La Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), dirigida por el fiscal federal Santiago Marquevich, publicó su informe anual sobre secuestros extorsivos que revela que en 2025 se registraron un total de 14 hechos en todo el país, la cifra más baja de los últimos diez años.

De acuerdo con el relevamiento, los 14 casos se distribuyeron entre las provincias de Buenos Aires (5 hechos), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (4 hechos), Córdoba (3 hechos), Salta (1 hecho) y Misiones (1 hecho), con intervención de las fiscalías federales con competencia en cada jurisdicción según el turno.

El reporte destaca la continuidad de la tendencia descendente en la cantidad de secuestros extorsivos en el país: 294 hechos en 2015, 227 en 2016, 185 en 2017, 111 en 2018, 44 en 2019, 48 en 2020, 30 en 2021, 27 en 2022, 16 en 2023, 22 en 2024 y 14 en 2025.

En ese contexto, el promedio mensual de casos durante el último año fue de 1,17, el más bajo desde la creación de la unidad especializada.

Uno de los datos más relevantes del informe es que 9 de los 14 casos (el 64%) registrados en 2025 no responden exclusivamente a una finalidad económica, sino que estuvieron vinculados al crimen organizado. Entre ellos, se identificaron hechos asociados al narcotráfico —4 casos—, la corrupción policial —2 casos— y actividades marginales —3 casos—.

Según el análisis de la UFECO, esta vinculación no solo surge del relevamiento estadístico, sino también de las investigaciones judiciales, que evidencian que el secuestro extorsivo suele funcionar como una herramienta dentro de estructuras criminales más complejas.

El informe da cuenta de un total de 16 víctimas en los 14 secuestros registrados. En el 86% de los casos (en 12 secuestros) hubo una sola persona en cautiverio, mientras que en el resto (los dos secuestros restantes) hubo dos víctimas.

A su vez, 12 de las víctimas activas fueron varones (75%) y 4 mujeres (25%), mientras que en relación a las franjas etarias, un 94% eran mayores de edad (15 víctimas) y el 6 % (1 víctima), era un menor de entre 16 y 18 años.

En relación con la modalidad de los hechos, se observó que en el 50% de los casos las víctimas fueron liberadas tras el pago de rescate, mientras que en la otra mitad recuperaron la libertad sin que se concretara el pago.

En cuanto a la dinámica de los hechos, el 64% de las víctimas fue interceptada mientras se desplazaba a pie, y en los restantes casos se trasladaban en vehículos, principalmente de gama media o baja.

Respecto de los autores, se identificó la participación de al menos 57 personas, con predominio de grupos de tres o más integrantes en el 64% de los casos. Asimismo, el 88% de los imputados fueron varones.

En la mayoría de los hechos, los secuestros tuvieron una duración breve: el mayor porcentaje se concentró entre una y doce horas, aunque se detectó un leve incremento en casos que superaron las 24 horas respecto del año anterior.

El informe señala que la mayor cantidad de secuestros extorsivos se concentró hacia el final de la semana, con picos los días viernes (4 hechos) y sábado (3 hechos), mientras que no se registraron casos los martes. Respecto de la franja horaria de inicio, el 43% de los hechos ocurrió entre las 0.00 y las 12.00.

El análisis también muestra que en el 64% de los casos la distancia entre el lugar de interceptación y el de liberación fue menor a 10 kilómetros. En cuanto al cautiverio, predominó su realización en vehículos (57%), seguido por viviendas particulares.

Asimismo, se mantuvo la concentración de hechos en el Área Metropolitana de Buenos Aires —especialmente en los corredores Sur y Oeste— y se registró un aumento relativo en provincias del interior como Córdoba, Salta y Misiones.

El proceso de recopilación y publicación de datos estadísticos de la unidad especializada cuenta, desde 2020, con la certificación de la Norma IRAM-ISO 9001:2015, por lo que el tratamiento y producción de la información estadística se adecúa a un estricto control de calidad.

