La situación judicial de Morena Rial sumó este viernes un nuevo capítulo adverso. La Justicia volvió a rechazar el pedido de excarcelación presentado por su defensa en el marco de la causa en la que se la investiga, profundizando un escenario complejo para la hija del conductor Jorge Rial, que continúa privada de su libertad mientras avanza la investigación.

El nuevo revés judicial se conoció en las últimas horas y ratifica lo resuelto previamente por el tribunal interviniente, que consideró que no están dadas las condiciones para concederle la libertad mientras continúa el proceso. Según se informó, los jueces entendieron que persisten los riesgos procesales, entre ellos la posibilidad de entorpecer la investigación y la falta de garantías suficientes para asegurar su comparecencia ante la Justicia.

De este modo, la influencer y mediática deberá seguir detenida, a la espera de nuevas definiciones judiciales o de una eventual modificación en su situación procesal, algo que por el momento no aparece en el horizonte inmediato.

De acuerdo a lo que trascendió en el ámbito judicial, el tribunal volvió a evaluar los elementos presentados por la defensa de Morena Rial, pero concluyó que los fundamentos no alcanzan para revertir la medida. Entre los puntos centrales, se destacó la gravedad de los hechos investigados y el estado actual de la causa, que aún se encuentra en una etapa clave de recolección de pruebas.

Además, se remarcó que la acusada ya había recibido anteriormente una negativa similar, lo que refuerza la postura del juzgado de mantener la prisión preventiva hasta que existan mayores certezas sobre el avance del expediente.

El caso de Morena Rial genera una fuerte repercusión tanto en el ámbito judicial como en el mediático, no solo por la exposición pública de la joven sino también por el impacto que la situación tiene en su entorno familiar. En las últimas semanas, el tema fue abordado en distintos programas de televisión y portales de espectáculos, donde se analizan tanto los aspectos legales como las consecuencias personales del proceso.

Hasta el momento, Jorge Rial no realizó declaraciones públicas recientes tras conocerse esta nueva resolución judicial, aunque en oportunidades anteriores había manifestado su preocupación por el delicado momento que atraviesa su hija.

Con la excarcelación nuevamente denegada, el camino judicial de Morena Rial dependerá de los próximos movimientos de su defensa y de las resoluciones que adopte el tribunal en función de las pruebas que se sigan incorporando a la causa. No se descarta que en las próximas semanas se presenten nuevos recursos, aunque todo indica que el proceso continuará sin cambios inmediatos.

Mientras tanto, la joven permanece detenida, a la espera de que la Justicia determine los pasos a seguir en una causa que sigue sumando capítulos y mantiene la atención pública.

La nueva negativa judicial a concederle la excarcelación a Morena Rial consolida un escenario adverso y prolonga su permanencia detenida. Con una investigación aún en curso y sin señales de una resolución cercana, el caso vuelve a poner en el centro del debate la relación entre exposición mediática y procesos judiciales, en una historia que todavía está lejos de llegar a su final.

Martín González - Juan José Góngora

La Justicia de Santa Fe atraviesa una transformación histórica. Tras décadas de inamovilidad, la Corte Suprema de la provincia inicia una etapa de renovación casi total. En una entrevista telefónica con Radio Rafaela, el gobernador Maximiliano Pullaro fundamentó la necesidad de este cambio, no como una crítica personal a los ministros salientes, sino como una urgencia institucional.

"Indudablemente uno no es el mismo después de treinta años en el mismo cargo, y menos en uno que tiene tanto poder", sentenció Pullaro. Para el mandatario, la permanencia prolongada en la cúpula judicial genera "puntos ciegos" que impiden ver el panorama completo de las demandas sociales.

"Con mucho esfuerzo y diálogo institucional, hemos logrado renovar casi por completo la Corte. Esta nueva conformación va a trabajar en un plan de eficiencia y ordenamiento de los recursos para que realmente lleguen a la gente", aseguró.

Pullaro detalló la composición de la nueva cabeza del Poder Judicial, destacando que por primera vez se buscó una representatividad que abarque toda la geografía y diversos sectores de la abogacía:

El Norte y el Oeste: Representados por un exjuez federal y una especialista con trayectoria legislativa en Esperanza.

Rosario y Santa Fe: Con nombres que vienen de la carrera judicial interna, como el Dr. Weder, y del derecho penal y el Ministerio Público de la Acusación, como el Dr. Baclini.

Academia y Sector Privado: Con la incorporación de la Dra. Margarita Zabalza y Jorgelina Genghini (representante de los Colegios de Abogados), buscando una visión que combine la excelencia académica con la experiencia del ejercicio profesional liberal.

El éxito de esta reforma se medirá en la respuesta a los conflictos cotidianos según el gobernador.

Para el gobernador, el éxito de esta reforma no se medirá en términos políticos, sino en la respuesta a los conflictos cotidianos. "Esto nos permite tener una mirada integral que va a acercar la justicia a la gente que tiene un problema de familia, laboral, civil o penal. Tendremos una justicia mucho más cercana", concluyó en el aire de Radio Rafaela.

La Corte Suprema de Justicia distinguió a los mejores promedios de las carreras de Abogacía de las Universidades estatales y privadas de la provincia. Encabezó el evento el presidente de la Corte Suprema, Roberto Falistocco, acompañado por los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y la ministra Margarita Elsa Zabalza.

La ceremonia contó con la presencia de las autoridades de las unidades académicas en la que los premiados cursaron sus estudios de grado y en las que obtuvieron el reconocimiento como mejores estudiantes de Abogacía.

En su discurso de salutación Falistocco destacó que este premio lleva muchos años desde que fue instituido y fue la Corte de Santa Fe pionera en su implementación en todo el país (se cumplieron 34 años desde que se entregó la primer ronda de distinciones).

La entrega de los premios Corte Suprema fue transmistida por el canal YouTube del Poder Judicial de Santa Fe y traducida a la Lengua de Señas de Argentina (LSA).

Los premiados fueron: por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral: Primer Mejor Promedio Abogada Lourdes Bonfils; segundo Mejor Promedio Abogada Lara Lazzaroni; Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, Primer Mejor Promedio Abogada Florencia Reichel Leguizamón; Segundo Mejor Promedio Abogada María Belén Trosero.

En tanto, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Primer Mejor Promedio Abogada Josefina Talamonti; Segundo Mejor Promedio Abogada Clara Harte; Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Primer Mejor Promedio Abogada Delfina Noviello; Segundo Mejor Promedio Abogada Cecilia María Canto.

Por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL), Primer Mejor Promedio Abogado Lautaro Grassi Pregiutti; Segundo Mejor Promedio Abogada Sofía Lombardi; Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad Abierta Interamericana- Sede Rosario; Primer Mejor Promedio Abogado Ulises Pellegrini; Segundo Mejor Promedio Abogado Nicolás Alfredo Bosetti.

Por segundo martes consecutivo, la Corte Suprema de Justicia de la provincia no pudo lograr un acuerdo para designar el presidente 2026 y resolvió pasar el tema al próximo acuerdo, que en principio, será el martes venidero.

Un escueto comunicado entregado esta tarde informa que la elección del presidente 2026, luego de la deliberación de sus integrantes, pasó a un nuevo cuarto intermedio para la próxima reunión de Acuerdo, según el acta número 46.

Del encuentro participaron los siete ministros, encabezados por su presidente actual, Roberto Falistocco, más Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza.

La elección de presidente para el ejercicio siguiente, de acuerdo a la ley orgánica, debe realizarse en el último acuerdo del mes de noviembre.

Mario Cáffaro - Emerio Agretti

Eduardo Guillermo Spuler dejará su cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia a partir del 1 de septiembre de 2026, según anunció a sus pares en el acuerdo de este martes.

La decisión está contenida en la renuncia diferida presentada ante el presidente del cuerpo, Roberto Falistocco, de acuerdo a lo que pudo saber El Litoral.

El ministro santafesino había llegado en el año 2000 al alto tribunal junto a Rafael Gutiérrez y a Mario Netri, éste último quien se retiró meses atrás del cargo.

Spuler ya tiene una edad superior a la establecida por ley -75 años- y que fue incluida en la reciente reforma de la Constitución de la provincia.

Hoy junto a Gutiérrez son los dos santafesinos que integran el supremo tribunal. Rubén Weder, oriundo de Humboltd, vive también en la capital de la provincia. En cambio, los otros cuatro ministros tienen residencia en Rosario: Falistocco, Daniel Erbetta, Margarita Zabalza y Jorge Baclini.

La Corte Suprema de Justicia rechazó la posibilidad de que los ciudadanos argentinos presenten candidaturas para cargos públicos en forma independiente, sin ser parte de la propuesta de un partido político. En la misma jornada rechazó el uso del término “Fuerza Patria” en la denominación de una alianza que no integra el Partido Justicialista, con el mismo criterio aplicado en un caso anterior con respecto a La Libertad Avanza, y conforme a los parámetros establecidos por la Cámara Electoral.

En el acuerdo de este jueves 16, el Tribunal desestimó el planteo de Mario Enzo Cabral, abogado por derecho propio, que inició una acción en la justicia electoral a fin de que oficializara su candidatura para diputado nacional por el Distrito Corrientes, y así participar en los comicios generales del próximo 26 de octubre.

