El gobierno provincial y la Corte Suprema de Justicia santafesina coordinarán la cobertura de vacantes en el Poder Judicial, tomando en cuenta el orden de prioridades, en base a las estadísticas sobre el flujo de actividad en cada una de las jurisdicciones.

La cuestión se volvió acuciante a mediados del año pasado, cuando los cargos judiciales descubiertos llegaban al centenar, y a ello se sumaban más de 30 de fiscales y cerca de 20 de defensores. El tema fue planteado desde sectores profesionales y gremiales, y por la propia Corte, y se morigeró con la aprobación de 88 pliegos a fines de septiembre.

En rigor, la cuestión era parte de un tironeo entre el Poder Ejecutivo y la cabeza de la Justicia, que se remite a los momentos de mayor tensión entre ambos poderes.

El 8 de septiembre de 2024, en el inusual día y horario de un domingo a las 7.30, Pullaro recibió en Casa de Gobierno a los ministros, que reclamaban además por cuestiones presupuestarias y demoras en la firma de expedientes.

En ese contexto, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, aludió a que, a fines de la cobertura de vacantes, “apenas asumimos, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad solicitamos información detallada sobre el funcionamiento de la Justicia fuero por fuero, información que aún no recibimos por lo que hoy los integrantes de la Corte se comprometieron a el día lunes brindárnosla”.

No obstante, la respuesta formal remitida por la Corte al inicio de la semana hábil fue que esas planillas, requeridas en el mes de enero, habían sido enviadas a principios de febrero. Según el gobierno, esa información estaba incompleta.

"Era para poder hacer una planificación sobre los cargos que vamos a nombrar, que no son cargos baratos. ¿Cuál fue la la contestación del Poder Judicial? Mandarnos todos los cargos que estaban vacantes. Entendimos que no era lo correcto. Nos costó mucho construir esa información porque es información interna de otro poder", sostuvo unos días después el gobernador.

Desde la Corte, no obstante, insistieron en que ya en la contestación inicial se habían puesto a disposición para hacer todas las aclaraciones o ampliaciones que fueran requeridas, cosa que no ocurrió desde entonces hasta ahora.

Pero las cosas cambiaron luego de esa tensa reunión, atravesada por la polémica generada por la intención del Ejecutivo de motorizar una renovación de la conformación del Alto Tribunal, y la resistencia de los ministros.

Con ese proceso ya en plena marcha y con fecha cierta, el expreso y explícito agradecimiento del mandatario a los miembros del tribunal que se jubilarán este año (el presidente Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Roberto Falistocco), y una cena de fin de año donde campeó la camaradería, los próximos meses serán la ocasión (finalmente) para una labor coordinada entre las cabezas de ambos poderes.

“Nosotros hoy tenemos un muy buen diálogo con la Corte Suprema”, planteó Pullaro en declaraciones formuladas este martes en Santa Fe. “El 20 de diciembre del año pasado tuvimos una cena y quedamos con los ministros en que nos íbamos a poner a trabajar juntos para terminar de cubrir todos los cargos que necesita la Justicia”, añadió.

Y dejó en claro que esa tarea será “en función de una planificación que tiene que ver con la cantidad de causas que tiene cada uno de los juzgados de distrito”.

Tras aludir a que el proceso de cobertura de cargos se inició el año pasado, el gobernador precisó que “la idea y lo que charlamos con la Corte es que juntos podamos planificar y llevar adelante la cobertura de las vacantes en el primer semestre del año 2026, para que la Justicia tenga la estructura que tiene que tener”.

“Para eso logramos ponernos de acuerdo en (conformar) una mesa de trabajo en donde, en función de datos y parámetros estadísticos, tengamos claramente indicada cuál es la carga de trabajo que tiene cada una de las instancias judiciales, y en función de eso reordenar e ir cubriendo los cargos, para tener también un modelo eficiente de administración de la Justicia”.

Al respecto, el secretario de Justicia Santiago Mascheroni (uno de los comensales de la cena de diciembre) ya comenzó a establecer los primeros contactos a efectos de la habilitación e integración de ese ámbito.

La otra cuestión pendiente, que formó parte de la agenda de aquél encuentro, es el funcionamiento del Consejo Asesor de la Magistratura, nuevo órgano creado por la Convención Constituyente para designar jueces, fiscales y defensores. Falta su reglamentación por ley, aunque prima la idea de que debe ser un dispositivo austero y ágil, lo opuesto al Consejo de la Magistratura a nivel nacional.

Otro tema en carpeta y sobre el que se explayaron más es la falta de jueces en los fueros laboral y de familia, que sobrecarga a los magistrados y alargan los tiempos de los procesos. En la Casa Gris señalan que en el interior de la provincia puede haber “situaciones puntuales” pero admiten que el mayor foco de conflicto está en los juzgados de Rosario y la ciudad de Santa Fe.

En diálogo con El Litoral, el entonces presidente de la Corte, Roberto Falistocco, planteó que las vacantes “habían llegado a un nivel de atraso alarmante por la acumulación de expedientes, y obligaba a que, en algunos fueros, los jueces tuviesen que dictar 170 fallos por año; una sentencia cada día y medio”.

“Eso afecta al servicio de Justicia, lo que es decir al ciudadano. Porque habrá digitalización, inteligencia artificial y acceso sin pasar por el papel, pero para resolver es necesaria la presencia de los jueces”, añadió, aludiendo a otro campo que también formó parte de la polémica y, seguramente, formará parte ahora de la nueva etapa de coordinación.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio expresó su profunda preocupación y rechazo ante el fallo de la Corte Suprema de Santa Fe que habilita la baja de la condena por el crimen de Juan Cruz Ibáñez, al considerar que se trata de una decisión que “envía una señal de injusticia hacia las víctimas, hacia la familia y hacia los inocentes”.

La legisladora sostuvo que la resolución genera “indignación, impotencia y tristeza”, y advirtió que el fallo “parece no comprender la realidad ni el impacto real que estas decisiones tienen en quienes perdieron a un ser querido de manera violenta”. En ese sentido, remarcó que la reducción de la sentencia “es un golpe durísimo para el dolor de toda la familia y una falta de respeto a la memoria de Juan Cruz, un joven brillante”.

Di Gregorio recordó que Juan Cruz Ibáñez fue asesinado mientras dormía, al ser atacado con 26 puñaladas durante un robo, y subrayó que el autor del crimen en el 2018 en Rosario, “era una persona de casi 18 años que actuó con una violencia extrema”. Además, señaló que durante su detención “los informes sociales no indicaron arrepentimiento ni registro del daño causado”, un aspecto que, según sostuvo, no puede ser ignorado por el sistema judicial.

Para la senadora provincial, el fallo genera una “vergüenza colectiva” porque “es el resumen de un proceso arduo donde se termina teniendo en cuenta todo menos a las víctimas”. En esa línea, afirmó que la Justicia debe tener una mirada integral y no centrarse únicamente en quien delinque, advirtiendo que “una justicia que subestima u omite a las víctimas es una justicia antigua, anclada en criterios que la sociedad ya dejó atrás”.

Finalmente, Di Gregorio llamó a avanzar hacia un sistema penal con perspectiva de víctimas y pidió “humanidad y empatía con las familias que buscan una nueva Justicia que entienda el dolor y acompañe. Esperamos que la nueva era de la Corte Suprema esté a la altura de las circunstancias”, y cerró: “Por la memoria de Juan Cruz Ibáñez, necesitamos una Justicia que no le dé la espalda a quienes perdieron todo”.

La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe resolvió anular la condena de 23 años de prisión impuesta a Lucas Ezequiel Ojeda por el crimen del estudiante, oriundo de Murphy, Juan Cruz Ibáñez, ocurrido en Rosario en 2018. El fallo, firmado el pasado 16 de diciembre, establece además que la causa deberá ser reenviada a un tribunal subrogante para su nuevo juzgamiento.

La decisión fue adoptada por los ministros Eduardo Guillermo Spuler (presidente y decano), Daniel Erbetta, Rafael Gutiérrez y la jueza de Cámara Martha María Feijoó, quienes integraron el tribunal para este caso.

Revisión judicial

El Máximo Tribunal provincial declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa de Ojeda, quien al momento del hecho tenía 17 años. Según se argumentó, la condena de 23 años dictada por la Cámara de Apelaciones de Rosario no respetó los estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil y resultó desproporcionada respecto del marco legal vigente.

En consecuencia, la Corte anuló el fallo impugnado y dispuso que el nuevo juicio se realice con un tope de pena de 15 años, conforme a los lineamientos del artículo 4 de la Ley 22.278, que regula el régimen penal aplicable a menores.

Un caso que conmocionó

El crimen de Juan Cruz Ibáñez ocurrió el 29 de junio de 2018 en un departamento ubicado en Zeballos al 2100, pleno centro de Rosario. La víctima, oriunda de la localidad santafesina de Murphy, tenía 23 años y estudiaba ingeniería en sistemas. Fue hallado sin vida en el interior de su domicilio, con múltiples puñaladas.

Según la investigación, Lucas Ezequiel Ojeda —entonces menor de edad— permaneció varias horas en el lugar tras cometer el crimen. Se duchó, vistió ropa de la víctima, robó objetos personales y hasta intentó escapar con su auto, aunque finalmente se marchó en un taxi. Al día siguiente, fue identificado por el chofer, quien lo denunció ante la policía. El joven fue detenido el 3 de julio en la autopista Rosario-Santa Fe, cuando intentaba huir hacia Chaco.

Condenas previas y cuestionamientos

En febrero de 2020, la jueza de Menores Aguirre Guarrochena lo había declarado responsable de homicidio “criminis causae” en concurso con robo calificado. La pena fue fijada en 17 años de prisión. Sin embargo, el fallo fue apelado por el Ministerio Público y la Cámara de Apelaciones incrementó la condena a 23 años en septiembre de 2022.

La defensa de Ojeda impugnó esa decisión, planteando que el monto de la pena violaba la Convención sobre los Derechos del Niño y precedentes jurisprudenciales como los fallos “Cabrera” y “Mansilla Gallegos” dictados por la misma Corte santafesina. Asimismo, citó el precedente “Maldonado” de la Corte Suprema de la Nación y el caso “Mendoza” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente, el tribunal santafesino coincidió con los planteos defensivos y concluyó que la pena impuesta no se ajustaba a derecho.

Lo que resolvió la Corte

“El razonamiento sobre el cual los magistrados fundaron su decisión de agravar la sanción importó un apartamiento del criterio jurisprudencial de esta Corte”, señala el fallo, que cita expresamente la obligatoriedad de aplicar reducciones de pena en los casos donde intervienen menores punibles. “Debe declararse procedente el recurso de inconstitucionalidad y anularse el pronunciamiento”, concluye la resolución.

