El máximo tribunal santafesino resolvió el 26 de marzo de 2026 rechazar la queja presentada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que buscaba revertir la absolución dictada en segunda instancia.

De esta manera, la Corte de la Provincia de Santa Fe dejó firme la decisión adoptada el 2 de julio de 2025 por la Cámara de Apelaciones de Venado Tuerto, que había revocado la condena de siete años de prisión por abuso sexual impuesta en primera instancia. Solo quedaría abierta la posibilidad de un recurso extraordinario federal.

El eje del fallo: la inimputabilidadEl punto central del caso radica en la capacidad del imputado, Jesús Stabile, para comprender la criminalidad de sus actos.

La Cámara había determinado, en base a informes de la Junta Especial de Salud Mental, que el joven presenta una discapacidad con una edad mental estimada entre 7 y 9 años, lo que le impediría entender plenamente el carácter delictivo del hecho.

La Corte consideró que esa conclusión estuvo debidamente fundada en la prueba producida, incluyendo evaluaciones interdisciplinarias, testimonios y antecedentes personales, descartando arbitrariedad en el fallo.

Los argumentos de la FiscalíaEl MPA cuestionó la resolución de Cámara al sostener que:

Sin embargo, el máximo tribunal entendió que estos planteos reflejaban una discrepancia con la valoración probatoria y no configuraban una violación constitucional que habilitara su intervención.

La postura de la CorteEn su resolución, la Corte sostuvo que:

Además, dejó abierta la posibilidad de que se evalúen medidas de seguridad u otras intervenciones en ámbitos civiles.

Cómo se originó la causaEl hecho ocurrió el 3 de febrero de 2021 en Maggiolo, cuando el acusado fue denunciado por abusar sexualmente de una familiar en su domicilio.

En febrero de 2025, el Tribunal de Venado Tuerto lo condenó a siete años de prisión. Sin embargo, esa sentencia fue revertida meses después por la Cámara, que determinó su inimputabilidad.

El próximo 25 de febrero a las 15 horas se realizará en el recinto de la Cámara de Diputados y Diputadas la Audiencia Pública en la que se tratarán los pliegos para la designación de ministros y ministras de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. La instancia permitirá a la ciudadanía formular consultas, observaciones y manifestaciones en un proceso de alto impacto institucional.

En ese marco, la diputada provincial Lionella Cattalini, quien preside la comisión de Acuerdos de la Legislatura, subrayó que la participación ciudadana es una condición necesaria para consolidar una Justicia más transparente y con mayor legitimidad social.

“La integración de la Corte Suprema no puede resolverse de espaldas a la sociedad. Estamos hablando del órgano que interpreta la Constitución y define sobre derechos, libertades y límites al poder. Por eso la participación no es decorativa: es un mecanismo de control democrático”, sostuvo.

Cattalini remarcó que abrir el proceso a la ciudadanía fortalece la calidad institucional de la provincia. “La democracia no se agota en elegir representantes. También implica garantizar que las decisiones más trascendentes del Estado se tomen con publicidad, debate y control social. Una Corte legítima necesita un proceso legítimo”.

Las personas interesadas en participar de manera presencial o virtual podrán inscribirse hasta el 24 de febrero a las 12 horas completando el formulario disponible en el siguiente enlace:https://url-shortener.me/DC7C

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó en forma digital los pliegos de los tres postulantes para la Corte Suprema de Justicia al haberse cumplido pasos previstos en el decreto 18/2007 con una reforma realizada por decreto 2889/24 y este jueves estarán en Mesa de Entradas de la Cámara de Senadores para poner en marcha el mecanismo legislativo de votación.

Se trata de los pliegos de Diego Luis Maciel, Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini que reemplazarán en el transcurso del corriente año a Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco. El primero tiene su renuncia aceptada por el Poder Ejecutivo a partir del 1 de septiembre y los dos restantes informaron que dejarán el tribunal superior de justicia desde el 1 de noviembre.

Es más, en Casa Gris no se descarta que el Poder Ejecutivo incluya el tratamiento en Extraordinarias que se reanudarán en febrero. No obstante, el 15 de febrero se pondrá en marcha el nuevo período Ordinario con el mensaje del gobernador ante las cámaras legislativas. En los hechos a fines de febrero o bien en la primera quincena de marzo los pliegos serán considerados por la Asamblea Legislativa.

En principio, la bancada oficialista de Unidos tiene mayoría propia para avalar las tres designaciones. No obstante, el objetivo de la alianza de gobierno es lograr la mayor cantidad de adhesiones en la Asamblea. En el Senado, 14 de los 19 senadores pertenecen al interbloque de Unidos. De todos modos, en la mayoría de los temas institucionales, la Cámara Alta vota prácticamente en forma conjunta.

En Diputados, Unidos tiene 28 de los 50 integrantes del cuerpo más tres legisladores que habitualmente suman sus votos para los proyectos de la Casa Gris. Hay sectores del justicialismo que ya anticiparon el respaldo a los tres miembros que postula el Ejecutivo para la Corte.

El secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, tuvo a su cargo el trámite de recepción de avales individuales y colectivos para los tres propuestos como así también de objeciones de distintas entidades, especialmente por el tema paridad. Cuando concluya el proceso de designación, Santa Fe tendrá dos mujeres en la Corte de siete integrantes. Será la primera vez que haya dos mujeres en el cuerpo.

Alurralde fue quien más adhesiones cosechó especialmente de jueces federales, cámaras federales -entre ellas la de Rosario- funcionarios de la justicia federal, facultades de Derecho, colegios de abogados, de médicos y entidades empresariales de Rosario y de Reconquista donde se viene desempeñando como juez federal.

En el caso de Genghini también logró múltiples respaldos, especialmente desde el derecho colegiado y de varios Consejos de la Magistratura, entre ellos el Nacional donde se desempeñó como asesora. También tiene el aval de la Federación de Colegios de Abogados de Argentina -FACA- así como numerosos colegios de la abogacía y de médicos, entidades gremiales empresariales y sindicales y numerosos abogados. Entre ellos están las firmas de Ricardo Gil Lavedra, Juan Carlos Cassagne, y María Mejías Saldaña.

Por su parte, Maciel sumó el aval de colegios de abogados, de médicos, de varias entidades de Esperanza, entre ellos el intendente Rodrigo Muller, facultad de Derecho de la UNR, DAIA y de numerosos abogados como Andrés Gil Domínguez, Miguel Piedecasas, Mariano Bar, y Mariana Faisal.

La nueva Constitución determinó nuevos plazos para tratamientos de pliegos para la justicia -ahora con 45 días, antes eran 30) pero también exige votación expresa para los ministros de la Corte así como las cabezas del Ministerio Público.

El artículo 89 de la Constitución determina las facultades del Poder Legislativo y el punto 5 dice textualmente: prestar el acuerdo requerido por esta Constitución o las leyes para la designación de magistrados, fiscales, defensores o funcionarios, el que se entiende prestado si no se expidiera dentro del término de cuarenta y cinco días de convocada al efecto la Asamblea. La convocatoria debe realizarse dentro del quinto día de recibido el pedido de acuerdo o, en caso de remitir la solicitud en el receso legislativo, de abierto el período ordinario de sesiones. En los casos de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general y el defensor general el acuerdo debe prestarse de manera expresa.

El artículo 118 de la Constitución santafesina comienza marcando que "la Corte Suprema de Justicia se compone de siete ministros. Su integración procura la paridad de género y la representación territorial".

La propuesta del Ejecutivo incluye a Maciel, oriundo y vecino de Esperanza; Alurralde, santafesino pero residiendo en Reconquista desde que se desempeña como juez federal y Genghini, rosarina. Jorge Baclini, Daniel Erbetta y Margarita Zabalza son rosarinos y Rubén Weder, nació en Humboldt aunque reside en Santa Fe. Los salientes, Eduardo Spuler y Rafael Gutiérrez son santafesinos y Roberto Falistocco, de Rosario.

Diego Luis Maciel es egresado en 2003 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, con estudio jurídico en la ciudad de Esperanza con dedicación principal en el fuero Civil y Comercial, asesoramiento integral y representación de particulares, personas jurídicas y entidades civiles. Fue asesor legal y apoderado de la Asociación para el Desarrollo del Departamento Las Colonias y de distintos gobiernos comunales. Hoy se desempeña como Secretario Administrativo de la Cámara de Senadores y antes fue Secretario Parlamentario del cuerpo.

Aldo Mario Alurralde también se recibió como abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la UNL y doctorado en Derecho Tributario en la misma casa; master en Derecho Tributario de la Universidad Autónoma de Barcelona; y escribano y doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santa Fe.

