La Justicia de Campana resolvió este jueves rechazar un habeas corpus presentado por la defensa de Claudio Contardi, exmarido de la conductora Julieta Prandi, que buscaba su liberación o, en su defecto, la prisión domiciliaria.

El empresario gastronómico fue condenado recientemente a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y actualmente se encuentra alojado en la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, establecimiento donde también cumplen condena los ocho rugbiers sentenciados por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

La decisión estuvo a cargo de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Zárate-Campana. El abogado defensor de Contardi, Fernando Sicilia, argumentó que la detención inmediata dispuesta por el tribunal era improcedente, ya que su cliente siempre había cumplido con las citaciones judiciales y no presentaba riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la causa.

Sin embargo, los jueces determinaron que el habeas corpus no era el recurso legal correspondiente, dado que la privación de libertad había sido ordenada por el mismo tribunal que dictó la condena. Señalaron que existen instancias y vías recursivas ordinarias para apelar el fallo, por lo que este tipo de presentación resultaba improcedente.

Una vez emitida la sentencia el miércoles por el Tribunal N°2 de Campana, Contardi fue trasladado primero a una unidad carcelaria en esa ciudad. Posteriormente pasó la noche en una comisaría de Escobar y, finalmente, fue derivado a la alcaidía de Melchor Romero. Allí permanecerá detenido mientras se resuelven los recursos que su defensa pueda interponer ante tribunales superiores.

El abogado de la conductora, Javier Baños, relató que Prandi vivió con gran angustia las horas posteriores a la condena, especialmente cuando se enteró de que su exmarido intentaba obtener la libertad mediante este recurso.

Según Baños, la conductora lo llamó llorando en la mañana del jueves al conocer la noticia. La preocupación se transformó en alivio cuando fue informada de que el pedido había sido rechazado en menos de 24 horas. Esta resolución judicial, según el letrado, le devolvió la calma después de un momento de profunda tensión.

Aunque la condena representa un hito importante para Prandi en su lucha por justicia, la presentación del habeas corpus expone que la batalla legal no ha concluido. El intento de obtener beneficios penitenciarios para Contardi reactivó miedos y recuerdos dolorosos para la víctima. Sin embargo, el rechazo al planteo refuerza la vigencia de la sentencia y mantiene firme la decisión judicial.

Tras escuchar el fallo condenatorio, la conductora había declarado emocionada: “Hoy vuelvo a vivir”, una frase que refleja el significado profundo de este momento en su vida.

Los desmanes en las afueras del Congreso en la protesta contra la Ley Bases, dejó un saldo total de 33 detenidos y destrozos en las veredas, cordones, contenedores, tachos de basura, luminarias, bicicletas y bancos de plazas.

La jueza María Servini será la encargada de definir el futuro judicial de los detenidos por los destrozos, tanto en las inmediaciones del Congreso como en otras zonas de la Ciudad de Buenos Aires.

Inicialmente, 21 detenidos estaban bajo la jurisdicción de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que otros dos detenidos eran responsabilidad de la justicia de instrucción. A estos se suman otros diez arrestados por la jueza Servini.

La manifestación, que comenzó como una protesta pacífica, se volcó luego en actos de violencia de un grupo que resultaron en la destrucción de bienes públicos y privados.

Uno de los hechos más graves fue el incendio de un móvil de un medio de comunicación. Este incidente, al igual que las pintadas y daños a los móviles de la Prefectura Naval, no tiene detenidos.

En tanto que a una de las personas detenidas le secuestraron una granada que tenía en el bolsillo. El artefacto estaba en poder de Cristian Valiente, un hombre de unos 40 años, apresado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en la esquina de Avenida de Mayo y Santiago del Estero cuando el clima aún seguía tenso.

La Justicia Federal ahora deberá investigar a fondo los hechos y determinar las sanciones correspondientes para los responsables. Los 33 detenidos serán indagados en las próximas horas en busca de determinar responsabilidades en una jornada que dejó importantes daños materiales y perturbó el normal desarrollo del debate legislativo.

