El juicio contra uno de los menores acusados por el crimen de Kim Gómez, la nena que murió luego de ser arrastrada durante 15 cuadras tras el robo de un auto en La Plata, comienza este miércoles 18 de febrero, a tan solo días de que se cumpla un año del hecho que volvió a poner en carpeta la baja de la edad de imputabilidad.

Al haber cometido el crimen cuando tenía 17 años, el acusado será juzgado bajo la ley penal juvenil.

Este miércoles el Tribunal N°1 de Responsabilidad Juvenil de La Plata será el epicentro de uno de los juicios más esperados del último tiempo. En las próximas horas inicia el debate oral contra el joven de 18 años, quien se encuentra acusado del delito de homicidio en ocasión de robo.

Al haber cometido el crimen cuando tenía 17 años, será juzgado bajo la ley penal juvenil, por lo que la pena será menor a la que recibiría un adulto hallado culpable del mismo delito, que en dicha ocasión sería de 10 a 25 años de prisión.

El debate durará ocho audiencias, por lo que finalizaría el próximo 27 de febrero, dos días después de que se cumpla un año del asesinato.

Respecto a los jueces a cargo, indicaron que el tribunal estará integrado por Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro.

En el caso también está acusado un adolescente de 14 años, quien al ser no punible solo se encuentra cumpliendo con la medida establecida por la jueza de Garantías, María José Lescano. El menor debe estar alojado en un instituto de máxima seguridad por dos años y bajo tratamiento interdisciplinario.

En el caso también está acusado un chico de 14 años, considerado coautor.

Lescano atribuyó en el cierre de la investigación que el joven que llega a juicio es autor del homicidio, mientras que el menor es considerado coautor.

El asesinato de Kim sucedió el 25 de febrero de 2025, cuando lo dos menores interceptaron a la niña y a su mamá cuando estaban frenadas con su auto en un semáforo del Barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata.

Florencia, madre de Kim, logró salir del vehículo, pero cuando intentó rescatar a la menor, ambos jóvenes se dieron a la fuga con la niña adentro.

Durante la huida, Kim quedó enganchada con el cinturón de seguridad y parte de su ropa, y fue arrastrada durante 15 cuadras por el asfalto, hasta que chocaron y ambos delincuentes decidieron abandonar el auto.

La autopsia confirmó que la niña murió producto de las heridas sufridas en el arrastre, lo que provocó aun mayor indignación en la población.

Suecia avanza con planes para reducir la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años en casos graves, mientras lucha contra un número creciente de niños reclutados por pandillas para llevar a cabo delitos violentos sin enfrentar repercusiones legales graves.

El ministro de Justicia, Gunnar Strommer, dijo que el país estaba en una "situación de emergencia" y que detener el uso de niños en redes criminales era una "tarea crucial" para el gobierno.

El ministro de Justicia sueco, Gunnar Strommer.

Pero varias autoridades, incluida la policía, funcionarios de prisiones y fiscales, se han opuesto al plan, y algunos están preocupados de que pueda llevar a que niños incluso más pequeños se conviertan en delincuentes.

Si se aprueba, la legislación entrará en vigor este mismo verano.

Strommer insistió en que la propuesta no equivalía a una "reducción general de la edad de responsabilidad penal" y sólo se aplicaría a los "delitos más graves", como asesinato, intento de asesinato, atentados con bombas agravados, delitos con armas agravados y violación agravada.

Según la propuesta, algunos de estos infractores podrían enfrentarse a penas de prisión en determinados casos.

Los datos del Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Delito muestran que el número de delitos registrados vinculados a sospechosos menores de 15 años se ha duplicado en la última década.

El gobierno actual llegó al poder en 2022 con la promesa de acabar con el crimen organizado.

A principios del año pasado, una investigación ordenada por el gobierno recomendó reducir la edad de responsabilidad penal a 14 años en casos graves.

El primer ministro Ulf Kristersson confirmó en septiembre que la edad mínima sería de 15 años, afirmando que los niños "están siendo explotados sin piedad por redes criminales para cometer delitos graves".

El primer ministro Ulf Kristersson.

"Tanto para proteger a estos niños como a sus potenciales víctimas, el gobierno está tomando medidas enérgicas contra este tipo de explotación cínica", añadió.

El gobierno anunció entonces que intentaría reducirlo a 13 y envió el proyecto de ley para que 126 autoridades y organizaciones lo sometieran a aportes.

Sus planes se encontraron con críticas y oposición por parte de diferentes autoridades y organizaciones.

En noviembre, la autoridad policial dijo que el cambio corría el riesgo de que "niños significativamente más jóvenes" se involucraran en bandas criminales.

Otros grupos dijeron que el sistema penitenciario no estaba equipado para manejar a delincuentes tan jóvenes y que detenerlos podría violar los derechos de los niños.

El servicio de prisiones y libertad condicional también dijo que la medida podría tener consecuencias negativas para los niños y que deberían ser atendidos de "otras maneras".

Los ministros también habían considerado previamente imponer límites de edad en las redes sociales, y la policía argumentó que las pandillas habían utilizado ciertas plataformas para reclutar a niños pequeños para cometer delitos.

Strommer dijo el lunes que había tomado nota de las críticas anteriores al proyecto de ley, pero que la situación se había vuelto más urgente.

Sin embargo, la oposición no ha disminuido. Fredrik Hjulström, el alcalde de la autoridad local que está revisando la propuesta, afirmó que no contenía argumentos fácticos, según la cadena nacional sueca SVT.

Agregó que los niños deberían recibir cuidados en lugar de ser castigados y argumentó que el proyecto de ley busca ganar puntos políticos, ya que las elecciones generales del país se celebrarán en septiembre de este año.

Mientras tanto, el abogado Johan Eriksson estuvo de acuerdo en que se deben tomar medidas para evitar que los niños sean reclutados por pandillas, pero dijo que reducir la edad de responsabilidad penal probablemente tendría el efecto contrario.

El proyecto de ley se enviará al Consejo de Legislación de Suecia, que revisa los proyectos de ley que el gobierno pretende presentar al parlamento. 

El 25 de enero de 1997, José Luis Cabezas fue secuestrado y asesinado en Pinamar. Su cuerpo apareció horas después dentro de un Ford Fiesta incendiado, con las manos esposadas y dos disparos en la cabeza, en una cava cercana a General Madariaga.

La escena no fue solo brutal: fue un mensaje. En pocos minutos, el hecho dejó de ser un policial de verano y se transformó en un caso que sacudió al país y cambió para siempre la relación entre el poder y el fotoperiodismo argentino.

Cabezas tenía 35 años y trabajaba para la revista Noticias. En la cobertura de temporada, Pinamar concentraba dirigentes, empresarios y figuras influyentes lejos de Buenos Aires, en una postal donde la política y los negocios se mezclaban sin micrófonos.

En ese contexto, el fotógrafo logró lo que parecía imposible: retratar a Alfredo Yabrán. La imagen rompió años de blindaje mediático alrededor del empresario, conocido por su bajísimo perfil y por el peso que acumulaba en áreas sensibles del Estado.

