Mediante el decreto Nro. 2632 del pasado 21 de octubre, el Poder Ejecutivo habilitó una serie de créditos para garantizar el pago de los salarios de los agentes que se desempeñan en el Ministerio Público de la Defensa (MPD) y en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo, respectivamente, de Estrella Moreno Robinson y María Cecilia Vranicich. La determinación es una derivación de la última reforma constitucional, sancionada el pasado 11 de setiembre y que consagró tanto al MPA como al MPD como organismos extrapoder.

El decreto autoriza una ampliación presupuestaria de siete mil millones de pesos para atender a la política salarial de ambos organismos. Ello, en orden a lo que plantea la cláusula décimoséptima de las Disposiciones Transitorias de la nueva Carta Magna, cuando establece que los agentes que actualmente se desempeñan en el Ministerio Público de la Acusación y en el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal "pasan a integrar el Ministerio Público con la entrada en vigencia de la misma; son traspasados de pleno derecho y de manera inmediata, conjuntamente con sus respectivos cargos y las partidas presupuestarias que tienen asignadas". Se deben trasladar, asimismo, los cargos que se encuentren vacantes y que correspondan a dichos órganos.

A los fines del traspaso, se toma en cuenta la planta existente al momento del inicio de la Convención Reformadora. Se les respeta la remuneración, funciones y ámbito geográfico de prestación de servicios y pautas que protejan el derecho a la carrera.

Se aclara que "no obstante los cambios introducidos por la nueva Constitución Provincial, hay una continuidad de las funciones, régimen de remuneraciones y ámbito geográfico de actuación de todos sus integrantes, por lo que conservan sus números de inscripciones en los distintos organismos públicos nacionales y provinciales".

La nueva Constitución dispuso que el Ministerio Público es un órgano independiente de los poderes del Estado, con autonomía funcional y administrativa y autarquía financiera. Se compone del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa, independientes entre sí, dirigidos por un fiscal general y un defensor general respectivamente.

La Defensora General del Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Santa Fe, Dra. Estrella Jorgelina Moreno Robinson, encabezó el viernes 3 de octubre en la ciudad de Rosario el acto de jura a la nueva Constitución ProvincialLa Defensora General del Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Santa Fe, Estrella Moreno Robinson, encabezó los actos de jura de jura de la nueva Constitución Provincial. Archivo El Litoral

El Ministerio Público de la Acusación tiene a su cargo el diseño, la planificación y la ejecución de la política de persecución penal, en coordinación con las demás autoridades de la Provincia, ejerce la acción penal pública y su actuación se orienta al resguardo de los intereses de las víctimas. Y el Ministerio Público de la Defensa tiene a su cargo la protección y defensa de los derechos humanos, garantizar el acceso a la justicia, el derecho de defensa efectiva y eficaz, la asistencia jurídica integral de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad o no cuenten con la posibilidad de hacerlo por sus propios medios, tanto en casos individuales como colectivos.

El tratamiento a recibir por el personal de ambos organismos con el cambio de estatus constitucional fue señalado en su momento por integrantes de la Corte Suprema de Justicia como un aspecto a considerar, y mereció fuertes advertencias y movilizaciones de los empleados judiciales.

En sus presentaciones ante la comisión de Poder Judicial y Otros Órganos Constitucionales de la Convención reformadora, Moreno Robinson y Vranicich también abordaron la problemática, al exponer sobre las distintas iniciativas en consideración.

Para ambas, en ninguno de los esquemas en debate peligraban los derechos laborales de los empleados ni sus carreras judiciales. Más aún, ambas destacaron que existía una obvia protección constitucional nacional para esos derechos adquiridos y explicaron que se deseaba lo contrario de lo que se temía en el ámbito gremial judicial, fundamentalmente cuando se reclamaba por la pertenencia del personal a ese poder.

Las dos funcionarias, en definitiva, explicaron que se trataba de seguir paradigmas y estructuras que ya existen en otras provincias o en el orden nacional. Y citaron las características particulares de Santa Fe, que fue de las últimas en salir del sistema escrito e inconstitucional.

Este miércoles 22 de octubre, a las 12 del mediodía, se realizará en el Concejo Deliberante de Venado Tuerto el acto de jura de la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe. La ceremonia será presidida por el intendente Leonel Chiarella y el presidente del Concejo, Santiago Meardi, y contará con la participación de instituciones locales y vecinos, en un acto abierto al público.

“Es un acto con una significancia institucional muy relevante para nuestra ciudad, que pone en valor las instituciones democráticas y republicanas, y reivindica la cultura del diálogo y los consensos básicos tan necesarios para el progreso de cualquier sociedad”, destacó Meardi.

Según adelantó el edil, la senadora Leticia Di Gregorio —quien ya prestó juramento ante la nueva Carta Magna— será la encargada de tomar juramento al intendente y éste, al presidente del Concejo. Luego, Meardi tomará juramento a los concejales y Chiarella hará lo propio con los secretarios del Ejecutivo municipal.

“Es un acto público, abierto a todos los vecinos e instituciones. Además, quienes estén presentes, incluidos los periodistas, podrán realizar también el juramento simbólico de lealtad”, indicó Meardi.

El titular del cuerpo deliberativo subrayó que “después de tantos años e intentos de diferentes gobiernos, finalmente se logró reformar la Constitución, dando lugar a una carta magna avanzada a nivel país, moderna y más inclusiva”.

Según explicó, la nueva Constitución “termina con muchos privilegios de la política, establece el equilibrio fiscal como un valor fundamental y eleva a rango constitucional la ficha limpia, entre otros avances”.

También resaltó que la reforma habilita “un régimen municipal más sólido, con autonomía plena para las ciudades y comunas, y con elecciones cada cuatro años, lo que significa estabilidad institucional y la posibilidad de planificar políticas a largo plazo”.

En cuanto a los aspectos centrales de la reforma, el presidente del Concejo destacó que se introdujeron “cambios muy importantes en términos judiciales y legislativos”.

“Por un lado, se establece un límite de 75 años para integrar la Corte Suprema y nuevas reglas para la designación y revocatoria de jueces, fiscales y defensores. En lo legislativo, desaparece la mayoría automática en Diputados y se adopta el sistema D’Hondt, de representación proporcional”, explicó.

Además, remarcó que la nueva Constitución “permite una sola reelección para todos los cargos electivos, incluido el de gobernador, lo que genera un recambio institucional más sano y ejemplar en el país”.

El acto se desarrollará en el recinto del Concejo Deliberante y estará abierto a toda la ciudadanía, organizaciones e instituciones locales. “Queremos que sea un momento compartido por todos los venadenses, porque marca un paso histórico para la provincia y nuestra ciudad”, concluyó Meardi.

