El elenco de ministros, secretarios de Estado y directores de empresas del Estado Provincial que necesita resolver trabajos mediante la contratación transitoria de recursos humanos deberá sortear un nuevo "filtro". Cada uno de esos trámites deberá ser puesto "en conocimiento" del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia. Más aún, tampoco esos altos funcionarios podrán renovar los contratos vigentes sin darle vista al ex diputado provincial.

El decreto 220 del 29 de febrero fue publicado este martes 5 en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe, con la firma del gobernador Maximiliano Pullaro y ese ministro. En uno de sus artículos, deroga un artículo de un decreto de Omar Perotti (el 7mo del 099, de febrero de 2021), que hacía lo contrario: delegar en esos altos funcionarios las contrataciones, en plena pandemia.

Es interesante leer los fundamentos de la decisión, que implica para cada uno de los dueños de los despachos con más poder en la órbita del Poder Ejecutivo tener que mostrar sus expedientes de contratación al ministro Bastía. Entre otros argumentos se sostiene que "es de público conocimiento que el contexto económico actual determina que es preciso que las autoridades realicen el mayor esfuerzo en orden a controlar el gasto público, de forma tal que las erogaciones que se generen encuentren efectivamente su causa en necesidades concretas y comprobadas".

Y que "la contratación pública de recursos humanos no escapa a dicha premisa, puesto que resulta evidente que la situación crítica que atravesamos, demanda una mirada integral de toda la Administración, tanto centralizada como descentralizada, a la hora de autorizar un gasto de este tipo, de manera de racionalizar el ingreso y ocupar los lugares en los que efectivamente resulte necesario sumar personal para cumplir las funciones estatales".

La medida indica en su artículo primero "Revócanse todas y cada una de las delegaciones de facultades propias del Poder Ejecutivo Provincial existentes en favor de los señores Ministros, Fiscal de Estado, Secretarios de Estado y demás funcionarios y organismos jerárquicamente subordinados relacionadas con la designación, contrataciones y renovaciones de contrataciones de personal, encuadradas en el articulo 8° y 9° de la Ley N.º 8525; en el art. 169 de la Ley N.º 12.510 como así también contratos de locación de servicios personales enmarcados en convenios específicos que se encontraren vigentes".

Y el segundo, "Dispónese que a los fines de lo establecido en el artículo anterior, las máximas autoridades de cada una de las jurisdicciones que integran la Administración descentralizada, incluyendo entidades autárquicas, empresas y sociedades del Estado provincial que por sus leyes orgánicas de constitución y funcionamiento posean atribuciones para realizar contrataciones, deberán dar conocimiento de las mismas al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública".

Mediante el decreto N° 38 del pasado 13 de diciembre, el Poder Ejecutivo ordenó suspender designaciones y contratos celebrados durante los últimos meses de la gestión de Omar Perotti y que puedan transgredir la Ley de Responsabilidad Fiscal, siempre que las personas afectadas no hayan tenido previamente una vinculación jurídica de empleo público o contractual con la Administración Pública Provincial.

La suspensión implicará que los agentes aludidos cesarán en el desempeño de sus tareas y no cobrarán salarios hasta que se resuelva la situación. Previo a la suspensión, la persona deberá ser notificada y otorgársele una vista de tres días hábiles "para que expresen lo que consideren conveniente".

El decreto también plantea constituir una comisión de revisión que, durante sesenta días, estudiará cada una de las designaciones efectuadas desde junio a diciembre. Ello, sobre la base de que la normativa vigente impide que seis meses antes de concluir la gestión, los gobernantes de turno realicen nombramientos o contrataciones que pudiesen incrementar el gasto público. La comisión se conformará en el ámbito del Ministerio de Economía y estará integrada por el titular de la Sindicatura General, el Fiscal de Estado, la Secretaria Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno, y la Subsecretaria de Recursos Humanos y Función Pública. Podrá proponer la revocación de los actos administrativos o extinción de contratos que se consideren ilegítimos o contrarios al ordenamiento jurídico vigente, y proyectar los actos que resulten necesarios a tales fines. También, proceder al análisis de actos administrativos o contratos emitidos o celebrados con anterioridad a la fecha citada (junio de 2023) "cuando se detecten vicios de ilegitimidad susceptibles de incidir en su validez".

Por decreto del gobernador Maximiliano Pullaro, quedaron suspendidos los nombramientos.

Asimismo, tendrá a su cargo la revisión de los actos administrativos citados y que dispongan "designaciones de personal en carácter permanente o en carácter de titulares en cargos subrogados, el otorgamiento de nuevos suplementos y la contratación de servicios de personal en carácter transitorio afectando cargos vacantes de la planta permanente, temporaria y contratada y horas cátedra de la Administración Pública".

En los considerandos del decreto se sostiene que es "imprescindible revisar los actos administrativos y contratos referidos; y analizar su legitimidad y adecuación al ordenamiento jurídico administrativo vigente".

La comisión revisora analizará las asignaciones de funciones de mayor jerarquía en tanto se dispone la suspensión de la realización de nuevos llamados a concurso para la cobertura de cargos vacantes y de todas las convocatorias en marcha, que no se encontraren concluidas con las correspondientes designaciones resultantes del proceso selectivo, y correlativa toma de posesión de los designados".

