Por Federico Viola (*)

Hay una escena que se repite con una regularidad casi ritual: ante cada crisis política, escándalo o fracaso de gestión, la explicación aparece rápida, cómoda, casi automática: corrupción. La palabra funciona como un diagnóstico total. Nombra el problema, señala a los culpables y, sobre todo, tranquiliza: si el problema son "ellos", entonces la solución es simplemente reemplazarlos.

Pero... ¿y si el problema no fueran los corruptos? ¿Y si la corrupción no fuera la causa, sino el síntoma? La política contemporánea parece atravesada por una dificultad más profunda, menos visible y, por eso mismo, más incómoda: su creciente incapacidad para producir efectos reales.

Gobiernos que anuncian medidas que no se implementan, leyes que no transforman la realidad, programas que existen más en el discurso que en los hechos. No es que no se haga nada. Se hace mucho. Se legisla, se regula, se comunica. Pero, extrañamente, nada parece cambiar demasiado.

En este contexto, la corrupción aparece como la explicación preferida. Y, sin embargo, tal vez sea más preciso entenderla como una consecuencia. Para comprender esto, conviene mirar menos a las personas y más a las estructuras. Durante buena parte de la modernidad, la política se organizó a través de un dispositivo que prometía racionalidad, orden y eficacia: la burocracia.

Un sistema basado en reglas, procedimientos y jerarquías, pensado para administrar grandes poblaciones de manera previsible. Durante mucho tiempo, funcionó razonablemente bien. O, al menos, lo suficiente.

El problema es que el mundo cambió más rápido que esa maquinaria. Las sociedades contemporáneas -urbanas, masivas, hiperconectadas- operan a una escala y con un nivel de complejidad que la burocracia nunca fue diseñada para manejar. Millones de personas, miles de interacciones simultáneas, demandas que cambian en tiempo real.

Frente a esto, la respuesta burocrática sigue siendo esencialmente la misma: más procedimientos, más controles, más instancias. Es decir, más lentitud. El resultado es una paradoja: nunca hubo tantos mecanismos de gestión y, sin embargo, nunca fueron tan ineficaces. La burocracia, que en su origen fue una máquina de racionalización, hoy funciona como una máquina de fricción.

Los procesos se ralentizan, las decisiones se diluyen, la responsabilidad se dispersa. Nadie decide del todo, nadie ejecuta completamente, y lo que finalmente ocurre suele llegar tarde o no llegar. En ese contexto, la corrupción deja de ser una anomalía para convertirse en una especie de atajo funcional.

Si el camino formal es lento, opaco e incierto, aparecen mecanismos informales que prometen resolver lo que el sistema no puede. Acelerar un trámite, destrabar una gestión, obtener una respuesta. No porque alguien sea necesariamente más perverso, sino porque el sistema, tal como está diseñado, no logra cumplir su función básica: producir resultados.

Esto no implica justificar la corrupción. Pero sí entender que su persistencia no puede explicarse únicamente por la moral de los individuos. Si el problema fuera solo ético, bastaría con reemplazar a los corruptos por personas honestas. Y, sin embargo, la historia muestra que el fenómeno persiste, incluso cuando cambian los nombres.

Tal vez porque no se trata solo de quién gobierna, sino de con qué se gobierna. La política contemporánea parece operar con una tecnología institucional obsoleta para el tipo de realidad que enfrenta. Una herramienta pensada para un mundo más simple, que hoy intenta administrar una complejidad que la desborda.

En ese desajuste -entre la magnitud de los problemas y la capacidad de procesarlos- se juega buena parte de su ineficacia. Y es en ese espacio donde la corrupción encuentra su terreno fértil. Se combate la corrupción con leyes, controles, auditorías. Y sin duda, eso es necesario. Pero quizás sea insuficiente.

Porque esas mismas herramientas forman parte del mismo aparato que ya ha mostrado sus límites. Más controles suelen implicar más procedimientos. Más procedimientos, más lentitud. Y más lentitud, más incentivos para evitarlos. Un círculo difícil de romper.

Esto plantea una pregunta incómoda: ¿y si la lucha contra la corrupción, tal como se plantea hoy, fuera en parte un modo de no enfrentar el problema de fondo? Es más sencillo señalar culpables que rediseñar sistemas. Más fácil indignarse que pensar nuevas formas de organización. La corrupción ofrece una narrativa clara, casi tranquilizadora.

La ineficacia estructural, en cambio, exige revisar las bases mismas de cómo entendemos la política. Quizás el desafío no sea solo moral, sino técnico. No se trata únicamente de tener mejores personas, sino de contar con mejores dispositivos para gobernar.

Herramientas capaces de operar a la escala y velocidad que el mundo actual exige. Sistemas que reduzcan la fricción en lugar de multiplicarla. Que conecten decisión y resultado, en lugar de separarlos. Porque una política que no produce efectos, inevitablemente produce otra cosa: frustración, desconfianza y, finalmente, cinismo.

Y en ese clima, la corrupción deja de escandalizar. Se vuelve esperable. Casi normal. Tal vez ha llegado el momento de cambiar la pregunta. No solo quién roba, sino por qué el sistema sigue funcionando de tal manera que robar resulta, para muchos, más efectivo que cumplir las reglas.

Mientras esa pregunta no se formule en serio, seguiremos combatiendo los síntomas. Y llamando "corrupción" a lo que, en el fondo, es una política que ya no logra gobernar.

(*) El autor, doctor en Filosofía, es el director del Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Santa Fe.

El Gobierno ratificó mediante el decreto 139/26 la reforma de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida como VTV en la mayoría de las provincias: busca abrir el mercado a más prestadores, eliminar trámites y espaciar controles, aunque la aplicación dependerá de la adhesión de cada jurisdicción.

El nuevo esquema que impulsa el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger propone que los vehículos 0 Km hagan la primera revisión a los 5 años desde el patentamiento y que, entre los 5 y los 10 años, la verificación sea cada 2 años; para los más viejos, seguiría más frecuente (en la práctica, anual).

En los considerandos, el Ejecutivo sostuvo que la extensión de plazos se apoya en informes técnicos vinculados a la evolución del parque automotor y a que buena parte de los siniestros se explica por factores humanos más que por fallas mecánicas.

El anuncio de Sturzenegger en X.

Aunque el anuncio es nacional, el propio Gobierno aclaró que no entra a regir de manera automática en todo el país: la implementación depende en gran parte de la adhesión de las provincias, que son las que controlan el tránsito en su territorio.

Además, no es “de un día para el otro”. Nación anticipa un despliegue gradual: habilitación de nuevos talleres, certificación técnica, adaptación de sistemas y mecanismos de fiscalización.

El otro eje es abrir el juego. La reforma apunta a que la revisión pueda hacerse en más lugares: concesionarias, talleres habilitados y otros centros que hoy ya realizan controles para transporte, siempre que cuenten con el equipamiento requerido.

En el texto oficial se cuestiona el esquema anterior por “barreras de entrada” y se fija un criterio: la autoridad jurisdiccional no podría limitar la cantidad de talleres ni fijar tarifas mínimas o máximas obligatorias, con la idea de sumar competencia y bajar costos.

La reforma también elimina el Informe de Configuración de Modelo (ICM), un trámite previo que se exigía en casos de modificaciones del vehículo y que sumaba costo y tiempo antes de la revisión.

El decreto argumenta que la seguridad no depende de “burocracia de homologación”, sino del control técnico y de la responsabilidad profesional de quien certifica la modificación.

Durante el mes de marzo, el dispositivo interministerial “Santa Fe Acá” del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en conjunto con el programa nacional “Ver para ser Libres”, recorrerá distintas ciudades santafesinas para realizar controles oftalmológicos y entregar lentes a chicos y chicas de entre 6 a 17 años, de manera gratuita. La atención es por orden de llegada.