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, encabezó este sábado un acto en Gálvez, donde anunció la licitación del nuevo Centro de Entrenamiento de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios. El proyecto, que demandará una inversión cercana a los 6.767 millones de pesos por parte de la Provincia y cuya licitación se concretará en septiembre, se convertirá en un espacio de referencia nacional para la capacitación y formación de brigadistas. “Esta obra es un legado para toda la provincia y un compromiso que asumimos para estar siempre cerca de nuestros bomberos”, aseguró Scaglia.El acto contó además con la presencia del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el senador por el departamento San Jerónimo, Leonardo Diana; y la subsecretaria de Acciones Institucionales, Virginia Vottero, junto a autoridades locales.

Scaglia recordó que la iniciativa nació antes de su llegada al gobierno, cuando en una visita a la Federación pudo conocer el proyecto. “Luego, cuando asumimos, el gobernador Maximiliano Pullaro me preguntó qué había que priorizar en esta ciudad. Le dije que debía ser el Centro de Entrenamiento porque sabía que no era solo para Gálvez, sino para todos los bomberos voluntarios de la provincia. Es una obra que nos va a poner en otro lugar y que va a garantizar condiciones de formación de excelencia”, sostuvo.La vicegobernadora remarcó que la obra es una señal concreta de que “los recursos vuelven en obras” y que, además de equipar y fortalecer a los cuerpos de bomberos, representa un reconocimiento del Gobierno Provincial a una tarea esencial para la seguridad ciudadana.

El Centro de Entrenamiento se levantará en un predio de 21.250 metros cuadrados, de los cuales 2.750 estarán cubiertos, 1.200 semicubiertos y 17.300 descubiertos con tratamiento especial. Entre sus componentes principales figuran un auditorio con capacidad para 100 personas, comedor para igual número de comensales, tres aulas para 30 asistentes cada una y dormitorios con espacio para 32 personas.El proyecto incluye además una piscina de entrenamiento de 30 por 30 metros, cocheras para autobombas y logística, y siete “aulas sucias” diseñadas para ensayar situaciones reales de intervención sin afectar las áreas comunes. También se prevé un estacionamiento para 41 vehículos, 15 playones de hormigón armado para simuladores de entrenamiento, vestuarios, enfermería, depósitos de GLP y espacios de forestación.“Lo que vamos a hacer va a convertir a esta Federación en una de las más equipadas de la República Argentina. Vamos a estar en condiciones de decir que nuestros bomberos tendrán las mejores instalaciones para la capacitación”, subrayó Scaglia.

La vicegobernadora destacó que los bomberos voluntarios fueron incorporados a la Constitución Provincial, una medida que garantiza la cooperación del Estado y la continuidad del acompañamiento oficial. “Es la garantía de que nunca más ningún gobierno deje de lado a los bomberos. Han pasado gestiones que no valoraron ni equiparon a los bomberos como correspondía. Hoy tenemos la responsabilidad indelegable de estar a su lado”, remarcó.En esa línea, sostuvo que el nuevo centro será también “un símbolo de reconocimiento” a quienes arriesgan su vida en beneficio de la comunidad. “Para nosotros ustedes son una parte vital de lo que hacemos todos los días”, afirmó.

El presidente saliente de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, Daniel Emmert, cedió el cargo a Raúl Ponisio y asumió como vicepresidente. Además, el ahora ex jefe provincial de Bomberos Voluntarios, el venadense comandante general Francisco Acrap, fue reemplazado en el cargo por el ex subjefe, comandante general Walter Corsetti; mientras que el comandante general Silvio Jaime asumió como subjefe provincial y el comandante Juan Pablo Kuzmicich como secretario de Jefatura.

El gobernador Maximiliano Pullaro construyó su discurso de apertura del año legislativo con una estructura apoyada en distintos segmentos temporales, para dar cuenta de un proceso de cambios que está en marcha, y remitirse a datos y cifras que sustentan esa premisa.

Una formulación que prefigura un futuro más auspicioso, encaminado a través de acciones basadas en valores y parámetros de gestión que trascienden las palabras y se traducen en hechos.

No en vano la palabra "método" fue la que más resonó en un tramo sustancial de la alocución, como idea fuerza que conecta los problemas con las soluciones, y las medidas con el beneficio que representan para la sociedad. Y como contraposición al "inmovilismo" de dejar las cosas como están, aún cuando ello suponga ineludibles costos políticos, pero sirva para prevenir males mayores o irreparables.

Esos contrastes, entre períodos temporales, entre actitudes o incluso entre concepciones acerca del rol del Estado, y de quienes tienen a su cargo conducirlo, aplicaron tanto al tenor de los intereses en pugna en cada caso, como al modo en que se organiza la administración de la cosa pública a nivel provincial y nacional.

En este punto, el gobernador hizo gala de un fino equilibrio, para poder mostrar su alineamiento con objetivos básicos del gobierno nacional, como son el ordenamiento de las cuentas y el equilibrio fiscal, pero también una clara diferenciación en materias como el desarrollo de la obra pública como motor del crecimiento, y el diseño de una estructura tributaria que favorezca a la producción.

Diferenciarse sin confrontar fue la consigna con la cual rechazó de manera lapidaria el esquema de retenciones agropecuarias (que, sentenció, "ya no se soporta más"), como la situación "colapsada" de las rutas nacionales, e incluso la voluntad de llevar hasta las últimas consecuencias ante la Corte Suprema el reclamo por los fondos previsionales.

Maximiliano Pullaro este jueves en Legislatura. Crédito: Gobierno de la Provincia de Santa Fe

Con un armado discursivo ajustado a esa consigna, de diferenciarse sin confrontar, reivindicó la figura de Raúl Alfonsín (demonizada por el presidente Javier Milei) como mentor tras el concepto de "servir al Estado, no servirnos de él". Y también de definir al Estado, en diversos tramos, como "una organización para la acción transformadora" (en las antípodas de la "criminalidad" que, literalmente, le atribuye quien hoy lo encabeza a nivel nacional) o un "socio estratégico" de la iniciativa privada.

El "método" que, a la manera de un mantra o una jaculatoria, enunció de manera reiterada y sistemática, es la manifestación de valores que tienen que ver con el ahorro y la austeridad, pero que se conectan de manera palmaria con realizaciones en beneficio de la comunidad; concepto que ilustró con ejemplos de gestión eficiente y austera (como en la compra de medicamentos) cuyos recursos sustentan políticas públicas, como el boleto educativo o la construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé ("que no va a quedar frustrado por la acción de algún burócrata").

"El país que nos miraba con lástima, ahora lo hace con atención", advirtió en otro tramo que, conectado con su sostenida referencia a la manera "santafesina" de hacer las cosas (incluyendo el desarrollo de obra pública "sin corrupción", pero en plena marcha), pareció sentar las bases de un eventual proyecto nacional. Proyecto que sobrevuela todos los análisis políticos, pero al que evitó aludir de manera directa después, ante la consulta periodística.

Pullaro reivindicó que su gestión decidió "no mirar para otro lado". Crédito: Flavio Raina

Haber recuperado las calles frente a la delincuencia, a los alumnos en las aulas frente al esquema recurrente de paros, y la preservación de la Caja de Jubilaciones en el orden provincial, y habiendo reducido su déficit, formaron parte de ese balance de contrastes temporales, sin obviar su correlato de costos políticos.