Hoy además de ser juez federal, tiene cátedras en la Católica de Santa Fe tanto en la sede central como en Reconquista y Posadas así como profesor titular en la carrera de Especialización en Derecho Tributario de la Universidad Nacional de Rosario.

Jorgelina Mabel Genghini es egresada de la Pontificia Universidad Católica Argentina de Rosario. Posee diplomaturas en Política, Derecho y Gestión Ambiental y cursos de actualización en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.

Hoy es jueza de Faltas en la Municipalidad de Rosario, socia de un estudio jurídico de Rosario, apoderada de compañía de seguros y ART e integra la comisión directiva de FACA. Desde diciembre 2022 se desempeña en representación de la abogacía organizada en el Consejo de la Magistratura de la Nación en las comisiones de Selección de Jueces, de Acusación, y de Reglamentación en las vocalías de Miguel Piedecasas y actualmente de Alberto Maques.

Se abre una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. En realidad, otro lugar si se contabiliza el alejamiento anunciado de Eduardo Spuler. Se trata del actual presidente del máximo tribunal, Roberto Falistocco.

El cortesano anunció en un artículo periodístico que 2026 será su último año en el cuerpo. La decisión, según comentó en la nota, se la adelantó primero a su círculo íntimo de familiares y amigos. Ahora llegó el turno de la opinión pública.

El miércoles se definiría el próximo presidente de la Corte.

"Noviembre es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial", le aseguró Falistocco a diario La Capital.

Como adelantó El Litoral, la reunión de Acuerdo tendrá lugar este miércoles 10 y sería tiempo de definir al próximo presidente de la Corte Suprema provincial.

Cabe recordar que hubo dos martes sin acuerdo y la expectativa está puesta ahora en lo que ocurra este miércoles en sede tribunalicia.

Como se dijo, la Corte tiene la costumbre hace años de intercalar a los presidentes teniendo en cuenta al lugar que pertenecen. Así, luego del mandato que termina el 31 de diciembre para Falistocco, el próximo titular del máximo tribunal debería ser capitalino.

Tal como quedó establecido por ley y luego reafirmado por la flamante Carta Magna, se estipuló como límite de edad los 75 años; razón por la cual tres de los miembros quedaban por fuera de esta nueva regla.

Al mismo tiempo, la nueva Constitución establece que "la Corte Suprema de Justicia se compone de siete ministros. Su integración procura la paridad de género y la representación territorial".

En un arduo trabajo político, el gobierno que encabeza Maximiliano Pullaro pudo incluir tres nuevos ministros en la Corte Suprema. Uno por la ley de ampliación a siete de la Corte, y otra por las renuncias de Mario Netri y María Angélica Gastaldi. Así llegaron Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder.

La composición actual de la Corte. Foto: Guillermo Di Salvatore

Así las cosas, el cuerpo quedó integrado por los citados tres, más la continuidad de Rafael Gutiérrez, el mencionado Falistocco, Daniel Erbetta y el saliente Eduardo Spuler.

2026 entonces será un año donde el Poder Ejecutivo tenga que encontrar reemplazos tanto para Spuler como para al ahora también saliente, Falistocco.

El Poder Ejecutivo, hoy tiene dos importantes sillas vacantes, reservadas para abogados, y que requieren acuerdo político y legislativo. Se trata dell lugar que desde el 1 de septiembre dejará en la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Spuler, y la ya producida por la dimisión de Lisandro Villar al Tribunal de Cuentas.

La foto es de hoy, aunque el Poder Ejecutivo querría tener ya tres vacantes en la Corte Suprema de Justicia. En el Tribunal de Cuentas podrían ser tres las vacantes pero, por ahora, para la Casa Gris hay una sola.

En las últimas horas, y mediante el decreto 3097, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia presentada "por Eduardo Guillermo Spuler, al cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe; a partir del 01 de septiembre de 2026; agradeciéndosele los servicios prestados".

El decreto lleva las firmas de Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, y de Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y de Seguridad. Es muy sintético en los considerandos: la renuncia presentada el pasado 4 de noviembre y con fecha del 1 de septiembre, "que razones de índole particular motivan el presente pedido siendo procedente aceptar la renuncia presentada".

Después da cuenta "que obra en las actuaciones Acta N° 47 de la Corte Suprema de Justicia relativa a la aceptación de la renuncia presentada y Nota Nº 3894 del Secretario de Gobierno de dicho organismo dirigida al Ministro de Justicia y Seguridad a tales efectos".

Spuler al igual que el actual presidente, Roberto Falistocco, y de Rafael Gutiérrez, tienen más de 75 años, la edad tope fijada por ley sancionada en noviembre del año pasado y luego incluida en la reforma de la Constitución finalizada en septiembre. Los tres ministros accedieron al cargo cuando esas condiciones no estaban vigentes.

Uno (Spuler) le puso fecha a su retiro mientras que Falistocco y Gutiérrez no lo han hecho pese a los planteos realizados por funcionarios del Ejecutivo así por como por emisarios. La pulseada se ha metido de lleno en la definición del presidente de la Corte Suprema de Justicia para el 2026 que -ahora- aseguran se producirá en el Acuerdo del miércoles de la semana próxima.

En la etapa institucional iniciada hace casi dos años, el Poder Ejecutivo pudo incluir tres nuevos ministros en la Corte Suprema de Justicia. Uno por la ley de ampliación a siete de la Corte, y otra por las renuncias de Mario Netri y María Angélica Gastaldi. Así llegaron Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder.

El restante miembro, Daniel Erbetta, no tiene aún 75 años aunque también asumió ese cargo cuando ese requisito no estaba vigente.

El nombre del reemplazo de Spuler no ha trascendido y tampoco la fecha en que el pliego será enviado a Legislatura por el Poder Ejecutivo. Hay mucho plazo aún. El tema quedará para el año próximo. "La Corte Suprema de Justicia se compone de siete ministros. Su integración procura la paridad de género y la representación territorial", señala el artículo 118 de la Constitución provincial.

Por ahora, las miradas hacia la Corte apuntan a saber quién será el presidente en el año venidero, donde si se respeta el sistema de rotación norte/sur será el turno de esta capital. Hubo dos martes sin acuerdo y la expectativa está puesta ahora en el miércoles 10 de diciembre.

Es más, antes del reemplazo de Spuler, en la Corte se debe determinar el reemplazo del secretario de Gobierno, Eduardo Bordas quien anunció su renuncia. Sobre este tema reservado hasta ahora al Poder Judicial, también hay que mirar la reciente Ley N° 14.292.

Allí, se modificó el artículo 178. Ahora, dice que "la Corte Suprema de Justicia cuenta al menos con dos Secretarías, una de Gobierno y otra Técnica, con asiento en la ciudad de Santa Fe, a las cuales les competen las funciones asignadas por la ley, por la Corte Suprema de Justicia y, en su caso, por la Presidencia del Cuerpo.

Cada una de ellas dispone de la asistencia de una Prosecretaría, las que deberán tener asiento una en la ciudad de Santa Fe y otra en la ciudad de Rosario, a las cuales se les podrán delegar las funciones asignadas a los Secretarios en los términos que establezca la reglamentación.

Para desempeñar el cargo de Secretario y Prosecretario, se requiere ser ciudadano argentino, poseer título de abogado y tener, por lo menos, treinta años de edad, diez de ejercicio de la profesión de abogado o de la función judicial, y dos años de residencia inmediata en la Provincia si no hubiera nacido en ella. Son nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Corte Suprema de Justicia.

Este agregado en la norma deberá tener en cuenta que la propuesta de la Corte para ese cargo deberá tener la firma de Pullaro.

En tanto, Lisandro Villar (h) se fue del Tribunal de Cuentas y ya colabora con la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y la semana próxima ya asumirá su nueva función.

"Los miembros del Tribunal de Cuentas duran seis años en sus funciones, son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y pueden ser removidos según las normas del juicio político", marca el artículo 144 de la Constitución. No obstante, una ley determina que si no renuncian a los seis años y no está designado el reemplazante, los vocales siguen en funciones.

Así hoy siguen como vocales Sergio Beccari y María del Carmen Crescimanno. En tanto, los restantes dos vocales, Oscar Biaggioni, presidente, y Marcelo Terenzio tienen mandato vigente.

En el ala política de Unidos se entiende que además de Villar deberán definirse los reemplazos de Beccari y Crescimanno, profesionales ambos que llegaron al Tribunal de Cuentas de la mano del Partido Socialista. Para la Casa Gris por ahora, la premura es designar un abogado que se siente en la silla dejada vacante por Villar.

