La entrada en vigencia de la nueva Constitución obligará al dictado de al menos una veintena de leyes para reglamentar nuevos artículos o cumplir con disposiciones transitorias, incluidas en la parte final del nuevo texto. Una de las primeras normas a debate será la Ley electoral y régimen de partidos políticos.

Sobresalen como temas un reclamo de intendentes y presidentes comunales para el dictado de una nueva ley de coparticipación, lapso que no podrá pasar de septiembre del 2027, así como una nueva ley orgánica de municipios, asuntos que deberá ser aprobado dentro del próximo año calendario. Ambos temas fueron incluidos en las cláusulas transitorias en el debate sobre nuevo régimen municipal.

El foro de intendentes del Partido Justicialista y luego el convencional Pablo Corsalini, hoy intendente de Pérez, plantearon pisos mínimos de coparticipación en la propia Constitución. El dictado de una nueva ley en dos años fue parte del entendimiento con Unidos. El equipo económico que lidera Pablo Olivares empezará a trabajar en semanas más sobre la base del tema que luego deberá considerar el Poder Ejecutivo e incluso los bloques parlamentarios de Unidos.

Gradualismo es la primera apreciación en Economía sobre coparticipación. Implicaría que el pase de mayores recursos a los gobiernos locales se realice en el marco de dos o tres mandatos provinciales. En los hechos, la Ley de Coparticipación de Santa Fe es de julio de 1975. Es la Ley N.º 7457, sancionada el 11 de julio de 1975 y promulgada el 22 de agosto que establece el régimen de distribución de los ingresos provenientes de impuestos provinciales y nacionales entre la provincia y sus municipios y comunas.

En los 50 años transcurridos hubo escasos retoques pero en los hechos los municipios han asumido cada vez mayores funciones. Desde los 90 para acá hubo un recorte del reparto de Ingresos Brutos que luego una ley impulsada por el entonces diputado Carlos Fascendini logró reparar ese retroceso. En este siglo, hubo algunos retoques en Patentes e Impuesto Inmobiliario dándole mayores porcentajes a gobiernos locales.

La Ley Orgánica de Municipalidades -N° 2756- es de 1939 más allá de varias actualizaciones que ha tenido en el tiempo. La nueva norma deberá adoptar el nuevo sistema provincial que yo no prevé la figura de comunas, pero además de municipios habla de áreas metropolitanas y regiones.

El capítulo constitucional del Régimen Municipal se inicia con el artículo 154. "Todo núcleo de población organizado como comunidad con vida propia se constituye como municipio y se gobierna por sí mismo con arreglo al ordenamiento jurídico".

Agrega que "la Provincia reconoce a los municipios como base de su organización territorial y democrática; y garantiza su autonomía en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero, de conformidad con lo previsto en esta Constitución". En el último párrafo marca que "la ley establece la delimitación territorial de los municipios y resuelve los casos de fusión y segregación".

No obstante, uno de los temas en que pondrá la prioridad el Poder Ejecutivo es lo referido a la ley electoral y el régimen de partidos políticos. El objetivo es que las elecciones de 2027 estén las nuevas reglas e incluso el organismo encargado de la organización y fiscalización del comicio.

La cláusula transitoria señala que "hasta tanto se dicte la ley que determine la competencia judicial específica en materia electoral, continuará entendiendo en estos casos el Tribunal Electoral, de acuerdo con la normativa vigente al momento de sancionarse la presente Constitución".

Hoy, el Tribunal Electoral está conformado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y dos camaristas sorteados antes del final del año anterior. La figura clave es el secretario electoral sobre el que recae la mayor parte de la tarea. En su participación ante la Comisión del Poder Judicial de la Convención Reformadora, los ministros de la Corte reclamaron un cambio en este tema. Uno de ellos, Rubén Weder, sugirió que sea competente en este ámbito la Cámara en lo Contencioso Administrativo, tema que es analizado con detenimiento en la Casa Gris. Algún proyecto de los convencionales sugirió que el secretario electoral tenga acuerdo legislativo.

Pero también quedaron otros temas a resolver y que será motivo de reuniones entre el Ejecutivo y los partidos políticos, especialmente los que tienen representación política.

La cláusula cuarta determina que "hasta tanto la Legislatura sancione la ley electoral conforme a lo establecido en el artículo 56, se incorporarán al padrón las personas mayores de dieciséis años de edad y las personas extranjeras a los fines de que puedan ejercer el derecho de sufragio". Ambos sectores son habilitados por la nueva Constitución. Los extranjeros -hoy autorizados a votar en comicios municipales- también están en las elecciones provinciales.

Otros temas a dilucidar serán los pisos electorales a la hora de entrar a disputar bancas tanto en la futura Cámara de Diputados como en los Concejos municipales. Otros temas que están en carpetas son los diseños de la Boleta Única y la posibilidad de ir unificación de categorías provinciales o municipales. Estos temas empezarán a ser analizados una vez terminada la elección de octubre. En el medio se irán conociendo proyectos de los actuales legisladores para sumar temas al debate que se viene.

Un primer listado de temas para la agenda legislativa tiene estos títulos:

Ley orgánica de municipios más áreas metropolitanas y regiones

Ley de coparticipación

Ley de ordenamiento territorial

Ley electoral y régimen de partidos políticos

Ley orgánica del Poder Judicial

Ley del Ministerio Público (Ministerio Público de la Acusación y Ministerio Público de la Defensa)

Ley de traspaso de las defensorías civiles y el Ministerio Pupilar al Ministerio Público

Ley de Defensoría del Pueblo

Ley de procedimiento de selección de jueces, fiscales y defensores

Ley de enjuiciamiento de jueces, fiscales y defensores

Leyes de modificación de la competencia judicial a partir de la modificación de la competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Ley de responsabilidad del estado

Ley de protección de consumidores y usuarios

Ley de educación

Ley de salud

Leyes de participación ciudadana (audiencias públicas; iniciativa popular; consulta popular; revocatoria de mandato; Consejo de carácter consultivo asesor de los Poderes Ejecutivo y Legislativo).

Ley de amparo

Ley de habeas data

Ley de habeas corpus

Ley de acciones colectivas

Leyes marcos de servicios públicos (agua y saneamiento y energía eléctrica)

La provincia de Santa Fe recibió 439.546 millones del gobierno central en concepto de en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. La cifra representó un incremento del 0,7% a valores reales en la comparación interanual.

Pero también reflejó que, si bien todos los distritos reciben el mismo valor por lo que es la coparticipación automática, la administración Pullaro fue la menos "favorecida" por el segmento discrecional de las transferencias. En el mismo período, la administración Kicillof percibió un incremento muy superior.

"Hubo una amplitud de 3,5 puntos porcentuales, entre Buenos Aires (+4,2%) que fue la jurisdicción con mayor suba y Santa Fe (0,7%), la de menor incremento", resaltó Nadin Argañaraz, el economista a cargo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

El reporte señala que "en el mes de agosto de 2025, el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5.127.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $3.746.000 millones enviados durante igual período del año anterior.

"Es decir que se observó una variación nominal del 37%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una suba real del 2,4%" en el consolidado de provincias más Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santa Fe estuvo muy por debajo de ese promedio, que para Córdoba resultó apenas superior al santafesino, con 0,8% de suba.

"Por su parte -señala Iaraf- la coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habrían aumentado un 3,2% real.

El documento detalla que "la suba de la coparticipación neta registrada en agosto se explicaría, fundamentalmente, por la suba real interanual del 11% en la recaudación del impuesto a las ganancias".

Incidió de manera positiva en la recaudación del tributo "el hecho de que recientemente mediante una resolución administrativa se cambió el esquema de anticipos de personas jurídicas, disminuyendo el importe abonado en junio e incrementando el de meses siguientes.

"Por otro lado, la recaudación de IVA tendría un muy leve incremento real interanual del 0,4% en agosto, de acuerdo con la información provista por la DNAP. En conjunto la recaudación de IVA e IIGG habría registrado una suba real interanual del 4,6%".

"De cara a los próximos meses, la recaudación del impuesto a las ganancias y de IVA resultan cruciales", advirtió Argañaraz, en implícita referencia al impacto que la desaceleración económica y las altas tasas tendrán en el nivel de actividad de la economía, que a su vez repercutirán en los giros a las arcas provinciales.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año de la suma de Ganancias e Iva, la variación interanual real habría sido positiva por 1%. Pero son tributos muy sensibles al nivel de la actividad.

Hasta ahora los saldos son positivos, previos a la zona de turbulencias en la que entró la escena monetaria, financiera y política del país. "En el acumulado a agosto del año, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron los $38.703.000 millones, frente a $25.208.000 millones para igual periodo del año anterior.

