La Justicia argentina dio un nuevo paso en una causa de fuerte impacto político y diplomático al solicitar formalmente la extradición del ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que sea juzgado en el país por presuntas violaciones a los derechos humanos. El requerimiento fue presentado este lunes por el fiscal federal Carlos Stornelli ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos.

El planteo se inscribe en un expediente que se inició en 2024 a partir de una denuncia del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), organización que impulsó una investigación penal contra el entonces mandatario venezolano y otros altos funcionarios del régimen chavista. Aquella presentación derivó en una orden de captura internacional que, en su momento, impidió una visita de Maduro a la Argentina.

Según consta en el dictamen del fiscal la solicitud de extradición se fundamenta en que “ha tomado estado público la situación de detención que pesa sobre el imputado Nicolás Maduro Moros en territorio de los Estados Unidos de Norteamérica”, lo que habilita a avanzar con el procedimiento de extradición activa.

La causa tramita en los tribunales federales de Comodoro Py, donde Maduro se encuentra imputado por delitos calificados como graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, en el marco de una investigación que también involucra a otros integrantes de la cúpula del poder venezolano.

El expediente tuvo su punto de partida el año pasado, cuando el FADD —entonces presidido por el legislador porteño Waldo Wolff— presentó una denuncia penal contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo. En septiembre de 2024, la Cámara Federal porteña ordenó la “inmediata detención” de ambos para prestar declaración indagatoria.

En aquella oportunidad, los jueces consideraron que existían elementos suficientes para avanzar en la investigación por hechos que podrían encuadrarse dentro de delitos de lesa humanidad, tal como los reconoce el derecho internacional de los derechos humanos. A partir de esa resolución, se dispuso además notificar a Interpol para activar una alerta roja de captura internacional.

Desde el FADD sostuvieron que las acciones judiciales se dirigieron “contra Nicolás Maduro y quienes conforman los mandos altos, medios y bajos del régimen que ha ejecutado hechos calificados como graves delitos de lesa humanidad”, en referencia a denuncias vinculadas a persecuciones políticas, detenciones arbitrarias, torturas y violaciones sistemáticas de derechos fundamentales.

El pedido de extradición presentado ahora por Stornelli retoma ese camino judicial y busca que el ex mandatario venezolano sea trasladado a la Argentina para quedar a disposición de la Justicia local. El fiscal calificó la medida como “urgente”, al considerar que existe una orden de detención vigente y un llamado a indagatoria pendiente.

Uno de los aspectos centrales del planteo es la intervención que deberá tener la Cancillería argentina en caso de que el juez Sebastián Ramos haga lugar al pedido. De avanzar, se deberá enviar un exhorto diplomático a las autoridades estadounidenses para requerir formalmente la entrega de Maduro al país.

El procedimiento de extradición activa implica una serie de pasos formales y negociaciones diplomáticas, que incluyen la evaluación por parte del país requerido sobre la legalidad del pedido y las garantías procesales. En este caso, la situación adquiere una complejidad adicional por tratarse de un ex jefe de Estado y por el contexto internacional que rodea su detención.

En su dictamen, Stornelli recordó que la causa argentina ya cuenta con una orden de captura internacional vigente, lo que refuerza la necesidad de avanzar sin dilaciones. “Resulta imperioso iniciar el procedimiento de extradición a los fines de que el imputado sea sometido al presente proceso”, sostuvo el fiscal.

El juez Ramos deberá resolver ahora si hace lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal. En caso afirmativo, se pondrá en marcha un proceso que podría sentar un precedente relevante en materia de jurisdicción universal y juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en tribunales argentinos.

La solicitud de extradición generó repercusiones inmediatas en el plano político y jurídico. Desde los sectores que impulsaron la denuncia original, interpretan el avance de la causa como un mensaje claro respecto del compromiso de la Justicia argentina con la defensa de los derechos humanos, más allá de las fronteras nacionales.