Próximos pasos

El expediente será remitido a un tribunal subrogante que deberá realizar un nuevo juicio ajustado a los lineamientos establecidos por la Corte, especialmente en lo que respecta al respeto por los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Por JUliano Salierno (El Litoral)

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tomará juramento este martes a 15 jueces y juezas de primera instancia de cuatro fueros diferentes que se repartirán en seis ciudades de las circunscripciones judiciales N° 1, 4 y 5, correspondientes al centro norte provincial.

El evento tendrá lugar en el Salón de Actos de la institución anfitriona, en el primer piso de los tribunales de Santa Fe y la ceremonia será transmitida en vivo por el canal oficial de Youtube del Poder Judicial.

Los jurantes junto con sus invitados y autoridades locales están convocados para las 11 de la mañana en el edificio de calle San Jerónimo 1551.

Según informó la Oficina de Prensa del Poder Judicial, encabezará la actividad el presidente de la Corte, Roberto Falistocco, quien estará acompañado por los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y la ministra Margarita Zabalza.

Territorialmente, los puestos que se cubrirán corresponden a las circunscripciones N° 1, con cinco jueces para Santa Fe y uno para San Javier; tres magistrados se sumarán a la circunscripción N° 4, con asiento en Reconquista; en tanto que los seis restantes serán para la circunscripción N° 5, repartidos equitativamente para Rafaela, San Cristóbal y Tostado.

De los 15 despachos a cubrir 7 serán para juez de distrito en lo Civil y Comercial; 3 para juzgados Civil, Comercial y Laboral; otros 2 serán exclusivos de la materia Laboral; 2 para Familia y 1 para Menores.

Fuero Civil y Comercial: abogados Guillermo A. Vales; Francisco J. Depetris; Rodrigo C. Ureta Cortés y Viviana E. Nevada (Santa Fe); Mauro D. García y Marcelo G. Gelcich (Rafaela); y Franco Raschetti (Reconquista).

Fuero Civil, Comercial y Laboral: abogados Julio F. Migno (San Javier); Alexis M. Marega (San Cristóbal); y Federico A. Acuña (Tostado).

Fuero Laboral: abogados Ignacio E. Pandullo (Santa Fe); y María Del Mar Della Rosa (Reconquista).

Fuero de Familia: abogados Hernán A. Julián -subrogante- (Reconquista); Y María Soledad Aguirre Quintana (San Cristóbal).

Fuero de Menores: abogado José A. Boaglio (Tostado).

Los 15 pliegos aprobados por Asamblea Legislativa del 25 de septiembre, fueron enviados por decreto N° 2662/2025 del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, el viernes 24 de octubre.

El mencionado decreto incluye a su vez a otros 18 abogados que deberán jurar como jueces de primera y segunda instancia de los mismos fueros, al que se suma la materia Penal -con cobertura de las vacantes en la Cámara de Rosario, entre otros-.

Según fuentes judiciales, dicho acto será comunicado a la brevedad por las autoridades y tendrá lugar en el Salón de la Corte en Rosario, dado que los jurantes corresponden a diferentes ciudades de las circunscripciones N° 2 y 3, del sur provincial.

Los siete integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, junto al Secretario de Gobierno de la misma se encuentran en Venado Tuerto desarrollando una agenda de reuniones que comenzaron en la jornada del martes y se extenderán durante este miércoles.

El objetivo es sostener encuentros con jueces y camaristas de los distintos fueros, como así también con referentes del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción.

Cronograma

En la jornada del martes por la tarde los ministros de la Corte se reunieron con los Jueces de Cámara de Apelaciones de los distintos fueros de la ciudad (Civil, Comercial, Laboral, y Penal).

En tanto, en la mañana de este miércoles las reuniones serán con jueces de primera instancia de los distintos fueros y luego recibirán a referentes del Colegio de Abogados de Venado Tuerto.

Posteriormente la comitiva de funcionarios recorrerá el edificio en construcción del Centro de Justicia Penal, emplazado en el ex Hospital Gutiérrez.  Para luego concluir con una recorrida por el edificio de Tribunales de calle San Martín 631.

La agenda está establecida de la siguiente manera:

9.30 hs. (con Jueces Civiles, Comerciales, Laborales y de Familia)

10.30 hs. (con Jueces Penales)

11.30 hs. (con Colegio de Abogados)

12.30 hs. Recorrido de obra.

13.30 hs. - Recorrido Tribunales calle San Martin.

Autoridades de la Corte Suprema

Roberto Héctor Falistocco (presidente), Eduardo Guillermo Spuler, Rafael Francisco Gutiérrez, Daniel Aníbal Erbetta, Jorge Camilo Baclini, Rubén Luis Weder y la ministra Margarita Elsa Zabalza.

Secretario de Gobierno: Eduardo Marcos Pedro Bordas.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco, saludó a los nuevos jueces que integran el Tribunal e instó al trabajo conjunto entre los poderes del Estado, preservando la independencia, pero también la unidad. Y, sobre todo, el diálogo. Además, repasó el desenvolvimiento del Poder Judicial durante los últimos años, para mostrar su compromiso con la mejora y eficiencia del servicio.

Falistocco encabezó el acto de apertura del año judicial 2025 junto al gobernador Maximiliano Pullaro, y los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Margarita Zabalza, así como el Procurador General, Jorge Barraguirre.

Y lo hizo en el inédito contexto de un proceso en curso de renovación del organismo, que pocos días atrás supuso la incorporación de Baclini y Zabalza, y en otros tanto, el relevo de Gastaldi por Rubén Weder. Pero que además, en la expectativa del Poder Ejecutivo debería abarcar a otros tres magistrados, que superan los 75 años de edad: el propio Falistocco, Gutiérrez y Spuler.

En el marco de su discurso, Falistocco decidió no referirse a esta circunstancia, ni tampoco aludir de manera expresa a las palabras pronunciadas por los nuevos integrantes en el acto de asunción. En todo caso, les dio la bienvenida y, sobre todo, manifestó sus esperanzas de “trabajar con ellos con las mismas ganas y el mismo esfuerzo para mejorar este Poder Judicial”.

En este punto dirigió sentidas palabras de reconocimiento al jubilado Mario Netri (“un juez con todas las letras, un hombre de bien”) y a Gastaldi (“una mujer íntegra, que dio mucho para este Poder Judicial”). “A ambos pido disculpas por mis limitaciones en el derecho, pero sobre todo por nuestras fallas humanas”, remató.

A continuación, enfocó su discurso de apertura en los habituales registros de balance y proyecciones a futuro, marcando algunos aspectos a corregir o superar, pero también reflexionando sobre la situación actual de la provincia y el país, y permitiéndose una serie de consideraciones de fondo. Y, en particular, se refirió al uso de la Inteligencia Artificial en la órbita de la Justicia y el inminente proceso de reforma de la Constitución Provincial.

El gobernador Pullaro estuvo presente en el acto.

En el primer tramo de su alocución, formuló una serie de consideraciones concentradas en “el sostenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho Constitucional y de la Democracia Republicana; la división poderes; el rol político de la Corte como poder del estado que cogobierna; la colaboración y diálogo de los poderes del estado y de todos los operadores del derecho, en procura del afianzamiento de la justicia y, por supuesto, a la independencia del Poder Judicial”.

“No podemos soslayar que en los tiempos que estamos viviendo, las crisis, la pobreza, la exclusión, la marginalidad, las vulnerabilidades, han producido una gigantesca expansión de la labor judicial y en muchas ocasiones, por impotencia de la sociedad civil y política, se ha llevado a la magistratura a ocupar un lugar que, por sus lógicas limitaciones de competencia, termina generando desánimo y frustración en los justiciables, quienes llevan a los estrados judiciales problemas serios, que resultan respetables, e incluso graves (…). Pero no debemos perder de vista que, algunas veces, esos planteos desbordan lo jurídico para instalarse en lo político o en lo social. Y es allí adonde debemos comprender que la solución no está en las vías judiciales, sino en la vía legislativa o ejecutiva, o, incluso, en la opción electoral”, advirtió.

En ese sentido, aclaró que ello no implica “que los poderes políticos deben estar exentos del control de la justicia. Por el contrario: también honra a su misión el juez que declara la invalidez de los actos que violentan derechos y garantías, pero debe hacerlo con fundamentos jurídicos, y prestando atención a la trascendencia de sus decisiones”. Y remarcó que “son ésos los jueces que necesita hoy el país”.

El presidente del actual año de la Corte, Roberto Falistocco.

No obstante, en el marco de articulación y colaboración, convocó a “conformar una agenda que aúne a los tres Poderes del Estado, con la adhesión de los Colegios de Abogados y las Universidades, relativa al servicio de justicia con el fin de encarar los nuevos desafíos que vienen de la mano de la conectividad e informatización, la inteligencia artificial, la información ciudadana, nuevas competencias y jurisdicciones y reformas procesales, todo con el firme propósito de este postulado inicial de afianzar la justicia”, como sucedió en 2006 con el llamado Plan Estratégico del Poder Judicial.

“Asumimos que la sociedad reclama legítimamente un mejor servicio de justicia. Aunque también es cierto que la insatisfacción es patrimonio común de las instituciones y poderes del Estado y trasciende la geografía del país, pudiendo llevar al desánimo que muchas veces se percibe”, advirtió en otro tramo.

Falistocco también se permitió traer a colación y aplicar al desenvolvimiento de la Justicia, uno por uno, los cuatro pilares establecidos por el papa Francisco para la construcción de un pueblo: 1) El tiempo es superior al espacio; 2) La unidad prevalece sobre el conflicto; 3) La realidad es más importante que la idea; 4) El todo es superior a la parte.

En ese plano, sentenció que “los verdaderos cambios requieren tiempo” y que la división de poderes no significa “separación”. Destacó los avances en materia de acceso a la Justicia producidos en los últimos tiempos, resaltó la colaboración prestada desde la Corte en cada caso (por ejemplo, en la redistribución de recursos humanos y materiales), e instó a la implementación del proceso oral en todas las materias, así como también insistió con su proyecto de creación de una Escuela Judicial y celebró la puesta en marcha del juicio por jurados.

También resaltó las políticas de transparencia con la publicación de resoluciones en la web, el acceso a expedientes por vía informática y el trabajo de las Oficinas de Prensa con sedes en Santa Fe y Rosario. Al igual que el creciente uso del “lenguaje claro” y la periódica rendición de cuentas.