El decreto plantea que los titulares de las áreas respectivas evaluarán los casos en los que puedan proceder jurídicamente "a la rescisión unilateral de los contratos de locación de servicios personales vigentes en su ámbito de competencia, cuando se verifique que no ha existido efectiva prestación de servicios, existan incumplimientos de los términos contractuales pactados o el plazo de vigencia del vínculo contractual se superponga con el desempeño del contratado en funciones de carácter político".

Ministros y secretarios, asimismo, deberán analizar en sus respectivas áreas las asignaciones de funciones de mayor jerarquía provenientes del otorgamiento del Suplemento por Subrogancia.

Por otro decreto, el Ejecutivo resolvió dejar sin efecto las adscripciones y comisiones de servicio de los agentes pertenecientes a cualquier área, que estén bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, pero asignados a las cámaras legislativas, Tribunal de Cuentas y Defensoría del Pueblo. Tales agentes deberán reintegrarse a sus funciones originales.

El Gobierno estudia el marco jurídico aplicable para suspender la vigencia de la Ley de Alquileres que a menos de dos años de su puesta en vigor dio como resultado un aumento del precio de las locaciones a causa de una contracción de la oferta de inmuebles.

La decisión se habría tomado durante un encuentro entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, en el que se analizó este tema como una cuestión prioritaria.

La Ley, que fue aprobada en noviembre de 2019 y entró en vigencia siete meses después, estableció una serie de condiciones que llevó a los dueños de departamentos a optar por no poner su propiedad en alquiler.

Entre los puntos más cuestionados es la extensión del plazo de vigencia de los contratos a tres años, la forma de actualización anual del valor de los alquileres, y la aplicación de un índice para establecer esos aumentos.

Los obstáculos y riesgos que pasaban a correr los propietarios hicieron que estos decidieran quitar sus inmuebles del mercado e incluso en muchos casos los pasaran a alquileres temporales, donde la ley no tiene injerencia.

La norma comenzó a mostrar sus falencias a poco de su implementación y en consecuencia distintas fuerzas políticas presentaron en el Congreso decenas de proyectos para modificarla, pero nunca se alcanzó el consenso necesario.

Productores lecheros santafesinos, junto a varias entidades con las que conformaron una Mesa de Coordinación de Producciones Específicas, solicitaron una audiencia al ministro de Economía, Sergio Massa, para plantearle el impacto que tiene en la gestión de las empresas agropecuarias el incremento de las cotizaciones agrícolas, particularmente en los arrendamientos que pagan muchos empresarios del sector.

En una nota -también dirigida al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo; al secretario de la Unidad de Coordinación Federal Operativa Agropecuaria, Jorge Solmi; y al secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini-, la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (MeProLSaFe), la Confederación General de la Producción, la Cámara Argentina de Pequeños y Medianos Productores Porcinos, la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado Central de Buenos Aires y la Sociedad Rural de Córdoba mencionan que la guerra en el Este europeo y el llamado dólar soja “han desequilibrado no solo a nuestras actividades productivas”. Y especificaron que “afectan con creces el incremento de los valores de arrendamientos rurales que estamos pagando”.

En la carta, rubricada en Arrecifes, donde los firmantes realizaron una asamblea, las entidades recuerdan que la problemática fue planteada a Solmi, tras lo cual acordaron presentar “alternativas de solución” para “poner en equilibrio a las distintas actividades agropecuarias en general como así también, para la competencia por el uso de la tierra”.

El objetivo ulterior, dicen, es “ofrecer productos a los consumidores acorde a los salarios actuales, disminuir la inflación, incrementar ocupación de mano de obra formal, producción y exportaciones, compatibilizando los intereses de los productores, procesadores, consumidores, en consonancia con lo que entendemos son los Objetivos de la Política Económica del Gobierno Nacional”.

Al respecto, la presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Victoria Moncada, detalló que “el incremento del precio internacional de los cereales, que tuvo como origen la invasión rusa a Ucrania, se vio impactado por la medida del dólar soja”. A raíz de esto, se produjo “un desequilibrio” no sólo en la administración cotidiana de las empresas “sino, específicamente, en el valor de los arrendamientos rurales, es decir, en obligaciones preexistentes que tienen los productores”.

La dirigente sostuvo que más del 50% de la producción se realiza en campos alquilados. Y señaló una contradicción, ya que el mismo decreto que creó el PIE (Programa de Incremento Exportador) establece además un fondo para “atender a programas que estimulen la producción y el desarrollo de pequeños y medianos productores de las economías regionales, que hoy se encuentran afectados por la medida”.

También remarcó que la enmienda que hizo el gobierno sobre la imposibilidad de aplicar el dólar soja en arrendamientos es inviable, ya que los contratos están establecidos a valor de pizarra. Y por ello consideraron “una herramienta fundamental” la aplicación de la “Teoría del esfuerzo compartido” para interpretar los contratos de alquiler y poder mantener la ejecución de los contratos. “Debemos tener en cuenta que los contratos están hechos para cumplirse de buena fe, y es a eso a lo que debemos apelar”, sostuvo, y dijo que hoy un arrendador está exigiendo “el pago del contrato a valor dólar soja a quien no gana en dólar soja”. Y si bien el contrato es preexistente, cuando el arrendatario acredite la imposibilidad de cumplir “no deberá pagar en dólar soja”. Y si bien no hay intención de judicializar estos conflictos, Moncada indicó que se busca “frenar la escalada de conflictividad, poniendo a disposición de los productores que atraviesen esta situación el Centro Judicial de Mediación de la Sociedad Rural de Córdoba.