Al mismo tiempo, especialistas en derecho internacional advierten que el proceso no estará exento de obstáculos, tanto por cuestiones diplomáticas como por eventuales planteos de inmunidad o competencia. Sin embargo, destacan que los delitos de lesa humanidad no prescriben y pueden ser juzgados por tribunales de distintos países bajo el principio de jurisdicción universal.

Mientras tanto, el expediente sigue su curso en Comodoro Py, a la espera de la definición del juez Ramos. La decisión que adopte será clave para determinar si la Argentina avanza formalmente en el pedido de extradición de Nicolás Maduro y profundiza una causa que, desde su inicio, tuvo un fuerte impacto político regional.

La Oficina de Comunicaciones Presidenciales (PCO) de Filipinas publicó un comunicado este martes confirmando que el expresidente Rodrigo Duterte fue detenido al regresar a Manila desde el extranjero.

Según la PCO, la Interpol en Manila recibió este martes por la mañana una copia oficial de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI). Duterte, de 79 años, fue detenido en medio de escenas caóticas en el principal aeropuerto de la capital, Manila, tras regresar el martes a Filipinas procedente de Hong Kong.

La PCO declaró que el fiscal general de la CPI entregó la orden de arresto contra Duterte, a través de la Interpol, a su llegada a Manila sobre las 09:20 hora local.

“A su llegada, el fiscal general presentó una notificación de la CPI para una orden de arresto contra el expresidente por crímenes contra la humanidad”, dijo el comunicado, añadiendo que Duterte se encuentra actualmente bajo custodia de las autoridades.

"Médicos del Gobierno han examinado al expresidente, quien tiene buena salud y está en buenas condiciones", según el comunicado de la PCO.

El propio Duterte cuestionó su detención, preguntando en un video publicado por su familia en las redes sociales: "¿Cuál es el crimen que he cometido? No fui traído acá­ por mi propia voluntad. Es por otro".

El ex asesor jurídico principal de la presidencia, el abogado Salvador Panelo, dijo este martes que el arresto de Duterte fue ilegal.

"Es una detención ilegal porque la orden de arresto de la CPI procede de una fuente que no tiene jurisdicción sobre Filipinas", declaró Panelo mediante un comunicado. Filipinas se retiró oficialmente de la CPI en 2019.

Durante su presidencia, Duterte llevó a cabo una "guerra contra las drogas", que atrajo mucha atención tanto local como internacional.

Un hombre de 101 años fue condenado este 28 de junio por complicidad en el asesinato durante sus servicios como guardia en un campo de concentración nazi, durante la Segunda Guerra Mundial. 

El tribunal regional de Neuruppin sentenció al Josef Schütz a cinco años de prisión en consideración de 3.518 cargos de complicidad en asesinato. 

El anciano previamente había negado que trabajó como guardia de la Schutzstaffel (SS) nazi en el campo, además de haber rechazado toda responsabilidad en el homicidio de miles de prisioneros, informó la Deutsche Presse-Agentur (DPA) 

El acusado sostuvo durante el juicio, iniciado en octubre, que en el periodo en cuestión fue jornalero en las inmediaciones de Pasewalk. Sin embargo, el tribunal consideró que entre 1942 y 1945 trabajó como miembro de la fuerza paramilitar del Partido Nazi. 

El historiador turco especializado en el Holocausto, Celal Canbirdi, compartió una imagen de Josef Schütz cubriéndose el rostro durante el juicio con un folder. 

“El tribunal ha llegado a la conclusión de que, al contrario de lo que usted afirma, trabajó en el campo de concentración como guardia durante unos tres años. Usted apoyó voluntariamente esta exterminación masiva con su actividad”, declaró el juez presidente Udo Lechtermann y consideró que el acusado participó de la maquinaria de terror y muerte del llamado Tercer Reich. 

El campo en cuestión fue Sachsenhausen, ubicado al norte de Berlín y que empezó actividades en 1936. 

Entre ese año y el final de la guerra, en 1945, más de 200.000 personas fueron retenidas en las instalaciones, entre cuyas víctimas hubo muertos de hambre, por enfermedad, trabajo forzado, experimentos médicos, labores de exterminio como fusilamiento, asfixia y gaseamiento, entre otras prácticas.