Ivana Fux - Luis Rodrigo

La Corte Suprema de Justicia tiene previsto concurrir, en pleno, a una reunión de trabajo y debate de las comisiones que presiden el radical Martín Rosúa (Seguridad Pública) y la socialista Lionella Cattalini (Asuntos Constitucionales y Legislación General) de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

El presidente de la cabeza del Poder Judicial de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, estará acompañado por los ministros Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, Jorge Baclini, Margarita Zabalza, Rubén Weder y Diego Maciel.

En la jornada, además, se ha previsto también la visita de autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que enviará a representantes de la fiscal general María Cecilia Vranicich que ya ha adelantado su imposibilidad de asistir y al Ministerio Público de la Defensa, con la presencia confirmada de su defensora general, Estrella Moreno Robinson.

Las autoridades de la Justicia y de los órganos acusadores fueron invitados por Diputados para debatir sobre el alcance, contenido y objetivos de numerosos proyectos de ley del Poder Ejecutivo Provincial que discute la Legislatura en materia penal y de seguridad.

La Corte decidió este miércoles por la mañana asistir lo que es interpretado como un cambio respecto de otros episodios similares. Hasta el momento, en la Corte ha primado el criterio de no opinar sobre temas que luego pueden llegar a dictamen del máximo tribunal, por ejemplo, por la constitucionalidad o de los artículos.

Ciertamente, este parece el caso por la densidad de las modificaciones propuestas en cuanto a derechos, garantías y límites en el proceso penal santafesino.

La cita a la Corte fue cursada para las 13.30 y la respuesta institucional será elaborada en el Acuerdo semanal que se realizará este mismo miércoles en horas de la mañana.

Más allá de actos protocolares o bien institucionales como la apertura de Sesiones Ordinarias, la última vez que todos los miembros de la Corte fueron a Legislatura fue para presentar postura sobre los temas que sobre la justicia debía debatir la Convención Reformadora. Luego, a pedido del Senado hubo una reunión pero en Tribunales por el tema de Aseguradoras del Riesgo del Trabajo.

Tal como informara recientemente El Litoral “el interbloque de Unidos propuso que se haga un tratamiento conjunto del mensaje sobre las herramientas entre las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General".

"En la última sesión, se votó que también sea traten en ambos comisiones otros del mensajes del Ejecutivo: en de intervención en mercados ilícitos de celulares y otro para crear dentro del sistema de la Defensa Pública unidades especiales, para, por ejemplo, defender a efectivos de las fuerzas de seguridad.. Estos dos últimos proyectos ya tienen el aval del Senado”.

La Corte Suprema dispuso una medida cautelar interina que restablece las restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La decisión suspende los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el presidente Javier Milei había derogado la ley 26.737.

El fallo fue firmado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia y cuestionó los fundamentos de la intervención.

La medida tiene carácter provisorio: permanecerá vigente hasta que el juzgado federal de Bariloche examine la legitimación de quienes promovieron la acción y resuelva su pedido de cautelar. La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del decreto ni resolvió definitivamente el reclamo.

La resolución responde a una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes habían solicitado una aclaración sobre el alcance de la sentencia dictada la semana pasada.

En aquella oportunidad, la Corte revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. El tribunal consideró que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), impulsor de esa causa, carecía de legitimación para promoverla.

Las organizaciones y comunidades sostuvieron que su acción colectiva se apoya en derechos distintos de los invocados por el CECIM. Mientras los excombatientes habían fundado su reclamo en la defensa de la soberanía territorial, esta presentación plantea la protección del ambiente y los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales.

La Corte decidió devolver el expediente al juzgado de Bariloche, donde se inició el reclamo, y suspender mientras tanto la aplicación del artículo que eliminó las restricciones.

La incorporación de Barroetaveña y Pérez Curci permitió reunir los votos necesarios para dictar sentencia. Ambos camaristas fueron convocados por sorteo ante las diferencias entre los tres integrantes del máximo tribunal.

Para acelerar el tratamiento, la Corte redujo de 72 a 24 horas el plazo para recusar a los conjueces, habilitó días y horas inhábiles y convocó a un acuerdo extraordinario este viernes.

La mayoría sostuvo que el nuevo pronunciamiento no modifica el criterio aplicado en la causa del CECIM, porque responde a demandantes que invocan fundamentos diferentes. En la práctica, sin embargo, la cautelar vuelve a hacer operativas las restricciones que habían quedado sin protección tras la sentencia anterior.

El fallo llega mientras sectores de la oposición impulsan una sesión especial en Diputados para derogar el DNU 70/2023 completo, prevista para el jueves de la próxima semana.

Esa ofensiva parlamentaria tomó impulso después de la primera resolución de la Corte. La restitución provisoria de los límites modifica el escenario de la discusión, aunque no resuelve la controversia sobre la validez del decreto presidencial.

En su disidencia, Rosenkrantz rechazó que una referencia general a la protección ambiental fuera suficiente para justificar la cautelar. También sostuvo que las críticas generadas por el fallo anterior no habilitaban al tribunal a adoptar una decisión sin respaldo en la Constitución y las leyes.

El magistrado advirtió sobre las consecuencias institucionales de ese proceder: “Un proceder así solamente debilitará la confiabilidad del Poder Judicial de la Nación”. 

La Corte Suprema de Justicia ordenó a Facebook e Instagram brindar los datos necesarios para identificar a los titulares de una serie de cuentas anónimas que llevaron adelante un “escrache público virtual” contra un estudiante universitario con militancia social al que se acusó de ser un “abusador, manipulador psicológico y machista”.

En el pronunciamiento, que dejó sin efecto un fallo de Cámara en sentido contrario, dejó sentada jurisprudencia sobre los límites de la libertad de expresión, el derecho a la intimidad y el honor y el derecho de defensa en juicio y debido proceso, junto al alcance del rol de las personas públicas y las redes sociales.

A lo largo de más de medio centenar de páginas, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti (cada uno por su voto) resaltaron que aquí se le otorgó erróneamente al estudiante un rol de persona pública solo por tener un papel activo en la comunidad cuando, en rigor, se trataba de un ciudadano común.

La Corte reconoció que la violencia de género es una cuestión de interés público y que el Estado debe prevenirla, investigarla y erradicarla, pero sostuvo que ello no habilita cualquier forma de difusión ni deja sin protección el honor, la intimidad y el derecho de defensa.

La sentencia aclaró que no correspondía definir la verdad o falsedad de las acusaciones, sino analizar la modalidad de publicación, la difusión de detalles de una relación sentimental y sexual y la imposibilidad del estudiante de conocer a sus acusadores para responder o demandarlos.

F.C, un estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, fue a la Justicia para reclamar que se suprimieran las URL efectuadas desde la cuenta “Comisión de Género de la FaHCE” en Facebook y en Instagram donde se lo acusaba, con su fotografía, de “abusador, manipulador psicológico y machista”.

En la misma publicación se le atribuía una relación sentimental con una mujer integrante de esa agrupación, que no fue identificada, dando detalles de ese vínculo denunciado.

En su demanda, el joven afirmó ser un estudiante con “desempeño académico destacado y buen trato social” que participaba en “agrupaciones colectivas como militante social” defendiendo reclamos por la lucha del aborto legal, contra la violencia de género y los femicidios.

Y señaló que, a raíz de esa publicación que incluyó la aparición de afiches en la facultad, sufrió “exclusión social, destrato y distanciamiento”, situación que impactó en su práctica docente.

Planteó que, como no era funcionario ni persona pública, esas publicaciones no podían ser consideradas de interés, por lo que debían darse de baja los enlaces y se debía identificar a sus autores. El fallo de la Corte expuso con textualidad el tenor de las acusaciones en su contra.

En primera instancia se había hecho lugar a la demanda, pero la Sala III de la Cámara Federal de La Plata revocó esa decisión: afirmó que la publicación era de interés público, aludió que tanto el denunciante como la comisión de género también lo eran y señaló que el texto era una denuncia política y no una descalificación, por lo que estaban amparados en la libertad de expresión.

Apelada la sentencia, los apoderados de las empresas dijeron que el caso se había tornado inoficioso porque ya no aparecían las publicaciones. Pero -consultado el Procurador General-, la Corte Suprema decidió analizar el reclamo y revocar la sentencia con profusos argumentos.

En su voto, Rosatti subrayó que “las redes sociales, por su alcance masivo y la posibilidad del anonimato, se ofrecen como un escenario ideal para multiplicar exponencialmente el daño potencial que, en su caso, podría derivarse de la sola manifestación de quien la emite” e impiden al apuntado defenderse, máxime si esa acusación no se traduce en una denuncia administrativa o judicial.

“La modalidad utilizada en el texto (de ese escrache), combinada con la gravedad de las conductas que se denuncian, colocan al actor en una inaceptable situación de indefensión de sus derechos”, consideró.

Y se preguntó: “¿Qué entidad tiene la institución denunciante, que no es reconocida por la Universidad a la que dice pertenecer? ¿Quiénes son sus autoridades, o sus integrantes, pues se trataría de estudiantes autoconvocados no identificados en la prueba documental? ¿Ante quienes ejercer el derecho de defensa, negando o aclarando hechos condenables que siguen publicados?”.

Para el magistrado, “la ausencia de datos mínimos verificables que permitan al individuo que se encuentra implicado en la denuncia ejercer su derecho de defensa, vulnera el debido proceso en sentido amplio y expone al acusado a un riesgo cierto de daño irreparable a sus derechos personalísimos (honor e intimidad)”.

