El gobierno nacional continúa con el plan de ajuste con el objetivo de mantener el déficit cero. Por este motivo, en las próximas semanas profundizará recortes del gasto público a través de la eliminación de fideicomisos que implicaría un ahorro fiscal del orden de los US$2.000 millones, según el cálculo del Ejecutivo.

En ese camino, este miércoles, el Ministerio de Economía oficializó la eliminación del “Fondo Estabilizador del Trigo Argentino”, a través de la Resolución 142/2024 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El texto oficial dispuso revocar “el Contrato de Fideicomiso suscripto el día 7 de abril de 2022 entre la ex Secretaría de Comercio Interior y BICE Fideicomisos S.A., conforme el modelo que fuera aprobado por el Artículo 2° de la Resolución N° 355 de fecha 7 de abril de 2022 de la ex Secretaría de Comercio Interior del ex Ministerio de Desarrollo Productivo”.

El fondo había sido creado durante el gobierno de Alberto Fernández con el objetivo de “estabilizar el costo de la tonelada de trigo comprada por los molinos argentinos". En aquél momento se buscaba “mantener una estabilidad en la participación de la bolsa de harina como componente del costo de los productos derivados de ella”, según explicaba el sitio web gubernamental.

Además, precisaba que todos los recursos del fideicomiso estaban destinados a subsidiar la bolsa de harina 000 común de 25 kilos. De ahí la bolsa era adquirida por las panaderías para la elaboración de pan y para su uso en la segunda industrialización. También era empleada por las empresas de consumo masivo en la producción de galletitas, pan de molde, tapas de empanadas, entre otros productos. Estas empresas, en su mayoría, forman parte del programa Precios Justos.

Al respecto, la Resolución que lleva la firma del titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, afirmó que “las condiciones que motivaron la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino no se encuentran presentes en el momento actual”.

En ese sentido, el Ejecutivo procederá a notificar al fiduciario (BICE Fideicomisos S.A.) de la revocación del contrato y Comercio se encargará de la liquidación del fondo. Asimismo, se precisó que se utilizará el Fondo de Reserva de Liquidación para cubrir los gastos remanentes, mientras que “el patrimonio fideicomitido remanente se transferirá al Ministerio de Economía”.

El vocero Manuel Adorni dio detalles de la decisión del gobierno de cerrar el Fondo Estabilizador del Trigo

Según el portavoz presidencial, significará un ahorro de $69.000 millones, que es el total que el fideicomiso habría demandado desde el momento de su creación.

"Habíamos anunciado el deseo de terminar con cada uno de los Fondos Fiduciarios que depende del dinero del Estado Nacional. La semana que viene quedará eliminado formalmente el primero de ellos: llevaba dilapidados sin sentido 69.000 millones de pesos", había asegurado el viernes Adorni desde su cuenta de X.

En su habitual conferencia, Adorni ahondó en explicaciones este miércoles: "El Fondo era una caja más de la ineficiencia y el déficit fiscal, con su eliminación vamos a ahorrar miles de millones de pesos que son parte de los 200 mil millones de pesos que vamos a ahorrar en virtud de la eliminación de los fondos fiduciarios", concluyó.

Adorni aclaró que el Fondo había sido creado por el ex Secretario de Comercio Interior, Roberto Felleti, con la intención de mantener los precios en el marco de la guerra de Rusia y Ucrania. "Los resultados fueron los siguientes: hubo un mayor aumento de la harina, el precio del pan superó holgadamente al Índice de Precios al Consumidor, hubo enormes distorsiones en el mercado y beneficios para un grupo pequeño de empresarios prebendarios", remarcó el vocero.

La Secretaría de Comercio renovó hasta fin de mes el acuerdo de precios para cortes populares de carne en carnicerías y supermercados. Los siete cortes de carne del programa “Precios Justos” se mantendrán en comercios adheridos de todo el país con nuevos valores.

El acuerdo estará vigente hasta el 30 de noviembre y representa un aumento de 10 por ciento en relación con la tanda de precios vigente antes de la última actualización.

Es un acuerdo voluntario con las empresas exportadoras de carne vacuna, nucleadas en las cámaras ABC, UNICA y FIFRA, que establece los precios de venta de siete cortes populares considerados como más representativos del consumo de las familias argentinas, según el criterio del Gobierno.

