El ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, llevó en persona, a la Mesa de Entradas del Senado el mensaje 1/2026 del Poder Ejecutivo pidiendo el acuerdo para los tres pliegos propuestos para ocupar las futuras vacantes en la Corte Suprema de Justicia.

"Se remite a consideración para su tratamiento por la Asamblea Legislativa, de acuerdo a lo previsto por los Artículos 89, inc. 5) y 121 de la Constitución Provincial, el pliego adjunto para la designación de ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe" señala la escueta nota firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el propio Bastia.

"Los fundamentos de la propuesta que acompañamos se encuentran en la documentación adjunta al presente" se aclara.

Por último, el mensaje indica que "para esta propuesta se siguió el procedimiento previsto en el Decreto Nº 0018/2007 y su modificatorio Nº 2889/2024". Se trata de la decisión del Poder Ejecutivo de exponer los nombres y antecedentes de los candidatos a cargos en la Corte y recibir avales o cuestionamientos de la ciudadanía o de sus organizaciones.

Como se viene informando el Poder Ejecutivo propone para la futura Corte los nombres de los abogados Aldo Mario Alurralde, Diego Luis Maciel y Jorgelina Mabel Genghini. En forma digital, este miércoles, el gobernador Pullaro había firmado las propuestas.

La Legislatura está en receso parlamentario y administrativo durante todo este primer mes del año, aunque el Senado mantiene hasta este jueves abierta la Mesa de Entradas.

Ahora, el tratamiento de los tres pliegos pasará a manos de la Comisión de Acuerdos que preside la diputada socialista Lionella Cattalini que se reunirá el primer miércoles de febrero para elaborar el cronograma de trabajo para estos nombres y otros propuestos, en sendos mensajes, para el Ministerio Público.

En el caso del Ministerio Público, el Ejecutivo envió tres pliegos de fiscales subrogantes adjuntos para Santa Fe y para los titulares de la Fiscalía y la Defensa en la 3ra. circunscripción con sede en Venado Tuerto. Estos dos mensajes ya fueron habilitados para el tratamiento en Extraordinarias. La semana venidera, el Ejecutivo incluiría también el tratamiento de los pliegos para la Corte.

No obstante, el tratamiento en Asamblea Legislativa se hará en el período de Ordinarias que habilitará el gobernador con su discurso el domingo 15 de febrero.

El Poder Ejecutivo pidió acuerdo legislativo para Mauricio Adolfo Clavero como fiscal regional de la circunscripción judicial N° 3 con cabecera en Venado Tuerto, y también para la continuidad de Mariano Marcelo Mascioli como defensor regional de la misma zona.

En tanto, para la circunscripción judicial N° 1 con cabecera en Santa Fe los propuestos para fiscales adjuntos subrogantes son Florencia Zarabia, Matías Eduardo Palud y Valeria Roxana Nittoli.

La Corte Suprema de Justicia de la provincia anuló una sentencia de segunda instancia que confirmaba la absolución de un hombre de iniciales HLP que fue juzgado por abusos sexuales cometidos en el norte provincial. Además, el máximo tribunal ordenó que el fallo del juicio sea revisado nuevamente por la Alzada. Así lo dispusieron los ministros Roberto Falistocco, Jorge Baclini, Daniel Erbetta, Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Margarita Zabalza.

La sentencia anulada había sido impugnada por el fiscal Sebastián Marichal, quien presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Cámara de Apelación en lo Penal de Vera que fue rechazado y luego remitido en queja a la Corte Suprema, que lo admitió.

El fallo que revisó el máximo tribunal había sido resuelto por el camarista Enrique Álvarez. De acuerdo con lo manifestado por Marichal, “el juez de segunda instancia confirmó la absolución por el beneficio de la duda, a partir de un análisis que consideramos arbitrario de los elementos probatorios producidos en el juicio”.

