Mediante los decretos respectivos, el Poder Ejecutivo aceptó las renuncias de Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez como ministros de la Corte Suprema de Justicia. Fue a tan sólo 24 horas de que ambos le comunicaran la decisión a sus pares y presentaran formalmente el texto de sus dimisiones.

El decreto Nro. 2284 acepta la renuncia de Gutiérrez; el Nro. 2283, la de Falistocco. Ambos llevan la firma del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni.

En su parte resolutiva, se "agradecen los servicios prestados", en tanto que en los considerandos, se alude a "razones particulares" que motivaron las renuncias y se informa que "no se registran antecedentes disciplinarios, sumarios en trámite, denuncia y/o iniciación de pedidos de juicio político". El texto estipula que la renuncia se hará operativa a partir del 30 de noviembre próximo.

Aceptadas las renuncias de los ministros salientes, el Ejecutivo debe proceder ahora a la designación de los magistrados que asumirán en su reemplazo. Se trata de Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, cuyos pliegos ya fueron votados por la Asamblea Legislativa.

Los magistrados aguardan, asimismo, el decreto de cese con el que estarán en condiciones de cerrar sus respectivos trámites jubilatorios. En el devenir, la Corte deberá elegir – antes del 30 de noviembre- al nuevo presidente que ejercerá tal rol durante todo 2027.

La elección del día de asunción de los nuevos magistrados está en manos de la Corte. El gobierno tiene la aspiración de que sea con celeridad, y que diciembre se inicie con una corte renovada en pleno.

Sobre el mediodía de este martes se confirmó las renuncias de Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez como ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. De esta forma, se dará la renovación del máximo tribunal provincial.

Según anticiparon los propios magistrados, la salida será a partir del 30 de noviembre próximo. En el lugar de los cortesanos que se retiran ingresarán asumirán Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde. Así las cosas se cumplirán las expectativas del gobierno de Maximiliano Pullaro de tener una Corte renovada hacia fin de año.

La semana pasada, el ministro Falistocco había recibido formalmente la notificación de que reúne todos los requisitos para acogerse a los beneficios de la jubilación. La información fue remitida por el organismo previsional de la provincia ante quien el magistrado había iniciado el trámite. Y según pudo confirmar El Litoral, fue enviada también por los canales oficiales al máximo tribunal de justicia.

El envío de la misiva reconoce que Falistocco reúne tanto los requisitos de edad como de aportes necesarios para poder jubilarse; el único que le resta cumplir es el cese, que operará cuando el interesado deje sus funciones. En este caso, será cuando el ministro presente formalmente su renuncia como integrante de la Corte.

Dos semanas atrás, las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe escucharon una serie de objeciones a tres mensajes sobre seguridad que remitió el Poder Ejecutivo para el análisis legislativo.

Los diputados escucharon en primer término a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que resolvieron aceptar la invitación y encabezados por su presidente, Rafael Gutiérrez, asistieron en forma completa. Daniel Erbetta y Jorge Baclini fueron los encargados de desmenuzar los alcances del mensaje oficial y marcar diferencias mientras que Gutiérrez y Roberto Falistocco fueron haciendo señalamientos parciales ante determinados puntos.

Luego, pasaron por la Comisión dos representantes del Ministerio Público de la Acusación: la Fiscal Coordinadora para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General, Carla Cerliani, y el Subdirector de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigaciones, Victor Moloeznick.

Finalmente fue el turno de la Defensa Pública donde asistió su titular, Estrella Moreno Robinson y el secretario general, Franco Gatti. Ellos sí dieron respaldo al mensaje que crea unidades especiales y ocho cargos para el organismo.

Las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe escucharon una serie de objeciones a tres mensajes sobre seguridad que remitió el Poder Ejecutivo para el análisis legislativo.

Las acotaciones las realizó la Corte Suprema de Justicia al mensaje titulado Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública advirtiendo sobre el intento de otorgar facultades excesivas a la institución policial y los riesgos de algunas figuras que prevé el mensaje del Poder Ejecutivo.

Los diputados escucharon en primer término a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que resolvieron aceptar la invitación y encabezados por su presidente, Rafael Gutiérrez, asistieron en forma completa. Daniel Erbetta y Jorge Baclini fueron los encargados de desmenuzar los alcances del mensaje oficial y marcar diferencias mientras que Gutiérrez y Roberto Falistocco fueron haciendo señalamientos parciales ante determinados puntos.

Luego, pasaron por la Comisión dos representantes del Ministerio Público de la Acusación: la Fiscal Coordinadora para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General, Carla Cerliani, y el Subdirector de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigaciones, Victor Moloeznick.

Finalmente fue el turno de la Defensa Pública donde asistió su titular, Estrella Moreno Robinson y el secretario general, Franco Gatti. Ellos sí dieron respaldo al mensaje que crea unidades especiales y ocho cargos para el organismo.

"Marcamos diferencias sobre la base de tratar de respetar un esquema que es el que se sancionó con el Código Procesal Penal, luego con las modificaciones realizadas durante el gobierno de Hermes Binner y que es el único modelo que acepta la Constitución nacional y provincial: es un sistema acusatorio que básicamente se estructura sobre la base de que los fiscales son parte, a ellos les corresponde la investigación y persecución de los delitos, pero todo lo que tiene que ver con restricciones de derechos fundamentales requiere de un control jurisdiccional. O sea, esa es la función de los jueces", señaló Erbetta al retirarse de la reunión junto a sus pares.

"Vemos en el proyecto que hay una delegación de facultades a la policía e incluso de facultades jurisdiccionales a los propios fiscales que entran en conflicto con estas normas constitucionales y con los estándares internacionales. El otro planteo tiene que ver con la necesidad. No sé hasta qué punto es necesario este tipo de modificaciones. Hoy la situación de la seguridad ha mejorado notablemente. Además ha existido una articulación entre los distintos niveles del Estado. En la reunión di un dato muy contundente y es que desde que está vigente el sistema acusatorio, se triplicó la tasa de encierro en Santa Fe", resumió el ministro rosarino.

La reunión de la comisión transitó por un clima de mucho respeto y de algunas preguntas aclaratorias de los diputados. La Corte se encargó de marcar diferencias en la voz de Erbetta con algunas acotaciones parciales de Baclini. El único capítulo que no mereció reproches es el vinculado al tema de recompensas. Allí la justicialista Lucila De Ponti preguntó por el control de ese instituto y fue Gutiérrez quien marcó el rol de los jueces en todo el sistema.

Hubo interesantes acotaciones sobre figuras como medidas privativas de la libertad, la reclusión agravada o de prevención del delito. "Hay que ser muy prudentes a la hora de ceder facultades" marcó Gutiérrez en dos oportunidades. El actual presidente consideró que las restricciones a la libertad no pueden estar en manos del Servicio Penitenciario. Baclini consideró no correcto dejar medidas restrictivas de la libertad sin plazos.

Erbetta también se dedicó especialmente a cuestionar los alcances de la figura de áreas geográficas o áreas de intervención que propone el mensaje del Ejecutivo.

Ya sobre el final del tema, fue Falistocco quien pidió la palabra para marcar la baja del delito pero se encargó de destacar que "el pedido de mayores facultades debería estar acompañado de datos que informen correctamente el porqué darle más facultades a una institución". Más adelante se preguntó "qué ha cambiado para dar mayores facultades".

Después, Baclini hizo algunas observaciones sobre el mensaje -ya votado por el Senado- para intervenir en los dispositivos móviles.

Cuando se retiró la Corte hubo saludos y diálogos entre ministros y legisladores mientras se acercaban al recinto las autoridades del Ministerio Público. Molezniek y Cerliani evitaron opinar sobre medidas que tienen que ver con seguridad pública y no le competen al MPA. Además pidieron algunas modificaciones en normas.

Martín Rosúa y Lionealla Cattalini encabezaron la reunión plenaria con la Corte y con los representantes de los Ministerios Públicos. En la primera parte los acompañó la presidenta de la Cámara, Clara García, quien luego se retiró para asistir al encuentro interministerial que encabezaba el gobernador Maximiliano Pullaro en ATE-Casa España.

Las comisiones de Seguridad Pública que preside Martín Rosúa (UCR) y de Asuntos Constitucionales a cargo de Lionella Cattalini (PS) volverán a tener un plenario en los próximos días y citarán a los colegios de abogados de la provincia, asociaciones de víctimas, abogados penalistas para analizar estos temas.