El acuerdo estará vigente hasta el 30 de noviembre y representa un aumento de 10 por ciento en relación con la tanda de precios vigente antes de la última actualización

Asado: $1.616,00 por kilo

Nalga: $2.146,00 por kilo

Matambre: $2.045,00 por kilo

Vacío: $2.110,00 por kilo

Falda: $1.052,00 por kilo

Paleta: $1.737,00 por kilo

Tapa de asado: $1.616,00 por kilo

El último acuerdo de cortes populares de carne había sido convenido a fines de septiembre y fijado, en ese momento, para tener vigencia hasta el 15 de octubre pasado. Los aumentos respecto de aquél acuerdo están en el 10,2% promedio, con subas de entre $98 y $199 según el corte.

Según Comercio, los nuevos precios estarán vigentes hasta el 30 de noviembre de 2023. Aunque el acuerdo no es el mismo para todo el país. En la región patagónica se aplica un 6% extra diferencia. Así quedan, entonces, los precios acordados para la Patagonia:

Asado: $1.712,96 por kilo

Nalga: $2.274,76 por kilo

Matambre: $2.167,70 por kilo

Vacío: $2.236,60 por kilo

Falda: $1.115,12 por kilo

Paleta: $1.841,22 por kilo

Tapa de asado: $1.712,96 por kilo

Una aclaración hecha por el Gobierno es que los cortes de carne disponibles en la región patagónica no tienen hueso.

El último acuerdo de cortes populares de carne había sido convenido a fines de septiembre y fijado, en ese momento, para tener vigencia hasta el 15 de octubre pasado.

Participan de este acuerdo las empresas exportadoras de carne vacuna, nucleadas en las cámaras ABC, UNICA y FIFRA, los supermercados e hipermercados de las cámaras ASU, CAS y FASA y carnicerías adheridas.

Los cortes de carne a Precios Justos se consiguen en todo el país: en las grandes cadenas de supermercados, en supermercados regionales y en carnicerías adheridas al programa.

En un acuerdo voluntario entre Comercio y empresas exportadoras que componen las principales cámaras frigoríficas del país, se da continuidad al programa que ofrece los principales cortes vacunos a precios accesibles en las grandes cadenas de supermercados, supermercados regionales y carnicerías adheridas al programa.

El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, retomó el relevamiento del nivel de abastecimiento y cumplimiento de precios en las distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP), a fin de verificar el correcto cobro de los valores establecidos por la Resolución N° 391/23 de la Secretaría de Energía de la Nación.

La mencionada norma establece los precios máximos de comercialización de garrafas de 10 y 15 kilos, así como otras disposiciones relacionadas con la distribución de gas en Argentina. A partir del mes de septiembre comenzaron a regir nuevos valores, por lo que se reitera la fiscalización a fin de corroborar que las empresas que operan en Santa Fe cumplan con la disposición.

Durante las fiscalizaciones se relevaron 14 empresas de las localidades de Rosario, Monte Vera, Recreo, Laguna Paiva y Santo Tomé, donde no se determinó ningún incumplimiento.

Cabe mencionar que el precio máximo para las garrafas de 10 kilos es de $2.850, mientras que para la de 15 kilos el monto es de $4.270. Esta información está disponible en la página oficial de la provincia, y cualquier denuncia o reclamo relacionado puede ser realizado llamando al número 0800-555-6768 (opción 2) de lunes a viernes de 8 a 12 horas. También es posible ingresar el reclamo a través del portal de defensa del consumidor de la provincia.

Al respecto, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, indicó: “Continuamos llevando adelante la fiscalización de un tema que es esencial para la vida familiar, ya que muchos hogares no cuentan con gas natural y deben comprar los cilindros, con el costo que ello conlleva. En estos primeros días de septiembre verificamos que la veintena de empresas distribuidoras a lo largo de toda la provincia, autorizadas para vender las garrafas, cumplan con los nuevos valores establecidos por Nación. Además, también verificamos que haya abastecimiento y normal comercialización de los cilindros de GLP”.

“Si bien en esta oportunidad no detectamos ninguna irregularidad, sí tenemos en procedimiento sanciones de fiscalizaciones anteriores por incumplimiento a la ley de metrología, ya que hemos encontrado garrafas que no tenían los 10 o 15 kilogramos establecidos, por lo que se aplicarán las sanciones correspondientes”, finalizó el funcionario.

Desde el gobierno nacional anticiparon que “por el momento” no habrá nuevos operativos de control de precio en los que participen afiliados al gremio de Camioneros, una medida que desató fuertes críticas políticas e incluso una denuncia penal contra funcionarios de la secretaría de Comercio.