Tres contadores y dos abogados son los integrantes del Tribunal. Terenzio y Villar ocupaban la representación por la abogacía. El primero, allegado al Partido Justicialista y el segundo a la UCR.

La vacante o las vacantes será otra tema que quedará sin definir en este diciembre legislativo y quedaría para una negociación en el comienzo del 2026.

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, confirmó que Lisandro Villar reemplazará a Sergio Basile como secretario de Desarrollo Territorial a partir de la semana próxima. Basile jurará el martes como concejal en la ciudad de Santa Fe y será elegido presidente del cuerpo.

Desde la renuncia al Tribunal de Cuentas, Villar se acercó a la cartera que conduce Tejeda. Ambos comparten años de militancia política, primero en la Juventud Radical y luego en espacios partidarios siempre ligados a la corriente NEO.

La herramienta, desarrollada en el ámbito del Poder Judicial, establece un canal de atención automatizada, accesible tanto desde el sitio web institucional como a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp.

La plataforma Justina incorpora un sistema de chatbot basado en flujos de conversación predefinidos, que guía al usuario en la obtención de información que brinda el sistema de manera automatizada y canaliza sus consultas, derivándolas a responsables humanos en caso de ser necesario.

Se explicó que la trazabilidad de las conversaciones permite al usuario de Justina transitar de manera ágil e intuitiva el árbol de información definido. Así, el flujo de conversaciones que se establecen permite acceder en fracción de segundos a toda la información con que cuenta la plataforma.

Este sistema facilita el acceso ágil y eficiente a los servicios judiciales, optimizando la comunicación externa y favoreciendo la autogestión de profesionales y ciudadanos, al tiempo que reduce la dependencia de los canales tradicionales de atención.

Entre los beneficios para los ciudadanos se indicó que estará el acceso rápido y sencillo para obtener información relevante y realizar consultas de manera inmediata, sin necesidad de desplazarse físicamente ni esperar en líneas telefónicas.

También la disponibilidad permanente del sistema las 24 horas, permitiendo realizar gestiones en cualquier momento, adaptándose a las necesidades de cada usuario.

Se explicó que Justina será mayor transparencia ya que la plataforma facilita el acceso directo a datos y publicaciones oficiales, promoviendo la transparencia en la gestión judicial.

El otro punto destacado es la derivación eficiente ya que en caso de que la consulta no pueda ser resuelta por el sistema, será derivada automáticamente a un responsable humano, garantizando una respuesta adecuada.

Por último se indicó que los ciudadanos podrán autogestionar trámites y consultas, reduciendo tiempos y simplificando procesos.

La implementación de la plataforma se realizará en una primera etapa, abarcando temas de interés general, con el objetivo de evaluar su desempeño y, posteriormente, ampliar sus funcionalidades conforme a las necesidades y requerimientos de los usuarios.

Por otra parte, se indicó que próximamente, el personal del Poder Judicial contará con una sección específica para la gestión de trámites internos y solicitudes de soporte técnico.

Este martes por la mañana, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Dr. Roberto H. Falistocco, tomó juramento a ministros, funcionarios y jueces de las cámaras de apelaciones de las circunscripciones judiciales n°. 1, 4 y 5 en cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula segunda – Disposiciones Transitorias de la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe, vigente desde el 11 de septiembre de 2025.

En la oportunidad, prestaron juramento los ministros de la Corte Eduardo Guillermo Spuler, Rafael Francisco Gutiérrez, Daniel Aníbal Erbetta, Jorge Camilo Baclini, Margarita Elsa Zabalza y Rubén Luis Weder.

Los juramentos fueron tomados por el presidente de la Corte, el doctor Roberto Falistocco. Foto: El Litoral

Asimismo, Falistocco también recibió juramento al Procurador General del Poder Judicial, Jorge Alberto Barraguirre; al Secretario de Gobierno, Eduardo Marcos Pedro Bordas; a la Secretaria Técnica, Silvia Portilla; y a los presidentes de las cámaras de apelaciones de las circunscripciones judiciales n.° 1, 4 y 5: Eduardo Roberto Sodero (Santa Fe), Santiago Andrés Dalla (Reconquista), Alejandro Alberto Román (Rafaela), Julia Elim Collado (Santa Fe), Alejandro José Ramón Tizón (Santa Fe), Eduardo Alberto Bernacchia (Vera), Cristina Fiz (Rafaela) y Leonardo Darío Deb (Santa Fe).

El acto se desarrolló desde la 10, en el salón de acuerdos de la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Santa Fe.

Por Juliano Salierno (El Litoral) 

En dos actos oficiales programados para el lunes 25 y martes 26 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tomará juramento a 14 fiscales subrogantes designados para cubrir vacantes en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Las ceremonias, que se desarrollarán en Rosario y Santa Fe respectivamente, tienen como objetivo la reorganización y fortalecimiento del sistema de justicia penal en la provincia.

El lunes, el acto central se llevará a cabo a las 12:30 en el Salón de Actos de la Corte en Rosario (Balcarce 1651, 3° piso). En esa oportunidad, prestará juramento Matías Sebastián Merlo como nuevo Fiscal Regional de la Circunscripción Judicial N°2 (Rosario), tras un interinato de más de un año en la función, como fiscal interventor.

Anteriormente Merlo se desempeñó como fiscal en Melincué; y hasta su reciente designación en la cabecera más compleja del MPA, era fiscal regional en la Circunscripción N° 3, con asiento en Venado Tuerto.

Ese mismo día jurarán también nuevos fiscales subrogantes que asumirán funciones en las Fiscalías Regionales N°2 y N°3.

Los fiscales subrogantes que jurarán el lunes son:

Dra. Valeria Piazza Iglesias

Dr. José Luis Caterina

Dra. Gabriela Rosana Bassagaisteguy

Dr. Juan Pablo Baños

Dr. Diego Ariel Meinero

Dra. Luciana Vallarella

Dra. Andrea Melisa Cavallero

Dra. Mayra Soledad Vuletic

Dra. María Florencia Schiappa Pietra

El martes 26, la actividad continuará a las 11:30 en el Salón de Actos de la Corte Suprema en los tribunales de la ciudad de Santa Fe (San Jerónimo 1551). En ese acto, el presidente de la Corte, Dr. Roberto Falistocco, tomará juramento a otros cinco fiscales subrogantes designados para desempeñarse en las Fiscalías Regionales N°1, N°4 y N°5.

Dra. Ana Laura Gioria

Dr. Norberto Carlos Ríos

Dr. Nicolás Aureliano Maglier

Dr. Juan Carlos Koguc

Dr. Guillermo Nicolás Loyola

La figura del fiscal subrogante fue establecida por la Ley N° 14392, que modificó la Ley del Ministerio Público de la Acusación (N° 13013), incorporando el artículo 68 bis. Esta normativa permite cubrir transitoriamente cargos vacantes mediante fiscales adjuntos seleccionados por concurso público de antecedentes y oposición, convocado por la Fiscalía General, María Cecilia Vranicich.

Los postulantes que integran el registro habilitado por la Fiscalía General atravesaron un proceso de evaluación integral —incluyendo prueba escrita, entrevistas y análisis de antecedentes— conforme al Decreto Reglamentario N° 1139/19.

El orden de mérito resultante fue elevado a la Corte Suprema y al Poder Ejecutivo, que oficializó las designaciones mediante el decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro el pasado 14 de agosto.

Las vacantes que se cubrirán con estas designaciones responden a una variedad de situaciones institucionales.

En varios casos, se trata de cargos liberados por renuncias —como las del Dr. Marcelo Vienna, Dr. Mariano Ríos Artacho, Dr. Eduardo Lago y el Dr. Gustavo Latorre—, o por traslados a otros cargos, como el del Dr. Horacio Pueyrredón (designado vocal de Cámara) y la Dra. Carla Cerliani (actual coordinadora en la Fiscalía General).

También se ocuparán vacantes generadas por licencias prolongadas, como en el caso de la Dra. Gisela Paolicelli, y por destituciones, como las de los fiscales Aldo Gerosa y Gabriela Lescano.

En tanto, otros puestos quedaron vacantes tras el fallecimiento del Dr. Aníbal Vescovo o por el ascenso de fiscales a cargos de conducción, como el de Matías Merlo, recientemente designado fiscal regional y el de Jorge Nessier, fiscal regional de Santa Fe.

En todos los casos, los fiscales subrogantes asumirán funciones hasta que se produzcan los nombramientos definitivos mediante concursos ordinarios.

