Un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) derivó en el secuestro de mercadería de contrabando valuada en más de 265 millones de pesos en la ciudad misionera de Puerto Iguazú. El procedimiento fue realizado con colaboración de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en un control vehicular de rutina.

Los efectivos interceptaron un camión que transportaba encomiendas y carga general. Al solicitar la documentación correspondiente, el chofer presentó comprobantes irregulares, lo que despertó sospechas sobre una posible infracción al Código Aduanero (Ley 22.415).

El Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú autorizó el traslado del vehículo para realizar una inspección más profunda. Con la ayuda de un escáner, se detectaron bultos compatibles con mercadería de origen extranjero, sin respaldo legal.

En total se contabilizaron 210 encomiendas. Entre los productos secuestrados se encontraban artículos de bazar, calzado, indumentaria, electrodomésticos, blanquería, consolas de videojuegos, juguetes y una gran cantidad de dispositivos electrónicos, como smart TVs.

Según el informe oficial, el valor estimado de la carga incautada supera los $265 millones. La magnitud del cargamento y su diversidad evidencian una clara finalidad comercial, por lo que la Justicia considera que se trata de un delito de contrabando.

La totalidad de los productos fue puesta a disposición del juzgado interviniente, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades penales y eventuales conexiones con redes más amplias de contrabando.

El operativo se enmarca en las acciones de control que el Ministerio de Seguridad de la Nación lleva adelante para combatir el tráfico ilegal de mercadería en las zonas de frontera, especialmente en los pasos críticos del norte argentino.

Un operativo conjunto, personal de la Prefectura Naval Argentina y del Grupo Operativo Conjunto de Lucha contra el Narcotráfico del Noreste Argentino (GOC-NEA) impidió el ingreso ilegal de ampollas de fentanilo en la ciudad de Posadas, Misiones.

El procedimiento se inició cuando efectivos de la Prefectura realizaban tareas de vigilancia nocturna y detectaron, a través de visores especiales, el cruce de una embarcación proveniente del Paraguay que, tras arribar a la costa argentina del río Paraná en la zona conocida como "Costero de Gurapá", retornó a su país de origen.

Ante la presunción de encontrarse frente a un hecho delictivo, personal de la Autoridad Marítima nacional, acompañado por integrantes del GOC-NEA, se dirigió al lugar y halló un bulto abandonado en la ribera.

Como resultado de la requisa, se decomisaron 300 ampollas de vidrio de fentanilo de 0.05 mg/ml, de solución inyectable, rotuladas con la leyenda “Prinosil”.

El cargamento, cuyo valor es supera los 60 millones de pesos, quedó secuestrado por orden de la Fiscalía Federal N° 2 de la Ciudad de Posadas, a cargo de la Dra. Silvina Flavia Gutiérrez.

La expulsión del entrerriano Edgardo Kueider del Senado, tras haber sido detenido en Paraguay con U$S 200 mil dólares sin declarar y ser acusado de contrabando, fue el sorpresivo resultado de una sesión en la que se discutía si tomar esa medida o limitarla a una suspensión. La sesión se vio atravesada por un fuerte debate político de especulaciones y acusaciones cruzadas vinculadas al hecho de que la banca del legislador, votado en la boleta del kirchnerismo pero últimamente alineado con La Libertad Avanza, pasará a ser ocupado por una integrante de La Cámpora, y modificará la relación de fuerzas en contra del oficialismo. Pero, de manera también inesperada, la discusión posterior viró a la validez de la reunión, considerando que durante su desarrollo fue presidida por Victoria Villarruel, que en ese momento debió estar a cargo del Poder Ejecutivo nacional, con el presidente Javier Milei en viaje hacia Italia.

Este viernes, Kueider había solicitado a la Justicia que se declare inválida la sesión, alegando que Victoria Villarruel se encontraba a cargo del Poder Ejecutivo, ante la ausencia de Javier Milei, y no podría presidir el Senado. En la mañana de este lunes, la defensa del senador de Entre Ríos amplió la medida cautelar, agregando declaraciones radiales del Presidente, en donde asegura que la sesión es "inválida".