Allí afirmó que ninguna cláusula constitucional o legal se lo impide, aunque admitió que algunas normas vigentes son ambiguas y podrían llevar a la conclusión contraria. En tales condiciones planteó que entonces se declarara la inconstitucionalidad de los "artículos 55, 55 bis, 56, 60,61, 63,64 del Código Electoral Nacional - Ley 19.945 y modificaciones y toda otra norma que se oponga a la presente requisitoria, y especialmente el art 2 de la ley 23.298 (ley Orgánica de los Partidos Políticos).

El Juzgado Federal Nº 1 de la Provincia de Corrientes resolvió rechazar la pretensión "in límine". Para justificar la decisión, explicó, inicialmente, que el actor ya había presentado pretensiones análogas en los años 2019, 2021 y 2023. Y que en aquellas oportunidades ya se le había dicho que no, de conformidad con lo dispuesto en esas oportunidades, y consideró que, nuevamente, correspondía rechazar en la doctrina asentada por la Corte en el precedente Ríos y por la Cámara Nacional Electoral en la causa "Padilla".

El caso “Ríos” es un fallo de 2001, que contempla el planteo de un ciudadano que intentó presentarse como candidato presidencial de manera independiente, sin el aval de un partido político. La Corte rechazó esa posibilidad invocando que la Constitución Nacional y la Ley de Partidos Políticos (23.298) establecen que los partidos son “instituciones fundamentales del sistema democrático”.

En los fundamentos deja en claro que el sistema electoral argentino está construido sobre la base de los partidos políticos como vehículos necesarios de la representación popular, y que permitir candidaturas por fuera de ellos “implicaría alterar el diseño constitucional y legal del sistema”.

La Cámara Nacional Electoral, instancia en la que se resuelven de manera definitiva la mayoría de los planteos (sin llegar a la Corte), aplica desde 1991 la doctrina “Padilla”, también basada en el caso de un ciudadano que pretendió oficializar su candidatura sin la intervención de un partido político.

La Cámara negó la postulación sobre la base de que la Constitución y la legislación electoral no contemplan las candidaturas individuales, sino únicamente las propuestas por partidos políticos reconocidos.

El tribunal reafirmó el carácter de los partidos como “instrumentos exclusivos” para la presentación de candidaturas. Y señaló que el sistema argentino no es un régimen de candidaturas independientes, a diferencia de otros países, sino un modelo de democracia de partidos.

Con esos antecedentes, la Cámara Nacional Electoral confirmó la sentencia de primera instancia para el planteo del correntino Cabral. Tras volver a citar la doctrina “Padilla”, el fallo subrayó que el aspirante a candidato no se había encargado de demostrar que su caso fuera diferente a aquel. Pero el abogado llegó en queja a la Corte Suprema.

“Siendo que este es el cuarto año consecutivo que realizo el mismo planteo, considero necesario, a fin de dar una solución a este tema (...) obtener un pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre el fondo de la cuestión”, dijo.

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó la presentación por considerarla inadmisible.

Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosatti, la actual conformación de la Corte Suprema. Foto: Marcelo Manera.

Por otra parte, el máximo tribunal también desestimó una presentación en donde se discutía el uso del nombre “Fuerza Patria” por una alianza transitoria en la provincia de San Luis, integrada por Partido Comunista, Partido de la Victoria y Frente para la Victoria, para las próximas elecciones a diputados nacionales.

La justicia electoral de primera instancia reconoció como alianza transitoria de distrito como derecho al uso exclusivo de nombre “Fuerza Patria San Luis”, pero la Cámara Electoral revocó la autorización porque entendió que era susceptible de generar confusión en el electorado y dispuso proceder a la readecuación del nombre.

Subrayó que el nombre “Fuerza Patria” es utilizado en múltiples alianzas electorales del país y su columna vertebral era el Partido Justicialista.

La apoderada Ivana Elsa Serrano, apoderada de la “Alianza Frente Pueblo San Luis” llegó en queja a la Corte Suprema para insistir en llamarse “Fuerza Patria San Luis”, pero la presentación fue desestimada.

La semana pasada, la Corte Suprema había rechazado planteos similares para utilizar nombres ligados a “La Libertad Avanza”, que alineaban al partido que encarna el Poder Ejecutivo y podían generar confusión en el electorado.

La pauta que sustenta esos rechazos se convirtió en doctrina de la Cámara Nacional Electoral, sobre la base de una serie de parámetros establecidos para poner freno a esa práctica.

La Cámara Nacional Electoral es el organismo encargado de administrar y supervisar el proceso electoral.

En los últimos meses, la CNE fijó un criterio cada vez más estricto sobre el uso de denominaciones partidarias, al revocar reconocimientos de alianzas que intentaban inscribirse con nombres similares a los de fuerzas ya existentes. Para el tribunal, esa práctica puede inducir a error al votante y afectar la genuina expresión de su voluntad.

Uno de los antecedentes más relevantes fue el caso de la alianza “Ahora la Patria”, en Entre Ríos. En agosto, por mayoría, la Cámara revocó la habilitación dispuesta en primera instancia y ordenó modificar la denominación. Los jueces Santiago Corcuera y Daniel Bejas coincidieron en que “el nombre pretendido es susceptible de provocar confusión en el electorado”. En el fallo, ambos remarcaron la importancia de considerar el nuevo escenario comunicacional, dominado por redes sociales y plataformas digitales, donde la circulación de mensajes puede potenciar la confusión.

En esa línea, aunque en un fallo dividido, el tribunal citó su propia doctrina: “Las consideraciones expuestas por la apelante en el contexto actual en el que se aceleraron los tiempos de circulación y difusión de la información –lo que implica nuevas formas de construcción de sentido sustancialmente distintas a las de los medios tradicionales de comunicación– … resultan suficientes para concluir que el nombre pretendido es susceptible de provocar confusión en el electorado”.

En septiembre, la CNE adoptó un criterio similar al analizar la alianza “Fuerza Patria San Luis”, sobre el que acaba de expedirse la Corte. En esa oportunidad también revocó su reconocimiento, argumentando que la similitud con la denominación “Fuerza Patria” podía generar engaño y suplantación de identidad política. Según los jueces, “decidir sobre la base de un criterio diferente importaría desconocer la realidad actual, lo que conllevaría (…) a una evidente confusión del electorado e incluso podría provocar que el sufragante dé su voto en sentido diverso de su verdadera intención”.

El fiscal electoral dictaminó en el mismo sentido, al advertir que autorizar ese nombre podía “poner en riesgo cierto la capitalización de su representación (…) bien como un intento de usufructuar una representación política que le es ajena, o bien provocar aquella confusión material o ideológica que surge como determinante para la decisión del caso traído a revisión”.

Ambos fallos consolidan una doctrina clara: la Justicia Electoral no permitirá que agrupaciones se amparen en nombres, siglas o emblemas que se asemejen de manera significativa a los de otros partidos. El objetivo, remarcaron los magistrados, es asegurar la transparencia en la oferta electoral y proteger al votante frente a cualquier intento de manipulación.

La táctica combatida por la Cámara no es nueva, y registra numerosos antecedentes, incluyendo el sonado caso del “ARI trucho” en Santa Fe, en las elecciones de 2001.

Elisa Carrió fue víctima de un caso de "confusión electoral", con el famoso caso del "ARI trucho" en Santa Fe.

En aquella oportunidad, Sandra Cabrera fue electa concejala de la ciudad de Rosario por un sublema denominado Ahora Reales Ideas (ARI), que fue inscripto y reconocido por la Justicia electoral, pese a que esa sigla identifica al nucleamiento que a nivel nacional encabezaba Elisa Carrió. Ese sello indujo a error a muchos votantes y, en el caso de la ciudad capital, impidió el ingreso al Concejo Municipal del primer candidato del partido de Carrió, Ricardo Mascheroni, y facilitó en cambio el retorno del peronista José Luis Yódice. El mentor de la “estrategia política” fue el dirigente político Raimar Ataide, quien había inscripto el nombre de varios partidos políticos ante la justicia electoral.

Días después de la elección la propia Carrió adelantó que judicializaría la elección a partir de “la estafa moral que se ha consumado” en Santa Fe y Rosario. En un escrito presentado en la Justicia, los dirigentes del ARI auténtico denunciaron que durante la campaña los espacios beneficiados “distribuyeron volantes de propaganda donde utilizaban ilegítimamente el nombre de la diputada Carrió y se atribuyeron abusivamente una representación que no tenían, como oportunamente lo acreditáramos con la documental respectiva”.

El presidente de la comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales, Lisandro Enrico, admitió la subsistencia de discrepancias en algunas cuestiones vinculadas al funcionamiento de los tribunales y las nuevas instituciones, ya que se trata de “cambios importantes, que tienen que ser afinados”. Y que se trabaja en la búsqueda de consensos, ya que a la Comisión Redactora llegaron dictámenes con diversos puntos de vista.

En diálogo con el periodismo, Enrico cifró esa necesidad en “las consecuencias que puedan tener para los empleados, los distintos espacios, la creación de nuevas entidades, nuevos institutos como el Consejo de Asesor, o el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público”. Y entre ellos, especialmente, la manera en que se conformará el órgano de control, disciplina y eventualmente destitución de magistrados y funcionarios.