El acto se llevó este viernes con la presencia de funcionarios y legisladores provinciales.

En indirecta respuesta a las imputaciones de falta de celeridad y eficiencia, trajo a colación datos estadísticos: “En la justicia civil y comercial de primera instancia, cada juez dictó un promedio anual de 123 resoluciones de fondo, sin contar otras resoluciones propias de todo proceso. En la justicia laboral, por su parte, de 14 magistrados de Rosario y Santa Fe, tenemos que cada juez dictó un promedio anual de 280 sentencias de fondo, sin contar las resoluciones interlocutorias.

“En suma, más allá de las críticas que se puedan recibir, los datos mencionados contituyen la realidad. Habla a las claras de que en el Poder Judicial se brindan respuestas a la ciudadanía con un alto grado de eficiencia. Pedirles la elaboración de más de una sentencia cada dos días, como está ocurriendo, sería conspirar contra la calidad del servicio de justicia”.

Y en lo que hace al fuero laboral, hizo notar que “contar con médicos propios es una de las medidas que la realidad impone. Al igual que contar con los jueces de conciliación, ya que la experiencia muestra que esta materia es permeable al uso de este método alternativo de resolución de conflictos”.

También lamentó que en el fuero penal sean tantos los casos que no llegan a juicio oral, sino que se resuelven a través del procedimiento abreviado, pero consideró oportuna esa circunstancia para extremar el buen uso de la herramienta.

Sobre el recurrente tema de la cobertura de vacantes, destacó que “si bien se han puesto en marcha los llamados a concursos para cubrirlas, al organismo encargado de seleccionar a los futuros jueces por concurso, esto es, al Consejo de la Magistratura, le espera la ardua tarea de cubrir los 97 cargos vacantes a la fecha, de los 377 presupuestados”.

Luego de aludir a las importantes obras edilicias reactivadas, y a los desafíos supuestos por el uso de la Inteligencia Artificial y el proceso de reforma constitucional en la provincia, cerró recordando el poema de Jorge Luis Borges en su poema a Jacinto Chiclana: “Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana”.

En Casa de Gobierno hay amplia satisfacción con el nivel de adhesión que registraron los tres candidatos propuestos para integrar la Corte Suprema de Justicia y dejaron en claro que, ahora, la definición está en manos de la Legislatura.

"Estamos muy satisfechos, creemos que los tres candidatos van a lograr amplio consenso entre senadores y diputados" le dijo a El Litoral el ministro de Gobierno, Fabián Bastia quien firmó junto al gobernador Maximiliano Pullaro el mensaje N° 5.135 donde piden acuerdo para la designación de Jorge Camilo Baclini, Margarita Elsa Zabalza y Rubén Luis Weder para integrar la Corte provincial.

Hoy son dos las vacantes en el Alto Tribunal y desde el 2 de abril serán tres por la ya anunciada salida de María Angélica Gastaldi.

La Legislatura se encuentra en receso parlamentario hasta el 31 de enero, no obstante lo cual la Comisión de Acuerdos abrirá los pliegos este jueves y fijará el cronograma de tratamiento donde prevé que la Asamblea Legislativa se realice el 13 de febrero o el 20 de ese mes.

Tendrá 30 días para considerar el nombramiento del trío, pero a partir del 3 de febrero cuando se reanude el período de Extraordinarias.

Los pliegos llegaron este miércoles a media mañana, a la mesa de Entradas de la Cámara de Senadores con cajas de documentación con los antecedentes de los tres candidatos, las variadas notas de adhesión recibidas y dos objeciones a la figura de Jorge Baclini.

Más allá de ellas, Baclini presentó más de mil carillas con antecedentes de su tarea jurídica tanto en el Poder Judicial como en la academia.

En cuanto a las objeciones una fue presentada por una vecina de Santa Fe y la otra de un abogado rosarino.

En el primer caso le objeta no haber intervenido en una disputa de vecindario entre ella y un fiscal provincial, y en el caso del segundo la objeción es una contratación de elementos técnicos para la tarea del Ministerio Público de la Acusación de la cual fue fiscal general. "Esa operación no fue objetada por ningún órgano de control", se señaló tanto en Casa Gris como en el MPA.

"La Legislatura tiene todo, antecedentes, apoyos y adhesiones y ahora deberá resolver. Para el Ejecutivo, la tarea está terminada" señaló Bastia.

Los doce integrantes de la Comisión de Acuerdos deberán leer los antecedentes y resolver si escuchan a los objetores o bien se dan hecho con las presentaciones. Los tres candidatos también serán citados por la Comisión para la entrevista que prevé el reglamento interno.

Acuerdos es hoy presidida por el senador Raúl Gramajo (Unite - 9 de Julio) e integrada por los también senadores Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal), Orfilio Marcón (UCR-Gral. Obligado) y Armando Traferri (PJ-San Lorenzo).

En tanto, en Diputados son ocho los integrantes: Lionella Cattalini (PS) (vicepresidenta), Silvana Di Stefano (UCR), Astrid Hummel (PRO), Gisel Mahmud (PS), Ariel Bermúdez (CREO), Antonio Bonfatti (PS), Marcos Corach (PJ) y Emiliano Peralta (Somos Vida).

Varios de ellos podrían no estar este jueves debido a que se encuentran de vacaciones aunque fueron anoticiados de todos los plazos que se dará la comisión.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, defendió y valoró los tres nombres propuestos para integrar la Corte Suprema de Justicia.

Las declaraciones del mandatario fueron vertidas en Casa de Gobierno al encabezar un acto por el cierre de la Copa Santa Fe, política deportiva provincial en la que se desarrollaron siete disciplinas y participaron más de 8.500 deportistas santafesinos.

"Se había especulado que íbamos a querer colonizar la Corte o tener una Corte adicta, la presentación de esos tres nombres es la demostración cabal de lo que queremos hacer que es llevar adelante un proceso de reforma de la justicia, con nuevas miradas, que puedan hacer una justicia más eficiente, más dedicada, más ordenada pero que fundamentalmente le pueda dar respuestas a los ciudadanos", abrió el tema Pullaro.

Luego destacó las trayectorias de cada uno de ellos. De Jorge Baclini recordó que "tiene una larga carrera judicial, formado en el derecho penal desde la mesa de entradas de un juzgado hasta llegar a ser fiscal general".

De Rubén Weder dijo que "es el mejor en derecho administrativo de la provincia. Los que han pasado por la facultad lo han leído, con una carrera en la justicia y en la función pública".

Finalmente sobre Margarita Zabalza destacó que viene de la academia, es hoy secretaria académica de la facultad de Derecho de la UNR, especialista en derecho tributario.

"Hemos cubierto las diferentes ramas del derecho, con personas con mucha idoneidad para que pueda haber un recambio en la justicia, para hacerla más eficiente con los mismos recursos, que no tengamos una justicia tan cara y que le de respuestas a la sociedad", justificó el gobernador.

Como informó El Litoral, el lunes 23 de diciembre se conocieron oficialmente los nombres de los candidatos que el gobierno provincial propone para el máximo tribunal de Justicia.

Los tres propuestos vienen a cubrir las vacantes tras las renuncias de Mario Netri (que ya se hizo operativa) y María Angélica Gastaldi (a partir de abril), y la del séptimo integrante incorporado en la reforma aprobada por la Legislatura.

Los pliegos de cada candidato son remitidos por el gobernador a la Asamblea Legislativa, compuesta por la totalidad de los diputados y senadores provinciales.

Ahora Legislatura –mediante la Comisión Bicameral de Acuerdos– tiene un plazo de 30 días para requerir antecedentes e informes sobre las personas propuestas, además de convocarlos a entrevistas para despejar dudas. La reciente reforma judicial también contempla la posibilidad de que la Legislatura convoque a audiencias públicas para debatir estas cuestiones.

Una vez superado ese proceso, para la sanción de los postulantes solo se requiere la votación por mayoría simple de los diputados y senadores provinciales. Aprobadas las postulaciones, el gobierno está en condiciones de designar a los nuevos ministros de la Corte que cumplirán funciones hasta los 75 años, tal como determina la nueva legislación a nivel provincial.

Luis Rodrigo / Mario Cáffaro

La Legislatura sancionó una serie de reformas a la integración y al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia al modificar distintos artículos de la Ley orgánica del Poder Judicial, la 10.160 que dispone, entre otras cosas, que a futura la máxima instancia de la justicia tendrá siete ministros y el Procurador, y que cesarán automáticamente en sus funciones a los 75 años.

El tema fue primero votado en la Cámara de Diputados luego de extenso debate donde hubo fuertes cuestionamientos de Somos Vida y de cuatro diputados justicialistas pero el oficialismo de Unidos para Cambiar Santa Fe sumó los votos de Hacemos (el bloque justicialista que tiene como referente a Omar Perotti) más el Frente Amplio por la Soberanía. Luego, el expediente fue votado sobre tablas en el Senado únicamente con el voto de Unidos y la abstención de la bancada justicialista. "Somos Unidos para Cambiar Santa Fe y creemos necesario que se debe empezar a cambiar la Corte cuyos integrantes tienen un promedio de 24 años en los cargos, lo que significa que pasaron seis gobiernos constitucionales" señaló el radical José Corral al cerrar el debate que tuvo exposiciones muy críticas desde Somos Vida, especialmente a través de Emiliano Peralta y Amalia Granata así como de la justicialista Amalia Granata.

Más allá de los fuertes discursos de Peralta y Granata antes de votarse el texto, Omar Paredes integrante de Somos Vida pidió autorización para abstenerse en la votación.

La reforma sancionada modifica seis artículos del título de la Ley Orgánica referida a la Corte Suprema y otros dos artículos sobre el personal judicial. El corazón de la reforma es elevar a siete la actual composición de seis ministros, reclamo de tener composición impar que fue incluso muchas veces reclamada por la propia Corte, más un artículo para clarificar lo que la mayoría de las cámaras entendió que corresponde clarificar es cuándo corresponde el cese de funciones de los magistrados del Poder Judicial. La Constitución provincial establece el límite en 65 años y la Carta Magna nacional en 75 y la norma votada se inclina por ésta última edad.

A partir de la promulgación, la Corte se compondrá de siete ministros y un procurador "debiendo esa conformación procurar el cumplimiento del principio de paridad de género y reflejar diversa procedencia regional".