"De este modo -detalla Iaraf- exhibieron una variación nominal del 53,5%, que se traduciría en una suba real del 4,1% al descontar la inflación del período".

La provincia de Santa Fe recibió en julio por transferencias del gobierno central, por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones, $431.292 millones, lo que supone un incremento del 8,5% de variación real (descontado el efecto de la inflación).

En el acumulado a julio del presente año, la administración Pullaro recibió $2,876, una mejora interanual del 2,9% en el semestre a valores reales.

Así lo revela un nuevo informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que destaca que el séptimo mes del año fue el segundo consecutivo de incremento real de las transferencias automáticas a provincias y CABA.

"Habrían crecido un 10% real interanual en julio Con el dato de julio, en los primeros siete meses el crecimiento real interanual habría sido de 4,4%", destaca el centro de estudios que dirige Nadin Argañaraz.

Del informe se desprende una vez más un dato singular: La Casa Rosada beneficia a la administración bonaerense de Axel Kicillof por encima del promedio del resto de los distritos. Buenos Aires recibió en julio un incremento del 12,9%, lo que supone mayores transferencias "discrecionales" para el mandatario de ese distrito.

En el "consolidado" de provincias más CABA, las transferencias referidas en el informe promedian un 9,8% de incremento según el informe del IARAF con datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del ministerio de Economía.

"En el mes de julio de 2025, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5.048.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $3.366.000 millones enviados durante igual período del año anterior.

"Es decir -detalla Iaraf- que se observó una variación nominal del 50%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una suba real del 9,8%".

La coparticipación -transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones- habrían aumentado un 6,8% real según los datos preliminares que maneja el centro de estudios.

"La suba de la coparticipación neta registrada en julio se explicaría, fundamentalmente, por la marcada suba real interanual del 20% en la recaudación del impuesto a las ganancias. Incidió de manera positiva en la recaudación del tributo la reforma introducida en la ley BASES a personas físicas y al hecho de que recientemente mediante una resolución administrativa se cambió el esquema de anticipos de personas jurídicas, disminuyendo el importe abonado en junio e incrementando el de meses siguientes.

"Por otro lado -añade Iaraf- la recaudación de IVA tendría un incremento real interanual del 1,3% en julio, de acuerdo con la información provista por la DNAP. En conjunto la recaudación de IVA e IIGG habría registrado una suba real interanual del 8,3%. Luego, en el acumulado de los primeros siete meses del año de la suma de estos tributos, la variación interanual real habría sido positiva por 0,4%".

El informe destaca que los envíos en las jurisdicciones fueron positivos en todos los casos. "Dicho esto, hubo una amplitud de 6 puntos porcentuales, entre Buenos Aires (+12,9%) que fue la jurisdicción con mayor suba y CABA (6,9%), la de menor incremento".

En el acumulado a julio del año, "las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones (a los 24 distritos subnacionlaes) alcanzaron los $33.576.000 millones, frente a $21.462.000 millones para igual periodo del año anterior. De este modo, exhibieron una variación nominal del 56,4%, que se traduciría en una suba real del 4,4% al descontar la inflación del período".

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro volvió a poner énfasis en el mal estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia. Lo hizo en las últimas horas cuando estuvo cara a cara con el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en Agroactiva (Armstrong) y lo volvió a hacer este viernes desde la ciudad de Santa Fe donde presidió la entrega de patrulleros a las fuerzas de seguridad.

El mandatario provincial diferenció la acción que desarrolla Santa Fe de la que despliega (o, en todo caso, suspendió) Nación: “Llevamos más de 3000 kilómetros repavimentados o bacheados de rutas provinciales, pero los casi 3000 kilómetros de rutas nacionales tuvieron una inversión por parte nuestra a través de un convenio con Vialidad Nacional”.

Además, recamó que “lo que habíamos acordado con el gobierno nacional en el Pacto de Mayo acerca de que iban a repavimentar, bachear y ensanchar, en algunos casos, las rutas nacionales no se cumplió”.

El resultado, advirtió, es de “rutas nacionales en pésimo estado y siniestralidad con victimas fatales”, a la vez que recordó el pedido para que sean transferidas a la provincia que tampoco tuvo respuesta.

Sobre Francos, con quien volvió a hablar de este tema, destacó que es una persona “que escucha e intenta resolver los problemas en las provincias, pero la mirada nacional está en la máxima prioridad que es el equilibro fiscal”.

Mientras tanto, “nuestra preocupación tiene que ver con el desgaste de activo vial, y la inversión que se tiene que hacer todos los años a esas rutas para que no se terminen destruyendo, como en algunos tramos donde ya son caminos naturales”. “Esa inversión del 10 % del activo vial no lo está poniendo el gobierno nacional, y los anteriores tampoco”, señaló.

Con respecto a la situación económica de la provincia, en una coyuntura compleja en todo el país, aseguró: “Nos hacemos cargo de los problemas y para eso hay que tener una administración eficiente con los recursos”.

No obstante, reconoció que el mes pasado la coparticipación cayó, en términos reales, un 44 % en impuesto a las ganancias, y en términos generales la merma fue del 26 %”, situación que impacta en la provincia y en cada municipio y comuna.

“Preveíamos una situación de estas características e hicimos un ajuste más grande que las provincias y la Nación: eso nos permite pagar sueldos, aguinaldos y no tener problemas con las obras”, pero “hubo que bajar costos de la política”, entre otros conceptos.

“Si esta situación se mantiene hasta fin de año, tendremos que cambiar algunas cosas”, arriesgó, a la vez que destacó que “estamos ejecutando cinco veces más obra pública que cualquier provincia”, con el objetivo de evitar “que caigan las economías locales y el empleo privado”.

El Gobierno de Santa Fe prepara un proyecto de ley para que contar con la autorización para tomar un préstamo por mil millones de dólares, con el objetivo de sostener su ambicioso programa de obras públicas en materia de infraestructura vial, hidráulica y sobre los servicios públicos en manos de empresas estatales. Es porque, tal como había advertido el gobernador Maximiliano Pullaro en su discurso de inicio del período ordinario de sesiones del 1º de Mayo, se advierte una brusca caída en los recursos que provienen del gobierno nacional.

La información sobre el envío de una norma especial de autorización a la Legislatura fue comentada por el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, ante una consulta de El Litoral sobre el impacto del desplome de los recursos nacionales que llegan a Santa Fe en los planes oficiales para 2025. También expuso el monto del préstamo a tomar: "Mil millones de dólares".

El funcionario dijo que "por supuesto, la caída de los recursos nacionales está impactando en la obra pública, así como impacta en todos los ministerios" del Estado Provincial. "Nosotros tenemos garantizado que contamos con recursos y flujo de fondos para atender todos los vencimientos de los certificados de las obras que están en ejecución", explicó y anticipó: "De todos modos, estamos preparando un proyecto de ley de autorización para tomar endeudamiento de corto plazo para seguir con todo el programa de obras previstas".

Todo indica que junto al mensaje del Poder Ejecutivo Provincial sobre el o los préstamos a tomar, la administración de Pullaro buscará explicar que se debe a cambios en el flujo de recursos nacionales que se recurrirá a la financiación.

Hasta aquí, lo que se sabe es que van a sucederse primero reuniones de ministros con diputados y senadores para aunar discursos puertas adentro del oficialismo y que habrá un proyecto de ley en cuestión de días. La operación se haría bajo el concepto de "endeudamiento de corto plazo" para no dañar el ritmo de obras de las que están en marcha, ni postergar las que está previsto licitar e iniciar este año.

Se sabe: en Santa Fe solo 33% de sus ingresos provienen del Estado santafesino, por vía de su propia recaudación impositiva, sobre todo de Ingresos Brutos. En cambio, el 73% llega de impuestos coparticipables que van a la baja porque la actividad económica cae, y porque la gestión recaudatoria también es menor.

En su mensaje a las Cámaras del 1º de Mayo el gobernador Maximiliano Pullaro advirtió que hay una baja en la coparticipación federal a las provincias, en decir, en los recursos que por ley el gobierno nacional debe transferir de forma automática a las provincias, en un contexto en el que abundaba información sobre otro fenómeno: el derrumbe de los ATN, que de forma discrecional puede enviar el presidente Javier Milei a los estados subnacionales.

"Tenemos las cuentas en orden y un bajo nivel de endeudamiento", dijo hace quince días el jefe del Estado provincial. Y de inmediato expresó: "Si miramos con atención la caída de los ingresos por coparticipación federal, que impone revisar permanentemente la planificación presupuestaria, entendemos que el equilibrio de las finanzas arranca por la responsabilidad dentro del gobierno".