La necesidad de buscar consensos llevó a que la reunión de la Comisión Redactora convocada para este martes a la mañana pasase a un cuarto intermedio, con el objetivo de definir los últimos ajustes rumbo a la sesión plenaria del próximo miércoles.

El texto que firmaron 11 convencionales de Unidos para Cambiar Santa Fe, establece que la Corte Suprema de Justicia estará integrada por siete ministros, con paridad de género y representación territorial, y que la edad límite de permanencia en el cargo será de 75 años. También se ratifica que los ministros serán designados por el Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. A la vez, se mantiene la figura del Procurador General como parte del Poder Judicial.

Convencionales en pleno debate durante la Comisión Redactora, trabajando en consensos y ajustes para la próxima sesión plenaria de la Convención.

El dictamen también apunta a incorporar al Ministerio Público a través de dos órganos autónomos, con autarquía financiera e independencia de los otros poderes del Estado: el de Acusación y el de Defensa. Sus titulares serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo legislativo, por un mandato de cinco años, renovable una sola vez.

El dictamen crea también un Consejo Asesor para la selección de magistrados, fiscales y defensores, y de un Tribunal de Enjuiciamiento para su control disciplinario; precisamente el punto sobre el que existen diferencias en cuanto a su composición, representativa de distintos estamentos.

Al respecto, Enrico precisó que “hoy tenemos para los jueces un sistema donde la Corte Suprema de Justicia es la que, con todos sus miembros, hace el análisis del desempeño de un juez; con lo cual la Justicia se autocontrola. Tenemos también los fiscales y defensores, que son controlados por la Legislatura. Eso se eliminaría y se pasaría a un sistema donde hay un funcionario, que es el acusador externo designado, que actuará ante un tribunal de enjuiciamiento plural compuesto por abogados, legisladores y el estamento del Poder Judicial. Esa es un poco la la la idea que tenemos en general. Pero cómo se compone, integrantes, cantidades, son las diferencias que hay entre diferentes dictámenes de los distintos bloques”.

Al efecto de compatibilizar puntos de vista y luego pasar a la redacción definitiva, es que se convocó a la comisión que preside Enrico para que, con quórum suficiente, pueda producir los cambios necesarios.

Por su parte, el propio convencional aclaró que “no me parece republicano esto de que los miembros de un poder quieran ser incontrolables, quieran ser absolutamente ajenos a todo. Acá mantenemos una Constitución republicana, como lo manda la Constitución nacional. La independencia de los poderes es fundamental para eso, pero la independencia de poderes trae aparejado el contrapeso de los propios poderes.

“Estas posturas autonomistas en donde los fiscales no quieren que nadie los controle y quieren tener el manejo de todo sin que nadie le diga nada, es directamente lesivo hacia un sistema republicano. Todas las provincias tienen mecanismos de control para los casos en donde haya incumplimientos y los responsables tengan que ser destituidos. Porque la Constitución les está dando estabilidad plena en el cargo. O sea, son personas que van a tener un cargo de por vida y en algunos casos herramientas de cercenamiento de derechos muy fuerte, detención, escuchas telefónicas. Entonces, el control es fundamental. Si algunos piensan que esto no es así, bueno, directamente no tienen una vocación republicana. Lo queremos dejar claro”, agregó.

Por otro lado, Enrico remarcó que “tampoco queremos bajarle el peso al Poder Legislativo, que es el poder más democrático, más representativo, más oxigenado de la provincia y que tiene que tener mayor peso al momento de decidir sobre una falta grave que pueda implicar el desplazamiento de un fiscal, juez o defensor. ¿Por qué? Porque es la propia asamblea legislativa la que designa un fiscal o juez o defensor. Entonces, es la propia asamblea la que debe tener su representante, en la cantidad que se decida, en un tribunal de enjuiciamiento. Pero hay discursos que realmente lesionan el sistema republicano en esta provincia cuando hablan de autonomía absoluta y no admitir ningún tipo de controles y contrapeso”.

El Senado nacional retoma este martes el debate de los proyectos referidos a la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la mayoría de los cuales impulsa la ampliación en el número de sus miembros. Actualmente está fijado en 5 pero, tras los intentos frustrados por cubrir las vacantes existentes, funciona con 3: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los diez proyectos a considerar por el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales incluyen también la paridad o cupo de género, además de la representatividad territorial.

El debate por la ampliación de la Corte, que cuenta con un antecedente reciente de 2022, con una media sanción del Senado impulsada por el entonces Frente de Todos, comenzó a finales de mayo pasado, luego del histórico rechazo a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. En el interín se produjo la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, que revitalizó las críticas del peronismo al Tribunal (sobre el que en 2023 desató un intento de juicio político) y el impulso a la modificación de su composición, sumando incluso un nuevo proyecto a los existentes hasta entonces, firmado por Juliana Di Tullio.

En este punto, sobre la mesa hay una decena de iniciativas. Corresponden a Silvia Sapag (UP), Nora del Valle Giménez (UP), Flavio Fama (UCR), Juan Carlos Romero (LPU), Alejandra Vigo (LPU), Lucila Crexell (LPU), Mónica Silva (JSRN), Edith Terenzi (LPU) y Juliana Di Tullio (UP).

Las iniciativas se enfocan en tres líneas temáticas: ampliación de miembros de la Corte (Romero pidió pasarla de 5 jueces a 7, Silva y Di Tullio promueven aumentarla a 9, Sapag planteó llevarlo a 15); paridad de género (Crexell, Giménez, Silva, Fama, Vigo, Di Tullio y Sapag); y distribución de los magistrados en cinco regiones federales, que no puedan tener más de dos representantes cada una (Silva).

De acuerdo a la Constitución, la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia requiere del voto positivo de dos tercios de los presentes del Senado, un trámite que con la composición actual es imposible llevar adelante sin un acuerdo del oficialismo con Unión por la Patria. Por eso, luego de los rechazos de los pliegos de Lijo y García-Mansilla (quien ocupó el sillón brevemente y por decreto), el PJ apura la aprobación de los cambios para antes de fin de año, y el gobierno se mantiene al margen y apunta a dejarlos para después de la renovación parlamentaria en diciembre.

La Corte de cinco, con tres miembros: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti. Crédito: Archivo El Litoral.

El 28 de mayo fue el último encuentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en donde se discute la reforma. La senadora cordobesa Alejandra Vigo, presidenta de Asuntos Constitucionales, aseguró entonces que se buscaría escuchar a "todas las voces" y el debate llevaría "el tiempo que haga falta" para lograr consensos.

En ese plenario expusieron María Esther Cafure de Battistelli, asesora y delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina en Córdoba; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez; Ricardo Gil Lavedra, en su condición de presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; el constitucionalista y convencional constituyente Alberto García Lema; y Liliana Piccinini, jueza del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

Entre las posturas se destacaron las de Gil Lavedra, quien consideró inoportuno ampliar el máximo tribunal; y Gil Domínguez, quien se mostró a favor de ampliarla, pero opinó que debía ser en el marco de una discusión más integral.

Gil Lavedra se apoyó en la crisis de confianza social hacia la Justicia, y la atribuyó en buena medida a la recurrente modificación en su número de miembros. "Yo sospecho que si en la discusión se abre la suspicacia de que la modificación de los miembros de la Corte responde a intereses políticos, esto va a deteriorar más la confianza de la gente. Esto es evidente, lo que primero tenemos que hacer es tratar de estabilizar la institución. Que de nuevo se vuelva a ampliar por intereses meramente políticos no va a ayudar precisamente a restablecer la confianza.

Ricardo Gil Lavedra, ex juez del Juicio a las Juntas Militares. Crédito: Flavio Raina.

"Por supuesto, ninguno de los proyectos trae la cuestión de la división en salas de la Corte. Y este es un punto estratégico. Sin duda es un aspecto controvertido, ¿no? Porque hay algunos doctrinarios que piensan que se podría dividir en salas, y en consecuencia podríamos aumentar el número". Tras aclarar que considera que ello no corresponde, advirtió que "si la Corte no se puede dividir, cada ampliación de miembros repercute en la eficacia, porque tiene que pasar el proyecto de sentencia por más miembros, como decía la famosa acordada 44 del año 89. En consecuencia, el número de miembros de la Corte tiene que ser escaso. Es decir, no debe ser muy numeroso. Muchos jueces retardan las decisiones", remarcó.

En tanto, consideró "inadmisible que tengamos un tribunal superior compuesto exclusivamente por hombres. Es inadmisible con lo que requiere la Constitución, con lo que ocurre en todos los países del mundo occidental: no existen tribunales superiores compuestos exclusivamente por hombres. Por eso, me parecen muy bien todos los proyectos que contienen esto, como así también, que la Corte tiene una cuestión de la representación federal, eso está muy bien".

Por su parte, Gil Domínguez opinó que "tomando en cuenta el proceso histórico, el número de la Corte tendría que ser entre 9, 11 o 13 integrantes", y señaló que con un número mayor "tendría más relevancia la diversidad de géneros, que es una obligación que emerge de nuestra Constitución" y también de convenciones internacionales. También tomaría relevancia la perspectiva federal y "la diversidad ideológica entendida desde lo político o doctrinaria". "En esta aritmética estas variables tienen una posibilidad mayor de tener sustento, repercusión y garantía", añadió.

Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Crédito: Gentileza HSN.

Más allá de lo cual, dejó en claro que el punto "debe englobarse en un debate más amplio, que se vincula con la necesidad de tener una nueva ley orgánica que se dirija a reestructurar el funcionamiento integral de la Corte", planteó. Para el especialista, es necesaria "una ley que se encargue de delinear aspectos jurisdiccionales", al tiempo de "establecer claramente que la Corte tiene que tener plazos, agenda, orden cronológico".

A la reunión convocada para este martes fueron invitados como expositores Aída Tarditti, jueza del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba; Marcelo López Mesa, académico de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires; y Diego Hernán Armesto, abogado constitucionalista.

El próximo sábado 21 de junio entrará en vigencia en toda la provincia el Código Procesal Penal Juvenil, aprobado por la ley número 14.228 sancionada por la Legislatura de la provincia el 30 de noviembre de 2023 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 29 de diciembre de ese mismo año.

Para su implementación, en el seno del MPA, la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, definió la creación de Unidades Fiscales Especializadas en la temática dentro de la estructura de cada una de las cinco Fiscalías Regionales que hay en la provincia. Además, dispuso la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA), la cual funcionará en el ámbito de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General, a cargo de la fiscal Carla Cerliani.

“La UFERPA se encargará de la planificación y supervisión de la persecución penal en materia penal juvenil en la provincia y, de forma excepcional, podrá asumir el litigio de casos individuales”, explicó la Fiscal General. “A su vez, deberá articular el trabajo conjunto con las Fiscalías Regionales y velar por el principio de unidad de la actuación del MPA”, especificó.

Vranicich sostuvo que “estamos frente a un cambio sustancial en las funciones del MPA”, y agregó que “desde hace más de un año, venimos coordinando esfuerzos en vistas a la persecución penal de menores de edad”. Al respecto, recordó que “comenzaremos a investigar a jóvenes de entre 16 y 18 años que cometan hechos delictivos de competencia provincial que tengan un mínimo de pena en expectativa de dos años de prisión”.

“La implementación de este nuevo Código, junto con el juicio por jurados, son los elementos que completan y adecuan integralmente el sistema acusatorio adversarial a la Constitución Nacional en nuestra provincia”, resaltó la Fiscal General.

Vranicich señaló que “a diferencia de lo sucedido en 2014 cuando se implementó el sistema acusatorio para mayores de edad en el que quedaron las causas anteriores encapsuladas en un sistema residual con estructura propia, en esta oportunidad en el sistema penal juvenil será asumida íntegramente la carga de trabajo en tramite de los Juzgados de Primera Instancia de Distrito de Menores por el MPA”.

Asimismo, destacó que “está todo dado para iniciar los procesos de traspaso de recursos humanos desde los órganos que intervendrán hasta el sábado en la investigación de los delitos cometidos por menores de edad”. Precisó que “nueve profesionales que estaban a cargo de las Asesorías de Menores y de las Secretarías Penales serán fiscales en la materia, mientras que más de 60 empleados y empleadas administrativas del mismo origen se integrarán al MPA”. En tanto, añadió que “estamos en tratativas con la Corte Suprema de Justicia para que también sea trasladado el personal de servicios, que es lo que corresponde según la ley vigente”.

“Hasta que los nuevos recursos humanos se consoliden en cada circunscripción judicial, los Fiscales Regionales asignaron a fiscales referentes quienes vienen centralizando gestiones y siendo el nexo con la UFERPA durante la primera etapa de persecución penal juvenil”, detalló Vranicich.

A raíz de la nueva competencia institucional, se adaptó el sistema informático del MPA, denominado Heimdall, para adecuar sus funcionalidades y módulos. También se desarrolló un sistema al que se llamó Clio, que será una herramienta de consulta permanente durante la persecución penal de ilícitos cometidos por menores de edad, ya que centraliza datos históricos provenientes de los Juzgados de Primera Instancia de Distrito de Menores.

“La integración de información sobre legajos abiertos y finalizados a las bases de datos institucionales resulta fundamental para la continuidad de las investigaciones, la trazabilidad de casos y la toma de decisiones fundadas”, valoró Vranicich. “En las cinco circunscripciones, se relevaron expedientes en marcha y se identificaron prioridades”, manifestó.

Por otro lado, la Fiscal General afirmó que “desde la Escuela de Capacitación, se desarrollaron diversas actividades de formación en la materia, lo cual reafirma nuestro compromiso de mejora continua”.

Actualmente, se lleva a cabo la primera edición de un curso en el que se aborda la política de persecución penal en ese sentido y es obligatorio para todos los integrantes del MPA y del fuero penal de Menores de la provincia que traspasarán a la institución. En ese marco, el viernes de la semana pasada se desarrolló una clase virtual de cierre que estuvo a cargo de Vranicich, la fiscal coordinadora de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados, Carla Cerliani, y el fiscal asignado a la Fiscalía General en relación a Responsabilidad Penal Adolescente, Luis Schiappa Pietra.

Por su parte, quienes asumirán las nuevas incumbencias como funcionarios y empleados mantuvieron encuentros de trabajo presenciales a principios de este mes. Para los que pertenecen a las Fiscalías Regionales 1, 4 y 5 se desarrolló una jornada de intercambio en la ciudad de Santa Fe; mientras que los de las Fiscalías Regionales 2 y 3 participaron de una reunión similar en Rosario.

Para prestar los servicios del MPA relativos a la persecución penal de menores de edad, en las ciudades de Santa Fe y Rosario se alquilaron inmuebles ubicados en 25 de Mayo 2319 y en Avenida San Martín 2886, respectivamente, los cuales se habilitarán oficialmente en los próximos días. Mientras tanto, las tareas se llevarán a cabo en los inmuebles en los que funcionaban los juzgados de Menores, tanto en la capital provincial como en Rosario.

En cuanto a Casilda, San Lorenzo, Tostado y Rafaela, el MPA pasará a ser el locatario de las sedes actuales de los Juzgados de Primera Instancia de Distrito de Menores.

En Reconquista, Villa Constitución y Venado Tuerto, se utilizarán oficinas en Centros de Justicia, donde se desempeña el personal del fuero de Menores que será traspasado.

En relación al proceso de reforma de la Constitución Provincial, cuya ley de convocatoria permite tratar el posicionamiento institucional del MPA, la Fiscal General subrayó que “el trabajo realizado en la implementación de esta nueva incumbencia refuerza el convencimiento de la necesidad de definir al MPA con autonomía funcional y autarquía financiera reales, lo cual permitirá ejercer la superintendencia sobre sus recursos humanos sin trabas burocráticas o de otra índole, lo cual redundará en la agilización de los procesos de trabajo para que sean más eficientes”. En tal sentido, concluyó que “estamos en uno de los momentos de mayor trascendencia institucional para la vida del MPA”.

La Justicia argentina resolvió este martes que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumpla su condena de seis años en prisión domiciliaria por la causa Vialidad, que la semana pasada confirmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desestimando la postura inicial de los fiscales que habían rechazado esta modalidad.

La decisión, que incluye el uso de una tobillera electrónica, se tomó tras evaluar diversas circunstancias relacionadas con su salud y edad, en un fallo que generó amplio debate en el ámbito político y judicial. Ahora, la exmandataria cumplirá la detención en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, bajo una serie de requisitos.

Con esta decisión CFK no deberá presentarse mañana en Comodoro Py para comenzar a cumplir la condena. Además, deberá presentar una lista de familiares y custodios que podrán visitarla durante este lapso de tiempo.

La resolución judicial establece que CFK deberá permanecer en su domicilio particular en la Ciudad de Buenos Aires. Reuters/Pedro Lázaro Fernández

Inicialmente, los fiscales del caso se habían opuesto a la solicitud de prisión domiciliaria presentada por la defensa de Cristina Kirchner. Argumentaron que no se cumplían los requisitos legales para otorgar este beneficio y que la exmandataria debía permanecer en un establecimiento penitenciario.

Esta postura reflejaba la visión de la fiscalía sobre la gravedad de los delitos imputados y la necesidad de asegurar el cumplimiento efectivo de la condena.

Contrariamente a la postura fiscal, el juez a cargo de la causa ponderó distintos informes médicos y pericias que daban cuenta de la situación de salud de la expresidenta. Si bien no se han detallado públicamente las afecciones específicas, trascendió que se evaluaron condiciones que, según el magistrado, justificaban la excepcionalidad de la prisión domiciliaria.

La edad de Cristina Kirchner también fue un factor considerado en la decisión, en línea con normativas que prevén tratamientos especiales para personas mayores en el sistema penal.

La resolución judicial establece que Cristina Kirchner deberá permanecer en su domicilio particular en la Ciudad de Buenos Aires y estará bajo un estricto monitoreo a través de una tobillera electrónica.

Este dispositivo permitirá a las autoridades controlar su ubicación y asegurar el cumplimiento de la medida, alertando sobre cualquier intento de vulnerar las restricciones impuestas. La medida busca garantizar el control sobre la condenada sin necesidad de su internación en una unidad carcelaria.