Luego, ya en noviembre será el momento de buscar el acuerdo interno entre los bloques de Unidos para llevar el tema al recinto. "No hubo sorpresas en la reunión. Muchas de las advertencias que hizo la Corte las fuimos ya discutiendo internamente y quitando del texto", dijo un diputado radical que trabaja sobre la temática.

Santa Fe cuenta con recursos suficientes para afrontar sus compromisos, mantiene una deuda baja y conserva margen para sostener inversiones en obras y servicios. Esos son los principales aspectos que destacó Fitch Ratings al mejorar la evaluación financiera de la Provincia.

La calificadora internacional consideró que Santa Fe llegará al período 2026-2028 con una posición más sólida, apoyada en la disponibilidad de recursos, los bajos vencimientos de deuda y la capacidad de cumplir con sus obligaciones sin necesidad de refinanciar deuda externa.

En términos técnicos, Fitch elevó de “b” a “bb-” el perfil crediticio independiente de la Provincia, un indicador que mide su fortaleza financiera a partir de sus propios recursos. Con esta mejora, Santa Fe alcanza el mismo nivel que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se ubica entre las jurisdicciones argentinas con mejores indicadores en esta materia.

La agencia también llevó de “aa” a “aaa” el perfil financiero de Santa Fe, la máxima categoría prevista para este indicador. La decisión se basó en una posición de liquidez más sólida -es decir, en la disponibilidad de fondos para afrontar pagos- y en las estrategias aplicadas para administrar esos recursos.

“Es un respaldo a la política financiera que lleva adelante la Provincia, basada en la planificación, la prudencia y una dinámica sostenida. No solo destacan el bajo endeudamiento, sino también la calidad de la deuda adquirida y el destino de las inversiones”, señaló el secretario de Política Económica, Pablo Gorban.

Recursos para cumplir compromisos

Fitch proyecta que Santa Fe mantendrá durante el período 2026-2028 una sólida capacidad para afrontar sus pagos. El informe estima un índice promedio de cobertura de liquidez de 6,9 veces, con un mínimo cercano a cinco veces. En términos sencillos, la Provincia dispondría de recursos ampliamente superiores a sus compromisos de corto plazo.

La evaluación también destaca que Santa Fe registró en 2024 y 2025 una deuda neta ajustada negativa: sus recursos líquidos superaban el monto de sus obligaciones financieras. Para Fitch, esta situación refleja la combinación de bajo endeudamiento, reservas importantes y una administración prudente de los compromisos asumidos.

El informe ponderó, además, el acceso de Santa Fe a los mercados internacionales a fines de 2025, la mejora de los márgenes operativos y la reducción de la carga vinculada al déficit previsional. También valoró la capacidad provincial para planificar los gastos de funcionamiento y las inversiones sin deteriorar sus reservas.

Orden fiscal para sostener la inversión

El desempeño presupuestario fue otro de los puntos destacados. El margen operativo provincial -el ahorro que queda luego de cubrir los gastos habituales del Estado- promedió 7,3 % entre 2021 y 2025. Al cierre de 2025 alcanzó el 9,2 %, por encima del 8,5 % registrado el año anterior.

A su vez, la inversión de capital representó en 2025 un máximo histórico del 11 % del gasto total. Los recursos fueron destinados principalmente a infraestructura vial, conectividad e infraestructura hídrica.

Fitch mantuvo estable la perspectiva de Santa Fe y considera que el perfil financiero “aaa” se sostendrá entre 2026 y 2028. Si bien la calificación general de la Provincia continúa condicionada por la nota soberana de la Argentina, actualmente en “B-”, el informe reconoce una situación propia más sólida, basada en cuentas ordenadas, bajo endeudamiento y disponibilidad de recursos para invertir.

Por EmerioAgretti e Ivana Fux (ElLitoral)

La Provincia de Santa Fe contará con más tiempo para apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el fallo por el cual el Máximo Tribunal santafesino consideró inconstitucional la inamovilidad del tope jubilatorio.

Contra ese fallo, denominado “Ramón”, el gobierno provincial presentó un recurso de revocatoria in extremis (para que sea el propio tribunal santafesino el que lo deje sin efecto) y otro de “aclaratoria” sobre sus efectos.

Mientras tanto, comenzaban a correr los plazos para acudir ante la Corte nacional con un recurso extraordinario federal. Por ello la Provincia pidió que esos términos queden suspendidos, hasta que la Corte provincial se pronuncie sobre los otros recursos. Esa petición fue acogida, a través de una resolución de la presidencia, firmada por Rafael Gutiérrez.

Mientras trabaja en la redacción del recurso de apelación que tiene previsto presentar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la provincia elevó dos planteos ante el máximo tribunal provincial que objetan aspectos del reciente fallo del organismo sobre la Ley de Emergencia Previsional.

Como se sabe, la resolución declaró inconstitucional el tope establecido para fijar los haberes máximos en la provincia, y derivó al fuero contencioso administrativo el reclamo que objetaba la legalidad del aporte solidario tanto de activos como de pasivos.

La votación para ambos fallos fue dividida y ése es, justamente, uno de los puntos que recoge y observa la provincia en un "planteo de revocatoria" presentado ante la Corte provincial.

Según pudo saber El Litoral, el gobierno advierte sobre la presunta "nulidad" del fallo a partir de la "carencia de coincidencia suficiente" entre los votos. Como se dijo, la votación fue dividida: tres a tres, tanto en el caso del amparo de la docente como en el caso del ex magistrado, que cuestionaba los topes.

En ambas votaciones fue Roberto Falistocco quien desempató: en el caso de los topes, favoreciendo la declaración de inconstitucionalidad; y en el del aporte solidario, sugiriendo su pase al fuero contencioso. La provincia cuestiona esa suerte de "voto pivot", que priva a la resolución de "un núcleo duro en el decisorio".

En paralelo, la provincia presentó un pedido de aclaratoria ante la Corte puesto que el fallo que alude al "tope jubilatorio" (fallo Ramón) no incluye de manera explícita y deliberada dicho concepto en ninguno de sus tramos de la fase resolutiva. Sí lo hace en los considerandos.

Esa elipsis, según la provincia, suma ambigüedad al fallo. Es más, el propio abogado patrocinante del amparista favorecido requirió en un pedido de aclaratoria, que se especifique la resolución.

Según pudo saber El Litoral, los fundamentos planteados en ambas presentaciones serán parte de la línea argumental para el recurso de apelación que Santa Fe formalizará ante la Corte de la Nación en los próximos días, una vez que vuelvan a correr los plazos procesales. Allí, defenderá la "legalidad y constitucionalidad" tanto del tope como del aporte solidario.

El Poder Ejecutivo de Santa Fe dictó el decreto N° 1632 por el cual designa a Diego Luis Maciel como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe a partir del 1° de septiembre, fecha en que se produce la vacante motivada por la renuncia de Eduardo Spuler.

Maciel había logrado acuerdo de la Asamblea Legislativa el 26 de febrero último al igual que Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini. Sin embargo, el Ejecutivo no había convalidado aún ninguno de los tres pliegos debido a la no concreción de las salidas de Spuler como así tampoco las de Rafael Gutiérrez y de Roberto Falistocco.

Este martes, sí dictó el decreto sobre Maciel ante la cercanía de la fecha de salida de Spuler y para permitir que la Corte Suprema de Justicia ponga fecha a la jura del futuro ministro oriundo de Esperanza.

En medios tribunalicios se indicó que el dictado del decreto obedece a la necesidad que tiene la Corte de tener ese instrumento para dictar los instrumentos que habiliten la jura que se produciría en la primera semana de septiembre.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se prepara para recibir a Diego Maciel como nuevo ministro. Crédito: Archivo El Litoral

Spuler había presentado la renuncia, a partir del 1 de septiembre, y le fecha aceptada por el Poder Ejecutivo el pasado 3 de diciembre.

"A instancias del Secretario de Justicia (Santiago Mascheroni) se impulsó el procedimiento administrativo pertinente para la designación del Dr. Diego Luis Maciel como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, a partir del 1 de septiembre de 2026; trámite que contó con la anuencia de la máxima autoridad de la cartera ministerial y la intervención de todas las áreas pertinentes del Ministerio de Justicia y Seguridad", expresa el decreto en los considerandos.

"Conforme el dictamen de la Comisión de Acuerdos, corresponde dictar el acto administrativo pertinente, a efectos de formalizar la designación del mencionado funcionario en el nuevo cargo, en cumplimiento del Acuerdo Legislativo previamente otorgado y conforme lo establecido por el Artículo 89 inc. 5 y Artículo 121 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe", agrega.

