El doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudió a Venezuela provocó una nueva pérdida de fuerte impacto político y social para la comunidad europea radicada en el país caribeño.

Isabel "Chabela" Jara Noda, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela y recientemente nombrada presidenta del Consejo de Residentes Españoles (CRE), fue hallada sin vida tras permanecer desaparecida desde el momento del sismo.

La confirmación oficial del fallecimiento fue realizada por el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, al término de un Consejo de Gobierno extraordinario convocado de urgencia en Tenerife para evaluar el alcance de la catástrofe en el territorio americano.

Jara Noda residía en el ático de un edificio ubicado en la región costera de La Guaira, una de las zonas declaradas en estado de emergencia. La estructura del inmueble colapsó por completo debido a los movimientos telúricos, lo que había desencadenado un operativo de búsqueda contrarreloj entre los escombros durante las últimas horas.

Ante la confirmación de la noticia, el Ejecutivo regional canario decretó formalmente tres días de luto oficial.

Chabela Jara gozaba de una enorme popularidad y afecto entre la diáspora canaria en Venezuela, una comunidad históricamente tan numerosa y arraigada que es conocida popularmente como la "octava isla" del Archipiélago.

Desde su rol institucional y su reciente asunción al frente del Consejo de Residentes Españoles, la funcionaria mantenía un rol muy activo en la asistencia, acompañamiento y defensa de los derechos de los ciudadanos españoles radicados en el exterior.

En los canales oficiales de la delegación, Jara solía definir la labor de su gestión bajo premisas de cercanía y resiliencia: "Nuestros valores son la capacidad de lucha, constancia y resistencia ante la adversidad. Estamos al servicio de la ciudadanía canaria presente en Venezuela con honradez, equidad y tolerancia".

La noticia de su fallecimiento generó profundas muestras de dolor en el arco político español. La ex diputada nacional y referente de Coalición Canaria, Ana Oramas, dedicó un sentido mensaje de despedida a quien fuera su compañera de ruta por más de 27 años, recorriendo los centros de asistencia desde Mérida hasta Ciudad Bolívar, y envió sus condolencias a los cuatro hijos de la delegada.

El impacto de la catástrofe sobre la comunidad española arroja un balance preliminar sumamente complejo: las autoridades reportan de momento cuatro ciudadanos españoles fallecidos, cuatro personas localizadas bajo estructuras colapsadas y otras 99 cuyo paradero aún no pudo ser establecido por las redes consulares.

Frente a este escenario de destrucción generalizada, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, informó que la administración autonómica ya logró establecer contacto directo con las 22 entidades y centros de la comunidad canaria distribuidos en Venezuela.

El plan de contingencia prevé la inmediata reconversión y habilitación de estos espacios sociales como albergues temporales de emergencia, con el objetivo de brindar refugio, alimentación y asistencia médica básica a todas aquellas personas que perdieron sus hogares a raíz de los derrumbes edilicios.

El Cine Teatro Giuseppe Verdi de Venado Tuerto avanzó en su recuperación con la apertura de sobres de la licitación pública para la primera etapa de obras, financiada por la Provincia de Santa Fe. La convocatoria contó con la presentación de siete ofertas de empresas interesadas en ejecutar los trabajos, que tienen un presupuesto oficial superior a los $1.500 millones y un plazo de ejecución de 360 días.

La intervención inicial estará centrada en resolver problemas estructurales del edificio, incluyendo reparación de grietas, refuerzo de cimientos, renovación de techos y mejoras en instalaciones de agua, desagües y seguridad contra incendios. También se adecuarán sectores vinculados al funcionamiento escénico y la accesibilidad.

En la ceremonia realizada el último viernes estuvieron el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la ministra de Cultura, Susana Rueda; el intendente Leonel Chiarella; la senadora Leticia Di Gregorio y los diputados provinciales Rosana Bellatti y Leonardo Calaianov, entre otras autoridades locales, regionales y provinciales. 

En paralelo, se lanzó una campaña para reunir aportes privados y comunitarios destinados a completar la restauración integral del histórico teatro. La segunda etapa contempla climatización, restauración interior, nuevas butacas, equipamiento de sonido y proyección, iluminación y mejoras generales.

Durante el acto, autoridades provinciales, municipales y de la Asociación Italiana destacaron la importancia cultural e histórica del Verdi, un espacio emblemático de Venado Tuerto donde incluso se presentó el mítico cantante Carlos Gardel en 1933.

El Cine Teatro Verdi, emblema cultural de Venado Tuerto, constituye uno de los símbolos más importantes de la ciudad. Su origen está ligado a la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, fundada por inmigrantes que promovieron desde fines del siglo XIX espacios de educación, cultura y asistencia social.

Con el paso del tiempo, la institución consolidó su prestigio y el Verdi, desde enero de 1930, se transformó en un espacio central de la vida artística y social venadense, albergando funciones teatrales, cinematográficas, conciertos y celebraciones comunitarias durante generaciones. Sin dudas, el edificio terminó convirtiéndose en mucho más que una sala de espectáculos: pasó a formar parte de la memoria colectiva de la ciudad.

Con etapas de mayor y menor brillo, las actividades artísticas se extendieron por más de medio siglo, hasta que Enrique Cococcioni confirmó que la del 31 de agosto de 1980 había sido la última función y que el Cine Teatro Verdi cerraba en forma definitiva.

La medida, según explicó el directivo, obedeció a la crisis económica reinante, que estaba haciendo estragos en la industria cinematográfica, como lo demostraba el quebranto de numerosas salas de cines del interior del país.

Con su emblemática sala desactivada, la Asociación Italiana, propietaria de la sala de Belgrano al 300, impulsó a comienzos de los años 90 un ambicioso proceso de expansión económica que incluyó proyectos inmobiliarios, créditos, planes de vivienda y nuevas estructuras educativas.

Aquella política derivó en un fuerte desequilibrio financiero que afectó gravemente a toda la institución y puso en mayor riesgo aún al propio Cine Teatro Verdi, que ya mostraba un importante deterioro edilicio ante la parálisis. 

La situación se agravó con los problemas del Departamento de Ayuda Económica Mutual, el emprendimiento habitacional “Las Mojarras” y otras iniciativas deficitarias de ribetes escandalosos que terminaron comprometiendo seriamente el patrimonio institucional.

En medio de tantas malas noticias, hubo un alivio -transitorio- a comienzos de 1992, cuando Galpón del Arte lanzó el ciclo teatral “Dando vida a viejos sueños”, basado en la venta de abonos para adquirir la sala que alquilaba en calle Chacabuco 1081. Entre los notables artistas que se sumaron con generosidad a la iniciativa se destacó el gran Alfredo Alcón: el 26 de marzo de ese año presentó el laureado unipersonal “Los Caminos de Federico”, de Federico García Lorca, ante una sala colmada.

En una noche lluviosa, el mítico Verdi reabrió sus puertas exclusivamente para albergar una obra teatral de alto nivel. Contrarreloj, una docena de integrantes de Galpón del Arte había trabajado durante largas horas hasta dejar la sala reluciente, como en sus años de mayor esplendor.

Alcón, emocionado al conocer el teatro de arquitectura italiana, graficó en la tarde previa a la función, mientras recorría el pasillo central: “Es hermoso, me lo llevaría para ponerlo en mi mesita de luz”. Sin embargo, una vez apagadas las luces y acallados los aplausos, la dejadez volvió a apoderarse del complejo cultural.

En medio de la crisis surgió una alternativa impulsada por el Banco Integrado Departamental (BID), que había creado una fundación con el objetivo de promover actividades culturales y educativas en la ciudad.

A fines de julio de 1993 se firmó un convenio entre la Fundación del BID y la Asociación Italiana para que la entidad asumiera la gestión del Verdi durante varios años, incluyendo tareas de remodelación y la puesta en marcha de un ambicioso proyecto cultural.

La propuesta contemplaba actividades artísticas, educativas y formativas, con proyecciones cinematográficas semanales como primer paso para recuperar la sala. También se proyectaba el trabajo con establecimientos educativos para acercar a los alumnos al lenguaje cinematográfico y nuevas experiencias culturales.

El acuerdo incluía, además, el pago de un canon mensual a la Asociación Italiana y obras de refacción en el edificio. La institución recibió un adelanto equivalente a un año de alquiler, dinero que permitió afrontar urgencias económicas y avanzar en algunas obras pendientes. Paralelamente, se gestionaban nuevos créditos para completar reformas edilicias y ampliar el Colegio Dante Alighieri.

Pero el derrumbe del Banco Integrado Departamental (BID), en abril de 1995, terminó haciendo colapsar todo el proyecto. La caída de la entidad financiera dejó al Cine Teatro Verdi en una situación todavía más delicada: el edificio quedó parcialmente desmantelado, con obras inconclusas, equipamiento removido y sin recursos para continuar su recuperación.

A partir de entonces, el Verdi quedó atrapado en un escenario de total incertidumbre, sin posibilidades reales de iniciar un proceso sostenido de restauración durante largos años. La preocupación comenzó a extenderse por toda la comunidad venadense, que veía cómo uno de sus espacios culturales más emblemáticos se deterioraba día tras día.

La crisis continuó profundizándose y en marzo de 1996 volvió a instalarse públicamente la preocupación por el futuro del edificio. En la sede de la Asociación Italiana se realizó una reunión de la que participaron funcionarios municipales, concejales, representantes del Colegio de Arquitectos y referentes culturales locales.

Allí se discutió abiertamente la posibilidad de desprenderse del inmueble ante la imposibilidad económica de sostenerlo. Las autoridades de la Italiana explicaron las razones que las llevaban a evaluar la venta o cesión del teatro, aunque insistieron en la necesidad de preservar el destino cultural para el cual había sido construido.

La reunión dejó en evidencia que el problema seguía completamente irresuelto y que el Verdi continuaba amenazado por las deudas y el abandono. Al mismo tiempo, comenzó a consolidarse una fuerte reacción de distintos sectores de la comunidad, que advertían que la desaparición del teatro significaría una pérdida irreparable para la identidad cultural venadense.

Poco después, la crisis institucional de la Asociación Italiana alcanzó uno de sus momentos más tensos en la asamblea del 30 de abril de 1999, cuando más de un centenar de asociados -en su mayoría padres y docentes vinculados al Colegio Dante Alighieri- participaron preocupados por el agravamiento de la situación económica y patrimonial de la entidad.

En aquella asamblea quedaron expuestos cuatro grandes temas que resumían el colapso institucional de esos años: la delicada situación financiera del Departamento de Ayuda Económica Mutual, el fracaso del complejo habitacional “Las Mojarras”, la continuidad del Colegio Dante Alighieri y el futuro del Cine Teatro Verdi.

El caso del Verdi ocupaba un lugar particularmente sensible. A seis años del acuerdo firmado con la Fundación del BID para intentar recuperar la sala, el teatro seguía desmantelado, sin actividad y sin perspectivas concretas de restauración. Muchos socios temían que el histórico edificio pudiera terminar vendido, rematado o destinado a otros fines ajenos a la actividad cultural para la que había sido concebido por la colectividad italiana (desde un supermercado hasta un templo religioso, entre otras versiones inquietantes).

La asamblea se desarrolló en un clima de tensión y la cantidad de asistentes obligó incluso a trasladar la reunión al jardín de infantes lindero, mientras crecían los cuestionamientos hacia la conducción institucional por la falta de balances claros, las dificultades para acceder a documentación y la ausencia de precisiones sobre la verdadera magnitud de la crisis.