Producto de un recurso de inconstitucionalidad presentando por la fiscal Mayra Vuletic, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió anular el fallo que había otorgado el régimen de prisión domiciliaria con salidas laborales a Miguel Ángel Canonigo, condenado a 12 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente con la víctima menor de edad, ocurrido en la localidad de Maggiolo. 

Antecedentes del caso

Canonigo fue condenado en 2018 a 15 años de prisión, aunque la pena fue reducida a 12 años en la instancia de apelación. Luego de agotar todas las vías recursivas, la sentencia quedó firme en mayo de 2023. Sin embargo, el condenado había transitado la mayor parte del proceso en prisión domiciliaria.

En diciembre de 2023, el Tribunal de Primera Instancia de Venado Tuerto rechazó el pedido de la defensa para que se le concediera un régimen de semi-libertad. Sin embargo, en marzo de 2024, el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Venado Tuerto, Tomás Orso, revocó esta decisión y dispuso la prisión domiciliaria con salidas laborales.

Intervención de la Corte Suprema

La fiscal Mayra Vuletic interpuso un recurso de inconstitucionalidad, argumentando que la decisión del juez era arbitraria y contraria a la legislación vigente. Entre sus fundamentos, señaló que el fallo afectaba el principio de legalidad, ya que la prisión domiciliaria solo es aplicable en casos taxativamente previstos por la ley, como enfermedades graves, discapacidad o razones humanitarias, condiciones que no se cumplían en este caso.

La Corte Suprema, con la firma de los ministros Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler, hizo lugar al recurso y declaró la nulidad de la sentencia que había concedido la morigeración de la prisión. El tribunal remitió el caso nuevamente a la instancia inferior para que sea juzgado conforme a las pautas interpretativas establecidas en la resolución.

Fundamentos de la decisión

En su fallo, la Corte destacó que en la resolución el juez de Cámara de la Apelaciones se apartó de la normativa vigente al conceder una prisión domiciliaria sin justificación legal. Además, subrayó que la reinserción social de un condenado debe darse dentro del marco del régimen penitenciario progresivo y no mediante decisiones arbitrarias que ignoren la legislación.

El fallo también resaltó que la permanencia de Canonigo en prisión domiciliaria durante el proceso no lo hacía acreedor de un régimen más favorable que el previsto en la ley. En este sentido, estableció que la modalidad de cumplimiento de la pena debe ajustarse a los parámetros legales vigentes y no ser modificada por decisiones judiciales que carecen de respaldo normativo.

La próxima semana se llevará adelante una audiencia donde la fiscal solicitará a los magistrados que intervinieron en el juicio que revoque la prisión domiciliaria y continúe cumpliendo condenada en el servicio penitenciario. 

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolvió anular la homologación del acuerdo preventivo de la agroexportadora Vicentin S.A.I.C., al considerar que la propuesta vulnera el principio de igualdad entre los acreedores.

El fallo, que revoca la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, obliga a reabrir el proceso concursal y pone en duda el futuro financiero de la empresa.

El máximo tribunal provincial declaró "procedente" el recurso de inconstitucionalidad que había presentado la empresa Commodities S.A. del grupo Grassi contra la homologación del Concurso de Vicentin S.A.I.C. y, en consecuencia, anuló la sentencia dictada por la Cámara de Reconquista.

Asimismo, resolvió "remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda, a fines de que dicte nuevo pronunciamiento, conforme a las pautas sentadas en este nuevo fallo". Se trata, para el caso, de la Cámara de Apelaciones de Rafaela.

El fallo lleva la firma del presidente Roberto Falistocco, y los ministros Daniel Aníbal Erbetta, Rafael Francisco Gutiérrez, Eduardo Guillermo Spuler, y María Angélica Gastaldi, en disidencia.

En 2020, Vicentin se presentó en concurso preventivo tras declarar una cesación de pagos, afectando a cientos de acreedores, entre ellos entidades bancarias y productores agropecuarios. En marzo de 2024, la Cámara de Apelaciones homologó un acuerdo que establecía pagos diferenciados según el tipo de acreedor, lo que generó impugnaciones por parte de Commodities S.A. y otros afectados.

El tribunal provincial consideró que el acuerdo aprobado por la Cámara de Apelaciones presentaba irregularidades en la distribución de los pagos. Según el fallo, la propuesta de Vicentin establecía condiciones desiguales, ya que los acreedores más pequeños recibirían el 100% de sus créditos en un solo pago, mientras que otros tendrían quitas de hasta el 80% y plazos de espera de hasta 12 años.

Los jueces destacaron que la falta de categorización de los acreedores y la ausencia de un plan de reorganización empresarial generaban un perjuicio indebido a ciertos sectores. Además, criticaron la falta de garantías en los mecanismos de pago y la incertidumbre sobre el levantamiento de medidas cautelares en sede penal, que podrían afectar la liquidez de la empresa.

Con esta decisión, se reabre el proceso concursal y se abre la puerta a un nuevo período de negociaciones o a la posibilidad de un salvataje (cramdown). Esto es que, si bien Vicentin puede mejorar la oferta a sus acreedores, también deberá competir en pie de igualdad con un tercero que, eventualmente, pueda presentar una propuesta superadora y quedarse con la administración del holding.

En particular, la Corte Suprema instó a realizar una nueva evaluación que garantice un trato equitativo para todos los acreedores y preserve la viabilidad económica de la empresa. Así, el expediente quedará en manos de la Cámara de Apelaciones de Rafaela.

Jorge Camilo Baclini, Rubén Luis Weder y Margarita Elsa Zabalza son los nombres propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, dos ya producidas y la restante que se producirá a partir del 2 de abril cuando se efectivice la renuncia presentada por María Angélica Gastaldi.

Como se venía anticipando, este lunes, después del mediodía se oficializaron los tres nombres elegidos para producir una renovación de la Corte de una magnitud -en cuenta a miembros- en que habrá que remontarse al segundo gobierno de Carlos Reutemann (1999/2003). El último cambio fue sobre el final del gobierno de Jorge Obeid (2007) cuando se jubiló Rodolfo Vigo e ingresó Daniel Erbetta.

A las pocas horas de conocerse la decisión y la apertura del trámite, El Litoral habló sobre el tema con el ministro de Gobierno, Fabián Bastia.

-¿Por qué han elegido estos tres nombres? le preguntó El Litoral al ministro de Gobierno, Fabián Bastia.

-Son tres personas que tienen sobradas condiciones, son distintos perfiles; obedecen al momento político, al momento de cambio que llevamos adelante; reflejan los consensos institucionales importantes que está viviendo Santa Fe y que le permiten al gobierno llevar adelante todas estas transformaciones que nosotros hemos venido dando desde el inicio de nuestra gestión.

-Usted dice que hay que cambiar el gobierno de la Corte, usted entiende que la Corte debe gobernar el Poder Judicial y ustedes son críticos del manejo actual. ¿Cree que con estas tres nuevas personas pueden empezar a cambiar?

-Esto no es un entendimiento personal. La Corte es el órgano de gobierno del Poder Judicial; la Corte es un órgano jurídico y político. Sin ninguna duda la justicia santafesina tiene que cambiar; lo dijimos desde antes de asumir, inclusive antes de ganar las elecciones generales. Siempre dijimos que debía transformarse la justicia, que debía modernizarse, que debía ser eficiente, que debía estar cerca de la gente. Los roles -porque el cargo que desempeñan ni más ni menos es el cumplimiento de un rol- no tienen que traer aparejado un privilegio. Tiene que ser un comportamiento ciudadano, como cualquier funcionario público y esa cercanía, esa proximidad y ese compromiso con el conjunto de la sociedad tiene que darse. Hay valores que abrazar, hay que hacer cambios estructurales y evidentemente hay que entender los procesos de cambio que están ocurriendo en el país, pero que en Santa Fe estamos llevando adelante.

-¿El Ejecutivo cree que son esos los perfiles, lo han hablado con ellos para llevar adelante este proceso de cambio?

-Son perfiles que han sido seleccionados y han sido hablados y discutidos previamente. Tienen distinto origen político, distinta especialidad y representan a un conjunto de la sociedad. Estamos incorporando en la propuesta una diversidad importante con, por ejemplo, el caso de Jorge Baclini que es un penalista reconocido, libros escritos, docente universitario, docente de posgrado, fue secretario de juzgado de instrucción, juez de instrucción, fiscal regional, fiscal general del Ministerio Público de la Acusación. En el caso de Rubén Weder, un administrativista, estamos hablando de un hombre con una dilatada trayectoria en la justicia provincial, siendo jefe de relatores en la Corte y después de la Corte tuvo un cargo político muy técnico como el de Fiscal de Estado lo que le permitió también haber conocido o ampliar ese conocimiento del funcionamiento no solo de la justicia, sino del Estado en su conjunto. En el caso de Margarita Zabalza es la más joven de todas, es una persona de grandes valores, muy formada técnicamente; tributarista, docente universitaria y casualmente María Angélica Gastaldi fue quien la llevó, quien la convocó a la cátedra. Actualmente es secretaria académica en la Universidad Nacional de Rosario y ha tenido desempeño en distintas áreas del Estado como funcionaria. Hay diversidad de especialidades y de perfiles.