Antes de repasar recortes en gastos de funcionarios políticos, explicó que "en 2024 logramos un resultado económico récord de $764.547 millones, al que se suma el resultado económico de $215.642 millones del primer trimestre del presente año. Esto quiere decir que en 15 meses hemos podido cubrir los gastos operativos y ahorrado casi un billón de pesos para destinarlos a inversión en obra pública y equipamiento".

El febrero de 2025, la provincia de Santa Fe recibió desde el gobierno central por coparticipación automática más leyes especiales y compensaciones, $379.345 millones, lo que supone un crecimiento real de 17,8%. La Casa Gris quedó entre las administraciones menos favorecidas a pesar del crecimiento real de las remesas desde la administración central para todos los distritos.

En el segundo mes del año, el gobierno Nacional envió a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires $4.424.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $2.212.000 millones enviados durante igual período del año anterior. Descontando la inflación, la cifra supone una suba real del 19,8%. Por su parte, la coparticipación sola -sin contabilizar leyes complementarias y compensaciones- creció un 17,3% real.

El dato saliente es la remesa por encima del resto para una administración kirchnerista. "Al considerar la evolución individual en las jurisdicciones de los envíos por transferencias automáticas, se observa que en todos los casos la variación real fue positiva. Sin embargo, hubo una amplitud de 5,9 puntos porcentuales, entre Buenos Aires (23,6%) que fue la jurisdicción con mayor suba y La Pampa (17,7%), la de menor", apenas un décimo más que lo que percibió la administración Pullaro.

El informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal señala que "en el acumulado a febrero del año, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron los $9.174.000 millones, frente a $4.503.000 millones para igual periodo del año anterior. De este modo, exhibieron una variación nominal del 103,7%, que se traduciría en una suba real del 15,8% al descontar la inflación del período".

Con una suba real del 13,9% en ese recorte analítico, Santa Fe (recibió $787.400 millones) quedó junto a La Pampa como el segundo distrito menos favorecido por la Casa Rosada en el bimestre. Lo notable es que la provincia de Buenos Aires, bajo administración de Axel Kicillof, recibió un incremento del 19,3% en el bimestre bajo análisis.

La provincia de Santa Fe recibió del gobierno central en abril, por transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones, $232.973 210,6, cifra que supone una caída a valores reales de -20,2%. Son $59.067 millones menos de lo previsto.

Si se consideran sólo las transferencias automáticas por $220.244 millones, el retroceso fue del -18,3% en el cuarto mes del año. Pero por leyes complementarias y compensaciones -por $12.759 millones- la caída alcanzó -43,7% a valores reales.

En el acumulado del año -enero/abril- Santa Fe recibió -18,5% a valores reales en lo que percibió de la Casa Rosada, en la comparación interanual. Tales son los cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, en base a datos de la Dirección Nacional de Administración Pública y el ministerio de Economía de la Nación.

"En el mes de abril de 2024, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $2.691.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $865.000 millones enviados durante igual período del año anterior", señala el informe.

Añade que "se observó una variación nominal del 211%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una caída real del 20%; la coparticipación (transferencias automáticas menos leyes especiales y compensaciones) habría caído un 18% real. Es importante recordar que, el corriente mes cuenta con 2 días hábiles más respecto al mismo mes del año pasado".

El efecto de la recesión económica se suma al recorte que sobre Ganancias produjo en el reparto a provincias, el "plan platita" de Sergio Massa. Los datos de la recaudación indican la doble incidencia.

El "mal desempeño en la recaudación del impuesto a las ganancias (-35% real interanual)" es lo que más afecta a las cuentas santafesinas y del resto de los estados subnacionales. La reposición de la cuarta categoría de Ganancias -con nuevo piso y alícuotas progresivas- aspira a reponer en parte ese déficit fiscal que se generó con el financiamiento de la fallida campaña de Massa.

La recaudación del IVA es -8% real interanual según la información provista por DNAP. Y en este caso el impacto refleja fundamentalmente la recesión económica sobre los consumos en el mercado interno de los argentinos. Iaraf reseña que en conjunto, la recaudación de ambos impuestos habría registrado una caída real interanual del 18,5%.

El dato relevante del informe del Iaraf es que registró en abril, con relación a marzo, una mejora fiscal. La recaudación conjunta de IVA y ganancias (que representa el 54% de la recaudación nacional total) habría ascendido un 9,3% en términos reales. "Esta suba habría estado por encima del promedio de los últimos 5 años (4,6%), excluyendo el año 2020".

En concepto de coparticipación, en el mes de abril de 2024, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, $2.507.000 millones, frente a $788.000 millones enviados durante igual período del año anterior. "Es decir, se observó una variación nominal del 218%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una caída real del orden del 18,3%", detalla el Iaraf.

Al considerar la evolución individual en las jurisdicciones, el estudio observa que en todos los casos la variación real fue negativa por el valor de 18,3%. En cuanto a las leyes complementarias y compensaciones, en el mes de abril de 2024 las jurisdicciones subnacionales percibieron $184.000 millones en comparación con $77.000 millones durante igual período del año anterior. Es decir, se observó una variación nominal del 138%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una caída real del 39%.

Fuentes cercanas al ministerio de Economía santafesino estimaron que, por recursos tributarios propios, Santa Fe cerraría abril con una suba nominal de su recaudación de 287%. Si se tiene en cuenta que el IPC dio 287,9% a marzo interanual, el comportamiento fiscal provincial no sería negativo. Los recursos tributarios propios ya venían en línea con la inflación, aunque en el caso santafesino por efecto de las modificaciones a la ley tributaria 2024.

En un contexto de fuerte tensión entre el gobierno nacional y las provincias, y con quitas importantes como son las del Fondo de Incentivo Docente y el Fondo Compensador para el Transporte, los gobernadores estuvieron en un primer plano en las últimas semanas; algunos con un impensado protagonismo como fue el caso de Chubut, que llegó a judicializar su reclamo por la retención de coparticipación y obtuvo, en las últimas horas, un fallo favorable para recibir los fondos de transporte.

Este jueves el mandatario santafesino Maximiliano Pullaro fue consultado por la posibilidad de que la provincia siga un camino similar por la vía judicial. Fue en rueda de prensa, junto a la vicegobernadora Gisela Scaglia y al ministro de Trabajo, Roald Báscolo, en el marco del lanzamiento del Programa Empleo Joven.

"Nosotros vamos a defender lo que nos corresponde y vamos a defender a la provincia de Santa Fe", definió Pullaro para aclarar, luego, que "Santa Fe no le debe dinero a la Nación".

A la hora de argumentar, explicó: "En el impuesto a los combustibles, la provincia aporta 3.900 millones de pesos. Pero solamente venían 1.500 millones. Del fondo de 100 mil millones que tenía la Nación, el 88 % iba al AMBA: ahora a Santa Fe no le mandan más esos 1.500 millones, pero los 88 mil mensuales al AMBA siguen yendo".

Lo que digo es "empecemos a discutir el federalismo en la Argentina. El interior productivo, una fábrica como ésta, que le pone empeño, que trabaja los fines de semana", añadió, aludiendo al espacio ubicado en Casanello 2051 en el que encabezó el lanzamiento del programa.

- Hay un presidente que dijo que quería hacerlos llorar a los gobernadores, se le planteó al mandatario.

- A mí no me van a encontrar nunca llorando. Nunca protestando. Lo que hacemos con el gobierno nacional es ir con propuestas.

"Las diferencias con Nación las saldamos con el diálogo", dijo el gobernador y aseguró que "no nos vamos a poner en una posición rupturista con el Estado federal". Crédito: Mauricio Garín

Con la Ley Bases, que acompañamos porque creemos que el Estado tiene que salir del déficit fiscal, entendimos que las retenciones a la industria y al campo hacían mucho daño a Santa Fe. Pero fuimos con una propuesta que elaboró nuestro equipo económico y la discutimos con el equipo económico de la Nación.

- Con el antecedente de Chubut, ¿podría haber una medida similar de Santa Fe?, consultó una colega.

- Santa Fe no tiene deuda con la Nación, como tienen 18 provincias argentinas. Si el gobierno nacional quiere, les baja la palanca y no pagan los sueldos, porque deben con garantía de coparticiación. Santa Fe no debe eso, porque es una provincia que siempre estuvo equilibrada. Tuvo mejores o peores gobiernos, pero desde el año '91 en adelante fue una provincia equilibrada.

Las deudas que tenemos fueron de infraestructura, que tomó el Estado provincial en los gobiernos de Hermes Binner, de Antonio Bonfatti, de Miguel Lifschitz y Omar Perotti, y las obras están. Y a eso hay que pagarlo, porque fueron obras que quedaron.