El Gobierno de Maximiliano Pullaro expresó su acompañamiento a la adhesión de Santa Fe a la Ley Antimafia, que permitirá endurecer la pelea contra el crimen organizado. La iniciativa fue presentada por la diputada Ximena Sola, del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe, y cuenta con el respaldo del Ejecutivo provincial. 

La adhesión, que cuenta con media sanción de Diputados, podría ser tratada y aprobada hoy en el Senado santafesino.Como se recordará, Pullaro viene promoviendo un enfoque más firme en materia de seguridad, y al momento del debate de la norma a nivel nacional tuvo una participación destacada: en ese momento, el gobernador pidió “no tener miedo en llevar a cabo reformas importantes en materia criminal”.En aquel momento, Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, acompañaron el tratamiento de la ley en el Congreso, participando de los debates y exponiendo ante legisladores nacionales la experiencia santafesina en la lucha contra el crimen organizado.Consultado hoy por los medios, Cococcioni destacó que “esta iniciativa representa una señal clara: la adhesión a esta ley constituye un nuevo avance en una política sostenida para enfrentar a las organizaciones criminales, y se posiciona como una de las herramientas más firmes impulsadas en este sentido. La adhesión de Santa Fe es una muy mala noticia para quienes integran o financian estas estructuras delictivas”. Para el ministro de Justicia y Seguridad, la normativa marca un cambio de mirada: “El garantismo le hizo mucho daño al país”, remarcó.

La adhesión a esta ley permitirá incorporar mecanismos más robustos para investigar estructuras criminales complejas, con mayor coordinación entre la Justicia provincial, la Justicia federal y las fuerzas de seguridad.Además, introduce un esquema de agravamiento de penas para los delitos cometidos en el marco de organizaciones criminales, poniendo el foco no solo en los ejecutores, sino también en quienes financian, organizan o dirigen estas redes.En este sentido, desde el Gobierno provincial reiteran que se trata de un cambio de paradigma: pasar de un sistema que muchas veces resultó insuficiente para frenar el avance del delito, a uno que permita actuar de manera más firme, coordinada y eficaz.Entre los principales alcances de la ley se destacan la profundización del uso de técnicas especiales de investigación, el fortalecimiento de la cooperación interjurisdiccional y la posibilidad de avanzar sobre los bienes y recursos económicos de las organizaciones criminales.De esta manera, Santa Fe busca consolidar un esquema de intervención integral que permita atacar todas las dimensiones del delito organizado: desde su planificación hasta su financiamiento.La adhesión, además, se plantea resguardando las competencias provinciales, garantizando que el Ministerio Público de la Acusación y la Justicia santafesina mantengan plena capacidad de actuación en su territorio, al tiempo que se fortalecen los mecanismos de articulación con organismos nacionales.

El intendente Pablo Javkin viajó a Boston, Estados Unidos, para participar de dos jornadas basadas en la temática “Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe”. La invitación parte de la prestigiosa Universidad de Harvard, que será anfitriona del cónclave, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Grupo Banco Mundial. El Banco Mundial como organizador será el encargado de costear el evento, incluidos los pasajes y las estadías de los invitados.

La propuesta de la Universidad de Harvard es reunir a expertos de diversas áreas como seguridad, política pública, economía, comunicación, educación, entre otras, para compartir experiencias de distintos tipos en materia de violencia y la economía delictiva en los países latinoamericanos, y poder, desde el conocimiento a partir de los estudios interdisciplinarios y las distintas experiencias, tener una visión más acabada que permita fortalecer gestiones a corto, mediano y largo plazo. Los paneles estarán compuestos por personalidades que representarán la perspectiva de los gobiernos, la mirada académica y la percepción de la sociedad.