Eduardo Guillermo Spuler dejará la Corte el 1 de septiembre. Foto: Archivo / Manuel Fabatia.

En tanto, los nombramientos de Alurralde y de Genghini todavía no fueron dictados por el Ejecutivo debido a que aún no se han producido las vacantes. Gutiérrez y Falistocco anunciaron periodísticamente que en noviembre presentarán sus renuncias. En Casa Gris, se señala que ambos ministros han dado señales de esa decisión.

Maciel, nacido en Esperanza en 1976, se recibió de abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL en el 2003 y su especialidad es lo civil y comercial.

Estuvo afiliado a la UCR de la cual fue dirigente en Esperanza y ocupó cargos técnicos en el Senado hasta llegar a la secretaría Administrativa, cargo que también desempeñó durante la reciente Convención Reformadora.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró inconstitucional la inamovilidad del tope a los jubilaciones de la provincia dispuesto en la reforma a la ley 6915 resuelta en el marco de la Ley de Emergencia Previsional y, por otra parte, validó los aportes solidarios otorgando un plazo de 30 días a los amparistas para que adecúen su pretensión ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo. La dos decisiones están contenidas en la Ley N° 14283 que dictó la emergencia previsional

En ambos pronunciamientos hubo votación dividida: fue 4 a 3 en ambos temas y el que inclinó hacia un lado y hacia otro la votación fue Roberto Falistocco. El decano opinó por la constitucionalidad del aporte y por la inconstitucionalidad del tope fijo.

Los pronunciamientos se conocieron a los pocos días de caer la vigencia de Ley de Emergencia Previsional que será el venidero 13 de septiembre. En ambos casos las partes podrán recurrir al ámbito federal para hacer efectivos sus reclamos.

Los pronunciamientos de este lunes son en los caratulados casos Lisi, por Glays Noemí Lisi, docente jubilada que cuestionó la emergencia previsional y el aporte solidario, y el caso Ramón, por Elena Virgina Ramón, camarista penal amparista que cuestiona el tope jubilatorio.

Lisi cuestionó los artículos 1° y 2° de la ley 14283, que declararon la emergencia previsional por dos años y el aporte solidario para los beneficiarios que cobran, como mínimo, cifras superiores a tres jubilaciones mínimas en la provincia.

En ese expediente, la mayoría de la Corte integrada por los ministros Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Margarita Zabalza dicen que el artículo sobre aporte solidario, es constitucional y por ende declaran procedente el recurso de inconstitucionalidad deducido por la Provincia. En tanto, los restantes tres ministros, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Rubén Weder entienden que es inconstitucional el aporte.

En el caso Ramón, la amparista cuestiona el tope y la inmovilidad al haber jubilatorio. En este aspecto, la mayoría de la Corte integrada por Gutiérrez, Falistocco, Spuler y Weder le conceden la razón y entienden que la inamovilidad es inconstitucional y yo lo tiene dicho la Corte nacional. Esa mayoría rechazó el recurso de inconstitucionalidad de la provincia. En cambios los otros tres ministros entendieron que el tope es constitucional.

En los dos expedientes el primer voto correspondió a la ministra rosarina Zabalza.

Lisi, entiende que el aporte solidario y el pago recién a 60 días de la mejora del activo en la jubilación significa "la modificación sustancial de estos haberes mediante una reforma normativa que no respeta los principios de progresividad y no regresividad, representa, una lesión" a sus derechos consagrados.

Para la provincia, "la emergencia y las medidas adoptadas llevan ínsita la nota de transitoriedad y que la ley 14283 se traduce en una regulación razonable debido a las particulares circunstancias en que ella se dictó". Agrega que "las medidas legislativas no resultan irrazonables, y que no se frustra derecho constitucional alguno, sino que se lo ha limitado en su goce y de modo razonable, temporal, lo que no importa una desnaturalización del derecho constitucional regulado".

El caso Lisi llega a la Corte tras pronunciamientos en primera y segunda instancia en el fuero laboral los que son largamente analizados en el voto de Zabalza. "Por todo lo expuesto, corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada, con costas en el orden causado", señala la ministra rosarina.

En tanto, el voto de Weder fundamenta la posición contraria para concluir que corresponde "declarar improcedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la provincia".

Así para la mayoría "corresponde declarar procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto y, en consecuencia, anular el fallo impugnado, con costas por su orden. Remitir los autos a la Cámara de lo Contencioso Administrativo que corresponda, otorgándose un plazo de treinta días a fin de que la parte actora adecue sus pretensiones a los términos de la ley 11330".

En el caso Ramón, la actora puntualizó "que se ha producido una afectación de derechos de raigambre constitucional que se verifica a partir de la vulneración en su beneficio a la seguridad social, el derecho de propiedad y las reglas de progresividad".

En el voto de Zabalza, entiende que "son los jueces en materia contencioso administrativa los llamados a desentrañar si se ha visto afectada la garantía de movilidad del sistema jubilatorio y su régimen jurídico" con los topes.

En cambio, recuerda Falistocco que el recurso de amparo interpuesto por Ramón, quien considera que el tope jubilatorio previsto en la normativa provincial conculca derechos y garantías de primer orden constitucional, como la inviolabilidad de su patrimonio (haberes jubilatorios) protegido por la garantía de movilidad de las remuneraciones.

Recuerda el ministro decano que el artículo 24 de la nueva Constitución de Santa Fe, establece que "las jubilaciones y pensiones son móviles" y que "la sustentabilidad del sistema se asegura mediante acciones progresivas, equitativas y razonables".

Agrega que del texto del artículo 9 surge manifiesta una segunda ruptura de esta relación de proporcionalidad entre las prestaciones de agentes activos y pasivos, puesto que ella es vulnerada por el establecimiento de un tope máximo de haberes sin plazo de duración, que además de no tener relación alguna con el aporte mensual del personal en actividad, también congela su jubilación en violación a la garantía constitucional de movilidad, desnaturalizando la esencia sustitutiva de la prestación e impidiendo que el haber previsional mantenga una relación justa con la remuneración percibida en actividad, contraviniendo la jurisprudencia consolidada de esta Corte.

Por su parte, el ministro Weder considera el planteo de inconstitucionalidad dirigido contra el artículo 9 de la ley 14283, que al modificar el artículo 11 de la ley 6915 "prevé que quienes, al momento de la entrada en vigencia de la norma, perciban un haber superior a veinte jubilaciones mínimas "absorberán los futuros aumentos por el traslado de la movilidad sectorial" hasta que se alcance ese monto.

Para este ministro "la disposición legal cuestionada al implementar un mecanismo de "absorción" de los consiguientes aumentos salariales al sector activo no constituye una modificación del método de movilidad sino la supresión lisa y llana del efecto de la movilidad para un grupo determinable de beneficiarios, por un plazo que la propia norma no fija ni permite determinar de antemano. Se trata, en consecuencia, de una ausencia de movilidad por término incierto, sin que pueda sostenerse válidamente que por sí sola la existencia de un tope máximo habilite además la supresión de la movilidad".

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró inconstitucional los topes jubilatorios (1) by vchiaraviglio.ellitoral

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe declaró inconstitucional los topes jubilatorios (2) by vchiaraviglio.ellitoral

Emerio Agretti - Mario Cáffaro

En el acuerdo de este viernes, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, rechazó un recurso extraordinario presentado por la representación de la Provincia de Santa Fe para llevar el caso de la ley de emergencia previsional ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Corte de Santa Fe cerró el camino para que la Provincia apele ante la Corte Nacional, ratificando el rechazo a la recusación de sus ministros y confirmando que seguirán interviniendo en la causa sobre la reforma jubilatoria.

No obstante, la Provincia podría acudir en queja en forma directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que entienda en el tema.

El pronunciamiento de este viernes, en la llamada causa Paleari, María Delia y otros contra Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia versó sobre la pretensión de la provincia de apartar a varios ministros de la Corte (Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rubén Weder) en el marco de una causa donde se discute la constitucionalidad de la última reforma previsional (Ley 14.283).

Spuler, Gutiérrez, Zabalza y Falistocco, cuatro de los firmantes por el rechazo a la pretensión de la provincia de pasar el tema previsional al ámbito federal. Foto: El Litoral

La Provincia argumenta que estos jueces tienen un "interés directo y patrimonial" en el caso, ya que los topes en los haberes jubilatorios dispuestos por la reforma previsional afectarían directamente el cálculo de sus propias jubilaciones.