Al respecto, el secretario General de Gobernación, Juan Cruz Cándido, destacó los dispositivos porque son “un gran beneficio para la gente y muestran la seriedad y el compromiso que tiene el gobierno de Santa Fe para estar cerca de todos”; y resaltó la importancia de “construir de manera conjunta con el Ministerio de Capital Humano beneficios para nuestras comunidades”.

Por su parte, la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, indicó que desde la cartera educativa “impulsan la realización de controles oftalmológicos, en niñas y niños, ya que mejoran sustancialmente las condiciones de aprendizaje y la igualdad de oportunidades en las escuelas”.

En tanto, el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud, Gonzalo Chiesa, señaló que la actividad está en sintonía con el trabajo de la cartera sanitaria para el fortalecimiento de la atención primaria: “Para la gestión que encabeza la ministra Silvia Ciancio, estos controles preventivos son una prioridad. En cada fecha de este operativo hay un trabajo previo con los equipos de los centros de salud y los hospitales”, afirmó .

Este lunes y martes, Santa Fe Acá estará en Granadero Baigorria, en Silvestre Begnis y calle 9. Luego, el miércoles en la ciudad Rosario, en la plaza Argentina del barrio Carlos Casado (Garay 2899) y el jueves y viernes en el Hospital de Niños Zona Norte “Dr. Roberto Carra” (avenida De los Trabajadores 1331).

El operativo itinerante continuará el 9 y 10 de marzo en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, en la plaza San Martín (Bartolomé Mitre y Bomberos Voluntarios), y los días 11, 12 y 13 en la ciudad de Rosario, en el Centro de Salud N.º 28 “Sargento Cabral” (Camino Piamonte 3304), en la plaza Duboe del barrio Los Gráficos (Bernheim y Urizar) y en el Centro de Salud Nº 9 “San Francisquito” (Gálvez 3501), respectivamente.

En todo los casos, el horario de atención será de 8 a 16 horas.

La segunda quincena de marzo la iniciativa se instalará en las ciudades de Santa Fe, Helvecia y San Justo, San Javier, Romang y Gobernador Crespo, con fechas y lugares a confirmar.

La articulación entre el programa provincial Santa Fe Acá  y el nacional “Ver para Ser Libres” lleva su tercer año consecutivo con intervenciones en diversos puntos de la Santa Fe, mediante la presencia en territorio de dispositivos móviles totalmente equipados, capaces de realizar atención oftalmológica, producir lentes en el día y entregar los mismos en mano a cada estudiante. A su vez, cada chico selecciona el marco de su preferencia, lo que favorece la apropiación y el uso sostenido de los lentes.

Durante la noche del jueves, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) junto con la Guardia Provincial llevaron adelante un Operativo Especial Interfuerzas en accesos y egresos a la provincia que incluyó 11 puntos de control en todo el territorio. Se fiscalizaron 758 vehículos y se labraron 77 actas, incluyendo infracciones por exceso de peso.

En el marco de la política integral de prevención, control y fortalecimiento de la seguridad pública que viene implementando en forma sostenida el Gobierno de la Provincia, anoche se llevó a cabo un dispositivo especial interfuerzas de alto impacto preventivo que tiene como finalidad reforzar la seguridad ciudadana, optimizar los controles vehiculares y fortalecer las tareas de identificación de personas y rodados.

Los operativos se desarrollaron en puntos estratégicos ubicados en accesos provinciales y límites interjurisdiccionales, fueron coordinados por la Guardia Provincial y participaron además la Dirección General de Seguridad Rural (DGSR), el equipo aéreo del D3, las Unidades Regionales (UURR), la CNRT y DPV (Dirección Provincial de Vialidad) para el pesaje de camiones.

También, se realizaron controles preventivos de vehículos, cargas y transporte de pasajeros, para detectar irregularidades y prevenir delitos complejos a 758 vehículos y se labraron 77 actas por distintas infracciones.

En la oportunidad, el director de Coordinación Interjurisdiccional de la APSV, Mauro Bertorino aseguró que “estos dispositivos fortalecen la seguridad vial, el control de la circulación y la presencia policial en puntos clave, con el objetivo de cuidar a quienes transitan por las rutas santafesinas”, y destacó que “el trabajo articulado entre fuerzas demuestra una decisión firme del Estado de cuidar cada ruta, cada acceso y a las familias santafesinas. También, la función de la Guardia Provincial desempeña un papel operativo y preventivo clave en nuestra política de control ya que vigila el cumplimiento de la normativa en cada punto de la provincia”.

Santa Fe Pesa

En el marco de los controles que se realizan para detectar excesos de peso en la carga de los camiones dentro del Programa Santa Fe Pesa, se identificaron ocho vehículos que circulaban con sobrepeso y que recibieron la sanción correspondiente. El Gobierno de la Provincia está fiscalizando esta conducta desde el 5 de enero con el objetivo de preservar la infraestructura vial y la seguridad de todos los conductores.

El Gobierno nacional dispuso una actualización integral del régimen de seguridad de productos de consumo, con el objetivo de agilizar trámites y abaratar costos para fabricantes e importadores. La medida oficializada este miércoles a través de la Resolución 313/2025 en el Boletín Oficial abarca siete categorías de artículos que deberán cumplir con estándares técnicos nacionales o internacionales.

Entre los productos alcanzados se incluyen encendedores, anteojos para sol, bicicletas de uso infantil, juguetes, tableros derivados de la madera y muebles fabricados con esos materiales. A partir de ahora, se aceptarán ensayos y certificaciones emitidos por organismos técnicos reconocidos mundialmente, evitando repetir en Argentina pruebas ya realizadas en el exterior.

El Gobierno busca eliminar trámites y reducir costos para fabricantes e importadores.

La Secretaría de Industria y Comercio estableció que podrán intervenir organismos acreditados por el Organismo Argentino de Acreditación (OAA) o por entidades extranjeras homologadas bajo acuerdos multilaterales. Esto permitirá utilizar normas ISO, EN (europeas), ASTM (estadounidenses), IRAM y MERCOSUR para verificar la seguridad de los productos.

Según el texto oficial, las modificaciones responden a la necesidad de “simplificar procesos, actualizar estándares y eliminar exigencias que quedaron desfasadas frente a lo que hoy se implementa a nivel global”. La resolución también elimina más de 12 mil trámites anuales y apunta a aumentar la oferta y competencia en el mercado local.

La medida incorpora certificaciones internacionales reconocidas a nivel mundial.

Hasta ahora, las empresas debían afrontar pruebas duplicadas y trámites administrativos que generaban demoras y costos adicionales. Con el nuevo esquema, esos procedimientos se reducen de forma significativa, lo que, según el Ejecutivo, “mejora la eficiencia y agiliza la comercialización”.

El cambio se alinea con recientes reformas en el control metrológico, que ya permitían aceptar ensayos internacionales para instrumentos de medición como balanzas, termómetros, surtidores de combustible y medidores de agua. En todos los casos, la meta es acortar tiempos de aprobación y garantizar estándares de calidad reconocidos en todo el mundo.

A través de un trabajo conjunto entre los ministerios de Desarrollo Productivo y de Economía, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) identificó múltiples situaciones irregulares entre los usuarios beneficiarios de la tarifa subsidiada. Entre los casos detectados se encuentran suministros vinculados a personas fallecidas, inmuebles en alquiler, locales comerciales y hasta propiedades ubicadas en barrios de alto valor inmobiliario.

El objetivo del programa de Tarifa Social es garantizar el acceso a un consumo eléctrico residencial razonable y eficiente para los hogares de menores ingresos. La diferencia entre lo que paga un usuario con tarifa social y el costo real del servicio es absorbida por el Estado provincial. Por este motivo, los controles implementados buscan eficiencia en la asignación de recursos públicos y justicia distributiva, para evitar que los excesos de unos sean financiados por el esfuerzo de todos los santafesinos.