La exmandataria deberá presentar una lista de familiares y custodios que podrán visitarla durante este lapso de tiempo. Reuters/Matias Baglietto

La noticia de la prisión domiciliaria para Cristina Kirchner ha generado un intenso debate. Sectores de la oposición y algunas voces dentro del Poder Judicial han expresado su descontento, argumentando que se trata de un privilegio y que la exmandataria debería cumplir su condena en una prisión común.

Por otro lado, los defensores de la medida sostienen que se ajusta a derecho y que responde a criterios humanitarios y legales previstos para casos particulares. Se espera que la decisión continúe generando reacciones y análisis en los próximos días, en un contexto político polarizado.

Cristina Fernández de Kirchner reapareció con fuerza este lunes en la sede del PJ nacional, donde encabezó un acto partidario en el marco del Día de la Resistencia Peronista. A tan sólo horas de que la Corte Suprema defina si ratifica su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad, la expresidenta endureció su discurso político y judicial.

Durante su intervención, CFK cargó contra el Poder Judicial, al que acusó de funcionar como un brazo del poder real. “Conmigo siempre han intentado amedrentar a toda la clase política. Había que poner la cabeza de Cristina en una pica”, afirmó. A su vez, señaló que estar presa sería “un acto de dignidad” y no un motivo de humillación.

Cristina también arremetió contra el gobierno de Javier Milei, al que calificó de “cachivache”. Aseguró que el modelo económico vigente es “inviable” y denunció la falsedad del anunciado superávit fiscal. “Pelotas el superávit. ¿De dónde? No se hacen rutas, no se construyen viviendas, no se financia la educación”, expresó.

Desde la calle Matheu, la expresidenta también denunció que “este gobierno va a fracasar” y llamó a la militancia a organizarse. “Nuestra obligación como militantes es estar presentes. Pase lo que pase”, sentenció. La convocatoria incluyó además una crítica hacia quienes cuestionan el número de desaparecidos durante la dictadura: “Bueno, son nueve mil. ¿Pero dónde están?”

El acto reunió a numerosos dirigentes del kirchnerismo, como Axel Kicillof, Verónica Magario y Máximo Kirchner, y se convirtió en una muestra de respaldo ante un posible fallo judicial adverso. En ese contexto, Cristina llamó a la unidad del peronismo y pidió superar “falsas antinomias”.

También habló de su candidatura a diputada provincial por Buenos Aires, lo que —según sus palabras— disparó una nueva ofensiva judicial: “Bastó con que anunciara mi candidatura para que se desataran todos los demonios”. En un tono épico, como suele expresarse, se comparó con una sobreviviente de la Masacre de José León Suárez: “Soy una fusilada que vive realmente”.

Al cierre del acto, y ya en la calle con micrófono en mano, Cristina apeló al contacto directo con la militancia. “Tenemos que estar con la gente que tiene necesidades y ayudarlos a organizarse”, pidió. En un momento especialmente tenso de su carrera política y judicial, la exmandataria volvió a levantar el perfil con un mensaje de resistencia y confrontación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó entender en la demanda entablada por la provincia de Santa Fe por el no pago de Anses de las diferencias por la no transferencia de la Caja de Jubilaciones desde 2020 a la fecha.

En el acuerdo de esta semana, el máximo tribunal de justicia de la Nación declaró que "la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" y corrió traslado de la demanda interpuesta contra el Estado Nacional, “que se sustanciará por la vía del proceso ordinario".

La decisión además fue comunicada al Ministerio de Capital Humano de la Nación que tiene bajo su órbita a Anses.

En el expediente se señala que "la Provincia de Santa Fe -a quien le corresponde la competencia originaria de esta Corte, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional-, demanda al Estado Nacional -con derecho al fuero federal, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Fundamental-, la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia originaria".

Emerio Agretti

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Roberto Falistocco y los ministros Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Margarita Zabalza junto al Procurador General, Jorge Barraguirre, abrirán formalmente el año judicial 2025.

La ceremonia de apertura del año judicial se encuentra prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincial de Santa Fe. El artículo que establece dicha competencia sostiene que es la Corte Suprema de Justicia la que inicia anualmente la labor judicial en acto público y solemne (art. 19 inc.15 – LOT).

Hasta ahí la formalidad, debidamente consignada en la información de Prensa del Poder Judicial. Pero anualmente, el acto de Apertura del Año Judicial conlleva la lectura del discurso del presidente de la Corte, en el que por lo general se hace un balance de lo actuado como poder del Estado y proyecta o sintetiza las previsiones y perspectivas para el año en curso. En esas circunstancias, la atención pública y periodística está puesta en lo que puedan advertirse como pronunciamientos de impacto político, o vinculado al vínculo entre los poderes.

Todo esto se resignifica en esta ocasión, por factores que están reflejados ya en el primer párrafo de estas líneas (y de la información de prensa): la presencia en el listado de ministros de la Corte de dos nuevos integrantes, que esta misma semana juraron en el cargo, y que lo hicieron a su vez con significativos discursos.

Efectivamente, Jorge Baclini y Margarita Zabalza dejaron sentada su impronta discursiva y actitudinal en una Corte que tiene en curso una renovación, cuya próxima instancia formalmente prevista es el ingreso de Rubén Weder el mes que viene, tras el retiro de María Angélica Gastaldi. Baclini y Zabalza vinieron a ocupar las vacantes producidas por la jubilación de Mario Netri y la reciente creación por ley del séptimo cargo de ministro.

Pero a la vez, se trata de recambios producidos en el curso de un proceso trabajado y de intensas negociaciones y presiones, que la gestión encabezada por Maximiliano Pullaro tiene previsto llevar más allá de los ya producidos, y con la pretensión de que también sean reemplazados Falistocco, Gutiérrez y Spuler, los tres ministros que superan los 75 años de edad.

De qué manera ocurrirá eso es algo sobre lo que el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, no quiso abundar ante la insistencia de El Litoral este mismo lunes, el día que juraron Baclini y Zabalza. Pero sobre lo que sí se explayó un poco más horas después el gobernador Maximiliano Pullaro.

En cuanto a los magistrados cuyo apartamiento se espera, el mandatario expresó que "son tres personas con las que tengo mis diferencias desde hace mucho tiempo, no desde que soy gobernador, desde que era ministro de Seguridad y decían (ellos) que la seguridad no tenía nada que ver con la Justicia, y me pidieron la renuncia. Son personas que le han dejado mucho a la provincia. No hemos tenido escándalos ni problemas. Pero su tiempo ya pasó".

Retomando la línea con que planteó el debate desde el mismo momento de asumir, Pullaro argumentó que "uno cumple ciclos en la vida biológica, en la vida política y en la vida institucional. Los tres magistrados que en este momento tienen más de 75 años cumplieron un ciclo importante en la provincia pero claramente tiene que venir una renovación que nos permita una Justicia más barata, más eficiente y más cercana",

En ese sentido, si bien no confirmó que llegado el caso utilizará la vía de un decreto de cesantía, dejó en claro que "con los miembros de la Corte seguiremos dialogando y esperamos no tener que llegar a ello. Pero si tenemos que llegar no me faltará autoridad".

En este contexto, asume particular interés lo que vaya a ser el discurso de Falistocco este viernes, en su condición de presidente de una Corte en transición, pero también como uno de los ministros que el gobierno espera reemplazar. Como es de rigor, el acto será transmitido en vivo por el canal Youtube del Poder Judicial y traducido a la Lengua de Señas Argentina (LSA).

Las agendas de la Cámara de Senadores y de Diputados de la Nación tienen un punto en común: es la asamblea legislativa que está convocada para este sábado a las 21 y reunirá a integrantes de ambos cuerpos parlamentarios para escuchar el discurso del presidente Javier Milei quien, de esta manera, dejará inaugurado un nuevo período ordinario de sesiones.

Así lo dispuso el decreto 140/25 publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma del propio mandatario nacional y el Jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos.

Hasta aquí las únicas certezas acerca de lo que ocurrirá en el arranque del fin de semana largo de carnaval: el día, la hora, el lugar y la transmisión del evento por cadena nacional.

El resto son incógnitas: ¿habrá anuncios concretos del Presidente de la Nación? ¿Incluirá en su discurso propuestas de leyes para que el Congreso debate durante este año o esperará a las legislativas de octubre para volver a medir el volumen del oficialismo?

¿Hará una presentación formal del proyecto de “Igualdad ante la ley” que modifica de manera profunda la agenda de género contemplada en la legislación argentina al eliminar, entre otras, la figura del femicidio de Código Penal”?

¿Planteará una vez más el pedido de renuncia al gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof a quien pidió “córrase del camino” para permitir la intervención del territorio que administra por segundo mandato?

Milei y Villarruel en la asamblea del 2024. Se volverán a encontrar este sábado.

En cualquier caso, el gobernador bonaerense, que enfrenta en los últimos días una inusitada ola de violencia en su distrito, no estará en el Congreso para escuchar a Milei. No será el único mandatario provincial ausente: se espera que sus pares justicialistas Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa) tampoco sean de la partida.