- Se viene un momento clave para la provincia y para Nación, que será la campaña en el campo, donde la Nación recauda muchos ingresos. ¿Esto puede ser clave para negociar la devolución de estos fondos?

- Nosotros no nos vamos a poner en una posición rupturista con el Estado federal. Queremos poner en la agenda pública lo que aporta la provincia de Santa Fe y lo que vuelve. Apostamos siempre al diálogo, y si no resuelve los problemas que perjudican a la provincia, está el recurso judicial. A nosotros no nos descontaron coparticipación, porque no tienen cómo hacerlo.

Las diferencias que tuvimos con Nación las saldamos con diálogo político. ¿O por qué se creen que se sacó de la ley Bases el esquema de aumento de retenciones? Porque nuestra vicegobernadora Gisela Scaglia y yo estuvimos reunidos con todos los bloques legislativos, y juntamos una mayoría legislativa que iba a votar en contra de las retenciones, y el gobierno nacional las sacó.

En el tema biodiésel, nuestra vicegobernadora estuvo dos días en Buenos Aires, junto al ministro de la Producción (Gustavo Puccini) hablando con todos los legisladores y con las seis provincias productoras de biodiésel para tener una propuesta superadora. Nosotros creemos más en el diálogo.

Además de confirmar su presencia este viernes a las 21 en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, donde dará su discurso el presidente Javier Milei, dijo esperar "un cambio de formas y tengo mucha expectativa en eso".

"No me van a encontrar ni llorando ni peleando. Me encuentran dialogando", sostuvo y remarcó: "Los conceptos que pueda verter el Presidente sobre muchos, a mí no me afectan. Me afectan los problemas que tienen los santafesinos y es por lo que intento trabajar", cerró.

El reparto de fondos a las provincias este 2024 sería el más bajo en los últimos ocho años y profundizará el conflicto abierto entre la Nación y los gobernadores por el ritmo de transferencias y subsidios a las arcas provinciales. La suba prevista en los ingresos al fisco por retenciones y por impuesto PAIS, que no son coparticipables, harán que a lo largo del año las provincias se queden con menos del 30% de la recaudación tributaria total.

El plan de ajuste fiscal que puso en marcha el ministro de Economía Luis Caputo se apoya, en parte, en un recorte de las transferencias que hace la Casa Rosada a las provincias por distintos motivos, ya sea fondos para financiar educación, salud o vivienda y otros como subsidios al boleto de transporte público, que fue el último motivo de cruces entre el gobierno nacional y los provinciales.

En una primera instancia el equipo económico había estimado que la poda de envíos de fondos a los gobernadores tendría una magnitud de 0,5% del PBI (a valores actuales, unos $950.000 millones), pero el retiro del capítulo tributario de la ley ómnibus que decidió el Gobierno nacional -días antes de que terminara por caer el resto del proyecto- forzó al Palacio de Hacienda a rehacer los números. Los ingresos con los que contaba Economía en caso de que prosperara la iniciativa en el Congreso (por la reversión de Ganancias, suba de retenciones y cambios en la fórmula de aumento de jubilaciones) deberá conseguirlos por un ajuste más profundo en el gasto.

Es en ese marco en que las transferencias a las provincias están en la mira del equipo económico. Según estimaciones privadas, como las que realizaron en los últimos días las consultoras PxQ y LCG, el Gobierno ajustaría esa partida presupuestaria el doble de lo previsto inicialmente, desde 0,5% hasta 1 punto del PBI, con la nominalidad de hoy, cerca de 1,8 billones de pesos. “Estos números ponen en evidencia que el recorte a los giros provinciales potencialmente tendrá sólo un impacto limitado, dado que aún reduciéndolos por completo se podrá conseguir un 20% de los 5 puntos de ajuste para equilibrar el resultado financiero”, estimó LCG.

Los fondos que reciben las provincias pueden dividirse en las que son automáticas (que surge por el cálculo que establece la fórmula de coparticipación federal) y las discrecionales. Sobre estas últimas, enero y febrero ya muestran con números concretos cómo la Nación se sentó sobre la caja y redujo en algunos casos al 100% el envío de este tipo de transferencias.

“Los recursos totales que llegaron a las provincias de fondos nacionales (automáticos y no automáticos) en enero del corriente año fue por $2,3 billones de pesos que exhiben una caída real del 15,6% interanual y a precios de enero 2024, dicho descenso consolidado de las transferencias totales equivale a unos $431.299 millones”, estimó un informe reciente de la consultora Politikón Chaco, especializada en finanzas provinciales. De forma desagregada: las automáticas tuvieron una caída de 13,9% y las no automáticas, de 97,7 por ciento.

Pero más allá del ajuste que decida el Poder Ejecutivo sobre las partidas discrecionales, el reparto que no depende de la voluntad de la Casa Rosada también tendrá este año menos peso en el universo de fondos que reciben las provincias. El año pasado los gobernadores recibieron el 34% de la recaudación impositiva total, un nivel histórico alto y que empató con la misma proporción que había tenido en 2020. Para este año, espera LCG, ese porcentaje caerá hasta el 28 por ciento.

Eso sucederá por varios motivos. “Este año las provincias verán reducida su participación en el total de la recaudación nacional porque el aumento de los recursos tributarios será traccionado por los impuestos no coparticipados: derechos de exportación a partir del fin de la sequía y del sinceramiento del tipo de cambio aplicable (por ahora un esquema 80% oficial / 20% contado con liquidación) e Impuesto PAIS por la ampliación de la base imponible y la suba de alícuotas dispuestas en diciembre último”, planteó esa consultora.

“En paralelo, el principal impuesto coparticipado -Ganancias- se verá afectado por la reforma del año pasado que elevó a 15 salarios mínimo vitales y móviles, el mínimo no imponible para las ganancias de la cuarta categoría de los empleados en relación de dependencia. En total esperamos que las provincias se queden con apenas 28% del total recaudado, un nivel semejante al de 15 años atrás”, concluyó LCG.

El último capítulo del cruce entre Nación y provincias por el reparto de fondos tuvo lugar la semana pasada cuando la Secretaría de Transporte anunció que cortaría el envío de transferencias para subsidiar el boleto de transporte público en el interior. Los mandatarios provinciales salieron a reclamar por esa medida, que aseguran que no estaba en la mesa de diálogo previa.

El cordobés Martín Llaryora anunció que soportará el recorte con fondos propios para evitar un aumento del boleto. El santafesino Maximiliano Pullaro hizo también declaraciones en ese sentido. Otros como el mendocino Alfredo Cornejo, el puntano Claudio Poggi o el pampeano Sergio Zillioto también fueron críticos con la medida.

Aunque las cámaras que nuclea a empresas con concesiones de transporte público aseguraron que no conocían de antemano la medida, este domingo desde la Asociación Argentina de Empresarios del. Transporte Automotor (AAETA), una de las cinco entidades representativas del sector, mencionaron, ante la queja de los gobernadores, que cerca de la mitad de los subsidios al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es afrontado por el gobierno bonaerense. “Es importante que se debata porque las demás provincias no pueden hacer lo mismo, si la mayoría recibe más coparticipación respecto a lo que aportan al PBI nacional. Es importante que estos debates se hagan con datos precisos”, le dedicaron, como un mensaje al resto de las provincias.

La novedad de que la Provincia de La Rioja retoma el camino de la emisión de su propia moneda, ante la imposibilidad de atender sus gastos corrientes, ha puesto una lupa sobre esa provincia. Un estudio de unn privada se ocupa de brindar información comparada sobre su economía y, entre otros datos, indica que su peso en las ventas al exterior del total del país está en el extremo más pobre de la estadística nacional. Y que Santa Fe está en el opuesto.

Mientras que 156.562 habitantes de La Rioja contribuyen con el 4% de las ventas argentinas al exterior, 1.970.809 de Santa Fe lo hacen con el 34% de lo que produce la provincia.

El dato pertenece a un informe del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea, referido a la decisión de La Rioja de volver a emitir su propia moneda, con opiniones y advertencias sobre el conocido fenómeno de las cuasimonedas en la Argentina, un aspecto clave de la grave crisis de 2001-2002 que terminó con la Convertibilidad del tipo de cambio 1 a 1 entre el peso y el dólar que se había iniciado en la década de los '90.

La Revista de Novedades Económicas incluye un cuadro sobre la economía del noroeste argentino en la que va a impactar la cuasimoneda riojana. Allí se pueden ver las contribuciones de cada provincia al producto exportable: Jujuy (15%), Santiago del Estero (14%), Salta (12%), Tucumán (9%), La Rioja (4%) y Catamarca (3%). Por fuera de esa zona, solo quedan con casi nula participación en el comercio internacional Corrientes (4%) y Formosa (1%), entre los guarismos más bajos.