En su exposición, los abogados de la provincia expusieron falta de imparcialidad de los ministros aduciendo que los mismos jueces cuestionados votaron para rechazar su propio apartamiento, violando el principio de que "nadie puede ser juez en su propia causa".

Pese a que el rechazo de una recusación es un trámite procesal y no implica el final del juicio, la Provincia afirmó que debía equipararse a una "sentencia definitiva" porque causa un daño irreversible al debido proceso. En el planteo de los abogados del estado santafesino se afirmaba que el caso pone en riesgo la sustentabilidad y el financiamiento del sistema previsional de la provincia.

Este viernes, la Corte santafesina, por mayoría, decidió no conceder el pase a la Corte Nacional basándose en varios puntos, entre ellos el incumplimiento de requisitos formales. Se afirma que el recurso no cumple con el reglamento de la Corte Nacional donde el rechazo de una recusación es una cuestión procesal y no es una sentencia definitiva.

Más adelante, los ministros consideran que los agravios de la Provincia son solo discrepancias con el criterio del tribunal y no cuestiones federales válidas.

La mayoría del tribunal rechazó la idea de que los jueces actúen por un "interés egoísta patrimonial" y ratificó que la imparcialidad de los magistrados se presume. Además, citaron un precedente reciente de la Corte Nacional (Consejo Interuniversitario Nacional) para justificar que un interés general en un colectivo no anula la imparcialidad.

Por otra parte, señalan que la Provincia ya conocía la situación jubilatoria de los jueces desde antes y consintió su intervención en fallos anteriores; por lo tanto, el reclamo se hizo tarde. Pero además defendieron la aplicación de una cláusula (mutatis mutandi) para extender esta decisión a más de 150 causas similares de forma automática, evitando así una parálisis masiva del sistema judicial.

El ministro Baclini votó en contra de la mayoría ya que estuvo a favor de conceder el recurso a la Provincia. Su argumento fue que, por la gravedad del asunto (el diseño y la sustentabilidad del sistema previsional) y para asegurar la garantía de imparcialidad, correspondía hacer una excepción a las reglas formales y dejar que la Corte Suprema de la Nación resolviera el conflicto.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ratificó su competencia en el tema previsional by El Litoral

Por unanimidad, el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados rechazó el pedido de destitución de Pablo Busaniche, Martín Manuel Torres y Cecilia Labanca quienes integraron el Colegio de Jueces en lo Penal de Primera Instancia de los Tribunales de Santa Fe y se pronunciaron por la absolución del docente Juan Trigatti.

Juan Trigatti. Foto: archivo El Litoral

La decisión del tribunal juzgador se tomó por la votación unánime de sus integrantes, es decir, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez más los ministros Jorge Baclini, Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, Eduardo Spuller, Rubén Weder y Margarita Zabalza más el senador Felipe Michlig, el diputado José Corral y los abogados Víctor Benitez Angelone y Alejo Molina.

En el caso, iniciado por una presentación del diputado Fabián Palo Oliver, ofició como procurador Jorge Barraguirre, quien dictaminó el rechazó de la denuncia, postura aceptada por el tribunal.

La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe recibió a los cinco presidentes de las cámaras penales de las otras tantas circunscripciones judiciales de la provincia que habían solicitado la reunión para intercambiar puntos de vista sobre un mensaje del Poder Ejecutivo a consideración de la Cámara de Diputados sobre cambios a la Ley N° 13.018 que organiza los tribunales penales y la gestión judicial.

Hubo un cerrado hermetismo sobre los términos del encuentro y no se descarta que desde la Cámara Penal se emita un pronunciamiento en la semana sobre la reforma propuesta.

El proyecto propone la conformación de Colegios de Jueces Penales, tanto en primera instancia como en instancia de revisión, integrados por la totalidad de los magistrados con competencia en la materia, con independencia de su asiento territorial. Para el Ejecutivo, el diseño permite optimizar el uso de los recursos judiciales, facilitar la rotación funcional y asegurar una distribución equitativa del trabajo, evitando situaciones de sobrecarga o subutilización.

"La asignación de causas mediante reglas objetivas, predeterminadas y públicas, establecidas por la Corte Suprema de Justicia y ejecutadas por la Oficina de Gestión Judicial, constituye un eje central del modelo propuesto, en tanto garantiza transparencia, previsibilidad y respeto del principio de juez natural", agrega el Ejecutivo.

Según supo El Litoral la reunión giró especialmente sobre este proyecto que fue girado a las comisiones de Diputados y no se hizo hincapié en el mensaje sobre Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública.

El mensaje analizado en dependencias de Tribunales ingresó a la Cámara de Diputados el pasado 7 de mayo y fue girado exclusivamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales que todavía no fijó metodología y fecha del tratamiento.

El máximo tribunal santafesino resolvió el 26 de marzo de 2026 rechazar la queja presentada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que buscaba revertir la absolución dictada en segunda instancia.

De esta manera, la Corte de la Provincia de Santa Fe dejó firme la decisión adoptada el 2 de julio de 2025 por la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto, que había revocado la condena de siete años de prisión por abuso sexual impuesta en primera instancia. Solo quedaría abierta la posibilidad de un recurso extraordinario federal.

El eje del fallo: la inimputabilidadEl punto central del caso radica en la capacidad del imputado, Jesús Stabile, para comprender la criminalidad de sus actos.

La Cámara había determinado, en base a informes de la Junta Especial de Salud Mental, que el joven presenta una discapacidad con una edad mental estimada entre 7 y 9 años, lo que le impediría entender plenamente el carácter delictivo del hecho.

La Corte consideró que esa conclusión estuvo debidamente fundada en la prueba producida, incluyendo evaluaciones interdisciplinarias, testimonios y antecedentes personales, descartando arbitrariedad en el fallo.

Los argumentos de la FiscalíaEl MPA cuestionó la resolución de Cámara al sostener que:

Sin embargo, el máximo tribunal entendió que estos planteos reflejaban una discrepancia con la valoración probatoria y no configuraban una violación constitucional que habilitara su intervención.

La postura de la CorteEn su resolución, la Corte sostuvo que:

Además, dejó abierta la posibilidad de que se evalúen medidas de seguridad u otras intervenciones en ámbitos civiles.

Cómo se originó la causaEl hecho ocurrió el 3 de febrero de 2021 en Maggiolo, cuando el acusado fue denunciado por abusar sexualmente de una familiar en su domicilio.

En febrero de 2025, el Tribunal de Venado Tuerto lo condenó a siete años de prisión. Sin embargo, esa sentencia fue revertida meses después por la Cámara, que determinó su inimputabilidad.

El próximo 25 de febrero a las 15 horas se realizará en el recinto de la Cámara de Diputados y Diputadas la Audiencia Pública en la que se tratarán los pliegos para la designación de ministros y ministras de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. La instancia permitirá a la ciudadanía formular consultas, observaciones y manifestaciones en un proceso de alto impacto institucional.

En ese marco, la diputada provincial Lionella Cattalini, quien preside la comisión de Acuerdos de la Legislatura, subrayó que la participación ciudadana es una condición necesaria para consolidar una Justicia más transparente y con mayor legitimidad social.

“La integración de la Corte Suprema no puede resolverse de espaldas a la sociedad. Estamos hablando del órgano que interpreta la Constitución y define sobre derechos, libertades y límites al poder. Por eso la participación no es decorativa: es un mecanismo de control democrático”, sostuvo.

Cattalini remarcó que abrir el proceso a la ciudadanía fortalece la calidad institucional de la provincia. “La democracia no se agota en elegir representantes. También implica garantizar que las decisiones más trascendentes del Estado se tomen con publicidad, debate y control social. Una Corte legítima necesita un proceso legítimo”.

Las personas interesadas en participar de manera presencial o virtual podrán inscribirse hasta el 24 de febrero a las 12 horas completando el formulario disponible en el siguiente enlace:https://url-shortener.me/DC7C

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó en forma digital los pliegos de los tres postulantes para la Corte Suprema de Justicia al haberse cumplido pasos previstos en el decreto 18/2007 con una reforma realizada por decreto 2889/24 y este jueves estarán en Mesa de Entradas de la Cámara de Senadores para poner en marcha el mecanismo legislativo de votación.