La misma decisión tomaron el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella quien estará habilitando el año legislativo en su provincia. A estas ausencias se sumaría la de Sergio Zilioto, de La Pampa.

Sí garantizó su asistencia el santafesino Maximiliano Pullaro, entre otros gobernadores que, se descuenta, estarán en el Congreso como lo hicieron un año atrás.

¿Y los ex presidentes? El protocolo indica que tiene que haber invitación para todos y todas pero hasta este viernes no había nada confirmado. No se espera que asista Cristina Fernández de Kirchner pero tampoco iría el líder del PRO y, en algunos puntos, aliado de oficialismo Mauricio Macri.

En cuando a las y los legisladores, senadores de Unión por la Patria se adelantaron al anunciar que no van a participar de la asamblea legislativa; se espera igual comportamiento de buena parte de diputados de la principal bancada opositora. Otros bloques van a mandar una representación más o menos numerosa. El mayor aporte se espera, naturalmente, de La Libertad Avanza y el PRO.

El año pasado hubo buena asistencia de gobernadores, este sábado serán notables las ausencias en la oposición.

¿Y los jueces de la Corte Suprema de Justicia? Son cinco sillas, pero cuatro los lugares confirmados: los actuales magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz a quienes se incorporó Manuel García-Mansilla, nombrado “en comisión” por decreto por el presidente Milei e incorporado rápidamente al máximo cuerpo judicial luego de prestar juramento este jueves.

El quinto lugar es para Ariel Lijo, también nombrado por decreto por el mandatario nacional pero cuya definición quedó para el 6 de marzo en el seno de la Corte. Algunas versiones insisten en que Milei lo invitará igual a su discurso.

En cuanto a la cobertura periodística, y mientras se abrió una nueva polémica por la asignación del espacio a reporteros gráficos (en palco en el segundo piso), más que relevar quiénes están presentes en el acto para buscar repercusiones y opiniones sobre la exposición presidencial, el foco de atención estará puesto en las ausencias que, esta vez, dirán mucho más que los acompañamientos.

El presidente Javier Milei regresó de Estados Unidos y su primera decisión fue la de designar por decreto y en comisión a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia, una decisión controvertida, polémica, que seguramente abogados, legisladores y juristas debatirán porque sobre este tema, como se dice en estos casos, la biblioteca está dividida. En principio pareciera que el presidente estaría autorizado por la Constitución Nacional para designar jueces en comisión. El artículo que lo habilita es de 1860 y dice expresamente que puede hacerlo en tiempos de receso parlamentario, una "licencia" que a mediados del siglo XIX se justificaba atendiendo, entre otras consideraciones, la demora de los traslados de los senadores desde sus aldeas, pueblos o ciudades del interior. Lo cierto es que Lijo y García Mansilla serán por lo pronto jueces de la Corte por lo menos durante un año, aunque otro debate abierto es si el Senado, una vez iniciadas las sesiones ordinarias, es decir, dentro de una semana, puede rechazar estos pliegos. Al respecto, no está de más recordar que en 1860 Domingo Sarmiento dijo que a la hora de las designaciones de altos cargos, el presidente necesita sí o sí del acuerdo del Senado; ese acuerdo que, por lo menos hasta la fecha, el Senado no le ha dado a los flamantes cortesanos, una omisión que hoy el oficialismo le reprocha a la oposición, ya que resulta difícil de entender por qué durante casi un año la Cámara no ha podido, o no ha querido, aprobar o rechazar los pliegos, un "ni" que el gobierno ha sabido aprovechar muy bien. También en homenaje a la historia, no deja de ser sintomático que los antecedentes más inmediatos de designación de cortesanos en comisión nos remontan a las presidencias de Nicolás Avellaneda, Miguel Juárez Celman y Carlos Pellegrini.

La designación es controvertida, pero más allá de los aspectos rigurosamente jurídicos, lo cierto es que el problema político real lo presenta Ariel Lijo, porque García Mansilla no ha generado rechazos, aunque conviene advertir que este respetado constitucionalista conservador dijo en algún momento que no aceptaría ser juez en comisión, palabras que pareciera que se las llevó el viento; palabras, que habilitan pensar que a la hora del poder García Mansilla contradice sus propias declaraciones en el mejor estilo del político chapucero o del protagonista de la dichosa "casta". El otro tema polémico, es si la licencia que habría pedido Lijo para ser cortesano es legítima, en tanto la opinión de calificados juristas es que debería renunciar a su cargo de juez federal; un riesgo que Lijo, conociendo su personalidad y los privilegios que supo obtener de su cargo, no estaría dispuesto a correr. Otra observación, digna de tenerse en cuenta, es que entre la multitud de rechazos a Lijo se destacan las personalidades de Victoria Villarruel, Mauricio Macri, Elisa Carrió, Luis Juez, Cristina Kirchner y, quiero creer, los principales dirigentes de la UCR y el socialismo. Digamos que cuesta imaginar la designación de un juez de la Corte con objetores tan reconocidos, aunque, importa advertir que la candidatura de Lijo no es una reliquia solitaria, en tanto es un secreto a voces que hay muchos referentes del poder que lo apoyan con discreción pero realizando gestiones eficaces en el corazón mismo del poder. A la hora de las objeciones a quienes se empeñan en criticar la designación de Lijo, el oficialismo recuerda que Macri en 2015 hizo algo parecido con Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, pero en este caso importa advertir que en pocas semanas el Senado los confirmó como jueces, para no mencionar el hecho de que el propio Macri admitió que su decisión fue un error, "detalle" que se ocupó de mencionar expresamente en algunas de las reuniones sostenidas con Milei.

Conviene insistir: la piedra de la discordia sigue siendo Lijo. Y sobran los motivos para justificar estas discordias. Se trata de un juez cuyos antecedentes jurídicos son más bien modestos, aunque no son modestos sus ingresos y su ostentosa riqueza. La de él y la de su hermano, su principal operador, su habilidoso asistente y socio en gestiones y enredos que poco y nada tienen que ver con lo jurídico, con la ley y, sobre todo, con la justicia en el sentido más alto y noble de la palabra. El presidente Milei en algún momento justificó la designación de Lijo por ser un juez que conoce como la palma de su mano los laberintos kafkianos de la Justicia. Curioso razonamiento para legitimar una decisión; curiosa reflexión de alguien que se reconoce como liberal. De hecho, para bien o para mal, Lijo bien podría ser algo así como el Hugo Moyano de la Justicia. Lo es por el descaro y la prepotencia con que ejerce el poder, por las relaciones que ha tejido, por los acuerdos a la luz del sol y en la penumbra del crepúsculo que ha forjado y cincelado con el talento de un artista; por sus relaciones con políticos, gobernadores, jueces, empresarios y, como para que ninguna asignatura quede pendiente, sus viajes al Vaticano para reunirse con el papa Francisco que en estos temas, en el de otorgar audiencias, pareciera que nunca se equivoca. El presidente se jacta diciendo que la designación de Lijo es una conquista de la libertad. No lo sé, no estoy para nada seguro, pero hay motivos para suponer que la única relación de Lijo con la libertad es la libertad de enriquecerse. Él y su hermano. Asistido en más de un caso por parientes de primer grado. Su biografía en este campo nos recuerda a la de un corrupto dirigente sindical, a la de un empresario tramposo o a la de un político camandulero, "virtudes" que, por ejemplo, a Rosatti o a Rosenkrantz no se les puede atribuir.

Lijo es un juez habilidoso, diestro en el manejo de maniobras, habilidoso a la hora de dormir causas y despertarlas en el momento oportuno, dueño del desparpajo y la prepotencia que la picaresca criolla atribuye a los personajes que "tienen calle", titular de una agenda que incluye a los principales referentes del poder económico y político, con una fortuna personal que resulta difícil, muy difícil de justificar, y con impugnaciones en algún punto frontales de sus colegas. Como para que nada falte a su currículum, hay que sumar las relaciones escabrosas con el fútbol, vía barras bravas y negociados. Digamos que en estos temas el juez es una "pinturita". En el campo del poder todos lo conocen, todos le deben favores, todos alguna vez se conectaron con él. En esa red de relaciones no falta nadie: radicales, peronistas, macristas y, por supuesto, mileístas de paladar negro. Digamos, a modo de conclusión, que los motivos ausentes en la designación de Lijo son, desde el punto de vista de la legitimidad, la virtud republicana y la honorabilidad profesional.

Este martes, el presidente Javier Milei finalmente optó por la vía decreto para designar a dos ministros de la Corte Suprema de Justicia. Ariel Lijo y Manuel García Mansilla son los elegidos para integrar el máximo tribunal, ante las salidas de Maqueda y Highton de Nolasco.

Conocida la decisión, el arco político argentino dio su veredicto con variadas opiniones al respecto. A favor, salieron dos de los ministros más conocidos del gobierno libertario: el de Justicia Cúneo Libarona y la de Seguridad, Bullrich.

"Tanto el Presidente Javier Milei como todos los que integramos el Gobierno vamos a tomar todas las medidas que hagan falta para restablecer el normal funcionamiento de las instituciones de la República", dijo el ministro.