A propósito de La Rioja, donde la Legislatura ya autorizó al gobierno provincial la emisión propia, el informe reconoce que "es prematuro anticipar el desenlace" respecto de esa medida, pero la describe "parece responder a un patrón de provincia extremadamente dependiente de las transferencias de coparticipación y discrecionales, sin holgura fiscal (comparada con el resto), con un perfil productivo de muy limitado sesgo exportador, fuerte dinamismo en la creación de empleo público y caída (en términos per-capita) del empleo privado, ocupando puestos de retaguardia en los rankings que miden el nivel de los salarios y la formación de los recursos humanos por provincia".

Mientras La Rioja integra un lote de muy baja incidencia en las exportaciones globales del país, con el 4% del total, es justamente Santa Fe la primera provincia en ventas al exterior con el 32% de los bienes transados en el exterior, seguida por Córdoba con el 26%, Neuquén (17%) y Provincia de Buenos Aires (17%). Por arriba del 15% quedan también San Juan, Chubut y Santa Cruz. Y algo por debajo, Entre Ríos y Santiago del Estero. El promedio nacional es del 14%, y la estructura productiva santafesina duplica y más ese valor.

El informe sostiene que una eventual cuasimoneda riojana (en el pasado emitió el bono "Bocade") "habría consecuencias significativas" y enumera: "a) en primer lugar, como los agentes económicos buscarán desprenderse antes de esos papeles que de otras monedas, la velocidad de circulación aumentará, potenciando el descuento impuesto por el mercado al valor de eso bonos; b) consecuencia de los dos factores descriptos, la población local sufrirá un golpe inflacionario adicional al impuesto por la propia dinámica devaluatoria del peso; c) pero, además, las empresas instaladas en la provincia verán encarecerse los impuestos nacionales en términos de la cuasimoneda (que será la moneda predominante en la que cobrarán por la venta de sus bienes y servicios), porque para pagar (los impuestos nacionales) deberán cambiar bonos locales por debajo de la par; d) puede ser que esas empresas incurran en atrasos en el pago de esos impuestos nacionales pero, dada la ponderación de La Rioja en el PIB total, ese efecto será marginal sobre el fisco nacional; e) el impacto mayor en este plano se dará sobre la rentabilidad de las empresas instaladas, debilitando aún más los incentivos a la creación de empleos privados en la provincia".

La "locomotora"

No es la primera vez que desde el Poder Ejecutivo Provincial se compara a Santa Fe con la locomotora de la formación de las provincias que hacen marchar el tren de la economía nacional. Lo hizo el gobernador Maximiliano Pullaro al asumir, ante la Legislatura, al decir que "Santa Fe tiene todo para ser la locomotora del crecimiento nacional, con más producción, más productores, con mayor sostenibilidad, con más y mejor infraestructura productiva, exportando para crecer e innovando para exportar" y que "vamos a trabajar arduamente para acompañar con acciones a las empresas y emprendimientos de nuestra Provincia". Se planteó como objetivo llevar de las 750 pymes actuales a 1500, en cuatro años.

Por Gabriel Rossini

Los gobernadores de todos los colores políticos están negociando con el gobierno nacional la firma de un decreto de necesidad y urgencia que les compense los ingresos que dejaron de percibir por las medidas tomadas por el ministro Sergio Massa entre las PASO y las generales, en particular las modificaciones al impuesto a las Ganancias y la devolución del IVA a los productos de la canasta básica.

Quien estaría al frente de las negociaciones es el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Y la tarea no parece sencilla porque, según dejaron trascender la semana pasada desde el ministerio de Economía de la Nación, este tipo de medidas tendría que tener el aval del gobierno que asumirá el 10 de diciembre o contar con el respaldo de todos los gobernadores salientes y entrantes.

Por ahora son versiones admitidas en off pero no reconocidas oficialmente, que tienen su antecedente en reuniones y reclamos de gobernadores en ejercicio y electos que la semana pasada pidieron por una medida de este tipo, que les permita un ingreso de dinero para afrontar las obligaciones de fin de año y transitar los primeras meses de la próxima gestión con algún tipo de respaldo económico.

De hecho, los gobernadores de Juntos por el Cambio la semana pasada en el documento que emitieron tras reunirse en la Casa de Mendoza en Buenos Aires pidieron que el presidente firme un DNU "compensando parcialmente" la detracción que sufrieron los últimos meses, aunque consideren que esta medida "no solucione el problema de fondo ocasionado por ese cambio de las reglas de juego".

De acuerdo a los cálculos hechos por los funcionarios de Hacienda provincial que asumirá en diciembre, la provincia dejará de ingresar solo por Ganancias 15 mil millones de pesos en noviembre y diciembre, a lo que debe sumarse la perdida de ingresos por IVA.

Durante 2022, el gobierno central recaudó en la provincia $2.211.627,1 millones; los Recursos de Origen Nacional que por coparticipación y leyes especiales recibió Santa Fe fueron de $564.255 y los gastos de la administración central en territorio santafesino (sueldos, jubilaciones, obras, aportes discrecionales) alcanzaron $707.996,3.

El saldo negativo de $939.375,5 millones entre lo aportado y la suma de lo recibido, pone a Santa Fe recibiendo apenas 57,5% de lo que aporta; la "brecha" (cuanto más baja, más pequeña la diferencia entre lo aportado y lo percibido) alcanzó un 42,5%.

Así surge de un detallado informe del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, que dirige Lucrecia D'Jorge y coordina Pablo Cohan, que compara el comportamiento del gobierno central en materia fiscal frente a Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, desde 2007 hasta el pasado año, último ejercicio completo comparable.

De 2007 a 2011, Santa Fe aportó más de lo que recibió, con brechas de 65,1%, 69%, 63,1%, 62,1% y 52,7%. Desde 2012 hasta el pasado año, el promedio de esa brecha fue del 41,9%. En todos los casos, los números santafesinos resultan perjudicados en comparación con los otros dos distritos. Córdoba terminó con una brecha de 14% y Buenos Aires con 20,7%.

"En nuestro país, el federalismo fiscal se caracteriza por la existencia de un desequilibrio vertical debido a que el Estado Nacional tiene un rol preponderante en la recaudación de recursos, mientras que los gobiernos subnacionales son los que afrontan la mayor parte de los gastos", destaca el informe del CES/BCSF.

Los autores reconocen sin embargo que esa diferencia se explica en parte porque hay exportaciones despachadas desde aduanas santafesinas pero que no necesariamente son producciones del territorio provincial. "No se cuenta con la información necesaria para clasificar a los recursos aduaneros en base a lo producido en cada provincia".

"Debido a esto, y teniendo en cuenta el período de tiempo 2007-2022, Santa Fe siempre ha superado ampliamente a las provincias de Córdoba y Buenos Aires en este tipo de recaudación, salvo en tres años puntuales (2013, 2018 y 2020), en los cuales ha sido superada levemente por la Provincia de Buenos Aires", detallan.

Sobre el total nacional, "la Provincia de Santa Fe tuvo en 2022 una participación de 8,6% en los RON, 4,0% en los gastos y 5,3% en el total de ambos conceptos, mientras que el 7,8% de la recaudación nacional tuvo lugar en el territorio provincial (según datos informados por AFIP).

"La situación de Córdoba y Buenos Aires se asemeja a la de Santa Fe, evidenciando ambas una reducción en la brecha, pero resultando de igual manera como aportantes netas. Aun así, nuestra Provincia es la que presenta una mayor diferencia entre lo aportado y lo recibido en términos porcentuales".

Menor masa salarial

"Según la participación de la masa de asalariados registrados en nuestra Provincia sobre el total de puestos de trabajo asalariados registrados en el país, la recaudación de Nación en concepto de seguridad social en Santa Fe presenta un pico de $645.623,5 millones a precios constantes en el año 2017, cerrando el año 2022 con un monto de $415.842,0 millones, superando levemente a Córdoba".

Recaudación de impuestos

"La recaudación de impuestos nacionales en Santa Fe, estimada según su participación en el VAB Nacional, evidencia un crecimiento entre 2009 y 2016 (alcanzando un máximo de $1,4 billones a precios de diciembre de 2022), y una tendencia a la baja entre 2016 y 2022 (alcanzando $1,2 billones), con una participación de 8,5% sobre el total del país, frente a 32,0% de CABA y 20,8% de Buenos Aires".