El capítulo final, previsiblemente, estuvo cifrado en la inminente reforma de la Constitución Provincial. Y, precaviéndose contra las críticas que restringen el interés y el impulso oficial a la posibilidad de habilitar una eventual reelección al actual mandatario, enumeró allí las mejoras institucionales que se pretende lograr a través de la convención, en pos de "un Estado moderno, participativo y sin privilegios".

A efectos de lo cual también destacó lo producido en todos los anteriores y fallido procesos de reforma, y su aprovechamiento en esta ocasión, en lugar de "empezar de cero".

Una Constitución que, como las medidas tomadas para producir cambios, la implementación de la austeridad y el consenso como método de trabajo, el correlato de los ahorros con beneficios de la sociedad, el estímulo al sector productivo, la ampliación de derechos y la proyección de una gestión "a la santafesina", tiene como apoyo y como norte "demostrar que la democracia ofrece soluciones".

Una idea que no carece de ambiciones para un discurso y, en atención a la coyuntura y el estado de ánimo rampante en la sociedad, potencia como nunca los contrastes.

La presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, votó en Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 288 “Dr. O. Magnasco”, de la ciudad de Rosario. “Es un día histórico para la democracia santafesina”, afirmó García tras emitir su voto, en referencia a la elección de convencionales que serán los encargados de reformar la Constitución provincial.

Lo hizo acompañada por Lionella Cattalini y Joaquín Blanco, ambos candidatos que integran la lista en cabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro. En ese marco, instó a la ciudadanía a que “ejerza su derecho a votar, que elija, que vote por el futuro, por instituciones modernas que consoliden a Santa Fe como el motor de desarrollo del país”.

Lo hizo acompañada por Lionella Cattalini y Joaquín Blanco. Gentileza

“No solo estamos eligiendo concejales aquí en Rosario y demás autoridades locales en el resto de la provincia, sino que estamos votando por el futuro”, dijo García en referencia al proceso reformista que está en marcha.

“Estamos eligiendo a los convencionales constituyentes que darán un nuevo diseño a nuestra antigua Constitución provincial, sobre la base de lo que más le importa a la gente: una política más transparente, una justicia más cercana y con ello una mejor convivencia”, resumió.

Después de votar, García se trasladó a la ciudad de Santa Fe, donde acompañará al candidato a convencional por el Departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi, a emitir su sufragio.

El ritmo de votación en Venado Tuerto durante la jornada electoral de este domingo 13 de abril comenzó con cifras sorprendentemente bajas. En una ciudad donde no se celebran elecciones primarias para cargos locales, el único motivo de concurrencia a las urnas es la elección de convencionales reformadores de la Constitución provincial. Y eso, claramente, no alcanzó para movilizar al electorado, al menos hasta el momento.

En la Escuela "Domingo Faustino Sarmiento", ubicada en Saavedra 550, y en el Colegio Industrial de calle España 450, se evidenciaba esa apatía. En mesas donde normalmente, hacia las 10 de la mañana, ya había votado cerca del 20% del padrón, este domingo promediaba el 5%, según relevamientos realizados en el lugar.

La jornada arrancó con buen clima, cielo despejado y temperaturas agradables, lo que no explica por sí solo la baja concurrencia. 

Además, casi todas las mesas electorales se constituyeron con normalidad, con todas sus autoridades presentes, con lo cual a las 8 de la mañana, o minutos después, ya estaban habilitadas. Esta vez, el faltazo no fue de presidentes ni de vocales, sino de votantes. 

Todo indica que la escasa participación responde a dos factores clave: por un lado, la elección de convencionales reformadores resulta lejana o abstracta para buena parte de la ciudadanía, que no percibe de forma directa su innegable trascendencia; y por otro, la ausencia de competencia por los cargos locales -intendente, concejales y autoridades comunales- le quitó atractivo a una instancia que, en otras circunstancias, suele ser más convocante.

“El hecho de no votar por autoridades locales quita una parte del interés habitual de la ciudadanía”, señalaban desde una de las mesas del Colegio Industrial.

Se espera que, con el avance de la jornada y la suba de la temperatura, aumente el caudal de votantes. Sin embargo, el panorama de media mañana es preocupante y plantea interrogantes sobre el nivel de involucramiento ciudadana con los procesos institucionales que, como el actual, buscan reformar la base legal que rige la vida provincial.

(Por Gonzalo Zentner) - Este domingo 13 de abril la ciudadanía de Santa Fe vuelve a las urnas. Y lo hace en un marco histórico, donde deberán elegirse los convencionales que tendrán como fin último reformar la Constitución provincial. Algo que no ocurre desde 1962.

Además, ese mismo día se desarrollarán las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para seleccionar candidatos a autoridades locales y concejales, según corresponda por jurisdicción. Por ejemplo, la ciudad capital y Rosario sólo tendrán elección a aspirantes a los Concejos Municipales. Y en Venado Tuerto, directamente, no habrá compulsa local.

En perspectiva nacional, el distrito santafesino será el primero que entre en contienda electoral. Luego será el turno de otros como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia homónima. Otras cuatro provincias tendrán elecciones el 11 de mayo: Chaco, Jujuy, Salta y San Luis.

A continuación una serie de preguntas (con sus respectivas respuestas) que serán clave a la hora de concurrir el próximo domingo a las escuelas y locales de votación. Dicho sea de paso, hay 8.392 mesas para empadronados nacionales, 81 para extranjeros y 27 en cárceles provinciales.

Serán elecciones concurrentes; es decir por un lado se elegirán convencionales y, por otro, candidatos provinciales en las PASO. El sistema para ambos ítems será la Boleta Única de Papel. Los electores deberán marcar un candidato por hoja, en cada una de las categorías.

En total serán 69 reformistas. 50 por el llamado “distrito único” y uno por cada departamento provincial (19). En carrera se anotaron y tuvieron la aceptación del Tribunal Electoral Provincial (TEP) 15 agrupaciones políticas.

Las boletas para el distrito único son naranjas; las de convencionales departamentales son azules. Por otro lado, las de concejales mantendrán el amarillo y las de intendente rojo.

Como es habitual, el horario de inicio de la votación es a las 8 o bien cuando se conforme la mesa con las autoridades pertinentes. Los lugares deberán ser confirmados por los ciudadanos en este link . Los comicios finalizarán a las 18. Según se anticipó los primeros resultados se conocerían entre las 20 y las 21 del domingo 13 en el escrutinio provisorio.

Según informó el Tribunal Electoral provincial, 2.834.383 personas nacidas en el país están habilitadas a sufragar, mientras que. 23.784 extranjeros también tienen el OK para su voto.

Juan Monteverde, cabeza de lista “Más para Santa Fe”, aseguró: “La gente no sabe qué se vota y eso no es casual. El gobernador no quiere que se debatan los problemas de la gente. Solo quiere discutir los problemas de los políticos, o sea su reelección”.