El jueves la temática estará atravesada por un mismo eje común: la magnitud del crimen organizado y su vínculo con la violencia en América Latina y el Caribe, y es cuando el intendente tendrá la palabra en el cónclave. En el temario se incluye el apartado “Cárceles y crimen organizado”, una de los tópicos más importantes teniendo en cuenta la actualidad. Javkin compartirá panel con el general colombiano Oscar Naranjo, ex vicepresidente de Colombia y ex director de la Policía Nacional de Colombia; Joana Monteiro, ex jefa de Fiscalía del Estado de Río de Janeiro y profesora de la Escola Brasileira de Administración; Ana Arjona, profesora de la Northwestern University; y Santiago Tobón, profesor de Economía de la Universidad EAFIT de Medellín, entre otras personalidades.

La actividad continuará el viernes, cuando Javkin participe del panel “Retos de la reducción de la delincuencia en América Latina y el Caribe", que compartirá con Claudia López, política y activista colombiana, y quien fuera alcaldesa de la ciudad de Bogotá desde el 2020 hasta el año pasado. López fue senadora de la república por el partido Alianza Verde y se ha desempeñado como consultora de Naciones Unidas, además de su extensa trayectoria en los medios de comunicación. Además, formarán parte de la mesa de trabajo Juanita Goebertus (Human Rights Watch), abogada y politóloga colombiana, quien formó parte de la delegación​ del gobierno colombiano en el proceso de paz con la guerrilla FARC; y Marcela Melendez, economista en jefe adjunta en la oficina para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.

Además, está previsto que el intendente se reúna con rosarinos que actualmente están cursando estudios en la prestigiosa universidad. Tras la participación en estas actividades el intendente emprenderá el regreso el día sábado para retomar sus funciones.

En el año 2023 en la Cities Summit of the Américas en Denver, la ciudad de Rosario se incorporó a la Red Biodiverciudades de CAF, cuyo objetivo es la conformación de una red de gobiernos municipales que impulse la implementación de un nuevo modelo de gestión urbana, basado en una política local inclusiva, productiva y sostenible.

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú anunciaron la creación de la primera "red andina de seguridad" contra el crimen organizado, ante la severa crisis que estalló en territorio ecuatoriano por la violencia del narcotráfico, según una declaración oficial suscrita en Lima este domingo (21.01.2024).

La red garantizará "una atención 24 horas al día, 7 días a la semana, para proporcionar y recibir información, y/o solicitar información de otros países (...) sobre la actividad de agrupaciones delictivas que tengan, o pudieren llegar a tener, operatividad transnacional", señala el compromiso firmado por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) al cabo de una reunión extraordinaria de ministros.

El acuerdo firmado por los países que componen la CAN permitirá "realizar en el más breve plazo operaciones policiales y/o militares coordinadas, cuando corresponda, en las zonas de frontera de los Países Miembros, con el objeto de enfrentar los ilícitos transnacionales".

La Red Andina de Seguridad 24/7 contará con un punto de contacto titular y uno alterno designado por cada país para garantizar la atención de esta información durante las 24 horas del días y los 7 días de la semana, según precisó el documento.

La decisión se tomó durante la XXIV Reunión Extraordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores junto con los ministros responsables de seguridad de cada país, que fue convocado la semana pasada tras la ola de violencia que se desató en Ecuador.

Por su parte, Ecuador agradeció este domingo el respaldo de los países andinos por los momentos de crisis que vive la nación, debido a la arremetida de grupos criminales, que ha llevado al jefe de Estado, Daniel Noboa, a declarar un conflicto armado interno contra las bandas a las que ha identificado como terroristas.

"Desde Ecuador agradecemos el valioso respaldo en estos momentos difíciles; juntos, convertiremos la solidaridad en acciones", señaló la Cancillería en su cuenta de la red social X

La titular de la diplomacia ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, destacó en su intervención en la cita de Lima que "la paz y seguridad son elementos fundamentales para el desarrollo de Ecuador".

"Contamos con el firme apoyo de la región para eliminar la violencia y combatir la delincuencia transnacional", añadió.

