(Por María José Valdéz) - El impuesto a la patente automotor vuelve a quedar en el centro del debate fiscal en Argentina. No se trata solo de un tributo obligatorio para circular, sino de una carga que varía significativamente según la provincia donde esté radicado el vehículo. Esa dispersión impacta directamente en el bolsillo de los contribuyentes y deja en evidencia un mapa tributario desigual en todo el país.

De acuerdo con un informe del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (Ineco), el costo promedio anual de la patente representa el 1,93% del valor fiscal del vehículo. Sin embargo, ese número es apenas una referencia: cada jurisdicción fija sus propias reglas y eso genera diferencias marcadas en los montos que deben pagar los propietarios.

El valor de la patente automotor varía según la provincia donde esté radicado el vehículo.

En ese escenario, Santa Fe aparece con un esquema particular que la distingue del resto. A diferencia de otras provincias que aplican una tasa directa sobre el valor del vehículo, el sistema santafesino incorpora la antigüedad como variable central para determinar el monto del impuesto.

En territorio santafesino, el cálculo de la patente no responde únicamente al valor fiscal del vehículo, sino que combina ese dato con los años de uso. De esta manera, a medida que el auto envejece, el peso del impuesto disminuye, lo que introduce una lógica distinta frente a otros distritos donde el valor del rodado es el único factor determinante.

Este esquema busca, en parte, equilibrar la carga impositiva y reconocer el desgaste del bien. Sin embargo, también genera contrastes cuando se lo compara con provincias que aplican tasas fijas o sistemas mixtos. En algunos casos, vehículos similares pueden tributar montos muy distintos dependiendo del lugar donde estén registrados.

Mientras Córdoba presenta una de las cargas más bajas del país, con una alícuota promedio del 1,07%, y Buenos Aires se ubica en torno al 1,59%, otras jurisdicciones como Entre Ríos superan el 3%. Esa brecha se traduce en cifras concretas que pueden duplicar o incluso triplicar el monto anual de la patente para un mismo vehículo.

Los ejemplos son contundentes. Para un auto de gama media, el costo anual puede oscilar desde poco más de 270 mil pesos en Córdoba hasta cerca de un millón en provincias con mayor carga impositiva. En los segmentos más altos, la diferencia se amplifica y supera el millón de pesos en la mayoría de las jurisdicciones.

El informe también revela que el sistema es progresivo: los vehículos de mayor valor pagan proporcionalmente más. Así, modelos de alta gama pueden alcanzar cifras superiores a los dos millones de pesos anuales en concepto de patente, dependiendo de la provincia.

En este contexto, Santa Fe se ubica en una posición intermedia, con un esquema que no siempre resulta más barato, pero sí introduce una lógica distinta basada en la vida útil del vehículo. Esa particularidad la convierte en un caso relevante dentro del mapa impositivo nacional.

El estudio advierte además que el impuesto automotor funciona como una herramienta clave de recaudación para las provincias, aunque no necesariamente está vinculado al uso real de la infraestructura vial. Es decir, dos vehículos que circulan la misma cantidad de kilómetros pueden pagar montos muy distintos solo por su valor o por la jurisdicción en la que están radicados.

En los últimos años, comenzaron a surgir propuestas para reformular este esquema y vincularlo con variables como el uso, el peso o el tipo de vehículo. Se trata de un debate que, por su impacto fiscal y político, todavía está en una etapa incipiente pero que promete volver a escena en el corto plazo.

(Por Fiorella Carrión y María José Ramón) - Desde este martes, los santafesinos ya pueden descargar las boletas correspondientes al impuesto inmobiliario y a la patente de sus vehículos, y aprovechar los descuentos que ofrece la provincia por el pago anticipado. La iniciativa estará vigente hasta el 27 de febrero y busca fomentar la adhesión al pago anual, ofreciendo importantes beneficios económicos.

“El pago total anual tanto del impuesto inmobiliario como de patente tiene un descuento del 35%, es una oportunidad que deben aprovechar los contribuyentes. Poder aprovechar estos descuentos sería muy importante”, señaló Florencio Galíndez, subsecretario de Ingresos Públicos de Santa Fe.

Desde junio de 2024, no se reparten más boletas físicas. Según Galíndez, “ya están disponibles las partidas de impuesto inmobiliario como así también de patente, tanto en la página del gobierno de la provincia, como así también en el portal de ID Ciudadana y también ahora disponibles en la aplicación Mi Santa Fe”.

Los pagos se pueden realizar a través de Santa Fe Servicios, utilizando únicamente el número de documento y también mediante el portal de Ciudadanía con CUIT y clave. Los contribuyentes pueden abonar con billeteras virtuales, tarjeta de débito o crédito. En este último caso, existe una promoción vigente con el Banco de Santa Fe para abonar el pago total anual en seis cuotas sin intereses.

Además, quienes opten por el débito automático o el pago en cuotas del impuesto inmobiliario recibirán un descuento del 15% en cada cuota. “Cada vez se adhieren más contribuyentes tanto al pago del impuesto anual del impuesto inmobiliario como de patente. La gente ve los beneficios de este descuento, lo aprovecha y por eso paga el total anual”, explicó el funcionario.

