Mariela Goy

El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario sumó este viernes un nuevo capítulo: el Poder Ejecutivo nacional decidió llevar la disputa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un recurso extraordinario para frenar la aplicación de la norma -según publicó el diario La Nación-, mientras desde el sistema universitario siguen presionando para que se cumpla la ley y el fallo judicial vigentes.

En ese contexto, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, sostuvo en declaraciones a El Litoral que la decisión oficial de recurrir al máximo tribunal "era previsible", pero advirtió que no modifica las obligaciones del Gobierno.

"Que sea la voz del pueblo de la Nación la que logre promover a las autoridades nacionales", dijo Franco Bartolacci al advertir sobre una nueva marcha federal para mayo Foto: Manuel Fabatía

"Hay que aclarar y afirmar que la decisión de recurrir a la Corte no exime al Gobierno de su responsabilidad de aplicar los artículos 5 y 6 de la ley de financiamiento tal como dispuso la Justicia", remarcó. Y añadió: "Desde que fue notificado administrativamente del fallo (de la Cámara Nacional de Apelaciones), el Gobierno está obligado a aplicar esos dos artículos, independientemente de que intente ahora recurrir a la Corte Suprema".

Esos puntos refieren a la recomposición salarial docente y no docente, y a la actualización de las becas estudiantiles, considerados urgentes por el sector. El plazo límite para comenzar con el envío de los fondos era hasta este viernes, a las 9.30 horas, por lo que ya se encontraría en vigor la obligatoriedad de las transferencias.

Este miércoles se realizó la movida bajo la consigna "La universidad no se apaga". Foto: Manuel Fabatía

La ley, sancionada en 2025, continúa vigente pero judicializada. Una medida cautelar ordenó al Estado actualizar salarios docentes y partidas universitarias, pero el Ejecutivo viene resistiendo su implementación y ahora busca que el máximo tribunal suspenda esa obligación.

En su presentación, el Gobierno argumentó que cumplir con la norma generaría un "colapso financiero" y afectaría el funcionamiento del Estado, al requerir una reasignación masiva de recursos. También cuestionó las decisiones judiciales previas.

Desde el CIN aseguran que, mientras se prolonga la disputa judicial, la ley no se está ejecutando y la situación del sistema se agrava. En esa línea, Bartolacci confirmó que ya notificaron a la Justicia el incumplimiento del fallo.

"Lo que hemos hecho fue presentar un escrito notificando el incumplimiento del Poder Ejecutivo nacional. También exigimos a la ministra Sandra Pettovello que convoque inmediatamente a la paritaria nacional, que hace más de un año y medio no funciona, y que aplique sin más dilaciones los artículos 5 y 6", detalló.

El trasfondo es crítico: según datos del propio CIN dados a conocer en un comunicado del 16 de abril, "las transferencias a las universidades cayeron más de 45% desde 2023, lo que impacta en el funcionamiento cotidiano del sistema".

Las universidades anticipan que "si no hay soluciones, vamos a nueva manifestación nacional en mayo para que la sociedad argentina se exprese en defensa de la universidad pública", adelantó Bartolacci.

Y cerró con una definición contundente: "Entendemos que, si no conmueven las gestiones que hacemos, si no conmueve una ley aprobada con tanta legitimidad, si no conmueve un fallo judicial que ordena su cumplimiento, en definitiva si no conmueve el Estado de derecho, que sea la voz del pueblo de la Nación la que logre promover a las autoridades nacionales".

Cabe destacar que el pasado miércoles, en las universidades de todo el país se realizó la jornada "La universidad no se apaga", que incluyó 24 horas de propuestas académicas, científicas, culturales y de extensión. En Santa Fe, hubo actividades en la UNL con un abrazo simbólico que se transformó en una conferencia de prensa, y por la noche se realizaron clases abiertas, charlas, muestras de producciones académicas, música. En la UTN Santa Fe también hubo declaraciones y clases abiertas.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo un papel fundamental en la consolidación del sustento jurídico de la recuperación de la memoria y la justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura.

Entre sus fallos más relevantes se destaca el caso “Simón” del 14 de junio de 2005, que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final (23.492) y Obediencia Debida (23.521), lo que habilitó la reanudación de los juicios por delitos de lesa humanidad iniciados tras el golpe del 24 de marzo de 1976.

Previamente, en 2004 la Corte dictó el fallo “Arancibia Clavel”, que estableció la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad; y en 2007, en la causa “Mazzeo”, declaró la inconstitucionalidad de los indultos otorgados a militares.

Horacio Rosatti subrayó la realización de un “auténtico juicio justo” en un contexto “complejo”, Carlos Rosenkrantz lo definió como una respuesta “jurídicamente impecable a crímenes atroces”; y Ricardo Lorenzetti afirmó que la política de memoria y justicia forma parte del contrato social de los argentinos.

En el fallo “Alespeiti”, el juez Juan Carlos Maqueda dejó sentado en su voto que “en procesos en los que se dilucidan hechos vinculados al inconcebible horror que primó durante la última dictadura militar -que comprendió, entre otras atrocidades, campos clandestinos de detención y sistemáticas privaciones de libertad, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos calificados y apropiaciones de niños- el respeto al enorme sufrimientos que este provocó y que se encuentra todavía vigente, debe llevar al Poder Judicial, del que la Corte es cabeza, a actuar con la más alta responsabilidad institucional en el ejercicio de su jurisdicción”.

Según registros de la Secretaría de Jurisprudencia, de la Secretaría Penal y de la Secretaría Penal Especial, el total de 1.907 fallos se corresponde con el período comprendido entre 2004 y el 17 de marzo de 2026.

De acuerdo con datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde la reapertura de los juicios en 2006 se dictaron 361 sentencias, con 1.231 personas condenadas y 250 absueltas. Además, hay 12 juicios en curso y 282 causas en etapa de investigación preliminar.

El recorrido por la jurisprudencia del Máximo Tribunal, sobre la sucesión de casos particulares en los que debió pronunciarse, permite establecer una serie de preceptos, que pueden sistematizarse, entre otros, en los siguientes puntos:

1) Responsabilidad internacional del Estado. El Estado argentino tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar crímenes de lesa humanidad sin oponer normas internas que lo impidan.

Debe respetar garantías constitucionales y convencionales, garantizando el debido proceso y evitando medidas que disuelvan la responsabilidad, como amnistías o prescripciones.

2) Cumplimiento de tratados internacionales. La jurisprudencia argentina considera los tratados internacionales, como la CADH y el PIDCP, con jerarquía constitucional y control de convencionalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una referencia clave para interpretar obligaciones y garantizar derechos en casos de delitos de lesa humanidad.

3) Calificación y tipificación de delitos de lesa humanidad. Requiere que los hechos sean parte de un ataque sistemático contra civiles, con conocimiento del ataque. La pertenencia a una categoría, como civil, no impide la responsabilidad penal y las decisiones deben fundamentarse en el derecho vigente y las constancias de la causa.

4) Jurisprudencia sobre delitos de lesa humanidad. La Corte ha reafirmado la obligación del Estado de investigar y sancionar estos delitos, incluso frente a obstáculos legales o decisiones que los nieguen. La responsabilidad internacional del Estado se mantiene si se niega la calificación o se minimiza la gravedad de los hechos.

5) Procedimientos y garantías procesales. La investigación debe ser exhaustiva y respetar garantías del debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa y a recurrir las sentencias. La jurisprudencia destaca la importancia de decisiones motivadas y la necesidad de control de convencionalidad en la aplicación del derecho interno.

6) Impacto de decisiones judiciales. La Corte ha señalado que decisiones arbitrarias o sin fundamentación adecuada vulneran derechos constitucionales y convencionales. La categorización de delitos como de lesa humanidad debe basarse en el contexto histórico y en las constancias probatorias, sin prejuicios dogmáticos.

7) Delitos sexuales y perspectiva de género. La exclusión de coautoría en violencia sexual requiere fundamentación sólida y atención a estándares internacionales y de igualdad de género. La violencia sexual debe investigarse con perspectiva de género y en el marco de crímenes de lesa humanidad, considerando su impacto social y simbólico.

8) Crímenes de lesa humanidad y su impunidad. La imprescriptibilidad de estos delitos se fundamenta en su carácter sistemático y en la estructura de poder que los respalda. La responsabilidad internacional obliga a investigar, sancionar y no aplicar indultos o excarcelaciones que puedan favorecer la impunidad.

9) Prueba de histocompatibilidad y secuestro de efectos. La extracción compulsiva de sangre para estudio genético debe realizarse solo si no existen medios menos lesivos. La medida es constitucional si se pondera el derecho a la verdad y la mínima invasión, garantizando la intervención médica y la proporcionalidad.

10) La ley 24.043 otorga beneficios económicos a quienes sufrieron privación de libertad ilegítima en el contexto del último gobierno de facto. La interpretación debe ser amplia, incluyendo casos de libertad vigilada, exilio y persecución política, siempre que exista vínculo probatorio y contexto de represión.

11) La Corte respalda el derecho indemnizatorio para quienes permanecieron en exilio forzoso, incluyendo a hijos impedidos de nacer en la patria por causas ajenas a ellos.

12) La suspensión preventiva de pensiones honoríficas a condenados por delitos de lesa humanidad es legal y justificada para proteger la finalidad del beneficio. La ley y decretos establecen la incompatibilidad de beneficios para quienes hayan sido condenados por crímenes graves, reforzando el carácter honorífico y reparador.

El año pasado la Corte Suprema homenajeó a los jueces del Juicio a las Juntas de 1985, que en la llamada “Causa 13” condenaron a los principales responsables del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983.