Y sostuvo que ello “no puede hallar amparo razonable en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión o en el cumplimiento de las obligaciones estatales asumidas para la prevención y erradicación de la violencia de género. Por tal motivo, corresponde admitir el reclamo y disponer la eliminación de la publicación”.

Por su parte, Rosenkrantz hizo hincapié en que tampoco había una justificación para enmarcar el texto denunciado en los compromisos asumidos por el Estado Nacional para erradicar la violencia de género. Según planteó, la Cámara “concibió al discurso de género como de interés público y, por ello, suficiente para limitar los derechos personalísimos de quienes pudieran sentirse afectados por él”.

“La importancia que cabe asignar al discurso sobre cuestiones de violencia contra las mujeres -o a cualquier otro discurso que tenga trascendencia social, política o institucional- no es una razón válida para aplicar de un modo diferente las pautas que esta Corte ha establecido invariablemente en numerosos fallos para decidir sobre la referida tensión de derechos constitucionales”, aseguró.

También enfatizó que “la protección constitucional de la intimidad implica que toda persona, por su condición de tal, tiene el derecho de preservar una esfera de reserva en el ámbito de su propia autonomía personal y no es admisible que el interés que la comunidad pudiera tener en ciertas informaciones justifique todo tipo de invasión en dicha esfera”.

A su turno, Lorenzetti apuntó que “la sentencia apelada entiende que el actor es una persona pública porque se presentó como ‘militante social’, y por esa razón no resulta aplicable la protección reforzada propia de un ciudadano común”.

“Este criterio, que, si bien pudo haber sido admisible en otros tiempos, no lo es en el siglo XXI, en el que todas las personas, quieran o no, tienen sus vidas expuestas de modo público en las redes sociales. Las costumbres sociales se han inclinado hacia la publicación de todo lo que se hace día a día en el mundo digital, pero no por esa razón se trata de personas ‘públicas’”, señaló.

“En consecuencia, la circunstancia de que una persona tenga presencia en redes sociales o participe en actividades de interés colectivo no permite concluir que haya renunciado a la protección de su privacidad. Interpretar lo contrario llevaría a considerar que la mayoría de las personas no gozarían de la protección que el derecho concede a la privacidad”, añadió.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Baclini, destacó la importancia de avanzar con la construcción de un nuevo edificio judicial para Venado Tuerto, durante la audiencia pública realizada este jueves en la Sala 2 (José Pedroni) del Centro Cultural Municipal.

La convocatoria tuvo como objetivo presentar el proyecto para la futura sede del fuero privado, cuya posible ubicación se analiza en terrenos municipales ubicados en el sector de Sáenz Peña y República de Irlanda, cerca de la fábrica Corven.

Durante su exposición, Baclini explicó que la decisión de impulsar una nueva infraestructura responde a una necesidad concreta: la actual distribución de los organismos judiciales en Venado Tuerto presenta una marcada dispersión y varios edificios no cuentan con las condiciones adecuadas para el funcionamiento cotidiano.

“En Venado Tuerto hemos observado que hay una dispersión de los espacios judiciales: los juzgados de distrito, los juzgados de familia, los juzgados laborales, la Cámara y el juzgado de circuito funcionan en distintos lugares”, señaló.

Además, recordó que mientras avanza la construcción del Centro de Justicia Penal en el edificio del viejo hospital, todavía estaba pendiente una solución integral para el resto del sistema judicial.

Baclini detalló que algunos organismos funcionan actualmente en inmuebles que no reúnen las condiciones necesarias para brindar un servicio adecuado.

Como ejemplo, mencionó la situación de los juzgados laborales, donde se proyectan cambios debido al crecimiento de la actividad y la necesidad de contar con salas de audiencia más amplias.

También hizo referencia al edificio donde funcionan juzgados de distrito, familia, defensoría y fiscalía, al señalar que presenta limitaciones estructurales.

“Más allá de que ahora podamos haber dado una lavada de cara, no es suficiente el edificio en la forma que está estructurada. Tampoco tenemos salas de audiencia; estamos provisoriamente construyendo salas en la cochera para poder salir del paso”, explicó.

Según indicó, el nuevo edificio permitiría ordenar el funcionamiento judicial, incorporar espacios adecuados para audiencias y prever futuras ampliaciones ante posibles modificaciones en la estructura del Poder Judicial.

El ministro de la Corte explicó que el modelo proyectado toma como referencia construcciones recientes realizadas por el Poder Judicial santafesino, como el edificio de Casilda.

“Siempre que uno ve los edificios nuevos dice: pasamos al primer mundo. Realmente nos parece muy importante que se empiece a trabajar en condiciones diferentes”, afirmó.

La nueva sede contemplaría salas de audiencia, oficinas, espacios para el Colegio de Abogados, depósitos, sectores de servicios y una infraestructura tecnológica preparada para las necesidades actuales.

Además, Baclini remarcó la importancia de contar con estacionamiento propio, una cuestión que consideró necesaria para mejorar el funcionamiento diario.

“Siempre decimos que el juez es un recurso caro que no podemos estar dándonos lugar a que pierda tiempo buscando un espacio para estacionar. Tenemos que dar solución”, expresó.

Respecto a los tiempos de obra, Baclini explicó que este tipo de construcciones requiere un proceso prolongado.

“Las obras estas se ejecutan entre dos años y medio y tres años y medio, siempre que no haya alguna situación imponderable en el medio”, señaló.

El proyecto contempla una infraestructura con capacidad para acompañar el crecimiento futuro del sistema judicial y evitar que la ciudad vuelva a quedar limitada por falta de espacios.

La audiencia pública contó con la participación de autoridades judiciales, provinciales y municipales, entre ellas el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico; el presidente del Concejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini; la senadora provincial, Leticia Di Gregorio; los secretarios de Gobierno municipal, Mariano De Mattia y de Obras y Servicios Públicos, Guillermo Kovacevich; el subseretario de Movilidad, Eugenio Bernabei; y representantes de distintos sectores vinculados a la actividad judicial.

La propuesta forma parte de una planificación más amplia para dotar a Venado Tuerto de infraestructura acorde al crecimiento de la ciudad y de toda la circunscripción judicial.

Para Baclini, la concreción del proyecto permitiría dejar una sede moderna que acompañe las necesidades actuales y futuras: “Lo que tenemos fundamentalmente como interés es dejar en la ciudad y en toda la circunscripción un edificio que reúna las condiciones edilicias para poder desarrollar con la mayor comodidad posible toda la tarea del foro privado”.

El encuentro también permitió un diálogo entre los presentes y los funcionarios del Poder Ejecutivo y Judicial, donde se plantearon diferentes interrogantes; se expusieron algunos reparos, sobre todo por la ubicación donde se busca instalar el Tribunal; y hasta se exhibieron otras alternativas para encontrar el predio adecuado para el traslado de estos Juzgado. 

Como conclusión, el propio ministro Enrico invitó a la creación de una mesa de trabajo para continuar el análisis que estaría integrada por representantes del ámbito judicial, concejales, funcionarios municipales y referentes de colegios profesionales.  

El flamante ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Diego Maciel, reivindicó la voluntad ciudadana en la construcción de consensos mayoritarios para la sanción de las leyes, y cifró la tarea judicial en el respeto de esos parámetros, en tanto circulen por el carril constitucional.

Lo hizo en su breve discurso de asunción, al momento de ocupar el sitio que hasta esta semana correspondía a Eduardo Spuler, y ante autoridades de la provincia; entre las cuales destacó especialmente al ex vicegobernador Carlos Fascendini y al actual presidente pro témpore del Senado, Felipe Michlig, a cuyas órdenes se desempeñó en la Legislatura y de quienes “aprendí todo lo que pude”.

Ante un auditorio colmado de funcionarios provinciales y municipales, legisladores, jueces y representantes del mundo académico y la sociedad civil, Maciel comenzó con una fuerte reinvindicación de su origen como abogado litigante, y también de su compromiso de trabajar “todos los días por una Justicia más rápida, más previsible y más cercana a la gente”.

“Nací y crecí en Esperanza. Estudié en la universidad pública de Santa Fe. Me formé como abogado litigante en el interior de la provincia, y como funcionario en la Legislatura, primero con Carlos Fascendini y luego con Felipe Michlig, de quienes aprendí todo lo que humildemente pude”, comenzó, en una presentación formal que sustentó a la vez una declaración de principios.

En ese sentido, tras agradecer al gobernador Maximiliano Pullaro su nominación y a la propia Legislatura el acompañamiento, dedicó un párrafo a sus colegas abogados, con quienes compartió “el hermoso ejercicio profesional de litigar. y espero colaborar como magistrado en el enorme trabajo que los abogados realizan para que se haga justicia”.

En cuanto a su paso por la función pública, lo resumió en términos de que “en todos estos años me esforcé en estudiar las normas, para que sean claras y para que se cumplan Pero además, siempre puse un gran empeño en que la construcción jurídica sea una construcción de dialogo y consenso.

“La Corte Suprema de Justicia nacional nos viene guiando hace mucho tiempo con la idea de interpretación constitucional con deferencia hacia el legislador, como regla de oro de la jurisprudencia democrática”, planteó a continuación.

Y, como correlato necesario, que “para construir una sociedad respetuosa de sus acuerdos comunitarios, el Poder Judicial y los operadores del Derecho en general, deben respetar aquellos consensos que la ciudadanía logra a través de sus representantes.

“Las normas que se construyen en la Legislatura, con enorme esfuerzo y un amplio consenso, reflejando las preocupaciones de los distintos sectores de la sociedad santafesina, deben ser tratadas con mucho cuidado siempre por los jueces, ya que la balanza mayoritaria es la medida de nuestra democracia”, añadió.