Cabezas retrató a Alfredo Yabrán en una foto que se volvió tapa y símbolo.

La publicación de esa foto fue leída como una afrenta. Desde entonces, el caso quedó marcado por una pregunta incómoda, que la investigación judicial intentó responder con pruebas, nombres y un entramado que apuntó hacia una zona oscura del poder.

La noche previa al hallazgo del cuerpo, Cabezas había asistido a una fiesta en Pinamar. Cerca de la madrugada se retiró, pero no volvió. Horas después, la cava y el auto calcinado instalaron una certeza: no se trató de un robo, sino de un crimen planificado.

El impacto social fue inmediato. La fotografía dejó de ser un oficio silencioso para convertirse en un blanco. Y el periodismo argentino entendió que lo que se estaba discutiendo no era una tapa, sino el límite de lo publicable.

Con el correr de los días, la investigación avanzó sobre una banda integrada por policías bonaerenses y delincuentes vinculados al caso. La reconstrucción judicial señaló a “Los Horneros” como autores materiales y a un entramado de responsabilidades que escaló.

José Luis Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997 en Pinamar.

Los nombres de Gustavo Prellezo, Aníbal Luna, Sergio Gómez, Horacio Braga y José Luis Auge quedaron asociados a la ejecución del secuestro, el traslado y el asesinato. A la vez, Gregorio Ríos, jefe de seguridad de Yabrán, fue señalado como instigador.

El caso también quedó rodeado de sospechas sobre irregularidades, presiones y zonas liberadas. En esa tensión, el expediente fue creciendo como una radiografía de época, donde la trama criminal no se explicaba sin complicidades.

Yabrán fue citado en el marco de la causa, pero nunca llegó a declarar. El 20 de mayo de 1998, cuando avanzaban las medidas en su contra, se suicidó en una estancia en Entre Ríos. Su muerte cerró una parte clave del caso y abrió nuevas preguntas.

En 2000, el juicio oral dictó condenas severas para los responsables del crimen. Con el tiempo, la discusión pública se trasladó a otro punto: los beneficios, reducciones de pena y libertades otorgadas años después a varios condenados.

La familia de Cabezas y organizaciones periodísticas cuestionaron cada paso que se vivió como retroceso. Para muchos, la causa tuvo sentencia, pero no reparación. Para otros, la principal herida fue el mensaje de impunidad que dejó el paso del tiempo.

“No se olviden de Cabezas” quedó como consigna de la libertad de prensa.

“No se olviden de Cabezas” se convirtió en consigna y en advertencia. Se pintó en paredes, se gritó en redacciones, se repitió en marchas y volvió cada vez que un periodista fue amenazado por su trabajo.

A 29 años, el caso sigue siendo una referencia obligada para entender el valor de la libertad de expresión y el riesgo que asumieron —y asumen— quienes trabajan detrás de una cámara en busca de una imagen que explique el poder.

En el mapa de los crímenes que marcaron a la Argentina democrática, el de Cabezas conserva una singularidad: no buscó ocultarse. Fue un hecho diseñado para ser visto, para sembrar miedo y disciplinar a través del terror.

Por eso, el recuerdo no es solo un homenaje. Es una forma de defensa. En cada aniversario, el nombre vuelve porque el caso dejó algo más fuerte que una tapa histórica: dejó una obligación colectiva de memoria.

El tiempo pasó, las playas cambiaron y los veranos siguieron. Pero la consigna permanece, como una marca en la historia del periodismo argentino: no se trata solo de recordar a Cabezas, sino de entender por qué lo mataron.

La investigación por el asesinato de Daniel Malacalza, el encargado de la estancia "El Chamuelle", ubicada entre Venado Tuerto y Carmen, hallado sin vida el 31 de marzo de 2024, ha tomado un rumbo radicalmente distinto al que se planteó inicialmente. Mientras que las primeras hipótesis apuntaban a un robo fatal perpetrado por delincuentes externos, las nuevas evidencias recolectadas por el fiscal Iván Raposo, a cargo del caso que un principio lo llevaba Eduardo Lago (hoy retirado), sitúan la responsabilidad dentro del círculo íntimo de la víctima.

El avance más significativo surgió de  tres nuevos allanamientos y de las pericias genéticas realizadas sobre la camioneta en la que se desplazaba Malacalza. En primera instancia, se halló un perfil genético que contiene no solo rastros de sangre del fallecido, sino también de familiares cercanos.

A este hallazgo se suman los datos del GPS del celular de la víctima. Aunque la versión inicial sostenía que Malacalza se había dirigido directamente al campo tras dejar a su mujer en Venado Tuerto, los registros satelitales indican que, por razones que aún se investigan, el hombre podría haber regresado a su domicilio.

Entre las hipótesis surgidas, la más fuerte apunta a investigar que la estancia "El Chamuelle" no habría sido la escena primaria del crimen.

Bajo esta premisa, personal de la Policía Científica de Rosario lleva adelante en la tarde de este martes procedimientos con luminol para detectar manchas de sangre invisibles al ojo humano en dos propiedades pertenecientes a personas cercanas a Malcalza, dando un giro de 180 grados a las primeras versiones.

En el marco de los últimos tres allanamientos realizados en Venado Tuerto, la justicia ordenó el secuestro de dispositivos electrónicos que no habían sido analizados previamente. El fiscal Raposo confirmó que se peritarán los teléfonos celulares de varios miembros del entorno familiar, en busca de elementos considerados fundamentales para reconstruir los movimientos y comunicaciones del entorno cercano en las horas previas y posteriores al hecho.

Cabe recordar que, meses atrás, se habían realizado operativos en domicilios de personas con antecedentes donde se incautaron armas y cuchillos, pero no se habían producido detenciones vinculadas directamente a la autoría del crimen. Con las nuevas pruebas científicas, el fiscal asegura que el círculo sobre los presuntos autores se está cerrando.

Según los primeros reportes del caso, los hechos ocurrieron la noche del sábado 31 de marzo, cuando Daniel Malacalza, tras dejar a su esposa en Venado Tuerto, se dirigió a la estancia "El Chamuelle", donde se desempeñaba como encargado. La versión original sostenía que, al abrir la tranquera y recorrer los últimos metros hacia el casco del establecimiento, Malacalza fue sorprendido por delincuentes.En ese momento, los atacantes le habrían disparado en dos ocasiones con la presunta intención de robarle una suma de dinero en efectivo. Según este relato inicial, la víctima habría logrado escapar de sus agresores para refugiarse dentro de la vivienda, donde finalmente murió a causa de las heridas. Además del dinero, se informó en un principio que los ladrones habían sustraído armas de fuego y cuchillos antes de darse a la fuga. El cuerpo fue hallado por su mujer recién al mediodía del domingo siguiente.