Además de los casos mencionados, se identificaron situaciones que evidencian el mal uso del espíritu del beneficio. Por ejemplo:

•⁠  ⁠El consumo promedio de un hogar ronda los 700/800 kW bimestrales. Sin embargo, se detectaron consumos de hasta 6.500 kW en barrios residenciales, con facturas por $ 1.477.057. En ese caso, el usuario pagó $ 1.028.237, mientras que el Estado debió cubrir $ 448.820 como parte del subsidio.

•⁠  ⁠En Funes, un usuario con tarifa social consumió 3.000 kW y pagó sólo $ 17.584 sobre un total de $ 720.000, lo que obligó al Estado a subsidiar $ 703.083.

•⁠  ⁠Solamente en uno de los circuitos de medición, durante el mes de abril, se registraron 13 usuarios con tarifa social y consumos superiores a los 5.000 Kw, con facturas que oscilaron entre $ 1.000.000 y $ 1.500.000. En total, el Gobierno provincial debió compensar $ 4.681.000.

•⁠  ⁠También se detectaron beneficiarios registrados tributariamente ante ARCA como Responsables Inscriptos, es decir, personas que desarrollan actividades económicas, tributan en el régimen general y deben liquidar impuestos como IVA y Ganancias.

•⁠  ⁠Las irregularidades detectadas también incluyeron casos, en donde personas jubiladas a quienes se les había asignado la tarifa social, ya no se encontraban viviendo en el domicilio declarado.En los próximos días se van a intensificar los controles para garantizar el uso adecuado del beneficio, que tiene como objetivo asegurar el acceso a un consumo eléctrico residencial razonable y eficiente para los hogares de menores ingresos.

En las últimas horas del jueves comenzaron a circular en redes sociales videos en los que se puede observar a la Policía de Ushuaia disparando con pistolas de pintura a las motos que evadían los controles de tránsito en el centro de la ciudad.

Los agentes de la capital de Tierra del Fuego, tuvieron que intervenir ante reiteradas denuncias por picadas ilegales en distintos puntos de la ciudad. Los vecinos fueron quienes alertaron sobre vehículos que circulaban a gran velocidad, poniendo en riesgo la seguridad vial y la integridad de peatones y automovilistas.

Como resultado de los controles, la Comisaría Primera detectó a ocho motos realizando maniobras peligrosas sobre la avenida Maipú. Al notar la presencia de los móviles policiales, los conductores intentaron darse a la fuga, desobedeciendo las señales de alto de los agentes.

Los motociclistas volvieron a ser observados en la intersección de Maipú y Patagonia. Foto: Google Maps

Los motociclistas volvieron a ser observados poco después en un control dispuesto en la intersección de Maipú y Patagonia. Una vez más, intentaron eludir a la Policía y avanzaron sobre el personal que intentaba detenerlos.

Ante esta situación, los efectivos utilizaron un marcador con pellets de colores, es decir, pistolas de paintball. Esta técnica permitió "marcar" a los infractores para identificarlos en controles posteriores y proceder a su detención.

Aunque en el momento en que se volvieron virales los videos no se había emitido un comunicado oficial, el subcomisario de Ushuaia, Gastón Sánchez, brindó detalles del operativo y aseguró que las evasiones a los controles son una práctica común.

El funcionario explicó que el marcador utilizado es un recurso habitual dentro de la fuerza para este tipo de intervenciones. "Lo que llamó la atención en el video fue el tipo de arma, pero es una pistola de aire comprimido que dispara bolitas de gelatina. Su objetivo es identificar al infractor, para poder ubicarlo en el siguiente control".

También aseguró que las evasiones a los controles son una práctica común, especialmente durante las vacaciones. La medida surge en base a este problema, y tiene como propósito marcar a los infractores para su posterior identificación.

En cuanto a los controles, detalló que se realizan en la avenida más concurrida y que "se hacen todas las noches, en respuesta a las quejas de los vecinos. Por eso, incrementamos los controles. Ya hemos enfrentado situaciones en las que la policía no es respetada", comentó el subcomisario.

La Fiscalía de turno intervino en el caso y se encuentra analizando las pruebas recopiladas, dado que las acciones de los infractores constituyen "atentado y resistencia a la autoridad".

(Por Belén Fedullo) - Un proyecto de ordenanza presentado por los concejales de Juntos por Entre Ríos, Felipe Sastre y Silvina Ovelar, tiene como objetivo establecer controles de consumo de drogas ilegales en el ámbito de la administración pública de la Municipalidad de Concordia.

La norma tiene alcance al personal que ocupe cargos relevantes en el Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante, y organismos descentralizados y en especial serán alcanzados: presidente municipal, vicepresidente municipal, concejales, secretarios, directores, titulares de los organismos descentralizados y cargos de similar jerarquía en la administración pública. Se podrán incluir otras áreas o sectores que se consideren necesarios, de acuerdo con las responsabilidades que estén bajo su órbita.

Los controles estarán a cargo de la Secretaría de Salud, sin previo aviso, de manera aleatoria y “bajo estricta confidencialidad”.

En el caso de detectarse casos positivos, se aplicarán las siguientes medidas: en el ámbito del Departamento Ejecutivo y los organismos descentralizados, el presidente municipal determinará si corresponde una suspensión temporal o separación del cargo del funcionario según la gravedad del caso; en el ámbito del Concejo Deliberante, serán de aplicación las normas disciplinarias previstas para dicho organismo.

Según informaron, “en todos los trámites se garantizarán los procedimientos constitucionales y administrativos cumpliendo con el debido proceso y la defensa en juicio”.

En los primeros meses del año 2015, Enrique Cresto se sometió a una rinoscopía a la par que promovió la aprobación de una ley con algunas semejanzas a la ordenanza que proponen Sastre y Ovelar.

La norma escrita por Cresto, quien por entonces era senador provincial, exigía la aplicación de "un examen de aptitud psico-física de funcionarios en los tres poderes del Estado entrerriano".

Argumentó que "para ingresar a la Policía o cubrir lugares de responsabilidad en distintos ámbitos se piden exámenes para garantizar que la persona puede desempeñar la función que le van a asignar. Los políticos deberíamos someternos a las mismas condiciones".

Consideró como "un gesto muy valioso para la sociedad que en los lugares de mayor responsabilidad en el Estado los funcionarios se hagan todos los exámenes necesarios para que, de detectarse un problema de adicciones, a la persona se lo aparte del cargo y se lo ayude a superar ese problema".

El Gobierno nacional derogó normas obsoletas que, al estar vigentes, permitían la posibilidad de fijar precios, intervenir en la actividad privada y someter a los ciudadanos a requisitos innecesarios. Además, se eliminó una resolución que imponía trámites redundantes para la homologación de neumáticos, lo cual encarecía su costo.

Mediante la resolución 1212/2024 del Ministerio de Economía y las resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, se suprimieron 43 normas con potencial para limitar la libertad de los ciudadanos.

Las normas eliminadas abarcaban controles en la carne vacuna, en alimentos lácteos, en comercios y grandes supermercados. También establecían regulaciones en los servicios de comunicación y farmacias, y requerían pedidos de información a empresas e instituciones educativas.

Se suprimió, además, una norma que afectaba el flujo del comercio y elevaba el costo de los neumáticos. Se eliminaron también programas en desuso que no están alineados con las políticas de simplificación que impulsa el Gobierno.

Estas medidas se suman a las 107 derogaciones realizadas por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía desde el inicio de la gestión para disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia. Entre las normas ya eliminadas para normalizar el Comercio Exterior, están las licencias automáticas y no automáticas; el SIRA y el DJCP que generaba costos por USD 5 millones y un millón de declaraciones juradas anuales. En la misma línea, para transparentar el Comercio Interior, se dió de baja el programa de control, Precios Cuidados, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades, entre otros.