En el escrito presentado ante el Tribunal electoral advierte que “no se advierten campañas públicas destinadas a dar a conocer a la ciudadanía la elección del próximo 13 de abril en la que se dirimirá, nada menos, la reforma de la Constitución provincial después de 60 años”. Y agrega: "Ni siquiera es posible visualizar información al respecto en la página web oficial de la Provincia de Santa Fe”.

A solo 12 días del domingo de los comicios provinciales, Monteverde entiende que la falta de publicidad oficial y difusión “representa una clara afectación al derecho a la participación política de la ciudadanía”. En virtud de eso, la presentación ante la justicia electoral solicita al Tribunal Electoral que le “ordene al Gobernador de la Provincia de Santa Fe a que arbitre los medios necesarios para asegurar la amplia difusión de la elección a Convencionales Reformadores del próximo 13 de abril como se lo exige la Ley”.

La provincia de Santa Fe se encamina hacia una histórica reforma constitucional, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, con el objetivo de modernizar una Carta Magna que no ha sido actualizada en 63 años. La iniciativa, aprobada por la Legislatura en diciembre de 2024, propone modificaciones en 43 artículos, abarcando aspectos clave de los tres poderes del Estado.

En este contexto, el próximo domingo 13 de abril, la ciudadanía santafesina acudirá a las urnas para elegir a las 69 personas que integrarán la Convención Reformadora, la cual tendrá la responsabilidad de debatir y definir los cambios que se introducirán en la Constitución provincial, adecuándola a las necesidades y desafíos actuales de la sociedad santafesina.

La votación se realizará mediante dos boletas únicas: una, de color naranja, para seleccionar 50 representantes por distrito único, y otra, de color azul, para elegir un representante por cada uno de los 19 departamentos. Las boletas incluirán la foto del primer candidato, el logotipo del partido o alianza y los nombres de los principales postulantes. La implementación de la boleta única busca simplificar el proceso electoral y garantizar transparencia. 

Para el Distrito Único, el Tribunal Electoral provincial oficializó 12 listas, que competirán por 50 bancas a distribuirse mediante el sistema D’Hont. Los primeros candidatos titulares de cada una de las 12 listas son:

En tanto, en el departamento General López -el tercero más populoso de la provincia-, nueve candidatos se disputarán el único escaño como convencional reformador, que será adjudicado al más votado. Los postulantes oficializados son:

La elección de convencionales se desarrollará en simultáneo con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para cargos municipales y comunales. En el departamento General López, las PASO se realizarán en 10 de sus 31 distritos: los municipios de Firmat y Rufino, y las comunas de Chovet, Diego de Alvear, Chapuy, Melincué, Wheelwright, Cañada del Ucle, San Eduardo y San Gregorio.

Como es habitual en las comunas -cuyos mandatos duran solo dos años-, la mayoría de los actuales jefes comunales buscará renovar su gestión. En esta elección, 22 de los 26 presidentes comunales del departamento se postulan para la reelección. No lo harán María Isabel Bosco (Elortondo), Enrique Sagardía (Diego de Alvear), Salvador Soraide (Christophersen) y Graciela Valentini (Wheelwright).

Por otra parte, cinco localidades ya tienen asegurado su próximo gobierno, al presentarse una sola lista de candidatos. Si bien en estos casos no habrá PASO, deberán concurrir a las generales del 29 de junio, donde el voto en blanco puede funcionar como señal de desaprobación. Las comunas con lista única son:

En Cañada del Ucle y Chapuy, las internas del 13 de abril serán decisivas, ya que solo se presentan listas de Unidos para Cambiar Santa Fe, es decir que los ganadores de la interna se consagrarán automáticamente para dirigir los destinos comunales a partir de diciembre próximo:

En Melincué, cabecera del departamento, competirán tres dirigentes con experiencia en la presidencia comunal: la actual mandataria Yamila Gallisso (Unidos - Santa Fe Puede), Horacio Andrés Sachetto (Unidos - Adelante) y Silvio Garbolino (La Libertad Avanza), quien renunció meses atrás al cargo que había obtenido por Unidos. Incluso, en algún momento, los tres compartieron gestión comunal. Cabe señalar que el ganador de la pulseada en la interna entre Gallisso y Sachetto se las verá en las generales con Garbolino.

Otra situación llamativa sucede en Maggiolo, donde en junio se enfrentarán el actual presidente comunal Juan Fetter (Unidos para Cambiar Santa Fe) y su antecesora Jorgelina Aguirre (Innovación y Progreso). Ambos compartieron gobierno hasta que en 2023 se convirtieron en rivales. Fetter, que llegó al poder con el sello Viva la Libertad, ahora representa al pullarismo, mientras que Aguirre -anteriormente en Unidos (sector Es con Vos de Carolina Losada)- se postula con lista distrital y además como candidata a convencional reformadora por el departamento General López desde el partido Somos Vida y Libertad, que responde a Amalia Granata.

En Venado Tuerto, la ciudad más importante del departamento, si bien no habrá PASO para cargos locales, en las generales del 29 de junio se renovarán cinco bancas del Concejo Municipal (tres de Unidos para Cambiar Santa Fe, una de Ciudad Futura y una del Partido Justicialista. Estas son las listas que competirán:

Por último, en cuanto a las elecciones nacionales del 26 de octubre (se renovarán nueve diputaciones nacionales), cabe recordar que en virtud de la sanción de la Ley 27.783 se oficializó la suspensión de las PASO a nivel nacional para 2025. De este modo, los comicios se desarrollarán directamente en su instancia general, sin internas previas.

Oscar Blando es Doctor en Derecho. Profesor de grado y posgrado en Derecho Político, Constitucional y Electoral. Fue, además, director de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe durante la gestión socialista de Miguel Lifschitz.

Por eso, en esta entrevista, alude a los temas que se plantearon en aquel proceso para compararlos con la agenda que tendrán en sus manos quienes resulten electos convencionales reformadores el 13 de abril.

En este punto, señala que "la base de la propuesta es el proyecto que presentamos en 2018 en el gobierno de Lifschitz".

- ¿Cuáles son los temas que considera novedosos en la actual propuesta de reforma de la Constitución Provincial?

- La base de la propuesta es el proyecto que presentamos en 2018 en el gobierno de Lifschitz. Novedosos son algunos de los temas que ya estaban en aquel proyecto: la limitación en la duración de todos los mandatos a cargos legislativos y ejecutivos.

La supresión de la inmunidad de proceso de los legisladores; la incorporación del derecho al agua, la protección del medio ambiente, las formas de participación semi directa, el Ministerio de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa, el derecho de las víctimas de delitos; la autonomía municipal, etc.

Lo que parece nuevo respecto de aquel, es la incorporación específicamente del tema de la seguridad pública; los derechos digitales; el derecho a la ciudad, la causa Malvinas, medidas de acción positiva, reconocimiento de colegios profesionales y entidades de previsión y seguridad social.