Kevin Fabián Aranda, de 28 años, fue condenado a 19 años de prisión de cumplimiento efectivo por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Adriana Estela Villa, ocurrido en junio de 2024 en Venado Tuerto, y por una tentativa de homicidio registrada en mayo del mismo año. La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado, tras la admisión de culpabilidad del imputado.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Damián A. Cassullo, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien mostró su conformidad por la pena acordada, al igual que los familiares de la víctima, que estuvieron representados por las abogadas Ana María Regidor y Samanta Festonich. 

El crimen de Adriana Villa

Según se probó en el proceso judicial, el hecho ocurrió el 1 de junio de 2024, alrededor de las 20, en una vivienda ubicada en calle 2 de Abril al 1900.

Aranda se presentó en el domicilio junto a Juan Pablo Espíndola, portando un arma de fuego tipo revólver, con el objetivo de reclamar la devolución de una campera que había sido entregada el día anterior a cambio de dinero. La discusión derivó en una situación de extrema violencia: Aranda golpeó con el arma a Gabriel G., amenazó a su pareja Guadalupe V. y, tras recuperar la prenda, huyó del lugar en bicicleta.

Cuando los moradores salieron a la vereda, Aranda efectuó un disparo que impactó en la cabeza de Adriana Villa, madre de Gabriel, provocándole la muerte en el acto.

Registros fílmicos incorporados a la causa ubicaron a los imputados en la zona del hecho, mientras que el informe de residuos de disparo de arma de fuego dio positivo para Aranda, reforzando la acusación que llevó adelante el fiscal Casullo.

La tentativa de homicidio previa

La condena también incluye un segundo hecho ocurrido el 13 de mayo, cerca de la medianoche, en calle Lisandro de la Torre al 500. En esa ocasión, Aranda circulaba como acompañante en un automóvil que se detuvo junto al vehículo de Franco Fabricio P.

En el marco de un conflicto previo, Aranda efectuó un disparo hacia la cabeza de la víctima con un arma calibre .22. El proyectil no impactó de lleno, lo que evitó el desenlace fatal. El hecho fue calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Juicio abreviado y situación de los imputados

Tras ser detenidos a las pocas horas del homicidio de Villa, Aranda y Espíndola quedaron en prisión preventiva. En el avance del proceso, Aranda optó por reconocer su responsabilidad penal, lo que permitió cerrar la causa mediante un juicio abreviado.

En tanto, la situación procesal de Juan Pablo Espíndola aún no fue definida y resta determinar si también aceptará un acuerdo o enfrentará un juicio oral y público.

Una pena unificada por hechos de extrema gravedad

El tribunal consideró la reiteración de conductas violentas, el uso de armas de fuego y la intención homicida demostrada en ambos episodios para imponer la pena de 19 años de prisión, más accesorias legales y costas del proceso.

Desde la fiscalía remarcaron la gravedad de los hechos, cometidos en distintos momentos, pero con un mismo patrón de violencia, que culminó con la muerte de una mujer ajena al conflicto.

Carlos Retamal

Tres personas fueron asesinadas y una resultó gravemente herida durante un ataque a tiros registrado durante la madrugada de este martes 23 de diciembre en inmediaciones de Lirio y España, barrio Las Flores, al sudoeste de Rosario.

Voceros policiales señalaron que el violento episodio se registró poco después de la 1am. A esa hora ingresaron varios llamados al Sies (Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria) solicitando ambulancias ya que había varias personas heridas de arma de fuego en ese lugar.

A los pocos minutos llegó personal de Prefectura Naval y luego policías de la Unidad Regional II y personal médico.

Los uniformados encontraron sin vida a una mujer de 35 años, identificada como Érica Tamara A., y a un hombre que hasta el momento no está identificado.

En tanto, dos personas fueron trasladadas en ambulancia, una al hospital Centenario y otra al hospital de emergencias.

Poco antes de las 4am desde el hospital Centenario se comunicó el deceso de Sergio Fabián R., de 35 años, como consecuencia de heridas de arma de fuego en el tórax.

En tanto, Roque Lisandro A., quedó internado en la unidad de terapia intensiva del Heca, con heridas de arma de fuego en el rostro y el tórax.

Ya son 8 los crímenes registrados en el mes de diciembre y un total de 110 en lo que va del año en el departamento Rosario.

En una audiencia realizada este miércoles por la mañana en los tribunales de Venado Tuerto, el juez Leandro Godoy homologó un juicio abreviado contra Ramiro Durich, quien fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación como partícipe secundario en el homicidio de Juan Carlos Salinas, ocurrido en noviembre del año pasado.

La resolución contó con el acuerdo de la Fiscalía, la defensa y la querella, que representa a la familia de la víctima a través de la abogada Ana María Regidor. “A partir de hoy tenemos un condenado firme por el homicidio de Salinas en su carácter de partícipe secundario”, explicó la defensora en diálogo con Antes que Nada (LT29).

Durante la audiencia, Durich admitió su responsabilidad penal en el hecho. Según relató Regidor, el joven trasladó a Kevin P., señalado como el autor material del crimen, hasta el lugar donde fue asesinado Salinas.“Durich explicó con varios detalles cómo fue ese traslado y dejó en claro que quien se bajó a ejecutar el homicidio fue el otro imputado, que era quien conducía el automóvil”, señaló la abogada.

El imputado reconoció además que ambos pasaron la noche previa consumiendo alcohol y que luego se dirigieron al sitio donde se produjo el ataque. Las pruebas, entre ellas cámaras de seguridad y pericias de Gendarmería Nacional, respaldaron su versión y coincidieron con la reconstrucción del hecho que ya había presentado la parte acusadora.

“Con esta condena se fortaleció aún más la evidencia sobre la participación de Kevin P.”, subrayó Regidor, destacando que la declaración de Durich refuerza la acusación principal.

Respecto del segundo imputado, la abogada confirmó que la Fiscalía prepara la requisitoria de elevación a juicio. Una vez completada esa instancia, se realizará la audiencia preliminar y luego el auto de apertura a juicio oral, que estará a cargo del juez Godoy.

“Por la gravedad del hecho y la escala penal —de ocho a veinticinco años— el debate será ante un tribunal compuesto por tres jueces”, adelantó Regidor, quien confirmó que la querella pedirá una pena importante, cercana al máximo previsto.

Si bien no se consideró un homicidio calificado, la letrada remarcó que la mecánica del hecho “fue gravísima” y que la víctima se encontraba indefensa.

Si bien el grave hecho con heridas que terminaron siendo letales se produjo en la mañana del 8 de noviembre, la discusión por un perro que habría atacado a Kevin P., había iniciado días antes. Incluso con otros actos violentos anteriores, que incluyeron amenazas y disparos sobre la vivienda de Pringles 88. 

Finalmente, fue ese viernes, alrededor de las 9, cuando Kevin, acompañado de Ramiro, quienes, según informó la fiscal habrían pasado la noche en vela, se hizo presente en la vivienda y casi sin mediar palabras –tal como quedó demostrado en las imágenes aportadas por una cámara de seguridad- le propició dos puñaladas en la zona abdominal, para luego darse a la fuga. 