Maciel puso especial cuidado en dejar sentado que “las normas siempre están para ser cambiadas cuando nuevos consensos de la sociedad lo requieran. Y doy fe de que los legisladores hacen un enorme esfuerzo cotidiano para eso.

“Pero ese enorme esfuerzo de construcción legislativa debe ser cuidado por los jueces, y respetado dentro del esquema constitucional, especialmente ahora, cuando tenemos una Constitución tan reciente y tan adecuada a los tiempos actuales”, sostuvo a continuación.

En tal sentido, subrayó que “mientras que el ejercicio inconstitucional por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo está sujeto al control judicial, el único freno para nosotros es nuestro propio sentido de autorestricción.

“En eso consiste la función judicial. En no combatir los acuerdos de la comunidad, sino en acompañarlos con el necesario respeto, siempre que circulen por el amplio camino constitucional”, precisó.

Por tal motivo, reinvindicó expresamente “esa deferencia judicial hacia la decisiones respaldadas por un fuerte acuerdo democrático. Pero también un firme activismo por los derechos ciudadanos y de las condiciones procedimentales que hacen posible que se tomen decisiones democráticas.

“La deferencia bien entendida no es inacción, sino mirar con cuidado las normas de la democracia, autorestringiéndonos para evitar el gobierno de las corporaciones”, aclaró.

El flamante ministro cerró su discurso con el compromiso de “trabajar todos los días para que la Justicia sea más rápida, más previsible y más cercana a la gente.

“No vengo a ocupar un lugar, vengo a cumplir una función, con la misma convicción y responsabilidad que siempre ejercí todos los cargos que me tocaron, con el respeto absoluto que la Constitución y las leyes de Santa Fe se merecen”, concluyó.

Con la asunción de Maciel en reemplazo de Spuler, avanza el proceso de reconfiguración de la Corte iniciado con el ingreso de Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza, en reemplazo de Mario Netri y María Angélica Gastaldi. En el cuerpo permanecerá Daniel Erbetta, en tanto al momento de hacer efectiva su renuncia (aún sin fecha) Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, se incorporarán Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la medida cautelar que suspende los efectos de artículos centrales del decreto del Poder Ejecutivo que modificó el régimen de financiamiento universitario, en el marco de la controversia judicial iniciada por universidades nacionales.

Con esta decisión, el máximo tribunal mantuvo vigente la protección cautelar dispuesta por instancias inferiores y garantizó, mientras se resuelve la cuestión de fondo, la continuidad de los mecanismos presupuestarios y de actualización de recursos reclamados por las casas de estudio, en una causa de alto impacto para el sistema universitario público argentino.

En concreto, y mientras se desarrolla la causa de fondo sobre la validez o no del decreto que condiciona la aplicación de la ley, la Corte dejó firme la medida cautelar que obliga al gobierno de Javier Milei a cumplir los dos artículos relacionados con aumentos salariales de docentes y no docentes y de las becas estudiantiles.

El Congreso rechazó el veto del Poder Ejecutivo a la ley de Financiamiento Universitario, y el tema pasó a la Justicia.

En un fallo unánime, los tres jueces de la Corte propinaron un doble revés al Gobierno nacional: desestimaron el pedido de excusación que había realizado el Ejecutivo (por considerar que, como docentes universitarios, no podían fallar sobre el asunto) y rechazaron el recurso extraordinario que pedía suspender una medida cautelar que lo obligaba a cumplir con una parte de la ley.

La queja fue interpuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano - Secretaría de Educación, en su carácter de parte demandada. El expediente tuvo origen en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 y luego intervino la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

La Corte sostuvo que el recurso extraordinario, cuya denegación parcial dio origen a la queja, no cumplía con el requisito de dirigirse contra una sentencia definitiva o equiparable, conforme al artículo 14 de la Ley 48.

El máximo tribunal dejó firme una medida cautelar dictada en primera instancia por el juez federal Martín Cormick, que obliga al Gobierno a cumplir “de manera inmediata” con los artículos 5º y 6º de la Ley de Financiamiento Universitario, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

El artículo 5º de la Ley establece que los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas deberán actualizarse, desde el 1 de diciembre de 2023, en un porcentaje no inferior a la inflación informada por el INDEC. Además, obliga al Ejecutivo a convocar a negociaciones paritarias cada 3 meses y ofrecer aumentos salariales que no podrán ser inferiores al IPC.

En tanto, el artículo 6º determina la actualización automática y por inflación de todas las becas estudiantiles (Progresar, Manuel Belgrano, y de Enfermería, entre otras).

A principios de junio, el Gobierno y los gremios universitarios acordaron aplicar un aumento del 24,3% a los salarios docentes y no docentes: el acuerdo establecía que las subas se harían en 2 cuotas: un 21,3% en junio (sobre los básicos vigentes a mayo de 2026) y el 3% restante en octubre (sobre los básicos vigentes de septiembre).

Sin embargo, si se cumpliera con la actualización por inflación que dispone la Ley de Financiamiento, los sueldos deberían aumentar en junio un 56% respecto de los haberes de mayo.

En agosto de 2025, el Senado sancionó la Ley de Financiamiento Universitario, que impulsaba la oposición y que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados. La propuesta establecía una actualización del presupuesto para las universidades y de los salarios docentes según la inflación acumulada desde fines del año 2023.

Sin embargo, en septiembre el presidente Milei vetó la ley.

La oposición insistió con la propuesta y en octubre logró reunir los votos necesarios para rechazar el veto. Con la insistencia del Congreso, el Ejecutivo estaba obligado a promulgar la ley.

Pero el Ejecutivo dictó un decreto de promulgación que incluyó una aclaración: suspendía la ejecución de la norma hasta que el Congreso indicara las fuentes de financiamiento.

Lorenzetti, Rosatti y Rosenkrantz. Integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Frente a esta decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) inició una demanda en el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se declare la inconstitucionalidad de ese decreto. En ese expediente, solicitó una medida cautelar para que se cumpla con 2 artículos de la ley mientras se resuelve la cuestión de fondo (la constitucionalidad del decreto).

La Justicia concedió la cautelar en primera instancia y la Cámara lo confirmó.

En el fallo de segunda instancia, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán consideraron configurados los requisitos para mantener la tutela anticipada que había dictado el juez Cormick.

Respecto de la verosimilitud del derecho, señalaron que la insistencia legislativa prevista en el artículo 83 de la Constitución Nacional obliga al Poder Ejecutivo a ejecutar la ley, sin que pueda suspender sus efectos invocando una norma anterior de igual jerarquía. Además, destacaron que una ley posterior puede válidamente desplazar a otra previa, incluso en materia presupuestaria.

El tribunal también tuvo por acreditado el peligro en la demora, al ponderar el deterioro del poder adquisitivo de los salarios universitarios y el carácter alimentario de las becas estudiantiles.

Asimismo, entendió que el interés público no se veía afectado por la medida, sino que, por el contrario, se encontraba comprometido en la protección del derecho a enseñar y aprender, relativizando además el impacto fiscal invocado por el Estado.

Contra esa decisión, el Estado Nacional interpuso recurso extraordinario federal. Sin embargo, la Corte Suprema recordó que las resoluciones que conceden, rechazan o modifican medidas cautelares, por regla, no constituyen sentencias definitivas ni equiparables a tales a los efectos de habilitar esa vía recursiva.

En consecuencia, desestimó el recurso extraordinario y también rechazó el pedido de excusación formulado por la demandada, remitiéndose a un precedente dictado por el propio Tribunal el 4 de junio de este año.

Con esta decisión, la medida cautelar que ordena la actualización de los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales y de las becas estudiantiles permanece vigente mientras continúa la tramitación de la causa principal.

Para el Gobierno, el revés judicial es muy costoso y lo calculan en 1.3 billones de pesos. Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, ya avisó que no hay partidas para cumplir con esa obligación. Pero, frente a la exhortación judicial, comenzó a recalcular números.

Fuentes libertarias aportan que el Ministerio de Capital Humano contaba con diálogos sólidos con los rectores para avanzar con una nueva ley de Financiamiento Universitario. Incluso intentaron poner como prenda de cambio el desistimiento de la acción judicial, cosa que los rectores no aceptaron.

No obstante, en distintos sectores del oficialismo contaban con que la Corte le iba a entregar “un gesto” a la administración Javier Milei para darle “aire”. Pero, con el fallo entre manos, esa expectativa se reveló carente de sustento.

Con un agravante, tal como agregan en La Libertad Avanza: esta determinación de la Corte se produjo a pesar de que el oficialismo había avanzado hace pocos días en un acuerdo con las Universidades para cumplir parcialmente la ley de Financiamiento Universitario.

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal consideró que el planteo del Estado sobre la suspensión de la normativa era inadmisible porque estaba dirigido contra una medida cautelar, que no constituye una sentencia definitiva.

De esta manera, mientras habilita el cumplimiento de los dos artículos consignados a través de una medida procesal, la Corte aún debe pronunciarse sobre la validez de la ley o del Decreto 759/25.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados invitó a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe a la reunión para el tratamiento del mensaje del Poder Ejecutivo que propone la reforma de la Ley N.º 13.018 y del Código Procesal Penal.

Este proyecto intenta la conformación de Colegios de Jueces Penales, tanto en primera instancia como en revisión, integrados por todos los magistrados con competencia en la materia, con independencia de asiento territorial; la asignación de causas mediante reglas objetivas, predeterminadas y públicas, establecidas por la Corte y ejecutadas por la Oficina de Gestión Judicial; fortalece el rol de esta Oficina como órgano especializado en la administración y organización del trámite de los procesos y; conforma una sección específica dentro del Colegio de Jueces de Revisión de la política carcelaria y la ejecución penal.