- ¿Cuáles son las reformas que considera más importantes o más urgentes, o que puedan significar un cambio con impacto directo en la sociedad?

- Digamos en primer lugar, que el contenido de la reforma está en disputa. Hay una elección de convencionales en donde el ciudadano deberá elegir entre propuestas y proyectos políticos antagónicos. El "resultado" sobre el "contenido de la reforma, no está dado".

Por ejemplo el tema del rol del Estado y el de la seguridad pública de la que el Gobierno y distintos sectores hablan, es una cuestión que llevará grandes debates. Veremos con qué alcance y contenido. Se habla de una Constitución "no garantista". Un verdadero oxímoron.

¿Qué es una constitución si no promueve garantías de libertades y derechos civiles, políticos, económicos y culturales pero también garantías penales y procesales que deben estar en la misma dirección que la Constitución Nacional y los Tratados de DD.HH que tienen esa jerarquía? Y para garantizar derechos se necesita Estado. No hay derechos sin Estado que los proteja.

Pero hay temas que son reclamos ciudadanos de todos los días que deberán estar presentes en el debate público y en la nueva Constitución: el tema de los incendios en nuestras costas que lesionan el ecosistema y la salud: hay que discutir la prohibición de la contaminación.

El acceso a los servicios públicos esenciales donde puede discutirse la intransferibilidad a sectores privados, con audiencias públicas desburocratizadas; el tema candente de las jubilaciones y las obras sociales y ahí podría haber definiciones que mantengan el sistema público de reparto solidario; el tema del acceso a la salud y a los medicamentos, y ahí discutir el medicamento como bien social.

La matriz tributaria en la provincia haciéndola más equitativa y progresiva; la adopción de acciones positivas en defensa: niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, mujeres y disidencias.

Todos estos y muchos otros, son temas de agenda permanente de la sociedad que deben estar presentes en el debate y en la letra de la Constitución.

Debemos entender que están en juego los derechos, libertades y garantías ciudadanas que al estar inscriptas en la Constitución permiten luego la lucha por su efectivización en el campo social, político y también jurídico.

- ¿Qué cuestiones deberían estar incluidas pero no se tuvieron en cuenta?

- Un hecho negativo es que en la ley de necesidad de la reforma no se haya habilitado a discutir una de las instituciones tradicionales más importantes del poder (y más conservadora) en la Provincia y que ha obturado la aprobación de leyes importantes como la Ley de Educación o la ESI: el Senado, que parece, nunca se puede "tocar".

No se ha habilitado para su discusión el tema de la uni-bicameralidad (art. 31) ni la forma de representación de esa cámara que establece el sistema (mayoritario) uninominal: un senador por cada departamento (art. 36).

Pero lo más importante, se impedirá debatir una forma de representación distinta para ese cuerpo: la uninominalidad impide el pluralismo y la proporcionalidad e impacta gravemente en la representación de las mujeres en el acceso al Senado.

Con la uninominalidad no hay cuotas de género ni paridad (aunque se la incluya para todos los cargos) si el que gana es uno sólo, -y la evidencia lo demuestra en la Provincia- ese "solo", es siempre varón…

Nos encontramos aquí con la paradoja que señala Roberto Gargarella: la mujer, en este caso, "entra" a la Constitución a través de la sección de los derechos (que se amplían con la paridad), pero no puede ingresar a través de la "sala de máquina", al obstaculizar su acceso al Senado por un sistema (el uninominal) que lo dificulta e imposibilita "darle vida efectiva".

En ese sentido, también se ha omitido incluir la perspectiva de género (que esta en el Proyecto Lifschitz) como tienen la Constitución de CABA y la de Neuquén.

Asimismo, entendemos insólito y en gran medida antidemocrático, el artículo 3° de la Ley de Necesidad de la reforma que habiendo admitido la autonomía de los Municipios, dispone que el dictado de las Cartas Orgánicas lo harán los legislativos locales, es decir, los concejales, -el poder constituido que se transforma en constituyente- quienes sancionarán la primera Carta Orgánica Municipal.

Sería algo parecido a que haya sido la Legislatura actual quien reforme la Constitución y no los convencionales elegidos por el pueblo.

Dicha decisión va a contramano también con la tradición democrática y municipalista de Santa Fe: en virtud de la autonomía municipal consagrada en la Constitución santafesina de 1921, y que, en 1934, Rosario y Santa Fe dictaron sus Cartas Orgánicas, pero convocando a una Convención reformadora surgida del voto de los vecinos de ambas ciudades.

Nada justifica en pleno siglo XXI que el pueblo quede ajeno en la redacción de su "Constitución en pequeño": la Carta Orgánica Municipal.

"Debemos entender que están en juego los derechos, libertades y garantías ciudadanas", dijo.

- ¿Qué diferencias encuentra respecto de la convocatoria anterior, llevada a cabo durante el gobierno de Miguel Lifschitz?

- Me detendré en un solo aspecto: el proceso reformista actual no ha seguido el trayecto participativo y democrático que, bajo la decisión del gobernador Miguel Lisfschitz, propusimos a la sociedad oportunamente, con un proceso de diálogo institucional denominado "Bases para le Reforma".

No basta que haya legitimidad política, es necesaria legitimidad social. No ha habido voluntad política de abrir un proceso participativo amplio, plural e inclusivo.

Hasta ahora hablaron los legisladores cuando aprobaron la Ley de Necesidad y ahora hablarán los candidatos en la campaña.

¿Y el pueblo? El pueblo debió ser protagonista y no mero espectador del proceso constituyente y poder expresar sus preferencias, propuestas y también sus rechazos y críticas. Sólo así puede percibir que la reforma no es por y para "la política" sino en beneficio concreto para la (su) vida en una sociedad democrática.

El Tribunal Electoral Provincial de Santa Fe divulgó este martes las listas provisorias de candidatos a convencionales reformadores para los comicios del próximo 13 de abril. En total, se registraron doce listas por distrito único en toda la provincia, conformadas por 50 postulantes que se distribuirán bajo el sistema D’Hont.

En el caso del departamento General López, el tercero más populoso de Santa Fe, se postularon nueve candidatos, entre los cuales el más votado será proclamado automáticamente como convencional reformador, al igual que en los otros 18 departamentos santafesinos.

A continuación, se detallan los candidatos que aspiran a representar a General López en la Convención Reformadora:

Activemos: Titular: Ana Silvia Narvaiz; Suplente: Julián Jonatan Emiliano Pace.

Confluencia Santafesina: Titular: Gustavo Raúl Gómez; Suplente: Mariana Soledad López.

Frente Amplio por la Soberanía: Titular: Julio Agustín Secreto; Suplente: Mabel Lydia Pagella.

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: Titular: Saulo Jonatan Ferron Brosa; Suplente: Milagros De Jesús.

La Libertad Avanza: Titular: David Rubén Sanfilippo; Suplente: Ester Lidia Tomas Almena.