"A partir del nombramiento de Lijo y García-Mansilla, la Corte Suprema de Justicia funcionará con 5 jueces tal como establece la ley", agregó Cúneo.

"La Constitución Nacional en el artículo 99 es clara: el Presidente tiene la facultad de nombrar jueces en comisión para garantizar el funcionamiento del máximo tribunal. Esto permitirá su normal desempeño, que por la irresponsabilidad y la especulación de los políticos había quedado al borde de la parálisis", cerró el titular de Justicia.

Por su parte, Bullrich remarcó: "Los que dicen que Milei se excede y es una monarquía no conocen la Constitución.

“El Gobierno, ni bien comenzó su mandato, que es su atribución, envió dos candidatos para la Corte. Ambos pasaron todas las pruebas que tenían que pasar: las audiencias, los mecanismos de apoyo o rechazo, y los pliegos estaban listos para tratarse desde el 20 de mayo de 2024", siguió.

"El Gobierno pidió el tratamiento de los pliegos mientras la Corte estaba funcionando con cuatro miembros y se sabía que uno iba a terminar su mandato a fin de año. La Corte necesitaba más fortaleza institucional”, consideró.

García Mansilla también fue designado.

La definición de Milei también generó posturas en contra. Es el caso de la senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada.

"Un Juez de la Corte Suprema de Justicia, debería ser ejemplar. Lijo no lo es", dijo la legisladora. "Démosle a la Argentina la seguridad jurídica e institucionalidad que le sacó el kirchnerismo", agregó.

El gobierno tiene q recapacitar. Todos necesitamos creer en la transparencia y cuidar a nuestro país, nuestra Constitución y Justicia.

En tanto, Elisa Carrió se despachó: "Desde el punto de vista institucional y republicano, es un verdadero horror".

Por su parte, Martín Lousteau opinó: "Una vez más, Milei muestra el desprecio que tiene por la Constitución y su devoción por la mentira como método".

Y siguió: "Lo vemos todos los días. La primera fue con el DNU 70, que tiene tanta inconstitucionalidad como cómplices. Pero son muchos los que dicen una cosa y después avalan otra. Hablan de República, de transparencia y después votan en contra de una comisión investigadora".

A su turno, el senador por Formosa, Francisco Paoltroni señaló: "El nombramiento del juez Lijo por decreto representa una verdadera estafa electoral para quienes creímos en una Argentina distinta, con una justicia de calidad e independiente. Festejan los feudos y todos los que se quieren blindar judicialmente".

La legisladora porteña y exministra de Salud Graciela Ocaña apuntó: "A solo tres días del inicio de las Sesiones Ordinarias, Milei elige conscientemente el camino de la inconstitucionalidad al nombrar Jueces por decreto. En lugar de buscar consensos, impone una medida arbitraria y contraria a la Constitución Nacional, que atenta contra el sistema republicano y la independencia judicial".

El gobierno nacional trabaja distintas alternativas en caso de que la Cámara de Senadores rechace el pliego del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema y piensa en dos nuevos nombres para promover por decreto junto al magistrado Manuel García-Mansilla.

Según la agencia Noticias Argentinas, citando fuentes oficiales, se trata de Ricardo Rojas y Ricardo Ramírez Calvo. Son los mismos nombres que circulan por otros medios, aunque también se añaden otros, como los de Carlos Laplacette, Alberto Bianchi e incluso probablemente el de una mujer.

"Si rechazan a Lijo, estamos pensando en nombrar por decreto a las dos personas más libertarias que haya", confesó una importante fuente de Casa Rosada, al anticiparse a uno de los posibles movimientos de la oposición, con especial influencia de Unión por la Patria (UxP).

La idea es que el viernes 21 de febrero, sobre el límite de las sesiones extraordinarias, la Cámara Alta apruebe el pliego del juez Lijo, que contó con los firmas necesarias para su presentación. Distinto es el caso de García-Mansilla, de un perfil académico mucho más sólido y prestigioso, pero a la vez claramente enrolado en las ideas que sostiene la actual gestión, que ni siquiera logró dictamen.

Para nombrar un juez del máximo tribunal de Justicia, la Constitución exige una mayoría agravada de los dos tercios de los presentes en el recinto y allí el oficialismo juega contra el kirchnerismo. Aún así, el gobierno confía en que tiene chances de lograrlo.

En caso de que esto no ocurra, en la Casa Rosada consideran que están habilitados a hacer los nombramientos por decreto. Situación que mereció la advertencia de José Mayans, jefe de bloque de Unión por la Patria (UxP), que en noviembre pasado le dijo al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que voltearían los nombres si eran designados de ese modo. Lo que eventualmente podría derivar en una judicialización del tema.

Pero llegado este punto, el gobierno nacional tiene pensadas otras alternativas para avanzar en nombramientos por decreto junto a García Mansilla. En esa lista se destacan los jueces Ricardo Rojas y Ricardo Ramírez Calvo. Aunque el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, tiene apuntados también a los constitucionalistas Alberto Bianchi, socio del flamante procurador Santiago Castro Videla, y Carlos Laplacette, destaca un despacho de la agencia NA.

Rojas cuenta con el total aval del presidente Javier Milei, que no solo es lector habitual de sus obras sino que dio el visto bueno para que reemplace a Rodolfo Barra al frente de la Procuración General del Tesoro, ofrecimiento que el letrado finalmente declinó con la esperanza de cumplir su anhelo de integrar la Corte.

Por su parte, Ramírez Calvo, que trabajó años junto a García Mansilla, es otro de los preferidos: el profesor de Derecho Constitucional y codirector del Centro de Estudios en Derecho Público de la Universidad de San Andrés es admirado por sus pergaminos, pero también por su perfil, el que consideran se ajusta a la búsqueda.

Entre las posibilidades, analizan la chance de incluir a una mujer y cumplir con el cupo que, tras la salida Elena Highton de Nolasco, aún está vacante, aunque prefieren guardar reservas sobre la candidata evaluada.

Pese al plan B diseñado, en Balcarce 50 apuestan a conquistar los dos tercios necesarios en el Senado para la aprobación de Lijo y avanzar por decreto solo en el nombramiento de Mansilla, como estaba previsto.

Mientras reina la incertidumbre, desde la mesa chica libertaria aseguran que el período de negociaciones está cerrado y que solo resta esperar las manos alzadas en la sesión. Además, prometen que el 1° de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias, estarán sentados los dos jueces que el Ejecutivo desea "a como dé lugar".

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, contó que pese a que el Gobierno Nacional tiene la intención de tratar el pliego del juez federal Ariel Lijo el próximo jueves en la Cámara de Senadores, aún no están los votos necesarios para su aprobación.

"El juez Lijo tiene un dictamen de comisión, pero después tiene que pasar el pleno del Senado y obtener los dos tercios. No es un tema que esté resuelto todavía", contó en declaraciones a Cadena 3.

En la misma línea, insistió en que la estrategia del mandatario "no se modificó" y planteó que avanzará en nombrar tanto a Lijo como a Manuel García Mansilla. "Fue muy claro cuando dijo los dos o ninguno. Habrá que ver cuáles son las fórmulas para llegar a esa posición que mantiene el Presidente", añadió.

"Si el mandatario dijo los dos o ninguno y uno se aprueba, el presidente decidirá si designa por decreto en comisión al otro juez de la Corte", deslizó ante la posibilidad de nombrar a García Mansilla por decreto, una opción que crece con el correr de las horas.

La decisión de la administración libertaria de sumar dos miembros al Máximo Tribunal que desde el 29 de diciembre funciona con tres integrantes luego de que Maqueda, se retirase tras 22 años de carrera, es innegociable. En la actualidad, está integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti, número que no solo consideran insuficiente sino que preocupa.

En alerta por el futuro de la Corte, y amparados en la Constitución Nacional, en Balcarce 50 argumentaron que el Presidente tiene la potestad de ocupar cargos vacantes con nombramientos en comisión cuando el Congreso esté en receso, y no descartan recurrir a esta posibilidad a partir del 21 de febrero, fecha límite de las extraordinarias.

En otro pasaje de la entrevista, el titular de ministros fue consultado por los constantes cambios de nombres en Gobierno ,y argumentó que cuando Milei "estima que algún funcionario no cumple el rol que debe cumplir conforme a las directivas del Poder Ejecutivo, lo cambia".

"Esa es su decisión y es su competencia. El Presidente ha actuado de la manera que le parece que tiene que actuar", subrayó, y agregó: "No anda con acuerdos o arreglos políticos, nada. Le parece que un funcionario no cumple y se va".

Por último, reveló que fue tema de conversación en la reunión de Gabinete, y aseguró que el mandatario les pidió que "no tuviera miedo". "Para aquellos que no cumplen la función como deben cumplirla, un disciplinamiento. Cada funcionario tiene que cumplir la misión que tiene que cumplir", concluyó.

El ministro Federico Sturzenegger elogió la gestión del presidente Javier Milei y repasó las medidas adoptadas para reducir la burocracia estatal.

"Son normas que estaban desde 1983, hace cincuenta años, que le decían a cada productor cómo envasar sus productos. Nadie hizo nada al respecto. En algún momento hay que hablar con la gente y ver realmente qué es lo que les complica la vida", aseguró durante una entrevista con Cristina Pérez en Radio Rivadavia.