A fines de julio de 1999, ante el deterioro visible de la fachada y los daños provocados por pegatinas de afiches y el abandono general, representantes de la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico, de la Agrupación Piemontesa y de la sección Maestranza de la Municipalidad impulsaron una jornada de limpieza del frente y el hall del teatro.

En esos días se señalaba que el frente y el techo eran prácticamente lo único que podía mantenerse en condiciones medianamente dignas. Mientras el interior seguía desmantelado y sin actividad -devenido en un vulgar palomar-, vecinos e instituciones intentaban al menos preservar la imagen exterior de uno de los edificios más caracterizados de la Esmeralda del Sur.

Ya en enero de 2011, la Asociación Italiana retomó el control del histórico teatro Verdi, que desde hacía unos cuanto años era utilizado por el municipio para talleres y actividades culturales, como tango, folclore, teatro y fotografía.

El convenio firmado en 2003 ya había vencido y, según la Dirección de Cultura, no se había avanzado en una renovación, mientras que la entidad buscaba desarrollar su propio proyecto para el desmantelado edificio.

Desde la institución señalaron en ese entonces que la situación legal y económica del teatro estaba encaminada y anunciaron planes de obras a largo plazo, incluyendo el reciclado del hall central y nuevas propuestas culturales abiertas a artistas locales.

Mientras tanto, las actividades municipales fueron trasladadas al primer piso de la Terminal de Ómnibus “Arturo H. Illia”.

En los últimos años, el Verdi se sostuvo en pie con diversas actividades, como actos escolares y talleres musicales, además de quehaceres administrativos, pero lejos de los propósitos más ambiciosos de otros tiempos, ante las irresueltas falencias estructurales.

Ahora, la Provincia y el Municipio dieron el primer paso con obras esenciales para que luego la comunidad complete la siguiente etapa y se haga justicia con el Cine Teatro Verdi, un símbolo cultural que prácticamente nació junto con la ciudad, y necesitaba del espaldarazo inicial de las políticas públicas para salir del ostracismo y volver a brillar.

La histórica cooperativa láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada fue declarada en quiebra por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, luego de constatarse la inviabilidad económica de la empresa y el fracaso anticipado de su proceso concursal.

La resolución judicial, conocida este miércoles y firmada por el juez Marcelo Gelcich, se sustenta entre otros elementos en el propio reconocimiento de la compañía de que no estaba en condiciones de formular una propuesta de acuerdo con sus acreedores ni de sostener su operatoria corriente, lo que derivó en una “quiebra indirecta” por frustración del concurso preventivo.

A lo largo de sus 49 páginas, el fallo describe una situación financiera crítica, con un pasivo concursal de “varios miles de millones de pesos” y más de 86 millones de dólares, al que se suma una pesada carga de deuda generada durante el propio proceso concursal.

Utiliza para ello una síntesis del todo el proceso en términos de “lenguaje claro”, y añade un “mensaje a la sociedad”, en el que sustenta el compromiso judicial de atender debidamente el interés de los acreedores, sin perder de vista el impacto de la medida en la comunidad.

“A nadie se le oculta el valor de mercado que hoy sigue teniendo la marca, lo cual es fundamento cierto de reales expectativas sobre la posible venta de la misma (es un activo separado e independiente de las plantas industriales) a valores significativos”, consigna el juez.

Y pone de resalto a continuación “que el sustento de la marca es ciertamente humano: son los trabajadores, comprometidos hasta postergar lo necesario para sus familias -sabiendo que no cobrarán el sueldo entero a fin de mes-, los que han permanecido trabajando con el compromiso e ingenio necesarios en medio de esta crisis, sosteniendo con éxito la calidad, característica principal de la marca.

“Sería del todo razonable y conveniente que los eventuales interesados en comprar activos de SANCOR CUL sepan que aquí radica verdaderamente el valor de los activos: basta con hacer el ejercicio mental de suponer la hipótesis en que la empresa se quedara sin activos físicos y tuviera que adquirir otros semejantes, lo cual seguramente sería solucionado en poco tiempo por el personal que hoy trabaja”, añade.

Se dispuso la continuidad de la explotación en aquellas unidades productivas que aún se encuentran operativas.

Pero a la vez, aclara que si, a la inversa, las plantas se quedaran sin el personal, “sería muy difícil estimar el tiempo que llevaría a nuevos empleados construir la organización que hoy existe, y, sobre todo, elaborar los mismos productos, y con la misma calidad”.

En la descripción del cuadro presentado, el fallo precisa que solo en concepto de deuda postconcursal, la cooperativa acumulaba al 31 de enero de 2026:

Más de $6.349 millones en obligaciones impositivas y previsionales

$12.788 millones en salarios adeudados

$3.380 millones en aportes a obras sociales y sindicatos

$13.313 millones en deudas comerciales

A esto se añade un ritmo de generación de nuevo pasivo cercano a los $3.000 millones mensuales, en un contexto en el que los ingresos corrientes ya no alcanzaban para cubrir los costos operativos.

El deterioro económico estuvo acompañado por una fuerte contracción de la actividad. La empresa operaba con seis plantas industriales —ubicadas en Santa Fe y Córdoba— pero con niveles de utilización muy por debajo de su capacidad.

El caso más crítico es el de Sunchales, su planta principal, que funcionaba con niveles de ocupación inferiores al 10%, mientras otras instalaciones directamente quedaron paralizadas o en situación de subutilización.

El proceso también implicó un cambio estructural en el modelo productivo: durante 2025, SanCor pasó de procesar leche propia a depender de terceros (fazón), y finalmente terminó operando con volúmenes mínimos de producción propia, reflejo de la pérdida de proveedores y contratos comerciales.

Pese a la declaración de quiebra, el tribunal dispuso la continuidad de la explotación en aquellas unidades productivas que aún se encuentran operativas, con el objetivo de preservar el valor de la empresa en marcha y evitar un deterioro mayor de los activos.

En paralelo, se ordenó avanzar en un proceso de enajenación de la compañía —total o por unidades productivas— mediante mecanismos de licitación, en línea con lo previsto por la Ley de Concursos y Quiebras.

La estrategia apunta a maximizar el recupero para los acreedores y eventualmente facilitar el ingreso de nuevos operadores privados interesados en activos industriales, marcas o segmentos del negocio.

El colapso de SanCor tiene un fuerte impacto en el entramado productivo regional. Al momento de la sentencia, la empresa contaba con 914 trabajadores, muchos de ellos con salarios impagos y en condiciones laborales precarias.

El fallo reconoce la gravedad de la situación y pone especial énfasis en la protección de los créditos laborales, aunque en el marco de un proceso falencial donde la prioridad será la liquidación ordenada del patrimonio.

La quiebra marca el desenlace de un proceso de deterioro que se arrastra desde hace años. SanCor, que supo ser uno de los principales actores del sector lácteo argentino, no logró revertir sus problemas estructurales: alta carga de costos, pérdida de competitividad, endeudamiento creciente y dificultades para sostener su red de productores asociados.

El expediente judicial deja en claro que, más allá de los intentos de reestructuración, la empresa ingresó en una fase de “insolvencia estructural”, es decir, una incapacidad permanente para generar recursos suficientes incluso para sostener su operación cotidiana.

Con este fallo, se abre ahora una nueva etapa en la que el destino de la marca y de sus activos quedará sujeto al interés del mercado, en un escenario donde el desafío será preservar lo que aún resulte viable de una de las cooperativas emblemáticas de la economía regional.

Por María Verónica Prendes (*)

El 47% de los adolescentes argentinos reporta síntomas compatibles con ansiedad clínica. No ansiedad coloquial, no son nervios antes del examen. Ansiedad que interfiere con el sueño, con los vínculos, con la capacidad de estar en un lugar sin revisar el celular cada tres minutos. Y cuando se cruza ese dato con el uso diario de pantallas, la correlación no deja margen para la duda.

Los adolescentes tienen compañía permanente, disponible, que nunca los juzga y nunca tiene un mal día. Plataformas de IA conversacional acumulan decenas de millones de usuarios menores de 24 años. El problema no es que la tecnología exista. El problema es lo que ocurre en el cerebro de un adolescente que elige sistemáticamente el vínculo artificial sobre el humano.

La adolescencia es una ventana crítica del desarrollo neurológico. Durante esta etapa el cerebro atraviesa un proceso masivo de poda sináptica y el córtex prefrontal —la región que regula impulsos, tolera la frustración y procesa la complejidad emocional— todavía está en construcción. No madura hasta los 25 años.

La neuroplasticidad funciona en las dos direcciones: se entrena con lo que se usa y se atrofia con lo que se evita. Un adolescente que pasa horas con una IA que siempre valida, siempre responde, nunca frustra, está entrenando un cerebro que no sabe qué hacer cuando el mundo real no funciona así. Y el mundo real nunca funciona así.

La ansiedad social tiene criterios diagnósticos precisos: miedo persistente a situaciones donde el individuo puede ser evaluado, evitación activa, deterioro funcional. Chicos que no pueden sostener una conversación cara a cara porque el lenguaje en tiempo real les resulta insoportablemente impredecible.

La frustración tolerable se erosiona cuando el entorno digital la elimina por diseño. Un vínculo con una IA no frustra. Siempre responde. Siempre está. Y eso, que parece una ventaja, es clínicamente un desastre.

"Pero si la IA lo contiene, algo es algo."

No. Eso no es contención. Es anestesia.

La contención terapéutica implica un vínculo con historia, con límites, con alguien que puede equivocarse y reparar. Una IA no repara nada porque nunca rompe nada. Es el equivalente emocional de la comida ultraprocesada: llena, pero no nutre.

Hay adolescentes que hoy prefieren hablar de su ansiedad con un chatbot antes que con un profesional. No porque el chatbot sea mejor, sino porque no los expone. Y la exposición —controlada, gradual, dentro de un vínculo seguro— es exactamente lo que cura la ansiedad. Evitarla la cronifica.

Primera: evita situaciones sociales presenciales que antes toleraba. No es introversión. Es retroceso.

Segunda: se irrita de manera desproporcionada cuando se interrumpe el uso del celular. Eso es un indicador clínico, no un berrinche.

Tercera: su red de vínculos reales se redujo. Tiene "amigos" online pero no hay nadie a quien llame si está en crisis. Eso no es una red de apoyo. Es decoración social.

La tecnología existe y va a ser más sofisticada cada año. Pero hay una diferencia clínica entre un adolescente que usa herramientas digitales y uno que las usa como sustituto del mundo. A veces el chico "más tranquilo" es el que más preocupa.

La salud mental no se mide por la ausencia de conflicto. Se mide por la capacidad de estar en el mundo real, con toda su incomodidad, y seguir funcionando.

La tecnología avanza. La adolescencia, no. Sigue necesitando exactamente lo mismo de siempre: un adulto que sepa leer lo que no se dice.

(*) Médica especializada en Psiquiatría

Marcela Sevola, creadora de la marca “Los Rogeles de Marcela”, compartió su historia de esfuerzo y crecimiento, desde sus comienzos en plena crisis económica hasta lograr posicionar su producto en distintos puntos del país, impulsada por el boca a boca y la exposición mediática.

“Yo comencé en la crisis del 2000-2001, necesitábamos sumar dinero a la familia”, recordó. En ese momento trabajaba como asistente dental, pero decidió aprovechar una habilidad personal: “Empecé a hacer lo que mejor me salía, que eran tortas y tartas”.

