El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, junto a funcionarios de esa área, dio a conocer este jueves los indicadores en materia de circulación de violencia en la provincia durante el mes de enero. Fue mediante una conferencia ante los medios de comunicación en la sala principal de La Torre, en sede de Gobierno de Rosario.

“Estamos cerrando un enero que mantuvo indicadores a la baja en materia de circulación de violencia”, afirmó Cococcioni al inicio de dicha conferencia, al tiempo que remarcó: “Conocer las estadísticas nos permite redoblar esfuerzos, mantener los niveles de policiamiento y de investigación criminal, para consolidar un ciclo de disminución de la violencia en toda la provincia y particularmente en Rosario”.

En lo que respecta a los números puntualmente, el ministro señaló que “hoy tenemos un piso de 11 homicidios dolosos en toda la provincia en lo que va de enero”, comparado con el mismo mes del año 2025 (hubo 38 homicidios), “es la cifra más baja desde que se tienen los registros de la criminalidad”, y sumó que esto significa “casi la mitad del segundo año más bajo que había sido 2019”.

En ese sentido, Cococcioni reconoció “son resultados alentadores que esperamos sostener en febrero y en los meses venideros”.

Puntualmente sobre los números en el departamento Rosario, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, destacó que “son 7 homicidios dolosos” registrados en lo que va de enero de 2026 –habían sido 21 en enero 2025– y subrayó que “si comparamos este enero con los mismos meses de los dos años más violentos que tuvo el departamento -2022 y 2023– a esta altura contábamos con 24 y 25 homicidios, respectivamente”. Ante esto señaló que “es un cuarto de la circulación de violencia que habíamos tenido en el departamento y puntualmente en la ciudad de Rosario”.

En lo que respecta a las cifras registradas en lo que va del mes de enero en el departamento La Capital, se registraron 2 homicidios, mientras que en 2025 habían sido 5 hechos.

En el resto de la provincia se registraron dos homicidios: un femicidio en la ciudad de Reconquista (departamento General Obligado) que tuvo lugar el 12 de enero pasado; y el homicidio de Carlos Darío Cejas, cometido el viernes 16 de este mes en Tostado (departamento 9 de Julio).

Cabe señalar que hasta el momento no se registraron homicidios en 15 de los 19 departamentos de la provincia.

"El programa de Estaciones Policiales es una transformación fundamental en la manera de hacer policiamiento preventivo en la provincia" repite el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, ante esta decisión del gobierno santafesino de hacer docencia sobre el programa ante entidades productivas, vecinales y la dirigencia política. En esta ocasión, el ministro con gran parte de su equipo estuvo en el Centro Comercial de Santa Fe para exponer la iniciativa que apunta a completar el proceso de reestructuración del policiamiento preventivo en las principales áreas metropolitanas y dar las herramientas para garantizar 24 horas patrullaje adecuado y una rápida respuesta al llamado a la emergencia ciudadana.

El gobierno provincial anunció oportunamente que Santa Fe tendrá tres estaciones y Rosario, seis. La primera de esta capital se licitará en marzo venidero, pero la cartera de Justicia y Seguridad quiere que la población esté informada sobre lo que significará este cambio que se aplicará en los grandes aglomerados. "Es un plan muy transformador y es importante que socialmente se comprenda, así como lo fue en su momento y lo sigue siendo un desafío el sistema 911 porque el ciudadano estaba acostumbrado a llamar al 101, a la comisaría y fue cambiar la cabeza" comenta Cococcioni a El Litoral minutos antes de la reunión con comerciantes y concejales santafesinos. "Con Estaciones Policiales pasa algo parecido, viene a desplazar al sistema de despliegue estático policial que rige desde hace más de un siglo. Es importante para nosotros trabajarlo en la asimilación cultural del nuevo modelo, como pasó incluso con el nuevo sistema procesal penal que hubo que explicar que no había más expedientes, no había más juez de instrucción, etc. Para nosotros, centros comerciales, entidades, instituciones, gobiernos locales, concejales, vecinales, son un vehículo para que la sociedad vaya adaptándose y comprendiendo. Es un momento difícil porque no están los objetos, dentro de dos años y pico vamos a ver las estaciones policiales y será otra cosa", acota el ministro. "Antes de ejecutar, estamos explicando el plan y hay que pedir a los interlocutores que se imaginen algo que todavía no existe. Es muy importante trabajar esto con todos los actores sociales que son, en definitiva, los que nos ayudarán a afianzar el sistema".