El 1 de junio, la Cámara de Diputados le envió una nota al titular de la Corte, Rafael Gutiérrez, a solicitud de la titular de Asuntos Constitucionales, Lionella Cattalini, invitando a la Corte a la reunión y -de ser necesario- que la invitación se extienda a los representantes de los Colegios de Jueces Penales. Precisamente los cinco presidentes de estos colegios se han pronunciado en forma crítica sobre este mensaje del Poder Ejecutivo.

La Corte recibió -a pedido de los jueces- a los titulares de los cinco colegios y estos no pudieron acordar una respuesta por escrito y cada circunscripción elaboró una propia aunque con contenidos muy parecidos y críticos con la iniciativa.

El lunes de esta semana fue el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial quien elevó una nota a la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, con cuestionamientos al proyecto y sugiriendo la convocatoria urgente a un espacio de diálogo interpoderes e interinstitucional para discutir el tema.

La Corte trasladó a este viernes el acuerdo semanal y podría analizar la respuesta al planteo de la Cámara de Diputados. En principio, según pudo saber El Litoral, en el máximo tribunal, hay miradas críticas al proyecto del Poder Ejecutivo.

La Cámara de Diputados, a instancias del radical José Corral, pidió y votó un tratamiento preferencial para el jueves venidero al mensaje del Poder Ejecutivo que fue girado hace un mes a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

"Entendiendo las dificultades que puede implicar encontrar un horario común, dejamos la fecha y el horario abiertos a la propuesta de ese Tribunal. Agradeceríamos que nos indiquen, los días y franjas horarias que les resultarían convenientes, así como la nómina de quienes asistirían", dice la nota de Diputados ingresada a la Corte habilitando la flexibilización horaria.

En ámbitos tribunalicios no se descartó la posibilidad de invitar a los legisladores al Palacio de Justicia, pero el tema no había sido analizado por el pleno de ministros. Algún magistrado incluso sugirió la posibilidad de que tras la reunión se haga una recorrida al edificio anexo de Tribunales que será inaugurado el 30 del corriente.

En principio, el mensaje del Ejecutivo tiene críticas ya expresadas por jueces y el propio Colegio y de allí la expectativa por el comportamiento de la Corte, tribunal que en última instancia, deberá determinar sobre la constitucionalidad o no de esta u otras reformas.

El proyecto del Ejecutivo contiene 24 artículos y en el último determina que la entrada en vigencia de los cambios se producirán a los 90 días de sancionada la norma.

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En los considerandos del mensaje del Ejecutivo se señala que "el proyecto preserva la coherencia normativa con el Código Procesal Penal, evitando superposiciones y reservando a dicho cuerpo normativo la regulación de los aspectos estrictamente procedimentales, en particular en lo relativo al régimen de audiencias y recursos".

Aclara además que "la reforma propuesta se inscribe en una política pública orientada a modernizar la administración de justicia, mejorar el acceso al sistema y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales, mediante un diseño organizativo que combine eficiencia, transparencia y respeto por las garantías constitucionales".

Fechas

* 7 de mayo: El Poder Ejecutivo envía a Diputados el mensaje N° 58928 con la reforma a diversos artículos de la Ley ° 13.308.

* 12 de mayo: Diputados da ingreso formal al proyecto y lo gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

* 26 de mayo: La Corte recibe a los cinco presidentes de las cámaras penales, a pedido de los jueces para analizar el proyecto del Ejecutivo.

* 1 de junio: Nota de la Cámara de Diputados a la Corte Suprema de Justicia pidiendo una reunión para conocer la opinión sobre el tema.

* 8 de junio: Nota del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial a la presidencia de Diputados con críticas al proyecto.

La situación judicial de Morena Rial sumó este viernes un nuevo capítulo adverso. La Justicia volvió a rechazar el pedido de excarcelación presentado por su defensa en el marco de la causa en la que se la investiga, profundizando un escenario complejo para la hija del conductor Jorge Rial, que continúa privada de su libertad mientras avanza la investigación.

El nuevo revés judicial se conoció en las últimas horas y ratifica lo resuelto previamente por el tribunal interviniente, que consideró que no están dadas las condiciones para concederle la libertad mientras continúa el proceso. Según se informó, los jueces entendieron que persisten los riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de entorpecer la investigación y la falta de garantías suficientes para asegurar su comparecencia ante la Justicia.

De este modo, la influencer y mediática deberá seguir detenida, a la espera de nuevas definiciones judiciales o de una eventual modificación en su situación procesal, algo que por el momento no aparece en el horizonte inmediato.

De acuerdo a lo que trascendió en el ámbito judicial, el tribunal volvió a evaluar los elementos presentados por la defensa de Morena Rial, pero concluyó que los fundamentos no alcanzan para revertir la medida. Entre los puntos centrales, se destacó la gravedad de los hechos investigados y el estado actual de la causa, que aún se encuentra en una etapa clave de recolección de pruebas.

Además, se remarcó que la acusada ya había recibido anteriormente una negativa similar, lo que refuerza la postura del juzgado de mantener la prisión preventiva hasta que existan mayores certezas sobre el avance del expediente.

El caso de Morena Rial genera una fuerte repercusión tanto en el ámbito judicial como en el mediático, no solo por la exposición pública de la joven sino también por el impacto que la situación tiene en su entorno familiar. En las últimas semanas, el tema fue abordado en distintos programas de televisión y portales de espectáculos, donde se analizan tanto los aspectos legales como las consecuencias personales del proceso.

Hasta el momento, Jorge Rial no realizó declaraciones públicas recientes tras conocerse esta nueva resolución judicial, aunque en oportunidades anteriores había manifestado su preocupación por el delicado momento que atraviesa su hija.

Con la excarcelación nuevamente denegada, el camino judicial de Morena Rial dependerá de los próximos movimientos de su defensa y de las resoluciones que adopte el tribunal en función de las pruebas que se sigan incorporando a la causa. No se descarta que en las próximas semanas se presenten nuevos recursos, aunque todo indica que el proceso continuará sin cambios inmediatos.

Mientras tanto, la joven permanece detenida, a la espera de que la Justicia determine los pasos a seguir en una causa que sigue sumando capítulos y mantiene la atención pública.

La nueva negativa judicial a concederle la excarcelación a Morena Rial consolida un escenario adverso y prolonga su permanencia detenida. Con una investigación aún en curso y sin señales de una resolución cercana, el caso vuelve a poner en el centro del debate la relación entre exposición mediática y procesos judiciales, en una historia que todavía está lejos de llegar a su final.

Martín González - Juan José Góngora

La Justicia de Santa Fe atraviesa una transformación histórica. Tras décadas de inamovilidad, la Corte Suprema de la provincia inicia una etapa de renovación casi total. En una entrevista telefónica con Radio Rafaela, el gobernador Maximiliano Pullaro fundamentó la necesidad de este cambio, no como una crítica personal a los ministros salientes, sino como una urgencia institucional.

"Indudablemente uno no es el mismo después de treinta años en el mismo cargo, y menos en uno que tiene tanto poder", sentenció Pullaro. Para el mandatario, la permanencia prolongada en la cúpula judicial genera "puntos ciegos" que impiden ver el panorama completo de las demandas sociales.

"Con mucho esfuerzo y diálogo institucional, hemos logrado renovar casi por completo la Corte. Esta nueva conformación va a trabajar en un plan de eficiencia y ordenamiento de los recursos para que realmente lleguen a la gente", aseguró.

Pullaro detalló la composición de la nueva cabeza del Poder Judicial, destacando que por primera vez se buscó una representatividad que abarque toda la geografía y diversos sectores de la abogacía:

El Norte y el Oeste: Representados por un exjuez federal y una especialista con trayectoria legislativa en Esperanza.

Rosario y Santa Fe: Con nombres que vienen de la carrera judicial interna, como el Dr. Weder, y del derecho penal y el Ministerio Público de la Acusación, como el Dr. Baclini.

Academia y Sector Privado: Con la incorporación de la Dra. Margarita Zabalza y Jorgelina Genghini (representante de los Colegios de Abogados), buscando una visión que combine la excelencia académica con la experiencia del ejercicio profesional liberal.

El éxito de esta reforma se medirá en la respuesta a los conflictos cotidianos según el gobernador.

Para el gobernador, el éxito de esta reforma no se medirá en términos políticos, sino en la respuesta a los conflictos cotidianos. "Esto nos permite tener una mirada integral que va a acercar la justicia a la gente que tiene un problema de familia, laboral, civil o penal. Tendremos una justicia mucho más cercana", concluyó en el aire de Radio Rafaela.

La Corte Suprema de Justicia distinguió a los mejores promedios de las carreras de Abogacía de las Universidades estatales y privadas de la provincia. Encabezó el evento el presidente de la Corte Suprema, Roberto Falistocco, acompañado por los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y la ministra Margarita Elsa Zabalza.

La ceremonia contó con la presencia de las autoridades de las unidades académicas en la que los premiados cursaron sus estudios de grado y en las que obtuvieron el reconocimiento como mejores estudiantes de Abogacía.

En su discurso de salutación Falistocco destacó que este premio lleva muchos años desde que fue instituido y fue la Corte de Santa Fe pionera en su implementación en todo el país (se cumplieron 34 años desde que se entregó la primer ronda de distinciones).

La entrega de los premios Corte Suprema fue transmistida por el canal YouTube del Poder Judicial de Santa Fe y traducida a la Lengua de Señas de Argentina (LSA).