En el marco del mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, denominado Octubre Rosa, la Municipalidad de Rosario planificó una serie de acciones que se van a desarrollar a lo largo del mes dirigidas a concientizar sobre esta enfermedad, entre las que destacan promover y facilitar la realización de estudios y controles ginecológicos y clínicos tanto en efectores de la red de salud pública municipal como de obras sociales y de la salud privada. Además, se buscará identificará a la población que no se controló en los últimos cinco años.

Otra de las propuestas tiene que ver con iluminar lugares emblemáticos de la ciudad, por lo que el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias Rosario (Cemar) ya se vistió con luces rosas, iniciativa que se sostendrá durante todo el mes.

Además, la Organización Mundial de la Salud conmemora cada 19 de octubre el Día internacional de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Ese día también se iluminarán de rosa el Monumento Nacional a la Bandera (avenida Belgrano y Córdoba), el Barquito de Papel (rotonda de avenida Carballo y avenida Francia), el cartel corpóreo Rosario (Moreno y el río, Parque de las Colectividades), la Fuente de las Utopías (bajada Sargento Cabral y avenida Belgrano), y el Monumento a Mundialistas ‘Rosario Capital Mundial del Fútbol’, emplazado en el Parque Nacional a la Bandera.

Entre las acciones más relevantes, desde la Secretaría de Salud Pública se señaló que todos los centros de salud y hospitales municipales se constituyen en ‘Puntos Rosas’ todo el mes, para sensibilizar y trabajar sobre la salud integral de la mujer, recordando a su vez que todo el año se llevan a cabo los controles ginecólogos y clínicos de pacientes. En sintonía, los senógrafos de la Red de Salud Pública municipal funcionarán a doble turno para realizar los estudios correspondientes.

Otro de los objetivos es la búsqueda activa de mujeres sin senografía realizadas en los últimos años en el rango etario de 40 a 70 años. “Es una enfermedad muy frecuente y que se puede prevenir. Para esto es necesario saber que las mujeres a partir de los 40 años tenemos que cuidarnos y hacernos los estudios de screening. Una mamografía o una ecografía realizada rutinariamente muchas veces diagnostica la enfermedad en estadio muy temprano y permite que los tratamientos puedan ser exitosos”, destacó Soledad Rodríguez, secretaria de Salud municipal.

El cáncer de mama es muy frecuente entre las mujeres y se trata de la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. Los especialistas insisten con que los controles y la prevención primaria es fundamental ya que el cáncer de mama es prevenible mejorando los hábitos higiénicos-dietéticos, haciendo actividad física, evitando el tabaco y el alcohol, consumiendo nutrientes bajos en grasas y evitando la obesidad entre otras cosas. Pero, además, para evitar la enfermedad es fundamental la detección temprana mediante los controles anuales y mamografías.

“Durante este mes, además de iluminar el Cemar, desde la Municipalidad vamos a realizar actividades que tienen que ver con el acceso a los estudios de screening para las mujeres de Rosario. Nuestra intención es transformar a esta ciudad en un mapa de puntos rosas, que no sólo serán los efectores de la red de salud pública municipal, si no que se sumarán sanatorios y efectores de la seguridad social y de la salud privada para poner a disposición diferentes formas para facilitar los estudios”, expresó Rodríguez.

Mientras más temprano se concientice sobre el cuidado integral en la prevención del cáncer de mama, mayores son las probabilidades de que los tratamientos sean exitosos. En esta patología la clave es la prevención, el autoexamen y el diagnóstico precoz para prevenir y tener un diagnóstico temprano.

Los exámenes para los controles son las mamografías, las ecografías mamárias, autoexamen y las consultas ginecológicas o clínicas.

El autoexamen debe realizarse a partir de los 20 años y durante el resto de vida, en forma cotidiana, al terminar el periodo menstrual, o en un día fijo durante el climaterio.

Los especialistas, recomiendan que el estudio de mamas sea realizado de manera anual a partir de los 40 años. También puede realizarse antes de dicha edad cuando el especialista lo considere necesario, acorde a los datos que puedan surgir en las historias clínicas o exámenes físicos.

Cabe aclarar que, si bien la enfermedad es más frecuente en las mujeres, es importante saber que los hombres también pueden tener cáncer de mama.

El elenco de ministros, secretarios de Estado y directores de empresas del Estado Provincial que necesita resolver trabajos mediante la contratación transitoria de recursos humanos deberá sortear un nuevo "filtro". Cada uno de esos trámites deberá ser puesto "en conocimiento" del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia. Más aún, tampoco esos altos funcionarios podrán renovar los contratos vigentes sin darle vista al ex diputado provincial.

El decreto 220 del 29 de febrero fue publicado este martes 5 en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe, con la firma del gobernador Maximiliano Pullaro y ese ministro. En uno de sus artículos, deroga un artículo de un decreto de Omar Perotti (el 7mo del 099, de febrero de 2021), que hacía lo contrario: delegar en esos altos funcionarios las contrataciones, en plena pandemia.

Es interesante leer los fundamentos de la decisión, que implica para cada uno de los dueños de los despachos con más poder en la órbita del Poder Ejecutivo tener que mostrar sus expedientes de contratación al ministro Bastía. Entre otros argumentos se sostiene que "es de público conocimiento que el contexto económico actual determina que es preciso que las autoridades realicen el mayor esfuerzo en orden a controlar el gasto público, de forma tal que las erogaciones que se generen encuentren efectivamente su causa en necesidades concretas y comprobadas".

Y que "la contratación pública de recursos humanos no escapa a dicha premisa, puesto que resulta evidente que la situación crítica que atravesamos, demanda una mirada integral de toda la Administración, tanto centralizada como descentralizada, a la hora de autorizar un gasto de este tipo, de manera de racionalizar el ingreso y ocupar los lugares en los que efectivamente resulte necesario sumar personal para cumplir las funciones estatales".

La medida indica en su artículo primero "Revócanse todas y cada una de las delegaciones de facultades propias del Poder Ejecutivo Provincial existentes en favor de los señores Ministros, Fiscal de Estado, Secretarios de Estado y demás funcionarios y organismos jerárquicamente subordinados relacionadas con la designación, contrataciones y renovaciones de contrataciones de personal, encuadradas en el articulo 8° y 9° de la Ley N.º 8525; en el art. 169 de la Ley N.º 12.510 como así también contratos de locación de servicios personales enmarcados en convenios específicos que se encontraren vigentes".

Y el segundo, "Dispónese que a los fines de lo establecido en el artículo anterior, las máximas autoridades de cada una de las jurisdicciones que integran la Administración descentralizada, incluyendo entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado provincial que por sus leyes orgánicas de constitución y funcionamiento posean atribuciones para realizar contrataciones, deberán dar conocimiento de las mismas al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública".