Edgardo Darío Kueider, ex senador nacional por la provincia de Entre Ríos. Archivo El Litoral

Desde la defensa de Kueider, señalaron que esa "manifestación pública" fue una "confesión expresa extrajudicial", y agregó: "No puede rebatirse en este proceso en forma alguna que Victoria Villarruel ejercía el cargo de presidente al momento de los hechos denunciados". Al día siguiente de la destitución, desde Casa Rosada, capturas de chat de por medio, afirmaron haberle comunicado a la vicepresidenta de la Nación que el jefe de Estado estaba partiendo hacia Italia.

El escrito, de 43 carillas, señala como momento clave el cuarto intermedio que hubo a las 15.08, antes de la votación del Senado. "Ese cuarto intermedio genera la suspensión de la asamblea y fracciona la continuidad del acto. Ante ello, si bien al inicio de la sesión la misma es válida y durante su primera parte la Sra. Villarruel actuó en una solución de continuidad, el cuarto intermedio opera como una interrupción del acto originario y de esa solución de continuidad", planteó el abogado.

También, en esta segunda presentación, desde que la Cámara alta aprobó la remoción de Kueider por unanimidad, fueron contempladas las expresiones de Milei respecto a que la sesión fue "inválida", quien también señaló que "se podría hacer nuevamente" y que "la escribanía interactuó" con la secretaria de la presidenta del Senado.

Villarruel presidió la sesión de la expulsión de Kueider con Milei en el exterior y el presidente la calificó como "inválida".

La discusión formal sobre la situación de Kueider se cifra en que su expulsión no corresponde, porque la sesión era inválida, y la sesión era inválida porque Milei estaba fuera del país. Esta afirmación se basa a su vez en la premisa de que una vez que el Presidente sale del país, el vicepresidente automáticamente queda al frente del Poder Ejecutivo, aunque el acta de traspaso del poder la firme más tarde. Y que, con acta o sin acta de transferencia formal del mando (el escribano la llevó para la firma de la vice a las 19, después de la sesión), Villarruel estaba al frente del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, para muchos, como el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala, eso tampoco inhibe a Villarruel de presidir la sesión del Senado, porque no vota (excepto en un caso de empate, como fue con la ley Bases, pero no en este caso).

La votación para expulsar a Kueider.

Pero más allá de la validez o no de la sesión, otro punto central del debate formal tiene que ver con las garantías de Kueider, es decir, si se siguió el debido proceso. La pregunta que se hace al respecto es si, más allá de la "flagrancia", se puede expulsar a un legislador sin darle la oportunidad de que haga su descargo.

Algunas respuestas a estas cuestiones pueden encontrarse en los antecedentes, sin que sirvan como definición categórica y aplicable a todos los casos. Pero habilitan un repaso.

El antecedente más inmediato es el del diputado Juan Emilio Ameri, a quien se resolvió expulsar luego de que, durante una sesión a mediados del 2020, que estaba realizándose en formato virtual a raíz de la pandemia de covid-19, quedó escrachado por realizar "exhibiciones obscenas" junto a su mujer, a quien le besó los pechos creyendo que la cámara estaba apagada. Ameri no llegó a ser echado, sino que renunció a su banca.

El 25 de octubre de 2017, el entonces diputado nacional Julio de Vido fue desprovisto de sus fueros en una sesión en la que los miembros de su bloque, el Frente para la Victoria, se ausentaron mayoritariamente, mientras que seis votaron a favor. La votación ocurrió ocho días después de que una Cámara Federal ordenara su detención por la causa de presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos vinculados a Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

En 2005, el Senado suspendió a Raúl Ernesto Ochoa hasta el final de su mandato en diciembre de ese año. La medida se basó en que había votado dos veces en las elecciones celebradas el 14 de octubre de 2001, y a la espera de que la Justicia deje firme la sentencia.