El funcionario del MPA afirmó que “el magistrado de la Alzada, entre otras cuestiones, no analizó la declaración de la víctima de forma directa, sino que validó ciertos estereotipos de género que son inadmisibles que fueron introducidos al debate por algunos testigos”, y remarcó que “siguió un razonamiento contrario a la normativa nacional e internacional en la materia”.

Por su parte, en un voto al que adhirieron los demás miembros de la Corte, el ministro Erbetta sostuvo que el juez de segunda instancia “omitió practicar una ponderación integral, armónica y contextualizada de la prueba rendida, a la luz de la sana crítica racional y de las pautas interpretativas aplicables en casos donde –como en el presente–, se denuncian actos de violencia sexual”.

En cuanto a las conductas delictivas por las que se pidió la condena del acusado, consistieron en “abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, reiterados en un número indeterminado de veces”.

El fiscal expuso que “los ilícitos fueron cometidos durante la infancia y la adolescencia de una integrante del entorno familiar del hombre que fue juzgado”.

A partir de una denuncia radicada por la madre y por el padre de la víctima, la investigación penal se inició en 2012, antes de la implementación del sistema acusatorio en la provincia. En tal sentido, intervinieron los fiscales del anterior sistema, quienes presentaron la requisitoria de elevación a juicio.

Cuando la causa pasó al MPA, la adecuación al nuevo sistema y las audiencias de testigos, que se realizaron de forma oral, quedaron a cargo del entonces exfiscal Leandro Mai. Finalmente, los alegatos sobre la prueba, y las distintas etapas recursivas correspondieron a Marichal.

Más de cincuenta reclamos administrativos de empleados del Poder Judicial fueron presentados este jueves ante la Mesa de Entrada de la Casa de Gobierno, y la lista se ampliará en los próximos días. La formalización se dio tras una protesta de trabajadores (no de jueces ni magistrados) en las escalinatas del Palacio de Tribunales, que se trasladó luego hasta la propia sede gubernamental.

El sector pide por la firma de un centenar de decretos que implican ascensos, promociones y designaciones de unos 400 agentes. Para llegar a tales nombramientos se deben superar instancias de exámenes pero que tienen un vencimiento; cuando dicho plazo opera, los agentes deben volver a rendir, y ésa es otra de las situaciones que se denuncian. En el listado, hasta aparecen familiares directos de al menos dos integrantes del gabinete provincial.

El aspecto descripto que generó los reclamos administrativos citados es uno de los planteos esbozados por la Corte Suprema al ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, cuando se reunieron semanas atrás. Allí también se habló de las vacantes no cubiertas y de las partidas presupuestarias insuficientes, que afectan esencialmente la continuidad de algunas obras de infraestructura.

Los tres temas volverán a estar en la reunión que mantendrán los magistrados con el gobernador, después de que Maximiliano Pullaro concediera la audiencia solicitada para este domingo a las 7.30 de la mañana. Hasta el momento, habían sido notificados para asistir los seis ministros; no así el Procurador.

Más allá de las suspicacias generadas a partir de lo inusual – "insólito", a juzgar por el propio presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez- del día y horario elegidos por el mandatario, el encuentro genera expectativa porque se consuma en el momento más álgido de la relación entre ambos poderes, desde que comenzó la gestión de Pullaro.

La intención del actual gobierno de renovar el máximo tribunal sobre la base de que cinco de sus seis miembros superan el tope de edad impuesto por la Constitución (65 años) fue enunciada desde el inicio de la administración. Durante estos meses, se conocieron "gestiones de buenos oficios" de interlocutores del gobierno para intentar – según la interpretación oficial- una salida "decorosa" de los magistrados. Pero ante lo que el Ejecutivo interpretó como una "resistencia" de los cortesanos, comenzaron a registrarse acciones que la Corte descifró como represalia. De allí, el "ahogo financiero" y las "designaciones pisadas" que se citaron.