Sobre el mediodía de esa misma jornada, Kevin P., acompañado de su abogado se entregó en la Fiscalía. La semana siguiente fue imputado y quedó con prisión preventiva en la Alcaidía de Melincué.

Días después, se detuvo a Ramiro Durich, quien este viernes fue condenado a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo en un juicio abreviado.

Un tribunal de segunda instancia confirmó por unanimidad la condena a prisión perpetua impuesta a Juan José Ángel Domínguez como autor del femicidio vinculado de Federico Landriel cometido en 2020 en Santa Isabel.

Los camaristas que ratificaron la sentencia son Daniel José Curik (presidente del tribunal), Juan Pablo Lavini Rosset y Gustavo Alfredo Salvador. El fallo de primera instancia había sido dispuesto en el marco de un juicio oral desarrollado en diciembre del año pasado y la abogada defensora del condenado había presentado un recurso de apelación. Por su parte, los jueces de la Alzada rechazaron todos los agravios de la Defensa, avalaron la postura de la Fiscalía y confirmaron la pena.

La fiscal Rafaela Florit representó al MPA en el juicio oral y en la audiencia de apelación.

La funcionaria valoró la confirmación de la condena impuesta a Domínguez en el juicio oral. “El condenado llevó a cabo su accionar delictivo con el fin de provocarle sufrimiento a una mujer con la cual habían sido pareja”, explicó y agregó que “a su vez, ella era la actual pareja de la víctima fatal”.

Florit precisó que “los magistrados que revisaron el fallo recurrido estuvieron de acuerdo con la calificación penal del hecho ilícitos y manifestaron que el monto de la pena impuesta es proporcional a su conducta delictiva”. En este sentido, resaltó que “también tuvieron en cuenta que el delito fue cometido con un arma de fuego, la extensión del daño causado y el dolor que el hecho provocó en las personas cercanas a las víctimas”.

“El tribunal sostuvo que los motivos que llevaron a Domínguez a delinquir se asentaron en conceptos atávicos, misóginos y patriarcales”, planteó la fiscal y argumentó que “a ello se sumó el total desprecio por una vida humana que instrumentalizó para lograr dolor en su víctima mortal”.

El hecho ilícito fue cometido el viernes 29 de mayo de 2020 alrededor de las 5:30 de la mañana. Florit indicó que “Landriel iba a su trabajo en bicicleta cuando el condenado lo atacó con un arma de fuego en calle Francia, en dirección a la ruta provincial número 94”, y subrayó que “la víctima recibió un disparo en la cabeza y quedó tendido en el suelo”.

La fiscal señaló que “minutos más tarde, una conocida de Landriel encontró el cuerpo en la vía pública y se comunicó con la central de emergencias local porque creía que el hombre agredido estaba desvanecido”. En tal sentido, afirmó que “bomberos de Santa Isabel trasladaron el cuerpo ya sin vida a un centro de salud, donde se constató que el cadáver tenía marcas características del impacto de un proyectil, por lo que se informó la situación tanto a la policía como al MPA”.

“Con el avance de la investigación, se logró determinar el móvil del ataque”, manifestó Florit. “Durante los días previos al hecho, el condenado había hostigado a su expareja en reiteradas oportunidades”, aseveró. “En un contexto de violencia de género, la había instado a ‘volver’ con él y también le había dicho que ‘si no era de él, no iba a ser de nadie’”, remarcó.

La condena impuesta a Domínguez en el juicio oral y ahora confirmada en segunda instancia fue por la autoría del delito de homicidio calificado (por haber sido cometido mediante el uso de arma de fuego y por tratarse de un homicidio transversal por femicidio vinculado –es decir, cometido con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que había mantenido una relación de pareja).

(Por Juan Ignacio Novak) - Hay imágenes que quedaron adheridas a la memoria colectiva: un té compartido, una mujer de vida acomodada entre amigas, y el rumor (después, confirmado de manera escabrosa) de que detrás de esa cortesía había cianuro.

"Yiya", la nueva serie que presentó su teaser en Flow (con coproductores como Kuarzo e Idealismo Contenidos), vuelve sobre la vida pública y los secretos de María de las Mercedes "Yiya" Murano, la envenenadora de Monserrat.

La serie combina drama y material documental para reconstruir el caso y, a la vez, interrogar la figura pública de Yiya. Reúne además a un gran elenco: Cristina Banegas; Julieta Zylberberg; Pablo Rago; Mónica Antonópulos; Cecilia Dopazo; Diego Cremonesi; y Carlos Portaluppi.

Flow

María Bernardina de las Mercedes Bolla Aponte de Murano es, desde 1979, una de las figuras más inquietantes del crimen argentino. Acusada de envenenar a tres amigas y vinculada a redes de estafa, su juicio y condena ocuparon tapas de diarios y programas de radio y televisión.

Aunque fue imputada y condenada, y pasó más de una década en prisión, su vida pública (entrevistas y escándalos) continuó hasta sus últimos años. El caso dejó mucho que pensar sobre los límites de la transgresión mediática y sobre cómo los medios construyen fascinación por ciertos criminales.

La propia Mirtha Legrand la recibió más de una vez en su programa. Hubo, incluso, un momento antológico, durante el cual Yiya le ofreció masitas. Esto ocurrió en 2008, pero los productores luego advirtieron el nivel de cinismo que implicaba esa acción y Murano no volvió a la mesa de la diva.

La serie llega en un momento en el que el true crime se estableció como un género hegemónico: más allá de los datos policiales, los relatos construyen tipologías, mitos y reflejos culturales. Para ubicar a “Yiya” dentro de este fenómeno, basta mirar algunas películas clave del género.

"El silencio de los inocentes" (1991) desarrolla la fascinación por el carisma del mal. Hay un punto de encuentro con Yiya: una mujer seductora, de intensa vida social, cuya imagen pública generaba magnetismo, al igual que el doctor Lecter.

"Pecados capitales" (1995), de David Fincher, es un thriller en el que el asesino organiza sus crímenes en torno a un sistema simbólico que obliga a la sociedad a revisar sus valores. En este sentido, Yiya Murano puede interpretarse como un espejo sucio de nuestras propias contradicciones sociales.

Flow

Para pensarlo en clave femenina, "Monster" (2003) retrata a una mujer asesina con gran carga empática, cuestionando la delgada línea entre el "monstruo" y la "víctima social".

La fascinación por el asesino serial combina curiosidad morbosa, deseo de explicación y un ejercicio colectivo de anestesia frente al peligro. En el caso de Yiya, ocurre algo particular: la tradición asocia a la mujer con el cuidado y lo doméstico; encontrar allí a un criminal resulta inesperado y, por eso, cautivante.

A su vez, el caso tuvo un fuerte impacto mediático: juicios, entrevistas y reconstrucciones dramatizadas generaron una demanda creciente de nuevas representaciones. En Argentina, Yiya ya era personaje de crónicas periodísticas e incluso de literatura. La serie no hace más que inscribirse en esa genealogía.