Dentro de esa búsqueda, apareció el rogel, que terminaría marcando el rumbo del emprendimiento. “Tenía una receta que me gustaba, pero la reversioné a algo que a mí me resultara cómodo y práctico”, explicó. Así surgió una versión distinta del clásico postre. “El nuestro es un rogel bajo, muy distinto al que conocemos todos”, destacó.

Lo que comenzó como una ayuda económica fue creciendo con el tiempo. “Fueron pasando los años y en 2011 se suma Flor al emprendimiento”, contó, lo que permitió ampliar la producción. Ese fue un punto de inflexión. “Ahí me animé a dejar el trabajo en relación de dependencia y empezar a tomar más pedidos”, afirmó.

Durante años, el trabajo fue diversificándose. “Hacíamos de todo: tortas, tartas, desayunos, lo que hacíamos en grande lo hacíamos en chiquito y vendíamos en bares”, relató.

Sin embargo, el crecimiento exigió nuevas decisiones. “La falta de tiempo hizo que dejara definitivamente el consultorio”, señaló. Y fue en un contexto inesperado donde el proyecto terminó de consolidarse. “La pandemia colaboró y ahí nos lanzamos a ver qué pasaba”, explicó. El resultado fue claro: “Por suerte pasó que a la gente le gusta nuestra versión de rogel”.

Uno de los momentos clave en la expansión del emprendimiento fue su llegada a medios nacionales. “Escuchábamos un programa de radio y dijimos: vamos a mandarles un rogel”, recordó.

Con esfuerzo y algo de incertidumbre, enviaron el producto a Buenos Aires. “No sabíamos si iba a llegar ni en qué estado”, contó. La respuesta fue inmediata. “Leyeron la carta y cuando probó el primer bocado no pudo parar de comer”, relató.

A partir de ahí, la repercusión fue creciendo. “Durante toda la semana nos nombraban y en Instagram empezaron a llover mensajes de gente de Buenos Aires”, señaló.

El fenómeno se amplificó con nuevas apariciones. “Al año siguiente entró un rogel a Gran Hermano y la gente lo identificó enseguida”, afirmó. Y agregó: “Nunca pudimos terminar de contestar todos los mensajes que teníamos”.

La historia de Marcela refleja un proceso sostenido en el tiempo, con decisiones clave y mucho trabajo. “Siempre fue ir tomando decisiones importantes para poder crecer”, sostuvo. Hoy, su marca es reconocida más allá de Venado Tuerto, pero mantiene el espíritu original. “Todo empezó para ayudar a la economía familiar y terminó siendo algo mucho más grande”, resumió.

El complejo escenario internacional, atravesado por tensiones geopolíticas, conflictos armados y un sistema financiero más restrictivo, vuelve a colocar a los recursos energéticos en el centro de la escena. En ese marco, Vaca Muerta aparece como un activo estratégico para la Argentina, aunque su desarrollo no está exento de condicionantes.

Según explica Luciano Codeseira, Vaca Muerta “está expuesta a un juego de fuerzas cruzadas”. Por un lado, puede verse favorecida por precios internacionales del crudo más firmes, impulsados por la inestabilidad global y la lenta normalización de la producción venezolana.

Pero, al mismo tiempo, enfrenta un entorno financiero más exigente, con capital más caro y una competencia creciente por atraer inversiones a nivel global.

Uno de los principales diferenciales de Vaca Muerta frente a la producción convencional es su flexibilidad operativa. A diferencia de otros desarrollos energéticos, el shale permite ajustar con mayor rapidez los niveles de inversión y producción ante cambios en los precios, las tasas de interés o las condiciones financieras.

Vaca Muerta frente al mundo: oportunidades y límites en un escenario energético convulsionado.

“Esa lógica de ciclo corto es una ventaja estratégica en un mundo volátil”, remarca Codeseira, al señalar que esta característica otorga capacidad de reacción frente a escenarios cambiantes. Sin embargo, advierte que esa flexibilidad no alcanza por sí sola para garantizar un desarrollo sostenido.

El especialista subraya que Vaca Muerta continúa siendo un sector intensivo en capital y con fuertes necesidades de infraestructura de largo plazo. Oleoductos, sistemas de almacenamiento y capacidad exportadora son activos imprescindibles para convertir el potencial productivo en valor económico concreto.

“Sin esos activos, el potencial geológico no se puede transformar en desarrollo”, advierte Codeseira, marcando uno de los principales desafíos pendientes para el sector energético argentino.

La experiencia internacional, señala el co-director del Instituto de Energía de la Universidad Austral, demuestra que en contextos de alta incertidumbre geopolítica los inversores no evalúan únicamente la calidad del recurso. También pesan de manera decisiva la estabilidad macroeconómica, la previsibilidad regulatoria y la consistencia de las políticas públicas.

Vaca Muerta frente al mundo: oportunidades y límites en un escenario energético convulsionado.

En ese sentido, lo que ocurre en países productores como Venezuela no define por sí solo el futuro de Vaca Muerta, pero sí amplifica tendencias ya existentes. En un mundo donde la geopolítica vuelve a dominar la agenda energética, los países que logren reducir sus vulnerabilidades internas estarán en mejores condiciones de captar oportunidades externas.

Para Codeseira, el verdadero desafío no pasa solo por extraer más hidrocarburos, sino por consolidar un marco institucional sólido que acompañe a un sector que combina alta intensidad de capital con creciente flexibilidad operativa.

“Transformar el potencial geológico de Vaca Muerta en desarrollo sostenible exige reglas claras, estabilidad y una visión de largo plazo”, concluye, sintetizando una mirada que pone el foco tanto en las oportunidades globales como en las responsabilidades internas de la Argentina.

Con los votos favorables del bloque del oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe y del Frente de la Esperanza, más las dos bancadas opositoras del peronismo, la Reforma de la Constitución de Santa Fe sumó mecanismos de democracia directa y participación ciudadana a la Constitución de Santa Fe.

Los consensos logrados en la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana se reflejaron la sesión que se inició el viernes 29 de agosto y se extendió hasta las primeras horas del sábado 30.

Los institutos habilitados de Iniciativa Popular, Referéndum, Consulta Popular, Revocatoria de Mandatos, Consejo Económico y Social, Audiencias Públicas y Gestión Social fueron votados en la primera media hora del sábado por 65 convencionales. Se registraron 50 a favor y 15 en contra, sin abstenciones.

Una vez más, solo las bancadas de La Libertad Avanza y de Somos Vida y Libertad rechazaron las propuestas de radicales, socialistas, macristas y peronistas pero entre los convencionales derechistas fueron muy distintos los argumentos.

Desde SVyL se aclaró que de necesitarse sus votos para que los institutos sean creados los hubieran dado, pero que preferían en cambio expresarse por la negativa (a sabiendas de que el tema resultaría aprobado) para hacer notar sus críticas a las “extremas” exigencias que requiere uno de los mecanismos novedosos que permitirá que una autoridad electa sea desplazada por los ciudadanos. En cambio, el partido de los libertarios abiertamente mostró su oposición, con unas exposiciones que abundaron sobre los resultados de las políticas públicas aplicadas en las últimas décadas.

“No hay frase más hueca que la que dice que es con más democracia que se resuelven los problemas de la democracia”, resumió Nicolás Mayoraz al argumentar su voto negativo. Incluso mostró su pesimismo respecto de las audiencias públicas “¿cuándo en una audiencia pública sucedió realmente que las autoridades hayan realmente escuchado a los ciudadanos?”, cuestionó.

Para Emiliano Peralta (SVyL) al igual que para Rubén Giustiniani (Activemos) hubiera sido preferible que una ley posterior fije los umbrales para que avance un proceso de revocatoria de mandatos (se trata de contradecir lo ya dispuesto por las urnas con otra votación).

Oficialismo y oposición aprobaron mecanismos de democracia directa.

Ambos, por izquierda y por derecha, lamentaron que se fije que el mecanismo requiera que lo pida con su firma un 25% de los empadronados de la jurisdicción afectada y que en elecciones esa posición obtenga más del 50% del padrón. Los dos hablaron de la escasa participación que progresivamente se registra en los comicios en general.

En igual sentido, Diego Giuliano se preguntó cómo será posible que haya alguna vez un procedimiento de este tipo si “a la elección más importante de los últimos 62 años fue a votar apenas un poquito más de la mitad de los electores”, en referencia a los comicios del 13 de abril. De todos modos, valoró lo que se avanzó en todo el dictamen y explicó que es en instancias como las que hoy vive Santa Fe que “la política” comienza a saldar sus deudas con la gente para enfrentar el mal de “la apatía”.

El reclamo de que el texto no imponga esos requisitos fue rechazado por la mayoría.

Gino Svegliati de Unidos actuó como miembro informante del despacho y aseguró, en el marco de la crisis de representación de los partidos políticos, hoy se crean “herramientas que buscarán cambiar las formas de construcción política”.

Recordó que desde 1994 existen estos institutos en el país, pero no han sido usados. Afirmó que la única instancia de consulta a nivel nacional fue anterior, cuando el presidente Alfonsín convocó a consulta popular ante el acuerdo con Chile.

Se cuestionó el 25% de firmas y el 50% de votos requeridos para revocatorias.

Entre los antecedentes santafesinos destacó la experiencia del presupuesto participativo puesto en práctica en Rosario primero y en la provincia luego con administraciones del socialismo. Con la revocatoria de mandato “el pueblo tiene la última palabra”, resumió.

Juan Monteverde de Más para Santa Fe anunció el voto favorable de la bancada del PJ pese a que “nuestra propuesta era más profunda, más radical , transformadora y revolucionaria”. Admitió que “con ese ímpetu de cambios fuimos a todas las comisiones” y destacó que se lograron finalmente “avances” para abordar con respuestas concretas la crisis de representación política. De todos modos, afirmó que para que haya cambios “hay que dar vuelta la pirámide del poder”.

Dijo que el título que se habían propuesto era el de “Participación popular y comunidad organizada”. Consideró que con estos cambios “se abre una posibilidad para imaginar una democracia mejor”. Y citó a Simón Rodríguez: “O inventamos o erramos”, dijo.

Rubén Giustiniani recordó desde Activemos que “esta crisis es de la democracia” y consideró que el camino es “intentar nuevas formas que pasan por empoderar a la gente”.

Por la mayoría y con citas a Guillermo Estévez Boero, Joaquín Blanco habló de la necesidad de entender que se debe “delegar poder” y advirtió que a partir de la nueva constitución será obligatorio para la Legislatura celebrar audiencias públicas cuando se traten leyes sobre el medio ambiente y los servicios públicos. Los legisladores “tendrán que escuchar obligatoriamente a la ciudadanía”, se entusiasmó.

En cuanto al referéndum vinculante, coincidió que en la historia política argentina “hay pocos” pero constituyen “muy buenos” ejemplos y citó lo sucedido en Misiones cuando se detuvo un proyecto de represa hidroeléctrica con ese mecanismo habilitado por la Constitución en la Tierra Colorada.

Nombró como el deseado consejo económico político y social, “una larga batalla de los socialistas” al Consejo a crear como “un ámbito donde se encuentren el capital y el trabajo , de diálogo permanente con la política” y citó la Mesa del diálogo Argentino y otros casos creados ante graves crisis.

Recordó “el plan estratégico de 2008 y el proceso de participación popular más importante de planificación estratégica” puesto en práctica por Hermes Binner.

“Los convencionales de la Comisión de funcionamiento del Estado y Participación Democrática han puesto a la Constitución 2025 a la vanguardia”, dijo Del Blanco.