En tanto, el Asesor Presidencial Especial para las Américas del gobierno de Joe Biden, Christopher Dodd, iniciará el lunes una visita de tres días a Ecuador para discutir planes de cooperación en seguridad entre ambos países, en medio de la declaratoria de conflicto armado interno del gobierno de ese país.

Dodd será acompañado por una delegación de funcionarios de seguridad y defensa del gobierno estadounidense, entre ellos la Comandante del Comando Sur Laura Richardson y el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos Christopher Landberg.

La cita se da menos de tres semanas después de una jornada de violencia generalizada en las calles y cárceles del país sudamericano, que pasó de registrar en 2018 una tasa de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes a 46 en 2023, una cifra récord que pone a Ecuador como uno de los países más violentos de la región.

Una cascada de acontecimientos violentos se desborda sobre Ecuador: el domingo pasado, 7 de enero de 2024, se dio a conocer la fuga de José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", el jefe de la organización criminal Los Choneros; el lunes, el presidente Daniel Noboa implantó el Estado de Excepción; el martes, el mandatario declaró al país en "conflicto armado interno", después de que hombres armados tomaran un canal de televisión pública .

Este miércoles, la respuesta del crimen organizado a la ofensiva del nuevo Gobierno ecuatoriano ha dejado por lo menos diez muertos, más de cien policías y personal penitenciario retenidos por presos y una serie de ataques armados. "Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos terroristas", subrayó Daniel Noboa, en entrevista con un medio local.

"Los desafíos de seguridad son graves y complicados, y el Gobierno no tiene mucho tiempo o recursos financieros para hacer frente al crimen organizado", remarcó Benjamin Gedan, director del Programa para América Latina del Wilson Center. Y, puesto que "hay mucha presión por parte del pueblo ecuatoriano para respuestas rápidas a la crisis, habrá una gran tentación para replicar las políticas de seguridad de El Salvador , incluyendo arrestos masivos", agrega el experto en seguridad. Su colega del Wilson Center, Beatriz García, opina que la escalada de violencia y terror en Ecuador "necesita de una mano dura", pero recuerda que herramientas como el estado de excepción por sí solas no han resuelto la crisis de seguridad.

"Sin resolver la crisis penitenciaria y depurar la corrupción en altos mandos de la rama judicial, la situación aún puede empeorar", insistió García sobre este tema. A su vez, Glaeldys González, experta del International Crisis Group para los Andes Centrales, consideró que "las repercusiones e implicaciones legales, políticas y humanitarias de la respuesta del nuevo gobierno ecuatoriano aún están por verse".

Asimismo, Carolina Jiménez, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), teme que, al calificar la situación como un "conflicto armado interno" , se otorgue el carácter de actores no estatales beligerantes a organizaciones de naturaleza criminal y de creación. de economías ilícitas. "Se corre el gran riesgo de darles una especie de legitimidad y legalidad para 'librar una guerra' contra el Estado y la ciudadanía", sostiene.

Por su parte, Bernarda Jarrín, del centro de análisis Diálogo Interamericano, califica la respuesta de Noboa de "rápida y eficaz": "Está tomando las medidas necesarias para tratar de estabilizar el país y parar estos actos extremos que fomentan el pánico en la población" . Jarrín observa que la crisis en las prisiones comenzó hace varios años. Desde 2021, han sido asesinados al menos 460 reos en masacres carcelarias. "Estando apenas un mes en el poder, Noboa se enfrenta a un gran reto", insiste y agrega que "la ayuda internacional es urgente".

"El panorama para Ecuador no es nada lento. La tasa de homicidios se ha duplicado cada año desde 2020 y este año cerró con alrededor de 7.592 muertes violentas, la mayor cantidad de homicidios registrados en un año en su historia", destacó Glaeldys González. La experta del Crisis Group está convencida de que la situación de inseguridad y violencia "seguirá escalando a pasos agigantados". También Benjamin Gedan, del Wilson Center, cree que "el combate contra el crimen organizado va a ser un largo y arduo camino".

