Con el cierre del año 2025, la provincia de Santa Fe registró un total de 204 homicidios, de acuerdo a información preliminar elaborada en base a los registros policiales del Departamento de Informaciones D2 de la Jefatura de Policía provincial. De esta manera, 2024 y 2025 se consolidaron como los dos años menos violentos del siglo, ratificando el quiebre de la tendencia ascendente de la violencia letal observada en años anteriores. Estos datos serán ratificados en los próximos días con el informe definitivo del Observatorio de Seguridad Pública que integran el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio de Justicia y Seguridad.La disminución resulta especialmente significativa al compararse con los valores de 2022 (406 homicidios) y 2023 (399), con descensos del 49,75 % y 48,8 7% respectivamente. Esta evolución positiva se ve acompañada, además, por una reducción sostenida de los heridos por arma de fuego, lo que evidencia una caída estructural de la violencia letal y el impacto concreto de las políticas públicas implementadas en materia de seguridad.En ese marco, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, Esteban Santantino, señaló que “los hechos violentos de mayor caída en los dos años, tanto en 2024 como en 2025, son aquellos relacionados con la criminalidad organizada y las economías ilegales, y los vinculados al uso de armas de fuego”. Además, el funcionario destacó que “los conflictos personales explican una mayor proporción del total de homicidios, llegando a ser más de la mitad en el departamento La Capital y casi un 25 % en el departamento Rosario, indicadores muy lejanos a lo que teníamos anteriormente”.

Por su parte, la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes, afirmó que “los resultados son producto de políticas planificadas en base a información, una fuerte y eficiente inversión del gobierno provincial en seguridad, conocimiento del territorio y consolidación del 911 como corazón del sistema de seguridad”.

En esa línea, Coudannes subrayó que “hay un gran avance en materia de recursos para que la Policía esté en la calle cuidando a los vecinos, y una mayor proactividad policial que se observa en la cantidad de identificaciones, secuestro de armas y traslados para averiguación de antecedentes”.

Respecto al perfil de las víctimas, durante 2025 el grupo etario de 30 a 39 años concentró el 29,4 % de los homicidios. Asimismo, 9 de cada 10 víctimas fueron varones, y el 69,6 % de los hechos se cometió con armas de fuego, constituyendo el segundo valor más bajo desde 2014.En cuanto al contexto de los homicidios, a nivel provincial el 42,6 % estuvo vinculado a economías ilegales y organizaciones criminales, mientras que el 36,3% se produjo en el marco de conflictos interpersonales. En Rosario, estos porcentajes fueron del 60,5 % y 23,7 % respectivamente, y en el departamento La Capital se destaca que los conflictos interpersonales representaron el 48,9% de los casos.Finalmente, se resalta que durante 2025 no se registraron homicidios en los departamentos Caseros, General López, Iriondo, 9 de Julio y San Javier. Asimismo, el departamento Constitución presentó una disminución del 66,7 %, San Lorenzo del 23,1 % y Vera del 50 %. En relación a otros centros urbanos relevantes, Casilda, Villa Constitución, Rufino, Venado Tuerto y Avellaneda no registraron homicidios durante el año, consolidando una mejora sostenida y territorialmente extendida de los indicadores de violencia letal.

(Por Luis Rodrigo) – Con 18 artículos y unos considerandos que hablan de la “alarmante situación de hechos delictivos que se vienen produciendo, particularmente en las ciudades de Rosario y Santa Fe”, un proyecto de ley del senador Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos) plantea la declaración de emergencia en esa materia. También lo hace sobre el Servicio Penitenciario, aunque sobre esa cuestión la Cámara alta ya ha aprobado otra iniciativa con media sanción.

“El primer paso para paliar la situación de manera rápida, mientras se continúa avanzando en políticas profundas de combate a la criminalidad organizada, es reconocer y hablar del tema, tomando cartas en el asunto sin distinciones de filiaciones, tal como lo sostiene el gobernador Omar Perotti”, define el texto del legislador del oficialismo.