El artículo más polémico señala que ministros y procurador "cesan automáticamente en sus funciones al alcanzar los

75 años de edad. Dicho cese no se encuentra sujeto a decisión o condición alguna y se produce, de pleno derecho, el mismo día que alcancen esa edad. Un nuevo nombramiento, precedido de igual procedimiento, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de dichos funcionarios, una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos de quienes alcancen la edad indicada se harán por 5 años".

"Si no han sido designados nuevamente con anterioridad al cese automático o al vencimiento de cada designación efectuada conforme lo dispuesto en el párrafo precedente, pierden su condición de ministro/a y procurador/a general y dejan de percibir la remuneración correspondiente a su cargo".

"El trámite del procedimiento para una nueva designación y aún el acuerdo de la Asamblea Legislativa, no obstará al cese automático previsto en este artículo si no se ha producido dicho nombramiento por parte del Poder Ejecutivo".

Los socialistas Lionela Cattallini y Rubén Galassi; Ariel Bermúdez (Creo), los radicales Martín Rosúa y Corral; el justicialista Marcos Corach y Fabián Palo Oliver (FAS) expusieron las razones del voto positivo más allá de alguna diferencia en particular del justicialista.

Además Peralta y Granata, también Silvia Malfesi expuso en contra desde Somos Vida al igual que Lucila De Ponti, Rodenas y Miguel Rabbia desde el justicialismo y los celestes independientes expresados en Natalia Armas Belavi y Juan Domingo Argañaraz.

Precisamente Bermúdez cuyo proyecto encabezó el expedientes recordó que desde 2017 viene presentando el proyecto de ampliación de la Corte basado en el propio ministro Daniel Erbetta que habló de una Corte insólita de seis miembros que en casos de empate debe recurrir a un camarista. "Somos enemigos del statu quo; abogamos por instituciones transparentes a la altura de las circunstancias actuales" remató su ponencia la socialista Cattallini.

En cambio, Peralta cuestionó que no hubo intención alguna de consensuar reformas a esta proyecto al que enmarcó en una pelea entre el presidente de la Corte y el gobernador. "Ninguna de las reformas que presentamos fueron tomadas en cuenta y estamos reformando el máximo tribunal" se quejó el reconquistense. Luego, habló de que el gobierno está al filo de la institucionalidad porque con esta ley "puede limpiar a cinco ministros. Es un disparate, una vergüenza histórica", afirmó.

"Nos merecíamos este debate desde hace años" dijo Palo Oliver quien sostiene que ministros se quedan en los cargos sin soporte legal alguno. Rodenas aclaró que "esto no es una reforma, es un acuerdo superestructural" y Granata habló del "monarca" Pullaro, de que la Cámara era una escribanía y pidió a sus pares reflexionar sobre la cesión de tanto poder al mandatario.

Para Rosúa es clave tener número impar de miembros así como fijar la certeza de cuándo un ministro debe dejar el cargo. Corach admitió que parte de las propuestas de su bloque fueron atendidas como la necesidad de que se convoque a audiencias públicas para temas de interés. El justicialista aclaró que la redacción de los 75 años no es retroactivo sino para de aquí en más.

Galassi hizo una respuesta política a planteos de la oposición para aclarar que "inamovilidad no es igual a perpetuidad. Con la ley damos certeza de cuándo es el momento del retiro", agregó.

El cierre estuvo a cargo de Corral quien marcó que una Corte de siete además de romper la paridad, facilitará la rotación de ministros en el tiempo histórico. "Nadie del Poder Ejecutivo, ni Unidos se va a llevar puesta la institucionalidad pero no vamos a renunciar a las herramientas que nos da la ley siempre buscando los mayores consensos posibles" señaló.

Dos comisiones de la Cámara de Diputados fueron citadas para este jueves a reunión conjunta a los efectos de avanzar en el tratamiento de proyectos que apuntan a modificar la integración de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y otras reformas al funcionamiento del sistema judicial.

Se trata de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General que preside el socialista Pablo Farías, y la de Presupuesto y Hacienda que encabeza la radical Jimena Senn. El tema -comprende tres proyectos- tiene tratamiento con preferencia para el jueves venidero ya que esta semana no habrá reuniones plenarias en ninguna de las dos cámaras.

El primer proyecto con estado parlamentario lo ingresó en julio de este año Ariel Bermúdez (Creo - Unidos) y apunta únicamente a modificar el artículo 11 de la Ley 10.160 que determina el número de ministros de la Corte Suprema de Justicia y lo fija en seis. La Constitución de la provincia manda una Corte de al menos cinco integrantes y la Ley Orgánica del Poder Judicial lo estableció en seis.

"Modifíquese el artículo 11 de la ley provincial N° 10.160, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Tiene asiento en la sede de la Circunscripción Judicial N° 1. Se compone con siete ministros y un procurador general;" dice el artículo primero. En el segundo faculta al Gobernador a proponer el nombramiento de un ministro con arreglo al procedimiento establecido por el decreto N° 0018/2007 dictado por Hermes Binner. El tercer punto establece que la composición de la Corte Suprema de Justicia establecida en el proyecto "no podrá ser alterada sino es por medio de una convención provincial constituyente".

"Con motivo del tratamiento de asuntos trascendentes para la vida institucional de la Provincia, se ha puesto en evidencia que la composición de seis miembros del tribunal supremo provincial conspira, aunque no de manera excluyente, contra la celeridad en la deliberación y toma de decisiones por parte de los jueces supremos, al generar en casos controversiales una deliberación que conduce hacia un empate en función de una integración con número par", expresa en parte de los fundamentos de Bermúdez.

El 20 de agosto, es Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía) quien ingresa el proyecto para siete miembros y el procurador agregando el tema de la paridad de género. Más adelante establece el sistema de audiencias públicas antes de la designación de un ministro y establece en 75 años la edad máxima para ocupar el cargo en la Corte. "Al momento de alcanzar la edad de sesenta y cinco años, los magistrados deberán someterse a un nuevo nombramiento precedido por un acuerdo legislativo similar al alcanzado para su designación. Los nombramientos de magistrados que hayan alcanzado la edad indicada se concretarán por cinco años", establece la propuesta. Un artículo propone que los magistrados actuales que hayan sobrepasado los 75 años deberán someterse a un nuevo acuerdo legislativo.

"El texto legal proyectado pretende complementar la norma constituyente de manera tal de garantizar la vigencia del sistema de inamovilidad temporaria diseñado por los constituyentes como pilar fundamental del principio de independencia judicial", señaló Palo Oliver en los fundamentos.

Finalmente, el 17 de octubre encabezado en la firma por Joaquín Blanco los catorce integrantes de la bancada socialista ingresaron un proyecto más integral de reforma que contempla no solo el número sino otros aspectos del funcionamiento de la cabeza del Poder Judicial.

La propuesta apunta a modificar siete artículos. El primero lleva la Corte a siete miembros y el procurador general, cumpliendo el principio de paridad de género y reflejando las diversas especialidades del derecho y procedencia regional.

Dispone además que los ministros cesan automáticamente en sus funciones el día en que alcanzan los 75 años de edad. A partir de allí podrán renovar por cinco años pero siguiendo el trámite de nombramiento de un nuevo titular.

En otro artículo dispone que en materia jurisdiccional, la Corte forma quórum con la presencia de cinco integrantes. Para la emisión de un pronunciamiento válido, se requiere siempre un número de votos concordantes que representen la mayoría de los 7 ministros que la integran.

En materia de Gobierno, la Corte forma quórum también con la presencia de cinco de sus integrantes, pero las resoluciones podrán ser adoptadas por mayoría simple.

El artículo siguiente propone que los casos de interés y con el voto de cuatro integrantes, la Corte puede convocar a audiencias públicas "para profundizar el estado constitucional de derecho y acercar la labor del cuerpo al escrutinio público".

Otro artículo de la propuesta socialista habilita a la Corte a proponer al Poder Ejecutivo "previo concurso, la designación de los funcionarios y empleados del Poder Judicial y la remoción de ellos. Proponer también al Poder Ejecutivo el nombramiento de personal de gabinete para cumplir tareas específicas de asistencia a cada ministro, como su respectiva remoción. Dicho personal no integra ninguno de los escalafones, ni queda incorporado a la carrera judicial, sin embargo se encuentra alcanzado por las mismas inhabilidades, incompatibilidades, deberes y régimen disciplinario establecidos para los integrantes del Poder Judicial y tiene la jerarquía y remuneración correspondientes a los cargos a los que a tales fines se encuentren equiparados, de conformidad con la reglamentación que en torno al mismo dicte la Corte Suprema de Justicia."

También dispone el proyecto "presentar y publicar en el portal web del Poder Judicial, en el marco de los principios de transparencia, gobierno abierto y rendición de cuentas, un informe de gestión de su administración durante el año judicial, el que debe incluir información administrativa, contable, financiera y presupuestaria del Poder Judicial."

En otros artículos de la propuesta se reglamento el funcionamiento de las secretarías Técnica y de Gobierno que tiene la Corte; e instituye una "Plataforma de Información Judicial" con el objeto de difundir en forma abierta y pública la información contenida en el artículo 56 de la Ley Nº 14.256 y las decisiones judicial es de todas las instancias y fueros del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, modificando o ampliando a tal efecto el portal web para favorecer el acceso de la ciudadanía a esa información, fallos, documentación jurídica, doctrina y demás información relevante del quehacer judicial".

El gobierno de la provincia puso en marcha el procedimiento para cubrir 108 cargos vacantes en el Poder Judicial de Santa Fe, lo que incluye magistrados, fiscales y defensores. Lo hizo casi en simultáneo con el anuncio del refuerzo de partidas presupuestarias para cubrir la política salarial del personal, uno de los motivos de los reclamos que lleva adelante el gremio y que se tradujo en paros de carácter inédito en la historia institucional reciente de la provincia. Un reclamo que no mereció respuesta inmediata cuando lo formuló la Corte Suprema de Justicia, pero que sí encontró eco (y concreción) en el marco de un encuentro con la titular del Ministerio Público de la Acusación. La novedad fue presentada con fuertes imputaciones al manejo de los recursos que lleva adelante el Alto Tribunal, y mereció una escueta pero airada réplica a través de un comunicado oficial, en el que se tilda de "falaz" al discurso del gobierno.

Los otros temas que alimentan el conflicto judicial son, por un lado, la demora en la firma de decretos de nombramientos y ascensos. El Ejecutivo no avanzó al respecto, pero dejó en claro que no se producirán de manera "automática", sino previo estudio. Y, por el otro, lo que identifican como un ataque a la independencia del Poder Judicial, en la movida del Ejecutivo para renovar la integración de la Corte Suprema de Justicia (lo quieran o no sus actuales integrantes) y también en algunas declaraciones del gobernador hablando de "privilegios".