En tanto, la diputada Norma Ancari de Godoy también estuvo a punto de ser expulsada, pero renunció a su banca el 8 de abril de 2002. La bonaerense había amenazado de muerte a un dos integrantes de un programa televisivo, según quedó grabado en imágenes, en inmediatamente la comisión de Asuntos Constitucionales dictaminó la exclusión del cuerpo de la diputada por "desórdenes de conducta".

En 1995, el diputado Eduardo Varela Cid fue sancionado por corrupción tras haber admitido que pidió coimas a empresarios postales a cambio de cambiar artículos clave de la controvertida ley de privatización del Correo argentino. En este caso tampoco se le aplicó la expulsión, sino una suspensión hasta el final de su mandato.

En 1988, el diputado bonaerense carapintada Horacio Cambareri usó los medios institucionales de la Cámara baja para manifestar su apoyo a la sublevación militar en Monte Caseros, liderada por Aldo Rico contra el Gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. Su actitud fue calificada como "desórdenes de conducta" y fue suspendido sin goce de dietas solamente por tres sesiones.

La Cámara baja también declinó los pliegos de los diputados nacionales electos Antonio Domingo Bussi por Tucumán (en 1999) y Luis Abelardo Patti por Buenos Aires (en 2005) dado que estaban implicados en causas por delitos de lesa humanidad. Pero en estos casos no fueron expulsados ni suspendidos, sino que se les impidió asumir.

El 18 de abril 1991, el diputado catamarqueño Ángel Luque fue expulsado por "indignidad moral" por afirmaciones vertidas en una entrevista periodística vinculada a la desaparición de la joven María Soledad Morales, cuando su hijo Guillermo quedó detenido y acusado de participar en el homicidio. "Un padre siempre va a proteger y a encubrir a su hijo, cualquiera sea su condición social. Y yo tengo el suficiente poder y la estructura como para que ese cadáver, si lo hubiera matado mi hijo, no apareciera nunca más", había expresado Luque.

En las últimas horas efectivos de la Sección Seguridad Vial "Avellaneda", dependientes del Escuadrón Seguridad Vial "San Justo", efectuaban controles de prevención vial sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 797, cuando detuvieron la marcha de un automóvil, ocupado por dos hombres, que circulaban desde la ciudad capital de Formosa con destino final la ciudad de Santa Fe.

Al registrar el rodado, una falla en los levanta cristales delanteros alertó a los gendarmes, que determinaron la realización de una inspección minuciosa a través de la cual detectaron ocultos en las puertas y otros sectores, 750 baterías de telefonía móvil, 9 pines de carga, 145 módulos de teléfonos de distintas marcas.

Intervino el Juzgado Federal de Reconquista que orientó el secuestro del vehículo y de la mercadería en infracción a la Ley 22.415 del "Código Aduanero". Asimismo, indicó que el involucrado permanezca supeditado a la causa.

Por otra lado, personal dependiente del Escuadrón 65 "Córdoba", realizó un operativo de prevención sobre el kilómetro 758,5 de la Ruta Nacional Nº 9 en el que inspeccionó un vehículo particular conducido por un ciudadano que se dirigía a la provincia de La Rioja.

Al momento del control del interior del rodado, los uniformados hallaron 30 dispositivos móviles de primera marca sin documentación, acondicionados dentro de una caja.

Ante esta situación intervino AFIP-DGA, delegación Córdoba que orientó el decomiso de los teléfonos celulares por presunto contrabando.

En el marco de investigaciones lideradas por el Ministerio de Seguridad para combatir el contrabando en áreas fronterizas, la Gendarmería Nacional llevó a cabo dos operativos en las provincias de Corrientes y Misiones, resultando en el decomiso de neumáticos y mercaderías sin documentación legal valuada en 211 millones de pesos.