El impacto económico y social de estos destrozos será evaluado en los próximos días, mientras que la Ciudad de Buenos Aires comenzó este mismo miércoles a trabajar en la reparación de los daños.

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que los destrozos causados durante la manifestación en el Congreso tendrán un costo total de $278 millones para la Ciudad de Buenos Aires.

"Entre reparaciones y limpieza, los destrozos que le hicieron a nuestra ciudad cuestan $278 millones", expresó Macri, quien detalló que se deben reparar veredas, cordones, contenedores, tachos de basura, luminarias, bicicletas y bancos de plazas, entre otros elementos dañados.

En sus redes sociales, Jorge Macri expresó su indignación por los destrozos y afirmó: "No me vengan a decir que lo de ayer fue una manifestación pacífica, lo único que hicieron fue romper y violentar lo que nos pertenece a todos. ¿Por qué los porteños tendríamos que pagar el costo de esto?".

"En nuestra gestión, el que rompe, también paga", apuntó enfáticamente, subrayando que quienes hayan participado en los actos de vandalismo deberán asumir las consecuencias económicas de sus acciones.

El operativo de limpieza y reposición de materiales vandalizados representará un costo de $92 millones, mientras que la reparación y recuperación de la Plaza de los Dos Congresos y su zona de influencia se estima en $186 millones.

En la Plaza de los Dos Congresos, los destrozos incluyen 1.700 metros cuadrados de césped irrecuperable por quemaduras, casi 3.000 metros cuadrados que pueden ser reparados, 200 plantas ornamentales vandalizadas, tres bancos patrimoniales destruidos, ocho cestos fijos dañados y 30 metros cuadrados de baldosas con grafitis y pegatinas.

Los daños en la Plaza Moreno y Plaza Lorea también fueron significativos, con un costo estimado de $67 millones. Estos incluyen más de 800 metros cuadrados de césped irrecuperable, más de 3.400 metros cuadrados que pueden recuperarse, ocho metros cuadrados de baldosas rotas, nueve cestos panzer XL quemados y grafitis en equipamientos, copones, mástiles y solados. Además, la reparación de las luminarias dañadas costará aproximadamente $3,7 millones.

La Corte Suprema de Justicia dejó en suspenso el intento de Sergio Uñac y Juan Manzur de renovar sus respectivas gobernaciones en San Juan y Tucumán. Por ello, en medio de celebraciones en redes sociales de la oposición, que había acudido al Poder Judicial, el gobierno de Alberto Fernández salió al cruce con un comunicado difundido por Gabriela Cerruti.

Sobre la determinación judicial, que además insta a los tribunales provinciales a elevar un informe de la situación de cada candidato en un plazo máximo de cinco días, el oficialismo sostiene que “es una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias” y que “la Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo”.

La oportunidad no esquivó poner en agenda al ex presidente Mauricio Macri a quien apuntaron que “ante las derrotas electorales que la derecha macrista y los autodenominados libertarios sufrieron en las elecciones del pasado domingo, acusó a las provincias argentinas y a sus gobernadores electos y ciudadanos de ser parte de una rémora feudal. Este es un concepto absolutamente despectivo hacia las provincias de nuestra Patria y hacia la esencia de la democracia argentina que está cumpliendo cuarenta años de vigencia”. En esa línea, aseguraron que “esos tristes conceptos de un ex presidente, negadores del federalismo que nos rige, constituyeron claramente un anticipo del fallo que recién conocimos”.

Mientras el peronismo gobernante advierte que “es imperioso que la Corte de Justicia de la Nación deje de entrometerse en la institucionalidad de las provincias argentinas y deje a la gente votar”, afirmaron estar “junto a los gobernadores Sergio Uñac y Juan Manzur frente a este nuevo atropello y vamos a acompañar a las provincias en sus reclamos democráticos”.

Sobre el final del comunicado, se apunta que “es el pueblo el que debe elegir sin intromisiones de ningún tipo. La intromisión judicial en procesos electorales daña profundamente la convivencia democrática y altera peligrosamente la institucionalidad que tanto preservamos”.

Bryan J. Mayer