La Cámara Federal de Casación confirmó este miércoles por la mañana la condena a seis años de prisión impuesta a la ex presidenta y vice Cristina Fernández de Kirchner en la causa "Vialidad" que juzgó el desvío del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez entre los años 2003 y 2015.

Fue durante la audiencia que comenzó a las 11, en la sala B de la planta baja de Comodoro Py y fue trasmitida en el canal del Poder Judicial en YouTube. El presidente de la sala IV Gustavo Hornos leyó el veredicto ante los abogados defensores y el fiscal ante esa instancia Mario Villar.

“El tribunal resuelve: primero, rechazar por unanimidad los recursos de casación entre el puesto por las defensas y por mayoría por el Ministerio Público Fiscal y en consecuencia confirmar la sentencia recurrida en cuanto fue materia de impugnación puntos dispositivos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo sexto”, leyó Hornos.

Lo habitual es que Casación dé a conocer estas decisiones mediante notificación judicial por sistema informático, pero, en casos de gran trascendencia pública, puede optar por fijar una audiencia, como ocurrió ahora.

Qué había sucedido previamenteA inicios de este año, estos integrantes de la sala IV de Casación escucharon en sucesivas audiencias los argumentos de apelación al veredicto que el 6 de diciembre de 2022 emitió el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral a la ex vicepresidenta, ex funcionarios de su gobierno y al empresario Lázaro Báez iniciado en 2019.

FALLO CFK

En esa instancia de apelación, el fiscal ante Casación Mario Villar insistió en condenar a la ex presidenta a 12 años de prisión, al respaldar a los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían reclamado esa pena el debate oral por entender que hubo dos delitos, administración fraudulenta y asociación ilícita.

Pero, por mayoría de dos votos a uno, los jueces del TOF2 Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu con disidencia de Andrés Basso resolvieron condenar a la ex presidenta, a Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obra Pública José López a seis años de prisión por “administración fraudulenta agravada”.

Las situaciones de estos tres últimos y de otros ex funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz que recibieron penas en ese debate oral también se definirá en esta sentencia de Casación.

Juliano Salierno (El Litoral)

Un exhaustivo trabajo de quienes tienen a su cargo la intervención de la comuna de Villa Saralegui, en el departamento San Cristóbal, reveló un dato que podría ser calve en la investigación por el intento de homicidio de Matías Jesús Gamboa, ocurrido hace dos meses a manos de un hombre que se presenta como chofer de la comuna y se lo conoce como ladero del desplazado presidente comunal, Walter Sola. En el lapso de seis meses, el particular recibió más de 34 millones de pesos mediante transferencias bancarias de una cuenta oficial de la comuna.

La novedad fue presentada este jueves por el propio Gamboa, ante la Unidad Fiscal San Justo del Ministerio Público de la Acusación, a los fines de que sea incorporada como evidencia nueva para imputar a Sola como presunto “instigador” o “autor intelectual” del intento de homicidio cometido el 6 de marzo último.

El escrito, de apenas una carilla de hoja oficio, lleva el patrocinio del abogado bonaerense Pablo Torres Barthe, quien acompaña a Gamboa y a un grupo de productores agropecuarios de la zona en los reclamos que derivaron en la intervención comunal por parte del gobierno que encabeza Maximiliano Pullaro.

Allí se denuncian transferencias por más de 34 millones de pesos de la cuenta oficial de la comuna de V. Saralegui, a la cuenta del particular Rodrigo Basigaluppo, quien se encuentra imputado por tentativa de homicidio y amenazas calificadas por el uso de arma y permanece en prisión preventiva a disposición del fiscal Guillermo Persello.

La víctima de aquel ataque homicida, refirió que Basigaluppo se hizo de la friolera de “$ 34.776.120 en el período comprendido entre el 7 de septiembre de 2023 y el 4 de marzo de 2024”, es decir hasta dos días antes del ataque a balazos sufrido por Gamboa.