En este marco convulsionado, la puesta en marcha de los concursos viene a suplir un período de 10 meses en los que, con una sola excepción, no se enviaron pliegos a la Legislatura y luego de que cayeran los enviados por el gobierno anterior cerca del final de su gestión. En ese lapso, la cobertura de vacantes fue un insistente reclamo de la Corte, que tuvo como respuesta la voluntad expresada por el Poder Ejecutivo de plantear un esquema de prioridades antes de avanzar. Y con ello, se desató una verdadera andanada de cruces documentales y un nuevo campo de desacuerdos.

Precisamente, el original intercambio de comunicaciones entre ambos poderes (del cual diera cuenta oportunamente El Litoral) cobró nuevo impulso en el actual contexto. Y también tuvo como condimento el hecho de que los pliegos correspondientes a la Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, fueran los únicos enviados por el Poder Ejecutivo hasta el momento. Y que si bien los concursos se llevaron a cabo con el reglamento anterior del Consejo de la Magistratura, que preveía un orden de mérito, ese parámetro no fue tomado en cuenta por la Casa Gris al momento de hacer las propuestas; a diferencia de lo que venía ocurriendo en anteriores gestiones.

Los concursos que ahora están en marcha se realizan con régimen, según el cuál el jurado se limitará a determinar qué candidatos superaron la instancia y a remitir al gobernador un listado por orden alfabético.

Tal como informara este diario, en la reunión del domingo 8 de septiembre pasado, los ministros de la Corte insistieron al gobernador Maximiliano Pullaro y a sus ministros con la necesidad de cubrir las vacantes en cargos judiciales. Desde el Ejecutivo se les requirió información detallada sobre la carga de trabajo en cada uno de los tribunales de la provincia, para sobre esa base establecer prioridades, y se hizo notar que tales datos habían sido solicitados a principios de año y no provistos en los términos esperados.

Así lo hizo notar el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, invocando el compromiso de la Corte de proporcionarlas de inmediato. Pero la respuesta formal remitida por la Corte al inicio de la semana hábil fue que esas planillas, requeridas en el mes de enero, habían sido enviadas a principios de febrero.

Según el gobierno, esa información estaba incompleta. "Era para poder hacer una planificación sobre los cargos que vamos a nombrar, que no son cargos baratos. ¿Cuál fue la la contestación del Poder Judicial? Mandarnos todos los cargos que estaban vacantes. Entendimos que no era lo correcto. Nos costó mucho construir esa información porque es información interna de otro poder", sostuvo el gobernador, en alusión a que las estadísticas de movimiento de expedientes remitidas se limitan precisamente a esos juzgados, y no a la totalidad.

La discusión volvió a avivarse luego de, en los últimos días, Pullaro reeditase el reclamo y el reproche: "Lo que le pedimos a la Corte es que nos dé los datos de cómo funciona cada uno de los juzgados para cubrir vacantes y esa información no nos llegó".

Acto seguido, Pablo Cococcioni aludió a los términos de los requerimientos y la respuesta recibida. Por un lado, "pedimos prioridades de coberturas de cargos. Hay una reforma en marcha, no podemos nombrar por nombrar. Me contestaron con una planilla con 70 vacantes". Por el otro, añadió un elemento hasta ahora no expuesto públicamente: "Quiero saber cuántas horas trabajan los jueces. Quiero saber dónde ya no dan más y donde pueden esforzarse más".

Precisamente, ese planteo forma parte de un nuevo intercambio de comunicaciones, que había tenido lugar durante el mes de septiembre, pero que hasta entonces no había trascendido.

Tras el intercambio original, y en el curso de la semana posterior a la reunión en casa de Gobierno, Cococcioni envió una nota al presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, donde recuerda el requerimiento original "a tres semanas de haber asumido", de información detallada sobre carga de trabajo y productividad, recursos humanos y materiales con que se cuenta, prioridades de cobertura y situación de la infraestructura e instalaciones del Poder Judicial.

El ministro de Gobierno, Fabián Bastia, hizo notar que los datos solicitados a principios de año al Poder Judicial, no fueron provistos en los términos esperados. Foto: Guillermo Di Salvatore

En esa nota, el ministro echa en falta en la respuesta proporcionada de "datos elementales" como carga horaria de los jueces, horas de audiencia, cantidad de empleados y funcionarios por dependencia, herramientas de gestión judicial, mecanización de procesos y necesidades edilicias, entre otros puntos. Y, particularmente, "una jerarquización o priorización" en orden a la cobertura de vacantes.

En una nueva respuesta, fechada el 27 de septiembre, la Corte proporciona más información estadística, como la realización de 80.700 audiencias en el fuero privado durante 2023 y 29.800 en el fuero penal, y también los sistemas informáticos generados desde la década del '90 y de los que hoy se dispone a tal efecto.

El documento se explaya sobre el marco normativo para la concurrencia de los jueces a sus despacho, especificando que es diario y ajustado a las necesidades del servicio, que por lo demás no se agota en esa instancia presencial.

También puntualiza el volumen de trabajo canalizado por vía informática a través del Sistema de Gestión Judicial SISFE, que a la fecha acumula más de 9 millones de escritos, 2 millones de cédulas y 480 mil demandas presentadas a través de la plataforma digital.

El informe desarrolla el estado y las necesidades en infraestructura edilicia en toda la provincia, a la vez que desgrana todas las instancias de capacitación desarrolladas.

La misiva concluye abordando la controvertida cuestión de las prioridades en la cobertura de vacantes. Y consigna que, en ese espíritu, "no se advierte la necesidad" de cubrir los tres juzgados creados por la Legislatura y que actualmente no se encuentran en funcionamiento. Y mencionan expresamente el de primera instancia de Distrito en lo Laboral de Esperanza (con una previsión de 250 causas anuales) y el de Distrito de Venado Tuerto (con 350).

Con los concursos en marcha, y sin coincidencias en el trámite de requerimientos y respuestas, la eficiencia y el costo del servicio de Justicia, y los parámetros para tomar decisiones y definir políticas, siguen en el centro de un debate que, de momento, no muestra signos de clausurarse.

La Corte Suprema de Justicia remitió una nota al Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, con una copia de los datos estadísticos sobre el desempeño de juzgados de toda la provincia que ya fueron enviados en el mes de febrero.

La notificación formal constituye la respuesta al reclamo formulado por el ministro de Gobierno, Fabian Bastia, en el sentido de que no se había proporcionado la información requerida oportunamente y que, según dijo, en la reunión del domingo por la mañana de la Corte con el gobernador Maximiliano Pullaro, se había acordado hacer de inmediato.

Tras el encuentro, Bastia señaló que "apenas asumimos, solicitamos información detallada sobre el funcionamiento de la Justicia fuero por fuero, información que aún no recibimos, por lo que hoy los integrantes de la Corte se comprometieron a el día lunes brindárnosla".

Efectivamente, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, requirió, en una nota dirigida al presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, "información detallada" sobre carga de trabajo y productividad, recursos humanos y materiales, prioridades de cobertura y situación de la infraestructura e instalaciones del Poder Judicial "en todos los fueros e instancias". En la misma nota consignaba que era a los efectos de "establecer prioridades" en la asignación de recursos, y también en dirección a la "la toma de decisiones en relación a los concursos ya finalizados". E incluso solicitaba a la Corte que se informe "las prioridades de cobertura de vacantes".

Precisamente, la cobertura de vacantes fue uno de los temas centrales planteados por la Corte en la reunión del domingo, además del movimiento de trámites paralizados y el otorgamiento de presupuesto para las obras públicas. Gutiérrez, acompañado por Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi y Eduardo Spuler acusó 74 vacantes de magistrados ya producidas y la previsión de que lleguen al menos a 90 para fin de año, por efecto de las jubilaciones disparadas ante el cambio de sistema previsional.

La nota enviada ahora desde la secretaría de Gobierno de la Corte, por indicación de Gutiérrez, da cuenta de que en fecha 7 de febrero se dio respuesta al requerimiento. La estadística acompañada a la respuesta formal de aquél momento, dirigida por nota a Cococcioni, y reforzada con una notificación informal por correo electrónico al secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, da cuenta de manera detallada de las causas ingresadas, cargos anuales, expedientes a fallo, resoluciones dictadas y en estudio, en los juzgados vacantes. Y se pone a disposición para responder cualquier duda o efectuar la ampliación que se requiera (cosa que no pasó desde entonces). Y esto es lo que hace constar la nota remitida este lunes, a manera de respuesta frente a la solicitud de Bastia.

De todos modos, más allá de lo referido a cómo se interpreta desde cada Poder el contenido de este cruce de solicitudes y datos proporcionados, quedó claro en la reunión que el parámetro de "prioridades" es diferente. La intención del gobierno es cubrir las vacantes que se consideren realmente necesarias y no hacerlo (o al menos no prioritariamente) con las que tienen poco volumen de trabajo. Y así lo espetaron, con algunos ejemplos, en el "mano a mano" del domingo. También se pretendía (como deja en claro la nota de Cococcioni) que la propia Corte abunde al respecto. La Corte, en tanto, asumió una postura institucional de reclamar por todas las vacantes, si bien en la comunicación remitida en febrero se hace hincapié en algunos casos particularmente graves, como el hecho de que haya cuatro cargos libres en el fuero de primera instancia de Distrito de Santa Fe, lo que equivale a un 40 %. Máxime cuando buena parte de esas vacantes estaba destinada a ser cubiertas por los 42 pliegos enviados y luego retirados (a pedido de la gestión entrante) por Omar Perotti.

En refuerzo de esa postura, los ministros de la Corte asistieron al encuentro con una planilla adicional, en la que daban cuenta de la cantidad de cargos creados de manera sucesiva por todas las últimas gestiones de gobierno, que los llevaron de 801 en el viejo sistema procesal penal (en febrero de 2013) a más del doble a la fecha, por la generación de 899 puestos nuevos. Y mencionaron las s leyes aprobadas en diciembre de 2023, creando tres cargos de vocal de cámara, y enero de 2024, con otros 17 (5 vocales de cámara y 12 de juez de primera instancia).

La línea argumental de la Corte era que la "carestía e ineficiencia" que el Ejecutivo atribuye al Poder Judicial en rigor se sustenta en la cantidad de cargos y que, en todo caso, a nivel presupuestario Santa Fe tiene una tasa de recursos humanos por cada mil habitantes muy por debajo del resto de las jurisdicciones del país, y con incidencia en el presupuesto total más baja que Córdoba, Entre Ríos, Mendoza o Buenos Aires.

