Reunidos en Balvanera, los movimientos sociales dieron una conferencia de prensa y respondieron de manera insólita ante la consulta sobre los 50 mil dólares que la Justicia encontró en un allanamiento en la Corriente Clasista y Combativa: “¿Qué tiene de malo? ¿Vos lo contaste?” Fueron algunas de las declaraciones. 

Las organizaciones sociales salieron a denunciar una persecución política después de los veintitrés allanamientos y seis órdenes de presentación entre el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, en los que la Justicia encontró 50 mil dólares y más de 7 millones de pesos. 

Se trata de la investigación iniciada por el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Cambiemos por una serie de denuncias anónimas por supuesta extorsión por parte de beneficiarios de planes sociales, agrupados en la CCC que lidera el diputado Juan Carlos Alderete, que resaltaron, según las fuentes, que debían aportar a la organización. 

Hallaron 50 mil dólares y más de 7 millones de pesos tras allanar a punteros de la Corriente Clasista y Combativa 

Frente a la prensa y visiblemente molesto por las consultas, Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), respondió a las consultas periodísticas. 

 “¿Qué tiene de malo? ¿Vos lo contaste? Tenemos un gran problema con la Justicia, que siempre ataca a los pobres. La harina, las cosas que cada uno sale a comprar, te las remarcan todos los días, esa es la solución para la inflación. ¿Saben los miles de millones de dólares que se lleva esa gente?”, respondió Castro. 

Asimismo, consultado sobre si es habitual que una organización se encuentren esos montos de dinero, contestó: “¿Qué se yo si es normal? No me ando fijando en la casa de nadie. Hay una animosidad contra los pobres y lo que veo siempre es una defensa de los ricos. Nunca se preocupan porque los ricos se llevan tanta plata”. 

“Fueron ‘a la pesca’ como se dice en la jerga judicial”, señala el primer párrafo del comunicado oficial de la CCC. 

“Hay escuchas telefónicas a más de 100 compañeros y compañeras, también ordenaron escuchas en tiempo real, que quiere decir que un oficial nos escuchaba en el momento que estaba ocurriendo la conversación e iba informando a cada instante. Eso es un procedimiento que se utiliza comúnmente para casos de secuestro extorsivo o de narcotráfico”, dicen en la agrupación del diputado Juan Carlos Alderete. 

“Una operación totalmente desmedida. Es decir, la jueza Vence llevó adelante este fenomenal despliegue sin tener elementos concretos que lo justifiquen. La jueza debería explicar además cómo se filtran escuchas ilegales de su juzgado a los medios de comunicación”, agrega. 

Y se defienden: “Los dólares encontrados pertenecen a los ahorros de toda la vida del matrimonio de una de las casas allanadas. Los pesos que allí incautaron son parte de los aportes de los compañeros y compañeras de todo el país para la organización”. 

“La CCC es una organización que se autofinancia. Cada compañero aporta voluntariamente para sostener al movimiento. También se hacen decenas actividades como fiestas, peñas, locros, venta de empanadas. Así es como mantenemos nuestra independencia política”, remarcan en la CCC. 

“Para ser independientes políticamente hay que tener independencia económica, por eso quienes conformamos la organización aportamos voluntariamente casi todos los meses. Igual que como hacen los sindicatos, los clubes, las asociaciones empresarias y otras organizaciones civiles”, señala parte del comunicado de dos páginas. 

 “Son nuestras compañeras las que en los barrios piden donaciones, juntan plata, hacen rifas, bingos y todo lo que esté a su alcance para para mantener abierto los comedores cuando la comida que debería mandar el Estado no llega o no alcanza porque es insuficiente”, añaden. 

“Así se paga el gas o se agregan verduras o algo de pollo a la olla porque muchas veces solo llegan alimentos secos. Le preguntamos a la jueza Vence, ¿Por qué en vez de investigar a una organización popular que mete las patas en el barro para enfrentar la crisis no investigan a los que se fugaron el préstamo del FMI?”, se preguntan en la CCC. 

Además, acusan a la jueza Vence de haber sido “durante seis años secretaria del ya fallecido juez Claudio Bonadío, miembro de la mesa judicial de Juntos por el Cambio”. 

Tras veintitrés allanamientos y seis órdenes de presentación entre el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades hallaron 50 mil dólares y más de 7 millones de pesos en domicilios y galpones de punteros de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). El procedimiento se dio en el marco de una investigación por presunta extorsión por parte de beneficiarios de los planes sociales allegados a la CC. 

Ante la difusión de la investigación, Alberto Fernández recibió este miércoles a dirigentes de esa y otras organizaciones sociales, como una señal de “solidaridad” por lo que calificó como “persecución judicial”. 

“Se secuestraron planillas de asistencias con nombres y apellidos de personas afiliadas a la organización social, que tenían al lado un monto de plata. Se está investigando qué exigían”, indicaron fuentes policiales. 

La investigación fue iniciada por el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Cambiemos por una serie de denuncias anónimas por supuesta extorsión por parte de beneficiarios de planes sociales, agrupados en la CCC que lidera el diputado Juan Carlos Alderete, que resaltaron, según las fuentes, que debían aportar a la organización. 

“Yo lo que tengo es plata, toda la plata de la CCC y la puta que lo parió (sic). Tengo la plata de nacional y la plata de la zona, me da una bronca terrible porque es la plata que usamos para los viajes y todo eso”, se desahogó Raquel Fleischman en una charla telefónica mientras la Justicia llevaba adelante los allanamientos ordenados por la Justicia -el pasado 5 de julio-, cuyo audio fue revelado en estas horas por el periodista Rodrigo Alegre en TN. 

La mujer, según fuentes citadas por Clarín, sería una dirigente de la CCC que estaría a cargo de la “recaudación” de la organización, que nuclea miles de planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. 

Dos domicilios fueron los que concentraron la atención de la justicia: uno en el barrio porteño de La Paternal, sobre la calle Tres Arroyos, y otro en Laferrere, en La Matanza, en el corazón del Gran Buenos Aires. 

En el primero, secuestraron algo más de 5 millones de pesos y 50 mil dólares; en el segundo, los investigadores se llevaron dos millones de pesos. La escucha corresponde a la mujer que se encontraba en el momento del operativo en la vivienda de la Ciudad. 

“Estoy acá en mi casa, viene la cana, vienen a joderme acá a mi casa (…) De eso no tengo nada”, le dice puntera a una amiga, según la transcripción telefónica, que le consulta por los papeles “de altas y bajas de desarrollo”. “Si está solamente la guita, está solamente la guita, después vemos como se justifica, pero el tema es el celular, negra”, le contesta la otra mujer. 

La Justicia tiene dos líneas de investigación: la venta de mercadería que el Ministerio de Desarrollo Social terceriza en los movimientos sociales y la supuesta exigencia de dinero a los beneficiarios. 

En el caso de la mercadería, fue secuestrada en un galpón del barrio porteño de Retiro. 

Ahora, la Justicia deberá investigar la procedencia de los fondos, que fueron depositados en un plazo fijo. Hasta este jueves, nadie de la CCC se había presentado en el juzgado federal de San Martín para reclamar, ni por los dólares ni por los pesos.