“Nadie es dueño de la verdad escriturada (…) Siempre la participación mejora y fortalece las decisiones. Este es un cambio sustantivo, un verdadero aporte y se vincula con los cambios sobre la elección proporcional de los diputados”, dijo la convencional Claudia Levín de Unidos.

“Esto es poner en práctica la comunidad organizada” de la que hablara Juan Domingo Perón en congreso de Filosofía en 1948, “es un concepto clave en nuestra doctrina”, afirmó Marcelo Lewandowski, de Más para Santa Fe.

Y siguió: “lamentablemente es una época en que no se promueva lo colectivo, lo asociativo y lo solidario”.

“Hay que superar una verdadera fractura expuesta en la sociedad, entre gobernantes y gobernados”, explicó Diego Giuliano y avanzó sobre el concepto de la representación: “ambos lo somos, porque somos gobernantes y gobernados, en un permanente circuito”.

“Más democracia es la única cura a los males de la democracia (…) La democracia directa no es abolicionista” de la representación “es complementaria”, profundizó.

“No sé si es la hora… pero todo esto me suena a un cuento de niños para mandarlos a dormir. Escucho palabras grandilocuentes, vacías, nada que se parezca a un texto constitucional. Caen en el mismo error que siempre cae la clase política”, disparó Nicolás Mayoraz.

“Los señores convencionales son como semidioses que creen que con solo escribirlo en la Constitución van a resolver el hambre y ahora es lo mismo con la creación del Consejo Consultivo y Asesor” y remató: “dejémonos de cuentos”.

(Por Mariela Goy) - En la previa al acto conmemorativo por los 60 años de la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Santa Fe, el ingeniero Rubén Soro, rector de la Universidad Tecnológica Nacional e integrante del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), llegó este viernes a la ciudad y ofreció una conferencia de prensa donde respondió sobre la grave situación que atraviesan las universidades del país y la UTN en particular.

Soro participó recientemente de la presentación del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario en el Senado -que se elaboró en conjunto con las federaciones docente, la no docente y la Federación Universitaria Argentina (FUA)- y alertó sobre el impacto del ajuste en el sistema: docentes que renuncian, estudiantes que abandonan, obras paralizadas y riesgo en la continuidad del calendario académico.

-Aquí en Santa Fe, el rector de la UNL mencionó que ya se registran renuncias de personal docente y no docente. ¿Cuál es la situación en la UTN a nivel nacional?

-Es similar. Empezamos a tener renuncias y pedidos de licencia. Lo salarial es muy bajo. Docentes sin antigüedad con dedicación simple están en $350.000, por debajo de la línea de pobreza. Y los de dedicación exclusiva también están buscando otros caminos. Pese a eso, agradezco que la mayoría sigue sosteniendo sus cátedras y trabajos de investigación con gran compromiso. Pero sí, lamentablemente estamos empezando a tener estos problemas que atentan contra la jerarquía y la calidad de la enseñanza.

-¿Ven una salida a esta crisis o alguna perspectiva de mejora en el corto plazo?

-Históricamente, hemos salido de crisis. Nuestra universidad tiene el respaldo de la sociedad, lo vimos en las marchas. La UTN siempre se vinculó con el sector socio-productivo, y entendemos que la ingeniería es parte de la solución. Pero hoy hay una estrategia del gobierno nacional que va en contra de la educación, de la salud, de los jubilados. Personalmente, pasé de la bronca al dolor, cuando hablaban de que los que gestionamos la universidad o nuestros docentes adoctrinamos, que había estudiantes fantasmas y que no nos dejamos auditar. Es una estrategia para poner en debate la necesidad o no de la universidad pública o universitaria en el país.

Creo que esta batalla cultural la ganamos, porque hemos demostrados que son mentiras y la sociedad nos ha acompañado. Ahora peleamos por lo urgente: los salarios docentes y paritarias libres, becas estudiantiles -como las Progresar, las Belgrano-, e infraestructura que ahora es cero y las obras que había se paralizaron. Tampoco hay para mantenimiento en ciencia, tecnología e investigación; es muy grave.

Eduardo Donnet, Rubén Soro y Ricardo Verón, en el acto por los 60 años de la carrera de Ingeniería Mecánica de la UTN Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía

-La UTN ya declaró el estado de emergencia…

-Nuestro Consejo Superior decretó en un primer momento la emergencia económica y ahora la emergencia salarial. Se están encendiendo alertas. Corremos muchos riesgos y mucho peligro. Por ahora vamos a sostener el año gracias al compromiso de docentes, gremios y estudiantes. Pero puede peligrar el segundo cuatrimestre, el inicio de clases y las mesas de exámenes. Nosotros vamos a hacer todo para sostener la universidad abierta, pero esto está escalando de tal forma que no sabemos si los gremios, los trabajadores van a poder seguir acompañando porque es indigno por lo que están pasando. Pero hemos salido de situaciones más graves. Pasamos por etapas muy oscuras en nuestra historia: salimos de la Dictadura, de momentos difíciles en la época de Menem. Creo que todo esto va a pasar, vamos a salir golpeados, pero vamos a salir de pie también.

-¿Preocupa la situación de jóvenes que no van a poder acceder a la universidad?

-Sí, doblemente. Quiero decir también que nuestros graduados salen con la calidad y con los conocimientos teóricos y prácticos para dejarnos muy bien parados en el sector donde les toque trabajar. Por lo menos como universidad tecnológica, con 30 sedes en todo el país, estamos articulando políticas con provincias, con municipios, en donde se entiende que la educación es importante y de esa forma nos dan un soporte que no nos da el gobierno nacional.

-¿Qué expectativas tiene con relación al tratamiento de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso?

-Creemos que nuestros diputados y senadores la van a aprobar, como ya ocurrió antes. Pero temo que el presidente la vete. Por eso pedimos que el Congreso tenga la valentía de anular ese veto, si llega. Es una ley fundamental.

-En cuanto a los 60 años de la carrera de Ingeniería Mecánica en Santa Fe. ¿Qué representa ese aniversario?

-Un orgullo enorme. Agradezco al decano Eduardo Donnet y al director del Departamento de Mecánica por la invitación. Ingeniería Mecánica fue, junto con Civil y Eléctrica, una de las primeras carreras de la UTN. Y hoy seguimos formando profesionales con fuerte inserción en el mundo productivo, aún en tiempos muy difíciles es un poco la oferta académica que más brindamos para el desarrollo del país.

UTN Santa Fe.

Por su parte, el decano de la UTN Santa Fe, Eduardo Donnet, también hizo una fuerte advertencia sobre el impacto que está teniendo la crisis presupuestaria en el sistema universitario. "Estamos perdiendo una masa crítica enorme", dijo, en relación a docentes altamente calificados que vuelven a emigrar por falta de condiciones para continuar trabajando en el país.

"La situación que vivimos en Santa Fe no escapa a lo que se observa a nivel nacional. Muchos docentes que habíamos recuperado gracias a programas provinciales y nacionales, hoy están volviendo a los lugares donde hicieron sus doctorados", lamentó. Y agregó: "Formar a un docente con posgrado lleva años, y eso no se reemplaza fácilmente".

Donnet señaló que la universidad intenta paliar esta situación recurriendo "a gente joven con ganas y espíritu y ganas de hacer docencia. Es una estrategia válida, pero no alcanza para compensar la pérdida de calidad que implica el deterioro del plantel docente".

El decano también se refirió al ajuste como parte de un "ataque cultural" a la universidad pública: "Más allá de lo salarial, que es indigno, lo que sentimos es que lentamente nos vamos apagando. No nos podaron las ramas, nos cerraron la canilla. Nos están secando".

A pesar del difícil panorama, Donnet destacó el compromiso de docentes y no docentes, y la resistencia activa que mantiene viva la universidad: "Desde las 30 facultades regionales y 70 extensiones áulicas seguimos sosteniendo este proyecto. Lo hacemos pensando que hay un día después y que hay que prepararse para él".

60 años de Ingeniería Mecánica en Santa Fe.

El director del Departamento de Ingeniería Mecánica de la UTN Santa Fe, Ricardo Verón, repasó los 60 años de la carrera. "La Ingeniería Mecánica empezó en 1965, pero antes, en 1953, la Universidad Obrera Nacional formaba ingenieros de fábrica en construcciones mecánicas", recordó Verón. Aquella oferta inicial, dijo, se convirtió en una de las primeras carreras tecnológicas y hoy acumula "949 egresados en estos 60 años".

El director precisó que la matrícula actual ronda los 180 estudiantes regulares. "Este año el ingreso cayó, pero veníamos con buenos promedios; a veces se acumulan quienes demoran la graduación", explicó. El resultado es un egreso anual de "25 a 28 nuevos ingenieros; el promedio histórico es de 15". La salida laboral, en cambio, se mantiene firme: "Prácticamente todos consiguen trabajo antes de recibirse".

En Argentina se ha observado un incremento alarmante de infecciones provocadas por tres bacterias: Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y el complejo Acinetobacter baumannii.

Estas bacterias han desarrollado resistencia a múltiples antibióticos, incluyendo los carbapenémicos, considerados de último recurso. Este fenómeno, conocido como "pandrogo-resistencia", representa una amenaza significativa para la salud pública, especialmente en unidades de cuidados intensivos.

En 2023, se reportaron casos de Klebsiella pneumoniae resistentes a todos los antibióticos disponibles en hospitales de Buenos Aires. Además, en un hospital de La Plata, 18 pacientes fueron infectados con esta bacteria, resultando en nueve fallecimientos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) inició una investigación tras vincular estos casos con una partida contaminada de fentanilo.

Imagen ilustrativa.

Especialistas enfatizan la necesidad de fortalecer los programas de control de infecciones y promover el uso racional de antibióticos. La implementación de políticas que integren la salud humana, animal y ambiental, es crucial para abordar la resistencia antimicrobiana.

Asimismo, se recomienda la capacitación continua del personal de salud y la concientización pública sobre el uso adecuado de antibióticos.

La propagación de superbacterias en Argentina subraya la urgencia de acciones coordinadas para prevenir una crisis sanitaria. La vigilancia epidemiológica, la investigación científica y la colaboración intersectorial son fundamentales para enfrentar este desafío emergente.

Imagen ilustrativa.

El fenómeno de la resistencia antimicrobiana no es exclusivo de Argentina: América Latina enfrenta un escenario similar. Países como Brasil, Perú y México también han reportado casos de bacterias multirresistentes, lo que evidencia la necesidad de una estrategia coordinada a nivel regional.

La movilidad de pacientes entre países y la falta de protocolos estandarizados agravan el riesgo de propagación de estas infecciones a nivel continental.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la resistencia a los antimicrobianos podría convertirse en la principal causa de muerte en el mundo para el año 2050, superando incluso al cáncer.

Este problema silencioso compromete no solo la capacidad de tratar enfermedades comunes, sino que también pone en riesgo procedimientos médicos como trasplantes, cirugías mayores y tratamientos contra el cáncer.

Además, profesionales de hospitales públicos y privados alertaron sobre la falta de insumos adecuados para aislar a los pacientes infectados, una medida esencial para evitar brotes intrahospitalarios.

En muchos centros de salud, las condiciones edilicias y la escasez de personal capacitado dificultan la implementación efectiva de protocolos de bioseguridad, lo que expone tanto a pacientes como a trabajadores de la salud a contagios difíciles de controlar.

Los indicadores que permiten analizar la sostenibilidad de la fase de expansión han mostrado "un debilitamiento transitorio, no obstante la industria continúa cursando desde abril de 2024 una fase de mejora".

El Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL registró en marzo una mejora interanual de 1,6%. "El avance fue el cuarto consecutivo, con seis de diez ramas mostrando una recuperación respecto a marzo de 2024", señaló el reporte de la consultora de Orlando Ferreres.

Advierte que "la mejora es modesta teniendo presente que en el mismo mes del año pasado la industria se había contraído 15,4%, el mayor retroceso de la producción desde 2020 en el inicio de la pandemia". Además señala que "en términos desestacionalizados, la producción industrial de marzo registró un retroceso mensual del 1,4%.

En el mes, el avance interanual se explica por la suba en alimentos y bebidas, "al interior de la cual se tienen buenos registros para la lechería, un nuevo retroceso en la faena vacuna, menor tracción en la producción de aceites y mejoras en la producción de bebidas".

Ferreres destaca que en el tercer mes del año sobresale la mejora de la producción de minerales no metálicos -por segundo mes- "explicado por un efecto de base de comparación teniendo en cuenta que en lo que va de 2025 la actividad del bloque se encuentra estancada". Este es el rubro en el que se contabilizan el cemento y, con él, la obra pública.

"Entre las ramas que han registrado un retroceso en el mes, la producción de automóviles afrontó la adecuación de las líneas de producción para el lanzamiento de nuevos modelos, al tiempo que la producción de químicos y plásticos mostró caídas generalizadas, en algún caso producto de paradas técnicas programadas.

"En perspectiva -adelanta el reporte- abril propone un desafío a la actividad industrial comenzando por tratarse de un mes corto a causa de los feriados de Semana Santa".

"En cuanto al nivel de actividad alcanzado en el primer trimestre, mostró una mejora interanual del 2.4%, encadenando dos trimestres de recuperación en la comparación con el año anterior. Respecto a los desempeños sectoriales en los primeros tres meses del año, se observan cambios al tope del ranking de crecimiento que no se esperan resulten permanentes".

El informe destaca que el salto de la producción de minerales no metálicos en marzo llevó a la rama a acumular una mejora del 10,5% en el trimestre respecto al mismo periodo de 2024, pasando a liderar el ranking sectorial.

"La producción automotriz recortó el crecimiento acumulado en el trimestre a 10,3% a causa del freno en líneas de producción en marzo, mientras que con una mejora superior al promedio los alimentos y bebidas marcan un avance del 6,2% en la comparación interanual.

En el caso de la producción de insumos textiles, esta avanzó 1,3% en el trimestre en la comparación con el periodo enero marzo del año pasado, mientras que la refinación de petróleo igualó el nivel de un año atrás".

El mayor crecimiento en el periodo lo muestran los bienes de capital que acumulan una mejora del 6% en la comparación con el primer trimestre del año pasado a partir del aporte de la producción de utilitarios, material de transporte pesado y maquinaria agrícola.

"La producción metalmecánica acumuló una caída del 1%" en el trimestre, "seguida de los despachos de cigarrillos que registraron un retroceso del 2.1% en el periodo.

Por su parte, la producción de las industrias metálicas básicas cayó 4,8%, la de papel y celulosa 4,9% y la de los insumos químicos y plásticos 5,7%, en todos los casos en el primer trimestre y en la comparación con el mismo período de 2024".

En una fuerte declaración que buscó dejar en claro la postura del Ejecutivo santafesino, el gobernador Maximiliano Pullaro se refirió al complejo escenario que atraviesa la empresa Vicentín, y fue categórico al descartar una eventual intervención estatal para evitar su quiebra: “Esto no es un Estado comunista, donde el Estado o el gobierno tiene que intervenir cuando quiebra una empresa”, sostuvo el mandatario, al ser consultado por la posibilidad de que la Provincia asuma algún tipo de control o rescate sobre la firma en crisis.Vale recordar que la Justicia dejó sin efecto el acuerdo que Vicentín había alcanzado con sus acreedores. Esa decisión reabrió el proceso de concurso preventivo.Las palabras del gobernador tuvieron lugar tras una actividad oficial en Rosario, y llegaron luego de que se conocieran novedades de la empresa, sobre las plantas Avellaneda y Ricardone de la empresa. Pullaro expresó su compromiso con los trabajadores y aseguró que el Estado santafesino no los dejará solos. “Vamos a estar al lado para que ninguna familia la pase mal o que realmente sufra”, afirmó. En ese sentido, recordó que la Provincia ya ha intervenido en otros momentos críticos, como ante los recortes de partidas alimentarias y de medicamentos dispuestos por el Gobierno nacional. Sin embargo, marcó un límite: “No se puede hacer el gobierno cargo de la empresa o de cada una de las empresas que quiebran”.El mandatario atribuyó parte de la responsabilidad del actual panorama de incertidumbre a las decisiones políticas que, en su visión, distorsionaron el accionar de la Justicia: “Recordemos que desde la Provincia en un momento se intentó intervenir la empresa y desde el Gobierno nacional se la intentó expropiar. Un trámite judicial que debería estar resuelto hace tres años y medio, hoy sigue trabado por las intromisiones del poder político”, marcó.Para Pullaro, es fundamental respetar los procesos judiciales en curso, más allá de las simpatías o rechazos que generen sus resoluciones. “Vamos a respetar lo que resolvió la Justicia de la provincia de Santa Fe, nos guste o no nos guste”, enfatizó.

Mediante un proyecto de comunicación que fue votado por unanimidad, la Cámara de Senadores bregó por cambios en las políticas económicas nacionales para que comience a revertirse la grave crisis del sector del acero en todo el país y, en especial, en la ciudad de Villa Constitución.

El senador por ese departamento, Germán Giacomino, expuso las cifras demoledoras de un panorama sombrío para la siderurgia que impacta en Santa Fe en la empresa Acindar Arcelor Mittal, con suspensiones, reducciones de jornadas laborales y recortes salariales.

Casi mil quinientas familias están afectadas, según una estimación del legislador radical que a esos números le añadió lo que significa la amenaza de no tener trabajo en términos humanos.

Habló de sus encuentros con ex compañeros de estudio que hoy son empleados de Acindar o de talleres vinculados a esa producción. Mencionó cuadros de angustia y depresión. Villa Constitución tiene unos 52 mil habitantes.

El texto que aprobaron todos los senadores es casi una excusa para plantear públicamente el tema y por supuesto para condenar las políticas nacionales que causan la crisis. La comunicación -como es de norma- está dirigida al Poder Ejecutivo Provincial y pide que "intervenga ante el Estado Nacional para que se revisen las políticas nacionales que han afectado negativamente a la empresa Acindar Arcelor Mittal y a todo el sector siderúrgico argentino".

Los considerandos y una manifestación de Giacomino agregaron más datos que sus pares siguieron con atención.

Una parte de quienes lo escucharon seguramente recordarán las multitudinarias manifestaciones obreras de la década del '90, para cuando también esa planta industrial estuvo bajo la misma amenaza: una apertura de las importaciones que no tiene en cuenta que otros países subsidian su producción de acero o tienen bajos costos producto de condiciones laborales paupérrimas.

"La reciente decisión de Acindar de suspender empleados, reducir jornadas laborales y aplicar recortes salariales es una muestra del fuerte impacto que las medidas económicas nacionales e internacionales pueden tener en nuestra industria y en la vida de miles de familias", sostiene Giacomino.

Menciona que tal es la crisis que la Seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) acordó con la firma "la implementación de un esquema de suspensiones escalonadas de trabajadores, de aquí a fin de año, que podría alcanzar a cerca de 1000 operarios, de los cuales 200 entraron en suspensión esta semana".

El propósito, claro, es evitar los despidos. Una palabra que el senador no ha usado aunque el término haya sobrevolado su exposición, los fundamentos del proyecto y cabe imaginar que a esa ciudad de marcado perfil industrial.

"Acindar ya había comenzado a reducir costos y achicar su planta de operarios con un plan de retiros voluntarios que fueron aceptados por 200 empleados desde comienzos de enero. Al mismo tiempo, mantiene la decisión de desafectar otros 200 puestos indirectos a través de la renegociación de acuerdos con empresas contratistas si la producción continúa cayendo".

Y sigue: "las principales causas del inicio de esta crisis fueron las políticas nacionales de frenar la obra pública y permitir la importación de acero chino, que han tenido un fuerte impacto negativo en Acindar" y en ese sentido reconoce los siguientes factores para la depresión de la actividad que de 2023 a 2024 se redujo a la mitad.

"Cae la demanda interna de acero significativamente por el freno de la obra pública nacional. La planta abastecía en parte a la construcción, sector que vio una retracción debido a la falta de inversión estatal".

Gran parte de la producción de Villa Constitución se orienta al sector de la construcción, que hasta la política de obra pública "incluía principalmente proyectos de obra pública, por ejemplo, en el año 2017 la empresa estimó un crecimiento del 10 % en su producción, impulsado justamente por la mayor demanda de la obra pública y la recuperación de distintos sectores industriales".

Además, "según datos de la Cámara Argentina del Acero, el 45 % de los productos fabricados con esa aleación acero en el país se destinan al mercado de la construcción"

"Si bien este porcentaje abarca tanto la obra pública como la construcción privada, la mayor proporción correspondía a proyectos estatales, por lo que podemos ver que la obra publica nacional representaba una parte mas que considerable en la producción y mercado" de la firma.

Acindar tiene como destinos principales de exportación a naciones de América del Sur, América del Norte y otras regiones. Entre los países a los que ha exportado se encuentran Brasil, Chile, Estados Unidos, México y Canadá.

Para Giacomino hay "competencia desleal del acero importado" y la apertura de importaciones permitió el ingreso de acero chino y de otros países "a precios más bajos".

Según la Cámara Argentina del Acero, "China produce con subsidios estatales, lo que hace que su acero sea más barato y genere competencia desigual. Se estima que la importación de acero en Argentina aumentó un 35% en el último año, afectando a la industria local".

Abrir el mercado nacional a productos chinos y polacos terminados implicó para Acindar una reducción de su producción de un 50%. Se pasó "de 1,2 millones de toneladas en 2023 a 600.000 toneladas en 2024. Ya fueron suspendidos 970 empleados en su planta de Villa Constitución, Santa Fe. Se detuvo temporalmente la producción debido a la baja demanda y la falta de competitividad frente al acero importado.

"Podemos ver que la combinación de menor obra pública y mayor importación de acero extranjero ha generado una enorme crisis en Acindar ocasionando la disminución de la producción y afectando su operatividad, obligándola a reducir producción y suspender trabajadores para adaptarse a la nueva realidad del mercado", dice el senador en los considerandos.

"A estas medidas -sigue-, hoy también debemos sumar la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a los productos siderúrgicos argentinos, sin embargo, en el caso específico de Acindar el impacto de esta medida es limitado, ya que la empresa ha tenido una mínima participación en el mercado estadounidense, siendo su cuota solo de 1.100 toneladas anuales, una fracción mínima en comparación con su producción total.

En términos de participación en el mercado estadounidense, Argentina represento el 4 % de las importaciones totales de aluminio a Estados Unidos, por lo que vemos que se trata de una participación relativamente pequeña en comparación con otros proveedores internacionales", dice el legislador.

"Villa Constitución es una ciudad que siempre tuvo una fuerte identidad industrial, sufre las consecuencias de decisiones que escapan a su control, pero que afectan de manera directa a sus trabajadores y a la comunidad en su conjunto".