El gobierno alegó que los trámites para la cobertura de vacantes están en marcha, aunque claramente no con los mismos criterios.

De todos modos, si de "pase de facturas" en el desayuno se trata, los representantes del Ejecutivo encabezados por Pullaro (además de Bastia y Cococcioni, el ministro de Economía, Pablo Olivares) también las tenían reservadas para los momentos más ríspidos del intercambio. No solamente el público comentario de Bastia sobre la ejecución "apresurada" de las partidas para obras, y sobre la demora en expedientes de nombramientos y ascensos, donde en el curso de la semana se habían filtrado nombres de familiares de funcionarios (para quienes, como se afirmó allí, corren las generales de la ley), sino también sobre la intención de que los ministros de la Corte den un paso al costado.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.

Un tema que hoy por hoy concentra buena parte de la atención de las cabezas de ambos poderes y que, aunque no figuraba en la agenda formal, ni fue reseñado luego por los participantes, si ocupó (como era de esperar) un segmento destacado de la discusión. E incluyó cruces de reproches y justificaciones, incluso sobre lo actuado en alguna causa emblemática (como Vicentin). Pero, reconocimientos más o reproches menos, y en lo que respecta a esta reunión, no se exploró ninguna alternativa que se parezca a una salida acordada.

El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, remarcó que "las normas que se aplican a los ciudadanos deben ser comunes a todos", que se sobrecumplió con el envío de partidas presupuestarias para obras en el Poder Judicial y que el proceso de cobertura de vacantes está en marcha, a la vez que se requirió un informe de funcionamiento fuero por fuero.

Bastia ofició como vocero del gobierno tras el encuentro del gobernador Maximiliano Pullaro con los ministros de la Corte, encabezados por el presidente del cuerpo, Rafael Gutiérrez, y representados en este caso por María Angélica Gastaldi, Roberto Falistocco y Eduardo Spuler. Junto al mandatario santafesino estuvieron, además de Bastia, los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Tras el encuentro, Bastia señaló que "apenas asumimos, solicitamos información detallada sobre el funcionamiento de la Justicia fuero por fuero, información que aún no recibimos, por lo que hoy los integrantes de la Corte se comprometieron a el día lunes brindárnosla".

En segundo lugar, detalló que "quedó demostrado, con documentación que nuestro Ministro de Economía acompañó, que hemos cumplido en un 107 % el presupuesto que teníamos destinado a la obra pública de la Justicia en el primer semestre, momento en que la provincia estaba viviendo un proceso de profundo ajuste y cuando desde el mismo Gobierno teníamos grandes restricciones en materia de obra pública y ejecución de obra pública".

Además, Bastia reconoció que "en lo vinculado a la creación de los cargos que se nos planteó (74 vacantes de magistrados a la fecha y la previsión de al menos 90 para fin de año), pusimos claro sobre oscuro: la realidad del país significó para Santa Fe un profundo ajuste de pérdida del 20 % de los recursos reales, y motivó a que en nuestro gobierno hubiera, por ejemplo, más de 2.000 cargos menos por el contexto en el que nos toca gobernar. Eso fue entendido por los integrantes de la Corte quienes tomaron el compromiso de enviarnos la información que nos deben en cuanto al cubrimiento de vacantes".

De todos modos, remarcó que se puso sobre la mesa "la información que ya tenían de que hace más de 40 días de que los concursos están en marcha para cubrir tanto fiscales, defensores, jueces penales, camaristas y jueces del fuero no penal como civil, comercial, laboral y de familia en todo el territorio de la provincia de Santa Fe".

Al ser consultado sobre si creía que en el Poder Judicial había privilegios, el ministro de Gobierno apuntó: "Las normas que se aplican a los ciudadanos deben ser comunes a todos", y señaló que "vivimos en un Estado provincial que tiene normas que se aplican a los ciudadanos, otras que son de origen provincial y otras que son normativa nacional. Y creo que no está bien y no es correcto que haya una serie de asuntos que incumben a funcionarios santafesinos que se rijan por normas que no alcanzan al resto de los santafesinos".

Si bien la versión consolidada es que el tema no fue considerado en la reunión, el funcionario fue consultado también sobre la intención del gobierno de producir una renovación en la Corte Suprema, invocando la edad de los ministros. Y de, si no se producen las renuncias esperadas, apelar a un decreto o incluso a un juicio político.

"Nosotros ya hemos dicho siempre que todos los integrantes, en este caso del Poder Judicial, pero también del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, tenemos legitimidad de origen. Lo que rige a los poderes es el marco legal. Y en el caso de los integrantes de la Corte, como de cualquier funcionario de los poderes del Estado, el límite es la ley", enunció.

Ante la insistencia periodística, Bastia se limitó a reiterar que "las leyes están para cumplirlas y son comunes a todos los ciudadanos". Y este sentido, "vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora: dialogando, buscando consensos y cumpliendo con la ley y exigiendo que las leyes se cumplan".

Juliano Salierno / Ivana Fux

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe asistirán este domingo 8 de septiembre, a las 7.30 de la mañana, a una reunión en la Casa Gris donde mantendrán un encuentro con el gobernador Maximiliano Pullaro.

Así lo confirmaron fuentes del Poder Judicial, luego de que se pusiera en duda la asistencia de los cortesanos dado lo “inusual” del convite en un día inhábil.

“El pedido de audiencia al Gobernador fue aceptado”, indicaron desde el Palacio de Justicia santafesino. Asimismo, expresaron que a pesar de lo “inusual” e “insólito” del día elegido y “dada la crisis coyuntural” existente “la Corte en un acto de madurez institucional, aceptó la invitación”.

La convocatoria fue en respuesta a un pedido formal al Ejecutivo, que la Corte definió en la reunión de Acuerdos de este martes. Se le reclama a Pullaro una serie de puntos de diálogo, pero principalmente “por el grado de asfixia financiera que está pasando” el sector judicial de la provincia.

Por otra parte, aseguraron su presencia el presidente de la Corte el Dr. Rafael Gutiérrez, quien asistirá junto con sus pares, los Dres. Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Mario Netri, María Angélica Gastaldi y Daniel Erbertta.

Según pudo saber El Litoral, la agenda que la Corte llevará al gobernador, incluirá aspectos meramente institucionales: vacantes no cubiertas -estiman que el 25% de los juzgados no tienen juez-; designaciones freezadas por el Poder Ejecutivo -hablan de un centenar de decretos que afectan a entre 300 y 400 agentes-, y partidas presupuestarias insuficientes que ya han obligado a ralentizar o paralizar obras de infraestructura en distintas ciudades de la provincia.

El punteo no incluye el proyecto de reforma previsional, que detonó el viernes una inédita protesta de jueces en Rosario, y prevé una asamblea del personal judicial este jueves en las escalinatas de los Tribunales de Santa Fe. El anuncio de la movilización anticipa, incluso, la presentación de reclamos administrativos contra la futura ley.

Sin embargo, el verdadero trasfondo que emerge de la puja de poderes es la renovación de la Corte. Tanto la falta de presupuesto como las designaciones dilatadas podrían ser comprendidos como inconvenientes de gestión, propios de un contexto económico ajustado. Pero la interpretación que se desliza desde Tribunales es que cada una de esas decisiones son deliberadas, e impartidas desde el gobierno como respuesta a la resistencia de los ministros de la Corte que no han facilitado la renovación del tribunal promovida por la actual gestión.

Dos funcionarios del Poder Ejecutivo y dos legisladores oficialistas se reunieron días atrás con los ministros rosarinos de la Corte Suprema de Justicia, María Angélica Gastaldi -única mujer en el cuerpo- y Roberto Falistocco -el decano- para solicitarles las sillas en el Alto Tribunal teniendo en cuenta que ambos sobrepasaron la edad prevista por la Constitución Nacional -75 años- y más aún la provincial. El artículo 88 de la Carta Magna santafesina resalta que cesa la inamovilidad a los 65 años si están en condiciones de obtener la jubilación ordinaria.

La reunión se realizó en Rosario y Gastaldi habría insinuado la decisión inmediata de anunciar su retiro mientras que Falistocco quedó en responder en los próximos días. El decano todavía no inició los trámites jubilatorios ante la Caja provincial como sí lo tienen completado los otros cuatro ministros en condiciones de hacerlo (Gastaldi, Mario Netri, Eduardo Spuller y Rafael Gutiérrez). Cabe aclarar que son trámites terminados hace bastante tiempo pero que se activarán cuando el ministro resuelva acogerse al beneficio como ya anunció Netri, pero a partir de noviembre. El sexto integrante, Daniel Erbetta -el que menor tiempo tiene en el cargo- no está en condiciones todavía de jubilarse.

La decisión del Poder Ejecutivo es cambiar gran parte de la Corte Suprema de Justicia e incluso de sumar un ministro para llegar a un tribunal de siete, número que es aconsejado incluso por ministros actuales y otros integrantes del Poder Judicial. La palabra final la tendrá el gobernador Maximiliano Pullaro.

A los pedidos de vacantes se le sumará en horas más las del santafesino Spuller. Sobre Gutiérrez hay posturas divididas en el oficialismo y el actual presidente cumplió 75 años y por ende aún goza de la inmunidad constitucional.

Falistocco fue designado ministro en las postrimerías del gobierno de Víctor Félix Reviglio donde había desempeñado funciones en Asuntos Legislativos y en Justicia. Erbetta en cambio llegó al sillón en las postrimerías del gobierno de Jorge Obeid. Los otros cuatro integrantes durante las gestiones de Carlos Reutemann. En los doce años de gobiernos del Frente Progresista y en los cuatro años de Omar Perotti no hubo cambios en el máximo tribunal. “Necesitamos modernizar la Corte” dicen a coro en Casa Gris y hablan también de que haya una mayor eficiencia en el gasto del Poder Judicial.

Uno de los principales dirigentes de Unidos señaló alguna vez a El Litoral que del tema Corte era menor no hablar hasta tanto no tener los nombres de los postulantes a ocupar las vacantes que se generen. Cuando se pregunta en Casa Gris si los nombres están, las coincidencias son silencios que hablan de por sí solo pero nadie se atreve a hacer público nombre alguno sabiendo que ponerlo a la parrilla puede significar su no postulación.

El gobierno va por al menos cuatro vacantes. Sabe que es posible porque incluso tiene el guiño de la Legislatura para el caso de que sea necesario activar mecanismos de juicios políticos por posibles irregularidades en la actuación o en la firma de algún expediente por parte de algún ministro. Después del receso legislativo de invierno, los tiempos se acelerarán. Por ahora, Falistocco abrió diálogo con amigos y confidentes y espera alguna señal de bloques legislativos antes de dar la respuesta que le pidieron los cuatro emisarios de Pullaro.