Los premiados fueron: por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral: Primer Mejor Promedio Abogada Lourdes Bonfils; segundo Mejor Promedio Abogada Lara Lazzaroni; Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, Primer Mejor Promedio Abogada Florencia Reichel Leguizamón; Segundo Mejor Promedio Abogada María Belén Trosero.

En tanto, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Primer Mejor Promedio Abogada Josefina Talamonti; Segundo Mejor Promedio Abogada Clara Harte; Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Primer Mejor Promedio Abogada Delfina Noviello; Segundo Mejor Promedio Abogada Cecilia María Canto.

Por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL), Primer Mejor Promedio Abogado Lautaro Grassi Pregiutti; Segundo Mejor Promedio Abogada Sofía Lombardi; Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad Abierta Interamericana- Sede Rosario; Primer Mejor Promedio Abogado Ulises Pellegrini; Segundo Mejor Promedio Abogado Nicolás Alfredo Bosetti.

Por segundo martes consecutivo, la Corte Suprema de Justicia de la provincia no pudo lograr un acuerdo para designar el presidente 2026 y resolvió pasar el tema al próximo acuerdo, que en principio, será el martes venidero.

Un escueto comunicado entregado esta tarde informa que la elección del presidente 2026, luego de la deliberación de sus integrantes, pasó a un nuevo cuarto intermedio para la próxima reunión de Acuerdo, según el acta número 46.

Del encuentro participaron los siete ministros, encabezados por su presidente actual, Roberto Falistocco, más Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza.

La elección de presidente para el ejercicio siguiente, de acuerdo a la ley orgánica, debe realizarse en el último acuerdo del mes de noviembre.

Mario Cáffaro - Emerio Agretti

Eduardo Guillermo Spuler dejará su cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia a partir del 1 de septiembre de 2026, según anunció a sus pares en el acuerdo de este martes.

La decisión está contenida en la renuncia diferida presentada ante el presidente del cuerpo, Roberto Falistocco, de acuerdo a lo que pudo saber El Litoral.

El ministro santafesino había llegado en el año 2000 al alto tribunal junto a Rafael Gutiérrez y a Mario Netri, éste último quien se retiró meses atrás del cargo.

Spuler ya tiene una edad superior a la establecida por ley -75 años- y que fue incluida en la reciente reforma de la Constitución de la provincia.

Hoy junto a Gutiérrez son los dos santafesinos que integran el supremo tribunal. Rubén Weder, oriundo de Humboltd, vive también en la capital de la provincia. En cambio, los otros cuatro ministros tienen residencia en Rosario: Falistocco, Daniel Erbetta, Margarita Zabalza y Jorge Baclini.

La Corte Suprema de Justicia rechazó la posibilidad de que los ciudadanos argentinos presenten candidaturas para cargos públicos en forma independiente, sin ser parte de la propuesta de un partido político. En la misma jornada rechazó el uso del término “Fuerza Patria” en la denominación de una alianza que no integra el Partido Justicialista, con el mismo criterio aplicado en un caso anterior con respecto a La Libertad Avanza, y conforme a los parámetros establecidos por la Cámara Electoral.

En el acuerdo de este jueves 16, el Tribunal desestimó el planteo de Mario Enzo Cabral, abogado por derecho propio, que inició una acción en la justicia electoral a fin de que oficializara su candidatura para diputado nacional por el Distrito Corrientes, y así participar en los comicios generales del próximo 26 de octubre.

Allí afirmó que ninguna cláusula constitucional o legal se lo impide, aunque admitió que algunas normas vigentes son ambiguas y podrían llevar a la conclusión contraria. En tales condiciones planteó que entonces se declarara la inconstitucionalidad de los "artículos 55, 55 bis, 56, 60,61, 63,64 del Código Electoral Nacional - Ley 19.945 y modificaciones y toda otra norma que se oponga a la presente requisitoria, y especialmente el art 2 de la ley 23.298 (ley Orgánica de los Partidos Políticos).

El Juzgado Federal Nº 1 de la Provincia de Corrientes resolvió rechazar la pretensión "in límine". Para justificar la decisión, explicó, inicialmente, que el actor ya había presentado pretensiones análogas en los años 2019, 2021 y 2023. Y que en aquellas oportunidades ya se le había dicho que no, de conformidad con lo dispuesto en esas oportunidades, y consideró que, nuevamente, correspondía rechazar en la doctrina asentada por la Corte en el precedente Ríos y por la Cámara Nacional Electoral en la causa "Padilla".

El caso “Ríos” es un fallo de 2001, que contempla el planteo de un ciudadano que intentó presentarse como candidato presidencial de manera independiente, sin el aval de un partido político. La Corte rechazó esa posibilidad invocando que la Constitución Nacional y la Ley de Partidos Políticos (23.298) establecen que los partidos son “instituciones fundamentales del sistema democrático”.

En los fundamentos deja en claro que el sistema electoral argentino está construido sobre la base de los partidos políticos como vehículos necesarios de la representación popular, y que permitir candidaturas por fuera de ellos “implicaría alterar el diseño constitucional y legal del sistema”.

La Cámara Nacional Electoral, instancia en la que se resuelven de manera definitiva la mayoría de los planteos (sin llegar a la Corte), aplica desde 1991 la doctrina “Padilla”, también basada en el caso de un ciudadano que pretendió oficializar su candidatura sin la intervención de un partido político.

La Cámara negó la postulación sobre la base de que la Constitución y la legislación electoral no contemplan las candidaturas individuales, sino únicamente las propuestas por partidos políticos reconocidos.

El tribunal reafirmó el carácter de los partidos como “instrumentos exclusivos” para la presentación de candidaturas. Y señaló que el sistema argentino no es un régimen de candidaturas independientes, a diferencia de otros países, sino un modelo de democracia de partidos.

Con esos antecedentes, la Cámara Nacional Electoral confirmó la sentencia de primera instancia para el planteo del correntino Cabral. Tras volver a citar la doctrina “Padilla”, el fallo subrayó que el aspirante a candidato no se había encargado de demostrar que su caso fuera diferente a aquel. Pero el abogado llegó en queja a la Corte Suprema.

“Siendo que este es el cuarto año consecutivo que realizo el mismo planteo, considero necesario, a fin de dar una solución a este tema (...) obtener un pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre el fondo de la cuestión”, dijo.

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó la presentación por considerarla inadmisible.

Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosatti, la actual conformación de la Corte Suprema. Foto: Marcelo Manera.

Por otra parte, el máximo tribunal también desestimó una presentación en donde se discutía el uso del nombre “Fuerza Patria” por una alianza transitoria en la provincia de San Luis, integrada por Partido Comunista, Partido de la Victoria y Frente para la Victoria, para las próximas elecciones a diputados nacionales.

La justicia electoral de primera instancia reconoció como alianza transitoria de distrito como derecho al uso exclusivo de nombre “Fuerza Patria San Luis”, pero la Cámara Electoral revocó la autorización porque entendió que era susceptible de generar confusión en el electorado y dispuso proceder a la readecuación del nombre.

Subrayó que el nombre “Fuerza Patria” es utilizado en múltiples alianzas electorales del país y su columna vertebral era el Partido Justicialista.

La apoderada Ivana Elsa Serrano, apoderada de la “Alianza Frente Pueblo San Luis” llegó en queja a la Corte Suprema para insistir en llamarse “Fuerza Patria San Luis”, pero la presentación fue desestimada.

La semana pasada, la Corte Suprema había rechazado planteos similares para utilizar nombres ligados a “La Libertad Avanza”, que alineaban al partido que encarna el Poder Ejecutivo y podían generar confusión en el electorado.

La pauta que sustenta esos rechazos se convirtió en doctrina de la Cámara Nacional Electoral, sobre la base de una serie de parámetros establecidos para poner freno a esa práctica.

La Cámara Nacional Electoral es el organismo encargado de administrar y supervisar el proceso electoral.

En los últimos meses, la CNE fijó un criterio cada vez más estricto sobre el uso de denominaciones partidarias, al revocar reconocimientos de alianzas que intentaban inscribirse con nombres similares a los de fuerzas ya existentes. Para el tribunal, esa práctica puede inducir a error al votante y afectar la genuina expresión de su voluntad.

Uno de los antecedentes más relevantes fue el caso de la alianza “Ahora la Patria”, en Entre Ríos. En agosto, por mayoría, la Cámara revocó la habilitación dispuesta en primera instancia y ordenó modificar la denominación. Los jueces Santiago Corcuera y Daniel Bejas coincidieron en que “el nombre pretendido es susceptible de provocar confusión en el electorado”. En el fallo, ambos remarcaron la importancia de considerar el nuevo escenario comunicacional, dominado por redes sociales y plataformas digitales, donde la circulación de mensajes puede potenciar la confusión.

En esa línea, aunque en un fallo dividido, el tribunal citó su propia doctrina: “Las consideraciones expuestas por la apelante en el contexto actual en el que se aceleraron los tiempos de circulación y difusión de la información –lo que implica nuevas formas de construcción de sentido sustancialmente distintas a las de los medios tradicionales de comunicación– … resultan suficientes para concluir que el nombre pretendido es susceptible de provocar confusión en el electorado”.

En septiembre, la CNE adoptó un criterio similar al analizar la alianza “Fuerza Patria San Luis”, sobre el que acaba de expedirse la Corte. En esa oportunidad también revocó su reconocimiento, argumentando que la similitud con la denominación “Fuerza Patria” podía generar engaño y suplantación de identidad política. Según los jueces, “decidir sobre la base de un criterio diferente importaría desconocer la realidad actual, lo que conllevaría (…) a una evidente confusión del electorado e incluso podría provocar que el sufragante dé su voto en sentido diverso de su verdadera intención”.