Más para Santa Fe: Titular: Hernán Leonel Porta; Suplente: Natali Cejas.

Partido Moderado: Titular: Fernando Rodolfo Sotz; Suplente: Mirtha Ramona Rolón.

Somos Vida y Libertad: Titular: Jorgelina Aguirre; Suplente: Eduardo Ezequiel Melión.

Unidos para Cambiar Santa Fe: Titular: Lisandro Rudy Enrico; Suplente: Viviana Marisa Downes.

Con la publicación de estas listas, comienza la cuenta regresiva hacia la elección del 13 de abril, donde los ciudadanos definirán la composición de la Convención Reformadora -compuesta por 69 miembros, que tendrá la tarea de debatir y definir posibles cambios en más de 40 artículos de una Constitución Provincial con más de 60 años de antigüedad.

A fuego lento, la estrategia oficialista para producir reformas en el sistema previsional que atemperen el déficit y que sirvan de puente a una posible decisión para el caso extremo que Nación desconozca la ley vigente, así como para llegar a fin de año con la declaración legislativa de reforma de la Constitución provincial, siguen su firme marcha.

La reforma constitucional, sigue en el escenario político más allá de los cuatro proyectos ya con estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Foto: Agencia

La Casa Gris no quiere perder tiempo y al día siguiente que la Legislatura votara la ley de creación de una comisión "que tendrá por objeto el estudio, elaboración y redacción de un informe respecto de la sustentabilidad del régimen previsional vigente en la provincia de Santa Fe" la promulgó y publicó en el Boletín Oficial. Ese viernes se apuraron las invitaciones para que el miércoles estuvieran legisladores, funcionarios y dirigentes gremiales sentados en una mesa donde la mayoría conoce los números y los efectos del déficit. El peso de la redacción del proyecto de la reforma previsional recayó en el Poder Ejecutivo tras dimes y diretes en el seno del bloque oficialista de Diputados que optó por cambiar el objeto de la comisión.

Abogados previsionalistas e incluso legisladores con varios años en la banca, subrayan que hace años están los estudios actuariales que advertían sobre la necesidad de introducir algunas reformas para evitar la multiplicación del rojo previsional. Primó el criterio de aquél árbitro Francisco Lamolina "siga, siga". Nadie quiso tomar el toro por las astas sabiendo que no se ganarán simpatías en el amplio abanico de empleados del estado santafesino.

Ahora, el propio gobernador Maximiliano Pullaro advirtió que "cuando algo tiene un déficit de esas características, ya hemos visto lo que ha sucedido en diferentes momentos de Argentina y la provincia de Santa Fe". Graficó que "el déficit de junio rondará los 40 mil millones de pesos, estamos hablando de que en un mes hubiésemos podido construir 8 escuelas, o 40 kilómetros de ruta, o comprar 940 patrulleros. Ese es el significado del déficit mensual de la Caja de Jubilaciones". Enseguida agrega la pregunta "¿por qué un quiosquero en Rafaela o Reconquista, por ejemplo, tiene que sostener el déficit de la Caja de los empleados públicos? Desde ese lugar decimos que hay que sincerar los números y el Estado no puede seguir dejando de hacer cosas para financiar el déficit. Ponemos los números sobre la mesa y esperamos que los legisladores lo puedan discutir". El tema dominará la agenda legislativa después del receso de julio.

La otra reforma, la constitucional, sigue en el escenario político más allá de los cuatro proyectos ya con estado parlamentario en la Cámara de Diputados. La semana pasada, la nueva conducción del Partido Socialista, que encabeza Joaquín Blanco, integró una comisión para redactar un proyecto de reforma y puso al frente a Raúl Lamberto, alguien que desde sus años como diputado provincial siempre estuvo trabajando la temática. Es más, las conducciones del PS y la UCR que encabezan Blanco y Felipe Michlig están cerrando una reunión conjunta para analizar en exclusividad el tema. Es que Michlig recibió un pedido de audiencia de la también flamante conducción del PJ a cargo de Ricardo Cornaglia para tener como eje la reforma constitucional.

Mientras, el oficialismo sigue mirando a la Corte Suprema de Justicia y aspira a tener -al menos- cuatro vacantes antes de fin de año para el proceso de renovación que pretende hacer la Casa Gris. Foto: El Litoral

Radicales y socialistas parecen coincidir en la necesidad de buscar una especie de núcleo de coincidencias básicas para que el proceso de reforma no se descontrole. Capitalidad, bicameralidad y otros temas no podrían tocarse. La coincidencia es que las elecciones de convencionales puedan coincidir con las de intendentes y presidentes comunales, lejos de las de diputados nacionales donde tallará un nuevo actor, La Libertad Avanza.

Radicales y socialistas luego deberán tener el aval de los restantes integrantes de la coalición oficialista pero ambas fuerzas saben que deben tener las máximas coincidencias antes de buscar el aval interno y el externo. El justicialismo, por su parte, deberá darse el debate sobre si avala o no un proceso de reforma que varios legisladores impulsaron en determinados momentos, incluso uno de los proyectos es de Lucila De Ponti.

En el medio del trabajo de ambas reformas, el oficialismo sigue mirando a la Corte Suprema de Justicia y aspira a tener -al menos- cuatro vacantes antes de fin de año para el proceso de renovación que pretende hacer la Casa Gris. El primer paso lo consiguió con el anuncio de Mario Netri de alejarse a partir del 1 de noviembre. En las próximas semanas esperan algún otro anuncio de retiro con fecha confirmada.

(Por Ceferino Azambuyo) - La determinación se llevó adelante luego de la presentación realizada por Ana María Sáenz, hija del villaguayense detenido y desaparecido durante la dictadura militar, Ricardo Sáenz, quien junto a organismos de derechos humanos y gremios repudiaron las expresiones escritas por el concejal López en redes sociales.

Alejandro López integra el bloque La Libertad Avanza y fue denunciado mediante una nota que ingresó al cuerpo deliberativo de Villaguay el 18 de abril. La presentación está basada en la publicación “entre tantas otras de dudosa procedencia, original de una cuenta compartida por López, en la que se alude a Jorge Rafael Videla -condenado por crímenes de lesa humanidad- como “San Jorge Rafael, patrono de la limpieza y el orden” y a la que el libertario agrega textualmente: “Lástima que no terminaste con la misión”. Para quienes suscriben el documento de denuncia y repudio, está claro que el mensaje hace alusión a “la matanza y tortura de ciudadanos argentinos” e “insinúa de algún modo que han faltado muertos en nuestro país”.

El escrito agrega que “la gravedad la publicación adquiere un carácter aún más significativo si se tiene en cuenta que, bajo el mando del exmilitar al que hace referencia, el concejal López no tendría posibilidades de aspirar, ni mucho menos asumir, al cargo que ostenta desde diciembre pasado, dado que durante la dictadura se abolieron los concejos deliberantes, entre otros tantos atropellos al sistema democrático y a la Constitución Nacional”.