El "Valor Agregado Bruto" utilizado por el CES es el publicado por INDEC en el año 2004 para todas las jurisdicciones. Esto permite unificar criterios de medición y hacer comparables las participaciones de las distintas provincias sobre la recaudación de impuestos nacionales. Pero el informe, además de impuestos, calcula los aportes jurisdiccionales por seguridad social (salarios registrados) y aduana.

En el mes de octubre de 2023, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $1.488.000 millones en concepto de coparticipación, leyes complementarias y compensaciones, frente a $677.000 millones enviados durante igual período del año anterior.

Es decir que se observó una variación nominal del 119,8%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una caída real de 10,6% interanual, según reveló un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

Por ese concepto y período, Santa Fe recibió del gobierno central $130.108 millones, una caída a valores reales del 10,3% en la comparación interanual. De esa cifra, $121.120 millones fueron por transferencias automáticas, con una reducción de -8,7% y el resto (leyes complementarias y compensaciones) sumó 8.887 millones y supuso una baja de 27% a valores reales en la comparación con octubre de 2022.

En base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía, el Iaraf explica que la suba en la recaudación del Iva, del 4,2%, no alcanzó a compensar la caída en Ganancias de -23,9%.

“Al considerar la evolución individual en las jurisdicciones, se observa que en todos los casos la variación real fue negativa. Hubo una amplitud de 2,5 puntos porcentuales, entre Buenos Aires (-11,4%) que fue la jurisdicción de mayor caída y CABA (-8,9%), la de menor”.

En concepto de coparticipación automática -siempre en octubre de 2023- el gobierno central envió al consolidado de provincias más CABA $1.379.000 millones, frente a $614.000 millones enviados durante igual período del año anterior. (+125% nominal, pero descontada la inflación -8,7% en la comparación real).

“En concepto de leyes complementarias y compensaciones, en el mes de octubre de 2023, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $108.000 millones, frente a $62.000 millones enviados durante igual período del año anterior. Es decir, se observó una variación nominal del 73,2%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una caída real del 29,6%”.

En este caso, CABA encabezó el ranking con caída real del orden del 53% y Córdoba, con -26,7%, fue el distrito con menor caída a valores constantes.

$10,8 billones distribuyó el gobierno central en 10 meses a distritos subnacionales, una caída real del 2,1%.

$945.875 millones recibió Santa Fe en 10 meses por coparticipación y leyes complementarias. Comparado con enero-octubre de 2022: -1,4%.

Por César Rodríguez

Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires serían compensadas con una suma de $2,9 billones en 2024 como compensación de los recursos que dejarían de percibir por la aplicación de la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por compras de productos de la canasta familiar a una franja de la población, si el Congreso aprueba la adenda al proyecto de ley de Presupuesto anunciada por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

La estimación fue realizada por la consultora Politikon Chaco, en base a los anuncios que formuló Massa el domingo 24 de septiembre en Salta en un acto con gobernadores de las provincias del Norte Grande, que en una nota propusieron que "a partir del ejercicio 2024 se incorporen a la masa coparticipable, el 25% de los ingresos por el impuesto a los débitos y créditos bancarios y el 35% del impuesto PAIS".

"Los gobernadores me han propuesto y vamos a incorporar como una adenda a la presentación del Presupuesto, un mecanismo de coparticipación de parte del impuesto al Cheque y parte del impuesto PAIS para cuidar las cuentas de las provincias y quiero también asumir ese compromiso aquí", dijo el jefe del Palacio de Hacienda.

El proyecto de ley de Presupuesto 2024 prevé una recaudación por el impuesto a los débitos y créditos bancarios para el 2024 de 5 billones 890.453 millones de pesos, mientras que la recaudación del impuesto PAÍS se estima en 4 billones 156.024 millones.

De esa forma, las provincias y CABA captarían un billón 472.613 millones de pesos del impuesto al cheque y un billón 454.608 millones del impuesto PAIS, precisó Politikon Chaco, "suponiendo que dichos tributos, en las proporciones anunciadas por Massa, formen parte de la distribución secundaria (es decir, que van a las provincias) de la masa coparticipable".

La suma de esos recursos ascendería a dos billones 927.222 millones de pesos para los 24 distritos.

En base a esos cálculos, la provincia de Buenos Aires sería compensada con un total de $ 583.395,91 millones, compuestos por $ 293.491,85 millones del impuesto al Cheque y $ 289.903,47 del PAIS.

En el otro extremo, Tierra del Fuego se vería favorecida con ingresos adicionales por $ 35.126,66 millones ($ 17.671,36 millones y $ 17.455,30 millones, respectivamente).

El detalle de los recursos, expresados en millones, que recibiría cada distrito si se aprobase la adenda al Presupuesto, siempre según los cálculos de la consultora, es el siguiente: Buenos Aires, $ 583.395,31; Santa Fe, $ 271.646,19; Córdoba, $ 269.889,85; Chaco, $ 151.630,09; Entre Ríos, 148.410,15; Tucumán, $ 144.604,76; Mendoza: $ 126.748,71; Santiago del Estero, $ 125.577,82; Salta, $ 116.503,43; Corrientes, $ 112.990,76; Formosa, $ 110.648,99; San Juan, $ 102.745,49; Misiones, $ 100.403,71; Jujuy, $ 86.353,04; Catamarca, $ 83.718,54; Río Negro, $ 76.693,21; San Luis, $ 69.375,16; La Rioja, $ 62.935,27; CABA, $ 61.471,66; La Pampa, $ 57.080,83; Neuquén, $ 45.079,22; Chubut, $ 40.395,66; Santa Cruz, $ 40.395,66, y Tierra del Fuego, $ 35.126,66.

Las audiencias de la comisión que preside Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT), se retomarán mañana a las 13 con la presencia de la presidenta del Banco Nación y exsecretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, y el procurador general de la Ciudad, Gabriel María Astarloa.

También asistirán el secretario de Juicios Originarios de la Corte Suprema, Alejandro Daniel Rodríguez, y por las provincias concurrirán fiscales de Estado de La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Santa Cruz.

Se trata de la segunda reunión de la comisión para investigar si los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rozenkratz incurrieron en mal desempeño al aceptar la cautelar promovida por la administración porteña ante la redistribución de fondos dispuesta por el Gobierno nacional.

Se deteriora la coparticipación federal: -2,2% interanual para Santa Fe en abril

La citación de estos funcionarios fue resuelta en la última reunión de la la comisión, el 6 de julio último, donde se dispuso además convocar a Rogelio Frigerio, exministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri, para después de las elecciones generales del 22 de octubre, ya que es precandidato a gobernador de Entre Ríos por Juntos por el Cambio (JxC).

La comisión resolvió además que se realice una huella de voz de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño.

Si bien también había sido citado Maqueda para ese día, el magistrado no concurrió y tampoco presentó su informe por escrito para responder sobre los 14 cargos que se le formulan “provisionalmente” a raíz de los testimonios sobre presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn).

“La no presentación del informe de Maqueda no obsta a que continúe el procedimiento. Vamos a proceder a la acusación correspondiente a mal desempeño contra Maqueda por la obra social”, aseveró Gaillard, quien dijo que “él tenía la oportunidad de hacer referencia a esos cargos pero no lo ha hecho”.

De todos modos, el oficialismo puso en funciones una subcomisión (integrada por tres del oficialismo y dos de la oposición) para seguir investigando otras presuntas irregularidades que podrían haber tenido lugar en otros períodos.

Malas y buenas en la coparticipación por habitante que recibe Santa Fe

En el transcurso de la reunión, se dispuso también, a pedido del diputado del FdT Rodolfo Tailhade, que se incorpore como prueba documental “un video donde Frigerio reconoce que (Mauricio) Macri había transferido dinero de más a la ciudad de Buenos Aires”, durante una entrevista en el programa “A dos voces”, de TN.

El planteo de Tailhade, aprobado en la reunión, incluyó además la citación de Ignacio Mahiques, exfiscal federal y actual juez de apelaciones de la Ciudad, al señalar que se trata del funcionario que “festejó su cumpleaños en agosto del año pasado en el Hotel Four Seasons, al que arribaron juntos Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles”, estrecho colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.

“Para nosotros los chats son una prueba más, un indicio más de nuestra hipótesis que es la connivencia entre la Corte y el Gobierno de la Ciudad en este caso. Necesitamos conocer la veracidad de estas conversaciones”, afirmó Tailhade, quien pidió además que se realicen “tomas de las huellas biométricas de voz de D’Alessandro y se haga un peritaje para cotejar posible identidad de los chats”.

En esos chats, figuran conversaciones que D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño, habría mantenido con Silvio Robles.

La ronda de audiencias continuará el martes 1 de agosto, tras el virtual receso invernal de dos semanas.

