, según el estudio.

El documento señala que la disparidad entre géneros se explica, en gran medida, por la elevada incidencia de la informalidad laboral en los hogares sostenidos por mujeres, entre las personas que carecen de un trabajo registrado.

Una familia necesitó ingresos por $ 203.360 para no ser pobre en abril

El 69,2% de las trabajadoras informales solicitó algún tipo de financiamiento en el período de realización de la encuesta, frente a un 49,4% de sus pares con inserciones laborales formales. Las familias encabezadas por mujeres, con niños a cargo, enfrentan situaciones de elevada vulnerabilidad financiera: el 72,6% destina el financiamiento a la compra de comida y medicamentos, y en el caso de los liderados por varones llega al 65,9%.

Según el relevamiento, 7 de cada 10 de esos hogares arrastra atrasos en los pagos de deudas o de servicios, 4 de cada 10 los tiene en ambos y casi la mitad destina todos sus ingresos para hacer frente a sus deudas o sostiene que sus ingresos le resultan insuficientes para afrontarlas (el 46,2% de los hogares encabezados por mujeres respecto al 38,3% de los encabezados por varones).

La inflación de abril fue del 8,4 %, casi un punto más que lo relevado en Venado Tuerto

El informe de la CEPAL señalan que según datos del Banco Central (BCRA), el endeudamiento agregado de los hogares argentinos con el sistema financiero es equivalente al 4% del PIB, nivel que resulta relativamente acotado en una comparación histórica, ya que llegó al 7% en 2018.

El estudio indica que según la Encuesta de Financiamiento y Uso de Medios de Pagos, el 53,5% de los hogares solicitó financiamiento en el último mes, ya sea mediante créditos en entidades del sector financiero formal, a través de fuentes de financiamiento informal, o ambos. De ellos, el 30,8% consigna haber contraído ambos tipos de financiamiento, el 14,1% solo registra financiamiento de carácter informal y el 8% solo en instituciones formales.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este miércoles una convocatoria a empresarios y representantes de los trabajadores para “establecer el sendero de los próximos 90 días” en materia de precios, y así evitar que haya “trampas justificadas” en la suba de los dólares paralelos que den lugar a la remarcación de productos.

Massa formuló esta convocatoria en el Palacio de Hacienda donde recibió a los representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), encabezados por su Secretario General, Héctor Daer, y del Movimiento Evita, Fernando Navarro y Emilio Pérsico, quienes le brindaron su apoyo.

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con la CGT y los movimientos sociales. Crédito: Prensa Economía

“Una vez terminado el proceso de estabilización (en el sector financiero) cuento con ustedes para sentarlos a la mesa juntos con los empresarios para establecer el sendero de los próximos 90 días, para que no haya las trampas que algunos vivos trataron de realizar sobre versiones, rumores y que lo que terminó haciendo es generar incertidumbre en la gente”, dijo Massa.

El ministro adelantó que “de acá al viernes seguiremos trabajando en estabilizar los mercados y el funcionamiento macroeconómico, para convocar el fin de semana a los empresarios para trabajar juntos (a sindicalistas y movimientos sociales) para dar un sendero de 90 días de estabilidad, para que la gente viva sin miedo y que sepa que el Estado cumple con su rol” de garantizar la estabilidad.

Massa calificó como una actitud “inexplicable” que “haya intentos de aumentos de precios sobre la base de lo que fue el aumento del dólar blue desde la semana pasada, porque todos los que importan lo hacen con el dólar oficial”. Entonces “no son aumentos por cuestiones de macroeconomía, sino por avivadas” y en este marco, desde el Gobierno serán “garantes y controladores”.

“Para eso -continuó el ministro- les pedimos ayuda a ustedes” sindicatos y movimientos sociales “que ayuden en esta tarea, para que haya abastecimiento y precios”. Massa advirtió que “el estado se pone firme y no permite la especulación”, aún “entendiendo que los mercados son transparentes”, pero que sin embargo “el Estado tiene la responsabilidad, darle certidumbre a la gente” ante maniobras especulativas.