El primer operativo, realizado por el Escuadrón 50 "Posadas" de Misiones, interceptó dos transportes de larga distancia provenientes de Posadas con destino a Santa Fe. Durante la inspección, se encontraron 87 neumáticos de distintas marcas, prendas de vestir, calzado, así como productos de bazar y electrónica, sin aval aduanero, valuados en $ 202.605.750.

Los neumáticos decomisados. Crédito: Gendarmería Nacional.

En otro operativo, el Escuadrón 47 "Ituzaingó" de Gendarmería Nacional, bajo la orden del Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes, abrió 113 encomiendas retenidas, revelando 141 neumáticos, 40 ventiladores y ocho termos de acero, también sin aval aduanero, valuados en $8.489.184.

Los electrodomésticos incautados. Crédito: Gendarmería Nacional.

Los magistrados de Posadas y Corrientes ordenaron el secuestro de la mercadería en infracción a la Ley 22.415 "Código Aduanero", tras concluir las diligencias correspondientes.

Un ciudadano japonés que llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, fue descubierto por la Aduana al ingresar al país con monedas, lingotes de platino, monedas de colección y detectores de radiación.

Esta maniobra fue considerada como una transgresión al Régimen de Equipaje, y los artículos valuados en $114 millones fueron secuestrados, con la posibilidad de enfrentar una multa superior a los $342 millones de pesos.

La Dirección General de Aduanas llevó a cabo el proceso de control cuando los agentes del organismo realizaron preguntas habituales al ciudadano japonés.

Inicialmente, el pasajero mencionó tener algunas monedas, pero al pasar su equipaje por el escáner, el personal de la Aduana notó que la carga era mucho más extensa de lo que el hombre había indicado. Las imágenes reveladas por el escáner mostraron una gran cantidad de pequeños bultos.

Ante esta situación, el equipo de verificación decidió realizar una inspección exhaustiva de las valijas, descubriendo 327 lingotes de platino, 18 monedas de platino, tres monedas doradas de colección de considerable valor histórico y patrimonial, y cinco detectores de radiación nuevos.

La transgresión al artículo 977 del Código Aduanero llevó al secuestro de la totalidad de la mercadería, valuada en $114.059.961. La multa por esta infracción podría superar los $342.000.000.

En el marco de la lucha contra el narcotráfico que encabeza el Ministerio de Seguridad de la Nación, y como consecuencia de sus políticas referidas a la investigación e inteligencia criminal, la Gendarmería Nacional Argentina detuvo en la provincia de Misiones a una pareja que transportaba casi 100 kilos de marihuana y mercadería de contrabando. Además, y como resultado de un allanamiento, una tercera persona que formaba parte de una asociación ilícita fue apresada.

El procedimiento comenzó cuando efectivos de la Sección “Jardín América”, dependiente del Escuadrón 11 “San Ignacio”, detuvieron la marcha de un vehículo que circulaba por la Ruta Nacional 12, a la altura del acceso a la localidad Gral. Urquiza. Al momento de solicitar la documentación del automóvil e identificar a sus ocupantes (un hombre y una mujer), el personal de la GNA observó un bolso, una valija y bultos en el sector del baúl y en los asientos traseros, los cuales se encontraban rebatidos, y percibió un olor característico a marihuana.

Con intervención del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá, los gendarmes profundizaron la inspección en presencia de testigos, incautando un total de 125 paquetes rectangulares que contenían 98,700 kilogramos de la sustancia antedicha. Asimismo, también se pudo constatar que los involucrados transportaban mercadería de origen extranjero que carecía de aval legal (dos aires acondicionados, dos cámaras de seguridad, un ventilador y una cocina tipo anafe) y $371.000.

Cabe destacar que las consultas efectuadas por la Fuerza Federal acerca de los antecedentes del conductor del vehículo arrojaron como resultado un pedido de captura activo por “estafas reiteradas”. A raíz del procedimiento, entonces, la autoridad judicial interviniente dispuso el allanamiento de un domicilio ubicado en Puerto Piray, donde se secuestraron dos balanzas de precisión, teléfonos celulares y $174.000. Allí, un tercer involucrado fue apresado.