En esa oportunidad, el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, subrayó la realización de un “auténtico juicio justo” en un contexto “complejo”; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz lo definió como una respuesta “jurídicamente impecable a crímenes atroces”; y el juez Ricardo Lorenzetti afirmó que la política de memoria y justicia forma parte del contrato social de los argentinos.

Delitos Lesa Humanidad by El Litoral

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio luz verde al avance de la causa “Cuadernos”, al rechazar más de veinte recursos interpuestos por la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido y diversos empresarios, quienes cuestionaban la validez de las actuaciones en el expediente que investiga una presunta asociación ilícita en la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015, conocido también como “la Camarita”.

En paralelo, el máximo tribunal también resolvió hacer lugar a un recurso presentado por la Procuración General de la Nación y revocó el sobreseimiento que beneficiaba a Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner, en una causa conexa por lavado de dinero. El fallo original, dictado por el juez Luis Rodríguez en 2015, había sido revertido ahora tras la intervención del Ministerio Público y la Unidad de Información Financiera, que pidieron la continuidad de la investigación.

En su voto, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti habilitan el avance del juicio oral que comenzará el 6 de noviembre ante el Tribunal Oral Federal 7. En el banquillo estarán sentados la expresidenta, varios de sus ex funcionarios y decenas de empresarios, acusados de cobrar o pagar sobornos por contratos con el Estado.

La causa Cuadernos se inició a partir de los registros del ex chofer Oscar Centeno, quien detalló viajes de recaudación vinculados al ex subsecretario Roberto Baratta. Las declaraciones de imputados-colaboradores como Carlos Wagner, José López y el financista Ernesto Clarens derivaron en la apertura de una megacausa que incluyó la cartelización de obra pública y flujos ilegales de dinero hacia el exterior.

Los magistrados de la Corte también rechazaron recursos de otros imputados relevantes como Cristóbal López, Mario Rovella, Aldo Roggio y Juan Carlos De Goycoechea, todos ellos cuestionando nulidades procesales, indagatorias o declaraciones de arrepentidos.

La resolución consolida el camino hacia uno de los juicios más esperados de los últimos años en la Argentina, que tiene como protagonistas a la expresidenta y a la cúpula empresarial que dominó el escenario de la obra pública en las últimas décadas.

En su fallo sobre Pochetti, los jueces establecieron que el sobreseimiento previo solo abarcaba el hecho del transporte de dinero y no las maniobras de blanqueo, por lo que corresponde continuar con la investigación de las operaciones financieras realizadas por la viuda de Muñoz y su entorno.

Los jueces coincidieron con los fundamentos del Procurador General y ordenaron dictar un nuevo pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de Pochetti, quien declaró como arrepentida que pagó una coima al juez Rodríguez para cerrar el caso.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó el pasado viernes el primer anuario estadístico sobre las causas que llegaron al máximo tribunal durante 2024. Del informe se desprende que ingresaron un total de 45.678 expedientes, un 41,71% más que en 2023. Los organismos públicos fueron los principales recurrentes: la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) encabezó el ranking de presentaciones, sobre todo derivadas de expedientes iniciados por jubilados en reclamo del pago de sus haberes.

El total de ingresos a la CSJN durante 2024 ascendió a 45.678 casos, la cantidad más alta de los últimos 10 años. La variación porcentual respecto del año anterior verificó un incremento del 41,71%.

Considerando el total de casos recibidos en 2024, el 55,9% de los presentantes fueron gobiernos, organismos y dependencias públicas. De ellos, el 91,6% correspondió a la Anses.

En las 52 semanas que tiene el año se celebraron 47 acuerdos de ministros, es decir que todas las semanas del año judicial los jueces del máximo Tribunal del país se reunieron en acuerdo. La cantidad total de fallos dictados por la CSJN en 2024 fue de 12.521, que impactaron sobre 20.237 casos judiciales. En algunos casos, los ministros adoptaron más de una decisión implicando un total de 20.464 decisiones judiciales.

De las 20.464 decisiones mencionadas, 19.056 fueron de cierre, es decir pusieron fin a la instancia ante la Corte, y 1.408 fueron decisiones de trámite, entendidas como la respuesta jurisdiccional previa o posterior a la decisión de cierre, que resuelve -por ejemplo- planteos de recusación, cuestiones de procedimiento u honorarios.

Entre los 19.056 casos resueltos, el 87,6% correspondió a recursos y el restante 12,4% al grupo de demandas originarias, cuestiones de competencia y otras presentaciones. Sobre el primer grupo, más de 9800 fallos fueron resueltos mediante la fórmula del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, lo que representa a un 59% del total de recursos y un 51% del total de casos resueltos. Ello significa que más de la mitad de los casos resueltos por el Máximo Tribunal se realizaron mediante la fórmula del 280, que permite al Tribunal rechazar un recurso extraordinario si considera que no hay un agravio federal suficiente o si las cuestiones planteadas no son sustanciales ni trascendentes.

La variación porcentual respecto del año anterior mostró un 12,8% de incremento de casos.

La distribución por materia de los recursos resueltos fue: Previsional 40,4%; Penal 18,9%; Laboral 15,8%; Tributario-Aduanero-Bancario 8,6%; Contencioso Administrativo 8,4%; Civil y Comercial 5,9% y el 2% restante correspondió a otras materias.

En el 82% de los recursos de queja y extraordinarios resueltos (13.686) se utilizaron fórmulas. Se trata de recursos en los que el Tribunal, una vez realizado su estudio, los resuelve sin relatar los hechos y antecedentes en el texto del fallo, y sin exponer el desarrollo de los argumentos que fueron debatidos y tenidos en cuenta para su desestimación.

El 99,85% de los casos resueltos fue decidido exclusivamente por los Ministros del Tribunal y en el 0,15% se requirió conjueces para decidir. El 42,35% de las decisiones fueron adoptadas por unanimidad.

El tiempo de duración de los casos resueltos según el valor de su mediana fue de 385 días corridos.

En 68 casos se declaró la inconstitucionalidad de una o varias normas.

Creada por la acordada 6/2024, la Oficina de Estadísticas de la Corte tiene entre sus objetivos diseñar, construir, coordinar e implementar un sistema para la producción de estadísticas oficiales del tribunal; regular, dirigir y llevar a cabo la producción de las estadísticas oficiales y su posterior difusión.

Este primer Anuario contiene información cuantitativa sobre la actividad jurisdiccional de la Corte, obtenida a partir de datos pre-procesados por la Dirección de Sistemas sobre los casos registrados en el Sistema de Gestión Judicial -Lex 100- y en la base de datos de la Secretaría de Jurisprudencia del Tribunal.

El relevamiento está organizado en dos historias y en tableros interactivos, con filtros que permiten seleccionar y explorar las variables de forma dinámica y segmentada. A través de indicadores clave, gráficos, series temporales y análisis descriptivos, se procura ofrecer una visión integral del funcionamiento del Máximo Tribunal ante la conflictividad que demanda su intervención.

El Anuario contiene dos universos de casos: todos los ingresados en el periodo de análisis y todos los que tuvieron fallos emitidos en 2024. En ese marco se toman en consideración variables como año de inicio del caso en el sistema judicial, duración, firmantes, oficina de origen, provincia de origen, sentido de la decisión, tipo de presentante, tipo de caso y vías de acceso, entre otras.

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, participó este miércoles de la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el reclamo de la deuda previsional que la Anses mantiene con Santa Fe. Lo hizo acompañado por sus antecesores en el cargo, Omar Perotti y Antonio Bonfatti, en una señal clara de respaldo institucional al reclamo de los fondos que corresponden a la Caja de Jubilaciones provincial.

Tras el encuentro, Pullaro destacó: “La imagen que hoy dio la provincia de Santa Fe es de institucionalidad. Personas que no pertenecemos a los mismos espacios políticos, pero que ejercimos -o ejercemos- la responsabilidad de gobernar, estamos juntos defendiendo los intereses de la provincia. En un país donde hay mucho grito, mucha pelea y muchas diferencias, esto nos distingue y nos muestra completamente diferentes”.

En cuanto al desarrollo de la audiencia, el mandatario la calificó como “buena” y remarcó que hubo sólidos argumentos tanto políticos como técnicos. “El Estado nacional reconoce que hay una deuda. El reclamo de Santa Fe se sostiene sobre dos ejes: por un lado, el stock de deuda acumulada, cuyo monto aún debe determinarse; y por otro, el flujo de fondos que Nación dejó de transferir de manera unilateral desde enero de 2024, incumpliendo el decreto 280 firmado el año pasado”, precisó.

“El stock de deuda es un reclamo que comenzó en la gestión de Omar Perotti y que nosotros retomamos. Por supuesto, la Provincia tiene una mirada flexible entendiendo el contexto del país, pero no vamos a resignar ni un solo centavo de lo que le corresponde a Santa Fe”, sostuvo Pullaro.

Respecto al corte del flujo, detalló que “la Provincia no recibe un solo peso más de Nación en concepto de financiamiento previsional. Eso es lo que vinimos a reclamar de manera urgente”.

El gobernador fue claro al afirmar: “Percibo buena voluntad tanto del Poder Ejecutivo nacional como de la Anses para empezar a discutir la deuda. Es una obligación que surge de decisiones tomadas en los años 90, cuando Santa Fe optó por mantener su Caja de Jubilaciones dentro de la órbita provincial, mientras otras provincias la transfirieron a Nación. Ese fue un esfuerzo enorme que hoy debe ser reconocido”.