La provincia también prevé incentivos para quienes mantienen su situación fiscal al día. “Aquellos buenos contribuyentes del impuesto inmobiliario que no tenían deuda el 31 de diciembre del 2025, tienen un descuento del 20% de las cuotas 1 a 5 y el 100% de la cuota 6. Combinado el beneficio del buen contribuyente y el pago total anual tiene un descuento total del 56%”, detalló Galíndez.

API busca que más contribuyentes adhieran al pago anticipado.

El subsecretario recordó que la ley tributaria permite ajustes en el segundo semestre para las cuotas 4, 5 y 6, y adelantó que también se prevé una actualización del régimen de patente en algún momento de 2026. “Es una posibilidad de tener un beneficio y además cancelar el impuesto total”, agregó.

Con estas medidas, la Administración Provincial de Impuestos de Santa Fe (API) busca que más contribuyentes adhieran al pago anticipado y aprovechen los descuentos, al tiempo que simplifica el acceso a las boletas y las modalidades de pago, facilitando la planificación financiera de las familias y empresas.

Los argentinos deberán trabajar entre 173 y 182 días durante 2025 solamente para cumplir con todas sus obligaciones tributarias, según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Esto significa que recién entre el 22 de junio y el 1 de julio los ciudadanos podrán empezar a generar ingresos "para sí mismos", después de haber destinado la primera mitad del año al pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Este concepto se conoce como “Día de la Independencia Tributaria”, y busca representar de manera gráfica y pedagógica la carga que el sistema impositivo argentino impone sobre los contribuyentes.

“El objetivo del indicador es visibilizar de forma sencilla cuánto del año una persona debe trabajar para cumplir con sus obligaciones tributarias, considerando todos los niveles del Estado”, explicó Nadin Argañaraz, economista y director del IARAF.

Además, agregó: “En un escenario de carga tributaria formal promedio baja, que representa el 47% del ingreso neto del contribuyente, la independencia tributaria se logra el 22 de junio. En cambio, en el caso de una presión tributaria promedio alta, cercana al 50%, ese día llega recién el 1 de julio”.

El estudio contempla una variedad de tributos que afectan directamente al ciudadano común:

En algunos casos, se incluyen también impuestos indirectos, como los gravámenes a los combustibles o al consumo.

“Cuando uno compra comida, usa el celular, carga nafta o paga servicios, está tributando. Muchos de estos impuestos están incluidos en el precio final, por eso se los percibe menos, pero están presentes y afectan el poder de compra”, advirtió Argañaraz.

Desde IARAF remarcaron que Argentina se encuentra entre los países con mayor presión tributaria relativa en comparación con los servicios que ofrece el Estado.

“El problema no es solo cuánto se paga, sino qué se recibe a cambio. En muchos países con presión tributaria similar, los contribuyentes tienen acceso a salud, educación, infraestructura y seguridad de alta calidad. En Argentina, los servicios públicos están lejos de ese estándar y hay problemas estructurales de eficiencia”, explicó el economista.

A su vez, consideró que “la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos y la superposición de tributos en distintos niveles de gobierno generan un sistema opaco e ineficiente”.

El informe también señala que la elevada carga impositiva desincentiva la inversión, desalienta la formalización del empleo y reduce la competitividad. “Es una presión difícil de sostener para muchos sectores productivos. En un país con alta inflación, informalidad y caída del consumo, este nivel de carga tributaria se vuelve un obstáculo”, resumió Argañaraz.

Por último, desde IARAF insistieron en que el “Día de la Independencia Tributaria” no es una crítica al pago de impuestos en sí, sino un llamado a reflexionar sobre la equidad, la eficiencia y la transparencia del sistema tributario argentino.

“El impuesto no es un castigo, es una herramienta de financiamiento del Estado. Pero debe ser justo, bien administrado y equilibrado. Hoy, la sociedad siente que paga mucho y recibe poco. Eso debe cambiar”, concluyó Argañaraz.

El Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe oficializó la prórroga del contrato de vinculación con el Banco de Santa Fe SA como agente financiero, por un período de cinco años. La medida responde a lo estipulado en las bases y condiciones de la Licitación Pública Nº 23/19 y su posterior adjudicación, garantizando la continuidad de la entidad en la gestión de los recursos financieros del Estado provincial.

Como parte del nuevo acuerdo, el banco incrementará el canon anual que abona a la provincia, mejorando los ingresos del Estado en comparación con los últimos cinco años. Además, se introducirá una flexibilización en el régimen de exclusividad, permitiendo mayor libertad en la elección de entidades financieras para determinados servicios.

Uno de los aspectos más relevantes de la renovación contractual es la implementación de nuevas líneas de crédito destinadas a fortalecer el sector productivo y financiero de la provincia. En este marco, el Banco de Santa Fe pondrá en marcha mecanismos de financiamiento dirigidos a pequeñas y medianas empresas, créditos hipotecarios y líneas de financiamiento para la adquisición de equipos por parte de municipios y comunas. Según lo informado, estas herramientas contarán con condiciones más beneficiosas que las vigentes en el mercado financiero actual.