La Dirección General de Aduanas desveló y denunció un caso de contrabando de combustible valuado en $2.600 millones en la frontera con Paraguay. Esta operación ilegal se habría llevado a cabo en Clorinda, provincia de Formosa, mediante pasos fronterizos no autorizados.

Los funcionarios aduaneros identificaron a destinatarios de camiones cargados con gasoil y nafta que residían en localidades cercanas a Formosa, y constataron que carecían de recursos económicos para justificar la compra de grandes cantidades de combustible.

La maniobra implicaba la adquisición del insumo a través de compradores ficticios con el propósito de transportar el combustible de manera discreta hasta localidades fronterizas sin llamar la atención de las fuerzas de seguridad, según informó la Aduana en un comunicado.

Posteriormente, cerca de la frontera, el combustible era transferido a tanques cisternas a través de estaciones de servicio no identificadas y transportado a propiedades situadas en las cercanías del límite con Paraguay.

Ante el descubrimiento de esta operación, la Aduana presentó una denuncia en la Justicia Federal, alegando cargos de asociación ilícita y lavado de activos, de acuerdo con la información oficial.

De los casi 40 allanamientos realizados a empresas y un grupo de personas de diferentes provincias del país, uno fue ordenado en la localidad de Murphy, siendo la Policía Federal Argentina (PFA) la encargada de desarticular una organización que llevaba a cabo maniobras de contrabando y lavado de activos. De esa manera, habrían perjudicado a las arcas del Estado en una suma superior a los USD 200.000.000.

La investigación fue llevada adelante por los detectives del Departamento Delitos Fiscales de la PFA sobre 180 domicilios de empresas y personas físicas. Así, lograron dar con una red de firmas y personas física vinculadas entre sí, las cuales se dedicarían, en primer lugar, a efectuar maniobras de contrabando de mercadería declarada como ácido oleico y, posteriormente una triangulación internacional del dinero obtenido, para darle apariencia lícita.

La investigación comenzó en noviembre del año 2021, a través de una serie de denuncias, por los delitos de contrabando y lavado de activos, realizadas por PROCELAC y por la Dirección de Investigaciones de la Dirección General de Aduanas.

Entonces, informaron a la Justicia que un grupo de personas estarían operando con empresas que se encuentran en funcionamiento y otras “fantasmas”, cuyo fin era exportar subproductos oleaginosos (ácido oleico, ácido graso, entre otros) mediante mecánicas de triangulación nociva de facturaciones.

Todo ello tenía dos objetivos, en primer lugar, obtener un beneficio económico mediante una diferencia de valor FOB entre la Aduana de nuestro país y la Aduana de la República de Chile y, por otro lado, dar apariencia de licitud a ese dinero producto de la maniobra de contrabando, mediante una triangulación financiera con firmas radicadas en Estados Unidos.

Red de empresas

Tal organización se encontraba compuesta por al menos 45 personas y 19 empresas. Entre ellas, fue evidente para los investigadores, notar que algunas firmas obrantes como exportadoras en la mecánica, eran creadas a los únicos fines de generar facturación, siendo “Empresas fantasmas”, que no presentaban la solvencia para acreditar las sumas millonarias de mercadería que comercializan.

Los investigadores pudieron individualizar a todos los socios y profesionales involucrados en la actividad ilícita, lo que promovió desplegar diferentes tareas investigativas en el AMBA, y las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. De ese modo, quedó al descubierto una organización criminal, con ramificaciones en la República de Chile y Estados Unidos, que cometía delitos de contrabando de mercaderías, como así también el lavado de activos.

Una vez logrado vincular a todos los involucrados, se solicitó a la autoridad judicial impulsar las medidas procesales pertinentes a fin de lograr la obtención de material probatorio para la imputación de las personas implicadas y se logró identificar a gran cantidad de empresas e investigados como también el secuestro de varios equipos informáticos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, armas de fuego y documentación de interés, entre lo que se destacan despachos de exportación y estatutos de constitución de las firmas.