En su primer artículo se declara el estado de emergencia en seguridad hasta el 31 de diciembre de 2022. Y se declara que su objeto es “reestructurar y modernizar las bases orgánicas y funcionales del sistema policial provincial, a los efectos de disponer de los servicios policiales como instrumentos fundamentales para el control y conjuración de las violencias y las problemáticas criminales”.

El articulado contempla la posibilidad de una prórroga de la norma por el Poder Ejecutivo por 180 días y también “a dar por concluida la presente declaración si estima que se encuentran superadas las circunstancias y hechos que fundan la presente declaración”.

En los fundamentos, se afirma que “los recursos disponibles y los mecanismos vigentes para períodos de normalidad no pueden dar acabada respuesta a una situación que, holgadamente, excede a ésta y se presenta como una serie de acontecimientos extraordinarios que necesitan respuestas del mismo tenor”. Y se sostiene que “es prioritaria la realización de acciones y la toma de medidas de carácter urgente tendientes a lograr la reducción, en lo inmediato y dentro del respeto a las garantías vigentes, de los factores de delito y la violencia interpersonal, vinculada o no a hechos delictivos”.

La iniciativa se encuentra en las comisiones del Senado y tiene fijada una preferencia para la próxima sesión (además, si así lo considera necesario, la Casa Gris puede pedir su tratamiento en eventuales sesiones extraordinarias).

Uno de los artículos detalla las “acciones sobre aspectos funcionales, orgánicos, operacionales y de personal” de la fuerza policial, que incluye: a) modificar la estructura orgánica y funcional de la Policía “creando, transformando, extinguiendo o suprimiendo total o parcialmente funciones y dependencias”; b) “reajustar y racionalizar” los recursos humanos con cambios de funciones, dependencias y destinos “a todo el personal”; c) asignaciones no remunerativas al personal policial que desempeñe funciones críticas; d) afectar en forma transitoria o definitiva personal de otras reparticiones de la administración pública centralizada o descentralizada, con su anuencia, para tareas de apoyo administrativo en el Ministerio de Seguridad o unidades o dependencias policiales y priorizar el destino de los policías a tareas específicas; e) optimizar los recursos materiales y los servicios que presta la Policía; y f) “adquirir recursos materiales”.

El cuarto artículo crea el “Programa de Emergencia en Seguridad”, destinado a erogaciones en los rubros construcciones, maquinaria y equipo, y equipo de seguridad que se financiarán con un aporte del Tesoro por hasta 3 mil millones; el 15 % del Fondo de Equipamiento Policial creado por reglamentación del Servicio de Policía Adicional; el 50 % de los recursos percibidos por la Agencia Provincial de Seguridad Vial; aportes provenientes de programas del Estado Nacional u organismos internacionales.

Las compras a efectuar serán comprendidas por “el articulo 116 inciso c) apartado 2 de la Ley N° 12510 y el artículo 20 inciso c) de la Ley N° 5188”; debiendo darse “estricto cumplimiento en cada caso a las disposiciones pertinentes de los Decretos 1104/16 y 822/61”.

El texto establece límites para las licitaciones y resguarda el “análisis de legalidad a cargo del Tribunal de Cuentas” que “deberá efectuarse en el plazo máximo de cinco días de comunicados con sus antecedentes”.

“Las rendiciones de cuentas, con la documentación respaldatoria de las inversiones realizadas por cada uno de los órganos policiales a los que el Ministerio de Seguridad asigne fondos especiales se remitirán a la comisión bicameral que por la presente ley se crea”.

La ley 13.977 que declaró el “estado de necesidad pública en materia social, alimentaria y sanitaria, de las contrataciones públicas, financiera y de seguridad”, en la provincia de Santa Fe hasta el 31 de diciembre de 2021 fue prorrogada hasta el 30 de Junio de 2021 y luego por otros 90 días desde que comenzó julio.