La implementación de estas líneas de crédito se llevará a cabo a través de convenios específicos que definirán las orientaciones y prioridades establecidas por el Gobierno Provincial, garantizando un impacto directo en sectores clave de la economía santafesina.

Otro punto destacado del acuerdo es la incorporación de nuevas facilidades para los contribuyentes santafesinos. A partir de ahora, los ciudadanos podrán abonar sus impuestos a través de la plataforma financiera que elijan, ya sea mediante bancos tradicionales o fintechs. Esta medida apunta a mejorar la accesibilidad y comodidad para los usuarios, adaptándose a las nuevas tendencias en el uso de servicios financieros digitales.

Con esta renovación contractual, la provincia busca consolidar un sistema financiero más dinámico, con mayores beneficios tanto para el sector productivo como para los ciudadanos, asegurando al mismo tiempo un ingreso más significativo para el Estado a través del canon abonado por el agente financiero.

El gobierno de la provincia de Santa Fe ya definió el calendario de vencimientos impositivos de los tributos propios que se darán a lo largo de 2025.

Según esa grilla, el vencimiento tanto de la primera cuota de la Patente Automotor como la del Inmobiliario ya sea Urbano o Rural operará entre el próximo 24 y 28 de febrero. Sin embargo, las liquidaciones estarán disponibles hacia fines de enero o principios del mes próximo.

El dato deberá ser tenido en cuenta por aquellos contribuyentes que tengan posibilidades y deseen aprovechar los beneficios del pago anual del impuesto, o mediante débito automático. Asimismo, para usufructuar las ventajas, si se es "contribuyente cumplidor".

Según confirmaron fuentes oficiales a El Litoral, tanto para la Patente como para el Inmobiliario, si se realiza el "pago total anual" del tributo, se obtendrá una quita del 35%. Dicha cancelación deberá efectuarse antes de que opere el vencimiento en la fecha explicitada previamente.

Asimismo, para el caso del Inmobiliario, si el pago se realiza de manera anual, se evita el pago de la sexta cuota. Finalmente, si se trata de un contribuyente que tiene sus impuestos al día, sumará un descuento de otro 20%.

En síntesis, para el contribuyente que paga el monto anual, obtendrá un 35% de descuento por elegir tal modalidad, no pagará la sexta cuota, evitará el aumento del segundo semestre y si está al día, adicionará otra quita del 20% por cada cuota.

En total, tendrá un descuento neto del 56,7% (asciende a ese porcentaje, si se contabiliza la eximición de la sexta cuota). "La persona que vino pagando al día durante los últimos años y hace su cancelación anual, será la que menos esté pagando de Inmobiliario", se explicó.

Si el pago se realiza mediante débito automático, el descuento será del 15% sobre cada período o cuota cancelada. También accederá al descuento de un 20%, si se trata de un contribuyente cumplidor.

Daniela Bosco, titular del API.

El pago total anual incluye como incentivo adicional que "se congela" el monto del impuesto. Es decir que el contribuyente que haya cancelado en febrero el tributo de manera anual, evitará los aumentos que están proyectos para el segundo semestre de 2025.

En el caso del Inmobiliario, la actualización se calculará de acuerdo con una estimación promedio entre salarios e inflación registrados entre octubre de 2024 y marzo de 2025. Dicha ponderación se traducirá en el aumento que se aplicará sobre las cuotas 4, 5 y 6.

Mientras que en la categoría "Patente", la suba del segundo semestre se obtendrá de la variación del valor del vehículo entre octubre del corriente año y marzo del próximo.

El aumento del segundo semestre no podrá evitarse si los tributos se cancelan a través del débito automático.

Los pagos podrán realizarse a través del home banking y mediante la impresión de la boleta, disponible en la página web del gobierno.

Luego que autoridades municipales de San Lorenzo confirmaran la eliminación de 16 tasas (a la que se sumó la derogación del estacionamiento medido), esta semana dos ciudades más realizaron anuncios similares con el objetivo de aliviar el “peso del Estado” sobre los contribuyentes de esas ciudades.

Se trata de las ciudades de Rafaela y Rosario, quienes confirmaron desde sus ejecutivos municipales la eliminación y reducción de tasas y hasta incluso la derogación de ordenanzas en desuso.

Este martes en el marco de la presentación del Presupuesto para el año próximo, funcionarios del municipio rafaelino anunciaron un plan presupuestario que prioriza inversiones estratégicas sin crear nuevos tributos.

“Este plan, elaborado de manera responsable, no depende de subsidios nacionales, sino que se ejecutará en conjunto con la Provincia, mediante programas como Incluir, Obras Urbanas y Obras Menores. A pesar de un contexto inflacionario complejo, donde el Gobierno Nacional proyecta una inflación cercana al 18%, Rafaela ha ajustado su presupuesto a un índice más realista del 30%”, comentaron.