Se trata de los pliegos de Diego Luis Maciel, Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini que reemplazarán en el transcurso del corriente año a Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco. El primero tiene su renuncia aceptada por el Poder Ejecutivo a partir del 1 de septiembre y los dos restantes informaron que dejarán el tribunal superior de justicia desde el 1 de noviembre.

Es más, en Casa Gris no se descarta que el Poder Ejecutivo incluya el tratamiento en Extraordinarias que se reanudarán en febrero. No obstante, el 15 de febrero se pondrá en marcha el nuevo período Ordinario con el mensaje del gobernador ante las cámaras legislativas. En los hechos a fines de febrero o bien en la primera quincena de marzo los pliegos serán considerados por la Asamblea Legislativa.

En principio, la bancada oficialista de Unidos tiene mayoría propia para avalar las tres designaciones. No obstante, el objetivo de la alianza de gobierno es lograr la mayor cantidad de adhesiones en la Asamblea. En el Senado, 14 de los 19 senadores pertenecen al interbloque de Unidos. De todos modos, en la mayoría de los temas institucionales, la Cámara Alta vota prácticamente en forma conjunta.

En Diputados, Unidos tiene 28 de los 50 integrantes del cuerpo más tres legisladores que habitualmente suman sus votos para los proyectos de la Casa Gris. Hay sectores del justicialismo que ya anticiparon el respaldo a los tres miembros que postula el Ejecutivo para la Corte.

El secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, tuvo a su cargo el trámite de recepción de avales individuales y colectivos para los tres propuestos como así también de objeciones de distintas entidades, especialmente por el tema paridad. Cuando concluya el proceso de designación, Santa Fe tendrá dos mujeres en la Corte de siete integrantes. Será la primera vez que haya dos mujeres en el cuerpo.

Alurralde fue quien más adhesiones cosechó especialmente de jueces federales, cámaras federales -entre ellas la de Rosario- funcionarios de la justicia federal, facultades de Derecho, colegios de abogados, de médicos y entidades empresariales de Rosario y de Reconquista donde se viene desempeñando como juez federal.

En el caso de Genghini también logró múltiples respaldos, especialmente desde el derecho colegiado y de varios Consejos de la Magistratura, entre ellos el Nacional donde se desempeñó como asesora. También tiene el aval de la Federación de Colegios de Abogados de Argentina -FACA- así como numerosos colegios de la abogacía y de médicos, entidades gremiales empresariales y sindicales y numerosos abogados. Entre ellos están las firmas de Ricardo Gil Lavedra, Juan Carlos Cassagne, y María Mejías Saldaña.

Por su parte, Maciel sumó el aval de colegios de abogados, de médicos, de varias entidades de Esperanza, entre ellos el intendente Rodrigo Muller, facultad de Derecho de la UNR, DAIA y de numerosos abogados como Andrés Gil Domínguez, Miguel Piedecasas, Mariano Bar, y Mariana Faisal.

La nueva Constitución determinó nuevos plazos para tratamientos de pliegos para la justicia -ahora con 45 días, antes eran 30) pero también exige votación expresa para los ministros de la Corte así como las cabezas del Ministerio Público.

El artículo 89 de la Constitución determina las facultades del Poder Legislativo y el punto 5 dice textualmente: prestar el acuerdo requerido por esta Constitución o las leyes para la designación de magistrados, fiscales, defensores o funcionarios, el que se entiende prestado si no se expidiera dentro del término de cuarenta y cinco días de convocada al efecto la Asamblea. La convocatoria debe realizarse dentro del quinto día de recibido el pedido de acuerdo o, en caso de remitir la solicitud en el receso legislativo, de abierto el período ordinario de sesiones. En los casos de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general y el defensor general el acuerdo debe prestarse de manera expresa.

El artículo 118 de la Constitución santafesina comienza marcando que "la Corte Suprema de Justicia se compone de siete ministros. Su integración procura la paridad de género y la representación territorial".

La propuesta del Ejecutivo incluye a Maciel, oriundo y vecino de Esperanza; Alurralde, santafesino pero residiendo en Reconquista desde que se desempeña como juez federal y Genghini, rosarina. Jorge Baclini, Daniel Erbetta y Margarita Zabalza son rosarinos y Rubén Weder, nació en Humboldt aunque reside en Santa Fe. Los salientes, Eduardo Spuler y Rafael Gutiérrez son santafesinos y Roberto Falistocco, de Rosario.

Diego Luis Maciel es egresado en 2003 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, con estudio jurídico en la ciudad de Esperanza con dedicación principal en el fuero Civil y Comercial, asesoramiento integral y representación de particulares, personas jurídicas y entidades civiles. Fue asesor legal y apoderado de la Asociación para el Desarrollo del Departamento Las Colonias y de distintos gobiernos comunales. Hoy se desempeña como Secretario Administrativo de la Cámara de Senadores y antes fue Secretario Parlamentario del cuerpo.

Aldo Mario Alurralde también se recibió como abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la UNL y doctorado en Derecho Tributario en la misma casa; master en Derecho Tributario de la Universidad Autónoma de Barcelona; y escribano y doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santa Fe.

Hoy además de ser juez federal, tiene cátedras en la Católica de Santa Fe tanto en la sede central como en Reconquista y Posadas así como profesor titular en la carrera de Especialización en Derecho Tributario de la Universidad Nacional de Rosario.

Jorgelina Mabel Genghini es egresada de la Pontificia Universidad Católica Argentina de Rosario. Posee diplomaturas en Política, Derecho y Gestión Ambiental y cursos de actualización en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.

Hoy es jueza de Faltas en la Municipalidad de Rosario, socia de un estudio jurídico de Rosario, apoderada de compañía de seguros y ART e integra la comisión directiva de FACA. Desde diciembre 2022 se desempeña en representación de la abogacía organizada en el Consejo de la Magistratura de la Nación en las comisiones de Selección de Jueces, de Acusación, y de Reglamentación en las vocalías de Miguel Piedecasas y actualmente de Alberto Maques.

Se abre una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. En realidad, otro lugar si se contabiliza el alejamiento anunciado de Eduardo Spuler. Se trata del actual presidente del máximo tribunal, Roberto Falistocco.

El cortesano anunció en un artículo periodístico que 2026 será su último año en el cuerpo. La decisión, según comentó en la nota, se la adelantó primero a su círculo íntimo de familiares y amigos. Ahora llegó el turno de la opinión pública.

El miércoles se definiría el próximo presidente de la Corte.

"Noviembre es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial", le aseguró Falistocco a diario La Capital.

Como adelantó El Litoral, la reunión de Acuerdo tendrá lugar este miércoles 10 y sería tiempo de definir al próximo presidente de la Corte Suprema provincial.

Cabe recordar que hubo dos martes sin acuerdo y la expectativa está puesta ahora en lo que ocurra este miércoles en sede tribunalicia.

Como se dijo, la Corte tiene la costumbre hace años de intercalar a los presidentes teniendo en cuenta al lugar que pertenecen. Así, luego del mandato que termina el 31 de diciembre para Falistocco, el próximo titular del máximo tribunal debería ser capitalino.

Tal como quedó establecido por ley y luego reafirmado por la flamante Carta Magna, se estipuló como límite de edad los 75 años; razón por la cual tres de los miembros quedaban por fuera de esta nueva regla.

Al mismo tiempo, la nueva Constitución establece que "la Corte Suprema de Justicia se compone de siete ministros. Su integración procura la paridad de género y la representación territorial".

En un arduo trabajo político, el gobierno que encabeza Maximiliano Pullaro pudo incluir tres nuevos ministros en la Corte Suprema. Uno por la ley de ampliación a siete de la Corte, y otra por las renuncias de Mario Netri y María Angélica Gastaldi. Así llegaron Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder.

La composición actual de la Corte. Foto: Guillermo Di Salvatore

Así las cosas, el cuerpo quedó integrado por los citados tres, más la continuidad de Rafael Gutiérrez, el mencionado Falistocco, Daniel Erbetta y el saliente Eduardo Spuler.

2026 entonces será un año donde el Poder Ejecutivo tenga que encontrar reemplazos tanto para Spuler como para al ahora también saliente, Falistocco.

El Poder Ejecutivo, hoy tiene dos importantes sillas vacantes, reservadas para abogados, y que requieren acuerdo político y legislativo. Se trata dell lugar que desde el 1 de septiembre dejará en la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Spuler, y la ya producida por la dimisión de Lisandro Villar al Tribunal de Cuentas.