Baclini y Weder tienen trayectoria en el Poder Judicial y Zabalza tuvo funciones técnicas en el Poder Ejecutivo y ahora es autoridad dentro de la Universidad Nacional de Rosario. La elección de Baclini es una decisión personal del gobernador Maximiliano Pullaro; el nombre de Weder fue propuesto por Omar Perotti y Zabalza por el socialismo dentro de Unidos. Atrás quedaron muchas especulaciones sobre perfiles más políticos para la Corte.

Los perfiles de los tres candidatos están expuestos en el Boletín Oficial de la provincia y lo estarán durante tres días.

Margarita Zabalza: abogada, especialista en derecho tributario y profesora de esa especialidad en la Universidad Nacional de Rosario. Integra el Consejo Directivo en representación del claustro docente de la Facultad de Derecho y está al frente de la Subsecretaría del Área de Innovación y Apoyo a la Gestión. Se desempeñó como directora de Asuntos Legales de la Administración Provincial de Impuestos (API) entre 2010 y 2012; como subsecretaria de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad de la Provincia entre 2012 y 2015 y como subsecretaria de Economía de la Municipalidad de Rosario desde 2015. Tiene 40 años.

Jorge Baclini: 58 años, doctor en Derecho, especialista en la Magistratura y tiene más de 35 años en el campo del Poder Judicial. Fue secretario de un juzgado de sentencia, luego juez de instrucción en Rosario. Con el cambio de sistema de enjuiciamiento concursó y ganó el cargo de fiscal regional de Rosario que ejerció desde 2014 y luego compitió con éxito para fiscal general de Santa Fe, cargo que desempeñó hasta 2023.Es docente de Derecho Penal de grado y posgrado en la UNR, de Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica de Rosario y tiene libros escritos en la materia. Mientras Pullaro fue ministro de Seguridad, Baclini encabezó el Ministerio Público de la Acusación

Rubén Weder: 65 años, fue fiscal de Estado; y anteriormente abogado relator de la Corte Suprema de Justicia provincial, cargo al que renunció para integrar el gabinete de la administración de Omar Perotti. Abogado egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, docente en distintas unidades académicas. Profesor de Derecho Administrativo en la Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, Universidades Católica de Santa Fe y Santiago del Estero. También en la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo de la FCJS UNL; director del Instituto de Derecho Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Santa Fe; miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. Ha dictado numerosas conferencias en la materia y es autor de diversas publicaciones sobre su especialidad.

Febrero: Publicaron los antecedentes en el Boletín Oficial y el gobernador Pullaro comunicó los nombres a las dos cámaras legislativas. Será la Asamblea Legislativa la encargada de validar los tres nombres sobre fines de febrero.

El Poder Ejecutivo dictó el decreto Nº 2889 cambiando algunos aspectos del decreto N° 0018/07 del ex gobernador Hermes Binner, instrumento que estableció una autolimitación del ejercicio de sus facultades vinculadas a la designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y del Procurador General. El cambio del decreto mantiene la publicación de nombres y antecedentes de los postulantes durante tres días pero no en diarios de circulación nacional, sino en Boletín Oficial, redes sociales y páginas del gobierno provincial.

La decisión se conoce a pocas horas de que voceros del Poder Ejecutivo ratificaran que el lunes estarán los postulantes para ocupar tres vacantes en la Corte Suprema de Justicia, dos ya producidas y la restante a partir del 2 de abril.

En los hechos fue una sola la vacante -la renuncia de Mario Netri- pero una reciente ley elevó a siete el número de ministros y por ende existe una silla más.

Transcurridos más de 17 años del dictado del reglamento de Binner y siendo aplicado en una única oportunidad, en ocasión de la designación del Procurador General en el año 2012, para el Ejecutivo "es preciso modificar algunas de sus previsiones para continuar procurando la consecución de las finalidades referidas, pero también incorporar las posibilidades que presentan las Tecnologías de la Información y la Comunicación y brindar celeridad a los procedimientos en una particular coyuntura en la que se produce la necesidad de cobertura de varias vacantes en la Corte Suprema”.

El texto apunta además a “garantizar la adecuada integración y funcionamiento del órgano que constituye la cabeza del Poder Judicial provincial, lo que se erige como una responsabilidad política, social e institucional que la totalidad de los funcionarios y las funcionarias públicas y la comunidad en general debemos honrar para contribuir al adecuado funcionamiento institucional en la Provincia de Santa Fe", dice el decreto N° 2889 firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

"Se impone la necesidad de otorgar mayor transparencia, participación pública y legitimidad al procedimiento de postulación de aquellas personas que sean propuestas para ocupar cargos como magistrados o magistradas o como titular de la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, lo que genera mayor legitimidad de las decisiones públicas que se tomen en la materia", agrega el documento.

Es allí donde considera "adecuado generar herramientas destinadas a promover que la Legislatura asuma un rol más activo en el procedimiento de postulación, de manera que, sin poner en riesgo las competencias asignadas constitucionalmente a cada uno de los órganos de poder del Estado provincial, el órgano legislativo se halle en conocimiento pleno de los procesos iniciados por el Poder Ejecutivo -desde su génesis- en orden al cubrimiento de las vacantes de los cargos en cuestión".

Justifica el Poder Ejecutivo que el diálogo institucional entre órganos del Estado "permitirá desde un comienzo del procedimiento generar los debates e intercambios de posiciones y pareceres necesarios para lograr los consensos pertinentes para la efectiva y oportuna concreción de estos actos complejos que requieren la confluencia de voluntades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo en los tiempos que las necesidades sociales actuales demandan, en una materia tan delicada y relevante como es la postulación y designación de personas para que cubran vacantes en la Corte Suprema de Justicia".

A esto agrega "la participación de todas las personas e instituciones interesadas que impactan positivamente en las decisiones públicas que en definitiva surjan de tales construcciones, generando mayor legitimidad social e institucional".

Advierte que no se debe perder de vista "que la centralidad de este procedimiento es que los decisores y la ciudadanía puedan tener acceso a la acreditación de aspectos relativos a la trayectoria profesional y académica, los compromisos públicos y privados que tuvieren, el cumplimiento de obligaciones normativas y deberes éticos fundamentales que hacen a una función pública de la más alta relevancia institucional".

Así el decreto dispone que se publicará el nombre y los antecedentes curriculares abreviados de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de las vacantes en el Boletín Oficial, en las redes sociales oficiales y la página web de la Provincia de Santa Fe durante 3 días corridos dando inicio del procedimiento en forma inmediata en comunicación a la Legislatura".

A partir del primer día de la publicación y durante 15 días los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios profesionales y las entidades académicas y de derechos humanos podrán presentar por escrito y de modo fundado y documentado las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés respecto de los incluidos en el proceso de preselección, con declaración jurada respecto de su propia objetividad en relación de los propuestos.

El decreto establece los medios para dar a conocer los candidatos a la ciudadanía e incluso habilita a pedir opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y derechos humanos a los fines de su valoración."

Transcurrido ese plazo de 15 días, evaluando las observaciones el Poder Ejecutivo dispondrá formalmente la elevación o no de la propuesta. Todo el procedimiento estará a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad.

En Casa Gris se asegura que ya están definidos que dos de los pliegos a remitir corresponderán a Jorge Baclini, ex fiscal general de la provincia, y de Rubén Weder, ex fiscal de Estado. "Buscamos perfiles más académicos que políticos" se insiste en el Poder Ejecutivo. El tercer nombre será una mujer, se añadió.

Decreto N 2889 by El Litoral

El Poder Ejecutivo promulgó y publicó en el Boletín Oficial de este lunes 25, la Ley N° 14.292 que modifica varios artículos de Ley Orgánica del Poder Judicial -10.160- especialmente en lo que refiere al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia.

La norma aprobada con 34 votos en Diputados -pese a que ese día faltaron dos legisladores oficialistas, y por el oficialismo en el Senado- , eleva a siete el número de ministros de la Corte -hoy son seis- y determina fehacientemente en 75 años la edad del retiro de los integrantes, o bien necesitan un nuevo aval legislativo por cinco años.