En Rafaela el municipio avanzará en la revisión de la Ordenanza Tributaria. Se eliminarán tres tasas importantes: remate, abasto y uso de desagües pluviales, así como el arancel de 100 UCM que se cobraba por la búsqueda de planos en el archivo municipal. Foto: Gentileza

Además los funcionarios municipales puntualizaron que no se crearán nuevos tributos.

“Por el contrario, se eliminarán tres tasas: remate, abasto y uso de desagües pluviales, así como el arancel de 100 UCM para la búsqueda de planos en el archivo municipal. También se reducirán en un 50% las tasas de actuaciones administrativas, entre ellas las relacionadas con la libre deuda, certificados de pagos, habilitaciones municipales, libre multa, y otras gestiones contempladas en la Ordenanza Tributaria”.

En este sentido manifestaron que se mantendrán las exenciones fiscales para adultos mayores que cumplan con los requisitos establecidos, y se introducirá un sistema de categorización de contribuyentes basado en su comportamiento fiscal, lo que permitirá optimizar la inversión en el recupero de deudas tributarias.

“También se ofrecerán descuentos por pago único anual, semestral o por adherirse al débito automático, premiando a quienes cumplan con sus obligaciones tributarias”.

Bajo la consigna "Rosario simple, ágil y pujante" y el objetivo de "hacer las cosas más fáciles para el vecino y dar mayores posibilidades para quienes quieren invertir en la ciudad", el intendente Pablo Javkin anunció este martes 1 de octubre un conjunto de cambios normativos para simplificar trámites y fomentar inversiones a partir de la eliminación de trabas burocráticas en el ámbito de la Municipalidad de Rosario.

El conjunto de iniciativas incluye un nuevo capítulo en materia de eliminación de tasas (en el último año ya se redujo la mitad de las tasas vigentes en el municipio), la eliminación de ordenanzas en desuso (se propone revisar todos los años la normativa); la agilización de trámites, simplificación de habilitaciones y agilización de permisos de obra.

"Cada una de las medidas que vamos a anunciar parten de una prioridad: un Estado local que le haga más fácil las cosas a quienes todos los días trabajan para que la ciudad crezca", expresó Javkin en el marco de la presentación desarrollada en el complejo La Fluvial ante referentes de entidades profesionales, empresarias e institucionales de diversos ámbitos de la actividad económica local.

Javkin confirmó la eliminación de tasas y derogación de ordenanzas en desuso. Foto: Gentileza

Sobre el paquete de medidas anunciadas, el intendente explicó que "todas las áreas de nuestro gobierno tomaron una misión que fue revisar absolutamente todo. El municipio hoy tiene vigente 4.812 ordenanzas más algunos decretos ley, y los revisamos a todos, uno por uno, por eso agradezco el trabajo que hicieron todos los equipos", reconoció el mandatario.

En este sentido, el intendente insistió en que "nuestra mayor responsabilidad es posibilitar el desarrollo en la ciudad, con trámites ágiles, con tiempos lógicos, sin requisitos y tasas innecesarias".

158 ordenanzas en desuso, entre ellas:

-La oficina de suministros y almacenes municipales (1949)

-Habilitación de proyección de películas por video cassette

-Guardas para expendio de boletos

-El observatorio municipal de seguimiento permanente y aplicación de la normativa de descanso dominical

-Implementación de la tarjeta magnética de transporte público

-Registro único de clubes del trueque (2002)

-La escuela municipal de embarcaciones de recreo

-Registro de buenos comerciantes y proveedores (2006)

Se establece que la última semana de cada diciembre se revisará

toda la normativa municipal a los fines de ordenarla y generar certidumbre.

Primera etapa: 30 tasas, entre ellas:

-Tasa para la limpieza, desinfección y descarga del baño químico

-Tasa por cada revisión técnica anual de vehículos habilitados

para transporte de sustancias alimenticias

-Tasa de registro de cubicaje de vehículos de transporte de arena

y similares

-Tasa de fiscalización, inspección y otros servicios generales

de ferias

-Catastro provisorio

-Certificado Catastral para Edificación Regularización

-Certificado Catastral para Demolición

Segunda etapa: 10 tasas

-Tasa de liquidación de deudas

-Tasa de suministro de información fiscal sobre rodados

-Tasa de espectáculos para bailes en reuniones familiares

-Tasa de inhumación

-Tasa de desratización para demoliciones

-Tasa de derecho de Acceso a Diversiones y Espectáculos públicos para confiterías bailables (2% de las entradas)

-Tasa Laboratorio de Ensayo de Materiales

-Tasa de actuaciones administrativas sobre trámites de Dirección

de Catastro

-Tasa de servicios de la Dirección de CartografÍa

Compensación automática TGI: cuando un contribuyente de TGI se equivoca y paga por duplicado, ya no tendrá que iniciar un expediente para recuperar lo que pagó en exceso. La compensación será en la siguiente factura, como en las tarjetas de crédito.

