El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, aceptó este miércoles una petición de la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y anuló las pruebas logradas a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, al considerar que fueron obtenidas de forma ilegal por el exjuez Sérgio Moro y los ex fiscales de la operación Lava Jato, al tiempo que afirmó que fue un "error histórico" el dictamen de prisión contra el mandatario.

El fallo del juez Antonio Dias Toffoli indicó que las supuestas confesiones forman parte de artilugios ilegales de "tortura psicológica" que tuvieron como objetivo, entre otros, obtener pruebas falsas contra inocentes, a la vez que calificó como "algo armado" la condena a prisión que proscribió a Lula de las elecciones de 2018.

Los acuerdos de delaciones premiadas a Odebrecht firmados en el marco de Lava Jato en 2017 deberán volver ahora a jueces de la primera instancia para revisarse, ya que Toffoli consideró que no hubo un procedimiento adecuado y comparó lo ocurrido con las torturas que la dictadura militar ejerció contra los presos políticos.

El magistrado afirmó que los agentes públicos "se valieron de verdadera tortura psicológica para obtener pruebas contra inocentes" y que actuaron con parcialidad y fuera de su esfera de competencia.

Luiz Inácio Lula da Silva. Crédito: Ueslei Marcelino/Reuters

De esa forma, invalidó elementos de prueba contenidos en los "sistemas de sobornos" que fueron presentados por Odebrecht para corromper políticos, financiar campañas electorales y hacer cartel con otras constructoras para ganar licitaciones públicas.

El acuerdo entre el Ministerio Público Federal y Odebrecht fue firmado en diciembre de 2016 y ratificado, en el ámbito de Lava Jato, en mayo de 2017, por el entonces juez Moro.

La empresa se comprometió a revelar conductas ilícitas y a cesar las prácticas con pago de multas en Brasil, Suiza y Estados Unidos y su entonces presidente, Marcelo Odebrecht, fue detenido.

Al menos 87 personas involucradas participaron de los acuerdos de delación y posteriormente la constructora cambió su nombre a Novonor por cuestiones de imagen, en medio de un proceso de convocatoria de acreedores.

El fallo de Toffoli indica que la detención de Lula en 2018 puede haber sido "uno de los mayores errores judiciales en la historia del país".

Lula fue preso en abril de ese año acusado de corrupción pasiva y blanqueo de dinero, y salió de la cárcel tras 580 días, en noviembre de 2019, después de que el Supremo decidiera que una persona sólo puede cumplir condena cuando se agotan todos los recursos.

Posteriormente, en 2021, la corte anuló las sentencias contra el mandatario al considerar que Moro y los fiscales persiguieron políticamente al líder del Partido de los Trabajadores (PT) para retirarlo de la vida política y permitir la victoria de Jair Bolsonaro en los comicios de ese año.

De esa forma, Lula recuperó sus derechos políticos y pudo presentarse como candidato a las elecciones de 2022, que venció con 60 millones de votos, por un estrecho margen por encima de Bolsonaro.

Por su parte, Moro fue ministro de Justicia de Bolsonaro luego de haber encarcelado a Lula y actualmente es senador opositor.

"Fue un montaje resultante de un proyecto de poder de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones contrarias a la ley", dijo Toffoli en parte de la decisión.

También indicó que la detención de Lula "fue el verdadero huevo de serpiente de los ataques a la democracia y a las instituciones que ya se presagiaban en las acciones y voces de estos agentes contra las instituciones y el propio Supremo Tribunal Federal".

El fallo de este miércoles fue rechazado por Moro, quien dijo que la corrupción durante los gobiernos del PT "fue real".

"La corrupción en los Gobiernos del PT era real, los criminales confesaron y se recuperaron más de 6.000 millones de reales (unos 1.200 millones de dólares al cambio actual) para Petrobras", señaló en las redes sociales el exjuez.

"Este fue el trabajo de Lava Jato, dentro de la ley, con decisiones confirmadas durante años por los Tribunales Superiores. Los brasileños lo vieron, lo apoyaron y conocen la verdad. Respetamos las instituciones y todas nuestras acciones fueron legales. Lucharemos en el Senado por el derecho a la verdad, por la integridad y por la democracia", añadió.

Luiz Inacio Lula da Silva. Crédito: Ueslei Marcelino/Reuters

Por el contrario, el ministro de Justicia, Flavio Dino, celebró la decisión judicial que deja atrás "una de las páginas oscuras" de la historia del país.

"La decisión del juez Toffoli tiene dos implicaciones: una es jurídica, al reafirmar la inocencia del presidente Lula, que fue injustamente juzgado sin el debido proceso legal; la otra es política, al dejar constancia de los absurdos perpetrados en una página oscura de nuestra historia", manifestó en redes sociales.

"Cuando el Ministerio de Justicia reciba oficialmente la decisión, la enviaré a la Policía Federal para que cumpla la orden de investigar la responsabilidad penal de los funcionarios públicos", agregó.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva, propuso para integrar la Corte Suprema de Justicia a Cristiano Zanin, a su propio abogado, quien logró en su momento anular los juicios que derivaron en el encarcelamiento del mandatario.

Está la propuesta será analizada en el Senado, y en caso de ser aprobada Zanin se sumará al máximo tribunal del país para cubrir la vacante de Ricardo Lewandowski, retirado recientemente.

“Será un gran magistrado”, afirmó el presidente brasileño en declaraciones a la prensa, y destacó las “cualidades como abogado” de Zanin.

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Desde hace diez años Zanin es el abogado personal de Lula y lo representó en las distintas causas que enfrentó por corrupción, vinculadas a la Operación Lava Jato, en la que estuvieron involucrados otros políticos y empresarios.

Por entonces, Lula fue condenado y estuvo encarcelado, pero finalmente resultó absuelto en 2021 gracias a la tarea de Zanin.

El asesor letrado, de 47 años, se recibió en 1999 en la Pontifica Universidad Católica de San Pablo, de donde egresó como especialista en Derecho Civil.