"La incertidumbre laboral y la pérdida de ingresos familiares no solo golpean a quienes dependen de la empresa, sino que también impactan en los comercios, en los servicios y en la estabilidad general de la región y de las personas, ya que esta incertidumbre laboral y financiera también puede afectar la salud mental y aumentar los niveles de estrés, ansiedad y depresión", destaca.

Afirma que "es fundamental que el Estado y los distintos actores políticos y empresariales trabajen en conjunto para encontrar soluciones que protejan el empleo y promuevan la competitividad de la industria argentina en un contexto nacional e internacional cada vez más complejo".

"La defensa del trabajo y de la producción nacional debe ser una prioridad para evitar que decisiones externas sigan condicionando el futuro de nuestras ciudades y nuestras familias".

"Entendemos, que el futuro de Acindar dependerá de diversos factores, pero principalmente propiciar la recuperación de la demanda interna de acero, la capacidad de la empresa para adaptarse a las condiciones del mercado y las políticas comerciales internacionales".

"La empresa y los representantes sindicales deberán continuar trabajando en conjunto para mitigar los efectos de la crisis y buscar soluciones que aseguren la sostenibilidad de compañía y la protección de los puestos de trabajo", reflexiona.

Gonzalo Fracchia

La primera jornada luego de la declaración de la Ley Marcial en Corea del Sur presenta un horizonte oscuro para el presidente Yoon Suk Yeol, que cada vez se posiciona en mayor soledad.

El hecho de que el Parlamento le vetara el “ultimátum” resultaba previsible. Se había llegado a dicha instancia por la pérdida de peso en la Asamblea Nacional, territorio que se convirtió en imposible a menos de contar con intervención militar.

Esta última tampoco fue plena. Desde el Partido Demócrata y otros espacios opositores valoraron cierta negativa de las fuerzas armadas a operar internamente, con un fantasma de la dictadura aún presente, hecho que no sólo ralentizó el operativo de detención de los legisladores “norcoreanos”, sino también anuló toda acción posterior de escalada.

Los números previos tampoco colaboraban con el derechista y conservador líder del Partido del Poder Popular. Su aprobación rondaba el 20%, cayendo de un no muy contundente 36,67% obtenido por su fuerza en las legislativas de abril. Como si fuera poco, en las presidenciales del 2022 se quedó con el triunfo por 0,7%. Las manifestaciones de la población en horas de la madrugada avalaron las cifras.

La especie de autogolpe fallido recuerda, con características y contextos diferentes, a la extravagante medida que tomó Pedro Castillo en Perú el 7 de diciembre de 2022, que terminó con el ex presidente en solitario y detenido en un proceso de sólo 13 horas.

Con tiempos más asiáticos que latinoamericanos, la encrucijada de Yoon puede correr un destino similar. Parece casi imposible que el mandatario no sea sometido a un juicio político. Resultaría irónico ya que su llegada al poder se da por el eficaz rol como fiscal que se perseguía la corrupción política y que en las últimas semanas fue apuntado por el Parlamento en dos casos que involucran a su esposa: manipulación de precios de acciones de un concesionario de autos BMW y la aceptación de un bolso Dior de lujo en la previa a la investidura.

Durante horas de este miércoles, creció la presión opositora para destituirlo, luego de la moción presentada por seis partidos. El proyecto de ley se votará entre este viernes y sábado, según la agencia local Yonhap, en un resultado que también ya parece conocerse.

El freno estaría en la extensión del proceso, ya que en caso de concretarse el juicio político, el Tribunal Constitucional con al menos seis jueces debería ratificarlo. Kenneth Choi, editor internacional del periódico The Chosun Ilbo, declaró en CNN que la situación se podría extender por meses: “Si se destituye al presidente, el caso se resolverá en el tribunal constitucional, pero ahora mismo no tenemos suficientes miembros en el tribunal constitucional, por lo que el parlamento tiene que nombrar jueces, lo que llevará algún tiempo”.

En caso de que esto suceda, el cargo debería ocuparlo el primer ministro, uno de los miembros que no se declaró en favor de Yoon, pero sí de sus propias funciones patrióticas: "Como primer ministro a cargo del gabinete, asumo toda la responsabilidad por los eventos que nos han llevado a este momento", dijo y agregó: "Trabajaré con los miembros del gabinete hasta el final para servir al pueblo".

Quien sí abandonó el barco es el ministro de Defensa, Kim Yong-hyeon, supuesto encargado de sugerir la Ley Marcial al presidente, en base al reciente reporte de Yonhap. Kim declaró: "Como Ministro de Defensa Nacional, siento plena responsabilidad y lamento haber causado confusión y preocupación al público con respecto a la Ley Marcial."

Sea cual sea el destino de Yoon, el cargo cuenta con un historial cruento. Con sólo observar este siglo, Park Geun-hye (2013-2017) fue destituida y condenada a 24 años de prisión por corrupción; Roh Moo-hyun (2004-2008) fue destituido por corromper la ley electoral y en 2009 se suicidó en plena investigación por sobornos; Kim Dae-jung (1998-2003) tuvo a su hijo involucrados detenidos por sobornos e investigados por tráfico de influencias.

Si bien Yoon Suk Yeol argumentó que legisladores responden a intereses norcoreanos, en este caso la medida extrema de otorgar el poder a las Fuerzas Armadas no giraba en torno a directos movimientos de su vecino del norte.

Este punto no quita la mirada atenta del gobierno de Kim Jong-un, que en los últimos meses avanzó en materia bélica con mayores pruebas sobre el mar de Japón y una ya pública alianza de defensa mutua con Rusia.

Rusia es justamente otro que mira con buenos ojos el impasse en el que entrará por unos meses Corea del Sur y Asia. A Vladimir Putin se le han abierto nuevos frentes de atención de cara a la eventual negociación con Ucrania de la mano de Estados Unidos. El avance rebelde y kurdo en Siria se suma a las disputas políticas electorales en países de Eurasia y el este del viejo continente, como el caso de su vecino Georgia.

Desde Washington se mantienen cautelosos en medio de una transición que sólo tuvo como medida fuerte la aprobación de nuevas armas para Kiev y un incremento en su presupuesto. Contando con que EE.UU. posee la mayor base militar del extranjero en Corea del Sur, todo posicionamiento oficial podría convertirse en una bola de nieve. La debilidad estatal de la medida de Yoon, presenta a la cautela como camino predilecto para las grandes potencias.

La planta de Acindar en Villa Constitución vuelve a parar por tercera vez en lo que va del año. Al igual que en marzo y abril, el motivo es la caída de las ventas que alcanzan a un 40%. La medida afecta a más de tres mil operarios. Se trata de una situación que mantiene en vilo a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local.

La noticia fue comunicada por el propio secretario general del gremio, Pablo González, quien admitió que la economía “sigue cayendo junto con el consumo” en toda la Argentina. En esta línea, señaló que la empresa intenta colocar mercadería en el exterior, en el mercado regional.

Desde diciembre la obra pública en el país se desaceleró. Este es uno de los nichos más importantes del negocio de la siderúrgica más importante del país. En este contexto, obliga a que la firma desacelere su producción, algo que también le sucede a la multinacional Arcelor Mittal, que tuvo que frenar en marzo.

Acindar es clave para localidad de Villa Constitución, por eso su intendente Jorge Berti, adelantó que hay incertidumbre en la zona porque “no hay señales de reactivación tanto en el consumo como en la construcción”.

Berti ya venía advirtiendo lo complicado de la situación cuando Acindar llevó a cabo su primer stop en marzo. Entendía en aquel momento algo que se terminó cumpliendo, y es que la firma iba a continuar con distintas parates dado que no hay reactivación en la economía.

La siderúrgica no solo abastece de materia a toda la obra pública del país, sino que también es proveedora de materiales para las obras particulares, algo que también se desplomó producto de la crisis.

El drama de Acindar impacta de lleno en unas 3.500 personas que trabajan de forma directa e indirecta en la empresa, pero si se suman todos los que trabajan en los talleres que brindan servicios a la fábrica entonces el número supera las cinco mil.

La incertidumbre sobre cómo continuará la situación se siente muy fuerte. Es que la compañía está produciendo una cuarta parte de lo que venía trabajando, con lo cual no descartan que este tipo de frenos se sostenga en el tiempo o, aún peor, se profundice.

En la planta trabajan alrededor de tres mil personas y otras mil en talleres metalúrgicos que producen para esta empresa. A esto se suman miles de transportistas, fleteros y comerciantes de Villa Constitución que se ven afectados indirectamente.

La firma tiene acería propia en Villa Constitución y posee otras tres plantas de terminados en Villa Mercedes, San Nicolás y Rosario. Proyectaba producir 1.100.000 toneladas de acero en 2024. Tiene capacidad para producir 1.700.000. La crisis hizo bajar las proyecciones a 720 mil.

Actualmente las ventas cayeron un 40% en los últimos meses. Acindar abastece el 60% del mercado de acero para la construcción. El parate productivo es el mayor en 20 años.

El 26,6% de la población nacional (12,2 millones) son niñas, niños y adolescentes; el 58,5% vive en hogares pobres y el 18,9 en la indigencia. Con estos datos, que describen un escenario complejo, arrancó su presentación Marisa Graham, Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, ante la comisión de Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados, que preside la radical Roxana Reyes (Santa Cruz). Fue su primera exposición en el Congreso nacional luego de la asunción del gobierno de Javier Milei.

Junto con el defensor adjunto Facundo Hernández, trazó una radiografía de la situación de ese amplio sector social, con foco en temas centrales como las asignaciones, la alimentación y la salud. Y ofreció cifras pero también interpretaciones de esas cifras que permiten reevaluar y recalibrar algunos anuncios oficiales.

Vamos por partes: "Hay 9.602.428 personas que reciben asignaciones", fue el dato que recuperó en la presentación y corroboró luego en diálogo con Sur24 cuando volvió a destacar como positiva la decisión de duplicar el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de las asignaciones familiares y de la Tarjeta Alimentar. Aunque, como se verá, es una novedad que ofrece matices.

"Si bien esos incrementos en diciembre fueron importantes porque aumentaron el poder adquisitivo de las prestaciones, tuvieron una caída por inflación de enero, febrero y marzo. Ahí volvió a levantar un poco, porque en marzo había una adecuación trimestral por movilidad, pero no alcanza los niveles de diciembre: siempre van a la baja, producto del aumento de los precios".

El cálculo es el siguiente: "Los niños de hasta los 2 años de edad, si reciben la AUH más la Tarjeta Alimentar más el Plan de los 1000 días que también aumenta en mayo (pasa a casi 20 mil pesos), cubren el 73,2 % de la Canasta Básica Total. Pero los de 3 a 5 años, cubren el 50 %, y entre los 6 y 14, el 37,7 %".

¿Por qué se hace un corte a los 14 años? Porque hasta esa edad las familias reciben la Tarjeta Alimentar, "mientras que para chicos de 15, 16 y 17, que no la reciben, lo que se cubre de la CBT en un 16,9 %".

Por otro lado, la Defensoría viene planteando desde su creación que no es el 100 % de la Tarjeta Alimentar lo que se cobra, sino el 80, "porque el resto se retiene y se entrega acumulado cuando el padre o la madre (en general son madres) presentan las condicionalidades de Educación y Salud". Entonces, por mes no se reciben los 52.554 pesos (que sería el monto con aumento más ajuste trimestral) sino 42.000. Y, además, ese 20 % acumulado de 12 meses tampoco se entrega actualizado "por lo que al día de hoy significaría 10.511 pesos".