Pullaro adelantó que en los próximos 15 días se abrirá una instancia técnica para avanzar en un acuerdo sobre el flujo y, posteriormente, sobre el stock de la deuda. “Mientras tanto, seguimos sosteniendo una medida cautelar presentada ante la Corte, que exige la restitución inmediata del flujo que Nación interrumpió, sin perjuicio de que luego se discuta el monto total del stock adeudado”, explicó.

En otro tramo de su declaración, el gobernador remarcó que “Santa Fe hoy tiene equilibrio fiscal, porque todas las gestiones que nos antecedieron han sido responsables”.

“Eso no puede jugarnos en contra -advirtió-. Al contrario, debería jugar a favor. Es lo que hoy venimos a exigir. Nunca vamos a resignar la deuda que Nación tiene con nosotros, porque esos recursos son fundamentales para obras y servicios que mejoran la vida de los santafesinos”.

Pullaro graficó la magnitud de la deuda: “Estamos hablando de fondos que equivalen a 1.500 kilómetros de rutas nuevas o a la construcción de 170 escuelas. Por eso vamos a mantener este reclamo hasta que cada centavo que le corresponde a los santafesinos esté acordado y empiece a pagarse”.

“Por supuesto que quisiéramos cobrar todo junto, porque tenemos un plan y sabemos perfectamente qué hacer con esos recursos. El Gobierno nacional puede fijar su política y nosotros la nuestra, pero lo que no vamos a dejar de hacer es reclamar lo que es de Santa Fe. Vamos a defender hasta el último centavo”, sentenció.

En la misma línea, el exgobernador Omar Perotti sostuvo: “Acompañamos institucionalmente porque lo que está en juego son los recursos de todos los santafesinos. Y en un momento de tantas divisiones en el país, las regiones que van a sobresalir son las que logren acuerdos en temas trascendentales”. A su turno, Antonio Bonfatti destacó: “Estamos dando un ejemplo de institucionalidad, oficialismo y oposición unidos, defendiendo los intereses de toda la provincia”.De la audiencia también participaron la secretaria de Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Julia Tonero; el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso; y el fiscal de Estado, Domingo Rondina.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene en “revisión” el expediente de la ex presidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad y está en condiciones de ratificar la condena a seis años de prisión en su contra, mientras la ex mandataria se encuentra en plena campaña proselitista para ser candidata a legisladora bonaerense.

Según supo Noticias Argentinas de fuentes judiciales, el máximo tribunal tiene “en revisión” el expediente de la ex jefa de Estado, quien fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Periodistas de Buenos Aires hicieron circular este viernes la versión de que la Corte podría publicar el fallo el próximo martes, dando a conocer su postura sobre el proceso judicial en la causa, lo que podría ratificar su condena e inhabilitación.

El Máximo Tribunal rechazó este miércoles la recusación presentada por la defensa Fernández de Kirchner contra el juez rafaelino Ricardo Lorenzetti.

En esa recusación, la defensa de la ex mandataria alegaba falta de imparcialidad por parte del magistrado sobre la base de declaraciones públicas y antecedentes de Lorenzetti con relación a fallos judiciales previos.

No obstante, la Corte consideró que el planteo fue presentado fuera de los plazos procesales y carecía de fundamentos jurídicos suficientes.

Tras este rechazo, el tribunal presidido por Horacio Rosatti está en condiciones de emitir un fallo decisivo sobre la causa Vialidad, que podría confirmar de forma definitiva la sentencia de Fernández de Kirchner.

Además de la pena de prisión, la condena impuesta por el Tribunal Oral Federal N.º 2 –ratificada posteriormente por la Cámara de Casación Penal– incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que tendría consecuencias sobre el panorama político a meses de las elecciones legislativas bonaerenses, instancia para la cual la ex mandataria ya avisó que será candidata.

Si bien el proyecto de “Ficha Limpia” para impedir postulaciones de personas con condenas por corrupción fue rechazado en mayo por el Senado, una sentencia firme podría afectar las aspiraciones políticas de la presidenta del PJ, principal espacio opositor al oficialismo libertario.

La ex vicepresidenta había confirmado en declaraciones televisivas su postulación a legisladora por la Tercera Sección electoral de la provincia de Buenos Aires, pero una decisión adversa por parte del Supremo Tribunal podría frustrar la candidatura de la principal referente del peronismo y arrastrar a una crisis a todo el arco político.

"No creo en una Corte Suprema sin mujeres, sin candidatas mujeres. Es más, no creo en ningún espacio de representación en la Argentina sin mujeres sentadas ahí", decía la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri (CABA-PRO) el jueves 3 de abril, en el arranque del debate que horas después terminaría con el rechazo a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla enviados por el presidente Javier Milei.

La legisladora, presidenta de la Comisión de Acuerdos donde los nombres de ambos juristas esperaban respaldo para completar la composición del máximo tribunal de Justicia, esgrimió ese como uno de los argumentos (no el único) para rechazar ambos nombres.

No fue la única voz que se alzó en ese sentido. Hubo otras legisladoras que reclamaron por una composición igualitaria o, al menos, con representación de mujeres. "Porque somos la mitad de la población y borrarnos de los espacios de representación es negar nuestra existencia. Es negar nuestro aporte y nuestra voz. Eso yo no lo voy a acompañar", explicaba Tagliaferri.

Minutos después, la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal), presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, se expresaba en la misma línea: "Una Corte sin mujeres en su integración es una Corte sin justicia", a la vez que reclamaba el tratamiento de un proyecto de su autoría que busca garantizar la participación de éstas en la Justicia".

Es que, desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco, en el año 2021, la Corte Suprema quedó integrada totalmente por varones. Y al momento de producirse otra vacante tras la renuncia de Juan Carlos Maqueda en diciembre de 2024 el Ejecutivo nacional decidió proponer para esos cargos a dos hombres que se sumarían a los tres integrantes actuales: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

Sin demasiadas pistas acerca de cómo seguirá el proceso de selección de nuevos magistrados para completar la conformación del órgano judicial, el reclamo por incorporar nombres de mujeres en los próximos pliegos aparece con mayor nitidez.

Por el momento se desconoce si el gobierno de Milei enviará una nueva propuesta ahora o si esperará a las elecciones legislativas del 26 de octubre con la idea de contar con una bancada más numerosa y afín en el Senado. Cabe recordar que es la Cámara alta la que, luego de un proceso en comisiones, evalúa y da consentimiento (o rechaza) los nombres propuestos por el Ejecutivo.

"La Argentina es el único país de América Latina y el Caribe que no tiene mujeres en su Corte", advirtió Tagliaferri. Y aportó un dato que describe esta situación en forma más ajustada: "A lo largo de toda su historia, por la Corte Suprema han pasado 114 jueces, de los cuales solo 3 han sido mujeres. Es decir, 3 de 114 en 163 años".

En efecto, el máximo tribunal de Justicia comenzó a funcionar en el año 1863 (el Senado dio acuerdo para sus primeros miembros en octubre de 1962) y su primera integrante mujer fue Margarita Argúas, designada en 1970, bajo el gobierno militar que encabezó Roberto Marcelo Levingston.

Tras el juicio político a dos integrantes de la Corte menemista y la renuncia de otros tres para evitar ese proceso, fueron designadas Helena Highton de Nolasco (2004) y Carmen Argibay (2005) para ocupar dos de los puestos vacantes.

Argibay murió en 2014 y Highton de Nolasco renunció en 2021; desde entonces ninguna mujer volvió a ejercer el cargo de jueza de la Corte Suprema.

¿Qué pasa en otros países? En la sesión del 3 de abril Tagliaferri reveló datos de otras latitudes, "que en algunos casos miramos para tratar de imitar políticas públicas: Estados Unidos, por ejemplo, tiene 4 mujeres sobre 9. México cuenta 5 sobre 11. Uruguay tiene un 60 % de su Corte integrada por mujeres. Chile tiene un 42 %".

¿Es que faltan mujeres capacitadas para ejercer el cargo? Aquí también sobran los argumentos: "Un informe realizado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación Argentina indica que en el año 2023 las mujeres eran el 57 % de la dotación total de la Justicia argentina Y representaban el 61 % de los cargos de menor jerarquía. Solamente el 30 % está en cargos de mayor jerarquía", advirtió la senadora del PRO.

Los datos están contenidos en el "Mapa de género de la Justicia Argentina edición 2023", publicada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Esto quiere decir que si bien las mujeres estudian, se reciben, se esfuerzan, trabajan, en el camino algunas deciden ser madres, llevan el bebé, atraviesan el puerperio, cuidan a su familia y se presentan a los concursos de la Magistratura, no acceden".

"Es el techo de cristal", sintetizó. "Lo que queda claro es que mujeres hay, lo que no hay es voluntad política", cerró.

El planteo porque haya mujeres en la composición de la Corte viene desde hace tiempo, pero se profundizó con el envío de los pliegos de dos candidatos que, antes de ser rechazados por el Senado, fueron nombrados en comisión por el presidente Milei.

La Red Mujeres para la Justicia que se viene haciendo eco de esta demanda desde hace años, se pronunció de manera enérgica el 26 de febrero, apenas conocido el nombramiento por decreto presidencial de ambos postulantes.

En un documento llamado "Grave retroceso para la independencia judicial y la calidad institucional en la Corte Suprema", advirtió que "la decisión del Poder Ejecutivo de designar por decreto a dos varones para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin el acuerdo del Senado y por medio de nombramientos en comisión, constituye un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo, una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal, que impacta seriamente sobre su legitimidad y calidad institucional".

También se advertía allí sobre el hecho de que "sólo tres mujeres, frente a 114 hombres, lograran alcanzar el cargo de jueza de la Corte Suprema en toda su historia, enfatizando en el deber constitucional y convencional del Poder Ejecutivo de postular mujeres que reunieran las más altísimas cualidades para ocupar el cargo".