La promulgación de la norma se da a pocas horas en que habrá dos vacantes en la Corte -este fin de semana se hace efectiva la renuncia de Mario Netri y existe una nueva banca- mientras que María Angélica Gastaldi se retirará el 2 de abril venidero.

La cobertura de las vacantes hoy parece no estar en el centro de la preocupación política del Ejecutivo donde se sigue con detenimiento el minuto a minuto de la discusión por la posible declaratoria de necesidad de la reforma constitucional.

"En diciembre o principios de febrero estarán los nombres para cubrir las vacantes" se dice en Casa Gris donde no descartan que las sean cuatro los sillones a cubrir a esa altura del año. En ámbitos de la política empiezan a trascender nombres de posibles candidatos pero que no confirman al lado de Maximiliano Pullaro. "Se compone con siete ministros/as y un/a procurador/a general, debiendo esa conformación procurar el cumplimiento del principio de paridad de género y reflejar diversa procedencia regional", dice la nueva ley en la redacción del artículo 11 de la 10.160. Lograr equilibro entre los distintos sectores políticos del oficialismo y del justicialismo, más regionalización y paridad es la clave para conocer a los candidatos a cortesanos.

Otro artículo determina que "la Legislatura de la Provincia preverá en el procedimiento llevado adelante por la Comisión de Acuerdos, la instrumentación de una instancia abierta para incluir preguntas y observaciones de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, previo al dictamen necesario para la aprobación de los respectivos pliegos". Esta normativa hace prácticamente imposible que nuevos nombres se puedan discutir antes de fin de año teniendo en cuenta que las dos últimas semanas tienen jornadas no laborales y feriados por Navidad y fin de año. Todo parece indicar que pasará para febrero para que el tema abra el año legislativo. Unidos ha definido que serán centrales para la Extraordinaria de diciembre la finalización de la votación del Presupuesto 2025 y la Tributaria del año siguiente.

El Poder Ejecutivo, en tanto, debe determinar si sigue vigente el decreto del ex gobernador Jorge Obeid que establecía cómo se hacía pública la nominación de un postulante para la Corte ante la opinión pública.

La nueva norma dispone que "los/as ministros/as y el/la procurador/a general son designados conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Provincial. Cesan automáticamente en sus funciones al alcanzar los 75 años de edad. Dicho cese no se encuentra sujeto a decisión o condición alguna y se produce, de pleno derecho, el mismo día que alcancen esa edad". Después habilita la extensión por cinco años del mandato pero con nuevo acuerdo legislativo.

También la reforma propone audiencias públicas en la Corte "en todos los asuntos jurisdiccionales sometidos a su conocimiento, con el objeto de elevar la calidad institucional, profundizar el estado constitucional de derecho y acercar la labor del cuerpo al escrutinio público, la Corte Suprema puede convocar a audiencias públicas cuando así lo dispongan la mayoría de sus ministros".

En cuanto al funcionamiento del máximo tribunal, dispone que "la Corte Suprema de Justicia cuenta al menos con dos secretarías, una de Gobierno y otra Técnica, con asiento en la ciudad de Santa Fe, a las cuales les competen las funciones asignadas por la ley, por la Corte Suprema de Justicia y, en su caso, por la Presidencia del Cuerpo. Cada una de ellas dispone de la asistencia de una prosecretaría, las que deberán tener asiento una en la ciudad de Santa Fe y otra en la ciudad de Rosario, a las cuales se les podrán delegar las funciones asignadas a los Secretarios en los términos que establezca la reglamentación".

El nuevo texto legal determina que los todos los integrantes del Poder Judicial, incluso los ministros de la Corte y el Procurador General, deben: Observar una conducta irreprochable; guardar absoluta reserva respecto de los asuntos vinculados a sus funciones; formular, antes de asumir sus funciones, declaración jurada de no hallarse comprendidos en causal de inhabilidad o de incompatibilidades. Cualquier alteración en las situaciones denunciadas en la declaración jurada debe comunicarse a la Corte Suprema dentro de los treinta días de producida; presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días de asumido el cargo y del cese en sus funciones; asistir diariamente a sus despachos, cumpliendo el horario que determine la Corte Suprema. Además de ello, los secretarios y empleados deben asistir el tiempo que sea necesario para cumplir al día sus funciones.

El ministro rosarino Mario Netri participa este martes del último acuerdo donde se elegirá el presidente para el año 2025 y desde el domingo dejará de integrar la Corte Suprema de Justicia.

Netri juró en la Corte el 12 de noviembre de 2001 junto a María Angélica Gastaldi y había sido juez de primera instancia y camarista civil y comercial en los tribunales de Rosario.

El Poder Ejecutivo, también en el Boletín Oficial, publicó la promulgación de la Ley ° 14293 de abordaje y prevención integral de la ludopatía, aprobada con el voto unánime de ambas cámaras.

El objeto de la ley es "brindar herramientas destinadas a prevenir, abordar y concientizar sobre los riesgos que existen para las personas en relación a los juegos de azar y apuestas, así como la promoción de la salud y el cuidado integral de las personas que atraviesan una situación de consumo problemático, estableciendo un marco regulatorio para la protección de los usuarios de juegos y apuestas en general", dice el artículo 1.

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia salió a aclarar que la necesidad de que el gobierno santafesino debiera salir a cubrir con partidas especiales los montos correspondientes a retroactivos salariales del personal, no es producto de “un manejo discrecional y desajustado” del presupuesto del Poder Judicial, sino de que esa responsabilidad es resorte del Poder Ejecutivo.

A través de un comunicado, el Máximo Tribunal respondió a las afirmaciones de los ministros de Gobierno, Fabián Bastia y de Economía, Pablo Olivares, realizadas luego de la reunión con la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich.

Los funcionarios aseveraron que la decisión de emitir una partida extraordinaria de 5 mil millones de pesos debió tomarse “porque el máximo órgano judicial se quedó sin recursos al acelerar el uso de su presupuesto. Hubo un manejo discrecional y desajustado” de los fondos de este año, indicaron los ministros.

En el comunicado dado a conocer horas después, la Corte Suprema sostiene “que la afirmación allí contenida es falaz. Que es un hecho público y notorio que no puede ser desconocido por los funcionarios del Poder Ejecutivo, que el pago de los retroactivos de los empleados del Poder Judicial dependen de los ajustes presupuestarios que el Poder Ejecutivo debe materializar y que no son resorte de este Máximo Tribunal Provincial. Que por lo demás, y finalmente, la Corte Suprema de Justicia como inveteradamente lo ha hecho reivindica el derecho de todos los trabajadores a percibir en tiempo y forma las sumas salariales previstas en el actual ordenamiento legal”.

César Rodríguez

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe se reunió este martes al mediodía a fin de elegir a su presidente para el año 2024. Del acuerdo participaron el presidente actual, Daniel Aníbal Erbetta, los ministros Roberto Héctor Falistocco, Eduardo Guillermo Spuler, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri, y María Angélica Gastaldi quienes como establece la ley materializaron la votación, resultando electo por unanimidad, el santafesino Gutiérrez.

El Dr. Gutiérrez ejercerá la presidencia de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe por un año, iniciando su mandato el 1° de enero de 2024, de conformidad a lo establecido en la Ley 10.160 (Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe).

Con esta elección será la décima tercera vez que preside la Corte Santafesina, habiéndolo hecho en los años 2001; 2002; 2003; 2005; 2006; 2010; 2011; 2014; 2016; 2018; 2020 y 2022.

Asimismo, ha presidido la JUFEJUS (Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Bs. As.), durante los períodos 2008-2010; 2010-2012; 2014-2016; y 2016-2018.

Con la firma de cinco de sus ministros -el presidente Daniel Erbetta se excusa de entender en el tema- la Corte Suprema de Justicia de la provincia rechazó la avocación solicitada por el partido Pais y el frente Primero Santa Fe para entender en el Voto Joven y devolvió las actuaciones al Tribunal Electoral.

El pedido de los apoderados de esas fuerzas políticas se fundamentó en un supuesto conflicto de poderes ante la resolución del Tribunal Electoral que habilitó la posibilidad de que adolescentes de 16 y 17 años puedan votar en la elección de gobernador, diputados, senadores, intendentes, concejales o comisiones comunales. El planteo de esas fuerzas políticas es que la incorporación de “casi cien mil personas que ya no podrán ni tacharse, ni agregarse, ni impugnarse por falta de residencia”. Agrega que “la demora en arribar a una instancia judicial pone al Tribunal electoral y al Poder Judicial en conflicto entre ellos y con el Poder Ejecutivo como organizador de la elección”. Adiciona que “el conflicto con el Poder Judicial se patentiza al ser un órgano administrativo al que le está vedada la declaración de inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución provincial”. También manifiesta que “se está ante una verdadera situación de gravedad institucional, en tanto la decisión que se impugna avasalla la Constitución, la legislación electoral y al Poder Judicial, único legitimado para decidir sobre la inaplicabilidad de una norma en el marco de un proceso contencioso”.