La polémica se produjo luego de que la secretaría de Comercio de la Nación le pidiera auxilio al gremio para verificar el cumplimiento del programa Precios Justos. Sumado a los cuestionamientos de economistas y dirigentes políticos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que el teléfono del 911 está a disposición para denunciar controles de precios ilegales hechos por “patotas sindicales”.

En el marco de la lucha contra la inflación, militantes de organizaciones sociales cercanas al Gobierno asumieron el rol de recorrer las grandes cadenas de supermercados y de monitorear que no falten productos incluidos en el programa Precios Justos. También numerosos municipios del interior sacaron a la calle a los inspectores que tienen a su disposición con el mismo objetivo. En los centros de distribución se dio la gran polémica, ya que la fiscalización estuvo a cargo del gremio de Camioneros.

Este martes, antes de que trascendiera que el gobierno nacional estaba dispuesto a “poner un freno” a la medida, ya se había reducido la presencia de los gremialistas en los centros de distribución, suspendiendo dos “visitas” que habían anunciado y que se iban a sumar a las realizadas la semana pasada. De todos modos, oficialmente insisten en que el rol de Camioneros se limitó a “aportar información”, ya que son quienes transportan las mercaderías.

En este marco, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, consideró que la estrategia del gobierno significa “armar una fuerza paraestatal para amedrentar y hostigar. Es un nuevo atropello a los derechos de los ciudadanos, de los comerciantes, de todos aquellos que quieren ejercer el legítimo derecho a trabajar, a comerciar”, sostuvo el funcionario de la Ciudad.

Luego del anuncio del Gobierno nacional, Felipe Miguel subrayó: “Respaldamos a quienes trabajan y viven dentro del marco de la ley. Si hacen la denuncia al 911, van a contar con todo el apoyo de la Ciudad y de la Policía de la Ciudad”.

“Cuando las ilegalidades provienen del propio Gobierno nacional la gente no termina, por eso salimos a dar claridad: las inspecciones están en manos de los gobiernos, no se puede delegar en sindicalistas ni en piqueteros”, añadió.

Sobre la misma base, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció penalmente al presidente Alberto Fernández, al ministro de Economía, Sergio Massa, y al secretario de Comercio, Matías Tombolini.

En la denuncia, que también lleva la firma de los diputados nacionales diputados de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, se los acusa por “los delitos de incumplimiento de funcionarios públicos, abuso de autoridad, intimidación pública, instigación a cometer delitos”.

Para Carrió y sus colaboradores, el Gobierno apeló a una “patota paraestatal” a fin de “eludir los mecanismos legales de contralor de precios, a través de sus inspectores, con auxilio de la fuerza pública y, con eventuales allanamientos pedidos a la Justicia”.

Los legisladores expusieron que el objetivo de la medida fue “amedrentar y disciplinar a supermercadistas y centros de distribución, por fuera de la ley y obviando toda la burocracia estatal”.

A través de Twitter, la referente de la Coalición Cívica consideró que participación de los dirigidos por Pablo Moyano en el seguimiento de los índices de los productos es similar a la función de grupos parapoliciales, y apuntó contra el Frente de Todos por estar “quebrando el estado de derecho, incitando a la violencia”.

(Por: Mario Cáffaro) La Cámara de Diputados avaló un proyecto de ley de Oscar Martínez (100% Santafesino) para que el Ministerio de la Producción tenga herramientas para el control de precios de venta de grandes comercios en toda la provincia. “El desafío de todos es tratar de ayudar a controlar la inflación” señaló el legislador. 

El proyecto girado al Senado establece la obligatoriedad de la declaración digital y mensual de precios. “Queremos que se transparenten los precios en las principales cadenas de comercialización. Le damos herramientas al Ministerio para que se haga cargo de la tarea”, agregó en el recinto. Martínez valoró que la provincia trabaje con el programa Precios Santafesinos en 120 artículos que se pueden encontrar en 155 bocas de expendio de 50 localidades. 

El autor aclaró que el sistema se pondrá en marcha por etapas y dentro comercios no pymes sino formadores de precios “empresas que facturan más de diez millones de pesos diarios” para añadir que la declaración digital deberá tener además políticas de bonificaciones, descuentos y promociones. A la hora de hablar de sanciones, mocionó que sean excluidos de Billetera Santa Fe. 

En el primer artículo se señala los objetivos del programa:  transparentar los movimientos de precios en las principales cadenas de comercialización de la provincia; contribuir a la contención del proceso de inflacionario; establecer un esquema de precios máximos e inflación objetivo; y, velar por el cumplimiento de la Ley de Defensa al Consumidor y por la Ley de Defensa de la Competencia. 