La relación no volvió a encauzarse y los tiempos podrían precipitarse, atentos a la inminente sanción de la nueva ley previsional, que también motivó quejas del Poder Judicial. La litigiosidad que dicha norma generará en la práctica ya fue advertida desde el propio Colegio de Magistrados. Y una Corte hostil al actual gobierno podría poner en riesgo el futuro de dicha reforma, así como el de otras – la constitucional, por ejemplo- que también tiene en agenda el gobierno. De allí, que en el seno del Poder Ejecutivo exista un convencimiento – según pudo saber El Litoral- respecto de que la variable "tiempo" es clave de aquí en más tanto para el futuro de las reformas que encara la gestión, como para el propósito de renovar la Corte. Los plazos podrían acelerarse...

El asesinato de un policía en la puerta de un hospital público de Rosario después de que tres delincuentes intentaran buscar a un preso internado en el mismo nosocomio, operó como detonante para que la gestión entrante ratificara algunas de las reformas que pretende encarar. Ante el hecho, el propio gobernador electo, Maximiliano Pullaro, insistió en que la provincia necesita un régimen especial para los presos de alto perfil; del mismo modo, dijo que "desde el primer día" aspira a discutir aspectos vinculados al funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación ("no puede ser que por ser feriado, haya un solo fiscal disponible", disparó). Finalmente, confirmó que está dispuesto a dar la discusión para promover una renovación de la Corte Suprema. "Yo soy gobernador y vine a cambiar las instituciones de la provincia", sentenció.

A propósito de lo sucedido en Rosario, el futuro mandatario dijo que "no hay lógica" en sostener un mismo trato para internos comunes y presos de alto perfil; y cargó contra miradas "garantistas" de determinados operadores judiciales.

"Un preso de alto perfil que mata, manda a matar o comanda una organización criminal no puede estar en las mismas condiciones de detención que otro preso común. Esto no puede pasar. La lógica marca eso. Lamentablemente - planteó-, las miradas judiciales con una óptica garantista que primó en la formación de operadores judiciales en la provincia, hace que lo que debería ser obvio, no lo termine siendo".

- A propósito de operadores judiciales, ¿realmente plantea renovar la Corte?¿Va a promover esto como gobernador de Santa Fe?

- Lo vamos a discutir; lo vamos a discutir en una mesa política del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, que lo componen quince partidos políticos. Yo soy gobernador y vine a cambiar las instituciones de la provincia, y a dar los debates que haya que dar para que los santafesinos podamos vivir mejor en materia de seguridad, por supuesto, por eso dejo estos temas como para discutirlos desde el primer día de la gestión; pero también en materia de educación y de producción. Son temas que tenemos que discutir, pero las instituciones democráticas, tienen que tirar para el mismo lado y a veces no parece que suceda eso,.

- ¿Para la Corte imagina un recambio dialogado?

- Intento discutirlo en Unidos y en función de ello tomaremos la decisión de qué es lo que tenemos que hacer. No quiero adelantar nada porque no sería correcto de mi parte. Somos miembros de un frente en el que todos los partidos tienen que opinar, pero indudablemente tiene que haber cambios en la provincia y cambios profundos; fundamentalmente, cambios de miradas.

Contexto

La estrategia para promover la eventual renovación de la Corte no está definida; de allí que Pullaro pretenda someter el tema a discusión de todo el frente Unidos. También deberá debatirse la pertinencia; las opiniones en términos jurídicos están divididas entre quienes entienden que debe respetarse – al menos- el límite de edad planteado por la Constitución nacional, de 75 años, y quienes consideran que no existe tope alguno para la permanencia de los ministros del máximo tribunal local. En Santa Fe, sólo uno de los seis ministros está por debajo del tope fijado para los jueces nacionales.

La Constitución provincial plantea que los magistrados quedaban a merced de los Ejecutivos, a partir de los 65 años. Pero ello fue desconocido por fallos posteriores del máximo tribunal de justicia de la Nación. Otras interpretaciones dan cuenta de que la provincia tampoco tiene por qué ceñirse al límite de edad que plantea la Constitución de todos los argentinos. De ser así, debería forjarse un nuevo marco jurídico en Santa Fe, pero que no podría tener efecto retroactivo; o promoverse el juicio político sobre los integrantes de la Corte que, según se considere, deberían ser removidos -para ello, a la vez, deberían invocarse motivos suficientes-. A menos que la renovación sea consensuada con los propios magistrados...