Carlos Retamal

Un hombre de 36 años murió en la noche del sábado 18 de enero en el hospital Anselmo Gamen, de Villa Gobernador Gálvez, como consecuencia de múltiples heridas de arma blanca que había recibido un rato antes durante un hecho que está bajo investigación, en la zona noreste de esa ciudad.

Fuentes policiales indicaron que alrededor de las 20, se recibieron varios llamados telefónicos en el sistema 911 indicando que varias personas estaban agrediendo a un hombre en la zona conocida como ‘La Laguna’, ubicada en inmediaciones de Córdoba y avenida La Ribera, en un sector de viviendas precarias, ubicada en un extremo de barrio La Ribera.

Un rato más tarde llegó hasta el lugar personal policial, pero a esa altura de la noche, familiares lo habían sacado de ‘La Laguna’, un espejo con muy poca agua, que desemboca en el río Paraná, y lo habían trasladado al hospital Gamen.

El hombre, identificado como Miguel Ángel C., ingresó en el área de cuidados intensivos, con golpes y heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo, y falleció un rato más tarde.

El crimen es investigado por el fiscal de turno en la Unidad de Homicidios Dolosos, Patricio Saldutti, que dispuso varias medidas para intentar determinar los motivos por los cuales se produjo el asesinato y quienes fueron los participantes de la pelea fatal.

Es el décimo crimen que se registra en los primeros 18 días del año en el departamento Rosario, tres de ellos en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez.

Noticia en desarrollo

Un hombre de 37 años identificado como Emiliano Gabriel Cornejo fue condenado a 20 años de prisión como autor del homicidio de Horacio Muñoz, cometido con armas de fuego en 2021 en Villa Cañás. La pena además se le impuso por haber tratado de matar a un hermano de la víctima fatal, así como por el delito de resistencia a la autoridad.

La sentencia fue dispuesta por unaminidad por un tribunal presidido por el juez Mauricio Clavero e integrado además por las juezas Silvina Marinucci y Lorena Garini, en el marco de un juicio oral y público que finalizó en la mañana de este lunes en los tribunales de Venado Tuerto.

El fiscal Damián Cassullo estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate. Tras conocer el veredicto, valoró que “estamos satisfechos porque el tribunal consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos”. Señaló que “se trató de un caso complejo de criminalidad organizada”, y añadió que “las violencias altamente lesivas generadas en ese contexto se proyectan no sólo a las víctimas sino también a sus familiares y habitantes de la localidad en la que tienen lugar”.

Cassullo indicó que “entre las 20:30 y las 21:00 del jueves 17 de junio de 2021, el condenado y otro hombre que aún no fue individualizado viajaron desde Venado Tuerto hasta Villa Cañás a bordo de un auto marca Volkswagen modelo Gol Trend de color negro”.

Relató que “cuando llegaron a la localidad de destino, se dirigieron a una vivienda en la que pretendían sustraer estupefacientes”, y remarcó que “ingresaron realizando disparos con armas de fuego hacia el suelo, a modo de amedrentamiento”.

“Muñoz estaba en el interior del domicilio y, cuando advirtió lo que sucedía, se acercó a los atacantes con el fin de disuadirlos”, sostuvo. “Sin embargo, Cornejo continuó su accionar delictivo y, con voluntad de matar, disparó hacia el hombre que se había interpuesto en su camino”, subrayó. “La víctima recibió el impacto de tres proyectiles en diferentes partes del cuerpo y falleció esa misma noche a causa del ataque en el hospital de Villa Cañás”, informó.

Asimismo, el fiscal manifestó que “el condenado también agredió con el arma de fuego a un hermano de Muñoz, quien resultó herido en el abdomen”, y aclaró que “logró sobrevivir gracias a que recibió oportuna y efectiva atención médica en un centro de salud venadense”.

“Por su parte, Cornejo y el hombre que está prófugo se fueron de inmediato del inmueble y huyeron a bordo del auto en el que habían llegado”, afirmó.

El representante del MPA precisó que “en diciembre de 2021, el condenado fue identificado y se decidió allanar el lugar en el que él residía en Venado Tuerto”.

Cassullo puntualizó que “al ser requerido por la policía, el condenado se fugó a pie por el patio de la vivienda, trepó un tapial, llegó hasta la vía pública a través de edificaciones linderas y comenzó a correr”. En tal sentido, aseveró que “aunque los uniformados le dieron la voz de alto en reiteradas oportunidades, el condenado hizo caso omiso”.

“Finalmente, dos agentes de la fuerza de seguridad lo alcanzaron y concretaron la detención”, concluyó.

Cornejo fue condenado a 20 años de prisión como autor de homicidio agravado (por el uso de armas de fuego), tanto consumado como en grado de tentativa. A su vez, recibió la pena por la autoría de resistencia a la autoridad.

Juan Carlos Castillo, de 36 años, a quien se investiga como autor del homicidio de Daniel Rodolfo Cuzcueta (60 años) quedó en prisión preventiva por el hecho cometido el mes pasado en inmediaciones de un bar céntrico de la ciudad de Venado Tuerto.

La medida cautelar fue impuesta por la jueza Paula Borrello a raíz de un pedido formulado por la fiscal Florencia Schiappa Pietra en una audiencia llevada a cabo este lunes en la mañana en los tribunales venadenses.

La funcionaria del MPA también le atribuyó al imputado la autoría de delitos contra la integridad sexual en perjuicio de una mujer con la que convivió hasta noviembre.

“Presentamos gran cantidad de evidencias que, según sostuvo la jueza, fueron suficientes en esta instancia procesal para acreditar con contundencia la autoría del ilícito”, sostuvo Schiappa Pietra. “Si bien la Defensa del imputado ofreció medidas alternativas a la prisión preventiva, nos opusimos y la magistrada hizo lugar a nuestro requerimiento de cautelar el proceso con la privación de la libertad del hombre investigado”, añadió.

La fiscal del MPA también subrayó que “hicimos hincapié en los riesgos procesales que había en caso de que el imputado hubiera quedado en libertad” y recordó que “fue detenido en San Luis y tenía en su poder una moto cero kilómetro, lo cual da cuenta de que contaba con la posibilidad de trasladarse a otra provincia y de que tenía recursos económicos”.

Schiappa Pietra también remarcó que “la jueza tuvo en cuenta que los delitos que le atribuimos al imputado prevén penas en expectativa que son de prisión efectiva” y concluyó que “también coincidió con nuestro planteo acerca de la posibilidad de entorpecimiento probatorio”.

El homicidio fue cometido minutos después de la 1:30 de la madrugada del domingo 24 de noviembre en inmediaciones de calle Chapuis al 2.100.