El ministro aprovechó el encuentro también para agradecer “el trabajo conjunto para que los trabajadores paguen menos impuesto a las ganancias por sus viáticos y horas extras”. “Dentro de muy pocas horas, menos trabajadores pagarán Ganancias por el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias a $ 503.000, a partir del primero de mayo”, recordó el funcionario al referirse al reciente anuncio de su cartera.

Por su parte, Daer destacó la presencia de la CGT “para garantizar el apoyo, la confianza y todo lo que tiene que ver para generar las condiciones para nuestro pueblo”. “No vamos a ser espectadores de un pequeño grupo de ‘vivos’ que especulan utilizando medios de timba en el sector financiero, que terminan perjudicando la economía de todos, en especial a los que tienen ingresos fijos, a los jubilados, a los que tienen ayudas sociales”, dijo el dirigente gremial.

En este marco “queremos hacer un llamamiento a quienes no estuvieron en la especulación financiera pero (si) en la remarcación de precios que, por el bien de todos, lo que tenemos que hacer, tienen que retrotraer los precios”, pidió el secretario general de la CGT. Por su parte, Emilio Pérsico, le dijo a Massa: “Cuenten con nosotros para ir a marcar a los que subieron los precios”.

El mayor banco de Suiza, UBS, bajo presión de las autoridades, aceptó este domingo (19.03.2023) comprar a su rival Credit Suisse por 3.230 millones de dólares. La cifra es más del doble de una primera oferta, en una operación que quiere evitar el colapso de la entidad y el pánico en los mercados.

La fusión de los dos gigantes bancarios, que forman parte del grupo de 30 bancos considerados clave en el sistema financiero mundial, debería completarse y anunciarse a tiempo para la apertura de los mercados asiáticos. La esperanza es que el anuncio sea suficiente para evitar un pánico generalizado.

El sector bancario está sometido a tensiones desde que los principales bancos centrales subieron las tasas bruscamente en un intento de controlar la inflación.

El presidente de la Confederación Helvética, Alain Berset, afirmó que es la mejor manera de “restablecer la confianza”. Esta solución “no solo es decisiva para Suiza (…) sino para la estabilidad de todo el sistema financiero mundial”, afirmó Berset.

La quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos y de otros bancos regionales aumentó la ansiedad de los inversores y provocó la crisis en otras entidades consideradas débiles. Es el caso de Credit Suisse, que lleva dos años inmerso en varios escándalos que no logró resolver pese a los esfuerzos de su dirección, que anunció un plan de reestructuración de tres años.

Los reguladores y el gobierno federal actuaron bajo la inmensa presión de los principales socios económicos de Suiza para sanear la situación antes de que contagiara el mundo entero.

Según Bloomberg, UBS ha exigido que el gobierno se haga cargo de los costes legales y las posibles pérdidas, que podrían ascender a miles de millones de francos. UBS, que tardó varios años en recuperarse de la crisis financiera de 2008 y de un rescate estatal masivo, está empezando a recoger los frutos de sus esfuerzos. Por eso fueron necesarios muchos esfuerzos por parte de las autoridades antes de que la dirección del banco aceptara asumir el papel de rescatador de Credit Suisse.

Debido a los riesgos, la Confederación Suiza otorgará una garantía equivalente a más de 9.000 millones de euros para reducir los riesgos en los que incurre el banco UBS al absorber el Credit Suisse, dijo la ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter. Esta garantía funciona “como si fuese un seguro” y cubrirá eventuales pérdidas “de un portafolio muy específico” del Credit Suisse y únicamente si estas pérdidas superan un umbral que la ministra no precisó.