El nombramiento por decreto de Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema de la Nación por parte del presidente Javier Milei agitó días atrás las aguas políticas. Y todo indica que el tema será tratado en el Senado en los próximos días, cuando se espera una fuerte arremetida de la oposición.

Este lunes, la vicegobernadora Gisela Scaglia fue consultada sobre el tema en el acto de asunción de dos nuevos ministros de la Corte Suprema de Santa Fe: Jorge Baclini y Margarita Zabalza. En ese marco, optó por opinar desde su partido, el PRO, que preside en Santa Fe.

"El PRO ha dicho que no a Lijo. Creo que por decreto no se nombra nunca a un juez", explicó la vicegobernadora y dirigente para advertir que "hay que ir al consenso en el Senado" y para ello es necesaria "la búsqueda de un diálogo que hoy en la Argentina no está pasando o está un poco difícil".

En ese punto, Scaglia dijo tener "una mirada de acompañar muchas cosas del gobierno nacional y el PRO lo ha acompañado en mucho", a la vez que anticipó que su partido también lo hará con el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

"Vamos a acompañar muchas cuestiones, lo digo desde el PRO principalmente, pero también hemos sido una voz cuando creemos que se quiere poner un límite a la institucionalidad que es lo más importante que tiene la Argentina", advirtió.

La decisión del presidente Javier Milei de designar por decreto y en comisión a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia desató el rechazo de gran parte del arco político opositor en el Senado de la Nación.

Luego de la publicación en el Boletín Oficial, legisladores de los bloques de Unión por la Patria (UxP), la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO salieron a poner de manifiesto su desacuerdo y objetaron la medida tomada por el mandatario.

Las designaciones abrieron un nuevo capítulo en la tensa relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ya que los pliegos de Lijo y García-Mansilla no fueron tratados el año pasado por la Cámara alta y el gobierno decidió avanzar por una vía alternativa.

Así, mientras la oposición remarca el rechazo al decreto y hecha mano a los mecanismos parlamentarios disponibles para anular la decisión, el oficialismo ratifica la legalidad del procedimiento fundamentada en la necesidad del óptimo funcionamiento del Máximo Tribunal.

Una vez transcurrida la inauguración del período de sesiones ordinarias este sábado 1 de marzo, el Senado podría pedir una sesión especial para la segunda semana de marzo para tratar los pliegos, si antes Milei no los retira, ya que desde junio pasado yacen en consideración de la Cámara Alta.

Los senadores del interbloque de UxP expresaron su preocupación ante la decisión presidencial en un comunicado titulado “Sin acuerdo del Senado, no habrá juez de la Corte” en el que señalaron que "esta forma de designación es manifiestamente inconstitucional".

Los legisladores del peronismo argumentaron que el procedimiento adecuado para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema requiere el acuerdo del Senado, y que el uso de un decreto vulnera la división de poderes establecida en la Constitución Nacional.

"Conforma una nueva afrenta al sistema republicano, democrático y federal establecido por la Constitución de la Nación Argentina. De esta manera, el presidente Milei comete un ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo, quiebra el orden constitucional y el Estado de Derecho”, reprocharon.

Además, adelantaron que tomarán las medidas legislativas necesarias para revertir estas designaciones y garantizar el respeto por los procedimientos constitucionales. “Es evidente que el presidente Milei pretende la impunidad ante los hechos de flagrancia que son de público conocimiento”, expresaron.

Por su parte, el bloque de senadores de la UCR también manifestó su oposición a la medida adoptada por el Ejecutivo mediante un escueto comunicado, en el que calificaron los nombramientos por decreto como "grave, imprudente e innecesario, ya que los mecanismos constitucionales se encuentran plenamente en funcionamiento”.

Asimismo, subrayaron que este tipo de acciones socavan la confianza en las instituciones democráticas: “A las puertas del inicio de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso, esperamos que se retome el camino de la búsqueda de los consensos para lograr normalizar esta situación de gravedad institucional, que solo está previsto para situaciones extraordinarias, y en este caso, no se condicen en este momento histórico”, agregaron.

Los senadores radicales acarrean fuertes diferencias al interior del bloque, que salieron a la luz en la última sesión en la que votaron fragmentado en el proyecto de conformación de una comisión investigadora por la promoción presidencial del criptoactivo $LIBRA.

Por su parte, en Diputados, los radicales que presentan una postura más dialoguista con el gobierno consideraron que el decreto “tensa la relación entre los poderes del Estado, cuando hay mecanismos establecidos en la Constitución para que los ministros de la Corte surjan del consenso entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación”.

En el seno del PRO, la designación de Ariel Lijo generó divisiones internas. El partido amarillo no logró unificar posturas respecto de si convalida o no el instrumento que utilizó Milei para ocupar las vacantes en la Corte, por lo que a diferencia de las demás fuerzas no emitió un pronunciamiento institucional.

Buscnando zanjar las diferencias, la fuerza tuvo este miércoles una reunión de la mesa ejecutiva que encabezó el jefe de PRO, Mauricio Macri, de la que participaron el senador Alfredo De Angeli, los diputados Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli; el senador nacional Alfredo De Angelis (de Entre Ríos), el Jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri, y los intendentes Soledad Martínez (Vicente López) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata).

Luego de la reunión, el jefe de la bancada de senadores del PRO, el entrerriano De Angeli, afirmó este miércoles que "la mayoría del bloque va a ir en contra del pliego de Lijo". Por su parte, Mauricio Macri optó por no dialogar con la prensa.

Las tensiones dentro del partido se dan en torno a la figura de Lijo y la metodología empleada para su nombramiento. En tanto que sobre García-Mansilla, De Angeli sostuvo que su dictamen ni siquiera tiene las firmas para ser discutido en el recinto de la Cámara alta: "Va haber un gran debate dentro del Senado. Lo tengo que hablar con los integrantes del bloque".

Ante las críticas de la oposición, el gobierno defendió la decisión del presidente y acusó a la Cámara alta de “dilatar” los pliegos, impidiendo el funcionamiento de la Corte Suprema. Así lo hizo el portavoz Manuel Adorni en su conferencia de este miércoles: "Los jueces los propone el presidente, no el Senado ni sus miembros".

Según el vocero, la medida se adoptó ante la necesidad de normalizar el funcionamiento de la Corte Suprema, que actualmente opera con solo tres ministros, lo que dificulta su labor y afecta la administración de justicia en el país.

Este argumento consta en el articulado del decreto 137/2025, recordando que se postuló a Lijo y a García-Mansilla para ocupar las dos vacantes en el Máximo Tribunal a raíz de la renuncia presentada por la Dra. Elena Inés Highton de Nolasco en 2021 y la segunda por la renuncia de Juan Carlos Maqueda desde diciembre de 2024.

Respecto a la legitimidad del procedimiento, el decreto cita el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, que faculta al presidente "a cubrir vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

De manera que las designaciones en comisión no eximen a que el Ejecutivo pase por el Senado, aunque habilita a los magistrados a ejercer. La Cámara alta, entonces, deberá tratar los pliegos nombrados bajo esta figura y someterlos a votación en el recinto, donde podrán ser aprobados o rechazados, dependiendo del consenso que reúna el oficialismo.

El proceso de designación de un nuevo miembro para la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un paso significativo este miércoles en el Senado.

El pliego del juez federal Ariel Lijo obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, quedando habilitado para su tratamiento en el recinto.

La votación podría realizarse la próxima semana, cuando también está convocada una sesión para tratar la derogación de las PASO. De todas formas, primero tiene que haber una convocatoria oficial.

Con nueve firmas de senadores de diversas bancadas, el documento quedó listo para ser debatido en el recinto, posiblemente en la sesión prevista para el 20 de febrero.

El dictamen contó con el respaldo de legisladores de distintos espacios políticos. Entre ellos, se destacan Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza - Jujuy), Eduardo Vischi (UCR - Corrientes), Carlos Espínola (Provincias Unidas - Corrientes), Beatriz Ávila (PRO - Tucumán), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia - Misiones) y Juan Carlos Romero (Cambio Federal - Salta).

Además, sumaron su apoyo los senadores Claudia Ledesma Abdala de Zamora (Santiago del Estero), Sergio Uñac (San Juan) y Lucía Corpacci (Catamarca), pertenecientes a Unión por la Patria.

Con el dictamen aprobado, el pliego de Lijo está en condiciones de ser tratado en el recinto del Senado. Para su aprobación, se requiere una mayoría de dos tercios de los senadores presentes, según lo establecido por la Constitución Nacional para la designación de jueces de la Corte Suprema. La sesión podría llevarse a cabo la próxima semana,

La candidatura de Lijo ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Mientras algunos sectores del oficialismo y aliados provinciales respaldan su postulación, existen resistencias en otras bancadas.

El ex presidente Mauricio Macri anunció que los senadores del PRO no votarán a favor de Lijo, postura que también comparten algunos miembros de la UCR y del propio bloque libertario.

Por otro lado, el kirchnerismo aún no ha definido oficialmente su posición, aunque se especula con un posible apoyo de parte de algunos de sus integrantes.

El presidente Javier Milei envió el año pasado al Senado los pliegos de Ariel Lijo y del abogado Manuel García-Mansilla para cubrir vacantes en la Corte Suprema.

Lijo, juez federal con una trayectoria de dos décadas, defendió el pasado mes de agosto su candidatura en una audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, donde expuso sus propuestas y respondió a las críticas recibidas.