Sturzenegger explicó que las facultades delegadas otorgadas por el Congreso a través de la Ley Bases le permiten avanzar en la revisión de normativas obsoletas. "Nos quedan 144 días y debemos aprovecharlos para acelerar la modificación de normas y decretos que afectan a cada sector", señaló.

El ministro invitó a la ciudadanía a participar a través de la página web Reportá la Burocracia, que ya recibió dieciséis mil consultas. "Todo lo que nos manden será revisado", garantizó.

En lo económico, Sturzenegger remarcó el éxito de las políticas de equilibrio fiscal implementadas por el ministro Luis Caputo. "El presidente Milei tiene dos grandes lineamientos: lograr equilibrio fiscal bajando el gasto y alcanzar la estabilidad económica a través de la libertad. Ahí es donde entra mi parte en este equipo", sostuvo.

El Gobierno aceptó este lunes la renuncia de Juan Carlos Maqueda a la Corte Suprema de Justicia y ahora el alto tribunal de Justicia se quedará solo con tres miembros.

Maqueda había presentado su dimisión debido a que cumplió 75 años y como lo establece la Constitución Nacional, tras haber desempeñado 22 años en la Corte Suprema.

A través del decreto 1128/24 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, el Gobierno aceptó la renuncia de Maqueda presentada el pasado 27 de diciembre.

Ahora se dará la atípica situación que el tribunal quedará conformado por solo tres miembros: se trata de su presidente Horacio Rosatti, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Esta situación también se produce porque el Senado aún no aprobó los pliegos propuestos por el oficialismo para que se designe como miembros del alto tribunal a Ariel Lijo y Manuel Garcia Mansilla.

Lijo y Mansilla expusieron su postulación agosto pasado ante la Comisión de Acuerdos del Senado, pero solo tenia posibilidades de avanzar la postulación del juez federal.

Si bien Lijo había reunido las firmas para el dictamen, el Gobierno quiere tratar los dos pliegos juntos y aún no tienen los dos tercios para poder aprobar esas designaciones para integrar la Corte Suprema.

Además, el Gobierno no descarta si logra un acuerdo con el interbloque de Unión por la Patria proponer la ampliación de miembros del tribunal y así impulsar también la designación de una mujer.

Para el caso de que esto no prospere, mantiene activa la controvertida posibilidad de nombrar a los nuevos magistrados por decreto y en comisión por un año, hasta que el Senado se expida.

Ante la situación planteada la Corte firmó una acordada para reglamentar con funcionar con solo tres jueces, y allí estableció que lo hará con el auxilio de conjueces. Lo hizo con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, el saliente Maqueda y la fuerte disidencia de Ricardo Lorenzetti.

La acordada se apoya en que, conforme ya se llevó a la práctica en otros períodos en que la Corte funcionó con integración menguada, para que se dicte un fallo es necesario que haya tres votos coincidentes; número mágico que garantizaría la mayoría aún cuando estuviesen cubiertos los dos cargos vacantes. Pero si uno de los jueces no está de acuerdo esa condición no se cumpliría, y se debe convocar a un conjuez. Los conjueces son los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país que se designan por sorteo.

Lo que hizo la Corte en la acordada firmada ahora fue establecer un nuevo mecanismo que permitirá acelerar el sorteo de conjueces, evitando la paralización de expedientes por falta de mayorías en el máximo tribunal. Esta medida pretende evitar el bloqueo de causas y garantizar el acceso a la justicia en tiempo y forma. Pero además, se estableció que un mismo conjuez será designado para resolver casos análogos, asegurando coherencia en los fallos y evitando la atomización de la jurisprudencia que podría derivar en variaciones constantes en las sentencias de la Corte Suprema debido a la rotación de integrantes eventuales.

Al mismo tiempo, el máximo tribunal informó al Senado y al Poder Ejecutivo que las listas de conjueces se encuentran vencidas, lo que podría derivar en complicaciones si los presidentes de las cámaras federales no pudieran integrar el tribunal en determinadas causas. Se espera que ambas instituciones trabajen para actualizar las listas y garantizar la disponibilidad de conjueces idóneos.

Maqueda se retiró el viernes pasado en medio de aplausos de sus pares y de los empleados del Poder Judicial, mientras tocaba una banda de la Policía Federal.

Las muestras de cariño fueron agradecidas por el propio Maqueda que abrazó y saludo a las personas que se acercaron a las escalinatas del Poder Judicial.

Días atrás, Maqueda se despidió públicamente del máximo tribunal y reiteró sus cuestionamientos al gobierno del presidente Javier Milei, al asegurar que el país no puede quedar a "la deriva de hombres que se creen proféticos" y "ponen en riesgo la convivencia democrática".

"No podemos renegar de 300 o 400 años de civilización ni quedar a la deriva de los hombres que, en estos momentos, hacen culto a la personalidad, se creen proféticos y ponen en riesgo las instituciones de la convivencia democrática", sostuvo Maqueda al brindar un discurso en el Patio de Honor del Palacio de Justicia.

En su despedida, el entonces aún ministro de la Corte afirmó que "aunque parezca fuera de moda, tenemos que defender las instituciones de la democracia, la república y el Estado de derecho" en momentos en que "corren serios riesgos".

Maqueda se pronunció de esta manera ante la presencia del presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti; el vicepresidente del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz; autoridades judiciales, magistrados de distintos fueros, representantes del ámbito académico, funcionarios y empleados de la Corte.

En tanto, luego de agradecer a Rosatti y a Rosenkrantz; a quienes lo acompañaron a lo largo de sus más de dos décadas como miembro del tribunal; y al personal del Palacio, Maqueda instó a "sostener los pilares de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial".

Asimismo, advirtió que actualmente la "moderación" fue "dejada de lado" y "hoy se transiten los extremos", al tiempo que sostuvo que desde el Poder Judicial se debe "volver a la prudencia" para "con independencia e imparcialidad, dejar sentada nuestra defensa de las instituciones", dijo ante más de 500 personas.

Previamente, Rosatti había definido a Maqueda como "un gran juez y hombre republicano", y resaltó que "se va por la puerta grande" y lo consideró "una referencia y guía" para sus pares y una "voz siempre escuchada, respetada, ponderada y sabia".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que siga firme la sentencia contra Nahir Galarza, la joven entrerriana condenada por el crimen a sangre fría de su novio Fernando Gabriel Pastorizo. Tal como lo había hecho a mitad de año, el Máximo Tribunal desdestimó un recurso presentado por la defensa de la muchacha.

De esta manera, Galarza deberá cumplir la prisión perpetua por la ejecución de Fernando Gabriel Pastorizo, ocurrida el 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

En la causa se pudo acreditar que Galarza y Pastorizzo circulaban en un ciclomotor conducido por el joven, cuando la joven extrajo de entre sus prendas un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm. Ella abrió fuego contra la espalda de él, que cayó desplomado.

En esa posición, y ya de frente, efectuó un segundo disparo "con claras intenciones de menoscabar la vida de Pastorizzo porque dichas balas tuvieron orificio de entrada y de salida y produjeron una lesión bronco-pulmonar derecha". Los plomos provocaron daños irreversibles y provocaron la muerte de la víctima poco después.

El 24 de julio de 2018 el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú e Islas de Ibicuy condenó a Galarza como autora del delito de homicidio calificado por ser una persona con la cual mantenía o mantuvo una relación de pareja.

El tribunal descartó la hipótesis de la defensa que proponía un homicidio culposo y la existencia de una situación de violencia de género entre Pastorizzo y Galarza que justificara una culpabilidad disminuida en los términos del artículo 80, último párrafo, del Código Penal. Asimismo, entendió aplicable el agravante de "relación de pareja" y, finalmente, no consideró acreditada la afectación al derecho de defensa en juicio de Galarza que implique un accionar procesal discriminatorio a su posición o una mengua a sus derechos.

El 3 de julio de 2019, la Cámara de Casación de Concordia, provincia de Entre Ríos, confirmó la condena. La defensa apeló esa decisión y el 4 de marzo de 2020 la Sala 1° en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos no hizo lugar al planteo.

Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso extraordinario federal, que fue denegado por el superior tribunal local.

Finalmente, tras la presentación de un recurso de queja, el caso llegó al Máximo Tribunal que, el 2 de julio pasado, con la firma de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó el planteo.

La defensa de Galarza solicitó la reposición de la sentencia de la Corte. Cuestionó que en esa decisión existieron "errores esenciales" en la apreciación de los antecedentes del caso y que, de no ser subsanados, se violentarían derechos constitucionales y convencionales. También solicitó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Ahora, la Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó la presentación.

El Máximo Tribunal recordó que sus decisiones no son, en principio, susceptibles de recurso alguno sin que en el caso se configure algún supuesto estrictamente excepcional que justifique apartarse de tal doctrina.

Respecto del planteo de inconstitucionalidad del artículo 280 CPCCN, la Corte declaró que aquellas objeciones son extemporáneas "toda vez que la parte recurrente no pudo desconocer que el citado artículo faculta a la Corte a resolver de ese modo (...), de modo que debió plantear tales cuestiones al tiempo de interponer el recurso extraordinario".