La Administración Provincial de Impuestos (API) emitió la resolución 13/2024, mediante la cual se modifica el Régimen de Retenciones y Percepciones del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Cerca de 2.500 micros y pequeñas empresas -según cálculos oficiales- dejan de ser agentes de retención del impuesto sobre los Ingresos Brutos si completan un trámite on line a tal fin. La norma entra en vigencia en la segunda quincena del presente mes.

Con la medida, quedan obligados a actuar como agentes de retención los responsables cuyos ingresos brutos, excluido el impuesto al valor agregado, obtenidos en el año calendario inmediato anterior superen, las sumas de mil doscientos millones de pesos atribuibles a la jurisdicción Santa Fe y de pesos mil quinientos millones ($1.500.000.000) en la totalidad de las jurisdicciones en las que operan. Hasta aquí el monto -tanto para contribuyentes locales como de Convenio Multilateral- ascendía a $160.000.000.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó que "el nuevo piso es nueve veces superior al que regía desde octubre de 2022, lo que beneficiará a 2.500 micros y pequeñas empresas santafesinas que venían estando alcanzadas por esta obligación"; que implicaba una exigencia administrativa y burocrática, que se traducía en un costo adicional para la pequeña empresa.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que "es una medida a favor de las empresas santafesinas que no tiene precedentes. Esto demuestra la vocación y el compromiso que tenemos con los sectores que producen, y nuestra forma de entender la gestión, que es a favor de los buenos contribuyentes, reconociendo el esfuerzo que hacen. Pero no es una medida aislada, forma parte de otras que se están implementando en materia impositiva, en materia de financiamiento, como las lineas de crédito que pusimos en marcha con el programa 'Santa Fe Activa', que son líneas con tasa subsidiada orientada a fortalecer el capital de trabajo y promover la inversión".

Mediante la resolución 14/2024 y con el objetivo de desburocratizar el Estado, API dispuso que el trámite por el cual se gestione el reconocimiento de exención se realice online -clave fiscal mediante- , dejando atrás una modalidad presencial que insumía en promedio 50 hojas de papel y movimientos a través de distintas oficinas de esa administración.

Quienes deseen acceder al trámite deberán contar con CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria), Clave Fiscal Nivel 3, otorgada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y habilitar en el sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el servicio "API - Santa Fe - Padrón Web Contribuyentes Locales". Habilitado el mismo, deberá ingresar a www.santafe.gov.ar/padronweb y seleccionar el Trámite: Impuesto sobre los Ingresos Brutos "Padrón Web Contribuyentes Locales".

Una vez autenticado el contribuyente, se desplegarán las distintas opciones correspondientes al Padrón Web de Contribuyentes Locales referidas al módulo de exención:

La medida anunciada por los ministerios de Economía y Producción se suma a la devolución del impuesto inmobiliario rural a los productores agropecuarios santafesinos, que pagaron total o parcialmente este impuesto durante el año 2022 y 2023, y que se vieron afectados por el desastre agropecuario. De acuerdo a estimaciones del Ministerio de Economía Provincial, la devolución impositiva superará los $ 2.425 millones.

Olivares recordó que "debido a la declaración de desastre agropecuario, resultaban exentos del pago del Impuesto Inmobiliario y muchos ya lo habían abonado total o parcialmente, por esto se establecieron mecanismos para que, por primera vez, puedan aplicar ese saldo a favor a las cuotas de este año e inclusive con el descuento previsto del 35 % en el pago anual".

Además, aquellos que cuenten con este saldo a favor, y que de igual manera abonaron el pago anual 2024, por primera vez Provincia les reintegrará el impuesto por ese pago directamente a su propia CBU con trámite 100% digital.

En concreto el BCRA debió dar marcha atrás con un sistema parecido a un "seguro de cambio" para las empresas, cuyo efecto terminó siendo generar otra bola de deuda, que se suma a los 23 billones de pesos en Leliqs.

Es que la autoridad monetaria le permitía a exportadoras comprar unas letras especiales atadas al dólar oficial, lo que les posibilitaba cubrirse de una eventual devaluación, sin correr riesgo alguno.

El presidente del BCRA, Miguel Pesce, había logrado quitarle presión a los dólares libres dándole a las exportadoras, principalmente petroleras, una especie de "seguro de cambio" a partir de una norma del miércoles pasado ("A" 7892) que les permitía a petroleras, pymes y empresas de consumo, entre otros, acceder a LEDIV (Letras Internas del Banco Central de la República Argentina en dólares liquidables en pesos por el tipo de cambio oficial).

A través de esta operatoria, las exportadoras podían ingresar 50% de los pagos del exterior vía contado con liqui a $840, y la otra mitad al dólar oficial, pero podían comprar LEDIV a precio de dólar oficial ($360), en lo que representaba una especie de bono atado al dólar oficial.

De esta forma, ante una devaluación, las empresas se aseguraban estar cubiertas, sin el costo que tiene cubrirse con dólar futuro.

Por supuesto, los operadores detectaron rápidamente este negocio para las empresas, lo cual hizo que las LEDIV pasaran de un volumen de $2.800 millones el 7 de noviembre a más de US$ 5.000 millones.