El dato surge de la reciente intervención ordenada por el gobierno provincial producto de la cual tampoco consta el vínculo laboral entre Basigalupo y la comuna, aunque de hecho oficiaba de “chofer” y mano derecha del expresidente.

“Entiendo que los pagos a Basigaluppo desde la cuenta de la comuna de Villa Saralegui podrían obedecer a que el destituido presidente comunal le pagó para atentar contra mi vida”, acusa Gamboa en su declaración.

Recuerda además que el atentado sufrido se produjo a los pocos días de haber solicitado él mismo la intervención de la comuna, el 1° de marzo último y atribuye al caso un “móvil” basado en la persecución política”.

Cabe señalar que Gamboa fue electo como representante de la primera minoría en las últimas elecciones comunales (en las urnas el ganador fue W. Sola), pero nunca se le permitió asumir el cargo. En ese sentido, señala al ex presidente comunal como presunto “instigador o autor intelectual del intento de homicidio” y pide que se lo impute por ese delito y asimismo se ordene su detención.

El expresidente Alberto Fernández aseguró que es "falsa" la denuncia en su contra por supuestas irregularidades en la contratación de un "broker y empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno.

Fernández salió a defenderse públicamente luego de que este jueves se conoció formalmente la imputación en su contra a raíz de esa denuncia. Dijo que se trata de "una operación" y afirmó que durante su mandato no realizó "negocios con nadie".

"Que el fiscal pida que se investigue me parece razonable. Alguien hace una denuncia, me parece razonable. El concepto imputación en términos periodísticos suena a acusación pero en términos técnicos significa investiguemos esto", indicó Fernández en diálogo con radio La Red.

El exmandatario aseguró que durante su gestión no hizo "negocios con nadie", que "lo único" que se llevó del Estado fue "el enorme honor de ser presidente de los argentinos" y que eso es algo que "ningún operador de prensa" se lo va a "salpicar".

"Les pido a todos que entren y vean mis declaraciones juradas, si ha cambiado algo. Busquen si mi familia se enriqueció o si hay algún testaferro que se ha beneficiado", agregó.

Fernández pidió que "se investigue" porque "si se investiga se van a dar cuenta la mentira del diario Clarín", en alusión al artículo periodístico de ese medio que derivó en la demanda judicial en su contra.

Asimismo, el ex presidente difundió un documento en el que narra cómo fue la operatoria. A lo largo de cinco páginas, justifica la firma del contrato entre el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES y Nación Seguros para dar cobertura a los saldos de los créditos que recibían jubilados y pensionados.

En el artículo periodístico se afirmó que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de Anses que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen las "presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021", detalló el fiscal Ramiro González.

"El fiscal, como usted, solo ha leído una nota en Clarín que tuvo mucha repercusión y está mal esa nota, no cuenta toda la verdad", apuntó el expresidente en otro tramo de la entrevista.

De esa publicación surgía también que Pablo Torres García (Anses) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.

Al explicar los motivos por lo que es "falsa" la denuncia en su contra y que "no es un acto de corrupción", Fernández planteó que se trata de una "operación" y que se da cuenta "de dónde viene".

"Me di cuenta que era una operación. Me doy cuenta de dónde viene", destacó, aunque agregó que "no tiene ganas" de "profundizar" en quién estaría detrás de impulsar la denuncia y que "cada uno se haga cargo de lo que ha hecho".

Sobre el decreto 823/2021, el exmandatario afirmó haberlo impulsado para "terminar con la corruptela del seguro en el Estado".

"En el 2021 yo saco una norma para terminar con el negocio de los seguros en el Estado y digo en esa norma que todos los bienes y riesgos del Estado se aseguran con Nación seguros y que esto se hace en forma directa sin intermediarios. De ese modo terminé con el negocito que podía hacer alguno", sostuvo.