“La víctima fatal estaba en un bar junto con otro hombre y con una mujer”, relató en la audiencia la fiscal Schiappa Pietra. “Cuando salieron del local gastronómico, fueron a un auto que estaba estacionado en inmediaciones del lugar, Cuzcueta se sentó en el asiento del conductor y el imputado lo atacó con un elemento cortopunzante de aproximadamente dos centímetros de profundidad”, precisó la fiscal.

La funcionaria del MPA informó que “el hombre atacado sufrió heridas en distintas partes del cuerpo” y agregó que “a raíz de las lesiones, fundamentalmente de una que recibió en el cuello, falleció el lunes 16 de diciembre en una clínica privada a la que había sido trasladado a raíz de la agresión”.

Al hombre investigado también se le endilgó la autoría de delitos contra la integridad sexual de una mujer con quien convivió hasta noviembre de este año. “La mujer estaba en el bar junto con el hombre al que mató el imputado”, indicó la fiscal.

En relación a los abusos sexuales, Schiappa Pietra dijo que “los hechos ilícitos fueron cometidos de forma reiterada y en un número indeterminado de veces en la casa en la que convivieron durante casi tres años”.

La fiscal Schiappa Pietra le atribuyó al hombre investigado la autoría del homicidio de Cuzcueta, y la autoría del delito de abuso sexual con acceso carnal (reiterado y en un número indeterminado de veces) en perjuicio de la mujer con la que había convivido. Además, se le endilgaron los delitos de amenazas y resistencia a la autoridad. 

Un tribunal de segunda instancia confirmó íntegramente la sentencia por la cual un hombre de 38 años identificado como Carlos Emanuel Lucero fue condenado a prisión perpetua. La pena se le impuso como autor del homicidio de Juan Marcos Correa, cometido con alevosía y ensañamiento en el marco de un rito pagano llevado a cabo en 2020 en la localidad de Amenábar.

El fallo de la Alzada fue dispuesto por los camaristas Daniel Curik (presidente), Juan Pablo Lavini Rosset y Bibiana Alonso, luego de una audiencia de apelación realizada de manera remota en los tribunales de Venado Tuerto. La fiscal que representó al MPA es Rafaela Florit, quien junto con el fiscal Mauro Menéndez había estado a cargo de la investigación. A su vez, una hermana de Correa fue escuchada por el tribunal en una audiencia de víctima.

Florit informó que “el abogado defensor de Lucero recurrió el fallo y, tal como pedimos desde el MPA, el tribunal rechazó todos los planteos en contra de lo ordenado en primera instancia”. Indicó que “la Defensa cuestionó las agravantes del ilícito y pretendió que la calificación penal cambiara a homicidio simple y disminuyera la pena, lo cual no correspondía”.

La fiscal recordó que “entre el domingo 27 y el miércoles 30 de septiembre de 2020, el condenado le quitó la vida a Correa con el objetivo de hacer un sacrificio humano al santo pagano San La Muerte”.

La funcionaria del MPA mencionó que “el defensor sostuvo que al no haberse podido determinar con rigor científico cuál de diferentes lesiones que recibió la víctima es la que resultó letal, no era posible saber si atravesó un período de sufrimiento excesivo, cruel e innecesario, como exige el ensañamiento”. Sin embargo, Florit detalló que “la prolongación de la agonía tuvo que ver con el móvil del ilícito”, y puntualizó que, “como explicó un experto en teología dogmática que declaró en el juicio, el ritual no podía funcionarle a Lucero si no lo hacía de una manera concreta”.

Asimismo, en un voto al que adhirieron los otros dos integrantes del tribunal, el juez Curik coincidió con sus pares de primera instancia en que “las razones de la muerte estaban guiadas por el valor simbólico de una ofrenda trascendente a lo humano a través de una práctica que requeriría por sí misma un sufrimiento extraordinario a la víctima”, y apuntó que “el dolor extra es parte de la esencia del sacrificio”.

En cuanto a la alevosía, que la Defensa también cuestionó, la fiscal señaló que “el condenado cometió el ataque de manera sorpresiva, mientras la víctima estaba en una situación de indefensión física y psicológica en un lugar desolado”. En relación a ello, el presidente del tribunal de la Alzada destacó que “es dato sobresaliente que era necesario para Lucero obrar sobre seguro, para poder cumplir así con el rito de la ofrenda de sangre y vida”.

Por otro lado, Florit refirió que “el abogado defensor criticó el valor probatorio de los testimonios de dos hombres que estuvieron detenidos con Lucero en una comisaría”, y relató que “él les confesó que había matado a Correa, cómo y por qué lo había hecho y les dio datos que permitieron hallar el cadáver”. Resaltó que “lo que contaron no era conocido por terceros y nadie apareció luego desmintiéndolo”.

El presidente del tribunal de segunda instancia consideró que en el fallo recurrido hay una “adecuada inferencia formulada a partir del develamiento efectuado por Lucero a dos compañeros en el lugar de encierro y la compatibilidad de lo develado con los rastros objetivos levantados luego de la escena del crimen, en especial las secuelas dejadas en el cuerpo de la víctima”.

En tanto, el juez Curik afirmó que “los argumentos que sustentan la impugnación carecen de fuerza suficiente para revertir el pronunciamiento de condena puesto en crisis”, y subrayó que la sentencia del juicio oral “cuenta con un desarrollo argumental que da sobradamente sustento para disponer su ratificación”.

Florit expuso que “a sabiendas de que Correa era adicto a estupefacientes y vivía en condiciones de vulnerabilidad, Lucero lo condujo mediante engaños a un monte conocido como el ‘nuevo basural’, en la localidad de Amenábar”. Aseveró que “a partir de un plan previo, el condenado llevó cigarrillos de marihuana y un cuchillo”.

“Para concretar el homicidio, Lucero le dio un golpe de puño a Correa y luego utilizó el arma blanca para hacerle numerosos cortes y extraerle el corazón, lo que causó su fallecimiento”, especificó la representante del MPA. “Después decapitó el cadáver y enterró las partes cerca de un altar en homenaje al santo pagano San La Muerte”, manifestó.

Por último, la fiscal planteó que “además de contarles lo que había sucedido a sus dos compañeros de detención, el condenado le aseguró por teléfono a un amigo que había matado a un abusador, cuya alma había ofrendado para pagar una deuda en el marco de su culto”. Según explicitó, “años antes, Correa había sido investigado por un delito contra la integridad sexual, en el marco de un legajo que finalizó por la prescripción de la acción penal en 2017”.

Roberto Bárzola fue identificado como nuevo sospechoso en el caso por el crimen de Nora Dalmasso. El hombre, por ese entonces, trabajaba puliendo los pisos de la casa de Villa Golf, según confirmaron fuentes del caso. El individuo ya había estado involucrado en la causa al declarar seis veces.

Este lunes, a 18 años del crimen que estremeció a Córdoba, el Ministerio Público Fiscal informó que el ADN de un hombre resultó compatible con las huellas genéticas colectadas en la bata y en el cuerpo de la víctima.

En la causa a cargo del Fiscal Pablo Jávega, se detalló que se continúa trabajando en el análisis del “resto del cuadro de pruebas disponible para la composición de hipótesis en función del aporte de dicho material”.