Por Belén Fedullo

Agentes de la División Unidad Operativa Federal Concordia incautaron un árbol milenario de gran valor histórico. A través de distintas investigaciones, los efectivos pudieron establecer que en una vivienda de la ciudad se encontraba material fósil arqueológico que era ofrecido para su venta en diferentes redes sociales.

Con las pruebas aportadas por investigadores, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia, a cargo de la Dra. Analía G. Ramponi; ordenó el allanamiento del inmueble en donde identificaron al morador.

Allí se secuestraron 85 piezas de los fragmentos de un árbol petrificado, de aproximadamente 80.000 años de antigüedad, que estiman podría tratarse de una especie de palmera.

El procedimiento contó con la cooperación de Silvia Leticia Cettour, directora del Museo de Antropología de Concordia, quien informó que el aforo del material hallado “es incalculable dado su gran valor histórico”.

Los elementos secuestrados fueron remitidos a ese museo, ubicado en la zona céntrica de la ciudad, por disposición de la magistrada.

Un grupo de agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP desarticularon un millonario contrabando de cigarrillos que iba dirigido a Australia por la vía del régimen simplificado de courier.

Los 3.720 atados estaban ocultos dentro de pufs de madera acolchada y se calcula que su valor asciende a $2.008.800.

Al pasar las encomiendas por escáner, los inspectores de la Aduana advirtieron que los 13 bultos en cuestión arrojaban imágenes que no eran compatibles con lo indicado en la documentación presentada.

Así, se procedió a su apertura para una verificación exhaustiva. Durante la inspección, se constató que el interior de los muebles estaba lleno de cartones de cigarrillos de una reconocida marca, de diferentes sabores.

Cabe destacar, el Código Aduanero indica que, cuando se trata de tabaco o productos derivados, la figura de contrabando aplica si el valor de la mercadería supera $160.000.

El país oceánico es una plaza especialmente sensible para este tipo de maniobras ilícitas.

Las destinaciones en cuestión excedían esa cifra largamente. Así, la Aduana secuestró la totalidad de la mercadería y dio aviso a la Justicia. Quienes eventualmente sean encontrados responsables de la encomienda ante la ley podrían tener que afrontar una multa de hasta $40.176.000.

Un trabajo de inteligencia de la Dirección General de Aduanas ha identificado que determinadas mercaderías se aprecian considerablemente al ingresar a Australia.

Es que, mientras que un atado de 20 cigarrillos cuesta alrededor de $540 en la Argentina (un poco menos de 3 dólares, a valor oficial), en el país oceánico se comercializan a USD 28.5, casi 10 veces más.

Así, se cree que el valor de los cigarrillos en el mercado negro sería de aproximadamente USD 15, con lo cual el contrabando desde nuestro país rendiría márgenes de cerca del 500%.

Algo similar ocurre con la cocaína: mientras que en la Argentina un kilogramo cotiza en alrededor de 2 mil dólares, su valor asciende a USD 270 mil al entrar en el mercado australiano, 135 veces más, informó la Aduana.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó irregularidades en la comercialización de granos en cinco camiones durante controles de ruta en provincias del noreste argentino, con una carga total de 113 toneladas de soja y maíz, valuadas en 6,6 millones de pesos.

Los agentes de la AFIP llevaron adelante los operativos en el acceso al Puente General Manuel Belgrano (Chaco), Paso de la Patria (Corrientes) y Tatané (Formosa), en los que se llevaron tareas de control sobre la validez de origen de la mercadería y el cotejo documental y registral requerido para el transporte de materias primas.

“Se verificó que los granos tenían un origen dudoso, ante la falta de cartas de porte que respalden la adquisición de la mercadería por parte de productores legítimos. En ese sentido, la DGI comprobó que los remitentes y destinatarios de la soja y el maíz carecían de capacidad económica y financiera para llevar adelante la actividad”, detalló AFIP en un comunicado.