Cococcioni resalta que se aplicará en "Santa Fe y Rosario porque son los lugares que tienen las condiciones demográficas, de circulación de criminalidad, de conformación urbana que se requiere para un modelo como este. No es un modelo que funcione para cualquier localidad o para el ámbito rural o semirrural. El modelo funciona donde hay edificios, gran concentración de población en poco territorio. Se necesita concentrar puntos de despliegue de la operatividad policial sabiendo que esa operación policial va a tener que abarcar un cúmulo de demanda ciudadana muy grande". Acota que pensando en voz alta la segunda etapa habrá que aplicarlo en Santo Tomé, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto, aunque eso será para más adelante.

La primera obra que se licitará a fin de año y será la estación policial en el Distrito Centro de la Ciudad de Rosario, en Pellegrini y Suipacha. En marzo del año que viene, en Parque Garay, cercano al centro de la ciudad de Santa Fe. Después Distrito Norte de Rosario; luego el centro de la ciudad de Santa Fe; Noroeste de Rosario, Norte de la Ciudad de Santa Fe, y, por último, Distrito Oeste de la Rosario.

Es un plan de cuatro años, donde cada tres meses se va a estar licitando cada una de estas obras con un esquema arquitectónico similar porque el uso, el programa que es similar para todas las obras, se explicó ante ediles y comerciantes santafesinos.

El ministro Cococcioni y parte del equipo de Seguridad se reunieron con el intendente de Recreo, Omar Colombo, y concejales de esa ciudad ante las protestas de algunos vecinos tras la licitación realizada por el gobierno santafesina para ampliar la Unidad Penitenciaria número 9 que apunta a construir dos minipenales para hombres con 168 celdas cada uno y un minipenal para mujeres de 139 celdas, alojando en total 880 reclusos.

"Hemos recibido al intendente y a los concejales de Recreo para explicarles lo que es el proyecto y lo que se está haciendo que, de hecho, toma un proyecto de la gestión anterior que no tuvo capacidad para realizarlo", explicó el ministro a El Litoral. "El proyecto data de 2020 y con algunas mejoras y previsiones adicionales para que funcione se ha tomado ahora con la unidad ejecutora que conduce Diego Leone", añadió. "Nuestra función como ministerio es tener una política pública que erradique el problema del hacinamiento de detenidos en dependencias policiales, que pasen al sistema penitenciario y tengamos un régimen de privación de libertad serio, ordenado y que distinga los distintos niveles de progresividad y de peligrosidad de cada población reclusa. En el caso de Recreo estamos hablando de un sector para reclusos de mediana a baja peligrosidad, pero ya no hacemos esos penales abiertos como se hacían antes porque algunos reclusos de baja peligrosidad han demostrado no acatar las normas de alojamiento. El establecimiento va a estar dedicado a presos, oriundos de Santa Fe y alrededores con un perfil criminológico de bajo riesgo, leve y los otros irán a Coronda u otras unidades. Se ha explicado esto y el conjunto de obras de infraestructura que acompañarán esa construcción", señaló.

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados se reunió para analizar la denuncia presentada oportunamente por el diputado Fabián Palo Oliver contra los dos camaristas que integraron el Tribunal Electoral en los comicios del año pasado y que habilitaron el voto de menores de 16 y 17 años. Se trata de los casos de Armando Drago -ahora ya retirado del Poder Judicial- y Alfredo Ivaldi Artacho. El tribunal integrado por la Corte, dos legisladores -José Corral y Felipe Michlig- más dos abogados, ayer aceptó la excusación de integrar ese cuerpo de Daniel Erbetta y Jorge Barraguirre. Ambos formaron parte del Tribunal Electoral el año pasado.

Ahora corresponde a la Corte sortear entre los camaristas un reemplazante para Erbetta mientras que Miguel Molinari ocupará el lugar de procurador del jury.

"Es una medida de fuerza, la respetamos, estamos en un proceso de diálogo. Hemos recibido a los representantes gremiales", señaló Cococcioni ante el paro de judiciales de este jueves. Recordó que "este gobierno se tomó la responsabilidad de analizar el gasto y la asignación de recursos en función de las necesidades. Lamentablemente tenemos que partir de una realidad y es que contábamos con muy poca información empírica, confiable sobre el funcionamiento judicial. Lo digo sin perjuicio del derecho de los empleados del Poder Judicial que no tienen que ver con el asunto. Como gobierno, es lógico analizar cómo gasta sus recursos, si se da o no la ampliación presupuestaria porque el Poder Judicial consumió en pocos meses el presupuesto de todo el año. Hay decisiones sobre cómo se administran los recursos que no son solo para los ministerios del Poder Ejecutivo, es un momento complicado en todo el país y todos debemos hacer un esfuerzo", dijo el ministro.