También se excluye en el texto a los agentes económicos considerados cuya facturación sea equivalente a las micro, pequeñas o medianas empresas (MiPyMEs), de conformidad a la ley 24467. 

La declaración digital de precios será información de acceso público al consumidor y deberá contener detalles sobre él empresas, ubicación de cada punto de venta, precio de lista de venta minorista final al público por unidad, peso o medida de producto, según la forma de comercialización; y, promociones, descuentos y todo tipo de bonificaciones. 

En cuanto a los consumidores, el Ministerio de la Producción creará una plataforma informática de colaboración ciudadana y una aplicación móvil para smartphone, a través de la cual los consumidores podrán acceder a la información brindada, así como comunicar las eventuales inconsistencias respecto a la veracidad, claridad y oportunidad de la información proporcionada por los comercios. 

En la parte final del texto, se establecen las facultades que tendrá el Ministerio de la Producción, entre ellas estudiar la evolución de los precios informados, su relación con el IPEC Santa Fe y con los programas nacionales y provinciales de precios de referencia; establecer mecanismos de recompensa para alentar a los consumidores a la utilización del sitio web y la aplicación móvil, como así también la carga de datos; así como determinar, ampliar o reducir la nómina de productos, la información requerida y los sujetos obligados, y para dictar toda otra norma aclaratoria, interpretativa y complementaria. 

JUNTA PROVINCIAL DE SEGURIDAD 

Diputados -sin el voto de la bancada justicialista- dio media sanción a un proyecto de ley para que se constituya de manera estable la Junta de Seguridad, iniciativa del radical Juan Cruz Cándido y la socialista Lionella Cattalini. Los autores lo proyecto como el órgano que funcionó durante la gestión del ex gobernador Miguel Lifschitz y agrupaba a integrantes del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial con el fin de evaluar y diagramar políticas públicas de seguridad. “Con esta ley queremos que la Junta quede institucionalizada oficialmente para abordar la problemática de la seguridad en conjunto y que no dependa de la voluntad del Ejecutivo de turno”, dijo Cándido. 

“Hoy se cumple un año desde que el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, anunció que iba a convocar a la Junta provincial de Seguridad. Seguimos esperando la convocatoria, mientras tanto avanzamos en consolidarla desde lo institucional, esperamos que ya no dependa más de la voluntad de un ministro o un gobernador. No es la solución del problema, porque los problemas no se resuelven de un día para el otro con una sola medida, si entendemos que va a contribuir a que podamos diagramar políticas entre los tres poderes del Estado que nos permitan, por lo menos, retomar una senda de una paulatina caída de los índices de delitos que se rompió en el 2020”, acotó. 

En el recinto, la socialista Clara García dijo que “la seguridad y la violencia son tan complejos que no pueden ceñirse a un eslogan, a una frase de campaña, o al cliché de la «herencia recibida»; necesariamente requieren de un trabajo serio e institucional”. Agregó que la Junta Provincial de Seguridad tiene la virtud de ser una mesa de trabajo seria, de plantear agendas de trabajo, formalidad y un compromiso de los actores; de generar confianza, controles y replanteos”.  

SOBRE LA MUERTE DE UN DETENIDO 

En un proyecto aprobado por unanimidad, el diputado radical Fabián Palo Oliver solicitó diversas informaciones en torno al fallecimiento de Cristian Figueroa, quien era sindicado como autor material de la muerte del empresario Hugo Oldani. 

El legislador pregunta no sólo cuál es la hipótesis sobre la cual está trabajando el Ministerio de Seguridad, sino que también pretende conocer si se ha determinado la participación de personal policial o penitenciario y en calidad de qué. De ser la respuesta afirmativa, que indiquen cuáles son las medidas administrativas que se han tomado respecto de dicho personal. También pregunta si se ha determinado el accionar cómplice de funcionarios públicos y la participación de personas ajenas a la unidad penitenciaria donde ocurrieron los hechos. 

Palo Oliver detalló las circunstancias que motivaron la detención de Figueroa junto a otras personas, y marcó el hecho de que esta muerte se produce luego de que, según trascendidos periodísticos, el fiscal que entiende en la causa le ofreciera el juicio abreviado, lo cual conllevaría una reducción de condena.  “Más allá de que esto sigue su curso judicial, nada escapa a posibles responsabilidades de funcionarios y agentes del penal respecto a las circunstancias que rodean a la muerte del joven. Es por eso que queremos saber cuál ha sido el rol del Ministerio de Seguridad sobre posibles irregularidades dentro de la cárcel de Las Flores”, afirmó.