A través de la Comunicación "A" 7897, el Banco Central dio marcha atrás y restringió la cantidad de empresas que pueden aprovechar ese "seguro".

Dispuso que ahora sólo podrán aprovechar estas Letras los bancos que tienen depósitos dollar linked, petroleras que hayan aumentado su producción y las pymes importadoras.

La Universidad de Buenos Aires auditará la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, que se inició en julio de 2022 y finalizará el próximo 10 de diciembre.

Así lo informó la oficina de Prensa del Palacio de Hacienda en un comunicado difundido este martes.

En las últimas horas Massa encabezó una reunión para coordinar la transición en las áreas que están a su cargo.

Los secretarios informaron los avances realizados con los enlaces de transición de cinco áreas (Minería, Industria, Agricultura, Economía del Conocimiento y Energía). Las mismas ya iniciaron la transición con los equipos del Presidente electo, Javier Milei.

Para iniciar el traspaso en el resto de las áreas económicas se espera la definición de los enlaces de transición del próximo Gobierno.

Estuvieron en la reunión el jefe de Gabinete de Asesores, Leonardo Madcur; la secretaria de Minería, Fernanda Ávila; y los secretarios de Política Económica, Gabriel Rubinstein; de Hacienda, Raúl Rigo; de Legal y Administrativa, Ricardo Casal; de Finanzas, Eduardo Setti; de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; de Planificación del Desarrollo y Competitividad Federal, Jorge Neme; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo; de Comercio, Matías Tombolini; y de Economía del Conocimiento, Juan Manuel Cheppi.

Además estuvieron presentes el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y secretario de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, Marco Lavagna; el director general de Aduanas, Guillermo Michel; el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto; el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri; el presidente de la Unidad de Información Financiera, Juan Otero; el presidente de Enarsa, Agustín Gerez; el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce, y el vicepresidente de la institución, Lisandro Cleri, y el subsecretario de Análisis y Planificación Productiva, Gabriel Vienni.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) notificó a 2.800 contribuyentes de alto poder adquisitivo para que rectifiquen sus declaraciones juradas de Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2018.

El reclamo fue dirigido a personas humanas que declararon como exentas tenencias sobre las cuales poseen el 100% de su titularidad y que, en su conjunto, superan el mínimo no imponible.

Funcionarios del organismo que conduce Carlos Castagneto detectaron, a través del cruce de datos entre las bases de la AFIP, depósitos de dinero radicados en el exterior que podrían encontrarse en situación fiscal irregular, cuyo valor supera los $61.000 millones.

Según lo informado por la entidad, los contribuyentes alcanzados por la verificación podrían estar sujetos a un potencial ajuste en concepto de impuesto omitido por un monto de $153 millones, incluyendo intereses.

AFIP advirtió sobre una nueva estafa por mail: cómo detectarla y qué cuidados tener

Durante el ejercicio fiscal 2018 tales activos estuvieron sujetos a una tasa de sólo 0,25%. En tanto, a partir del período fiscal 2019 se estableció una alícuota incrementada para aquellos bienes situados en el exterior, mientras que no se verifique su repatriación.

Para el período fiscal 2021, esa alícuota alcanzó el 2,25 % en aquellos casos donde el valor total de los bienes del país y del exterior supere los $18 millones. Si se tiene en cuenta el aumento de las alícuotas, como así también la evolución en la cotización del dólar en los años siguientes, la cifra omitida por el tributo correspondiente a los períodos fiscales posteriores al analizado, podría incrementarse significativamente hasta llegar a los $3.000 millones.

Este procedimiento se suma a los exhaustivos controles realizados por el organismo para detectar maniobras de evasión. De esta manera, la AFIP continúa realizando acciones con el objetivo de profundizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en miras de alcanzar una tributación equitativa conforme la capacidad contributiva de los contribuyentes.

La AFIP adelantó al 23 y 24 de febrero el vencimiento para el cumplimiento de la determinación e ingreso de distintas obligaciones impositivas, que originalmente estaba fijado para 27 y 28 de este mes.

A través de la Resolución General 5323/23, publicada el martes en el Boletín Oficial, el organismo aclaró que “razones de administración tributaria aconsejan adecuar con carácter de excepción las fechas de vencimiento para el cumplimiento de la determinación y/o el ingreso de ciertas obligaciones impositivas cuyo vencimiento original fuera fijado para el 27 y 28 de febrero” de este año.

Así, estableció que el 23 y 24 de febrero -según la terminación de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT)-, serán las fechas de vencimiento para el cumplimiento de las obligaciones de determinación y/o ingreso del Impuesto al Valor Agregado.

Según lo dispuesto, los vencimientos del 23 serán para los CUIT terminados en 6 y 7; los del 24, para los finalizados en 8 y 9. Ese calendario rige para la presentación de la declaración jurada del IVA del régimen general y el ingreso del saldo resultante correspondientes al período fiscal enero de 2023, al igual que para Libro IVA Digital.

Decomisaron más de 110 toneladas de granos sin declarar en camiones en tránsito

También para el ingreso diferido del saldo resultante de la declaración jurada del IVA para micro y pequeñas empresas del período fiscal noviembre de 2022 y presentación de la declaración jurada correspondiente al período fiscal enero de 2023.