Erika Ávalos, tenía 25 años, fue asesinada por sicariato de diecisiete balazos en Firmat, al sur de Santa Fe. Desde cárcel Federal de Rawson, provincia de Chubut, se ordenó su asesinato. Erika fue la primera víctima de narco femicidio en Santa Fe en 2023. Por estos días, en un nuevo aniversario del primer “Ni una Menos” (3 de junio de 2015), que fue el grito de toda una sociedad contra los femicidios a partir del asesinato de Chiara Paez en la ciudad de Rufino, la provincia de Santa Fe vuelve a encender una alarma para el país: los femicidios en contexto de criminalidad organizada.

El femicidio como máxima expresión de violencia de género en nuestro país se ve atravesado por una dimensión novedosa que lo complejiza y que está atada a una realidad que preocupa a la provincia de Santa Fe: la delincuencia y criminalidad organizada.

Según los informes de femicidios, travesticidios y transfemicidios del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe (MPA), si bien en 2021 la cantidad de femicidios totales bajó en la provincia, el porcentaje de femicidios en contexto de criminalidad organizada aumenta. Para el año 2020 hubo 26 víctimas, 2 (7,7%) tuvieron ocurrencia en este contexto, mientras que para el 2021, de 19 casos, 5 (26,6%) responden a esta dinámica. Al momento no están publicados informes oficiales provinciales los datos 2022, sin embargo según el reciente informe de la CSJN de datos de 2022, fueron 32 femicidios en la provincia, siendo la segunda jurisdicción con la tasa más alta de femicidios del país.

Los femicidios en contexto de crimen organizado, no son un fenómeno nuevo a nivel internacional. En México, en Ciudad Juárez, se comenzó a escuchar la palabra feminicidio en boca de cientos de familias reclamando por sus madres, hijas y hermanas desaparecidas y asesinadas de manera casi sistemática. Ciudad Juárez ha sido un lugar donde proliferó el narcotráfico y el contrabando de todo tipo, y donde se sucedieron olas de femicidios entre las décadas del 90 y 2000, sobre todo de mujeres pobres que migraron a dicha ciudad en busca de mejores posibilidades de vida.

La incidencia delictiva en esta localidad mexicana, relacionada con homicidios dolosos de mujeres, aumentó drásticamente. Las cifras oscilaron entre 350 y 500 solo hasta el año 2005. Las diferencias con la realidad de la provincia de Santa Fe parecen ínfimas. Podría bien tratarse de un relato actual de las situaciones que a diario vemos vinculadas al narcotráfico.

Cabe destacar que la forma en que operan estos contextos también va de la mano con la reproducción de estereotipos de género en la organización criminal. En términos de Julia Monárrez Fragoso, profesora-investigadora de la Dirección Regional de Ciudad Juárez, las mafias no son paritarias sino que son instituciones masculinas en las que el aniquilamiento por lo general se da contra los hombres menos poderosos; en consecuencia, también se elimina a las mujeres por ocupar una posición inferior en estas organizaciones.

Quien por primera vez acuña el término en el país fue la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), organismo responsable de adaptar el Modelo de Protocolo Latinoamericano para la investigación de muertes violentas de mujeres (femicidios/ feminicidios) de la Organización de las Naciones Unidas a la realidad argentina.

En este documento se describen los diferentes contextos en los cuales se puede encuadrar la muerte violenta de mujeres por razones de género. Así, la UFEM describe a los femicidios en contexto de criminalidad organizada como hechos que “ocurren en el marco de organizaciones criminales o de bandas organizadas de menor envergadura dedicadas a acciones ilícitas (como puede ser el caso de la narcocriminalidad/narcomenudeo, la trata de personas, o los tráficos variados)” (32; 2018). En el mismo sentido, en el 2017 en Argentina se instruyó una guía de actuacion policial para la investigación de muertes violentas de mujeres donde incorpora este escenario femicida (Res 1278/2017, MSN).