Luego de la presentación de un informe elaborado por el gobierno provincial con el objetivo de implementar acciones para reducir el ausentismo docente en la provincia de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro se refirió al impacto económico que implica para el Estado el pago de los reemplazos.Pullaro indicó que “el año pasado sobre 400.000 millones de pesos que se pagaron de salario a los docentes, 100.000 fueron de reemplazos -monto que proyectado en este año serían 250.000 millones de haberse mantenido las mismas condiciones-; que tuvo un impacto del 32 % más en la masa del total”.En ese sentido, el Gobernador marcó que la suma total de los reemplazos docentes otorgados sólo en octubre del año pasado, sumaron “86.000 días: 235 años”. Y puso como ejemplo que en total se otorgaron “18.000 días por cuidar a la suegra, al sobrino, o al tío”. En ese sentido, insistió en la magnitud de las cifras: “El ausentismo en nuestra provincia duplica y hasta triplica a los de otras provincias”, señaló. Y marcó que mientras en Santa Fe el año pasado reemplazar a docentes que no fueron a trabajar implicó para la provincia tomar un 25 % más de personal, por la misma situación en Provincia de Buenos Aires se necesitó un 12 % más.Las declaraciones de Pullaro se dieron en el marco de la presentación del programa Abre Escuelas: “Estamos hablando de construir 1.000 aulas, de más conectividad, de reparaciones en 3.500 edificios, del aumento del 109% de lo que es la copa de leche y la ración de comida. Bueno: se nos fue en un año en reemplazos”, señaló.No obstante, el gobernador reconoció que no todos los reemplazos son injustos “o que no se tengan que seguir llevando adelante, porque hay personas que por la función tienen problemas de salud”, pero remarcó que las irregularidades “no son culpa de los docentes ni de los maestros. Quiero ser muy claro: es culpa del sistema, porque acá hubo un sistema que permitió esto”. 

Posteriormente, durante la rueda de prensa el mandatario recordó que “este gobierno y este equipo se comprometió a administrar de manera eficiente los recursos del Estado, y eso es controlar y comprometernos”, y afirmó que “si nosotros ahorramos esos 250.000 millones de pesos este año, van a quedar en el sistema educativo, y servirán para premiar a los que van a laburar, a los que no faltan”.En ese sentido, aclaró que “entendemos que algunos puedan en algún momento tener que cuidar a algún familiar, pero creemos que al no haber controles en los últimos cuatro años se cruzó la línea y se quebraron límites. Y eso lo pagamos todos, porque después nos pasa como el año pasado, cuando teníamos 235 escuelas que no tenían gas y que no empezaban las clases por eso. Y esto tiene que ver con el descontrol del sistema, y este gobierno va a poner mucho esfuerzo en controlar y también acompañar a los que quieren trabajar, porque hay docentes que aman su profesión, y a esos los vamos a priorizar y son los que con nosotros van a mejorar hasta su salario”.Entre otras medidas que se están llevando adelante, a partir de este informe, está que se modificó el formulario de Declaración Jurada de familiares a cargo, y se informó a todo el personal que solo podrán cargar en el sistema los que cumplan con las disposiciones vigentes. Las excepciones deberán tratarse personalmente.Además se están haciendo controles estrictos sobre las licencias por enfermedad del personal docente, que implican auditorías médicas aleatorias en domicilio y consultorio; y la incorporación del sistema de alerta por reiteración de pedidos de licencia del mismo docente.También se puso un límite al otorgamiento de licencias en este punto: se dejó sin efecto el artículo 500-5 que posibilitaba pedir licencias en la emergencia por Covid y que seguía vigente. Y se circunscribió el otorgamiento de licencias por Artículo 60, de causas no previstas, a lo estrictamente reglamentario. Esto es porque se detectó que se daban licencias para realizar viajes, o no se identificaban motivos. 

La Secretaría de Comercio derogó más de 60 resoluciones y disposiciones, algunas con vigencia desde la década de los ´90, en busca de lograr un "comercio interior más simple, menos burocrático y más transparente".

La decisión se formalizó por medio de la Resolución 51/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El objetivo de esta medida es lograr una "profundización de la libertad de mercados, impulsando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda como modo de ordenamiento y reactivación de la economía, facilitando el funcionamiento de los mercados y el comercio interno y externo, promoviendo la desregulación de los mercados y la simplificación regulatoria", según el texto oficial.

"Resulta indispensable alinear las políticas de regulación del mercado interno en el sentido antes expuesto, procediendo a una verdadera desburocratización y simplificación de los procesos productivos en relación con el consumidor, así como a la eliminación de todas las trabas y obstáculos al comercio que solo han generado incrementos en los costos de transacción para los proveedores y el consecuente encarecimiento de los precios de los bienes y servicios para los consumidores", enfatizó el Poder Ejecutivo.

Entre las resoluciones derogadas se encuentran la 134/98 sobre Defensa del Consumidor: se elimina la obligatoriedad de que las entidades bancarias, financieras y de cualquier otra índole informe mensualmente a la Secretaría de Comercio la tasa de interés anual y efectiva mensual aplicada al financiamiento de saldos deudores, en pesos y en dólares, tasa de interés punitoria aplicada, tasa de interés de extracciones o adelantos de dinero en efectivo, cargo o arancel mensual por gastos de administración; y, cargo o arancel anual, gastos por emisión de tarjetas, gastos de envío del resumen y tarjetas o cualquier otro cargo, tasa, comisión, gastos adicionales o similares que cobren a los poseedores de las tarjetas.

También, se derogó la resolución 313/98: ahora, las entidades financieras no tendrán la obligación de dar a conocer a la Secretaría de Comercio el Costo Financiero Total de las operaciones de crédito hipotecario destinado a la adquisición de viviendas.

Otra es la 387/99: las entidades que otorgan créditos prendarios sobre autos cero kilómetro ya no tienen la obligación de informar trimestralmente a la Secretaría de Comercio sobre el costo financiero total y el valor de la cuota total de las operaciones. Esa información se podía publicar y difundir para el conocimiento de los consumidores.

En tanto, con la derogación de la 678/99, las escuelas privadas ya no tendrán la obligación de informar anualmente a Comercio Interior el valor total de la cuota mensual que perciben por la prestación del servicio educativo para cada nivel de enseñanza.

Asimismo, quedó sin efecto la resolución 54/2000: los prestadores de medicina prepaga ya no deberán informar periódicamente el valor total de la cuota mensual que perciben por la prestación del servicio.

Otra que quedó sin vigencia es la 19/2002: los supermercados ya no estarán obligados a informar a Comercio ni los precios máximos ni mínimos, ni la presencia de los productos en góndola, ni la variación ni promedio semanal de precios.

La resolución 52/2002 también quedó afuera: los proveedores de productos y servicios que hayan informado el precio de los mismos podrán comercializar al precio que deseen sin que implique un incumplimiento de las leyes N° 22.802 y N° 24.240.

El gobernador Maximiliano Pullaro, junto con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, puso en marcha este viernes el programa provincial “Operativo Verano”, a través del cual se desarrollarán acciones conjuntas de Seguridad, Salud, Cultura y Turismo, para que los vecinos y turistas disfruten de la temporada estival. La actividad se realizó en el balneario La Florida.

En la oportunidad, Pullaro recordó que “este programa novedoso fue implementado a partir de mi segundo año de gestión como ministro de Seguridad, junto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Queríamos retomarlo y demostrar que Santa Fe puede llevar adelante controles importantes en las rutas para garantizar la transitabilidad segura y reducir la cantidad de siniestros viales, fundamentalmente durante los meses de diciembre y enero, cuando las rutas nacionales y provinciales son mucho más transitadas”.

“Y también pensamos en el turismo, porque queremos que los turistas nacionales, de otras partes del mundo y hasta de nuestra provincia, conozcan nuestro río, nuestros parques y nuestra movida cultural, en paz y con tranquilidad”, añadió el gobernador, como objetivos del programa puesto en marcha. A continuación, el mandatario santafesino se refirió a la política de seguridad pública que lleva adelante y ratificó una vez más “nuestro compromiso” en esa área: “Estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para que los rosarinos y rosarinas puedan vivir mejor y bajar los índices de violencia y del delito. Y lo hacemos poniendo el cuerpo y demostrándoles a las organizaciones criminales que no les tenemos miedo”, afirmó.

“Vamos a seguir trabajando para mostrar lo mejor de Santa Fe, que va a ser la locomotora del cambio que viene en la República Argentina”, manifestó el gobernador para, luego, dirigirse al intendente rosarino, Pablo Javkin y asegurarle que “no estás solo y tenés todo el apoyo y acompañamiento del gobierno provincial que quiere lo mismo que vos”.