La misma decisión se tomó para la presentación de la declaración jurada del IVA para la actividad agropecuaria del período fiscal enero de 2023 e ingreso anual del impuesto correspondiente a ejercicios con cierre el mismo mes.

Además, estableció con carácter de excepción el 24 de febrero como fecha de vencimiento para la determinación y/o ingreso de las obligaciones tributarias con vencimiento original fijado para el 27, para los siguientes impuestos:

– Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS). Ingreso de las percepciones practicadas entre el 16 y 22 de febrero de 2023, ambas fechas inclusive.

– Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias. Ingreso de las sumas percibidas y/o del importe correspondiente al impuesto propio devengado, del período comprendido entre el 16 y 22 de febrero.

– Impuesto a las Entradas de Espectáculos Cinematográficos. Ingreso del gravamen correspondiente a las localidades o boletos entregados entre el 16 y 22 de febrero.

Funcionarios del Ministerio de Economía y técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvieron una serie de reuniones en el Palacio de Hacienda con el fin de analizar el nivel de cumplimiento de las metas de la cuarta revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas, que habilitará un nuevo desembolso de US$ 5.400 millones por parte del organismo.

Las conversaciones están encabezadas por el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores del Ministerio, Leonardo Madcur.

Los equipos técnicos ya están revisando virtualmente los números de la economía en el último trimestre del 2022, el período que comprende la cuarta revisión y, si bien se estima que las metas del programa habrían sido cumplidas, también pondrán énfasis en el panorama que proyectan para el año en curso.

Esta vez no es de la partida el jefe de la delegación del FMI para Argentina, el colombiano Luis Cubeddu, quien mantendría un diálogo virtual tanto con sus técnicos como con los funcionarios del Palacio de Hacienda.

A mediados de enero pasado, el ministro de Economía, Sergio Massa, consideró “Argentina cumplió su programa, pero el Fondo Monetario no está cumpliendo con Argentina en revisar cómo van a compensar a los países que pagaron el costo de la guerra con su economía. Es un problema a resolver”.

A fines del año pasado, el Gobierno estimó en alrededor de US$5.000 millones los costos que la guerra tiene para la economía argentina, por la suba en los precios internacionales del sector energético, los fertilizantes y los fletes, que no alcanzaron a ser compensados por el incremento en los valores de los productos agropecuarios.

Según documentos de trabajo oficiales, las importaciones de combustibles sumaron US$ 5.800 millones en 2022, contra los US$ 2.000 millones proyectados antes del inicio de la guerra, lo que resultó en un incremento neto de US$ 3.800 millones. Además del costo, el aumento del precio de los principales productos básicos hizo que se precisaran más divisas para importar combustibles, entre los que se incluyen los utilizados para el suministro de energía durante 2022.

Otro de los factores que incidieron negativamente fue el aumento, en promedio del 93%, en los precios de los fertilizantes, ya que Argentina importa cerca del 70% de los productos que el campo necesita.

La Administración Provincial de Impuestos (API) prorrogó por treinta días la posibilidad de que contribuyentes de la mayoría de los tributos adeudados puedan adherir al Régimen de Regularización Tributaria que había sido votado en la ley 14.046, sancionada a fines del año pasado y que contiene los principales lineamientos en materia tributaria para el presente ejercicio.

La adhesión a la moratoria vencía este martes, pero ya el viernes pasado el administrador provincial de impuestos, Martín Avalos firmó la resolución 022 extendiendo el plazo en treinta días, tal cual lo estipulaba la mencionada ley.

La moratoria abarca Impuesto sobre los Ingresos Brutos; Inmobiliario Urbano, Suburbano y las mejoras no denunciadas oportunamente; Inmobiliario Rural; Sellos; Contribución de Mejoras; impuestos a las actividades hípicas – Ley N° 5317; g) Patente Única sobre Vehículos; Tasa Retributiva de Servicios; Aportes al Instituto Becario; impuesto sobre las Embarcaciones Deportivas o de Recreación, aportes sociales ley 5.110 y también el Impuesto especial previsto en el artículo 2 de la Ley N° 13.582 que comprende los blanqueos de bienes superiores a $ 305.000.

En cambio, la moratoria no incluye a los contribuyentes con proceso penal abierto por delitos tributarios referidos a impuestos provinciales, agentes de recaudación del sistema denominado SIRCREB, por las retenciones o percepciones practicadas o no así como agentes de retención y/o percepción por los importes que hubieren retenido o percibido y que no fueron ingresados al fisco, multas y cualquier otro concepto.

Los contribuyentes pueden regularizar sus deudas con el fisco a través de la página web del gobierno provincial o en forma presencial en oficinas de API “cuando así corresponda por la situación de la actuación administrativa, judicial, o de fiscalización pertinente”.

La resolución de API establece que el pedido de liquidación de deudas vencerá el 28 de junio cuando las liquidaciones deban ser gestionadas en oficinas de API o en municipios y comunas, mientras que será el 29 de junio cuando las liquidaciones se generen en la web.