Este lunes se aceptó formalmente la renuncia de Juan Carlos Maqueda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fue a través del Decreto 1128/202 publicado este 30 de diciembre en el Boletín Oficial de Nación, que cuenta con la firma de Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de Nación.

“Que el doctor Juan Carlos Maqueda ha presentado su renuncia, a partir del 29 de diciembre de 2024, al cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional”, indica el documento.

A sus 75 años de edad, el nacido en Córdoba se despidió de la Corte el pasado viernes. Dejando atrás 22 años de servicio, fue acompañado por familiares, funcionarios, asesores y curiosos en el descenso por las escalinatas del Palacio de Justicia entre aplausos y saludos.

Sin que aún se haya designado a alguien para reemplazar a Maqueda, ni para cubrir la vacante dejada por Elena Highton en 2021, quedan sólo tres nombres en la Corte: Horario Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Conforme ya se llevó a la práctica en otros períodos en que la Corte funcionó con integración menguada, para que se dicte un fallo es necesario que haya tres votos coincidentes; número mágico que garantizaría la mayoría aún cuando estuviesen cubiertos los dos cargos vacantes. Pero si uno de los jueces no está de acuerdo esa condición no se cumpliría, y se debe convocar a un conjuez. Los conjueces son los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país que se designan por sorteo.

Lo que hizo la Corte en la acordada firmada esta semana fue establecer un nuevo mecanismo que permitirá acelerar el sorteo de conjueces, evitando la paralización de expedientes por falta de mayorías en el máximo tribunal. Esta medida pretende evitar el bloqueo de causas y garantizar el acceso a la justicia en tiempo y forma. Pero además, se estableció que un mismo conjuez será designado para resolver casos análogos, asegurando coherencia en los fallos y evitando la atomización de la jurisprudencia que podría derivar en variaciones constantes en las sentencias de la Corte Suprema debido a la rotación de integrantes eventuales.

El gobierno nacional tomó distancia de la idea nombrar por decreto a los jueces Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema a tres días de la jubilación de Juan Carlos Maqueda. Así lo aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa.

"El presidente ya dijo que lo iba a hacer solo en condiciones donde la Justicia se empantane, donde se necesiten los miembros y el Senado no haya resuelto. Tenemos en claro que es una atribución que tiene el Senado y que lo deben resolver en ese ámbito", aseguró este jueves por la mañana.

Decreto 1128/2024 by El Litoral

“La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe declara su más

enérgico repudio y rechazo a la postulación del Juez Ariel Oscar Lijo para

ocupar el cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,

sospechado de haber cometido irregularidades en el desempeño de sus

funciones de Juez Federal y con causas pendientes de resolución ante el

Consejo de la Magistratura Nacional, que no hacen más que poner en dudas

la falta de imparcialidad y ética en la toma de decisiones, sumado ello a la

falta de antecedentes que den cuenta de la idoneidad técnica y jurídica

necesarias para formar parte del máximo tribunal.” 

Santa Fe, 13 de Agosto de 2024

Por Juan Arnaldo Venturini

El 5 de abril pasado, solicité (y obtuve, gentilmente) que el portal web Sur24 publicara en la sección de Opinión unas líneas referidas a la preocupación que me generaba la inexplicable, contradictoria, negativa y anti-republicana propuesta del presidente de la Nación, Javier Milei, designando como postulante a ocupar un cargo vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al actual juez federal Ariel Lijo.

En el día de ayer, 21 de agosto, se produjo la audiencia de ley, por la que la Comisión de Acuerdos del Senado Nacional recibió al candidato para tratar y escuchar las respuestas a las objeciones recibidas a su pliego, formuladas desde varias entidades de fuste y representatividad insospechadas, que se pronunciaron en pos del rechazo total de esa propuesta del Poder Ejecutivo.

Quienes accedieron (en todo o en parte) a esa audiencia, pudieron sin duda apreciar que las reservas oportunamente hechas públicas (concretadas en las ya referidas impugnaciones) mantienen plena vigencia y han sido corroboradas por respuestas vagas, inconsistentes, y hasta contradictorias, que no podrían justificar su aprobación legislativa, a menos que ella resulte de un oscuro y nefasto acuerdo político entre el kirchner-peronismo y sectores ciegamente adictos al Presidente y su entorno.

El 5 de abril preguntaba: “¿… dejaremos pasar en silencio? ¿Se apoyará la designación con resignación o complicidad, como cuando se designó a Alejandra Gils Carbó como Procuradora Nacional?”

En el contexto señalado, la semana pasada, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe votó la contundente declaración que encabeza esta carta. 

De ese modo, se ha sumado, en tiempo y forma a las opiniones en contra hechas públicas por importantes sectores y grupos de opinión. 

El pronunciamiento de la Cámara Legislativa provincial, aunque lamentablemente aislado, no es para nada menor, toda vez que expresa una preocupación por la salud de la República que la enaltece. En este caso, lo urgente no ha hecho perder la noción de lo importante: la defensa de la idoneidad e integridad en la composición de las instituciones. Sería deseable que el Senado de la Nación tome debida nota y vote en tal sentido.

Sin República plena, no habrá desarrollo económico y social posible.

Señores diputados, creo -respetuosamente dicho- que han sabido estar a la altura de las circunstancias. No puedo menos que hacer públicas (con la modestia del caso) mis congratulaciones. 

El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, reconoció la existencia de una relación “compleja y a veces tensa” a líneas generales entre los poderes representativos dentro del sistema republicano.

Rosatti no especificó que la complejidad en la relación entre poderes sea respecto de la Constitución Argentina, sino que consideró un asunto común al conjunto de los países de la región. Y en ese contexto instó a “defender los valores de la división de poderes y de la independencia de la Justicia”.

Ello -añadió el santafesino- debe ocurrir en el marco de un diálogo institucional, “que no significa injerencia en las atribuciones del otro poder, sino una vinculación inteligente y racional”.

El santafesino titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expresó en estos términos al dejar inaugurada la 71ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la Reunión del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (UIM).

“Espero que estas jornadas sean de fructífera tarea y que se sigan defendiendo, como lo hacen los magistrados organizados a nivel nacional e internacional, los valores de la división de poderes y de la independencia de la Justicia”, expresó Rosatti.

Ante los delegados de distintos países que participan de la asamblea de la FLAM en Buenos Aires, Rosatti destacó “la necesidad de que los jueces se expresen claramente para que sus mensajes sean mejor comprendidos por la sociedad.

“No debemos olvidar que el derecho, además de una ciencia, es la disciplina que le dice a toda la población -no solo al ámbito jurídico- lo que está permitido y prohibido. Nada mejor que hacerlo con un lenguaje llano”, expresó.

“Podemos estar más cerca de la comunidad si interpretamos las normas con un sentido actual y si decimos lo que tenemos que decir en un lenguaje accesible. Tratar de hacernos entender más y comunicarnos mejor con los otros poderes y con la sociedad es un deber que tenemos los jueces para que sea más comprendida la complejidad de nuestra tarea”, resumió.

La Asamblea se desarrolla en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Hotel Hilton de Puerto Madero. El temario incluye el análisis de un informe sobre la situación de los poderes judiciales en los países nucleados en la FLAM, la elección de autoridades para el período 2024-2026 y la institución del premio “Miguel Ángel Caminos” para promover los concursos sobre trabajos relacionados con la independencia judicial y asociativismo.

Entre los presentes estuvieron la presidenta de la FLAM, Adriana Orocú; su vicepresidente 1°, Marcelo Gallo Tagle; el presidente de la UIM, Duro Sessa; y su vicepresidente 1° y presidente del Grupo Iberoamericano, Walter Barone. También asistieron la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, Agustina Díaz Cordero; el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso, e integrantes del consejo directivo de dicha entidad.

El juez federal Ariel Lijo, el candidato del gobierno de Javier Milei para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia, cuenta con un trascendente historial por la naturaleza de las causas que investigó y ser uno de los "doce" de Comodoro Py que se han convertido en referentes del fuero.

Lijo nació el 19 de octubre de 1968 y se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ingresó a los tribunales como meritorio y se incorporó al equipo de trabajo de la fiscal María “Piru” Riva Aramayo. Cuando en 1993 Riva Aramayo pasó a la Cámara Federal, Lijo continuó trabajando bajo su órbita y llegó hasta el cargo de secretario de Cámara.

Fue designado a Comodoro Py en 2004 luego de ocupar el cargo de secretario de la Cámara Federal y rápidamente su nombre empezó a sonar en casos políticamente sensibles cuando tuvo a cargo la investigación por supuestas irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA, por la cual envió a juicio al ex presidente Carlos Menem, al ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y al ex juez Juan José Galeano.

Además, le tocó intervenir en las causas por violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar y llevó adelante los casos acaecidos en jurisdicción del Batallón 601 del Ejército, relacionados a desapariciones y aplicación de tormentos.

Otro caso polémico fue el asesinato del entonces secretario de la Confederación General del Trabajo (CGT) José Ignacio Rucci, el cual él investigó pese a considerar que no fue un caso de lesa humanidad.

Mientras investigaba esos expedientes sensibles, Lijo contrajo matrimonio con la fiscal federal de Quilmes Silvia Cavallo, hermana del camarista federal Gabriel Cavallo.

Posteriormente, le fueron tocando otros casos sensibles y fue el turno de investigarlo al entonces vicepresidente Amado Boudou, en pleno ejercicio del cargo, por el caso Ciccone Calcográfica, al considerar que aquel se interesó por la venta de la empresa. Boudou terminó yendo a juicio y preso por el caso.

Como desprendimiento, Lijo investigó también por un supuesto entramado previo al banquero Jorge Brito, al entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray y al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.