Ante la coincidencia de las huellas genéticas halladas, se confirmó que Bárzola fue imputado por abuso sexual seguido de muerte y citado a declarar, aunque se negó a dar testimonio. Además, se destacó que continúa en libertad.

“No es una huella en un corte específico, sino que son ocho huellas”, destacó Jávega en conferencia de prensa.

Acerca de su involucración en el caso, explicó: “Él declaró en la instrucción y en un juicio que había concurrido a la casa de la familia en horas de la mañana”.

Ahora la Fiscalía está a la espera de la búsqueda de antecedentes que “asocien y subsistan a la acción”, debido a que la causa está prescripta.

Lo hasta ahora logrado es producto de la labor conjunta e interdisciplinaria entre el Ministerio Público Fiscal y el Centro de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba –con la cooperación del National Center for Forensic Science, Universidad de Florida, EEUU, y la colaboración del Ministerio de Justicia del gobierno de la Provincia de Córdoba.

Un hombre de 40 años identificado como Juan José Ángel Domínguez fue condenado a prisión perpetua como autor del femicidio vinculado de Federico Landriel, cometido en 2020 en la localidad de Santa Isabel (departamento General López).

La sentencia fue resuelta por unanimidad por un tribunal integrado por los jueces Adrián Godoy (presidente), Aldo Baravalle y Leandro Martín, en un juicio oral y público que finalizó este mediodía en los tribunales de Venado Tuerto.

La fiscal que representó al MPA en el debate es Rafaela Florit, quien explicó que “Domínguez llevó a cabo su accionar delictivo con el fin de provocarle sufrimiento a una mujer con la cual había mantenido una relación sentimental”, y agregó que “a su vez, ella era la actual pareja de la víctima fatal”. Tras conocer el veredicto, valoró que “el tribunal consideró acreditada la acusación que realizamos y dispuso la pena que pretendíamos desde la Fiscalía”.

En tanto, precisó que “el tribunal no hizo lugar a pedidos de invalidaciones procesales presentados por la Defensa y ordenó que el condenado permanezca en prisión preventiva hasta que la sentencia adquiera firmeza”.

El hecho ilícito fue cometido el viernes 29 de mayo de 2020 alrededor de las 5:30 de la mañana. Florit indicó que “Landriel iba a su trabajo en bicicleta cuando el condenado lo atacó con un arma de fuego en calle Francia, en dirección a la ruta provincial número 94”, y subrayó que “la víctima recibió un disparo en la cabeza y quedó tendido en el suelo”.

La fiscal señaló que “minutos más tarde, una conocida de Landriel encontró el cuerpo en la vía pública y se comunicó con la central de emergencias local porque creía que el hombre agredido estaba desvanecido”. En tal sentido, afirmó que “bomberos de Santa Isabel trasladaron el cuerpo ya sin vida a un hospital, donde se constató que el cadáver tenía marcas características del impacto de un proyectil, por lo que se informó la situación tanto a la policía como al MPA”.

“Con el avance de la investigación, se logró determinar el móvil del ataque”, manifestó Florit. “Durante los días previos al hecho, el condenado había hostigado a su expareja en reiteradas oportunidades”, aseveró. “En un contexto de violencia de género, la había instado a ‘volver’ con él y le había dicho que ‘si no era de él, no iba a ser de nadie’”, remarcó.

La funcionaria sostuvo que “el desafío del juicio fue dar cuenta de lo sucedido a partir de indicios, ya que no hubo testigos directos”. Expuso que “el ilícito fue cometido en una de las últimas cuadras de Santa Isabel, mientras la calle estaba cerrada con un cúmulo de tierra como medida de seguridad para restringir la circulación en el marco de la pandemia de coronavirus”.

“Un día después del hecho, las fuerzas de seguridad trabajaron con dos perros que detectaron el camino que siguió el condenado desde el lugar del ataque hasta la casa en la que él vivía”, puntualizó Florit. “A su vez, una vecina declaró que escuchó el disparo, así como a una persona que pasó corriendo inmediatamente después en el sentido marcado por los canes”, agregó.

Asimismo, refirió que “a pocos metros de donde estaban el cuerpo de la víctima, su bicicleta y otras pertenencias, se halló una collilla de cigarrillo que fue peritada y tenía rastros del perfil genético de Domínguez”. También indicó que “informes de impactos de antena y uso de datos móviles del teléfono celular permiten corroborar que el condenado es quien le quitó la vida a Landriel”.

Por otro lado, especificó que “los episodios de violencia de género en perjuicio de su expareja fueron acreditados a partir de distintos medios, así como cambios de actitudes posteriores al ilícito”. Al respecto, ejemplificó que “el condenado llamaba por teléfono a la mujer de manera incesante –llegó a hacerlo 71 veces en un mismo día–, pero el viernes 29 de mayo de 2020 no lo hizo ni una vez”.

Domínguez fue condenado como autor de homicidio calificado (por haber sido cometido mediante el uso de arma de fuego y por tratarse de un homicidio transversal por femicidio vinculado –es decir, cometido con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que había mantenido una relación de pareja-).

Tres allanamientos se llevaron adelante durante el fin de semana en Venado Tuerto con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento del crimen de Daniel Malacalza, ocurrido el sábado 30 de marzo de 2024 en un campo ubicado en el límite con la localidad de Carmen.

Fuentes policiales consultadas por Sur24 indicaron que “incautaron armas de fuego y cuchillos”. En tanto la fiscalía sostiene un total hermetismo en relación a la causa y sus avances. 

Historia del caso

En la noche del sábado 30 de marzo Daniel Malacalza dejó a su mujer en Venado Tuerto y se dirigió a la estancia El Chamuelle, donde trabajaba como encargado. Abrió la tranquera y emprendió los últimos 500 metros hasta la vivienda ubicada en el casco del establecimiento rural. 

Al parecer, en ese momento fue sorprendido por los malvivientes, quienes le dispararon en dos oportunidades con el objetivo de hacerse del dinero en efectivo que poseía la víctima. Malacalza habría logrado zafar de sus agresores, para salir corriendo y encerrarse en la vivienda, donde minutos más tarde murió como consecuencia de las graves herida.

Los malvivientes robaron armas de fuego que había en el lugar, como así también cuchillos.

Luego se dieron la fuga. 

El cuerpo sin vida fue encontrado por la mujer de la víctima pasado el mediodía del domingo. 

Investigación 

El fiscal Eduardo Lago es quien se encuentra a cargo de la investigación desde un primer momento. Y en charla con Sur24 a pocos días de ocurrido el crimen había dejado en claro que iba a ser “una investigación compleja”.

Según pudo constatar este medio, se enviaron a laboratorio distintas muestras que se tomaron en la escena del hecho con el objetivo de analizar material genético, pero los resultados todavía no llegaron a sede del Ministerio Público de la Acusación.