En API se estima que la adhesión llegaría a los dos mil millones de pesos admitiendo que hay muchas deudas de patentes cuyo pago se tramita en el distrito donde está radicado el vehículo y cuya gran parte del pago queda en el municipio. En tanto, otra deuda importante es Ingresos Brutos, se señaló a El Litoral.

En tanto, el Servicio de Catastro e Información Territorial de la Provincia de Santa Fe recordó que está vigente el plazo de adhesión a la moratoria destinada a aquellos contribuyentes que hayan realizado construcciones y aún no las hayan declarado ante este organismo. Esta moratoria está abierta hasta el 30 de septiembre y alcanza a los propietarios que tengan construcciones no declaradas, estableciéndose beneficios para quienes se presenten espontáneamente a realizar la declaratoria.

Para incorporarse al régimen de la moratoria, el contribuyente deberá presentarse personalmente en las oficinas de Catastro o bien en el municipio o comuna donde se encuentre radicado el inmueble.

La declaración de construcciones no registradas, en el marco de la Moratoria Ley 14.069, no tendrá efectos tributarios para periodos fiscales anteriores al 2020, y por el contrario, la no presentación espontanea en el marco de la presente moratoria, implica que el SCIT continúe con el programa de detección de construcciones, incorporando las mismas de oficio con las incidencias tributarias y penalidades vigentes.

El diputado Alejandro Boscarol (UCR – Juntos por el Cambio) ingresó un proyecto de ley para modificar la vigente ley de coparticipación de la provincia de Santa Fe, especialmente en la distribución de los recursos que envía el gobierno nacional.

La moratoria alcanza a los propietarios que tengan construcciones no declaradas y establece beneficios para quienes se presenten espontáneamente a realizar la declaratoria.

La declaración de construcciones no registradas no tendrá efectos tributarios para períodos fiscales anteriores al 2020.

Por el contrario, la no presentación espontánea en el marco de la moratoria, implica que el Servicio de Catastro “continúe con el programa de detección de construcciones, incorporando las mismas de oficio con las incidencias tributarias y penalidades vigentes”, indicaron los voceros.

Para la presentación de las declaraciones Catastro posee oficinas en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Reconquista y Venado Tuerto, mientras que en las otras localidades los contribuyentes deben concurrir al municipio o comuna donde se encuentre radicado el inmueble.

Unos 32.746 contribuyentes recibieron intimaciones por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por una gama de inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas tales como valuación de inmuebles en el exterior, uso de facturas apócrifas, liquidaciones de granos no declaradas y la falta de presentación de declaraciones juradas referidas a rendimientos financieros. Las inconsistencias se detectaron a partir de las fiscalizaciones electrónicas automáticas, que son verificaciones y controles no presenciales que se basan en información de distintas bases de datos para detectar el eventual incumplimiento tributario, explicaron fuentes vinculadas al tanto de las intimaciones. A raíz de falta de respuestas en las fiscalizaciones, la AFIP intimó a 32.746 contribuyentes para que procedan aclarar las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas, confirmaron fuentes del organismo recaudador. Las principales razones por las cuales se iniciaron fiscalizaciones electrónicas están vinculadas a la falta de presentación del Impuesto Cedular, liquidaciones de granos no declaradas, subvaluación de inmuebles en el exterior en las declaraciones juradas de Bienes Personales y utilización de facturas apócrifas. También se detectaron rendimientos no declarados por diversas inversiones financieras en el Impuesto a las Ganancias, acreditaciones del exterior no declaradas y falta de declaración de contratos de arrendamiento. Los datos de la AFIP muestran un elevado nivel de respuestas de los contribuyentes a estas fiscalizaciones, que fueron rectificando declaraciones juradas y cumplieron la pretensión fiscal. No obstante, el organismo identificó a un grupo de contribuyentes que no cumplieron con los requerimientos o que no se allanaron a la pretensión fiscal. La herramienta es utilizada por la AFIP que conduce Mercedes Marcó del Pont, y a lo largo de los últimos dos años, los ingresos generados por la herramienta automática superan los $ 4.500 millones en casi dos años. Las notificaciones enviadas este lunes por el organismo representan el paso previo al inicio de las acciones de fiscalización presencial que, ante la persistencia de los incumplimientos por parte de los contribuyentes, permitirán profundizar en el análisis de las inconsistencias identificadas. Las misivas enviadas por la AFIP al Domicilio Fiscal Electrónico de los contribuyentes incumplidores recuerda la vigencia hasta el 15 de marzo de 2022 de la moratoria establecida por la Ley de Alivio Fiscal. El plan de regularización permite incluir obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas al 31 de agosto de 2021. La herramienta ofrece un avance tecnológico en materia de fiscalización para abordar distintas maniobras que afectan la recaudación, y el mecanismo permite realizar fiscalizaciones de amplio alcance a partir de distintas fuentes de información que, en la mayoría de los casos, no requieren ningún tipo de información adicional de los contribuyentes.

Con información de Télam