Con la firma de Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Eduardo Spuler, la Corte afirma que “no se encuentra configurado en el presente el conflicto de atribuciones que propugna el solicitante”. Explica que esto es así debido a que la Constitución establece que compete a la Corte Suprema de Justicia, exclusivamente, el conocimiento y resolución de “los conflictos de atribuciones planteados entre funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial” (Art 93,inc 6) “y conforme surge del análisis de las constancias de la causa, la controversia suscitada en autos se plantea en virtud del cuestionamiento por parte del partido País y del frente Primero Santa Fe de una decisión del Tribunal Electoral”. Agrega que “este es el único dato objetivo en que se sustenta el referido conflicto, ya que la restante argumentación no involucra ninguna decisión de funcionarios del Poder Ejecutivo y magistrados o funcionarios del Poder Judicial”.

El Tribunal Electoral insiste en habilitar el voto para jóvenes de 16 y 17 años en Santa Fe

La Corte recuerda que el conflicto de poderes que tiende a solucionar la competencia atribuida por la Constitución a esa cuerpo se configura cuando se observa la imposibilidad de que decisiones dispuestas por el Poder Judicial y por el Poder Ejecutivo sean simultáneamente cumplidas, ya que la ejecución de una, inexorablemente lleva a la frustración de la otra.

No obstante, en pronunciamiento de la Corte resalta que la decisión del Tribunal Electoral como lo afirma Pais y el frente Santa Fe Primero ha sido recurrida por la vía del recurso de inconstitucionalidad local, “instancia idónea que habilitaría la discusión que ahora pretende por este camino improponible”.

También desecha la Corte que en la causa se encuentra comprometida la competencia material de ese cuerpo atribuida por el artículo 93, inciso 1, de la Constitución que justifique la avocación peticionada. “Es que, se advierte de las constancias de la causa que no se encuentran en juego actos administrativos nacidos en la órbita de la administración pública que puedan reconducirse o ser susceptibles de control constitucional de legitimidad propios de un proceso contencioso administrativo originario ante este Tribunal”.

En la parte final, la Corte recuerda su tradicional jurisprudencia de que la competencia jurisdiccional de este Tribunal no puede ser ampliada por normas infraconstitucionales o vías de hecho, a excepción de aquellos casos en que la propia Ley Fundamental lo autoriza. “Esta Corte Suprema no puede prescindir de las reglas y excepciones que imponen la Constitución provincial y las leyes para el ejercicio de su jurisdicción, pues actuar de otra manera importa asumir competencia originaria y exclusiva sobre una causa respecto de la que no se dan las condiciones que legalmente la habilitan, motivo por el cual corresponde rechazar el pedido de avocación”.

En cuanto los reparos sobre existencia de gravedad institucional aconseja que “deberán transitar los carriles procesales pertinentes, lo que como ya se expuso y afirma el propio presentante, han sido empleados en el sub lite, y podrán, eventualmente, habilitar la competencia apelada de esta Corte por vía del recurso de inconstitucionalidad. Es que no puede admitirse la aplicación de un remedio por el cual se rompe el cerco del artículo 93 de la Constitución provincial consagrándose un recurso que no resulta subsumible en ninguno de los supuestos allí contemplados y es claramente inadmisible. Tampoco abonan la admisibilidad de la presentación que nos ocupa, las expresiones sustentadas respecto a que el Tribunal Electoral estaría demorando el conocimiento por parte de esta Corte del recurso de inconstitucionalidad allí interpuesto. En tal sentido, tales expresiones sólo resultan entendibles en el contexto de un celo defensivo, que ciertamente no se compadecen con lo efectivamente actuado en el caso. Ni tampoco responden a una prevención respecto del funcionamiento del mismo, que tradicionalmente ha resguardado con estrictez los principios de celeridad esenciales a la institucionalidad electoral”, concluye.

El Tribunal Electoral deberá entender en el planteo de inconstitucionalidad de País y de Primero Santa Fe y en caso de que lo rechace, a los impugnantes les quedará el camino de ir en queja a la Corte Suprema de Justicia que, por ahora, no vio el expediente de fondo.

Para entender en el planteo de inconstitucionalidad, el Tribunal Electoral debería correr vista a los partidos impugnantes del Voto Joven como así también a los diputados de Igualdad, Rubén Giustiniani y Agustina Donnet que pidieron incorporar a los adolescentes a la votación.

Erbetta

El pronunciamiento de la Corte no lleva la firma de su presidente, Daniel Erbetta quien además preside el Tribunal Electoral como establece la ley santafesina. Tampoco interviene el procurador general de la Corte, Jorge Barraguirre quien es procurador además del Tribunal Electoral. Sobre el tema avocación, ocupó la función Miguel Molinari.

(Por Gabriel Rossini) – El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Daniel Erbetta, señaló la necesidad de que en la provincia de Santa Fe se lleve adelante una reforma policial que reemplace la estructura “arcaica y fuera de tiempo” que tiene, dijo que el problema de la violencia en Rosario tiene por lo menos 10 años y consideró necesario encarar la inseguridad de manera más integral, ya que antes de la intervención de las fuerzas de seguridad y de la Justicia están las políticas que los estados tienen que impulsar en los barrios para no perder el control territorial.

– ¿La seguridad es el principal problema que tiene hoy la provincia?

– Tenemos una provincia con muchas potencialidades, con los números estabilizados, obviamente con los problemas que afectan a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Pero si tuviera que definir un denominador común, la seguridad es un problema que por lo menos en la agenda de la gente aparece de manera prioritaria, sobre todo en el lugar de mayor concentración, que es la ciudad de Rosario.

– Es claro que este no es un problema nuevo. En primer lugar, al tema de la seguridad hay que distribuirlo territorialmente porque la provincia es muy extensa y no es igual en Reconquista, Venado Tuerto, Rafaela, Santa Fe o Rosario. Si tomamos el caso de Rosario, que concentra el 62 % de la conflictividad penal de toda la provincia, hay un diagnóstico. Hace más de diez años que arrastra este problema. En 2013 tuvimos una tasa de homicidios dolosos que fue la más alta del país por mucho, muy parecida a la de 2022, donde batimos nuestro propio récord. Tiene que ver con distintas situaciones, con una policía que comenzó a autonomizarse y que hoy está atomizada, por eso es importante que la nueva conducción del Ministerio de Seguridad pueda alinear esta situación; con la aparición de un mercado minorista vinculado al comercio de drogas que fue creciendo exponencialmente, vinculado a una demanda muy rígida. Lo cual genera un volumen de dinero que empezó a ser disputado por distintas organizaciones; un fenómeno de migración muy grande, con barrios en la periferia poco protegidos que se desmadraron. En alguna medida, algunos sectores de la policía terminaron gerenciando una parte de este negocio con un sector de la delincuencia. Esto no es una especulación, son los sectores de la policía que están procesados o condenados en causas judiciales por trabajar para distintas organizaciones. Esto hizo que, en alguna medida, estos mercados ilegales se desregularan y que la policía haya perdido el control de la calle.

-Muchas veces a Rosario se la compara con otras ciudades donde el narcotráfico tiene una decisiva participación, como varias de México o Colombia. ¿Estamos cerca o lejos de ellas? ¿Es comparable la situación?

-Bajo ningún punto de vista es comparable. El fenómeno de México o Colombia es distinto. Nosotros no tenemos carteles. Rosario tiene un problema de narcomenudeo y de tránsito de la droga, pero no se vaya a creer que es un problema distinto al que ocurre en otras partes del país. ¿Alguien piensa que en Córdoba no hay drogas? ¿Qué la sociedad cordobesa no consume y no hay un mercado ilegal en torno a la droga? Sin embargo en Córdoba tienen 2,4 homicidios por cada 100 mil habitantes y Rosario 22. Evidentemente lo que ocurre es que en Córdoba hay una regulación de este mercado ilegal y en Rosario no. El puerto de Hamburgo en Alemania es la principal puerta de acceso de la droga a Europa. ¿Piensa que la policía alemana no lo sabe? Lo sabe y lo regula. Cuando tiene una demanda rígida y en alguna medida detrás del delito hay una ley del mercado, no lo va a controlar con una ley penal, porque siempre va a aparecer alguien que la provea. Acá hay un gran desafío y tenemos un problema que resolver en el nivel de la agencia policial y de la carcelaria.