En la nota ingresada en el Concejo Deliberante se hace mención a otra réplica de la fotografía de un dibujo hecho con esténcil en una vereda, con la imagen del pañuelo blanco que representa a la Asociación Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, sobre el cual hay materia fecal de una mascota y en la imagen se lee: “La inteligencia de este animal, insuperable… será por eso que amo tanto a los perros”.

Los firmantes de la presentación expresan que la posible comisión de “apología de un delito o de un condenado por un delito”, tipificado en el artículo 213º del Código Penal, recordando que el artículo 6º de la Constitución provincial establece: “quienes hayan participado en delitos de lesa humanidad o incurran en su apología, serán inhabilitados a perpetuidad para ejercer la función pública” y que “el Estado garantiza el rescate de la memoria reciente”.

En su sesión del jueves 16 de mayo, los concejales decidieron apartar a López por 60 días esperando la resolución de la Justicia ante la grave situación en la que incurre al ser un representante del pueblo elegido de manera democrática.

(Por Luis Rodrigo) – Al igual que Jorge Obeid en el inicio de su segundo mandato, el gobernador Omar Perotti decidió -en el último año de su gestión- enviar a la Legislatura una ley para llevar a la realidad el régimen de autonomía municipal, que recobró fuerzas con la reforma de 1994 a nivel nacional. Ese mandato constitucional nacional (la palabra autonomía no existe en la Constitución de Santa Fe) siempre ha contado con discursos en su favor, pero hasta ahora no fue suficiente la voluntad política para su aprobación. No ha tenido el acuerdo necesario del oficialismo y la oposición, en sus roles alternados.

Hoy el mensaje de la Casa Gris enfrenta un panorama complejo para un debate de fondo. Hay elecciones y los santafesinos irán a las urnas dos veces en comicios provinciales para cargos en todas las categorías, en las Primarias y en las generales, y otro tanto sucederá con otro par de domingos de urnas para legisladores nacionales y presidente y vice.

Y eventualmente habrá una segunda vuelta electoral o balotaje para la Casa Rosada. Se sabe que en ese contexto serán pocas las sesiones y que la cabeza de los legisladores no estará en un asunto de tanta significación para el futuro santafesino. De todas formas, por la amplitud de criterios y la profundidad de los cambios que hoy propone el gobernador Perotti acompañado por su ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, vale la pena recorrer las 33 páginas del mensaje.

En sus considerandos, el gobierno incluyó un práctico cuadro sinóptico, algo pocas veces visto en proyectos de ley. Esos elementos gráficos suelen ir (por ejemplo en la Ley de Presupuesto) en anexos, pero aquí, como la lectura por columnas se usa para explicar conceptos se ha decidido que acompañen la prosa de los fundamentos.

Bastará con que cada localidad lo decida, sin importar si se trata de una ciudad considerada grande o chica e incluso si es una comuna. El régimen propuesto el gobernador Perotti de prosperar en la Legislatura haría ciudad autónoma a quien lo peticione, y les dará todos los recursos en la coparticipación (mediante convenios) menos el manejo de la Policía, aunque se prevé la posibilidad de una concurrencia de fuerzas uniformadas provinciales y municipales.

Según el proyecto “son ciudades, a los fines de esta ley, todos los núcleos de población que constituyan una comunidad con vida propia dentro del territorio provincial, e independientemente de su cantidad de habitantes, para que gobiernen sus propios intereses sin injerencias de otros poderes en un todo de acuerdo a los artículos 50 y 123 de la Constitución de la Nación Argentina, de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, y de las leyes dictadas en su consecuencia que no obstaculicen el pleno ejercicio de las autonomías locales”.

El mensaje que fue elevado al Senado provincial “autoriza dos procedimientos diferenciados para el dictado de cartas de organización” en cada localidad que desee ser una ciudad autónoma. Por un sistema de autonormatividad, mediante la convocatoria a una Convención Constituyente Municipal o por una “Carta Heterorredactada”, a aprobar mediante un plebiscito, sin elegir convencionales ni convención constituyente.

En este último expeditivo procedimiento, cada “municipio o comuna redacta juntamente con la Provincia su carta de organización heterorredactada” que “se aprueba (o rechaza) a través de un plebiscito local, con asistencia del Tribunal Electoral”.

En cambio, “si la ciudad ha optado por el sistema de autonormatividad constituyente plena, la ordenanza de necesidad de autonomía establecerá la cantidad de convencionales a elegir”, pero con un número limitado de convencionales: ni inferior a la misma cantidad a los miembros de su órgano legislativo (su Consejo Municipal o Comisión Comunal), ni superar el doble de aquel número.

De los 21 artículos que componen el proyecto de ley (lo que realmente se vota) 14 corresponden a cómo cada comunidad podrá decidir embarcarse en la autonomía y hacerse cargo de competencias que hoy son indudablemente provinciales, o en parte de ellas, en qué tipo de procedimiento podrán seguir y en las normas para la elección de convencionales municipales constituyentes. También sobre los límites para esas nuevas cartas de organización de pueblos y ciudades autónomos.

Como siempre en la técnica legislativa el último artículo es “De forma”, son 14 de los 20 del mensaje del Poder Ejecutivo los que se dedican a todo el paso previo a que una urbanización busque ser autónoma.

Del 15° al 20° se establece qué y cómo se podrá municipalizar. Menos la policía casi todo.

Una Cláusula Presupuestaria se anticipa a debates interminables (como el que periódicamente tienen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Federal por quién debe pagar por la policía porteña). “No habrá transferencia de competencias, servicios y/o funciones a las ciudades sin la correspondiente transferencia de recursos por parte del Estado Provincial. Los recursos a transferir, junto a las competencias, servicios y/o funciones serán acordes a las responsabilidades asumidas por la ciudad, contemplando criterios objetivos, equitativos, proporcionales y solidarios. casos de transferencia de competencias en materia de Seguridad Pública” y limita: “la provincia conserva las facultades conferidas por la Constitución Provincial en su artículo 72, inciso 17, pudiendo convenirse en forma expresa la concurrencia de las mismas respecto de algunos aspectos de índole eminentemente local”.

Más adelante fija criterios de progresividad y la firma de convenios para cada una de esa municipalizaciones, que solo requerirían del acuerdo de las partes: el gobierno provincial y las municipalidades o comunas. A la Legislatura solo se le informa lo actuado.

Con los números que le daban la libertad de aprobar cualquier sobre tablas sin necesidad de negociar con los radicales en minoría, o con socialistas (que por entonces los había en el Senado provincial), el Bloque Juan Domingo Perón aprobó con media sanción en -2010- un proyecto de ley para consagrar la autonomía municipal.