Keller-Sutter indicó que la quiebra de Credit Suisse “hubiese tenido consecuencias irreparables” no sólo para Suiza, sino para la banca en el resto del mundo y que por esta razón “asumimos responsabilidades que van más allá de nuestras propias fronteras”.

En los últimos años, el aumento de los precios en los principales productos de consumo ha provocado que los hogares se vean obligados a reducir sus compras o a priorizar aquellos bienes más esenciales. Esto, a su vez, genera una sensación de inseguridad y desesperanza al no poder satisfacer las necesidades básicas de la familia.

Algunos profesionales advierten que la inflación puede tener un efecto negativo en la salud mental de la población, así como en el nivel de irritabilidad.

“Hoy la sociedad está muy enojada, muy violenta y agresiva, realmente son preocupante las reacciones que se están viendo. Las frustraciones hacen que terminemos respondiendo violentamente ante situaciones que no ameritan un grado de agresividad tal. Se pasa de 0 a 100 de una manera casi inmediata y se da una escalada de enojo que es excesiva”, explicó la psicóloga Carla Korol para poner en contexto el problema.

La profesional contó que a su consultorio están llegando “muchos pacientes porque no saben cómo controlar ese enojo excesivo que tienen y otros presentan problemas de ansiedad. No saben cómo manejar un montón de situaciones. Es un tema realmente preocupante”, aseguró.

“Lamentablemente no hay una educación emocional adecuada que ayude a manejar las emociones de otra manera. Al no tener esas herramientas, la forma en la que más se manifiestan es a través del enojo, la agresividad y de proyectar en el otro esa impotencia”, mencionó Korol.

La profesional contó que a su consultorio están llegando “muchos pacientes porque no saben cómo controlar ese enojo excesivo que tienen y otros presentan problemas de ansiedad. No saben cómo manejar un montón de situaciones. Es un tema realmente preocupante”, aseguró.

“Lamentablemente no hay una educación emocional adecuada que ayude a manejar las emociones de otra manera. Al no tener esas herramientas, la forma en la que más se manifiestan es a través del enojo, la agresividad y de proyectar en el otro esa impotencia”, mencionó Korol.

El aumento en el costo de los bienes y servicios conduce necesariamente a un incremento de los gastos familiares y eso ejerce presión sobre los ingresos. Como resultado, es posible que las personas tengan que reducir sus “gustos” o “lujos” para llegar a fin de mes.

Estos cambios pueden ser difíciles de manejar mental y emocionalmente, lo que genera sentimientos de frustración e impotencia.

“Vienen pacientes que están muy preocupados porque cada vez la plata alcanza menos y eso termina afectando en todas las áreas de la vida. Si uno está mal en un aspecto de su vida, lo va exteriorizando y llevando a sus relaciones sociales, laborales y eso va afectando la vida del sujeto”, contó Korol.

La incertidumbre económica que está atravesando el país altera la sensación de seguridad y bienestar de las personas. Muchas veces se sienten impotentes ante el aumento de los precios y esto puede generar emociones negativas como la ira o la tristeza.

“Hay un malestar generalizado en todas las personas, la situación económica ha cambiado. Hoy, por ejemplo, el acceso a la vivienda propia, incluso a un medio de movilidad, es muy difícil y se ven muy lejanas. O poder darse el gusto de un viaje al exterior. Comienza a instalarse el pensamiento ‘yo trabajo muchas horas, hago un montón de cosas y no estoy pudiendo darme los gustos básicos’, eso genera frustración, enojo”.

A modo de conclusión la profesional enfatizó: “La situación económica y la inflación pueden tener un efecto negativo en la salud mental de la población. Esto se manifiesta en sentimientos de impotencia y ansiedad. Pero resolver el problema de la inflación escapa de las manos de las personas. Sin embargo, lo que sí se puede intentar hacer es cuidarse para evitar que influya en las emociones. Apoyarse siempre en el entorno familiar y amigos para poder hacerle frente a la situación de la mejor manera posible”.