-Señaló al narcomenudeo como la principal causa de la violencia en Rosario. Como ya existe en otras provincias, en algún momento se propuso trasladar las causas de narcomenudeo a la Justicia provincial. ¿Esta de acuerdo con esa idea?

-No estoy de acuerdo y de hecho en las provincias que se implementó no hubo ningún resultado positivo. Lo que ocurre es que, en alguna medida, Rosario y Santa Fe tienen un problema muy grave, que es que casi no tienen Justicia federal. Fíjese que la mayoría de las organizaciones que manejan este negocio ilegal fueron perseguidas por la Justicia provincial con el pretexto de delitos que son graves y corresponde castigarlos, como extorsiones, amenazas, tenencia de armas, homicidios, etc. Pero la capacidad de rendimiento de la Justicia federal es muy pobre. Por ejemplo, Rosario tiene una estructura de la Justicia federal que es absurda. Es una pirámide invertida. Usted tiene en la cúspide tres tribunales de juicio oral, esto es nueve jueces para llevar adelante un juicio, y en la base solo tres fiscales para investigar. De los cuales dos son a medio tiempo, porque además están subrogando en las ciudades de Venado Tuerto, Victoria y San Nicolás; más dos jueces federales que delegan la investigación en los fiscales. Me parece que este es un tema pendiente sobre todo de la política nacional, del Congreso Nacional, del Consejo de la Magistratura, de la Procuración de la Corte que tiene a su cargo el concurso de los fiscales. Rosario tiene el cargo de fiscal general vacante desde hace cuatro años.

-Hubo expresiones de compromiso para solucionar esta situación, la Corte nacional y los jueces federales fueron el año pasado a Rosario. Pero no no se avanzó.

-Fue un hecho simbólico y del que tuve una posición crítica, porque trasladar tantos jueces federales uno o dos días hábiles a la ciudad de Rosario…. Imagínese si nosotros decidimos ir a darle el apoyo al Poder Judicial de otra provincia y nos vamos con todos los jueces de Santa Fe dos días. ¿En que se tradujo esta inversión de tiempo? Hubo una convocatoria con motivo de esta reunión, las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo y elevaron un proyecto de ley para fortalecer a la Justicia federal, pero que no se trata porque el Congreso nacional no funciona. De modo que me parece que hace falta un poco más de compromiso, se debe tener en cuenta que Rosario pertenece a Argentina y es una ciudad muy importante como para dejarla sola.

-Se refirió a dos problemas que tiene la provincia para enfrentar los problemas de inseguridad, que son la Policía y el Servicio Penitenciario. ¿Son necesarias reformas profundas o con lo que hay se puede? ¿Con las leyes que hay se puede enfrentar?

– La cuestión de la seguridad es un tema bastante complejo, que no solo se agota en la etapa más inmediata. Que es la que tiene que ver con los tres actores de política criminal: la policía, los fiscales que son los encargados de la persecución e investigación y el Servicio Penitenciario carcelario. Obviamente que antes de esto hay la necesidad de un conjunto de políticas públicas que comprometen al Estado nacional, provincial y municipal, desde primarias como la generación de empleos, la presencia en los barrios, urbanización, iluminación, generación de actividades recreativas, en fin, de tratar de que el Estado no pierda el control territorial. Respecto a los tres actores de política criminal, tenemos problemas serios en la Policía y el Servicio Penitenciario porque en el sector judicial, y no va en esto una defensa corporativa, los datos duros muestran que la tasa de encierro en la provincia de Santa Fe y en particular en Rosario, más que se duplicó en menos de diez años. Es decir que la actividad de los fiscales y los jueces ha sido superlativa. Esto ha generado un problema adicional de sobrepoblación carcelaria, porque este aumento no vino de la mano de un aumento del personal penitenciario, y esto plantea un problema de gobierno de las cárceles. Que hay que tomar medidas en el sector penitenciario carcelario no hay ninguna duda. Nosotros tenemos probado en distintos procesos judiciales que muchas de las balaceras, extorsiones y homicidios de Rosario fueron dispuestos de las penitenciarias de la provincia y en las federales, donde parece ser que el sistema penitenciario federal no quiere hacerse cargo o no entiende. Los privados de la libertad tienen derechos, pero todo derecho está sujeto a una regulación. No se puede dejar de hacer inteligencia para prevenir hechos delictivos en la penitenciaría, no se pueden dejar de tomar medidas que apunten a limitar que desde la penitenciaría se puedan generar hechos delictivos de manera reiterada, como se ha probado ocurren en la ciudad de Rosario.

– ¿Y la policía?

– No hay ninguna duda. Pero las leyes de reforma policial no fueron tratadas por la Legislatura, las de seguridad tampoco. Hace un tiempo el ingeniero Giustiniani presentó nuevos proyectos para la discusión, porque no hay ninguna duda de que Santa Fe no necesita con urgencia una reforma policial ahora: la necesitaba hace diez años. Hoy es una obligación moral asumir y abordar cómo reformar la policía, porque tenemos una estructura arcaica y fuera de tiempo, pero también hay que pensar en la formación, la capacitación, en las condiciones dignas de trabajo. Policías que no solo estén bien equipados y con tecnología, sino que también tengan buenos salarios. Y fundamentalmente en un cambio radical de la estructura.

-¿La Justicia tiene los instrumentos, los hombres, las capacidades técnicas y los recursos para hacer frente al delito?

-No tiene lo suficiente, pero se avanzó mucho. En paralelo de la reforma del sistema de investigación y enjuiciamiento se tomó conciencia, y hubo un avance en este sentido, de la necesidad de empezar a contar con equipamiento tecnológico. Pero a veces no es el suficiente para enfrentar el volumen de delitos que suceden, como por ejemplo pasa con la Unidad de Delitos Complejos y la de Homicidios Dolosos de Rosario. Hay problemas que tienen que ver con la investigación criminal y que se vinculan con la capacitación del personal y a veces con la falta de insumos y tecnologías. Otras veces pasa a la inversa, tenemos tecnología pero no el personal. Se han adquirido equipos para destripar celulares con una tecnología que no tiene nadie en el país y no tenemos quien los pueda operar. A tratar de resolver muchos de estos problemas tiene que apuntar tanto la convocatoria que hicimos la semana pasada en Rosario con las distintas agencias que intervienen en la investigación criminal, como la que en el seno de la Junta de Seguridad Provincial el gobernador convocó esta semana.

-Hay otra parte de esta situación compleja que es el económico, el vinculado con el lavado de dinero proveniente de los delitos y la economía informal que se genera a su alrededor. ¿Considera que la instalación de una sede de la UIF en Rosario va a ayudar a combatir estos delitos?

-Rosario tienen una economía informal de arriba del 65 por ciento y esto favorece la canalización y el lavado del dinero que proviene del delito. Este es uno de los grandes temas. El problema de Rosario no se reduce a Los Monos o a Lindor Alvarado y los homicidios. Hay una arista, que incluso sube en los escalones sociales, porque el dinero que provienen de estos delitos no se lava en los barrios periféricos ni en la cárcel. Acá me parece que hay una deuda pendiente de la política y del Ministerio Público Fiscal. Por eso la importancia de los concursos de fiscales, ya que a quien le toque ejercer el cargo de fiscal general, y fundamentalmente el de fiscal general de Rosario, tiene que tener muy en claro esta problemática para poder diseñar una política estratégica que apunte a golpear donde más duele. Que es el eslabón de arriba, porque si corta ese eslabón de la cadena, el problema tiende a reducirse. Este es un tema significativo, es un problema que tiene Rosario y que termina favoreciendo y siendo funcional a la consolidación de estos mercados ilegales.

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe informó que, conforme a la previsión contenida en el artículo 29 de la Constitución de la Provincia, en consonancia con leyes y reglamentaciones respectivas, ha resuelto declarar integrado el Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe para el año 2023.

El mismo será presidido por quien estará al frente de la Corte durante el próximo año, Daniel Erbetta, y se desempeñarán como vocales los magistrados que resultaron sorteados.

Conforme a ello, serán titulares Alfredo Ivaldi Artacho y Armando Drago, respectivamente juez de Cámara del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de los Tribunales de Rosario y juez de Cámara de Apelación Civil y Comercial de los Tribunales de Santa Fe.

En tanto, serán vocales suplentes Edgar José Baracat y Roberto Reyes, uno juez de Cámara de Apelación Civil y Comercial de los Tribunales de Rosario y el otro juez de Cámara del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de los Tribunales de Santa Fe. En tanto, el procurador fiscal será Jorge Barraguirre, procurador general de la Corte.