Lijo también investigó a exfuncionarios y empresarios por supuesto lavado de dinero por medio de aportes de campaña para el proceso electoral que consagró a Cristina Kirchner como presidenta de la Nación en 2007.

Lijo fue también objeto de críticas y denuncias muy fuertes por parte de la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió quien lo acusó de integrar una asociación ilícita junto a su hermano y el ex ministro de Planificación Julio De Vido para evitar el avance en determinadas causas por corrupción.

Pero mientras las balas picaban cerca, el magistrado logró blindarse tanto hacia afuera como para adentro gozando de la cercanía a su colega de años en los tribunales, la jueza María Servini; y también con un estrecho vínculo con el actual integrante de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, quien tuvo durante años la presidencia del cuerpo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un pedido de revocatoria contra su sentencia del 29 de febrero pasado en la que dejó sin efecto una resolución de la Cámara Nacional del Trabajo que ordenaba la capitalización sucesiva de intereses para el cómputo de una indemnización. Una sala de esa cámara ya receptó el nuevo criterio y dictó un primer fallo, donde el monto indemnizatorio se ajustó por CER, para preservar el valor del crédito laboral, sin que se produzca un "enriquecimiento ilícito".

En su sentencia del 29 de febrero, la Corte consideró que la aplicación del Acta 2764/2022 de la Cámara Nacional del Trabajo para el cómputo en una indemnización por despido no se encuentra prevista en la ley y provocó un incremento desproporcionado de la condena (del 7745,30%).

En el caso, la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó una condena por indemnizaciones laborales, elevó su monto y dispuso que al capital de la condena se le sumaran intereses calculados según los términos del Acta 2764/2022, invocando un supuesto sustento en el artículo 770 del Código Civil y Comercial.

La aplicación del Acta implicó imponer el pago de intereses calculados a tasas activas desde el momento de exigibilidad de los créditos laborales y, además, que esos intereses se capitalicen al momento de la notificación de la demanda y sigan capitalizándose sucesivamente en forma anual hasta la fecha de la liquidación de la condena.

El caso llegó a la Corte que, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, consideró arbitraria la sentencia de la Sala IX. Entendió que "aun cuando lo atinente a los intereses aplicables a los créditos laborales es una materia ubicada en el espacio de razonable discreción de los jueces de la causa, cabe apartarse de tal principio cuando la decisión cuestionada, amén de carecer de sustento legal, arriba a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica existente al momento del pronunciamiento".

En tal sentido, señaló que "la capitalización periódica y sucesiva ordenada con base en el acta 2764/2022 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo no encuentra sustento en las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación". El Máximo Tribunal recordó que el artículo 770 del Código Civil y Comercial establece una "regla clara" según la cual "no se deben intereses de los intereses". Asimismo, remarcó que dicho artículo establece excepciones taxativas y de interpretación restrictiva, que no se dan en el caso.

La Corte apuntó que "la decisión impugnada y el acta que la sustenta dejan de lado el principio general fijado por el legislador y crean una excepción que no está legalmente contemplada".

En la causa, dijo el Tribunal, la capitalización periódica y sucesiva de intereses derivó en un resultado económico desproporcionado y carente de respaldo, que representó un incremento del 7745,30% del capital de condena en el término de ocho años.

En razón de ello, la Corte sentenció que "el fallo recurrido no constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa", por lo que resulta arbitrario, y dejó sin efecto la sentencia de la Cámara.

Contra ese pronunciamiento, la parte actora planteó un pedido de aclaratoria, invocó la existencia de errores materiales y, en suma, pretendió la revocatoria de lo resuelto.

En su sentencia del 12 de marzo, la Corte, con la firma de sus cuatro ministros, recordó que "las decisiones de esta Corte no son, en principio, susceptibles de recurso alguno (…), sin que en el caso se configure algún supuesto estrictamente excepcional que justifique apartarse de tal doctrina" y desestimó el planteo.

Los principios que rigieron el dictado de la sentencia original en la causa Oliva ya fueron receptados días atrás por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Esta Sala resolvió aplicar el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) para el cálculo de los intereses de una indemnización por un accidente de trabajo y, de este modo, desoyó lo dispuesto en el Acta 2764.

En una sentencia dictada el 4 de marzo (Expediente Nº CNT 8056/2019/CA2), la Cámara entendió que la Corte, en la causa "Oliva", "al sostener que el Acta 2764 multiplicó 'de forma repetitiva el resultado de las tasas activas efectivas aplicadas', excediendo 'sin justificación cualquier parámetro de ponderación razonable', lo que hizo fue convocar a los magistrados a adoptar, en materia de accesorios, un criterio que, con el debido respaldo, combine la razonabilidad con la protección que debe garantizarse a los créditos laborales".

En esa línea, la Cámara agregó que "la premisa de partida es clara: es necesario encontrar un método de compensación, de los créditos de los trabajadores, que no lleve a que los reajustes representen un costo de tal magnitud, que exceda los valores del dinero en el mercado y derive en un posible enriquecimiento sin causa. A la par, es indispensable que ese método de compensación mantenga incólume el poder de compra -el 'valor'- del crédito laboral."

Los jueces Victor Pesino y María Dora González no dejaron de advertir "el alucinante incremento del costo de vida y, lo que es peor, del precio de los artículos de primera necesidad y de consumo diario" y señalar que "por una cuestión de política económica, se ha decidido 'congelar' la tasa de interés en un valor inferior a la inflación pasada y futura esperable". En ese contexto, afirmaron: "Si el Poder Ejecutivo Nacional ata sus deudas en pesos al 'CER' y el Banco Central de la República Argentina avala los depósitos a plazo fijo atados al 'CER', nada impide al Poder Judicial utilizar esta misma variable para penar la mora".

Para los jueces, "una tasa inferior implicaría licuar la deuda del acreedor, en la medida en que solo podría referirse a monedas cuyo valor permanezca incólume a través del tiempo, cosa que en nuestro país no ocurre". Y se añadió: "no aplicar el criterio esbozado, en las condiciones económicas actuales, resulta atentatorio contra un elemental derecho de propiedad, siendo deber de la justicia desalentar las prácticas evasivas y dilatorias que permitan financiarse a través del denominado 'dinero judicial barato'.

En tal sentido, resolvió que "la aplicación, a los créditos, del mecanismo del 'CER', guarda total y absoluta razonabilidad -en los términos exigidos, por la Corte en 'Oliva' y por la Constitución Nacional- en la medida que, indudablemente, su resultado no excede 'sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación' (art. 771, CC y CN)."

Así, la Cámara concluyó en utilizar, como interés moratorio, el índice "CER", publicado por el BCRA, desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmando al senador Luis Juez (PRO) como representante del Senado nacional en el Consejo de la Magistratura, operó como la clausura de una intensa disputa que se inició cuando el kirchnerismo dividió su bloque en el cuerpo parlamentario, para tener así tanto al representante de la mayoría como al de la primera minoría.

Pero más allá de la reivindicación de los reclamos del legislador cordobés, constituye una pieza central en la reconfiguración de la composición del organismo encargado de seleccionar postulantes a jueces federales, así como de removerlos: a partir de ahora, el kirchnerismo quedará en minoría y dejará de tener "poder de veto" para bloquear cualquier decisión con la que no estén de acuerdo. Esto en razón de que, además del cargo disputado y perdido, también dejará de tener el otorgado al representante del Poder Ejecutivo, que ahora quedará en manos de quien vaya a designar el presidente Javier Milei.

Una historia ajetreadaEl Consejo de la Magistratura es una creación de la reforma constitucional de 1994 y formó parte de las condiciones que impuso Raúl Alfonsín a Carlos Menem para habilitarle la reelección (junto con otras como la elección por voto popular de los senadores nacionales y la incorporación de un tercero por la oposición en cada provincia, y el estratégico "baloje" presidencial). Antes de su creación, los candidatos a jueces eran elegidos por el presidente de turno, y luego votados por el Senado. La nueva pauta implica la confección de una terna mediante concursos (como el que se desarrolló hace pocos días en la Universidad Nacional del Litoral para jueces laborales de Santa Fe), a la cual debe ceñirse el Ejecutivo para enviar los respectivos pliegos al Congreso.

La Carta Magna estableció el mandato de una representación proporcional entre los consejeros designados por diputados y senadores del oficialismo y la oposición, los jueces, los abogados y las universidades, más un representante del Poder Ejecutivo de turno. Pero no fijó los parámetros de esa proporcionalidad, y los dejó librados a una ley, que recién se sancionó a fines de 1997. Esa norma, la ley 24.937, fijó una composición de 20 consejeros, y la presidencia del titular de la Corte Suprema de Justicia.

En 2006, mediante la ley 26.080, impulsada por Cristina Fernández de Kirchner como senadora y con la resistencia de todo el arco opositor, se modificó la composición del Consejo y se redujo su número de miembros de 20 a 13. Los jueces pasaron de 4 a 3, los legisladores de 8 a 6, los representantes de los abogados de 4 a 2 y se mantuvo en una plaza el Ejecutivo y el ámbito académico. El resultado fue aumentar el peso del sector político en el organismo, y dentro de él, el del oficialismo, que de esta manera quedó con número suficiente para tener "poder de veto".

En 2013 el kircherismo quiso ir aún más allá e impulsó una nueva reforma, para que los miembros del Consejo (jueces incluidos) sean elegidos por voto popular. Esa modificación fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia y nunca llegó a aplicarse.