La foto es de hoy, aunque el Poder Ejecutivo querría tener ya tres vacantes en la Corte Suprema de Justicia. En el Tribunal de Cuentas podrían ser tres las vacantes pero, por ahora, para la Casa Gris hay una sola.

En las últimas horas, y mediante el decreto 3097, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia presentada "por Eduardo Guillermo Spuler, al cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe; a partir del 01 de septiembre de 2026; agradeciéndosele los servicios prestados".

El decreto lleva las firmas de Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, y de Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y de Seguridad. Es muy sintético en los considerandos: la renuncia presentada el pasado 4 de noviembre y con fecha del 1 de septiembre, "que razones de índole particular motivan el presente pedido siendo procedente aceptar la renuncia presentada".

Después da cuenta "que obra en las actuaciones Acta N° 47 de la Corte Suprema de Justicia relativa a la aceptación de la renuncia presentada y Nota Nº 3894 del Secretario de Gobierno de dicho organismo dirigida al Ministro de Justicia y Seguridad a tales efectos".

Spuler al igual que el actual presidente, Roberto Falistocco, y de Rafael Gutiérrez, tienen más de 75 años, la edad tope fijada por ley sancionada en noviembre del año pasado y luego incluida en la reforma de la Constitución finalizada en septiembre. Los tres ministros accedieron al cargo cuando esas condiciones no estaban vigentes.

Uno (Spuler) le puso fecha a su retiro mientras que Falistocco y Gutiérrez no lo han hecho pese a los planteos realizados por funcionarios del Ejecutivo así por como por emisarios. La pulseada se ha metido de lleno en la definición del presidente de la Corte Suprema de Justicia para el 2026 que -ahora- aseguran se producirá en el Acuerdo del miércoles de la semana próxima.

En la etapa institucional iniciada hace casi dos años, el Poder Ejecutivo pudo incluir tres nuevos ministros en la Corte Suprema de Justicia. Uno por la ley de ampliación a siete de la Corte, y otra por las renuncias de Mario Netri y María Angélica Gastaldi. Así llegaron Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder.

El restante miembro, Daniel Erbetta, no tiene aún 75 años aunque también asumió ese cargo cuando ese requisito no estaba vigente.

El nombre del reemplazo de Spuler no ha trascendido y tampoco la fecha en que el pliego será enviado a Legislatura por el Poder Ejecutivo. Hay mucho plazo aún. El tema quedará para el año próximo. "La Corte Suprema de Justicia se compone de siete ministros. Su integración procura la paridad de género y la representación territorial", señala el artículo 118 de la Constitución provincial.

Por ahora, las miradas hacia la Corte apuntan a saber quién será el presidente en el año venidero, donde si se respeta el sistema de rotación norte/sur será el turno de esta capital. Hubo dos martes sin acuerdo y la expectativa está puesta ahora en el miércoles 10 de diciembre.

Es más, antes del reemplazo de Spuler, en la Corte se debe determinar el reemplazo del secretario de Gobierno, Eduardo Bordas quien anunció su renuncia. Sobre este tema reservado hasta ahora al Poder Judicial, también hay que mirar la reciente Ley N° 14.292.

Allí, se modificó el artículo 178. Ahora, dice que "la Corte Suprema de Justicia cuenta al menos con dos Secretarías, una de Gobierno y otra Técnica, con asiento en la ciudad de Santa Fe, a las cuales les competen las funciones asignadas por la ley, por la Corte Suprema de Justicia y, en su caso, por la Presidencia del Cuerpo.

Cada una de ellas dispone de la asistencia de una Prosecretaría, las que deberán tener asiento una en la ciudad de Santa Fe y otra en la ciudad de Rosario, a las cuales se les podrán delegar las funciones asignadas a los Secretarios en los términos que establezca la reglamentación.

Para desempeñar el cargo de Secretario y Prosecretario, se requiere ser ciudadano argentino, poseer título de abogado y tener, por lo menos, treinta años de edad, diez de ejercicio de la profesión de abogado o de la función judicial, y dos años de residencia inmediata en la Provincia si no hubiera nacido en ella. Son nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Corte Suprema de Justicia.

Este agregado en la norma deberá tener en cuenta que la propuesta de la Corte para ese cargo deberá tener la firma de Pullaro.

En tanto, Lisandro Villar (h) se fue del Tribunal de Cuentas y ya colabora con la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y la semana próxima ya asumirá su nueva función.

"Los miembros del Tribunal de Cuentas duran seis años en sus funciones, son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y pueden ser removidos según las normas del juicio político", marca el artículo 144 de la Constitución. No obstante, una ley determina que si no renuncian a los seis años y no está designado el reemplazante, los vocales siguen en funciones.

Así hoy siguen como vocales Sergio Beccari y María del Carmen Crescimanno. En tanto, los restantes dos vocales, Oscar Biaggioni, presidente, y Marcelo Terenzio tienen mandato vigente.

En el ala política de Unidos se entiende que además de Villar deberán definirse los reemplazos de Beccari y Crescimanno, profesionales ambos que llegaron al Tribunal de Cuentas de la mano del Partido Socialista. Para la Casa Gris por ahora, la premura es designar un abogado que se siente en la silla dejada vacante por Villar.

Tres contadores y dos abogados son los integrantes del Tribunal. Terenzio y Villar ocupaban la representación por la abogacía. El primero, allegado al Partido Justicialista y el segundo a la UCR.

La vacante o las vacantes será otra tema que quedará sin definir en este diciembre legislativo y quedaría para una negociación en el comienzo del 2026.

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, confirmó que Lisandro Villar reemplazará a Sergio Basile como secretario de Desarrollo Territorial a partir de la semana próxima. Basile jurará el martes como concejal en la ciudad de Santa Fe y será elegido presidente del cuerpo.

Desde la renuncia al Tribunal de Cuentas, Villar se acercó a la cartera que conduce Tejeda. Ambos comparten años de militancia política, primero en la Juventud Radical y luego en espacios partidarios siempre ligados a la corriente NEO.

La herramienta, desarrollada en el ámbito del Poder Judicial, establece un canal de atención automatizada, accesible tanto desde el sitio web institucional como a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

La plataforma Justina incorpora un sistema de chatbot basado en flujos de conversación predefinidos, que guía al usuario en la obtención de información que brinda el sistema de manera automatizada y canaliza sus consultas, derivándolas a responsables humanos en caso de ser necesario.

Se explicó que la trazabilidad de las conversaciones permite al usuario de Justina transitar de manera ágil e intuitiva el árbol de información definido. Así, el flujo de conversaciones que se establecen permite acceder en fracción de segundos a toda la información con que cuenta la plataforma.

Este sistema facilita el acceso ágil y eficiente a los servicios judiciales, optimizando la comunicación externa y favoreciendo la autogestión de profesionales y ciudadanos, al tiempo que reduce la dependencia de los canales tradicionales de atención.

Entre los beneficios para los ciudadanos se indicó que estará el acceso rápido y sencillo para obtener información relevante y realizar consultas de manera inmediata, sin necesidad de desplazarse físicamente ni esperar en líneas telefónicas.

También la disponibilidad permanente del sistema las 24 horas, permitiendo realizar gestiones en cualquier momento, adaptándose a las necesidades de cada usuario.

Se explicó que Justina será mayor transparencia ya que la plataforma facilita el acceso directo a datos y publicaciones oficiales, promoviendo la transparencia en la gestión judicial.

El otro punto destacado es la derivación eficiente ya que en caso de que la consulta no pueda ser resuelta por el sistema, será derivada automáticamente a un responsable humano, garantizando una respuesta adecuada.

Por último se indicó que los ciudadanos podrán autogestionar trámites y consultas, reduciendo tiempos y simplificando procesos.

La implementación de la plataforma se realizará en una primera etapa, abarcando temas de interés general, con el objetivo de evaluar su desempeño y, posteriormente, ampliar sus funcionalidades conforme a las necesidades y requerimientos de los usuarios.

Por otra parte, se indicó que próximamente, el personal del Poder Judicial contará con una sección específica para la gestión de trámites internos y solicitudes de soporte técnico.

Este martes por la mañana, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Dr. Roberto H. Falistocco, tomó juramento a ministros, funcionarios y jueces de las cámaras de apelaciones de las circunscripciones judiciales n°. 1, 4 y 5 en cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula segunda – Disposiciones Transitorias de la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe, vigente desde el 11 de septiembre de 2025.

En la oportunidad, prestaron juramento los ministros de la Corte Eduardo Guillermo Spuler, Rafael Francisco Gutiérrez, Daniel Aníbal Erbetta, Jorge Camilo Baclini, Margarita Elsa Zabalza y Rubén Luis Weder.