El acto formal de apertura de las Jornadas será el próximo jueves 18 desde las 11, en el salón de actos de la Corte Suprema en Santa Fe, que tendrá por principales oradores al presidente de la sede anfitriona, Rafael Gutiérrez, y a la presidenta de la Jufejus, María del Carmén Battaíni. A posteriori se llevará a cabo la reunión de la Comisión Directiva de la entidad.

Por la tarde, desde las 18.30, se desarrollará la Conferencia Magistral a cargo del prestigioso académico y ex ministro de Corte Rodolfo Vigo, quién tratará el tema "Desafíos en el Siglo XXI del Poder Judicial".

El viernes 6 desde las 9, las actividades se trasladarán a la ciudad de San José del Rincón (Quinta del Colegio de Magistrados de Santa Fe). En primer término expondrá Alfonso Santiago sobre "El control judicial de las políticas públicas"; a posteriori lo hará Pablo Hirschmann sobre "Cuestiones políticas no justiciables" y finalizará el encuentro el politólogo Enrique Zuleta Puceiro, abordando el tema "Legislación y jurisdicción en una época de transformación".

El presidente de la Corte Santafesina, Rafael Gutiérrez, recordó que la entidad nació en el año 1994, a partir de los debates que pusieron en la superficie el reconocimiento de las limitaciones y deficiencias que tienen los sistemas judiciales, y en pos del mejoramiento de los mismos; y resaltó: "Que la integran los ministros de las Cortes Provinciales de la República y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Entre sus objetivos principales se cuentan: preservar la independencia de los Poderes Judiciales Provinciales; propiciar el reconocimiento del Poder Judicial como contralor de los otros poderes y garante de la seguridad jurídica de la sociedad, dentro de la organización federal; resaltar el rol de los Poderes Judiciales como hacedores de las políticas judiciales, y en función de ello promover disposiciones acordes con el sistema democrático en lo concerniente a la designación y remoción de los jueces; y enfatizar el concepto de la independencia funcional de los magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional, entre otros.

La provincia de Santa Fe, cuna de la Constitución Nacional y de una escuela procesalista y constitucional distinguida en el país, se encamina a cumplir con el mandato imperativo de instaurar el juicio por jurados en materia criminal. Es la última provincia “grande” de Argentina en sumarse a las ya doce provincias que juzgan por jurados. Esa demora tuvo su ventaja, ya que los más de 800 juicios realizados con todo éxito han generado los consensos necesarios para que su sanción en Santa Fe no se demore más.

El texto que aprobará el Senado recepta el modelo clásico y constitucional de juicio ante doce jurados con igualdad de género. El INECIP suma a la discusión pública la necesidad de dos cambios muy importantes, ya vigentes en casi todo el país y exigidos por el Anteproyecto de Ley Federal enviado por el Gobierno Nacional al Congreso de la Nación: 1) adoptar la regla plena de la unanimidad (sin la alternativa a veredictos con 10 votos) y 2) que el jurado sea obligatorio, como recientemente lo ha exigido la Corte Suprema de Justicia en el fallo “Canales” (2019), en consonancia con la letra escrita del art. 118 de la Constitución (“Los juicios criminales se terminarán por jurados”).

También alertamos que debe mantenerse la edad mínima de 18 años para ser jurado y que de ningún modo puede ponerse en 25 años.

Por supuesto que, como cada vez que se está por implementar el jurado, aparecen voces críticas pregonando el apocalipsis y el caos, lo cual nunca sucedió ni sucederá. Las notas esenciales del jurado que propone Santa Fe han sido validadas en su totalidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2018 RVP v Nicaragua), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (2010, Taxquet vs Bélgica) y nuestra Corte Suprema (2019 Canales). Es más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elogió a las leyes argentinas de jurado clásico en ese fallo y las puso como modelo a seguir en la región.

El texto con media sanción contiene dos aspectos centrales que podrían ser mejorados para evitar futuras declaraciones de inconstitucionalidad, tal como señalaron diputados oficialistas y opositores en la votación en particular en esa cámara:

• Unanimidad, sin excepción: El proyecto exige, correctamente, la imprescindible regla de la unanimidad para condenar o para absolver. Sin embargo, en su artículo 83 introduce una excepción para que, si no se alcanza la unanimidad, el jurado dicte veredictos con tan solo 10 votos. La excepción es inconveniente, ya que atenta contra la legitimidad del veredicto, amplía la posibilidad de error judicial, y corre riesgo de ser declarado inconstitucional, como hizo la Corte Suprema de Justicia de los EEUU en su reciente fallo “Ramos vs. Louisana” del 2020. En Argentina, las leyes más modernas (Mendoza, Chaco, Entre Ríos, CABA, Catamarca) exigen la unanimidad sin excepciones y su funcionamiento es impecable. 97% de los veredictos son unánimes, sea para absolver o para condenar.

• Obligatoriedad: La amplitud que se le otorga a la competencia del jurado debe ser ponderada por la Legislatura. Hay sistemas que establecen un listado de tipos penales (como en la media sanción), y otros, tal vez más convenientes, que se guían por el monto de la pena en abstracto del delito. Pero sea cual sea el modelo elegido, sería necesario eliminar la posibilidad de “renuncia” que prevén los últimos dos párrafos del artículo 2 del texto con media sanción. Como señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el leading case “Canales”, el juicio por jurados no es solo un derecho del imputado, sino también de la ciudadanía, que se vería afectado en caso de habilitar la renuncia, aún cuando se exija el acuerdo de todas las partes.

Críticas infundadas: la edad para ser jurado debe ser 18 añosAlgunos han sugerido a último momento que debe excluirse a la amplísima franja etaria de personas de entre 18 y 24 años edad porque la Constitución de Santa Fe exige 25 años para ser juez técnico. Es un argumento insostenible y discriminatorio, que además va contra toda la legislación de jurados del país y del mundo.

Esto es desconocer la diferencia constitucional entre jueces profesionales y jurados, y sería tan irracional como exigirles a los jurados cumplir con los otros requisitos de los jueces, como poseer título de abogado. La edad mínima debe ser 18 años, que es la misma para votar, para ir a la guerra, para pagar impuestos, etc.

Además, afectaría una de las principales virtudes del juicio por jurados, que es la de ser una herramienta de inclusión cívica sin parangón en nuestro sistema institucional y generador de mejor ciudadanía, como demuestran las investigaciones empíricas. Las personas que cumplen con su servicio de jurados emergen como mejores ciudadanos y experimentan una gran transformación cívica.

Esperamos, con estos breves apuntes, colaborar en el necesario debate sobre un proyecto que, de ser aprobado, permitirá darle al sistema judicial santafesino una herramienta imprescindible para fortalecer su legitimidad y su calidad.

*Andrés Harfuch: Director del Programa de Juicio por Jurados del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), profesor de derecho penal y doctor en Derecho UBA

Por César Rodríguez

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe aprobó, como parte de un ambicioso proyecto de digitalización de procesos en el ámbito de la justicia de derecho privado, la implementación escalonada y programática de los mismos hacia su digitalización completa.

Abogados, contadores, peritos y otros auxiliares de la Justicia, junto a funcionarios de distintos órganos jurisdiccionales, tramitarán de manera íntegramente digital las causas judiciales en diferentes materias de derecho privado, con el propósito de lograr así una prestación del servicio "más ágil y eficiente".

Con este paso se ingresa a la etapa final de un ambicioso plan de despapelización de trámites procesales que la Corte Suprema de Justicia viene transitando desde agosto de 2021.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Hasta la fecha, algunas dependencias y procesos ya tenían tramitación 100% digital. Se trata de los casos en que el expediente fuera iniciado por la Administración Provincial de Impuestos en toda la provincia de Santa Fe y por las Municipalidades de las ciudades de Santa Fe y de Rosario (desde 2021); en las Declaratorias de Herederos que tramitan en las Oficinas de Procesos Sucesorios de Santa Fe y Rosario (desde 2022); en los Tribunales Colegiados de Familia de Santa Fe y Rosario, en causas por violencia familiar o de género sea que provengan de profesionales o de la Unidad de Atención a la Víctima (2023).

La Corte difundió el cronograma mediante el cual se ampliará la implementación:

Las causas que actualmente se tramitan en soporte papel, y más allá de su digitalización dentro del sistema informático SISFE y visualización por Autoconsulta Online, continuarán bajo dicha modalidad hasta su finalización.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, abrió en Rosario el año judicial con un discurso con fuertes referencias a la violencia en esa ciudad. Junto a los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Mario Netri, ante un auditorio compuesto por los titulares de los demás poderes y autoridades municipales, Erbetta agradeció “especialmente” a los “familiares de niñas, niños, mujeres y hombres que hoy viven en nuestro recuerdo”. Dijo que “a pesar de su dolor, nos acompañan y nos comprometen a pellizcarnos todos los días para preguntarnos qué estamos haciendo y qué y cuánto podemos hacer para prestigiar nuestra función y servir a la comunidad”.

“No quiero con esto asumir para el judicial responsabilidades que están fuera de su competencia pero si reafirmar que vamos a estar cuando nos necesiten”. Dijo que “los operadores judiciales deben desarrollar una especial sensibilidad frente a las lesiones a la dignidad humana, para no naturalizar situaciones inaceptables y para que la técnica jurídica elevada a ontología que proponen algunas corrientes jurídicas, no nos lleve al lugar de aquel famoso guillotinador que todas las mañanas limpiaba la cuchilla para no ensuciar a la víctima”.

“Cuidado con el idealismo y el normativismo extremo que como bien ha advertido Francisco en la Carta dirigida el año pasado a académicos y magistrados, lejos de una virtud contribuyen a reforzar los rasgos autoritarios del ejercicio de poder”, a lo largo de su exposición, el Papa sería citado en casi una decena de oportunidades.

Sostuvo que “la violencia en Rosario no se explica, como erróneamente se pretende, por el narco; no es que no haya tráfico o que no necesitemos inteligencia criminal y capacidad de respuesta de las fuerzas y justicia federales (Rosario está en un enclave estratégico entre las rutas 11, 34 y 9 y la hidrovía, para peor en un contexto de ausencia regulatoria del estado); el problema de Rosario en términos de vidas humanas, es el floreciente mercado local de menudeo de drogas, la tremenda violencia de las organizaciones que lo gerencian y los enormes déficits de una estructura policial fuera de tiempo que ha favorecido la connivencia de algunos integrantes de la fuerza comprometidos o directamente asociados a esas organizaciones criminales, tal como surge de numerosos procesos judiciales y sentencias de nuestros tribunales penales”.