Vuelta a los orígenesMientras tanto, se canalizaron trámites contra la reforma de 2006, iniciados por distintos actores e instituciones. A fines de 2021, la Corte Suprema de Justicia sacudió el tablero político e institucional y sentenció que aquella reforma, que sí había entrado en vigencia y reconfigurado la composición del Consejo, había sido inconstitucional. Y otorgó al Congreso un plazo de seis meses para que dicte una nueva ley, que respete la proporcionalidad exigida por la Constitución. Si eso no ocurría, se volvía a la composición original, recuperando la vigencia de la ley de 1997. No ocurrió, de modo que la Magistratura volvió al plantel de veinte consejeros presididos por el titular de la Corte, para el caso Horacio Rosatti. O debería haber vuelto, ya que una nueva ronda de pujas políticas judicializadas determinó que hasta principios de diciembre de este año una de las bancas del Senado, la que ahora ocupará Luis Juez, permaneciese vacía.

En noviembre de 2022, la Corte había aceptado hacer lugar a la acción de amparo iniciada por los senadores del PRO Luis Juez y Humberto Schiavoni contra la decisión del Senado nacional de, después de una división del bloque oficialista, proponer como representante de la segunda minoría a Martín Doñate; además de a Mariano Recalde por la mayoría. Con los votos de Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, el fallo declaró la nulidad del decreto parlamentario 33/22 que establecía esa designación y habló de una "artimaña". Mientras el tribunal comenzaba a analizar la cuestión de fondo, a principios de este año su fallo referido a la composición del Consejo de la Magistratura fue incluido en el temario del proceso de juicio político que el gobierno de Alberto Fernández le inició a principios de 2023, como reacción a otro pronunciamiento, el referido a la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. El trámite de juicio político llevó todo el año en medio de escándalos, y terminó con dictamen favorable, obtenido tras reemplazar "de apuro" a seis diputados del oficialismo que no estaban dispuestos a suscribirlo. Y con un pedido de procesamiento contra uno de sus principales impulsores, Rodolfo Tailhade, por supuestos vínculos con maniobras de espionaje ilegal. Para llevar adelante el proceso de destitución contra los magistrados, ese dictamen requiere ser aprobado por el plenario de la Cámara de Diputados, cosa que no sería posible con la composición del cuerpo, ni está en el ánimo del nuevo gobierno.

Cambiando el tableroLa Corte Suprema resolvió el 7 de diciembre que el senador de Juntos por el Cambio Luis Juez sea el integrante número 20 del Consejo de la Magistratura, y así lo ordenó al Senado; aunque paradójicamente esa orden ya no deberá ser cumplida por Cristina Fernández, sino por Victoria Villarruel.

Esto por entender que la división del bloque oficialista "no había obedecido a fines genuinos, sino al objetivo de una fuerza política de constituir de modo ficticio, a través de una artimaña o artificio, un bloque como segunda minoría con el fin de ocupar en el Consejo de la Magistratura un lugar que no le correspondía, desplazando de modo ilegítimo al bloque que reunía dicha condición", sostiene el fallo firmado por Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda.

Juez tendrá un mandato por cuatro años, pero en otra paradoja, la manera en que resulte la nueva composición de los bloques del Senado podría llevar a discutir si la banca le sigue correspondiendo, o puede ser reclamada por otra fuerza o alianza política.

En tanto, en el Poder Judicial confían en que el "desbloqueo" producido permitirá acelerar designaciones y cobertura de vacantes, uno de los reclamos que llevó la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales a la reunión con Rosatti y Ricardo Lorenzetti del pasado miércoles 6. Es el 28 por ciento de los cargos de magistrados en todo el país, según el último relevamiento del Consejo de la Magistratura. Rosatti y Agustina Díaz Cordero (vicepresidente del organismo) explicaron que el Consejo trabaja en un proyecto para hacer concursos de jueces anticipados. Y que el compromiso es aprobarlo antes de fin de año.

Composición

El fallo de la Corte Suprema de Justicia que estableció al senador Luis Juez como consejero de la Magistratura le devolvió al cuerpo su conformación original de 20 integrantes: el presidente de la Corte y del Consejo, Horacio Rosatti, cuatro jueces (dos de la lista Bordó, uno de Compromiso Judicial y uno de la Lista Celeste), ocho legisladores (cuatro senadores, entre ellos dos peronistas, un radical y uno de Pro) y cuatro diputados (dos peronistas, un radical y uno de Pro), cuatro abogados (una de Pro, un radical, un peronista y uno cercano al ex consejero Diego Molea), dos académicos y un representante del gobierno de Milei.

Los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti respondieron por separado a la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados sobre los cargos provisorios por mal desempeño de sus funciones de los que fueron notificados hace tres semanas, y para los que tenían plazo de contestar por escrito hasta este jueves, o la posibilidad de hacerlo en forma presencial el próximo martes, cuando se volverá a reunir la comisión.

En los escritos presentados, los jueces rechazaron las acusaciones por mal desempeño, cuestionaron el procedimiento llevado adelante por la comisión y advirtieron sobre "la independencia judicial". También por separado, respondieron a cada uno de los cargos por los cuales se les inició la investigación preliminar en la comisión que preside la oficialista Carolina Gaillard.

Entre otras cuestiones, Rosenkrantz expuso que "las denuncias por mal desempeño efectuadas en mi contra y los cargos provisorios que me formula la Comisión de Juicio Político en la documentación anexada al oficio se sustentan, en su mayoría, en hechos vinculados con la tramitación de ciertas causas judiciales, que son tergiversados por una interpretación caprichosa y arbitraria".

"Lo cierto es que, una vez neutralizado el capricho y la arbitrariedad en la interpretación de los hechos, la única explicación plausible de la existencia de este juicio político es la disconformidad con algunas sentencias adoptadas por el tribunal que integro o con mis votos en solitario. Y aunque no lo expresen de esa forma, es evidente que tanto los denunciantes como los diputados que han votado la formulación de los cargos pretenden en forma velada una revisión del juicio realizado en cada una de las causas judiciales en las que fueron dictadas las resoluciones objetadas -algunas de las cuales se encuentran actualmente en trámite-, y una demonización de mis votos", expresó en el texto.

Por su parte, Rosatti consideró que "durante el trámite de investigación se cometieron irregularidades procesales que afectan seriamente la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitucional Nacional). Más allá de la naturaleza política de estos procesos, dichas garantías resultan plenamente aplicables, como surge de la clásica y consolidada jurisprudencia de esta Corte".

"La gravedad de dichas irregularidades vicia la validez y eficacia del proceso, lo que será planteado -de ser necesario- por la vía y en la oportunidad que corresponda. A tal fin hago reserva de interponer todas las acciones y recursos legales, constitucionales y convencionales que me asistan, incluido el previsto en el artículo 14 de la ley 48", indicó el presidente de la Corte Suprema.

Tras la convocatoria para el martes 7, la intención del oficialismo es dictaminar en otra reunión posterior, que deberá realizarse antes del 20 de noviembre, ya que ese es el último día previsto para dictaminar.

Según el artículo 106 del reglamento de la Cámara de Diputados, se establece que las comisiones "sólo podrán dictaminar sobre los asuntos sometidos a su estudio hasta el 20 de noviembre de cada año, salvo resolución de la Cámara tomada por las dos terceras partes de los votos emitidos".

El oficialismo de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados avanzó con la formulación de cargos contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por las causales de los fallos del 2x1 en favor de represores, de la reforma del Consejo de la Magistratura y de coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires, tras considerar que concluyó la etapa de investigación por mal desempeño contra los magistrados.

Con su mayoría de 16 miembros (sobre 31 integrantes de la comisión), el Frente de Todos aprobó el informe y decidió dar traslado a los jueces Horacio Rosatti (presidente de la Corte), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti para que tengan la posibilidad de hacer su descargo, si así lo decidieran.

Los magistrados tendrán la posibilidad de hacer sus descargos por escrito, o de presentarse el martes 7 de noviembre para efectuarlos en persona, en tanto que desde la bancada del Frente de Todos anticiparon que la idea es dictaminar entre el 13 y el 17 de noviembre, fecha límite ante el final del período de sesiones ordinarias, que opera el 30.

Al momento de justificar los cargos, el informe del Frente de Todos dice que "la Corte no cumple su rol constitucional actuando como si fuera un constante contradictor de las decisiones del Congreso o del Poder Ejecutivo, esto es, de las autoridades electas de modo directo por el pueblo".

💬| @CaroGaillard: “Los cargos que se le imputan al Dr. Rosatti en la causa Beneficios a genocidas, más conocida como 2x1, resultan afirmativos. Con esto damos por terminada la reunión y se dará traslado a cada uno de los jueces de los cargos formulados”.#40AñosDemocraciaSiempre

"Tampoco cuando se constituye en una suerte de tercera cámara legislativa, derogando con efecto general las leyes que no le agradan o dictando las que las reemplacen, como ocurrió en el caso de la ley del Consejo de la Magistratura", asegura.

En torno a la coparticipación, los diputados oficialistas advirtieron que se trató de "una resolución arbitraria e irregular en virtud de que contiene graves vicios jurídicos y en los que se advierte o se puede presumir, además, un claro desvío de poder por parte de los jueces a raíz de la vulneración del principio de independencia e imparcialidad en el que incurren los supremos".

Sostuvieron que esa situación "revelaría la clara intención de favorecer o perjudicar a una de las partes del proceso haciendo una interpretación y aplicación manifiestamente arbitraria del derecho vigente" y advirtieron sobre una "connivencia entre algunos jueces integrantes de la Corte Suprema de justicia con la fuerza política que administra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

Sobre el fallo que benefició a militares genocidas, los diputados hicieron referencia a los principios jurídicos defendidos en el voto del juez Rosenkrantz en el caso "Muiña", al sostener que "resultan abiertamente contrarios a los lineamientos y exigencias fundamentales del derecho internacional y del derecho constitucional argentino sobre la sanción efectiva y adecuada contra los crímenes de lesa humanidad".