Los juramentos fueron tomados por el presidente de la Corte, el doctor Roberto Falistocco. Foto: El Litoral

Asimismo, Falistocco también recibió juramento al Procurador General del Poder Judicial, Jorge Alberto Barraguirre; al Secretario de Gobierno, Eduardo Marcos Pedro Bordas; a la Secretaria Técnica, Silvia Portilla; y a los presidentes de las cámaras de apelaciones de las circunscripciones judiciales n.° 1, 4 y 5: Eduardo Roberto Sodero (Santa Fe), Santiago Andrés Dalla (Reconquista), Alejandro Alberto Román (Rafaela), Julia Elim Collado (Santa Fe), Alejandro José Ramón Tizón (Santa Fe), Eduardo Alberto Bernacchia (Vera), Cristina Fiz (Rafaela) y Leonardo Darío Deb (Santa Fe).

El acto se desarrolló desde la 10, en el salón de acuerdos de la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Santa Fe.

Por Juliano Salierno (El Litoral) 

En dos actos oficiales programados para el lunes 25 y martes 26 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tomará juramento a 14 fiscales subrogantes designados para cubrir vacantes en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Las ceremonias, que se desarrollarán en Rosario y Santa Fe respectivamente, tienen como objetivo la reorganización y fortalecimiento del sistema de justicia penal en la provincia.

El lunes, el acto central se llevará a cabo a las 12:30 en el Salón de Actos de la Corte en Rosario (Balcarce 1651, 3° piso). En esa oportunidad, prestará juramento Matías Sebastián Merlo como nuevo Fiscal Regional de la Circunscripción Judicial N°2 (Rosario), tras un interinato de más de un año en la función, como fiscal interventor.

Anteriormente Merlo se desempeñó como fiscal en Melincué; y hasta su reciente designación en la cabecera más compleja del MPA, era fiscal regional en la Circunscripción N° 3, con asiento en Venado Tuerto.

Ese mismo día jurarán también nuevos fiscales subrogantes que asumirán funciones en las Fiscalías Regionales N°2 y N°3.

Los fiscales subrogantes que jurarán el lunes son:

Dra. Valeria Piazza Iglesias

Dr. José Luis Caterina

Dra. Gabriela Rosana Bassagaisteguy

Dr. Juan Pablo Baños

Dr. Diego Ariel Meinero

Dra. Luciana Vallarella

Dra. Andrea Melisa Cavallero

Dra. Mayra Soledad Vuletic

Dra. María Florencia Schiappa Pietra

El martes 26, la actividad continuará a las 11:30 en el Salón de Actos de la Corte Suprema en los tribunales de la ciudad de Santa Fe (San Jerónimo 1551). En ese acto, el presidente de la Corte, Dr. Roberto Falistocco, tomará juramento a otros cinco fiscales subrogantes designados para desempeñarse en las Fiscalías Regionales N°1, N°4 y N°5.

Dra. Ana Laura Gioria

Dr. Norberto Carlos Ríos

Dr. Nicolás Aureliano Maglier

Dr. Juan Carlos Koguc

Dr. Guillermo Nicolás Loyola

La figura del fiscal subrogante fue establecida por la Ley N° 14392, que modificó la Ley del Ministerio Público de la Acusación (N° 13013), incorporando el artículo 68 bis. Esta normativa permite cubrir transitoriamente cargos vacantes mediante fiscales adjuntos seleccionados por concurso público de antecedentes y oposición, convocado por la Fiscalía General, María Cecilia Vranicich.

Los postulantes que integran el registro habilitado por la Fiscalía General atravesaron un proceso de evaluación integral —incluyendo prueba escrita, entrevistas y análisis de antecedentes— conforme al Decreto Reglamentario N° 1139/19.

El orden de mérito resultante fue elevado a la Corte Suprema y al Poder Ejecutivo, que oficializó las designaciones mediante el decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro el pasado 14 de agosto.

Las vacantes que se cubrirán con estas designaciones responden a una variedad de situaciones institucionales.

En varios casos, se trata de cargos liberados por renuncias —como las del Dr. Marcelo Vienna, Dr. Mariano Ríos Artacho, Dr. Eduardo Lago y el Dr. Gustavo Latorre—, o por traslados a otros cargos, como el del Dr. Horacio Pueyrredón (designado vocal de Cámara) y la Dra. Carla Cerliani (actual coordinadora en la Fiscalía General).

También se ocuparán vacantes generadas por licencias prolongadas, como en el caso de la Dra. Gisela Paolicelli, y por destituciones, como las de los fiscales Aldo Gerosa y Gabriela Lescano.

En tanto, otros puestos quedaron vacantes tras el fallecimiento del Dr. Aníbal Vescovo o por el ascenso de fiscales a cargos de conducción, como el de Matías Merlo, recientemente designado fiscal regional y el de Jorge Nessier, fiscal regional de Santa Fe.

En todos los casos, los fiscales subrogantes asumirán funciones hasta que se produzcan los nombramientos definitivos mediante concursos ordinarios.

Producto de un recurso de inconstitucionalidad presentando por la fiscal Mayra Vuletic, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió anular el fallo que había otorgado el régimen de prisión domiciliaria con salidas laborales a Miguel Ángel Canonigo, condenado a 12 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente con la víctima menor de edad, ocurrido en la localidad de Maggiolo. 

Antecedentes del caso

Canonigo fue condenado en 2018 a 15 años de prisión, aunque la pena fue reducida a 12 años en la instancia de apelación. Luego de agotar todas las vías recursivas, la sentencia quedó firme en mayo de 2023. Sin embargo, el condenado había transitado la mayor parte del proceso en prisión domiciliaria.

En diciembre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia de Venado Tuerto rechazó el pedido de la defensa para que se le concediera un régimen de semi-libertad. Sin embargo, en marzo de 2024, el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Venado Tuerto, Tomás Orso, revocó esta decisión y dispuso la prisión domiciliaria con salidas laborales.

Intervención de la Corte Suprema

La fiscal Mayra Vuletic interpuso un recurso de inconstitucionalidad, argumentando que la decisión del juez era arbitraria y contraria a la legislación vigente. Entre sus fundamentos, señaló que el fallo afectaba el principio de legalidad, ya que la prisión domiciliaria solo es aplicable en casos taxativamente previstos por la ley, como enfermedades graves, discapacidad o razones humanitarias, condiciones que no se cumplían en este caso.

La Corte Suprema, con la firma de los ministros Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler, hizo lugar al recurso y declaró la nulidad de la sentencia que había concedido la morigeración de la prisión. El tribunal remitió el caso nuevamente a la instancia inferior para que sea juzgado conforme a las pautas interpretativas establecidas en la resolución.

Fundamentos de la decisión

En su fallo, la Corte destacó que en la resolución el juez de Cámara de la Apelaciones se apartó de la normativa vigente al conceder una prisión domiciliaria sin justificación legal. Además, subrayó que la reinserción social de un condenado debe darse dentro del marco del régimen penitenciario progresivo y no mediante decisiones arbitrarias que ignoren la legislación.

El fallo también resaltó que la permanencia de Canonigo en prisión domiciliaria durante el proceso no lo hacía acreedor de un régimen más favorable que el previsto en la ley. En este sentido, estableció que la modalidad de cumplimiento de la pena debe ajustarse a los parámetros legales vigentes y no ser modificada por decisiones judiciales que carecen de respaldo normativo.

La próxima semana se llevará adelante una audiencia donde la fiscal solicitará a los magistrados que intervinieron en el juicio que revoque la prisión domiciliaria y continúe cumpliendo condenada en el servicio penitenciario. 

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió anular la homologación del acuerdo preventivo de la agroexportadora Vicentin S.A.I.C., al considerar que la propuesta vulnera el principio de igualdad entre los acreedores.

El fallo, que revoca la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, obliga a reabrir el proceso concursal y pone en duda el futuro financiero de la empresa.

El máximo tribunal provincial declaró "procedente" el recurso de inconstitucionalidad que había presentado la empresa Commodities S.A. del grupo Grassi contra la homologación del Concurso de Vicentin S.A.I.C. y, en consecuencia, anuló la sentencia dictada por la Cámara de Reconquista.

Asimismo, resolvió "remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda, a fines de que dicte nuevo pronunciamiento, conforme a las pautas sentadas en este nuevo fallo". Se trata, para el caso, de la Cámara de Apelaciones de Rafaela.