El fiscal electoral dictaminó en el mismo sentido, al advertir que autorizar ese nombre podía “poner en riesgo cierto la capitalización de su representación (…) bien como un intento de usufructuar una representación política que le es ajena, o bien provocar aquella confusión material o ideológica que surge como determinante para la decisión del caso traído a revisión”.

Ambos fallos consolidan una doctrina clara: la Justicia Electoral no permitirá que agrupaciones se amparen en nombres, siglas o emblemas que se asemejen de manera significativa a los de otros partidos. El objetivo, remarcaron los magistrados, es asegurar la transparencia en la oferta electoral y proteger al votante frente a cualquier intento de manipulación.

La táctica combatida por la Cámara no es nueva, y registra numerosos antecedentes, incluyendo el sonado caso del “ARI trucho” en Santa Fe, en las elecciones de 2001.

Elisa Carrió fue víctima de un caso de "confusión electoral", con el famoso caso del "ARI trucho" en Santa Fe.

En aquella oportunidad, Sandra Cabrera fue electa concejala de la ciudad de Rosario por un sublema denominado Ahora Reales Ideas (ARI), que fue inscripto y reconocido por la Justicia electoral, pese a que esa sigla identifica al nucleamiento que a nivel nacional encabezaba Elisa Carrió. Ese sello indujo a error a muchos votantes y, en el caso de la ciudad capital, impidió el ingreso al Concejo Municipal del primer candidato del partido de Carrió, Ricardo Mascheroni, y facilitó en cambio el retorno del peronista José Luis Yódice. El mentor de la “estrategia política” fue el dirigente político Raimar Ataide, quien había inscripto el nombre de varios partidos políticos ante la justicia electoral.

Días después de la elección la propia Carrió adelantó que judicializaría la elección a partir de “la estafa moral que se ha consumado” en Santa Fe y Rosario. En un escrito presentado en la Justicia, los dirigentes del ARI auténtico denunciaron que durante la campaña los espacios beneficiados “distribuyeron volantes de propaganda donde utilizaban ilegítimamente el nombre de la diputada Carrió y se atribuyeron abusivamente una representación que no tenían, como oportunamente lo acreditáramos con la documental respectiva”.

El presidente de la comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales, Lisandro Enrico, admitió la subsistencia de discrepancias en algunas cuestiones vinculadas al funcionamiento de los tribunales y las nuevas instituciones, ya que se trata de “cambios importantes, que tienen que ser afinados”. Y que se trabaja en la búsqueda de consensos, ya que a la Comisión Redactora llegaron dictámenes con diversos puntos de vista.

En diálogo con el periodismo, Enrico cifró esa necesidad en “las consecuencias que puedan tener para los empleados, los distintos espacios, la creación de nuevas entidades, nuevos institutos como el Consejo de Asesor, o el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público”. Y entre ellos, especialmente, la manera en que se conformará el órgano de control, disciplina y eventualmente destitución de magistrados y funcionarios.

La necesidad de buscar consensos llevó a que la reunión de la Comisión Redactora convocada para este martes a la mañana pasase a un cuarto intermedio, con el objetivo de definir los últimos ajustes rumbo a la sesión plenaria del próximo miércoles.

El texto que firmaron 11 convencionales de Unidos para Cambiar Santa Fe, establece que la Corte Suprema de Justicia estará integrada por siete ministros, con paridad de género y representación territorial, y que la edad límite de permanencia en el cargo será de 75 años. También se ratifica que los ministros serán designados por el Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. A la vez, se mantiene la figura del Procurador General como parte del Poder Judicial.

Convencionales en pleno debate durante la Comisión Redactora, trabajando en consensos y ajustes para la próxima sesión plenaria de la Convención.

El dictamen también apunta a incorporar al Ministerio Público a través de dos órganos autónomos, con autarquía financiera e independencia de los otros poderes del Estado: el de Acusación y el de Defensa. Sus titulares serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo legislativo, por un mandato de cinco años, renovable una sola vez.

El dictamen crea también un Consejo Asesor para la selección de magistrados, fiscales y defensores, y de un Tribunal de Enjuiciamiento para su control disciplinario; precisamente el punto sobre el que existen diferencias en cuanto a su composición, representativa de distintos estamentos.

Al respecto, Enrico precisó que “hoy tenemos para los jueces un sistema donde la Corte Suprema de Justicia es la que, con todos sus miembros, hace el análisis del desempeño de un juez; con lo cual la Justicia se autocontrola. Tenemos también los fiscales y defensores, que son controlados por la Legislatura. Eso se eliminaría y se pasaría a un sistema donde hay un funcionario, que es el acusador externo designado, que actuará ante un tribunal de enjuiciamiento plural compuesto por abogados, legisladores y el estamento del Poder Judicial. Esa es un poco la la la idea que tenemos en general. Pero cómo se compone, integrantes, cantidades, son las diferencias que hay entre diferentes dictámenes de los distintos bloques”.

Al efecto de compatibilizar puntos de vista y luego pasar a la redacción definitiva, es que se convocó a la comisión que preside Enrico para que, con quórum suficiente, pueda producir los cambios necesarios.

Por su parte, el propio convencional aclaró que “no me parece republicano esto de que los miembros de un poder quieran ser incontrolables, quieran ser absolutamente ajenos a todo. Acá mantenemos una Constitución republicana, como lo manda la Constitución nacional. La independencia de los poderes es fundamental para eso, pero la independencia de poderes trae aparejado el contrapeso de los propios poderes.

“Estas posturas autonomistas en donde los fiscales no quieren que nadie los controle y quieren tener el manejo de todo sin que nadie le diga nada, es directamente lesivo hacia un sistema republicano. Todas las provincias tienen mecanismos de control para los casos en donde haya incumplimientos y los responsables tengan que ser destituidos. Porque la Constitución les está dando estabilidad plena en el cargo. O sea, son personas que van a tener un cargo de por vida y en algunos casos herramientas de cercenamiento de derechos muy fuerte, detención, escuchas telefónicas. Entonces, el control es fundamental. Si algunos piensan que esto no es así, bueno, directamente no tienen una vocación republicana. Lo queremos dejar claro”, agregó.

Por otro lado, Enrico remarcó que “tampoco queremos bajarle el peso al Poder Legislativo, que es el poder más democrático, más representativo, más oxigenado de la provincia y que tiene que tener mayor peso al momento de decidir sobre una falta grave que pueda implicar el desplazamiento de un fiscal, juez o defensor. ¿Por qué? Porque es la propia asamblea legislativa la que designa un fiscal o juez o defensor. Entonces, es la propia asamblea la que debe tener su representante, en la cantidad que se decida, en un tribunal de enjuiciamiento. Pero hay discursos que realmente lesionan el sistema republicano en esta provincia cuando hablan de autonomía absoluta y no admitir ningún tipo de controles y contrapeso”.

El Senado nacional retoma este martes el debate de los proyectos referidos a la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la mayoría de los cuales impulsa la ampliación en el número de sus miembros. Actualmente está fijado en 5 pero, tras los intentos frustrados por cubrir las vacantes existentes, funciona con 3: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los diez proyectos a considerar por el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales incluyen también la paridad o cupo de género, además de la representatividad territorial.

El debate por la ampliación de la Corte, que cuenta con un antecedente reciente de 2022, con una media sanción del Senado impulsada por el entonces Frente de Todos, comenzó a finales de mayo pasado, luego del histórico rechazo a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. En el interín se produjo la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, que revitalizó las críticas del peronismo al Tribunal (sobre el que en 2023 desató un intento de juicio político) y el impulso a la modificación de su composición, sumando incluso un nuevo proyecto a los existentes hasta entonces, firmado por Juliana Di Tullio.

En este punto, sobre la mesa hay una decena de iniciativas. Corresponden a Silvia Sapag (UP), Nora del Valle Giménez (UP), Flavio Fama (UCR), Juan Carlos Romero (LPU), Alejandra Vigo (LPU), Lucila Crexell (LPU), Mónica Silva (JSRN), Edith Terenzi (LPU) y Juliana Di Tullio (UP).

Las iniciativas se enfocan en tres líneas temáticas: ampliación de miembros de la Corte (Romero pidió pasarla de 5 jueces a 7, Silva y Di Tullio promueven aumentarla a 9, Sapag planteó llevarlo a 15); paridad de género (Crexell, Giménez, Silva, Fama, Vigo, Di Tullio y Sapag); y distribución de los magistrados en cinco regiones federales, que no puedan tener más de dos representantes cada una (Silva).

De acuerdo a la Constitución, la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia requiere del voto positivo de dos tercios de los presentes del Senado, un trámite que con la composición actual es imposible llevar adelante sin un acuerdo del oficialismo con Unión por la Patria. Por eso, luego de los rechazos de los pliegos de Lijo y García-Mansilla (quien ocupó el sillón brevemente y por decreto), el PJ apura la aprobación de los cambios para antes de fin de año, y el gobierno se mantiene al margen y apunta a dejarlos para después de la renovación parlamentaria en diciembre.

La Corte de cinco, con tres miembros: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti. Crédito: Archivo El Litoral.

El 28 de mayo fue el último encuentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en donde se discute la reforma. La senadora cordobesa Alejandra Vigo, presidenta de Asuntos Constitucionales, aseguró entonces que se buscaría escuchar a "todas las voces" y el debate llevaría "el tiempo que haga falta" para lograr consensos.