"Se postula que este magistrado ha incurrido así en un inaceptable mal desempeño de sus funciones", afirmaron los diputados.

En torno al Consejo de la Magistratura, los legisladores advirtieron que "Rosatti se erigió en Presidente del Consejo, cuando elementales reglas éticas se lo impedían" y consideraron que "dado el contenido de la decisión que iba a adoptar la Corte, Rosatti debió excusarse de tomar parte de una resolución que, obviamente, lo involucraba de manera directa".

Asimismo, afirmaron que los integrantes del máximo tribunal "se arrogaron, con arbitrariedad manifiesta, la administración del Poder Judicial y la selección y control disciplinario de jueces y juezas de instancias inferiores".

Los cargos votados se suman al que hace un par de meses se había avalado contra Maqueda por manejo supuestamente irregular de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

En el caso de Maqueda y la obra social, el ministro de la Corte, si bien había sido citado, no respondió ni hizo uso de la posibilidad de descargo.

Agenda de pendientes

Entre las cuestiones a resolver se encuentra el pedido de juicio político presentado años atrás por la extitular de la Coalición Cívica Elisa Carrió contra el juez Lorenzetti por abuso de poder, ya que el bloque de la CC pidió una prórroga de tiempo para ampliar las causales y la lista de testigos.

De todos modos, Carrió realizó distintas presentaciones de juicio político contra Lorenzetti durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y también en la presidencia de Mauricio Macri. Sin embargo, ninguna de esas iniciativas prosperaron en el Congreso.

Hasta ahora, y en las más de 23 reuniones que se desarrollaron, la Comisión analizó la mayoría de los expedientes sobre los pedidos de juicio político contra la Corte, con lo cual quedaría en condiciones de pasar a la firma del dictamen de acusación, que luego deberá ser aprobado en el recinto con dos tercios de los presentes.

El proceso se inició el 26 de enero pasado a partir de una decisión del oficialismo que luego se plasmó puntualmente en un pedido impulsado por el propio presidente Alberto Fernández junto a un grupo de funcionarios, gobernadores y legisladores del FdT, al considerar que existen "sobrados elementos como para avanzar" en ese proceso.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, dejó en claro que la adopción del dólar en reemplazo de la moneda nacional, propuesta formulada por el candidato presidencial Javier Milei, es “inconstititucional”.

La postura del magistrado se apoya en la letra de la Constitución Nacional, tal como quedó redactada en 1994, y ya constaba en su Tratado de Derecho Constitucional. Ahora lo expresó de manera categórica en una entrevista publicada por el periódico español El País, realizada por el periodista Martín Sivak.

En su tratado, Rosatti había abordado la cuestión “Inconstitucionalidad de la adopción de una moneda extranjera como moneda nacional. ¿Podría el Estado argentino adoptar comopropia moneda nacional una moneda extranjera? Constitucionalmente, esta posibilidad está vedada por los siguientes motivos: porque se trataría de una moneda que no podría emitir el Estado nacional… y porque se trataría de una moneda cuyo valor no podría ser fijado por el Estado Nacional”.

Ahora, el jurista santafesino trajo a colación que “yo estuve en la comisión de redacción de la reforma Constitucional del ‘94 y es una cláusula que incorporamos ahí. ¿Qué dice la cláusula? Impone al Congreso defender el valor de la moneda. O sea, claramente, tenemos que tener una moneda. Esto no significa que no pueda haber otras, pero una moneda hay que tener”.

Emitir a Julia Roberts

A los fines de ilustrar el concepto, Rosatti (en su doble condición de docente universitario y ferviente cinéfilo), utilizó una llamativa analogía: “Cuando veo este tema en Derecho constitucional, siempre digo a mis alumnos: una cosa es que a mí me guste Julia Roberts y otra cosa es que yo le guste a Julia Roberts. Las monedas tienen un respaldo en la economía de cada país. Yo no la puedo emitir a Julia Roberts. Yo puedo emitir a Horacio Rosatti. ¿Y cómo voy a hacer? Tengo que defender el valor de mi moneda. Ahora, si en la defensa del valor de la moneda la estrategia es vincularla a otra, es hacer una moneda flotante, es tener una canasta de monedas, ya son decisiones políticas. En las decisiones políticas la Justicia no podría intervenir. Sí podría intervenir si dicen ‘acá no hay moneda’ ”.

Para que no queden dudas, puntualizó que la moneda de un país es “la emite: puede ser peso opatacón o lo que sea. Si una dolarización elimina la moneda argentina es inconstitucional. Si abandono una moneda y me voy enteramente a la otra es un camino que, para mí, es inconstitucional”.

Al ser consultado específicamente sobre la propuesta de Javier Milei, si bien en rigor el libertario ahora la distribuye entre distintas alternativas o modalidades posibles, Rosatti advirtió que, en cualquier caso, “todos los candidatos deberían leer la Constitución. Esto es la letra de la Constitución, no es mi interpretación rebuscada, retorcida. Insisto, puede haber mil implementaciones de economistas sobre el tema. Hay que tener una moneda que se emitaen la Argentina. Yo no puedo regular el valor de la moneda de otro país. Esa fantasía hay que terminarla. Se ha planteado un debate así, maniqueo, al estilo argentino, el todo o nada. Dolarización sí, dolarización, no. Hablo de la Constitución, hablo de lo que ya escribí,hablo de los fallos que ya firmé sobre este tema. “Yo por dolarización puedo entender, por lo que estoy percibiendo, dos cosas. Una es en sentido estricto la dolarización. Me paso de una moneda a la otra. Yo no puedo defender la moneda de Estados Unidos, está claro eso, porque no tengo los resortes, porque no puedo emitir, porque no puedo regular la base monetaria. Hay cosas que sí se pueden y ya se han hecho. Ligar el valor de una moneda, la propia, a una moneda extranjera, o a un conjunto de monedas”, añadió.El presidente de la Corte admitió que ese concepto podría aplicarse, por ejemplo, a lo que fue en su momento la ley de Convertibilidad. En un caso como ese, “Argentina dice ‘uno a uno el peso con eldólar’, no es que Estados Unidos diga ‘un dólar vale un peso argentino’. Entonces me parece que cuando se habla de esto, y esto con todo el respeto hacia la política y hacia los economistas, pero esto es la Constitución y la Constitución nos rige a todos, al economista, al político, al juez. Cuando uno dice dolarización me parece que habría que ser un poco más preciso y decir ‘¿qué querés decir con esto?’”.

Emisión “incontrolada”

Rosatti se refirió también a su alocución en un evento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, fuertemente criticada desde el gobierno, donde habló de la emisión indiscriminada y su carácter inconstitucional. “Si yo voy a defender el valor de la moneda, una forma de despreciarla es la emisión incontrolada. ¿Qué es incontrolada? Lo verán los técnicos en función de las necesidades, de la base económica, de las reservas, de lo que sea. La economía se guía mucho por la psicología, las expectativas, y a veces puedo no tener todo el dólar, las divisas en el Banco Central, pero si tengo expectativas me alcanza igual. Y a veces puedo tener todo y no me alcanza porque las expectativas no dan. Claramente, una emisión incontrolada no defiende el mandato constitucional de defender el valor de la moneda”, explicó.

Unos 986 niños, niñas y adolescentes tuvieron causas penales iniciadas en la Justicia Nacional de Menores durante el primer semestre de este año, lo que significó un aumento del 21 por ciento en comparación con el mismo período de 2022, según datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). De acuerdo al informe conocido este lunes de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD), dependiente de la CSJN; el 92,6 por ciento de los menores involucrados fueron varones.

En total, se iniciaron 1109 causas penales en esta jurisdicción, lo que implicó un 19,5 por ciento más que en 2022; y, a su vez, estos expedientes involucraron a 986 niños, niñas y adolescentes, cuando en el primer semestre del año pasado hubo 816 (un 21 por ciento menos).

Fuente: BGD

Siempre según estos datos, el 84 por ciento de los delitos que derivaron en esas causas fueron "contra la propiedad", al tiempo que 60 de los menores involucrados recibieron una "medida de privación de libertad".

La BGD fue creada en el año 2004 mediante una resolución la CSJN y su titular responsable es la prosecretaria letrada Claudia Romano Duffau.

Esta dependencia coordina el funcionamiento del sistema informático BGD que permite a juezas y jueces de diferentes jurisdicciones registrar, compartir y conocer de manera inmediata, segura y sencilla, la información sobre niños, niñas y adolescentes involucrados en causas judiciales.

Y su último informe refleja la cantidad de niños, niñas y adolescentes con causas penales y/o medidas de privación de la libertad o alojamiento en instituciones, iniciadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023, en la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Los datos revelaron que del total de 986 chicos con causas judiciales, 113 (el 13,3 por ciento) fueron elevados a juicio ante un Tribunal Oral de Menores.

A su vez, 597 (60,5 por ciento)chicos registraron en 2023 su primera causa ante la Justicia Nacional de Menores.

Mientras que del total de involucrados, el 58,3 por ciento residía en la provincia de Buenos Aires y el 41,3 por ciento en CABA.

En cuanto a los tipos de delitos, más allá de los cometidos contra la propiedad, hubo 16 causas iniciadas por hechos "contra las personas": el 50 por ciento por "lesiones leves" y el 31 por ciento por "homicidios".

Y al analizar este último tipo de hecho, hubo cinco casos, dos en grado de tentativa y tres consumados; al tiempo que participaron de ellos siete chicos, cuatro en los hechos consumados.