En otras asignaciones como el salario familiar, en el tramo 1 de trabajadoras y trabajadores registrados, se cobran 26.277 pesos, poco más de la mitad de la AUH. "Eso desprestigia el sistema de seguridad social para niñas, niños y adolescentes que, vale aclarar, no es un programa ni un plan, sino que surge del art. 26 de la Convención de los Derechos del Niño".

En el caso de las becas Progresar, "un excelente plan que esperamos que no se discontinúe", tuvieron muy buenos resultados para chicos y chicas de 16 y 17 años". En este punto aclara que antes existía a partir de los 18 y "por una incidencia importante de la Defensoría, el ex ministro (Jaime) Perczyk tomó nuestra solicitud de bajar el piso porque en esas edades tenemos el mayor desgranamiento". De esta manera, "los chicos que están en el Progresar mejoran un poco su condición, pero quedan aquellos de 15 años que no reciben ni esta beca ni la Tarjeta Alimentar, y son los más desprotegidos: es en esa franja donde siempre ponemos una mirada más punitiva que de protección de sus derechos".

A todo esto se suma un problema acuciante: el de comedores comunitarios y merenderos en los que se interrumpió la entrega de alimentos secos. "Hicimos un relevamiento de 223 comedores para establecer los que dejaron de recibir alimentos secos a principios de año. Mandamos pedidos de informes y tuvimos reuniones; sí se mantuvo la entrega de transferencias en aquellos que reciben fondos a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pero no los que reciben alimentos secos en forma directa. Ese es un problema grave, porque muchos comedores o merenderos cerraron, pero colapsaron al que está a diez cuadras, una situación que observamos en forma directa y que trabajamos en conjunto con defensores provinciales, organizaciones sociales, curas villeros".

"La respuesta que tuvimos fue que hubo un cambio en la modalidad de prestación. Como Defensoría, no hacemos una crítica a la nueva modalidad, que no conocemos; pero pedimos que en esta y otras políticas, mientras se cambian las formas, no se interrumpa la prestación".

El tema derivó en distintas actuaciones, incluida una medida cautelar. Y hasta el viernes, cuando se hizo esta entrevista, el servicio no se había restituido.

Otro de los temas que preocupa a la Defensoría es el de seguridad alimentaria y el acceso económico a productos saludables, nutritivos y seguros. "Logramos que se cumpla con la Ley de Etiquetado Frontal. El tema que estamos trabajando con la Sociedad Argentina de Pediatría y el Ministerio de Salud (esperemos continuar con esta gestión) es el de los entornos escolares: en los kioscos y cantinas de establecimientos públicos y privados se venden bebidas azucaradas y alimentos que no cumplen con esos requisitos".

Pero las asignaciones y la alimentación de niños, niñas y adolescentes no son los únicos temas que preocupan a la Defensoría. En materia de salud, se tiene que el 35,6 % de toda la población utiliza el sistema público, pero en población infantil esa cifra aumenta al 44,9 %. "La preocupación es que, con mucha gente que migra de la salud privada, el sistema público se colapsa".

A esto se suma la baja en la tasa de vacunación que, en la población infantil, "está por debajo de los niveles óptimos históricos del país". Ese nivel óptimo es el que impide que regresen enfermedades endémicas y fueron erradicadas, como el sarampión.

Pero hay otro tema "gravísimo" y es la falta de pediatras, que "no es decisión de ninguno de los tres poderes del Estado, pero es un problema grave que se repite en todo el país". En este tema se trabaja en conjunto con la Sociedad Argentina de Pediatría y Educación: "La carrera con la especialidad es larguísima, entre 10 y 12 años, y el pediatra, como el médico clínico, está muy mal pago".

"Tenemos que incentivar a las y los estudiantes para que elijan esta especialidad y para eso la única opción es reducir las residencias en Pediatría porque es un tema que se va a ver con el tiempo y es complicado".

La discontinuidad del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia), plantea un desafío prioritario en la agenda de la Defensoría y de numerosos organismos que se pronunciaron al respecto en los últimos días. "Desde su creación en 2017 este programa logró que bajara la tasa de embarazo adolescente e infantil donde, claramente, hay víctimas de un abuso. De 2019 a 2022, esa tasa descendió en un 52 % en adolescentes y un 61 % en niñas".

En este punto, Graham advirtió que "un buen plan que funciona y presenta buenos resultados, tiene que continuar; mejorado, aggiornado, pero no tiene que ser desarticulado". Y va más allá: "Hay que despojarse de los prejuicios porque el Enia logró un cambio cultural, de manera que las chicas se cuidan más porque tienen más información, y los varones tomaron conciencia de que también se tienen que cuidar".

"Todos los programas que Nación interrumpe o en los que desvincula personal impactan en las provincias", aclara la defensora. Esto es así porque "no hay niño que nazca o viva en la Nación: todos están en una jurisdicción".

El dato es oportuno porque también hubo desvinculaciones en el plan de 1000 Días y cambios en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) que derivaron en interrupción de tratamientos, por ejemplo, oncológicos.

La recomendación general de Graham, para este y todos los temas de incumbencia de la Defensoría, es que "los intereses de niñas, niños y adolescentes tienen que estar en el centro de todas las políticas".

Por Gabriel Rossini

Un total de 60 empresas de toda la provincia se presentaron ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe pidiendo la aplicación del artículo 223 bis de la Ley 20744 de Contrato de Trabajo que les permite suspender a parte de su personal ante la falta de actividad como consecuencia de la crisis económica.

De acuerdo a la información proporcionada por el propio Ministerio de Trabajo, la mayoría de las empresas que iniciaron el trámite son del sur, mientras que solo tres corresponden al centro-norte de la provincia. Las actividades de las empresas que pidieron los acuerdos son: metalúrgicos, Uocra, vigilancia, vidrio, ceramistas, plástico, gastronómicos, alimentación, sanidad y químicos, entre otros.

De los 60 trámites iniciados, 30 vienen del año pasado y algunos de ellos están en proceso de renovación mientras que la mitad restante se iniciaron en 2024, según detalló el secretario de Trabajo, Julio Genesini.

El Artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo contempla la realización de acuerdos directos celebrados entre una empresa o cámara representante de empleadores y el sindicato con personería gremial representativo de los trabajadores, a fin de aplicar suspensiones a su personal abonando una suma no remunerativa en contraprestación.

Se considera prestación no remunerativa a las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que estén fundadas en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación, conforme normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo.

Respecto a las presentaciones de Acuerdos Preventivos de Crisis, que le permite a los dueños de las empresas encarar una reestructuración de las mismas, incluyendo el despido de personal, en la provincia solo se presentaron dos pero podría haber más ya que el procedimiento permite a las empresas iniciarlo directamente en el Ministerio de Trabajo de la Nación, hoy Secretaría, ya que afectan fondos nacionales, como los aportes a la Anses, ante la posibilidad de una reestructuración salarial.

"A pesar de que la situación productiva actual de las PyME industriales difiere sustancialmente de las PyME de Software y Servicios Informáticos (SSI), en el primer bimestre 2024 el nivel de la confianza empresarial para el próximo año aumentó un 20% en ambos sectores".

Así lo refiere la Fundación Observatorio Pyme en su último reporte del Índice de Confianza Empresarial PyME (ICEPyME), que elabora desde hace más de 20 años. El documento reconoce el "extraño fenómeno" entre la situación recesiva y las perspectivas empresarias.

"Las expectativas positivas sobre el país (uno de los subcomponentes del ICEPyME de FOP), arrancan desde muy abajo, pero entre octubre '23 y febrero '24 aumentaron un 57%, tanto entre las PyME industriales como entre las de SSI", señala el documento.

"También aumentaron en ambos sectores las expectativas en el subcomponente sobre el desempeño de la propia empresa que, aunque arrancando desde un nivel mucho más alto que el subcomponente País, crecieron desde octubre '23 un 12% entre las industriales y 16% entre las de SSI".

El indicador de confianza contrasta fuerte con la evidencia estadística de lo que sucede en los últimos meses. Cabe recordar que en febrero de 2024, el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró una caída de 9,9% respecto a igual mes de 2023 (-11,1% en el bimestre), medido por el Indec.

Y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa había advertido que la producción de la industria manufacturera pyme -si bien recortó el nivel de caída en febrero- retrocedió 9,9% en febrero, tras caer 27% y 30% en diciembre y enero, respectivamente.

El documento de la FOP advierte diferencias productivas entre Pymes convencionales e informáticas. "Las ventas reales (facturado deflactado por los precios de la propia empresa) de las PyME industriales en el cuarto trimestre de 2023 con relación al mismo período del año pasado cayeron un 12% y la ocupación disminuyó 3%, mientras que en el mismo periodo las ventas reales y ocupación de las PyME del SSI aumentaron (+15% y +4%, respectivamente).

"Asimismo, las expectativas de ventas y empleo para el primer trimestre resultaban negativas para las industriales y positivas para las del SSI".

La Fundación, que preside Paolo Roca y dirige el economista Vicente Donato, señala diferencias en la confianza industrial. En el sector del calzado y textil aumentó apenas 4%; trepó 35% entre los empresarios de maquinarias y 22% para quienes están al frente de firmas del sector químico.

La diferencia es consistente con los pronósticos de recuperación heterogénea de la economía que por estas horas padece recesión y provoca el debate sobre la posibilidad y la velocidad -o lentitud- de la recuperación.

Un contraste inédito

"Es la primera vez que, en la larga serie estadística de los indicadores de FOP, se verifica de manera tan drástica en el sector industrial el fenómeno de una caída del indicador de producción (mide la evolución de las variables de nivel de producción, empleo, cartera de pedidos, stock de materias primas e insumos y velocidad de entrega de los proveedores- y un simultáneo aumento del Índice de Confianza Empresarial.

"A modo de conclusión -dice el informe- cabe destacar que el aumento de la confianza de las PyME industriales no se traduce aún en un aumento del porcentaje de empresas que consideran que este es un buen momento para invertir en equipamiento.

"De hecho, frente al antes mencionado aumento del 20% de la confianza empresarial, la proporción de empresas manufactureras que consideran que es un buen momento para realizar inversiones se mantuvo constante (24% en octubre '23 y 23% en febrero '24), mientras que en entre los empresarios del SSI la consideración positiva del buen momento actual para invertir aumentó del 17% al 27% entre octubre '23 y febrero '24".

En marzo, el plan de licuación y la persistente recesión exacerbaron aún más la caída de los depósitos en pesos y los préstamos locales. Ambos experimentaron una disminución cercana al 40% en términos reales en comparación con el mismo período del año anterior.

Según los datos proporcionados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), los depósitos totales en pesos del sector privado aumentaron un 7,9% respecto al mes anterior. Sin embargo, ajustando este crecimiento a una estimación de inflación cercana al 12%, como sugieren diversas consultoras, se evidencia una caída mensual del 3,6% en términos reales.

Esta tendencia negativa se mantuvo durante ocho meses consecutivos, acumulando en los últimos doce meses un declive del 39% en términos reales. Esto se debe a la estrategia oficial de reducir la cantidad de pesos en circulación en preparación para una eventual apertura del control de cambios.

Con el objetivo de minimizar el pasivo remunerado del Banco Central, vinculado principalmente a los depósitos de los argentinos, especialmente los plazos fijos de individuos y empresas, se llevó a cabo un ciclo de reducción de tasas de interés, incluso alcanzando niveles negativos, con el fin de mitigar el poder adquisitivo del dinero en un contexto de inflación elevada.