A la administración de Daniel Noboa le quedan menos de quince meses, subrayó, por su parte, Beatriz García. Para asegurar una posible reelección, advierte, deberá "demostrar algún tipo de logro a la ciudadanía ya la clase política que, por el momento, le ha brindado su apoyo". En cuanto al impacto del narcotráfico en el continente americano, "el caso de Ecuador demuestra que ningún país es inmune a los tentáculos de estas organizaciones que han sabido permear capas del Estado y ejercer control sobre la seguridad de los países", sostiene la politóloga.

Para García, las principales razones por las que ningún país ha podido domar a las bandas del narcotráfico son la "gran disparidad que existe entre los países de la región, los niveles de corrupción y los estratos que provocaron la pandemia, dilapidando a la clase media". que había surgido previo al Covid-19".

Las experiencias de México y Colombia no son alentadoras, dice Gedan, desde el Wilson Center: "Ambos países tienen mucho más experiencia y capacidades que Ecuador y se han beneficiado de más asistencia internacional, pero siguen sufriendo muy altos niveles de violencia". Además, la situación en Ecuador va a agravar la crisis migratoria en la región, prevé.

A Carolina Jiménez, de WOLA, le preocupa, además, "la salud de la democracia" en América Latina: "Estamos viendo una clara tendencia de retrocesos democráticos", en parte, debido a los miedos frente a la inseguridad ciudadana. Por último, Jiménez insiste en que "mientras se mantenga el sistema de prohibición de drogas regional y global, la producción, el tráfico y la venta de drogas ilegales seguirán empoderando al crimen organizado, con nefastas consecuencias para los ciudadanos de América Latina".

Desde su asunción, el gobernador Maximiliano Pullaro tomó importantes medidas en materia de seguridad, en pos de buscar mayor control en cárceles y calles.

Apenas asumió, adoptó decisiones estructurales, como el traslado de delincuentes peligrosos a pabellones de alto perfil, quitándoles beneficios y en busca de terminar con el "home office" de los criminales, quienes operaban desde sus celdas. Además, sacó a los policías a la calle para tener mayor control de la vía pública y suspendió las licencias para los agentes de las fuerzas de seguridad santafesinas, para que todos los efectivos puedan estar en funciones.

Estas medidas llevaron a que el hughense sufra dos amenazas de muerte en Rosario, balaceras de por medio, pero que no hicieron claudicar la decisión expuesta en campaña de ir contra el crimen organizado que asuela a la provincia de Santa Fe y que llevaron a Rosario a convertirse en una de las ciudades con mayor tasa de crímenes del país. 

En ese sentido, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, quien también transita, desde su primera gestión al frente del gobierno local, el camino de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia y que, al igual que Pullaro, ha sido víctima de amenazas contra su persona, celebró las medidas tomadas por el gobernador de su mismo signo político.   

"En las primeras 48 horas de gobierno, el gobernador Maximiliano Pullaro ha tomado decisiones importantes, con coraje y cumpliendo su palabra, en el marco de la lucha contra el narcotráfico", puntualizó en diálogo con Sur24 Leonel Chiarella. 

El mandatario venadense realzó las decisiones asumidas por el gobernador santafesino, sobre todo la restitución de los pabellones de alto perfil y el traslado de peligrosos delincuentes a esos ámbitos penitenciarios, destacando: "Que vuelvan los pabellones de alto perfil y que los jefes narcos y sicarios sean trasladados a esos pabellones significa empezar a terminar con el 'home office' de los delincuentes y con la organización de los delitos desde la cárcel. Los pabellones de alto perfil implican que los jefes narcos y los sicarios van a estar monitoreados las 24 horas, que no van a tener comunicación con el exterior, donde las visitas con familiares y abogados van a ser a través de un blindex, y que además se va a prohibir el ingreso de alimentos, que ya son provistos por el propio servicio penitenciario". 