En el caso de no poder lidiar con la situación es importante que las personas busquen ayuda profesional cuando se encuentren desbordadas para poder manejar las emociones y no caer en una situación de depresión o ansiedad.

El Gobierno oficializó este jueves la convocatoria a la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo para efectuar una revisión de los montos que se encuentran en vigencia. La confirmación de la citación llegó en un contexto donde la inflación y la inestabilidad en la cotización del dólar hacen mella en el bolsillo de los trabajadores y en la jornada posterior a la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía. 

A través de la Resolución 7/2022, publicada en el Boletín Oficial, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, convocó “a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, a reunirse en sesión plenaria ordinaria el día 18 de agosto de 2022, a las 12:00″. El encuentro se llevará a cabo “mediante plataforma virtual”. 

De acuerdo a la orden del día, se “determinará el Salario Mínimo, Vital y Móvil”, así como también “los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo”, en el marco “de lo dispuesto por el artículo 135, inciso a) de la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias”. Esto implica, en otras palabras, analizar nuevos aumentos tomando en cuenta la delicada coyuntura del país. 

Ese mismo día, a las 12, los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunirán, también en forma remota, para designar a dos consejeros que se encarguen de suscribir el acta y, principalmente, para la “consideración de los temas elevados al plenario por la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por desempleo”. 

Los montos vigentes se habían acordado el 16 de marzo de este año, momento en que se estableció que se dejaba abierta la posibilidad para efectuar una revisión en agosto, en caso de ser necesario. 

La oficialización llegó casi diez días después, el día 25 de ese mes, con una publicación del Boletín Oficial, en la que se ratificó que el incremento se aplicaría en cuatro tramos, todos durante este año 2022. En detalle, se resolvió imponer una suba del 18% a partir del 1 de abril, del 10% en junio, el 10% en agosto y el 7% en diciembre. 

El primero de esos aumentos llevó el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) a $38.940 para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, mientras que la hora para los trabajadores jornalizados pasó a ser de $194,70. 

En junio, en tanto, el salario mínimo ascendió a $ 42.240, mientras que el valor de la hora para los trabajadores jornalizados comenzó a ser de $ 211,20. A partir del 1° de agosto, el salario es de $ 45.540, y el valor de la hora para los jornalizados llegó a $ 227,70. 

Para diciembre, según se había estipulado, se pretendía completar el esquema de aumentos con un mínimo de $ 47.850 y un valor de la hora para los jornalizados de $ 239,30. 

Por su parte, las prestaciones por desempleo también fueron beneficiadas en aquella oportunidad por un aumento gradual. A partir de abril, el monto mínimo quedó en $ 10.817 y el máximo a $ 18.028. Para junio fue de $ 11.733 y $ 19.556, respectivamente; mientras que en agosto llegó a $ 12.650 y $ 21.083. En diciembre, el mínimo por desempleo estipulado era de $ 13.292 y $ 22.153. 

La ministra de Economía, Silvina Batakis, quien se encuentra en Washington tratando de lograr alguna señal de respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Tesoro de los Estados Unidos, enfrentará en Buenos Aires un desafío clave cuando entre el miércoles y el jueves lleve a cabo una nueva licitación de deuda por $320.000 millones. 

Según cómo salga parada de ese desafío, los mercados medirán cuánto margen le queda al gobierno para seguir manejando la crisis de confianza con medidas en grageas, a la espera de que se resuelva la interna política. 

La semana pasada, el Ministerio de Economía arrancó con el desafío de conseguir pesos en el mercado para refinanciar los vencimientos de julio que superaban los $480.000 millones, y a la ministra de Economía no le fue mal. 

Según plantea la consultora Equilibra, que dirige el economista Diego Bossio, la flamante ministra tuvo “una primera licitación de deuda en pesos exitosa” ya que “se colocaron más de $135.000 millones, lo que representa casi $125.000 millones de financiamiento neto. 