A su turno, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, expresó que “desde que comenzamos la gestión, nos propusimos tener a la Policía en la calle, y el Operativo Verano no es la excepción, para cuidar a la gente, prevenir delitos y contravenciones en materia de seguridad vial. Con todo el equipo de la APSV estamos trabajando en un dispositivo de blindaje de acceso a la provincia para que el que transite una ruta santafesina se cuide, respete nuestro territorio, sabiendo que si se comete una ilegalidad, lo vamos a sancionar”. 

Seguidamente, el intendente Javkin subrayó que “valoramos mucho esto como ciudad. Porque demuestra algo que planteamos durante las elecciones y que se está cumpliendo desde la primera hora de la asunción del Gobernador: trabajar con los equipos en la calle y juntos. Quiero remarcar la importancia que Santa Fe recupere su Agencia de Seguridad Vial. Esa es una pelea por cumplir las normas, que nos tiene que sacar de la idea de que manda la excepción. Lo que manda es la norma, la regla. Y en este caso la regla salva vidas. Y lo felicito enormemente al ministro, al gobernador y a la Agencia por la tarea, porque hay un cambio muy notorio en ese trabajo”. 

El intendente rosarino destacó que “para febrero, tenemos prevista una agenda importante de eventos en la ciudad y, desde el primer día de gestión, nos fijamos el objetivo de disfrutar de nuestras calles con tranquilidad. Y vamos a redoblar esa apuesta cada día, para disfrutar de nuestros espacios públicos”, concluyó.

Del acto participaron también el ministro de Educación, José Goity; la ministra de Cultura, Susana Rueda; el secretario general de Gobierno, Juan Cruz Cándido; la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard; el senador provincial Ciro Seisas; y la diputada provincial, Clara García, junto con demás autoridades provinciales, municipales, medios de comunicación, vecinas y vecinos.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe refuerza la prevención en rutas a través de la instalación de 12 puestos de control a cargo de la Policía de Seguridad Vial (PSV) que se extenderán durante este mes en los puntos limítrofes y zonas de alta circulación vehicular.

Al respecto, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, indicó que el programa de la Agencia Provincial de Seguridad Vial “tiene como objetivo ir recuperando primero la presencia policial en calle, en ruta, generar un anillo de protección y controlar todos los accesos al territorio santafesino”.

El funcionario señaló que progresivamente la APSV va a ir desplegando las políticas para tener controles efectivos y remarcó que “uno a veces se va un fin de semana a una vecina provincia y empieza a cuidarse porque ahí sí lo controlan. Eso tienen que sentir los otros cuando vienen a Santa Fe: que acá hay control, presencia del Estado y un anillo de protección de todo lo que entra y todo lo que sale del territorio provincial”.

El operativo, articulado a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), comenzó este jueves en los ingresos a Santa Fe con el propósito de identificar prácticas de riesgo entre los conductores, comprobar documentación, estado del vehículo, brindar recomendaciones y disuadir acerca de hechos relacionados con la seguridad pública que puedan afectar a los ciudadanos. En este sentido, se apunta a concientizar, evitar y sancionar aquellas conductas que más inciden en la siniestralidad vial y que ponen en riesgo a los viajeros.

Los puestos de control estarán distribuidos estratégicamente en todo el territorio de los que participará personal policial de las Unidades Regionales de Reconquista, Rafaela, Rosario, Venado Tuerto, San Cristóbal y la Brigada Motorizada. Del total, 10 puestos estarán emplazados en ingresos a la provincia a través de rutas provinciales y nacionales y los demás estarán ubicados en vías con alta circulación vehicular.

Los controles serán coordinados por la APSV y ejecutados por la Policía de Seguridad Vial en distintas rutas y accesos de la provincia. Se fiscalizará el exceso de velocidad, el consumo de alcohol, el uso de dispositivos de seguridad, la portación de la documentación exigible (licencia de conducir, seguro de responsabilidad civil, comprobante de la RTO), distribución de pasajeros y conductores críticos (motociclistas y transportistas de pasajeros y de cargas).

Además de los controles vehiculares también se incrementarán los operativos de alcoholemia con el objetivo de controlar uno de los principales factores de riesgo asociados a la siniestralidad vial que es el consumo de alcohol en la conducción.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso este jueves modificaciones en el Debin recurrente y transferencias pull, dos mecanismos de transferencia de dinero que, desde ahora, verán reforzados los procesos de validación, para prevenir fraude y estafas y para ordenar los instrumentos del sistema nacional de pagos.

En ese sentido, se buscará que las personas usuarias den su "autorización expresa" antes del primer débito y que la entidad financiera a cargo de la operación explicite los alcances del mecanismo en el que, para evitar confusiones, se aclare que será un débito habitual y periódico.

Los cambios en el DEBIN recurrente -un débito inmediato que se efectúa periódicamente desde o hacia una cuenta bancaria o de un proveedor de servicios de pago (PSP, más conocido como billeteras virtuales)- serán efectivos a partir del 1 de diciembre de 2023, e incluyen la obligación para bancos o PSP de "exhibirle al cliente cuya cuenta se debitará una leyenda para que confirme si acepta que periódicamente se le realicen los débitos solicitados por ese proveedor".

Desde diciembre se deberá habilitar las transferencias inmediatas pull

Tanto los bancos como billeteras virtuales que actualmente usan DEBIN recurrente para fondear cuentas "deberán discontinuar esa operatoria antes del 1 de diciembre de 2023 y habilitar a sus clientes las transferencias inmediatas pull"

"El BCRA recuerda que la baja de la adhesión de los DEBIN recurrente puede ser realizada por el cliente receptor a través del cliente ordenante, o bien, de la entidad receptora, de manera indistinta", detalló la autoridad monetaria en un comunicado.

Tanto los bancos como billeteras virtuales que actualmente usan DEBIN recurrente para fondear cuentas "deberán discontinuar esa operatoria antes del 1 de diciembre de 2023 y habilitar a sus clientes las transferencias inmediatas pull".

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso este jueves modificaciones en el Debin recurrente y transferencias pull.

En ese sentido, las "transferencias inmediatas pull" -mecanismo que permite transferir dinero entre cuentas de un mismo titular- también tendrán una serie de cambios para promover la eficiencia y seguridad de los procedimientos.

Los principales cambios son:

-Se circunscribirá el alcance, tanto para recibir como para realizar pedidos de fondos, a cuentas de pago (de billeteras virtuales) y a cuentas bancarias de uso generalizado: cajas de ahorro, cuentas sueldo y de la seguridad social, incluidas las usadas para el pago de planes, las destinadas a adolescentes y de cuenta gratuita universal.

-Se limitarán las operaciones diarias a un límite de 2.500 UVA (actualmente, unos $ 727.000) por cuenta, "para ordenar transferencias inmediatas pull, como una manera de monitorear su comportamiento y profundizar la difusión de la operatoria".

-Quedarán excluidas de este mecanismo todas las billeteras virtuales que no estén inscriptas en el “Registro de billeteras digitales interoperables”.

"Las personas que deseen realizar estos pedidos de fondos deberán enrolar previamente las cuentas sobre las cuales enviarán solicitudes de fondos y dar su consentimiento para ello, un mecanismo que le otorga seguridad a la operatoria", concluyó el Central.

En los últimos días, diversas publicaciones en redes sociales daban cuenta del buen caudal de pescadores que visitan la laguna de Melincué en busca del pejerrey, incluso desde la comuna local, a través de su secretaría de Turismo y Deportes, hicieron pública la satisfacción por las personas que se acercan a pescar de costa, anunciando además que próximamente se desarrollarán torneos para los amantes de la pesca deportiva.  