Por otro lado, Fernández comentó que conversó recientemente con el presidente Javier Milei, a quien le pidió "parar con la agresividad".

"Le dije a Milei que hay que parar con la agresividad y este tipo de cosas porque meten en la cabeza de la gente que en la política somos todos corruptos y yo no soy un corrupto, nunca lo fui", añadió.

Además, planteó estar "muy preocupado" por "lo que está pasando" en el país y que "desbaratar el Estado" no es "la salida que la Argentina necesita".

"Necesitamos ayudar mucho a nuestros legisladores y gobernadores, que la están pasando mal y están haciendo frente bien a todo este momento y espero que el presidente Milei en algún momento advierta las cosas que ocurren y corrija algunas de las decisiones que ha tomado", subrayó.

Consultado sobre si seguirá siendo el titular del Partido Justicialista (PJ), el exmandatario afirmó: "Voy a ver, yo lo que quiero es que el PJ se reorganice, lo que no quiero es ser un obstáculo".

"Estoy buscando el modo de ayudar. Lo que voy a hacer es seguir militando", agregó.

El Tribunal Oral Federal número 2 dio a conocer este jueves los fundamentos por los cuales condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión en la causa Vialidad, donde también fue sentenciado el empresario Lázaro Báez.

Se trata de los fundamentos a partir de los cuales la fiscalía va a apelar reclamando que sea condenada por el delito de asociación ilícita y la defensa de la vicepresidenta de la Nación insistirá con la absolución.

A partir de este momento va a intervenir la Cámara Federal de Casación penal.

El Tribunal Oral Federal 2 concluyó que entre 2003 y 2015 hubo “manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez”, según consta parte de los fundamentos de 1.616 carillas en relación al veredicto en la causa Vialidad.

“Estamos ante un hecho de corrupción estatal que como tal socava las legitimidades de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia así como el desarrollo integral de los pueblos”, consideraron los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

A Cristina Fernández de Kirchner también se la condenó a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que habilitó el discurso de la “proscripción”, si bien no hay impedimento legal para que sea candidata hasta que la condena eventualmente quede firme tras ser confirmada por la Cámara de Casación y la Corte Suprema, cosa que no ocurrirá este año.

A partir del jueves, con los fundamentos presentados, todas las partes podrán apelar el veredicto. Si bien cuentan con 10 días hábiles, por la extensión que tendrá la resolución es probable que alguna de ellas pida más tiempo para hacerlo.

Tanto la defensa de CFK, a cargo del abogado Carlos Berladi, como el fiscal Diego Luciani adelantaron que van a apelar. La defensa pedirá la absolución, como hizo en el juicio, y el fiscal que todos los acusados sean condenados y que se aplique el delito de asociación, también como planteó en el proceso. Luciani había pedido una condena de 12 años de prisión para la Vicepresidenta.

Con las apelaciones el caso pasará a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que deberá llamar a una audiencia para escuchar los argumentos de las partes. Luego de eso debe resolver si confirma las condenas o acepta los planteos de las defensas y absuelve a los acusados. La expectativa estará puesta en si eso ocurrirá este año en medio de la campaña electoral.

Luego de que se conozcan los fundamentos del fallo, Cristina Kirchner reaparecerá el viernes en un acto en Viedma. “El viernes voy a estar en Río Negro, invitada por la Universidad Nacional de Río Negro para recibir un doctorado honoris causa y brindar la conferencia ‘¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política'”, escribió la ex jefa de Estado en su cuenta de Twitter.

El viernes voy a estar en Río Negro, invitada por la @UNRIONEGRO para recibir un doctorado honoris causa y brindar la conferencia “¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política”. pic.twitter.com/FOaZ74yTCl

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 6, 2023

La expectativa estará puesta no solo en sus esperables comentarios acerca de los fundamentos que se conocerán en la víspera, sino también en las eventuales definiciones políticas con impacto en el Frente de Todos de cara al proceso electoral.