Sobre el MPA

Pullaro cargó también este miércoles contra el Ministerio Púbico de la Acusación por la "falta de reacción" ante el gravísimo episodio sucedido en el Hospital Provincial de Rosario. "Me duele el hecho y la falta de reacción de las instituciones... No hubo ni un comité de emergencia; están relatando lo sucedido", se quejó. "Es muy grave lo que está pasando - sostuvo-. No sólo tiene responsabilidad el Ejecutivo que sí, estuvo ausente, pero fueron muchas las organizaciones ausentes. Hoy no hubo nadie del MPA. Hoy no había nadie intentando dar respuesta; es gravísimo. No puede ser que hoy por ser feriado haya un solo fiscal; siempre le terminan echando la culpa a la Policía que en este caso está fallecido". Pullaro se preguntó: "¡¿Los 78 fiscales (de Rosario) en diciembre, enero y febrero se van a volver a tomar vacaciones y a dejar a la ciudad desprotegida?! Estas cosas las quiero discutir desde el primer día".

La declaración generó una reacción institucional del MPA que a través de un comunicado, dio cuenta de cada acción desplegada desde que se cometió el crimen. En el texto, el organismo aseguró que "los feriados dispuestos para la actividad judicial no han afectado el servicio de justicia", ya que "en todo momento se encuentran asignados al menos 4 fiscales especializados y sus respectivos equipos de trabajo para la atención de casos de urgencia". Aun así, se consignó que la Fiscalía General y la Auditoría General de Gestión "están llevando adelante un proceso de monitoreo" sobre la Fiscalía Regional de Rosario para "mejorar la organización y el abordaje de los hechos de violencias altamente lesivas".

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de Santa Fe resolvió rechazar el pedido de enjuiciamiento contra el juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la segunda nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini. “No se halla tipificada la materia para enjuiciamiento”, señaló el tribunal.

La decisión fue adoptada por unanimidad por el presidente de la Corte santafesina, Daniel Erbetta; los ministros del máximo tribunal: Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi, Rafael Gutiérrez, Mario Netri y Eduardo Spuler; el senador Armando Traferri, la diputada Georgina Orciani y los abogados Rita Franetovich y Julio Pagano.

El abogado rosarino Gustavo Feldman es querellante en una causa penal en tribunales del sur santafesino, contra ex directores de Vicentin. Paralelamente presentó un pedido de juicio contra el juez del concurso de la firma con sede en Avellaneda, por entender que el magistrado de reconquista mostró ” proceder metódico y sistemático” en favor de la concursada, con “desapego a las normas vigentes” y “ausencia de imparcialidad que debe primar sobre todo magistrado”.

Sin embargo los jueces, legisladores y abogados señalaron a Feldman que “las conductas atribuidas por el denunciante al Magistrado, no revisten la entidad propia como para subsumirla, tan siquiera tangencialmente, en alguno de los incisos” de la ley 7050 y sus modificatorias 11115 y 12949.

La decisión respalda los criterios previamente expuestos por el procurador Jorge Barraguirre. Y despeja otro de los escollos que se presentara al desenvolvimiento del expediente concursal de Vicentin, que por estas horas aguarda definiciones sobre eventuales impugnaciones al “acuerdo existente” en el expediente.

La ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, Florencia Marinaro, reiteró “el compromiso inquebrantable” del Poder Ejecutivo en cumplir con los alcances de la Ley de Paridad en la provincia y lamentó que la Ley 14.002 no haya regulado específicamente la integración del Tribunal Electoral.

La integrante del gabinete de Omar Perotti se pronunció sobre la integración del Tribunal Electoral en un hilo de Twitter a las pocas horas de la presentación realizada ante el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, por un grupo de diputadas y el planteo mediante un proyecto del radical Fabián Palo Oliver.