Captura de los videos que los guías de pesca difunden en redes sociales. Foto: Gentileza

Lo cierto es que ahora, habitantes de la localidad y vecinos de la región denuncian que la actividad se desarrolla sin ningún control y no solo de costa, sino que durante todos los días hay embarcaciones y guías de pesca que realizan, según los vecinos del lugar, una pesca indiscriminada, sacando gran cantidad de ejemplares sin ninguna restricción, lo que hace que el pejerrey corra peligro ante la reducción del tamaño de la laguna debido a la sequía vivida en el extremo sur de Santa Fe y la constante depredación del recurso. 

Importante presencia de pescadores en Melincué durante el fin de semana

Según afirman los habitantes de Melincué que hicieron pública la situación a través de las redes sociales y en diversos grupos de pesca, “pueden entrar los guías, y aunque en una primera reunión con la Comuna les habían permitido un solo día a la semana con la gente que quieran, esto ya no se cumple y  ofrecen el servicio y trakers de lunes a jueves y, en algunos casos, todos los días. Es una locura lo que se hace, porque deberían esperar, ya que se anuncian buenas lluvias, que la laguna mejore su caudal y el pescado desove y prospere, así el año que viene podría haber más trabajo, no solo para los guías de pesca, sino para los negocios del pueblo también. Pero en lugar de eso, ahora sacan la cantidad que quieren embarcados y nadie controla nada”, cuenta un vecino del lugar.   

Temporada de pesca: ¿cómo llegar a los mejores lugares de pique y qué depara el clima para el sur-sur santafesino?

Además, afirman que “los guías suben videos con un montón de pescados capturados y a raíz de eso se llena de gente los fines de semana, y ahora también durante la semana. Al estar la laguna tan chica y playita, la van a dejar sin pescado pronto”, y añaden que “ni siquiera diferencian el tamaño; se están llevando los pescados chiquitos y los grandes por igual, y a este ritmo el pejerrey no va a llegar a la temporada de veda que comienza en septiembre”. 

Rigen los nuevos valores a partir de los cuales el organismo exige a bancos y billeteras virtuales que informe sobre sus clientes. Tienen que detallar acreditaciones, extracciones, saldos de las cuentas y depósitos a plazo fijo

Se actualizaron los valores mínimos a partir de los cuales los bancos y billeteras virtuales deben informar los movimientos en las cuentas bancarias y tarjetas de contribuyentes de todo el país. La última actualización se había realizado en 2022.

La decisión de la AFIP incrementó de $30.000 a $120.000 el monto mínimo a partir del cual las entidades financieras deben reportar consumos con tarjeta de débito. Asimismo, la Resolución General elevó de $90.000 a $200.000 la cifra mínima para informar las acreditaciones mensuales, extracciones mensuales, saldos de las cuentas y los depósitos a plazo fijo.

Desde Economía anuncian que se modificarán los límites de compra con tarjetas de crédito

En ese sentido, las entidades financieras comprendidas en la Ley N.º 21.526 y sus modificaciones deben informar las altas, bajas y modificaciones respecto de la nómina de cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuentas sueldo o de la seguridad social y cuentas especiales.

Asimismo, las entidades financieras deben informar el monto total acumulado de las acreditaciones mensuales efectuadas en las cuentas mencionadas, el monto total acumulado de las extracciones mensuales en efectivo efectuadas; los saldos de las cuentas mencionadas que al último día hábil del período mensual informado resulten iguales o superiores a $200.000; el monto total acumulado de los depósitos a plazo constituidos en el período mensual de información, los consumos con tarjetas de débito del titular y/o adicionales.

Las entidades financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526 y sus modificaciones, deberán informar:

a) Las altas, bajas y modificaciones que se produzcan dentro de cada mes calendario, respecto de la nómina de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuentas sueldo o de la seguridad social y cuentas especiales -todas abiertas de conformidad con lo dispuesto por el Banco Central de la República Argentina en los textos ordenados denominados “Depósitos de ahorro, cuenta sueldo y especiales”, “Cuentas a la vista abiertas en las cajas de crédito cooperativas” y “Reglamentación de la cuenta corriente bancaria”-, así como cualquier otro tipo de cuenta que dicha autoridad establezca en el futuro, constituidas en sus casas matrices, filiales y sucursales, ubicadas en el país.

b) El monto total acumulado de las acreditaciones mensuales efectuadas en las cuentas indicadas en el inciso anterior, en moneda argentina o extranjera, cuando el mismo resulte igual o superior a DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000.-).

El Banco Central permite pagos con tarjetas de crédito a través del QR interoperable

c) El monto total acumulado de las extracciones mensuales en efectivo efectuadas de las cuentas indicadas en el inciso a), en moneda argentina o extranjera, cuando el mismo resulte igual o superior a DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000.-).

d) Los saldos de las cuentas mencionadas en el inciso a) que, al último día hábil del período mensual informado, resulten iguales o superiores en el mes -en valores absolutos- a DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000.-). Por lo expuesto, deberán considerarse los importes positivos y negativos.

e) El monto total acumulado de los depósitos a plazo constituidos en el período mensual de información, cuando el mismo resulte igual o superior a DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000.-).

f) Los consumos con tarjetas de débito del titular y/o adicionales -excluyendo los montos de extracciones en efectivo y cualquier otro monto que no implique consumo- en el país, cuando los montos acumulados sean iguales o superiores a CIENTO VEINTE MIL PESOS ($ 120.000.-) mensuales en cada cuenta informada en el inciso a).

Creció un 6,7% el uso de tarjetas de crédito en pesos durante abril

g) Los consumos con tarjetas de débito en el exterior, realizados por el titular y/o adicionales.

h) Las cobranzas de cheques por honorarios profesionales emitidos por juzgados u organismos del Poder Judicial, ya sea que se cobren mediante la acreditación en cuenta, transferencia bancaria o en efectivo por ventanilla.

i) Los datos identificatorios de los sujetos intervinientes en las operaciones aludidas en los incisos precedentes.

j) De tratarse de las cuentas denominadas ‘Cuenta especial repatriación de fondos – Resolución General AFIP Nº 4816/2020 y sus modificatorias’, ‘Cuenta especial repatriación de fondos – Aporte solidario y extraordinario. Ley 27.605′, ‘Cuenta Especial de Depósito y Cancelación para la Construcción Argentina (CECON.Ar). Ley 27.613′, ‘Caja de Ahorros Repatriación – Ley Nº 27.541′, ‘Cuenta Especial para Titulares con Actividad Agrícola – Comunicación ‘A’ 7556′ y ‘Cuenta Especial de Depósito y Cancelación para la Inversión y Producción Argentina (CEPRO.Ar). Ley 27.701′, además de la información requerida en los incisos precedentes, deberán informarse los datos indicados en el Apartado IX del Anexo con relación a todos los créditos y débitos efectuados en dichas cuentas, sin considerar los montos mínimos previstos en los incisos de este artículo.

Según la información del Banco Central, a diciembre de 2022 había en vigencia 51.657.757 de tarjetas de débito emitidas por entidades financieras en manos del público. Además, existen 86 millones de cuentas de caja de ahorro abiertas en bancos.

Desde este miércoles se incrementa de $30.000 a $120.000 el monto mínimo a partir del cual las entidades financieras deben reportar consumos con tarjeta de débito. Asimismo, la Resolución General 5338 llevó de $90.000 a $200.000 la cifra mínima para informar las acreditaciones mensuales, extracciones mensuales, saldos de las cuentas y los depósitos a plazo fijo

La resolución también aumentó los montos en el caso de los administradores de sistemas de procesamiento de pagos a través de plataformas de gestión electrónica o digital, incluyendo los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) -conocidas como billeteras virtuales- que fueron incorporadas a dicho régimen de información en julio de 2021.