A pesar de la continuación de esta tendencia a la baja, el mes pasado se observó un repunte en los depósitos a plazo, con un aumento del 18,3% respecto al mes anterior, lo que equivale a un incremento del 5,6% en términos reales. Este aumento podría atribuirse a una disminución menos pronunciada de la tasa efectiva mensual (TEM) en marzo, en comparación con meses anteriores, cuando la inflación aún superaba el 20%.

Sin embargo, esta recuperación no logra compensar las pérdidas acumuladas, con un desplome del 58,5% en términos reales en la medición interanual. A pesar de cierta mejora en los depósitos a plazo, el stock total, medido en términos reales, disminuyó en un 43% desde noviembre, alcanzando niveles observados hace más de dos décadas, mientras que el plazo promedio continúa reduciéndose, llegando apenas a 53 días.

Por otro lado, la caída mensual se explica en gran parte por el retroceso significativo del 9,2% en los depósitos en cuentas corrientes, que muestran una disminución del 29,3% en los últimos doce meses. Se espera que esta tendencia continúe, con los fondos money market, los plazos fijos a corto plazo y el dólar como los destinos más probables.

En contraste, los depósitos privados en dólares aumentaron un 2,9% en marzo, alcanzando un total de u$s16.903 millones, marcando el quinto repunte consecutivo.

Los préstamos en pesos cayeron por quinto mes consecutivo, afectando todas las categorías. En comparación con febrero, la disminución fue del 5,9% ajustado por inflación, y en términos interanuales, alcanzó el 37,5%.

En lo que respecta a las empresas, tanto para el descuento de documentos como para los adelantos, la reducción fue del 4,1% mensual en términos reales. Estos préstamos acumulan una disminución del 31,5% en comparación con el año anterior.

Sin embargo, la caída fue aún más pronunciada en el financiamiento al consumo, con una disminución del 6,4% ajustado por inflación. Esto ocurre en un contexto de significativa erosión del poder adquisitivo de los ingresos, y la caída interanual se aceleró hasta el 39,3%. Durante marzo, las transacciones con tarjetas de crédito disminuyeron un 7,7% en términos reales, mientras que los préstamos personales descendieron un 3,1%.

Asimismo, se registraron fuertes retrocesos en los créditos hipotecarios (11,1% mensual en términos reales) y los prendarios (4,9%). En conjunto, los préstamos respaldados con garantía real se desplomaron un 53,2% interanual.

Los saldos a favor de ingresos brutos que las provincias le deben a las empresas alcanzan montos actuales equivalentes a los $54.000 millones, mientras que el 57% de los mismos son en jurisdicciones donde las empresas no tienen establecimientos.

Los datos fueron presentados en el seminario de Tributación Provincial que realizó la Unión Industrial Argentina (UIA) y surgen de una encuesta sobre presión tributaria realizada a más de 100 empresas industriales. Del informe se desprende que las alícuotas efectivas de ingresos brutos se acercan al 4% en todo el país, cuando debería ser de un máximo de 1,5%.

Las empresas encuestadas indicaron que más del 10% considera irrecuperables los saldos a favor de IIBB mientras que el 40% estima que la devolución de los saldos demora hasta un año. Por otro lado, el 77% de los encuestados aseguró que solicitaron la devolución o reintegro de los saldos a favor y no lograron conseguirlo.

Durante la apertura, el director ejecutivo de la UIA, Diego Coatz, indicó que "los temas tributarios e impositivos son clave para la industria porque determinan las posibilidades de cada sector en su competencia. Una excesiva presión puede dejarte fuera de los mercados externos y con dificultades en los mercados internos".

Coatz aseguró que "la UIA tiene dos agendas: la de aliviar la presión impositiva y la de promover la simplificación tributaria, donde proponemos varias acciones que redundan en bajar 1% la carga fiscal nacional y subnacional a partir de la mejora de los procesos y la burocracia, mejorando la ecuación para las empresas sin impacto fiscal".

Por su parte, Carlos Abeledo, presidente del departamento de Política Tributaria de la UIA, señaló que "hace unos años no teníamos los temas de tasas e impuestos municipales y provinciales al tope de las preocupaciones de las industrias, pero hoy se han convertido en un problema enorme".

En el evento, el titular de la comisión arbitral, Luis María Capellano, anunció el fortalecimiento del sistema de gestión consolidada de ingresos brutos lo que permitirá establecer algunas de las mejoras que desde la UIA se han promovido: calendario único de vencimiento, padrón único entre las jurisdicciones para evitar la superposición de los regímenes de recaudación y percepción, publicación de coeficientes unificados e incorporación de nuevos métodos de pago.

Durante el cierre del encuentro, el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, alertó que "los saldos a favor absorben capital de trabajo, incrementan los costos financieros y se transforman en un obstáculo para que el sector productivo despliegue todo su potencial".

Funes de Rioja concluyó que "Argentina necesita diseñar un sistema tributario que compatibilice los esfuerzos contributivos del sector industrial con la simplificación administrativa, la previsibilidad y la transparencia". En el encuentro participaron autoridades tributarias de todo el país como Cristian Girard (ARBA), Walter D'Angela (AGIP), Daniela Bosco (API Santa Fe), Sebastián Perlati (DGR Córdoba), Alejandro Donati (ATM Mendoza) y Fabian Boleas (DGR Corrientes).

Además, el evento contó con la exposición de Luis María Capellano, presidente de la Comisión Arbitral y Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza.

La morosidad en el pago de las expensas viene aumentando con fuerza en Rosario, según advierten con preocupación desde el Consejo Asesor de la Vivienda local.

Es que con la desregulación de los contratos de alquiler, sumado a los aumentos de servicios e impuestos, quienes tienen que alquilar “no están llegando”, señaló a El Litoral el referente de la entidad, Ariel D’Orazio.

“Esto provocó que la oferta de alquileres en la ciudad crezca, pero las personas no logran pagar los alquileres, lo que tira la demanda hacia abajo, sumado a las complicaciones para afrontar los costos corrientes”.

En este sentido, “venimos detectando que en el último trimestre el aumento de la morosidad en el pago de las expensas, por ejemplo, aumentó un 30%, aunque estimamos que hay mucho más y que podría incrementarse próximamente ese número en un 40, 50%; Estábamos en un 18% el año pasado. Se incrementó un 50% a esta fecha”.

D´Orazio contó que detectan morosidad “tanto para pagar alquileres como expensas”. Además de los aumentos de luz y agua en nuestra provincia, las expensas también incrementaron notablemente.

“Vemos que hay una morosidad que venía en el alza en el pago de expensas. Estamos en un pico máximo en los últimos años. Se va generando una bola de nieve. Hoy tenemos muchas mediaciones para resolver situaciones de morosidad con intereses muy difíciles de abordar porque vienen muy golpeados".

A partir del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el nuevo presidente de la Nación en diciembre pasado -apenas asumió-, quedaron sin efecto las leyes 27.551 y la 27.7370, que regían los contratos de alquileres, y a partir de ese momento se firman contratos en los que priman los acuerdos entre partes.

Haciendo un rápido recorrido por el microcentro de la ciudad, se puede vislumbrar que los negocios están vacíos exponiendo el desplome de la demanda en el ámbito comercial local.

“Cuando alguien vuelca una propiedad al mercado locativo, quizás pueda estar un mes sin habitarse. Eso era algo que no estaba sucediendo en los últimos tiempos porque la demanda superaba la oferta en materia habitacional”, añadió D’Orazio.

“Esta supuesta autoregulación del mercado, que nos ofrecen como una panacea, claramente está fracasando y se lleva puesto a ciento de miles de argentinos producto de la especulación del mercado y de la deshumanización que plantea el gobierno al retirar las leyes y dejar a inquilinos e inquilinas mano a mano frente a inmobiliarias o propietarios”.

“Aunque se plantea que ha crecido la oferta de propiedades en alquiler, comparada con diciembre del año pasado, en otro contexto, la demanda ha caído mucho, producto de un desfasaje económico cuando la expectativa de rentabilidad del mercado supera ampliamente las posibilidades de las económicas de quienes alquilan", concluyó.

Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) aseguran que la oferta de inmuebles en alquiler comenzó a crecer. Mientras que el 17 de octubre de 2023 en la ciudad la oferta disponible de departamentos en alquiler era de 500 propiedades y el 19 de octubre de 481, en el nuevo año -el 3 de enero de 2024- la cifra ascendió a 554 y el 9 de enero a 703 unidades, según datos del portal Propia que agrupa a la oferta de los profesionales matriculados en el colegio y es el resultado de un trabajo que lleva adelante el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Explican que la reactivación tiene que ver con que en la región arriba del 80% de los propietarios tiene entre 1 y 2 propiedades y esto quiere decir que un inmueble desocupado no se puede “aguantar” más de uno o dos meses sin alquilar.

La tendencia del mercado muestras número en crecimiento, pero el panorama todavía es incierto y el final está abierto. Agrupaciones que representa los inquilinos se manifestaron en contra del DNU y realizaron presentaciones para dejar sin efecto el decreto.

En la cultura popular, la "crisis de la mediana edad" se ha convertido en un tema recurrente en películas, libros y conversaciones cotidianas. Se la describe como un período de cuestionamiento, insatisfacción y búsqueda de significado que afecta a muchas personas cuando llegan a la mitad de sus vidas. Sin embargo, la pregunta que surge es si esta crisis es una experiencia universal o si está sobrevalorada.

Para algunos expertos, la crisis de la mediana edad es un concepto real que puede afectar a individuos de diversas maneras. Psicólogos y sociólogos señalan que esta etapa de la vida suele estar marcada por una serie de cambios significativos, como la confrontación con la mortalidad, la evaluación de logros personales y profesionales, y la reevaluación de las relaciones interpersonales. Estos factores pueden generar un profundo sentido de inquietud y malestar en algunas personas, lo que lleva a la búsqueda de cambios drásticos en sus vidas.

Sin embargo, otros argumentan que la "crisis de la mediana edad" es un concepto exagerado y que no todas las personas la experimentan de la misma manera, o incluso en absoluto. Algunos estudios sugieren que las actitudes hacia el envejecimiento y la satisfacción con la vida pueden influir en la percepción de esta supuesta crisis. Aquellos que tienen una visión positiva del envejecimiento y están satisfechos con sus vidas tienden a enfrentar esta etapa con menos ansiedad y malestar.

En Argentina, donde la cultura del "vivir el momento" y la importancia de la familia suelen ser prominentes, la crisis de la mediana edad puede manifestarse de manera diferente en comparación con otras culturas. Las expectativas sociales y culturales pueden influir en cómo las personas enfrentan esta etapa de la vida. Por ejemplo, aquellos que sienten la presión de alcanzar ciertos hitos sociales, como el éxito profesional o la estabilidad financiera, pueden experimentar una mayor sensación de crisis.

Es importante destacar que, independientemente de si la crisis de la mediana edad es un fenómeno real o no, es fundamental abordar las preocupaciones y desafíos que surgen en esta etapa de la vida. Buscar apoyo emocional, establecer metas realistas y encontrar actividades que brinden satisfacción personal pueden ayudar a enfrentar estos momentos de incertidumbre.

En conclusión, la crisis de la mediana edad sigue siendo un tema de debate en la sociedad argentina y en todo el mundo. Si bien algunos pueden encontrarse en medio de una lucha interna en este punto de sus vidas, otros pueden pasar por esta etapa con relativa calma y aceptación. Lo importante es reconocer que cada individuo es único y que no existe una única forma de experimentar esta fase de la vida.