En ese plenario expusieron María Esther Cafure de Battistelli, asesora y delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina en Córdoba; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez; Ricardo Gil Lavedra, en su condición de presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; el constitucionalista y convencional constituyente Alberto García Lema; y Liliana Piccinini, jueza del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

Entre las posturas se destacaron las de Gil Lavedra, quien consideró inoportuno ampliar el máximo tribunal; y Gil Domínguez, quien se mostró a favor de ampliarla, pero opinó que debía ser en el marco de una discusión más integral.

Gil Lavedra se apoyó en la crisis de confianza social hacia la Justicia, y la atribuyó en buena medida a la recurrente modificación en su número de miembros. "Yo sospecho que si en la discusión se abre la suspicacia de que la modificación de los miembros de la Corte responde a intereses políticos, esto va a deteriorar más la confianza de la gente. Esto es evidente, lo que primero tenemos que hacer es tratar de estabilizar la institución. Que de nuevo se vuelva a ampliar por intereses meramente políticos no va a ayudar precisamente a restablecer la confianza.

Ricardo Gil Lavedra, ex juez del Juicio a las Juntas Militares. Crédito: Flavio Raina.

"Por supuesto, ninguno de los proyectos trae la cuestión de la división en salas de la Corte. Y este es un punto estratégico. Sin duda es un aspecto controvertido, ¿no? Porque hay algunos doctrinarios que piensan que se podría dividir en salas, y en consecuencia podríamos aumentar el número". Tras aclarar que considera que ello no corresponde, advirtió que "si la Corte no se puede dividir, cada ampliación de miembros repercute en la eficacia, porque tiene que pasar el proyecto de sentencia por más miembros, como decía la famosa acordada 44 del año 89. En consecuencia, el número de miembros de la Corte tiene que ser escaso. Es decir, no debe ser muy numeroso. Muchos jueces retardan las decisiones", remarcó.

En tanto, consideró "inadmisible que tengamos un tribunal superior compuesto exclusivamente por hombres. Es inadmisible con lo que requiere la Constitución, con lo que ocurre en todos los países del mundo occidental: no existen tribunales superiores compuestos exclusivamente por hombres. Por eso, me parecen muy bien todos los proyectos que contienen esto, como así también, que la Corte tiene una cuestión de la representación federal, eso está muy bien".

Por su parte, Gil Domínguez opinó que "tomando en cuenta el proceso histórico, el número de la Corte tendría que ser entre 9, 11 o 13 integrantes", y señaló que con un número mayor "tendría más relevancia la diversidad de géneros, que es una obligación que emerge de nuestra Constitución" y también de convenciones internacionales. También tomaría relevancia la perspectiva federal y "la diversidad ideológica entendida desde lo político o doctrinaria". "En esta aritmética estas variables tienen una posibilidad mayor de tener sustento, repercusión y garantía", añadió.

Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Crédito: Gentileza HSN.

Más allá de lo cual, dejó en claro que el punto "debe englobarse en un debate más amplio, que se vincula con la necesidad de tener una nueva ley orgánica que se dirija a reestructurar el funcionamiento integral de la Corte", planteó. Para el especialista, es necesaria "una ley que se encargue de delinear aspectos jurisdiccionales", al tiempo de "establecer claramente que la Corte tiene que tener plazos, agenda, orden cronológico".

A la reunión convocada para este martes fueron invitados como expositores Aída Tarditti, jueza del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba; Marcelo López Mesa, académico de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires; y Diego Hernán Armesto, abogado constitucionalista.

El próximo sábado 21 de junio entrará en vigencia en toda la provincia el Código Procesal Penal Juvenil, aprobado por la ley número 14.228 sancionada por la Legislatura de la provincia el 30 de noviembre de 2023 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 29 de diciembre de ese mismo año.

Para su implementación, en el seno del MPA, la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, definió la creación de Unidades Fiscales Especializadas en la temática dentro de la estructura de cada una de las cinco Fiscalías Regionales que hay en la provincia. Además, dispuso la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA), la cual funcionará en el ámbito de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General, a cargo de la fiscal Carla Cerliani.

“La UFERPA se encargará de la planificación y supervisión de la persecución penal en materia penal juvenil en la provincia y, de forma excepcional, podrá asumir el litigio de casos individuales”, explicó la Fiscal General. “A su vez, deberá articular el trabajo conjunto con las Fiscalías Regionales y velar por el principio de unidad de la actuación del MPA”, especificó.

Vranicich sostuvo que “estamos frente a un cambio sustancial en las funciones del MPA”, y agregó que “desde hace más de un año, venimos coordinando esfuerzos en vistas a la persecución penal de menores de edad”. Al respecto, recordó que “comenzaremos a investigar a jóvenes de entre 16 y 18 años que cometan hechos delictivos de competencia provincial que tengan un mínimo de pena en expectativa de dos años de prisión”.

“La implementación de este nuevo Código, junto con el juicio por jurados, son los elementos que completan y adecuan integralmente el sistema acusatorio adversarial a la Constitución Nacional en nuestra provincia”, resaltó la Fiscal General.

Vranicich señaló que “a diferencia de lo sucedido en 2014 cuando se implementó el sistema acusatorio para mayores de edad en el que quedaron las causas anteriores encapsuladas en un sistema residual con estructura propia, en esta oportunidad en el sistema penal juvenil será asumida íntegramente la carga de trabajo en tramite de los Juzgados de Primera Instancia de Distrito de Menores por el MPA”.

Asimismo, destacó que “está todo dado para iniciar los procesos de traspaso de recursos humanos desde los órganos que intervendrán hasta el sábado en la investigación de los delitos cometidos por menores de edad”. Precisó que “nueve profesionales que estaban a cargo de las Asesorías de Menores y de las Secretarías Penales serán fiscales en la materia, mientras que más de 60 empleados y empleadas administrativas del mismo origen se integrarán al MPA”. En tanto, añadió que “estamos en tratativas con la Corte Suprema de Justicia para que también sea trasladado el personal de servicios, que es lo que corresponde según la ley vigente”.

“Hasta que los nuevos recursos humanos se consoliden en cada circunscripción judicial, los Fiscales Regionales asignaron a fiscales referentes quienes vienen centralizando gestiones y siendo el nexo con la UFERPA durante la primera etapa de persecución penal juvenil”, detalló Vranicich.

A raíz de la nueva competencia institucional, se adaptó el sistema informático del MPA, denominado Heimdall, para adecuar sus funcionalidades y módulos. También se desarrolló un sistema al que se llamó Clio, que será una herramienta de consulta permanente durante la persecución penal de ilícitos cometidos por menores de edad, ya que centraliza datos históricos provenientes de los Juzgados de Primera Instancia de Distrito de Menores.

“La integración de información sobre legajos abiertos y finalizados a las bases de datos institucionales resulta fundamental para la continuidad de las investigaciones, la trazabilidad de casos y la toma de decisiones fundadas”, valoró Vranicich. “En las cinco circunscripciones, se relevaron expedientes en marcha y se identificaron prioridades”, manifestó.

Por otro lado, la Fiscal General afirmó que “desde la Escuela de Capacitación, se desarrollaron diversas actividades de formación en la materia, lo cual reafirma nuestro compromiso de mejora continua”.

Actualmente, se lleva a cabo la primera edición de un curso en el que se aborda la política de persecución penal en ese sentido y es obligatorio para todos los integrantes del MPA y del fuero penal de Menores de la provincia que traspasarán a la institución. En ese marco, el viernes de la semana pasada se desarrolló una clase virtual de cierre que estuvo a cargo de Vranicich, la fiscal coordinadora de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados, Carla Cerliani, y el fiscal asignado a la Fiscalía General en relación a Responsabilidad Penal Adolescente, Luis Schiappa Pietra.

Por su parte, quienes asumirán las nuevas incumbencias como funcionarios y empleados mantuvieron encuentros de trabajo presenciales a principios de este mes. Para los que pertenecen a las Fiscalías Regionales 1, 4 y 5 se desarrolló una jornada de intercambio en la ciudad de Santa Fe; mientras que los de las Fiscalías Regionales 2 y 3 participaron de una reunión similar en Rosario.

Para prestar los servicios del MPA relativos a la persecución penal de menores de edad, en las ciudades de Santa Fe y Rosario se alquilaron inmuebles ubicados en 25 de Mayo 2319 y en Avenida San Martín 2886, respectivamente, los cuales se habilitarán oficialmente en los próximos días. Mientras tanto, las tareas se llevarán a cabo en los inmuebles en los que funcionaban los juzgados de Menores, tanto en la capital provincial como en Rosario.

En cuanto a Casilda, San Lorenzo, Tostado y Rafaela, el MPA pasará a ser el locatario de las sedes actuales de los Juzgados de Primera Instancia de Distrito de Menores.

En Reconquista, Villa Constitución y Venado Tuerto, se utilizarán oficinas en Centros de Justicia, donde se desempeña el personal del fuero de Menores que será traspasado.

En relación al proceso de reforma de la Constitución Provincial, cuya ley de convocatoria permite tratar el posicionamiento institucional del MPA, la Fiscal General subrayó que “el trabajo realizado en la implementación de esta nueva incumbencia refuerza el convencimiento de la necesidad de definir al MPA con autonomía funcional y autarquía financiera reales, lo cual permitirá ejercer la superintendencia sobre sus recursos humanos sin trabas burocráticas o de otra índole, lo cual redundará en la agilización de los procesos de trabajo para que sean más eficientes”. En tal sentido, concluyó que “estamos en uno de los momentos de mayor trascendencia institucional para la vida del MPA”.