Chiarella destacó, además, que son "decisiones tomadas con coraje y que demuestran la voluntad política de nuestro gobernador de avanzar en la lucha contra el narcotráfico y contra estas mafias que lo único que pretenden es mantener su impunidad y sembrar miedo en la sociedad". 

Las medidas asumidas por el gobernador Pullaro generaron una contraofensiva por parte de los delincuentes, quienes balearon la sede de un banco en Rosario y las instalaciones del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), dejando sendas amenazas al flamante mandatario. 

"La respuesta ha sido de amenazas de muerte al gobernador y a su familia, y esto demuestra que las acciones adoptadas claramente incomodan a estas bandas narcocriminales", subrayó Leonel Chiarella, agregando que "como lo ha manifestado Pullaro, no se va a ceder ni un paso y vamos a seguir en la lucha contra el narcotráfico". 

Seguidamente, el intendente dejó en claro que "todos los intendentes y presidentes comunales respaldamos y acompañamos a nuestro gobernador en estas decisiones". 

Chiarella, quien acaba de asumir su segunda gestión al frente del Municipio de la Esmeralda del Sur con un récord histórico de votos, expresó que "en 48 horas, el gobernador Pullaro hizo mucho más que el exgobernador Omar Perotti en cuatro años en materia de lucha contra el narcotráfico". Y agregó: "Durante los cuatro años del gobierno de Perotti, las bandas narcos gobernaron desde las cárceles, organizaron delitos, balaceras, robos, estafas, extorsiones; porque los delincuentes se sentían más cómodos estando dentro de la cárcel que afuera. Con la decisión del gobernador Pullaro de que los narcos y los sicarios vayan a los pabellones de alto perfil, se empieza a terminar la organización de los delitos desde las cárceles y se avanza en la lucha contra el narcotráfico".

El intendente de Venado Tuerto también fue víctima de amenazas por denunciar con nombre y apellido, junto al senador Lisandro Enrico, a conocidos narcos y delincuentes venadenses.

Aun así, el dirigente local aseguró que seguirá por el mismo camino, denunciando a los criminales y reforzando las acciones que estén a su alcance para terminar con el crimen organizado en la ciudad y apoyando las decisiones del gobernador Maximiliano Pullaro, en pos de lograr la paz social en todo el territorio santafesino.

Una alcaldesa del convulso estado de Michoacán, en México, fue secuestrada por presuntos sicarios del narcotráfico en el vecino estado de Jalisco (oeste), informaron este domingo (24.09.2023) autoridades locales.

La víctima es Yolanda Sánchez Figueroa, mandataria del municipio de Cotija, quien fue raptada en Zapopan, un suburbio de la ciudad de Guadalajara, la segunda más grande de México y capital de Jalisco.

Yolanda Sánchez Figueroa, mandataria del municipio de Cotija, fue raptada en Zapopan, un suburbio de la ciudad de Guadalajara, la segunda más grande de México y capital de Jalisco.

"Se pudo establecer que la víctima, en compañía de dos mujeres, salieron de una plaza comercial y al abordar un vehículo de servicio de alquiler (...) para ser trasladadas a su destino, fueron interceptadas por sujetos armados, quienes al parecer se la llevaron privada de la libertad", informó la fiscalía estatal en un comunicado.

El secuestro tuvo lugar la noche del sábado, alrededor de las 18H55 locales (0H55 GMT del domingo), en una zona residencial, según las primeras pesquisas.

La fiscalía dijo que estableció comunicación con las autoridades de Michoacán a fin de fortalecer las labores de búsqueda y esclarecer los hechos.

Según fuentes policiales y medios locales, los autores del secuestro serían sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes habían amenazado a la alcaldesa por oponerse a que el grupo criminal tome control de la secretaría de seguridad de Cotija.

Michoacán, una entidad reconocida por sus destinos turísticos y una pujante industria agroexportadora, es también una de las más violentas del país, debido al accionar de grupos criminales dedicados a la extorsión y el narcotráfico.