Prefectura decomisó más de 7,6 toneladas de soja de contrabando

A raíz de las irregularidades detectadas, los inspectores procedieron a interceptar la carga de cinco camiones que transportaban una carga de 83 toneladas de maíz y 30 de soja, mercadería que, de acuerdo a la cotización vigente en la Bolsa de Comercio de Rosario, tiene un valor que asciende a los 6,6 millones de pesos.

“Las acciones de la DGI especializadas en actividades agropecuarias focalizan sus esfuerzos para desarticular potenciales maniobras de evasión impositiva y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente para evitar que los distintos actores de la cadena cometan irregularidades que redunden en competencia desleal para los productores legítimos”, afirmó el organismo que conduce Carlos Castagneto.

Fueron decomisados miles de productos de todo tipo, desde neumáticos hasta termos de acero, prendas de vestir y accesorios, que eran transportados sin respaldo documental en un camión de cargas. El operativo de control fue realizado por personal de la Gendarmería en el cruce de carreteras de la entrada de la ciudad bonaerense de Pergamino.

Según informaron fuentes de la fuerza de seguridad federal, integrantes del Escuadrón Seguridad Vial “Pergamino” apostados en la intersección de la Ruta Nacional N°188 y la Ruta Provincial N°32, detuvieron la marcha de un transporte perteneciente a una empresa de encomiendas procedente de la provincia de Misiones.

Al revisar el manifiesto de carga de la mercadería transportada, los gendarmes detectaron que el itinerario que figuraba en la hoja de ruta no coincidía con el recorrido que estaba haciendo el camión, por lo que tomaron contacto con el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, que autorizó la apertura del precinto y la interdicción de la mercadería trasladada.

En presencia de testigos y de personal de AFIP-DGA Delegación San Nicolás, fueron abiertos los bultos transportados. Había 332 cubiertas de diferentes marcas y perfiles, 1200 gorras, 1600 anteojos, 135 botellas térmicas, 314 termos de acero inoxidable y 180 pares de zapatillas.

Intento cruzar a Entre Ríos con dos cubiertas colocadas en cada llanta

Las encomiendas fueron interdictadas en el control de ruta, tras lo cual tomó intervención el Juzgado Federal, la DGA y Afip, en tanto que estimaron que el aforo sería de varios millones de pesos, aunque por el momento no se obtuvo un valor concreto.

Los procedimientos se circunscriben a delitos por infracción a la Ley 22.415 de contrabando, ya que la mercadería secuestrada fue ingresada al país sin el pago de los canon aduaneros. Además existen personas involucradas que están siendo investigadas por los gendarmes.

Insólito: alquilan neumáticos para zafar en la verificación técnica

Los envíos en su mayoría parten de la provincia de Misiones y tienen por destino las grandes ciudades, en especial Buenos Aires.

Intentaba ingresar con 12 cubiertas de contrabando por el cruce de frontera Concordia – Salto cuando fue descubierto por los Agentes de Aduanas. En un momento del país donde el conflicto entre el Sindicato de Neumáticos y las empresas está provocando un desabastecimiento interno. La persona detenida, a través de una ingeniosa modalidad, quiso entrar la mercancía.

Agentes de la Dirección General de Aduanas- AFIP llevaron a cabo el pasado lunes un procedimiento que consistió en el control de un vehículo, marca Peugeot, modelo Partner, con matrícula argentina, que ingresaba al país en el cruce de frontera Concordia – Salto. Allí, detectaron 12 cubiertas nuevas no declaradas.

Los neumáticos estaban ocultos en las cuatro ruedas colocadas y rodando. Además, estaban escondidos también en las dos ruedas de auxilio. En este caso, cada rueda poseía una cubierta adicional en su interior.

La maniobra fue detectada porque las ruedas auxiliares poseían un peso significativo y – luego de ser controladas con el escáner de valijas – se observó que, en su interior, poseían una cubierta más.

Por tal motivo, secuestraron “la mercadería y el vehículo por infracción a la ley 22415″, se informó.