Pero el Tesoro debió convalidar tasas significativamente mayores a las últimas colocaciones. 

La letra a tres meses ofreció una tasa efectiva anual de 78,9% lo que implica 690 puntos básicos más que en la colocación previa mientras que por primera vez en el año no se ofrecieron instrumentos CER. 

Así y todo, esa TEA se traduce en una tasa mensual del 5% y todavía se encuentra por debajo de la inflación esperada para los próximos tres meses, por lo que el Tesoro “licuaría” parcialmente esta deuda. 

La tasa de las letras cortas se acerca al 80% Tasa efectiva anual (TEA) de LEDES a plazos de hasta 120 días 80%. 

Por otra parte, el plazo promedio de la colocación fue superior al de la última subasta de Guzmán (un año y medio vs 140 días). 

Sin embargo, excluyendo al TY27P, al que únicamente acceden los bancos para utilizar como encaje remunerado, el plazo promedio fue de apenas 118 días. 

En la subasta de este miércoles 27, el Tesoro buscará refinanciar unos $320.000 millones. Los vencimientos del segundo semestre suman unos $4 billones, de los cuales se estima que unos $1,3 billones están en manos privadas y más de dos tercios corresponden a instrumentos indexados al CER. 

Pero la convocatoria se llevará a cabo en un contexto delicado, en el cual el gobierno no termina de definir un rumbo que le permita aplacar la incertidumbre de los mercados. 

Un punto a favor con el que cuenta el equipo económico es que la corrida contra los bonos del Tesoro que dominó todo junio, y que llevó a generar dudas sobre la posibilidad de algún reperfilamiento de vencimientos quedó conjurada, al costo de una emisión de casi $2 billones del BCRA para defender el valor de los títulos en el mercado secundario. 

Por otro lado la entidad salió a ofrecer un instrumento financiero del segmento de derivados, que opera como un seguro, para que los bancos participen en las licitaciones y queden a resguardo en caso de una devaluación y una posterior escapada de la inflación. 

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En el marco de un acto donde se firmaron cartas de intención para obras de infraestructura ligadas a la ciencia y tecnología, el presidente Alberto Fernández hizo referencia a la actual crisis económica que atraviesa el país.

“En mayo crecimos el 7,4% interanual y la Argentina sigue creciendo en un contexto que nos pone otros desafíos. El de enfrentar la inflación y de quienes especulan con el dólar; el desafío de enfrentar a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país lo necesita”, dijo.

Y agregó: “A cada uno de esos desafíos les voy a poner el pecho. Los voy a superar con todos y cada uno de ustedes, como lo hicimos en el pasado. Lo vamos a hacer sin postergar la educación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología”.

“Los necesito a todos movilizados, porque es la oportunidad que tiene la Argentina y que no debemos perder. Sepan que los que me quieren torcer el brazo, no me van a poder torcer el brazo porque sé que cuento con todos y cada uno de ustedes”, sostuvo el mandatario.

“Quiero transmitirle a cada argentino que se quede tranquilo, que estamos trabajando y como superamos todos los problemas vamos a superar esto también. Tenemos las herramientas para hacerlo y estamos innovando en otras para poder salir del brete del que el mundo nos ha metido”, señaló Fernández.

Casi sobre el final de su discurso, el Presidente lanzó: “No me van a torcer el brazo”.

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En medio de la tensión cambiaria y la crisis económica que atraviesa el país, la cotización libre del dólar, popularmente conocida como “blue”, volvió a subir y se vendía a 350 pesos en la ciudad de Buenos Aires. 

Por su parte, la cotización oficial abrió este viernes a 128 pesos para la compra y a 136 pesos para la venta en la pizarra del Banco Nación, en los mismos valores de cierre del jueves. 

Por otro lado, el riesgo país argentino subía 2,60% y se ubicaba en 2.913 puntos básicos, según el índice que elabora el JPMorgan. 

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