Los alcaldes locales son un blanco habitual de las mafias en su afán de controlar territorios y someter a las autoridades de seguridad.

El CJNG, con amplia presencia en Michoacán, es uno de los más violentos y poderosos de México y el principal operador criminal en Jalisco, donde se le atribuyen la mayor parte de los homicidios y desapariciones.

Jalisco es el estado de México con mayor número de personas desaparecidas, con 14.897 casos desde 1962 a la fecha, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Diez personas fueron asesinadas y otras dos resultaron heridas en un ataque armado ocurrido la noche del sábado (29.04.2023) en la ciudad costera de Guayaquil, en Ecuador, informó este domingo la Fiscalía General del Estado.

En su cuenta de Twitter, el Ministerio Público informó que abrió, de oficio, una investigación previa “por el asesinato de 10 personas, tras un ataque armado en las calles Gómez Rendón y la 14, al suroeste de Guayaquil”. Con apoyo de la Policía, se recopilaron evidencias, entre ellas un arma de fuego (tipo fusil) y otras de 9 milímetros.

“Se realizan operativos de ubicación de los presuntos causantes del ataque, sin que existan personas detenidas”, apuntó la Fiscalía, mientras que la Policía ha ofrecido proporcionar más detalles sobre el hecho en las próximas horas.

Ecuador: autorizan a los civiles a portar armas para combatir la inseguridad

Se trata del segundo hecho violento en la costa ecuatoriana este mes, luego del ocurrido el pasado 11 de abril, cuando un grupo armado abrió fuego contra pescadores que cumplían sus labores habituales en un puerto de Esmeraldas, dejando nueve fallecidos.

La oleada de violencia ha desatado una profunda preocupación de la población que desde hace dos años ha visto proliferar noticias de asesinatos que a diario resuenan en los medios de comunicación y que, según analistas, parece haber rebasado el control de las fuerzas del orden.

El pasado viernes, el ministro ecuatoriano de Defensa, Luis Lara, aseguró que las Fuerzas Armadas han reforzado sus operaciones después de que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) declarara al terrorismo como amenaza para el país y recomendara el uso de armamento letal contra el crimen organizado. Lara detalló que se han intensificado las operaciones militares “en las zonas más conflictivas del territorio nacional para combatir y erradicar a los grupos criminales y sus aliados que cometen atentados terroristas y masacres, cumpliendo los protocolos y normas del derecho internacional y las disposiciones legales vigentes”.

Ecuador autorizó la tenencia y porte de armas a civiles. El presidente Guillermo Lasso anunció la medida, citando el aumento de la delincuencia y la inseguridad en el país.

El gobierno ha estado luchando contra el aumento de la delincuencia y la violencia en las calles y las cárceles, que el gobierno atribuye a las bandas de narcotraficantes. Cientos de presos murieron en los últimos meses tras riñas en las cárceles.

El asediado presidente también se enfrenta a un posible juicio político por acusaciones de malversación de fondos, acusaciones que él ha negado, luego de que el tribunal supremo diera luz verde para que las audiencias siguieran adelante.

“Tenemos un enemigo común: la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”, dijo Lasso en un mensaje a la nación.

“Vamos a combatirlos con tres nuevas medidas urgentes: Hemos modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas. En términos generales (…) se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal, de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento”, explicó, sin dar mayores detalles.

A los civiles también se les permitirá llevar y usar aerosoles de gas pimienta para defensa personal, añadió Lasso.

El mandatario también declaró estado de excepción en Guayaquil, una ciudad portuaria del Pacífico, y en las vecinas localidades Durán y Samborondón, así como en las provincias Santa Elena y Los Ríos.

La medida, que entró en vigencia el domingo, incluye el toque de queda desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana.

“Siento, como ustedes, la preocupación de la inseguridad, para el gobierno del Ecuador, su paz y tranquilidad son vitales”, dijo Lasso, quien no especificó cuánto durarán las medidas.