En tanto, durante el fin de semana se llevaron adelante tres allanamientos en distintos inmuebles de Venado Tuerto.

Fuentes del caso se limitaron a decir que los domicilios en donde se intervino son de “personas con antecedentes”. Igualmente confirmaron que “incautaron armas de fuego y cuchillos, pero no se llevaron adelante detenciones”. 

Catalina Gutiérrez fue asesinada a los 21 años y su muerte dejó sin consuelo a todos sus seres queridos. Muchos amigos la despidieron en redes y ahora fue el turno de su novio, Lázaro Oliveda, quién compartió un desgarrador posteo en el que mostró las cartas de amor que ella le escribía.

Su relación había comenzado cuando eran apenas unos adolescentes. El romántico mensaje que dio a conocer el joven, tiene fecha de junio de 2019, por lo que hace al menos unos cinco años que estaban en pareja, es decir, cuando ella tenía 16.

“Quería que fueras tan pero tan feliz. No puedo creerlo, no puedo”, escribió Lázaro en su cuenta de X, ex-Twitter, junto con las imágenes de un libro de fotos que acompañó a la tierna carta que le entregó el día de su cumpleaños.

Quería que fueras tan pero tan feliz. No puedo creerlo, no puedo. pic.twitter.com/GwjWoLLGQj

La estudiante de arquitectura abrió su corazón y volcó en un papel sus sentimientos más profundo para con su novio y destacó las cualidades del joven en la relaciones: “Gracias por siempre estar y ayudarme en todo, por siempre tenerme en cuenta y cuidarme, que es realmente importante y valoro muchísimo que lo hagas”.

“Sos una excelente persona y espero que seas muy feliz siempre conmigo. Espero también hacerte feliz, trato de dar lo mejor que puedo de mí y sos absolutamente todo para mí y espero también hacértelo sentir. Cada día me enamorás un poco más y te amo un poco más también”, confesó en aquel momento.

En la carta que lleva fecha del 22 de junio de 2019, Catalina le habló de Dios a su pareja. “Feliz de que los dos nos entreguemos a Dios, ya sea rezando, amándonos, que es lo que Él quiere, o como sea. Estoy segura de que Él tiene un plan perfecto para nosotros y que va a estar ahí en todo, dándonos una mano para lo que sea. Porque así es Él, perfecto”, expresó.

En el escrito da cuenta de lo importante de que era la religión para ella, y lo feliz que estaba de poder compartir su fé con su novio: “Me pone muy feliz, que tengamos las mismas metas y valores, Y no olvidar que Dios es la base de todo. Por ejemplo, de nuestra relación, así estamos más unidos y es sano lo nuestro”, remarcó.

Llegando al final, le hizo saber cuáles eran sus deseos para ese día tan especial: “Qué pases un excelente día en tu cumpleaños, disfrutá con tu familia, tus amigos y tu novia, te lo merecés más que nadie en este mundo. Gracias por ser la persona que sos conmigo”.

Antes de despedirse se disculpó por la extensión de la carta, “espero que te haya gustado, aunque medio larga”, escribió, y se despidió con “un chape grande” y un “te amo”. También utilizó un posdata, para recordarle a su novio que le parecía “muy sexy”.

Con el correr de las horas se fueron conociendo detalles sobre el brutal crimen de Adriana Estela Villa de 62 años, ocurrido en la noche del sábado en una vivienda ubicada en calle 2 de Abril al 1.900 en el barrio Tiro Federal. 

Desde el Ministerio Público de la Acusación confirmaron a Sur24 que por el momento no consiguieron dar con el revólver. A su vez precisaron que al menos uno de los detenidos se conocía con el hijo de la víctima. Y ratificaron que todo estuvo relacionado a la compra de una campera.

En tanto, la audiencia imputativa y cautelar se llevaría adelante entre las jornadas del miércoles y jueves, en donde el fiscal Damián Casullo solicitará la prisión preventiva de los implicados, quienes fueron detenidos en la jornada del domingo. 

Historia del caso

Kevin A. de 27 años y Juan E. de 21, en la jornada del viernes estaban intentando vender una campera deportiva de primera marca para hacerse de dinero en efectivo.

Según fuentes oficiales, finalmente lograron llegar a un acuerdo con el hijo de la víctima quien abonó 10.000 pesos por la prenda de vestir.

Al día siguiente, los dos detenidos consideraron que era poco lo que habían pagado por la campera. En consecuencias, ambos se dirigieron en bicicleta a la vivienda de 2 de Abril al 1.900 a reclamar que abonen una cifra superior, o en su defecto que les devuelvan la campera.

De esta manera, el hijo de Adriana les reintegró la prenda de vestir, pero a cambio recibió solo 6.000 pesos, y no los 10.000 que había abonado. 

En ese momento se desató una rencilla, con golpes y distintas agresiones. Los dos sujetos salieron del inmueble, se subieron a las bicicletas y emprendieron la retirada. Pero uno de ellos sacó un revólver y ejecutó un disparo mortal que le quitó la vida a Adriana Estela Villa.

A las pocas horas, ambos agresores fueron detenidos por la por la policía. 

Más de dos meses después del crimen del peluquero Germán Medina en una peluquería de Recoleta, este miércoles hallaron a Abel Guzmán, el compañero que cometió el asesinato y que estaba prófugo desde ese entonces.

El hombre de 43 años fue detenido en una casa en Moreno, provincia de Buenos Aires pese a los rumores de que había huido de la provincia e incluso del país.

Guzmán tenía pedido de captura desde el 21 de marzo y sobre él pesaba una recompensa de $5.000.000. Sus datos y fotos fueron difundidos por todas las redes sociales y medios de comunicación. Incluso, Interpol lanzó una alerta sobre su paradero.

Este jueves Guzmán fue detenido por los investigadores de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad en una casa del partido bonaerense de Moreno, según las primeras informaciones.

Germán Medina fue asesinado el 20 de marzo pasado en la peluquería Verdini donde trabajaba junto a Abel Guzmán y otros colegas. Según el informe, la víctima fue trasladada todavía con signos de vida por personal del SAME al Hospital Fernández, pero murió a los pocos minutos.

Por su parte, el homicida logró huir por una ventana y desde entonces nada más se supo de él pese a los videos del momento de la huida que se difundieron. Desde el Juzgado N°48, a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, se firmó el pedido de captura al otro día del crimen.

El asesinato cometido mientras Medina estaba sentado en ronda junto a otros compañeros al finalizar la jornada laboral

Un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado en la noche del martes 30 de abril en la zona norte de Rosario. El crimen se cometió poco después de las 23 en inmediaciones de Cavia y Larrechea.

Según fuentes policiales, la víctima recibió un disparo en el cráneo cuando iba caminando y quedó tendida en el piso, gravemente herida.

Vecinos cargaron al hombre en un auto y lo llevaron hasta el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde falleció a los pocos minutos.

En total fueron 9 los crímenes que se registraron en el mes de abril en el departamento Rosario, cuatro de ellos en barrio La Esperanza.