La Justicia argentina resolvió este martes que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena de seis años en prisión domiciliaria por la causa Vialidad, que la semana pasada confirmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desestimando la postura inicial de los fiscales que habían rechazado esta modalidad.

La decisión, que incluye el uso de una tobillera electrónica, se tomó tras evaluar diversas circunstancias relacionadas con su salud y edad, en un fallo que generó amplio debate en el ámbito político y judicial. Ahora, la exmandataria cumplirá la detención en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, bajo una serie de requisitos.

Con esta decisión CFK no deberá presentarse mañana en Comodoro Py para comenzar a cumplir la condena. Además, deberá presentar una lista de familiares y custodios que podrán visitarla durante este lapso de tiempo.

La resolución judicial establece que CFK deberá permanecer en su domicilio particular en la Ciudad de Buenos Aires. Reuters/Pedro Lázaro Fernández

Inicialmente, los fiscales del caso se habían opuesto a la solicitud de prisión domiciliaria presentada por la defensa de Cristina Kirchner. Argumentaron que no se cumplían los requisitos legales para otorgar este beneficio y que la exmandataria debía permanecer en un establecimiento penitenciario.

Esta postura reflejaba la visión de la fiscalía sobre la gravedad de los delitos imputados y la necesidad de asegurar el cumplimiento efectivo de la condena.

Contrariamente a la postura fiscal, el juez a cargo de la causa ponderó distintos informes médicos y pericias que daban cuenta de la situación de salud de la expresidenta. Si bien no se han detallado públicamente las afecciones específicas, trascendió que se evaluaron condiciones que, según el magistrado, justificaban la excepcionalidad de la prisión domiciliaria.

La edad de Cristina Kirchner también fue un factor considerado en la decisión, en línea con normativas que prevén tratamientos especiales para personas mayores en el sistema penal.

La resolución judicial establece que Cristina Kirchner deberá permanecer en su domicilio particular en la Ciudad de Buenos Aires y estará bajo un estricto monitoreo a través de una tobillera electrónica.

Este dispositivo permitirá a las autoridades controlar su ubicación y asegurar el cumplimiento de la medida, alertando sobre cualquier intento de vulnerar las restricciones impuestas. La medida busca garantizar el control sobre la condenada sin necesidad de su internación en una unidad carcelaria.

La exmandataria deberá presentar una lista de familiares y custodios que podrán visitarla durante este lapso de tiempo. Reuters/Matias Baglietto

La noticia de la prisión domiciliaria para Cristina Kirchner ha generado un intenso debate. Sectores de la oposición y algunas voces dentro del Poder Judicial han expresado su descontento, argumentando que se trata de un privilegio y que la exmandataria debería cumplir su condena en una prisión común.

Por otro lado, los defensores de la medida sostienen que se ajusta a derecho y que responde a criterios humanitarios y legales previstos para casos particulares. Se espera que la decisión continúe generando reacciones y análisis en los próximos días, en un contexto político polarizado.

Cristina Fernández de Kirchner reapareció con fuerza este lunes en la sede del PJ nacional, donde encabezó un acto partidario en el marco del Día de la Resistencia Peronista. A tan sólo horas de que la Corte Suprema defina si ratifica su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad, la expresidenta endureció su discurso político y judicial.

Durante su intervención, CFK cargó contra el Poder Judicial, al que acusó de funcionar como un brazo del poder real. “Conmigo siempre han intentado amedrentar a toda la clase política. Había que poner la cabeza de Cristina en una pica”, afirmó. A su vez, señaló que estar presa sería “un acto de dignidad” y no un motivo de humillación.

Cristina también arremetió contra el gobierno de Javier Milei, al que calificó de “cachivache”. Aseguró que el modelo económico vigente es “inviable” y denunció la falsedad del anunciado superávit fiscal. “Pelotas el superávit. ¿De dónde? No se hacen rutas, no se construyen viviendas, no se financia la educación”, expresó.

Desde la calle Matheu, la expresidenta también denunció que “este gobierno va a fracasar” y llamó a la militancia a organizarse. “Nuestra obligación como militantes es estar presentes. Pase lo que pase”, sentenció. La convocatoria incluyó además una crítica hacia quienes cuestionan el número de desaparecidos durante la dictadura: “Bueno, son nueve mil. ¿Pero dónde están?”

El acto reunió a numerosos dirigentes del kirchnerismo, como Axel Kicillof, Verónica Magario y Máximo Kirchner, y se convirtió en una muestra de respaldo ante un posible fallo judicial adverso. En ese contexto, Cristina llamó a la unidad del peronismo y pidió superar “falsas antinomias”.

También habló de su candidatura a diputada provincial por Buenos Aires, lo que —según sus palabras— disparó una nueva ofensiva judicial: “Bastó con que anunciara mi candidatura para que se desataran todos los demonios”. En un tono épico, como suele expresarse, se comparó con una sobreviviente de la Masacre de José León Suárez: “Soy una fusilada que vive realmente”.

Al cierre del acto, y ya en la calle con micrófono en mano, Cristina apeló al contacto directo con la militancia. “Tenemos que estar con la gente que tiene necesidades y ayudarlos a organizarse”, pidió. En un momento especialmente tenso de su carrera política y judicial, la exmandataria volvió a levantar el perfil con un mensaje de resistencia y confrontación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó entender en la demanda entablada por la provincia de Santa Fe por el no pago de Anses de las diferencias por la no transferencia de la Caja de Jubilaciones desde 2020 a la fecha.

En el acuerdo de esta semana, el máximo tribunal de justicia de la Nación declaró que "la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" y corrió traslado de la demanda interpuesta contra el Estado Nacional, “que se sustanciará por la vía del proceso ordinario".

La decisión además fue comunicada al Ministerio de Capital Humano de la Nación que tiene bajo su órbita a Anses.

En el expediente se señala que "la Provincia de Santa Fe -a quien le corresponde la competencia originaria de esta Corte, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional-, demanda al Estado Nacional -con derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Fundamental-, la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia originaria".

Emerio Agretti

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Roberto Falistocco y los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Margarita Zabalza junto al Procurador General, Jorge Barraguirre, abrirán formalmente el año judicial 2025.

La ceremonia de apertura del año judicial se encuentra prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincial de Santa Fe. El artículo que establece dicha competencia sostiene que es la Corte Suprema de Justicia la que inicia anualmente la labor judicial en acto público y solemne (art. 19 inc.15 – LOT).

Hasta ahí la formalidad, debidamente consignada en la información de Prensa del Poder Judicial. Pero anualmente, el acto de Apertura del Año Judicial conlleva la lectura del discurso del presidente de la Corte, en el que por lo general se hace un balance de lo actuado como poder del Estado y proyecta o sintetiza las previsiones y perspectivas para el año en curso. En esas circunstancias, la atención pública y periodística está puesta en lo que puedan advertirse como pronunciamientos de impacto político, o vinculado al vínculo entre los poderes.

Todo esto se resignifica en esta ocasión, por factores que están reflejados ya en el primer párrafo de estas líneas (y de la información de prensa): la presencia en el listado de ministros de la Corte de dos nuevos integrantes, que esta misma semana juraron en el cargo, y que lo hicieron a su vez con significativos discursos.

Efectivamente, Jorge Baclini y Margarita Zabalza dejaron sentada su impronta discursiva y actitudinal en una Corte que tiene en curso una renovación, cuya próxima instancia formalmente prevista es el ingreso de Rubén Weder el mes que viene, tras el retiro de María Angélica Gastaldi. Baclini y Zabalza vinieron a ocupar las vacantes producidas por la jubilación de Mario Netri y la reciente creación por ley del séptimo cargo de ministro.

Pero a la vez, se trata de recambios producidos en el curso de un proceso trabajado y de intensas negociaciones y presiones, que la gestión encabezada por Maximiliano Pullaro tiene previsto llevar más allá de los ya producidos, y con la pretensión de que también sean reemplazados Falistocco, Gutiérrez y Spuler, los tres ministros que superan los 75 años de edad.

De qué manera ocurrirá eso es algo sobre lo que el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, no quiso abundar ante la insistencia de El Litoral este mismo lunes, el día que juraron Baclini y Zabalza. Pero sobre lo que sí se explayó un poco más horas después el gobernador Maximiliano Pullaro.

En cuanto a los magistrados cuyo apartamiento se espera, el mandatario expresó que "son tres personas con las que tengo mis diferencias desde hace mucho tiempo, no desde que soy gobernador, desde que era ministro de Seguridad y decían (ellos) que la seguridad no tenía nada que ver con la Justicia, y me pidieron la renuncia. Son personas que le han dejado mucho a la provincia. No hemos tenido escándalos ni problemas. Pero su tiempo ya pasó".

Retomando la línea con que planteó el debate desde el mismo momento de asumir, Pullaro argumentó que "uno cumple ciclos en la vida biológica, en la vida política y en la vida institucional. Los tres magistrados que en este momento tienen más de 75 años cumplieron un ciclo importante en la provincia pero claramente tiene que venir una renovación que nos permita una Justicia más barata, más eficiente y más cercana",

En ese sentido, si bien no confirmó que llegado el caso utilizará la vía de un decreto de cesantía, dejó en claro que "con los miembros de la Corte seguiremos dialogando y esperamos no tener que llegar a ello. Pero si tenemos que llegar no me faltará autoridad".

En este contexto, asume particular interés lo que vaya a ser el discurso de Falistocco este viernes, en su condición de presidente de una Corte en transición, pero también como uno de los ministros que el gobierno espera reemplazar. Como es de rigor, el acto será transmitido en vivo por el canal Youtube del Poder Judicial y traducido a la Lengua de Señas Argentina (LSA).