Es importante subrayar que la vulnerabilidad socioeconómica incide en este tipo de situaciones. Los factores económicos y culturales determinan el involucramiento de las mujeres en el tráfico de drogas Las mujeres de clase baja participan del comercio ilegal de drogas generalmente por necesidad económica, y como resultado, están más dispuestas a asumir roles minoritatios o subalternos dentro de las cadenas de tráfico y transporte de estupefacientes

En un contexto de criminalidad organizada las mujeres se convierten en muchos casos en moneda de cambio, pueden usarse sus cuerpos para vender o trasladar droga, o incluso para cumplir deseos sexuales de los hombres con poder dentro de la organización. Una vez más, las mujeres son las que quedan más expuestas ante este tipo de situaciones. El aumento de los femicidios en contextos de criminalidad organizada en la provincia debe imponerse como una señal de alarma y no como una simple casualidad.

La vinculación con el narcotráfico es directa y debe ser atendida con urgencia a través de políticas intersectoriales que por un lado, ataquen al problema en su integralidad y que por otro, analicen exhaustivamente el cruce entre los femicidios y estas dinámicas delictuales para comprendan el lugar de las mujeres en estas redes y las dinámicas socioeconómicas que acompañan su vinculación con las economías ilegales. La violencia de género más ostensible es aquella que ocurre ante nuestros propios ojos pero que muchas veces nos negamos a ver.

(*) Carolina Barone, Magíster en Políticas Públicas Universidad Austral. Licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales, Directora General de la Mujer del GCBA. Especialista en políticas de género.

El ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, volvió a defender su accionar al asegurar que estaba encuadrado en la legalidad y en la política de persecución criminal dispuesta por el gobernador de la provincia y que, en ese sentido, Omar Perotti “siempre estuvo al tanto de todo”, certificó.

En tanto, consultado por El Litoral, el abogado de Sain, Hernán Martínez, cuestionó lo que consideró “la falta de rigor” de la imputación y adelantó que va a recurrir la acusación por espionaje.

Y en un tramo de su extensa alocución advirtió que no iba a “aportar audios privados con el gobernador, de eso se encargan ustedes y la prensa aliada”, pero recordó que, en la Asamblea Legislativa del 11 de diciembre de 2019, Perotti dejó en claro que “debía haber una clara línea que divida a las instituciones estatales y la legalidad de un lado, y el mundo delictivo por el otro”, y mencionó específicamente la criminalidad vinculada al narcotráfico.

En ese sentido, remarcó que “recibimos directivas expresas”, y que todo lo actuado, además de estar encuadrado en la ley, formaba parte de una “estrategia política de control de la criminalidad, que es la primera vez que hubo en Santa Fe”. Y para lo cual, en la medida en que era necesario establecer e indagar presuntos vínculos, era preciso “producir algo básico, que es el análisis de información” que, según resaltó, en su mayor parte “se elaboró sobre la base de datos de acceso público”.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio por Santa Fe, Federico Angelini, saludó el envío de efectivos federales a Santa Fe, anunciado por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, junto al gobernador, Omar Perotti, pero pidió que los mismos “lleguen exclusivamente para combatir la criminalidad y frenar el avance del narcotráfico”.

“Ante esta problemática que se ha agudizado en nuestra provincia, el envío de más fuerzas federales es bienvenido, siempre y cuando no las manden a hacer controles de tránsito, como están realizando hoy”, afirmó Angelini. “Por eso, siempre dijimos que poco importa el debate sobre cuántos efectivos debe enviar Nación, sino que lo relevante es que no sean anuncios para las cámaras de televisión y que realmente los agentes vengan a Santa Fe con la misión de bajar los índices delictivos”, subrayó el actual vicepresidente del PRO.

Por otra parte, Angelini lamentó que tanto el gobierno nacional como el provincial “hayan perdido 21 meses en empezar a coordinar los trabajos vinculados a la seguridad, cuando durante este año y medio, aún durante la eterna cuarentena, vimos cómo escalaban las balaceras, los hurtos y los homicidios, muchos de ellos, además, impulsados por líderes narcos desde las cárceles”.

Para el diputado nacional, el gobierno de Santa Fe “nunca tuvo como prioridad la lucha contra las mafias, a quienes, a partir de la falta de acción, les permitieron ganar territorialidad y expandirse en varias ciudades de la provincia, sin ni siquiera escuchar a varios miembros de la oposición, que nos pusimos una y otra vez a disposición para colaborar”.

En ese sentido, remarcó: “No puede ser que recién hoy el gobernador Perotti diga que al anuncio de esta mañana ´tenemos que sumarle la coordinación con nuestra institución policial´. Esa coordinación debió comenzar el 11 de diciembre de 2019, pero tanto la entonces ministra Frederic como el entonces ministro Saín miraron para otro lado y no estuvieron a la altura de sus cargos”.