Tras enumerar la “genealogía de esta complejidad”, hoy existe un “escenario de bandas criminales polirubros, que aprovechan su expertice en el despliegue de violencia y el fácil acceso a armas y municiones, no sólo para disputar el mercado interno de drogas sino también para extorsionar a empresarios y comerciantes, usurpar viviendas y venderlas y cometer todo tipo de delitos. En el escalón final la dimensión financiera de esta trama delictiva es clave, porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia”.

Señaló a las “financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a Sociedades de Acción Simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales, según surge también de las investigaciones criminales llevada adelante por nuestros fiscales”.

Afirmó que “a este estado de cosas se llegó por falta de políticas públicas que debemos asumir como responsabilidad de los distintos poderes y especialmente de nuestras diferentes condiciones políticas”. Más adelante, en clara referencia a las lamentables expresiones del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dijo que “no hay ninguna lucha perdida en nuestra provincia y en nuestra ciudad, ni tampoco vamos a resignarnos ante la dinámica de un año electoral”.

“El plan de acción debe necesariamente ajustarse al mandato constitucional y a ese pilar básico de la democracia argentina que, con el consenso multipartidario, institucionalizó las leyes de defensa nacional, de seguridad interior y de inteligencia, advirtiendo que la violación de cualquiera de ellas pone en riesgo la estabilidad democrática y que la apelación excluyente a las instituciones de la política criminal y, peor aún, la eventual militarización de la seguridad, nos coloca en el riesgo cierto de comenzar a caminar hacia el precipicio”, observó.

Admitió que existe una crisis judicial describió “patologías” en los “poderes judiciales” en el país, cuyos integrantes “tenemos serias dificultades para reconocer que la ciudadanía no confía, nos guste o no, tenga fundamentos o no, en el servicio de justicia”.

Dijo que “la política que debe recuperar el estado para la política, recuperar la democracia con partidos políticos no mediáticos” y que la interpelación es también para “el aparato judicial y del mismo modo para el campo académico, en tanto necesidad de repensar nuestros saberes y doctrinas, para construir la nueva institucionalidad del siglo XXI”.

Al concluir su mensaje citó nuevamente al jefe de la Iglesia Católica en su mensaje a la Asociación de Magistrados de Italia: “Sin justicia, toda la vida social permanece atascada, como una puerta que ya no puede abrirse, o termina por chirriar y crujir, en un movimiento farragoso”.

Erbetta sostuvo que en Santa Fe “por primera vez se ha perforado, en alguna medida, la selectividad estructural del sistema penal y se ha avanzado sobre sectores y capas sociales que antes eran invulnerables. No sólo estructuras u organizaciones delictivas vinculadas a mercados y economías delictivas (generadoras de niveles de violencia inusuales) e integradas incluso con sectores de la agencia policial sino también sobre sectores del poder real e incluso sobre integrantes del propio MPA”.

Agregó que “las amenazas y balaceras a nuestros fiscales, jueces y tribunales, únicas en la historia judicial argentina dan cuenta de ello. Sin perjuicio del reconocimiento a tantas y tantos fiscales, juezas y jueces me permito la licencia del reconocimiento a la labor de la agencia fiscal de criminalidad organizada y delitos complejos. Todas y todos han demostrado responsabilidad, independencia, idoneidad y el temple suficiente como para asumir riesgos que no cualquiera estaría dispuesto a asumir”. En otro momento de su discurso reclamó “la garantía de plena autonomía al MPA que ha sido legislativamente debilitada”.

Describió problemas, entre ellos, “las malas prácticas, los riesgos de burocratización y también de colonización política especialmente del MPA. Tal vez hemos fallado al no pensar en una articulación interinstitucional que posibilitara un permanente monitoreo y control de gestión de la implementación” de la reforma del proceso penal. Mencionó como “una deuda enorme” al “juicio por jurados populares”

Erbetta no habló sobre el pedido de juicio político a la cabeza del Poder Judicial que impulsa el oficialismo en el Congreso; sí se expresó sobre la necesidad de la reforma y de modernizar la estructura judicial. Mencionó que por ejemplo “luego de casi 4 años de vacancia recién en estos días la Procuración llamó a concurso el relevante cargo de Fiscal general de Rosario”. Reconoció “el acuerdo político de nuestros representantes ha posibilitado la presentación y tratamiento la ley de fortalecimiento de la justicia federal”.

“Debe debatirse necesariamente -siguió- la reforma de integración y función de la CSJN, cuyo diseño y atribuciones son únicos en el planeta, en tanto ningún país desarrollado concentraría en sólo 5 personas la función de control de constitucionalidad, la revisión de cualquier sentencia de cualquier tribunal, de cualquier fuero del país por vía de arbitrariedad (algo más del 90 % ciento de los casos que resuelve), el gobierno del poder judicial y también la presidencia del CMN. ¿Puede naturalizarse que cinco o cuatro jueces, sumamente calificados en sus antecedentes por cierto, puedan igualmente estudiar y resolver casi 17.000 o más casos por año?”, cuestionó. Y subrayó “no sólo es la más reducida de los países occidentales”, sino que es “la más chica de toda la República Argentina”.

Privilegios porteños

El juez Daniel Erbetta, titular de la Corte de Santa Fe, dijo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es “un lugar por cierto muy particular, donde no hay campos, ni vacas, tampoco soja o trigo, ni fábricas, ni siquiera cárceles, cuenta con la policía mejor paga del país y el más alto ingreso per cápita, y hasta reciben un aumento del coeficiente de coparticipación en materia de seguridad por vía de una cautelar judicial que la justicia jamás otorgó a las provincias de San Luis, Córdoba o Santa Fe; un dato anecdótico a propósito de lo dicho por el papa Francisco sobre la necesidad de un federalismo sano.

Un campo de lucha

Para el juez Daniel Erbetta en el país ha existido recientemente “la pretensión de colonización de sectores del poder judicial para convertirlo en un campo de lucha político partidaria” y recordó que esos “fenómenos de patología institucional” se “han potenciado especialmente a nivel federal, la judicialización de la política y la politización de la justicia, patologías que han merecido el cuestionamiento severo del Papa Francisco en la Cumbre Iberoamericana de Jueces de 2019”.

El argumento utilizado por Casal para aconsejar a la Corte nacional actuar en ese sentido es que no hay coincidencia en los fundamentos de los votos expresados por los cinco ministros que conformaron la mayoría: Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco, Mario Netri y María Angélica Gastaldi, con disidencia del actual presidente del tribunal, Daniel Erbetta.

En el marco de una investigación penal preparatoria, los representantes del Ministerio Público de la Acusación citaron a Traferri a audiencia imputativa. El senador se negó invocando sus fueros, y el desafuero solicitado por los fiscales fue rechazado por el Senado, manteniendo la inmunidad de Traferri.

La investigación sobre Traferri todavía tiene puertas abiertas

A partir de allí se inició el camino judicial. Los fiscales plantearon la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal y del artículo 51 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, en cuanto establecen la inmunidad de proceso de los legisladores provinciales, con un alcance mayor del que asiste a los legisladores nacionales (que sí pueden ser procesados e incluso juzgados, aunque no encarcelados) y en violación del principio de igualdad y de los tratados internacionales.

A principios de 2021 la jueza Eleonora Verón rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los fiscales e impidió que se cite a audiencia a Traferri. Meses después, el camarista José Luis Mascali dio la razón a los fiscales: desconoció la decisión de Verón señalando que el artículo de la Constitución de Santa Fe que impide investigar a un legislador es inconstitucional. Y autorizó la audiencia imputativa.

El 22 de febrero de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la provincia, con mayoría de cinco de sus seis integrantes y abundante fundamentación, validó la constitucionalidad plena de los fueros legislativos al rechazar la resolución de Mascali. Pero los fiscales apelaron ante la Corte nacional, y es en este punto en que se produce el dictamen de Casal.

Caso Traferri: la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ratificó que los fueros son constitucionales

El procurador de la Corte considera que al revisar la decisión de Mascali, por la cual se autorizaba citar a audiencia a Traferri, “dos jueces del tribunal superior (Gutiérrez y Spuler) se pronunciaron sin más por la validez del régimen de inmunidades, tal como se encuentra previsto en el orden local, por considerar que no excedía el margen bajo el cual la Constitución Nacional garantiza a cada provincia el ejercicio de su autonomía. Sin contradecir ese aserto, otros dos jueces (Falistocco y Netri), en cambio, lo vincularon a una interpretación determinada de las normas locales según la cual —y al contrario de lo que postuló la cámara— la inmunidad de proceso relativa que rige en la provincia no impedía citar al legislador a la audiencia imputativa, sino que era la inmunidad de arresto la que en todo caso podía impedir la celebración de esa audiencia en el caso de que el legislador se negare a concurrir voluntariamente. Finalmente, la restante opinión que concurrió a la mayoría (Gastaldi), afirmó que el fallo debía revocarse por apartarse de las constancias de la causa que indicaban que, de hecho, el órgano acusador no sólo citó al legislador para formularle cargos, sino que el acto se cumplió”.

El procurador interino señaló que “de esta forma, no se puede asegurar que exista una clara y explícita mayoría de fundamentos concordantes, y ello también se evidencia en la dificultad de la parte impugnante para identificar cada uno de los fundamentos individuales que confluyeron en la decisión y someterlos a su crítica, con el riesgo que ello supone de que sea una parte interesada la que le atribuya al pronunciamiento un fundamento que aquel, como tal, no tuvo”.

Casal abundó citando criterios fijados por la propia Corte nacional, en el sentido de que “los pronunciamientos de tribunales colegiados son inválidos cuando resultan de una mera agregación de opiniones individuales que no exhibe una coincidencia mayoritaria sobre la sustancia de las razones que dan fundamento a lo que se resuelve”.

“Atento lo expuesto –concluye Casal- y en vista de los antecedentes antes narrados, estimo que la resolución recurrida no exhibe una coincidencia mayoritaria sustancial sobre los fundamentos que dan apoyo a la decisión que el tribunal adopta, por lo que opino que corresponde descalificarla y ordenar el dictado de una nueva”, indicó.

Cabe subrayar que la opinión de Casal no opera más que como una recomendación hacia la Corte nacional, y será el cuerpo el que deba resolver en el sentido propuesto o de otra manera, sin que tampoco tenga plazos perentorios para hacerlo.