Además, el régimen aplica cuando el tipo de operación, ya sea de ingreso o egreso (de efectivo, transferencia bancaria, en moneda extranjera, moneda digital) sea una transferencia bancaria o virtual, y ésta iguale o supere los $ 400.000.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) registró un récord de realización de tests de alcoholemia en enero del presente año, los cuales se duplicaron respecto de 2022. Además, las alcoholemias positivas sancionables alcanzaron un incremento del 63% en relación con las registradas en enero del año pasado.

Desde la APSV señalaron que los guarismos obtenidos obedecen “a la reciente incorporación de nuevos alómetros que se repartieron en las distintas unidades operativas regionales de la provincia, dispositivos que permiten optimizar recursos e incrementar y agilizar los controles de alcoholemia en todo el territorio provincial”.

Según los datos del departamento de Control de Gestión de la APSV, en el mes de enero 2023 se registró un total de 25.221 tests de alcoholemia, de los cuales 21.162 se realizaron a través de alómetros; mientras que en enero de 2022, se habían practicado 12.677 tests de alcoholemia, 4.705 con alómetros. Esto indica un aumento del 350% en el control a través de esta nueva herramienta.

Respecto de los tests de alcoholemias positivas sancionables del mes de enero 2023, se registró un total de 428. En cambio, en enero 2022, obtuvieron 296, lo cual denota un aumento del 63% de estas pruebas.

Al respecto, la directora de la APSV, Antonela Cerutti, manifestó que “se continúa con la presencia activa de la Policía de Seguridad Vial (PSV) en las rutas realizando controles masivos y más ágiles. Este trabajo diario debe complementarse con la misma política pública en las jurisdicciones de municipios y comunas. Un conductor alcoholizado que se detecta y se retira de circulación es una o más vidas que se salvan; nunca lo sabremos con exactitud, pero no hay dudas de ello”.

Cabe destacar que, si bien se han incrementado los tests de alcoholemia positivos sancionables por el aumento de los controles, la conducta de quienes transitan las rutas de la provincia ha mejorado. El porcentaje de alcoholemias positivas sancionables sobre el total de tests realizados en enero de 2022 y 2023 disminuyó de 2,3% a 1,9%.

Asimismo, en cuanto a la elevada cantidad de tests positivos sancionables a conductores profesionales de vehículos de carga, las actas realizadas se multiplicaron por 5 y representaron en enero 2023 el 9,3% del total (45 conductores profesionales), cuando durante el mismo mes de 2022 habían sido de solo el 3% (9 conductores profesionales).

En ese sentido, el subsecretario de la APSV, Osvaldo Aymo expresó que “dimos vuelta la página de la historia de los controles de alcoholemia ya que estamos presentes en las rutas de la provincia a toda hora, todos los días. Esto nos permite tener datos precisos respecto del alcohol al volante. El hecho de haber disminuido la cantidad de acoholemias positivas sancionables a pesar del aumento significativo de controles nos hace reafirmar la estrategia de que todos los que transitan la provincia tienen que sentir que en algún momento que los vamos a controlar”.

Son dispositivos que permiten obtener una respuesta negativa o positiva a través del aire que el conductor espira. En el caso de que se detecte alcohol en el aire espirado se realiza el control con el alcoholímetro para confirmar o descartar que el conductor esté alcoholizado.

Las unidades operativas regionales de la provincia ya cuentan con 13 dispositivos que permiten optimizar la efectividad de los controles. Los alómetros demostraron una alta efectividad para realizar mayor cantidad de tests en menor tiempo.

Aviones de combate de Estados Unidos derribaron este domingo un nuevo OVNI (objeto volador no identificado) que sobrevolaba el lago Hurón, en la zona de la frontera con Canadá. Es el cuarto artefacto destruido en el cielo en poco más de una semana.

“El objeto fue derribado por pilotos de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional de Estados Unidos”, afirmó Elissa Slotkin, miembro de la Cámara de Representantes del Congreso federal, en Twitter.

“Gran trabajo de todos los que llevaron a cabo esta misión tanto en el aire como en la sede; todos estamos interesados en saber exactamente qué era este objeto y su propósito”, agregó la legisladora por Michigan, el estado que limita al norte y al este con el lago.

The object has been downed by pilots from the US Air Force and National Guard. Great work by all who carried out this mission both in the air and back at headquarters. We’re all interested in exactly what this object was and it’s purpose. 1/ https://t.co/LsjwtjntCv

— Rep. Elissa Slotkin (@RepSlotkin) February 12, 2023

Biden, “por recomendación del comando militar”, dio la orden por “precaución”, dijo un alto funcionario, quien agregó que el objeto -descrito como una estructura octogonal del que cuelgan cuerdas- no representaba una “amenaza militar”, pero sí un riesgo para la aviación civil.

Horas antes, el gobierno había cerrado temporalmente el espacio aéreo sobre el lago Michigan, cercano al lago Hurón, por razones de “defensa nacional”.

La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) estadounidense informó en un comunicado que “cerró brevemente una parte del espacio aéreo sobre el lago Michigan para apoyar las operaciones del Departamento de Defensa”.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, pidió hablar con su par chino poco después del derribo del globo, Pekín confirmó que rechazó la propuesta y calificó de “irresponsable” la decisión de Washington de abatir el aparato. “Estados Unidos no creó el ambiente propicio para el diálogo y el intercambio entre ambos ejércitos”, dijo el ministerio de Defensa chino en un comunicado. Se trata del cuarto “objeto” que Estados Unidos derriba en menos de diez días mientras sobrevolaban su territorio o el de Canadá.

Los incidentes comenzaron a fines de enero, cuando un globo chino gigante, al cual funcionarios de Washington calificaron de espía, estuvo a la deriva durante días en los cielos estadounidenses, antes de ser derribado el 4 de febrero por un avión F-22 frente a la costa de Carolina del Sur.

China insistió en que el globo estaba realizando una investigación meteorológica. El Pentágono dijo que tenía una góndola del tamaño de tres autobuses y que pesaba más de una tonelada, además de que estaba equipado con múltiples antenas y paneles solares lo suficientemente grandes como para alimentar varios sensores de recopilación de inteligencia.

También parecía tener la capacidad de girar por sí mismo, usar el viento y contar con propulsión, dijeron funcionarios. Luego, el viernes, aviones de combate estadounidenses derribaron otro objeto frente al norte de Alaska, dijo el ejército. Este objeto carecía de cualquier sistema de propulsión o control, según las autoridades.

El sábado, un avión F-22 estadounidense, siguiendo órdenes de ese país y de Canadá, derribó un “objeto aerotransportado a gran altitud” sobre el territorio central de Yukón, en Canadá, a unos 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, por considerar que representaba una amenaza para la aviación civil. Canadá lo describió como cilíndrico y más pequeño que el primer globo. La ministra de Defensa, Anita Anand, no quiso especular sobre si era de origen chino.

El domingo Biden ordenó derribar “por precaución” otro objeto sobre el lago Hurón. El aparato fue descrito como una estructura octogonal de la que colgaban cuerdas y presentaba un riesgo para la aviación civil al volar a unos 6.000 metros de altitud, según funcionarios. El Pentágono dijo que ninguno de los cuatro objetos parecía armado o que representara una amenaza de ataque.

Estados Unidos suspendió la visita de Blinken a China, con la intención de estabilizar las relaciones bilaterales, y ha sancionado a seis entidades chinas. Pekín denunció el derribo del primer globo y dijo que “viola gravemente la práctica internacional”. Se reservó el derecho “de utilizar los medios necesarios para hacer frente a situaciones similares”.

Dalton agregó el domingo que luego de que Pekín rehusara la comunicación por varios días, funcionarios de Estados Unidos han tenido “contactos” con China sobre el globo, aunque no detalló su naturaleza. No ha habido ninguna reacción china a los últimos dos derribos.