Tribunal Electoral: diputadas reclaman respetar la ley de paridad de género

“La Ley de Paridad va a cobrar plena efectividad en las elecciones de 2023. Todas las listas, desde la fórmula para gobernador/a hasta las comisiones comunales, deberán respetar el armado secuencial e intercalado de géneros” subrayó Marinano quien aseguró que “el compromiso del Poder Ejecutivo con esto es inquebrantable y, para muestra, basta observar que desde que asumimos la gestión hemos remitido más pliegos de mujeres que de hombres para ocupar cargos de juezas, fiscalas y defensoras”.

La #LeydeParidad va a cobrar plena efectividad en las elecciones de 2023 ✅ Todas las listas, desde la fórmula para Gobernador/a hasta las Comisiones Comunales, deberán respetar el armado secuencial e intercalado de géneros.

— Flor Marinaro (@flormarinaro) December 17, 2022

Marinaro admite que “el camino paritario es un camino largo, pero que tenemos bien trazado y que transitamos sin pausa”. Enseguida acota que “lamentablemente, la conformación del Tribunal Electoral (un órgano de naturaleza mixto) fue un aspecto que no fue regulado específicamente en la Ley 14.002 y aunque el principio de progresividad llama a todos los poderes a tomar medidas de acción positiva, este principio se debe enfrentar con la realidad. Quienes tienen que ser sorteados/as para integrar el Tribunal Electoral son magistrados/as del fuero civil y penal. Y sabemos bien que existe en el Poder Judicial, cómo en otros, un techo de cristal donde el número de mujeres disminuye a medida que se sube en la escala jerárquica. Este es el problema estructural, y por eso leyes como las de Paridad que consagran el principio de progresividad son pensadas para equilibrar situaciones desiguales con el correr de los años”.

Para la ministra “hubiese sido deseable una integración paritaria del Tribunal Electoral, pero para eso necesitamos más mujeres ocupando lugares más trascendentes en la magistratura.

Un grupo de diputadas provinciales de todos los sectores políticos reclamaron al presidente de la Corte santafesina, Rafael Gutiérrez, que se respete la ley de paridad en la conformación del Tribunal Electoral para 2023.

Sin desconocer el mecanismo previsto de sorteo en audiencia pública previsto por la ley, las diputadas firmantes de la nota advierten “con suma preocupación” que el Tribunal Electoral “ha quedado conformado únicamente por magistrados de un mismo género, circunstancia que contraviene el artículo 1 y 15 de la Ley de Paridad de Género Nº 14.002”.

Argumentan que el principio de paridad de género establecido por la ley alcanza al Poder Judicial y, por estar en la órbita de éste, también al Tribunal Electoral, que se integra exclusivamente por jueces: el presidente de la Corte (en 2023, Daniel Erbetta) y camaristas designados por sorteo, “lo que aunado al espíritu de la Ley Nº 14.002, en conjunción con una interpretación teleológica, temporal, armónica y sistemática de todo el plexo normativo electoral, no permite arribar a una conclusión diferente”.

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En tal sentido, recuerdan que el artículo 18 de la mentada Ley Nº 14.002 encomienda al Poder Judicial “la adopción de todas las medidas de acción positiva y los mecanismos necesarios para garantizar y adecuar de manera progresiva el cumplimiento del principio de paridad de género”; cosa que no se estaría cumpliendo en este caso.

Por esa razón, reclaman a la Corte “integrar el aludido Cuerpo con miembros de distinto género, disponiendo la realización de un nuevo sorteo en audiencia pública que garantice que exclusivamente participarán las juezas de las Cámaras de Apelaciones de Santa Fe y Rosario (fueros civil y penal) para la cobertura de un cargo de vocal titular y un cargo de vocal suplente”.

La presentación está firmada por las diputadas Cattalini, Mahmud, García, Hynes, Balagué, Belatti, Ulieldin, Corgniali, De Ponti, Arcando, Bravo, Bruera, Peralta, Pachiotti, Di Stéfano, Orciani y Ciancio.