En el mes de marzo, el gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $781.941 millones en concepto de coparticipación, leyes complementarias y compensaciones, frente a $376.906 millones enviados durante igual período del año anterior. La variación nominal del 107,5% se convierte en una suba real del 2,2% si se descuenta el efecto inflacionario.

Así lo revela un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. El centro de estudios reveló que sólo en coparticipación automática, el tercer mes del año reportó al consolidado de provincias más CABA $724.482 millones, frente a $343.655 millones enviados durante igual período del año anterior. “Es decir, se observó una variación nominal del 111%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en un aumento real del 3,9%”.

Para la provincia de Santa Fe, las transferencias automáticas más leyes complementarias reportaron $ 67.328 millones, una suba del 3,18% que representó uno de los mayores crecimientos entre sus pares subnacionales . Si bien todos los distritos obtuvieron mejoras, “hubo una amplitud de 2,8 p.p., entre Buenos Aires (0,7%) que fue la jurisdicción con menor aumento y CABA (3,5%), la de mayor aumento”.

Sólo por coparticipación directa (automática) la proporción fue igual para todos los distritos. El 111% representó para Santa Fe $63.639 millones, siempre según el informe del Iaraf elaborado con datos de la Dirección Nacional de Administración Pública/Ministerio de Economía.

En cuanto a las transferencias por leyes complementarias, la administración de Omar Perotti recibió $3.688 87,7%, lo que representó una baja real del -7,5% en la comparación con marzo del 2021. El recorte fue para todas las provincias; la caída santafesina estuvo entre las más altas de un promedio de 2,2%.

“Las 23 provincias y CABA tendrán en 2023 la mayor participación efectiva en la recaudación tributaria nacional coparticipable de los últimos 30 años. En efecto, recibirían prácticamente $51 de cada $100 de la recaudación tributaria nacional coparticipable”, señala un análisis de Nadin Argañaraz.

Doctor en Economía y director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el especialista reseñó “una primera etapa va desde 1993 hasta el año 2002, caracterizada por una caída permanente de la participación de las 24 jurisdicciones. Una segunda etapa va desde 2003 hasta el año 2015, reflejando una participación prácticamente estable alrededor del 40%”.

Aunque no menciona el fallo de la Corte a favor de Santa Fe, Córdoba y San Luis, -más el pacto fiscal posterior de 2017-, Argañaraz señala también que la tercera etapa “que va desde el año 2016 hasta el año 2023”, incluye “participaciones actuales del orden del 50%”. Los cálculos están realizados sin contabilizar seguridad social ni comercio exterior.

Según la consultora Aerarium, a noviembre -último dato disponible- “las transferencias por coparticipación volvieron a registrar un buen desempeño durante el mes de noviembre, al expandirse un 106% (-0.3 pp. m/m)”.

Aclara el informe que el resultado “se traduce en una suba del 5.8% ajustada por precios, cediendo respecto a octubre debido a la aceleración inflacionaria, dado que la expansión nominal se mantuvo inalterada. La cantidad de días hábiles no incidió, al contar ambos períodos con 21 días de transferencias”.

Según ese registro, Santa Fe recibió $30.842 millones (+6,3% real) de los 354.393 millones de coparticipación automática, es decir de la porción inalterable del reparto que no depende de la discrecionalidad del gobierno de turno.

En 11 meses de 2022, Santa Fe recibió $498.056 pesos por coparticipación automática, 82,5% nominal y 7,2% real (descontada la inflación) que en los primeros once meses de 2021.

Por el mismo período, por recursos propios, la Casa Gris recaudó $271.053 millones (sin contabilizar moratoria), cifra de la cual el 80,44% corresponde a Ingresos Brutos, el gravamen más distorsivo del sistema tributario pero el de mayor peso en lo que depende exclusivamente de los estados subnacionales.

Plata repartida “a sola firma”

A principios de los ’90, con Menem en el poder y Cavallo en Economía, las provincias acordaron bajar Ingresos Brutos a favor de una mejora en la macroeconomía que las beneficiaría. Eso se desarmó con la salida de la Convertibilidad; en 2017 el macrismo ensayó un camino similar, más tibio, que se desandó con la crisis desatada un año más tarde y se consolidó con el peronismo en el poder.

Sin embargo, de esta última secuencia, las provincias quedaron con una participación más importante de la torta coparticipable automática, sin deuda relativa respecto de la Nación, que en tiempos de Cristina solía alinear gobernadores endeudados que necesitaban su refinanciación discrecional.

La porción nacional es ahora el mayor bocado de disputas; la administración del Pro le había adjudicado a CABA más de lo que costaban las transferencias de servicios policiales (aunque con convenios legales de cada una de las partes) y la gestión del Frente de Todos le sacó por decreto -unilateralmente- a Rodríguez Larreta lo que luego le concedió a Kicillof.

En medio quedan las “transferencias” discrecionales (no automáticas) que benefician desde el gobierno central -a sola firma- a los distritos, y por lejos a La Rioja en especial desde tiempos menemistas. CABA recibió lo suyo el macrismo y la provincia de Buenos Aires con el Frente de Todos.

El FMI planteó recortar -junto con jubilaciones y salarios- el gasto público de esas transferencias no automáticas. Se ajustaron para todos excepto para Axel Kicillof, cuyo distrito es cabeza de plata de la política electoral de Cristina el próximo año.

Así por ejemplo, en materia de transferencias no automáticas, entre enero y noviembre de 2022 la Provincia de Buenos Aires (PBA) percibió un +64% nominal interanual con $250.522 millones; Kicillof era beneficiado con 38,4% del total nacional de 2021 y pasó a 42,5% de del total del pasado año.

Señala Aerarium en su informe que “muy atrás le siguen en importancia la CABA, Santa Fe y La Rioja con el 5,6%, 5,6% y 5,5%, respectivamente. En el extremo opuesto se encuentran Jujuy (0,8%), Tierra del Fuego y Chubut (0.7%).

El presidente Alberto Fernández entregó este miércoles al jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez; y a la titular de la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, Carolina Gaillard, el pedido de juicio político contra la Corte Suprema que impulsa junto a gobernadores y requirió su “pronto tratamiento legislativo”.

Fernández entregó a los legisladores oficialistas el escrito de más de 30 carillas anticipado públicamente el martes durante una reunión realizada en la Casa Rosada. “El Presidente les solicitó a los diputados que inicien su pronto tratamiento legislativo”, añadió la información de la Presidencia.

En tanto, gobernadores, funcionarios y legisladores del FdT respaldaron el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y los jueces de ese tribunal Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, al considerar que existen “sobrados elementos como para avanzar” en ese proceso.

El comunicado difundido por Presidencia impulsa de manera conjunta el juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bajo la acusación de “mal desempeño de sus funciones” y “manifiesta parcialidad” a la hora de dictar fallos.

Los gobernadores peronistas de la Región Centro, fuera del planteo contra Rosatti

En el comunicado se asentaron las firmas de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Mariano Arcioni (Chubut); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego), y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

La diputada Gaillard aseguró que el proceso solicitado por el Presidente a los integrantes de la Corte se llevará adelante “con mucha seriedad y transparencia”. La legisladora precisó que “no hay antecedentes de un juicio político a todos los integrantes de la Corte” y aseguró que el proceso será llevado “de la mejor manera con mucha seriedad y transparencia de cara a la sociedad”.

Explicó que aún no hay una fecha de reunión de la comisión prevista y que resta esperar “que ingrese el proyecto y se dicten el Decreto (del Poder Ejecutivo) para convocar las sesiones extraordinarias porque el Congreso está en receso”.

“Creería que esta semana se firmará el decreto para convocar a extraordinarias. Una vez que suceda eso, podremos convocar a la comisión”, precisó en declaraciones periodísticas. Gaillard explicó que la comisión tratará el proyecto y “dictamina por simple mayoría si se abre la investigación”.

“Para votar el dictamen y comenzar a sesionar no es necesario el quórum en la comisión. De los 31 miembros se necesitan 16, solo mayoría simple y con los votos del Frente de Todos es suficiente para avanzar”, apuntó. En ese caso, se comienza con la etapa probatoria, donde se presentan “pruebas documentales, testimoniales, inspecciones oculares” y otras evidencias.

“Se convoca al denunciado con toda la prueba para informarle su derecho de defensa. Allí se procede hacer el dictamen acusatorio de la procedencia o no de la acusación y se firma con simple mayoría”, añadió.

Explicó que después el proyecto va al recinto de la Cámara de Diputados, donde “se requieren dos tercios de los presentes para avanzar en la acusación”, que, en caso de ser aprobada, se envía al Senado, “donde se juzga” al acusado.