El fallo lleva la firma del presidente Roberto Falistocco, y los ministros Daniel Aníbal Erbetta, Rafael Francisco Gutiérrez, Eduardo Guillermo Spuler, y María Angélica Gastaldi, en disidencia.

En 2020, Vicentin se presentó en concurso preventivo tras declarar una cesación de pagos, afectando a cientos de acreedores, entre ellos entidades bancarias y productores agropecuarios. En marzo de 2024, la Cámara de Apelaciones homologó un acuerdo que establecía pagos diferenciados según el tipo de acreedor, lo que generó impugnaciones por parte de Commodities S.A. y otros afectados.

El tribunal provincial consideró que el acuerdo aprobado por la Cámara de Apelaciones presentaba irregularidades en la distribución de los pagos. Según el fallo, la propuesta de Vicentin establecía condiciones desiguales, ya que los acreedores más pequeños recibirían el 100% de sus créditos en un solo pago, mientras que otros tendrían quitas de hasta el 80% y plazos de espera de hasta 12 años.

Los jueces destacaron que la falta de categorización de los acreedores y la ausencia de un plan de reorganización empresarial generaban un perjuicio indebido a ciertos sectores. Además, criticaron la falta de garantías en los mecanismos de pago y la incertidumbre sobre el levantamiento de medidas cautelares en sede penal, que podrían afectar la liquidez de la empresa.

Con esta decisión, se reabre el proceso concursal y se abre la puerta a un nuevo período de negociaciones o a la posibilidad de un salvataje (cramdown). Esto es que, si bien Vicentin puede mejorar la oferta a sus acreedores, también deberá competir en pie de igualdad con un tercero que, eventualmente, pueda presentar una propuesta superadora y quedarse con la administración del holding.

En particular, la Corte Suprema instó a realizar una nueva evaluación que garantice un trato equitativo para todos los acreedores y preserve la viabilidad económica de la empresa. Así, el expediente quedará en manos de la Cámara de Apelaciones de Rafaela.

Jorge Camilo Baclini, Rubén Luis Weder y Margarita Elsa Zabalza son los nombres propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, dos ya producidas y la restante que se producirá a partir del 2 de abril cuando se efectivice la renuncia presentada por María Angélica Gastaldi.

Como se venía anticipando, este lunes, después del mediodía se oficializaron los tres nombres elegidos para producir una renovación de la Corte de una magnitud -en cuenta a miembros- en que habrá que remontarse al segundo gobierno de Carlos Reutemann (1999/2003). El último cambio fue sobre el final del gobierno de Jorge Obeid (2007) cuando se jubiló Rodolfo Vigo e ingresó Daniel Erbetta.

A las pocas horas de conocerse la decisión y la apertura del trámite, El Litoral habló sobre el tema con el ministro de Gobierno, Fabián Bastia.

-¿Por qué han elegido estos tres nombres? le preguntó El Litoral al ministro de Gobierno, Fabián Bastia.

-Son tres personas que tienen sobradas condiciones, son distintos perfiles; obedecen al momento político, al momento de cambio que llevamos adelante; reflejan los consensos institucionales importantes que está viviendo Santa Fe y que le permiten al gobierno llevar adelante todas estas transformaciones que nosotros hemos venido dando desde el inicio de nuestra gestión.

-Usted dice que hay que cambiar el gobierno de la Corte, usted entiende que la Corte debe gobernar el Poder Judicial y ustedes son críticos del manejo actual. ¿Cree que con estas tres nuevas personas pueden empezar a cambiar?

-Esto no es un entendimiento personal. La Corte es el órgano de gobierno del Poder Judicial; la Corte es un órgano jurídico y político. Sin ninguna duda la justicia santafesina tiene que cambiar; lo dijimos desde antes de asumir, inclusive antes de ganar las elecciones generales. Siempre dijimos que debía transformarse la justicia, que debía modernizarse, que debía ser eficiente, que debía estar cerca de la gente. Los roles -porque el cargo que desempeñan ni más ni menos es el cumplimiento de un rol- no tienen que traer aparejado un privilegio. Tiene que ser un comportamiento ciudadano, como cualquier funcionario público y esa cercanía, esa proximidad y ese compromiso con el conjunto de la sociedad tiene que darse. Hay valores que abrazar, hay que hacer cambios estructurales y evidentemente hay que entender los procesos de cambio que están ocurriendo en el país, pero que en Santa Fe estamos llevando adelante.

-¿El Ejecutivo cree que son esos los perfiles, lo han hablado con ellos para llevar adelante este proceso de cambio?

-Son perfiles que han sido seleccionados y han sido hablados y discutidos previamente. Tienen distinto origen político, distinta especialidad y representan a un conjunto de la sociedad. Estamos incorporando en la propuesta una diversidad importante con, por ejemplo, el caso de Jorge Baclini que es un penalista reconocido, libros escritos, docente universitario, docente de posgrado, fue secretario de juzgado de instrucción, juez de instrucción, fiscal regional, fiscal general del Ministerio Público de la Acusación. En el caso de Rubén Weder, un administrativista, estamos hablando de un hombre con una dilatada trayectoria en la justicia provincial, siendo jefe de relatores en la Corte y después de la Corte tuvo un cargo político muy técnico como el de Fiscal de Estado lo que le permitió también haber conocido o ampliar ese conocimiento del funcionamiento no solo de la justicia, sino del Estado en su conjunto. En el caso de Margarita Zabalza es la más joven de todas, es una persona de grandes valores, muy formada técnicamente; tributarista, docente universitaria y casualmente María Angélica Gastaldi fue quien la llevó, quien la convocó a la cátedra. Actualmente es secretaria académica en la Universidad Nacional de Rosario y ha tenido desempeño en distintas áreas del Estado como funcionaria. Hay diversidad de especialidades y de perfiles.

Baclini y Weder tienen trayectoria en el Poder Judicial y Zabalza tuvo funciones técnicas en el Poder Ejecutivo y ahora es autoridad dentro de la Universidad Nacional de Rosario. La elección de Baclini es una decisión personal del gobernador Maximiliano Pullaro; el nombre de Weder fue propuesto por Omar Perotti y Zabalza por el socialismo dentro de Unidos. Atrás quedaron muchas especulaciones sobre perfiles más políticos para la Corte.

Los perfiles de los tres candidatos están expuestos en el Boletín Oficial de la provincia y lo estarán durante tres días.

Margarita Zabalza: abogada, especialista en derecho tributario y profesora de esa especialidad en la Universidad Nacional de Rosario. Integra el Consejo Directivo en representación del claustro docente de la Facultad de Derecho y está al frente de la Subsecretaría del Área de Innovación y Apoyo a la Gestión. Se desempeñó como directora de Asuntos Legales de la Administración Provincial de Impuestos (API) entre 2010 y 2012; como subsecretaria de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad de la Provincia entre 2012 y 2015 y como subsecretaria de Economía de la Municipalidad de Rosario desde 2015. Tiene 40 años.

Jorge Baclini: 58 años, doctor en Derecho, especialista en la Magistratura y tiene más de 35 años en el campo del Poder Judicial. Fue secretario de un juzgado de sentencia, luego juez de instrucción en Rosario. Con el cambio de sistema de enjuiciamiento concursó y ganó el cargo de fiscal regional de Rosario que ejerció desde 2014 y luego compitió con éxito para fiscal general de Santa Fe, cargo que desempeñó hasta 2023.Es docente de Derecho Penal de grado y posgrado en la UNR, de Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica de Rosario y tiene libros escritos en la materia. Mientras Pullaro fue ministro de Seguridad, Baclini encabezó el Ministerio Público de la Acusación

Rubén Weder: 65 años, fue fiscal de Estado; y anteriormente abogado relator de la Corte Suprema de Justicia provincial, cargo al que renunció para integrar el gabinete de la administración de Omar Perotti. Abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, docente en distintas unidades académicas. Profesor de Derecho Administrativo en la Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, Universidades Católica de Santa Fe y Santiago del Estero. También en la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo de la FCJS UNL; director del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santa Fe; miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Ha dictado numerosas conferencias en la materia y es autor de diversas publicaciones sobre su especialidad.

Febrero: Publicaron los antecedentes en el Boletín Oficial y el gobernador Pullaro comunicó los nombres a las dos cámaras legislativas. Será la Asamblea Legislativa la encargada de validar los tres nombres sobre fines de febrero.