(Por Luis Rodrigo) – Ante la polémica por el fallo de la Corte sobre la coparticipación, que hoy tiene en tensión al presidente Alberto Fernández y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el gobernador Omar Perotti tuvo una actitud prudente, que el tiempo ha recompensado.

Está claro que el gobernador de Santa Fe supo hacer pie, en medio de un terreno resbaladizo que, en buena medida, fue de gravedad institucional en los dichos pero ajustado a derecho en los escritos judiciales. Se habló de “desacato” como crítica o como bandera, pero no lo hubo. Lo insinuó el oficialismo y luego se limitó a dar pasos procesales que seguramente tienen como único fin posponer la decisión tomada por la cabeza del Poder Judicial de la Nación. Lo blandió la oposición que reclamó que se cumpla con el respeto a la división de poderes que parecía iba a dañarse en el país.

Como en otros temas, hay un acuerdo tácito entre los contendientes a favor de ordenar el debate político bajo la lógica de la grieta. A la oposición le agrada que el peronismo no respete las normas republicanas y a los peronistas enojados con la justicia que haya una suerte de rebelión de “los que fueron votados por el pueblo” contra los jueces que fueron designados (justamente por aquellos).

El Presidente tomó finalmente otro rumbo, que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner califica de “Agrupación Amague y Recule” aunque ella sea la única responsable de que Alberto hoy sea presidente.

Debe decirse que fue más serio -y no por eso timorato- el posicionamiento público que finalmente asumió la Casa Gris santafesina.

La realidad es que Perotti no quedó colgado del pincel como sus 14 pares peronistas que querían el desacato del Poder Ejecutivo al Judicial, para escalar en la pulseada con la Corte y jugar con la República de rehén a una pulseada peligrosa que pusiera a la Corte a medir fuerzas. Siempre se trata de una cuestión de poder, sin dudas. Pero no todo es válido. Y el Presidente tardó un par de días en comprenderlo.

Quienes saben leer los fallos han advertido que el máximo tribunal no se ha expedido sobre esos asuntos, sino que ha señalado que la forma como se le quitó coparticipación a la Capital Federal del país es ilegal. Eso es todo.

A propósito de federales y unitarios, la Corte ha respondido a un amparo presentado en 2020 por la Ciudad de Buenos Aires. Santa Fe pidió lo mismo diez años antes, pero para los santafesinos no hubo amparo en 2010. Y debió sostener el reclamo hasta que -justo para cuando terminaba el gobierno kirchnerista que generó la deuda- la Corte falló en su favor de los santafesinos en diciembre de 2015.

Son impecables las declaraciones del gobernador en las que advierte que la solución es un debate de fondo sobre la necesidad de una nueva ley de coparticipación, que respete el mandato constitucional de la reforma de 1994, que se queja por la “aspiradora de fondos” que es la porteña CABA pero también el Conurbano bonaerense, y que menciona que los argumentos jurídicos de la Corte sobre ese caso planteado por Rodríguez Larreta son similares a los que le dieron la razón a Santa Fe (como a Córdoba y San Luis). Sin embargo, en un punto el jefe de la Casa Gris no tiene las espaldas cubiertas. Lo complica el archivo de su propia trayectoria en el Congreso.

Basta con revisar los proyectos de ley que presentó o que firmó Perotti como diputado nacional entre 2011 y 2015, como integrante del oficialismo, o como senador nacional, de 2015 a su salida en 2019 en la oposición (ver imagen principal de Perotti en su banca senatorial en 2018), hasta asumir como gobernador, para confirmar que la palabra “coparticipación” no ha figurado en su agenda. Tal como sucedió con la mayoría de los legisladores: no se plantearon seriamente cumplir la cláusula transitoria que daba tiempo hasta 1996 para dictar una nueva legislación.

Los dichos están lejos de los hechos, es cierto. Pero sería un error ver la posición que ha asumido el gobernador como una mera salida elegante para mantenerse al margen de la disputa. No lo anima una cómoda neutralidad, como con el aborto, cuando el país y las plazas se dividían en dos y se abstuvo porque tenía su propio proyecto.

El tema es demasiado serio como para que todo se limite a una mera especulación política, Santa Fe necesita rediscutir con el gobierno central cuánto aporta al conjunto del país y cuánto recibe. Dicho sea de paso, si la Nación con bonos o con coparticipación cumple con el fallo a favor del gobierno porteño, Santa Fe será la única provincia que no deberá aumentar su aporte a la AFIP. No aporta al organismo recaudador desde que se produjo el juicio por la deuda K por coparticipación, que ya ha quedado atrás sin que se haya firmado el respectivo convenio que difícilmente aceptaría la Legislatura.

En Buenos Aires se especula con que el Presidente envíe al Congreso un proyecto de ley de coparticipación durante el receso del Congreso, mediante un llamado a sesiones extraordinarias o con la campaña electoral ya a pleno en 2023. No parece haber un escenario menos propicio para un debate necesario y de fondo.

(Por César Rodriguez) – Comienza el 2023, y si bien se mantiene el mismo panorama político que el año pasado, se intensifica al ingresar de lleno en la temporada de campañas electorales de cara a las elecciones con fecha en agosto y octubre.

El Congreso de la Nación será reflejo durante los próximos meses del intenso debate entre oficialismo y oposición, potenciado con las propias discusiones internas.

El Ministerio de Economía de la Nación conducido por Sergio Massa implementó distintos programas tendientes a estabilizar las variables macroeconómicas: negociaciones con el FMI, pago de deuda, Precios Justos y dólar soja, entre otros.

En medio de un contexto nacional e internacional complejo, algunos temas han quedado en el tintero.

Los proyectos que quedan pendientes para 2023 y que podrían ser tratados en sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación durante la segunda mitad de enero son:

Aquellos que decidan exteriorizar activos hasta el 31 de marzo pagarán una alícuota de apenas 2,5% sobre el monto exteriorizado. En el caso de cuentas en el exterior, si deciden repatriar los fondos se mantendrá ese nivel y se los mantienen fuera del país se aplicará el doble de alícuota, es decir 5%, en línea con lo establecido en el acuerdo de intercambio de información tributaria que el Gobierno firmó con Estados Unidos. Además, habrá un régimen simplificado para que pequeños y medianos inversores puedan exteriorizar activos no declarados, cuando el monto máximo no supere los 50.000 dólares. En este caso la alícuota será de solo 1,5%. Para ingresar en este régimen simplemente habrá que presentar una declaración jurada informativa.

Premio para cumplidores: Se constituirá un fondo de reserva y a fin de año se utilizará parte de la recaudación como incentivo a quienes mantengan sus cuentas en orden y se acaten a los vencimientos.

Se trata de un programa a largo plazo que otorga 30 años de estabilidad fiscal y de reglas económicas claras para el sector para aprovechar de la mejor manera posible los recursos naturales.

La iniciativa relacionada con el GNL es clave para atraer inversiones extranjeras, como el acuerdo de Petronas con YPF, para desarrollar la infraestructura necesaria para exportar el gas de Vaca Muerta.

En cuanto a la ley de hidrógeno verde, se pone el foco en la producción dentro del país, su utilización en procesos industriales, desarrollo de cadenas de valor y la consolidación de focos productivos, de transporte, logística y exportación.

Tiene como objetivo integrar las cadenas productivas del sector agropecuario para incrementar el porcentaje de valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología, como semillas, fertilizantes, y genética; generar puestos de trabajo; apuntalar el crecimiento inclusivo de las economías regionales; y generar más ingreso de divisas para el país y el sector.

Busca establecer un mecanismo de adhesión voluntaria que permite a las personas prever y reparar la falta o insuficiencia de aportes.

De acuerdo con los fundamentos del proyecto, este nuevo plan de pagos permitirá a las personas realizar el esfuerzo contributivo para regularizar sus aportes previsionales faltantes y así, obtener el derecho a la Prestación Básica Universal.

Este plan constará de dos componentes que buscan dar respuesta, el primero, a una situación de urgencia, como es la de las personas que ya tienen la edad jubilatoria y se quedan sin instrumentos jurídicos para poder jubilarse; y el segundo, busca abordar una situación de mediano plazo que, según los datos con los que ya se cuenta en los registros administrativos de la seguridad social, hace prever que durante los próximos años subsistirán dificultades estructurales para que las personas puedan jubilarse.

El proyecto de ley se tratará en sesiones extraordinarias del Congreso para compensar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la coparticipación. El objetivo es conseguir $200.000 millones que el Gobierno Nacional deberá enviar a la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto prevé un incremento de la alícuota que paga el juego online y, por otro lado, extender temporalmente a todo el país el impuesto a los intereses de las Leliq que cobra la Ciudad.