El proyecto había sido presentado por el senador justicialista Hugo Terré y competía con otro del gobernador Hermes Binner. Fue el titular de aquel bloque que contaba con todos los resortes legislativos de una mayoría cómoda con más de dos tercios quien expuso el carácter “histórico” de aquella sesión. Y ciertamente, como dijo el entonces senador Ricardo Spinozzi (el dirigente opositor con más poder en aquellos años) era la primera vez que se producía en la Legislatura santafesina una media sanción. Unos años después ese ex legislador, que llegó a ser presidente del Partido Justicialista de la Provincia, dejó el peronismo y migró al Pro de Mauricio Macri, incluso antes que Carlos Reutemann.

Lo de 2010 fue una suerte de juego de roles invertidos. De 1983 a 2007 (cuando el PJ perdió la Casa Gris) eran los justicialistas los que decían que querían la autonomía pero nunca la hicieron realidad, pese a contar con las mayorías necesarias en ambas Cámaras. En cambio eran los opositores (radicales, socialistas y demoprogresistas entre otros) los que también decían querer la autonomía pero luego cuando tuvieron como avanzar (aunque con menos fuerzas en la Legislatura) tampoco lo hicieron. El Litoral del sábado 24 de julio de 2010 explicaba que el PJ reducido al Senado a nivel provincial buscaba dejar en offside al oficialista Frente Progresista, Cívico y Social cuyos legisladores no votaron por esa norma y la archivaron en Diputados.

Jorge Obeid intentó dos caminos para consagrar la autonomía municipal. Primero probó con un mensaje para preponer por ley un nuevo régimen, solo para Santa Fe y Rosario por el número de habitantes a exigir para tener un gobierno autónomo. Luego incluyó con un concepto menos restrictivo la cuestión, mediante otro proyecto de ley pero para habilitar la reforma de la Constitución también en ese aspecto. Ninguno de los dos prosperó.

Luego, Hermes Binner también fue a la carga con su mensaje para una ley de régimen de autonomías municipales, pero lo dicho: el Senado votó otro texto de la bancada del PJ solo con votos peronistas.

A esos intentos le siguió otro de Miguel Lifschitz pero no como un proyecto de ley acotado a la autonomía municipal, lo incluyó en una amplia reforma de la Constitución (con reelección del gobernador) cuando terminaba su mandato.

En el marco de un régimen municipal y comunal autónomo de muy amplias repercusiones en la vida diaria de los santafesinos, ya que plantea la transferencia de servicios y recursos a las ciudades autónomas (sin importar su tamaño), el proyecto de ley enviado por el gobernador Omar Perotti a la Legislatura reserva para el Estado provincial solo el monopolio del uso de la fuerza: la Policía.

En los considerandos, un cuadro sinóptico explica que se busca respecto a las competencias en Seguridad Pública: “la provincia conservará las facultades constitucionales de disponer de las fuerzas policiales y en asuntos netamente locales podrá convenir competencias concurrentes con las ciudades”, pero no las define.

En el articulado, remite a la Constitución de la Provincia de Santa Fe cuyo artículo 72, inciso 17, que entre las Atribuciones del Poder Ejecutivo Provincial “Dispone de las fuerzas policiales y presta su auxilio a la Legislatura, a los tribunales de justicia y a los funcionarios provinciales, municipales o comunales autorizados por la ley para hacer uso de ella”.

El pasado 14 de abril cumplió sesenta años la Constitución de la Provincia de Santa Fe. A su reforma la han perseguido, de manera alternada -nunca coincidente-, los oficialismos de cada tiempo, que intentan actualizarla a los nuevos derechos considerados por la Constitución Nacional de 1994, con la intención también de modificar lo que es su mayor virtud: no aceptar la reelección del Poder Ejecutivo.

Para recordar su historia hay que remontarse a los años 60, cuando el gobierno de facto que derrocó a Juan Perón se retiraba del poder. Lo hizo convocando a elecciones, con la limitación democrática de proscribir al peronismo. Esta condición política dio la oportunidad a un sector de la Unión Cívica Radical recientemente dividida, que se denominaba UCR Intransigente (UCRI) y era liderado por Arturo Frondizi-, de triunfar y asumir el gobierno nacional, aunque con limitaciones en el poder.

En Santa Fe, en las elecciones del 17 de diciembre de 1961 también triunfó la UCRI, siendo elegido gobernador y Carlos Sylvestre Begnis, quien había propuesto en su plataforma electoral la reforma de la Constitución vigente, que era todavía la sancionada en 1900, por los avatares que se dieron en torno a la de 1921 y la de 1949.

Entre los objetivos fundamentales de la convocatoria estaba el de adaptar la Constitución de la provincia a los derechos consagrados en la reforma nacional de 1957 mediante el artículo 14 bis. La Convención Reformadora se constituyó el 16 de enero de 1962 en la legislatura provincial, en la ciudad capital, presidida por Héctor Gómez Machado, convencional de la UCRI.

Los convencionales, 60 en total, habían sido elegidos mediante la aplicación del sistema de mayorías: 36 para la UCRI y los restantes 24 distribuidos entre las minorías. Los partidos políticos representados eran la citada UCRI, la UCR, el Partido Demócrata Progresista (PDP), el Partido del Trabajo y del Progreso (PTP) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El bloque de constituyentes de origen peronista abandonó la convención en la segunda sesión por la falta de derechos, garantías y libertades en Argentina, como consecuencia del golpe militar que convulsionó al país durante la segunda quincena de marzo y desplazó al presidente Frondizi, dejando a cargo al vice José María Guido. El triunfo peronista en elecciones provinciales fue, entre otros motivos, la razón del cuestionamiento militar.

En la sesión de la Convención del 11 de abril de 1962 se aprobó el proyecto presentado por la mayoría, al cual se le hicieron algunas modificaciones, especialmente en el sistema legislativo y de los gobiernos locales.

El 12 de abril, en la sexta sesión ordinaria, se dio el tratamiento referido a los principios, derechos, garantías y deberes. El 13 de abril, en la séptima sesión, se analizó el régimen electoral, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, el juicio político, el régimen municipal, la educación, la modalidad de reforma de la Constitución y las disposiciones transitorias.

Algunos de los convencionales que se destacaron en los debates fueron, entre otros, Clyde Barsotti de Altieri, Guillermo Chiaraviglio, Pedro Fernández, Eduardo Galaretto, Héctor García Solá, Héctor Gómez Machado, Mario Mosset Iturraspe, Danilo H. Kilibarda, Eugenio Malaponte, Rafael Martínez Raimonda, Mario Migno, Juan Carlos Paillet, José María Reñé, Enrique J. M. Rojo, Roberto Rosúa, Miguel Salmen, Héctor Sandler, Héctor Scotta, Aldo Tessio, Arturo de la Torre, Decio Ulla, Jorge Viale, Mirto Lisandro Viale y Fernando Viñals.

En materia conceptual, en cuanto a los deberes y derechos, organización de los poderes, entre otros principios, mantuvo los de la Constitución de 1900, dándoles una presentación actualizada. Fuerte debate tuvo el proyecto de eliminar la bicameralidad, dejando sólo la Cámara de Diputados, que por la forma de representación genera el desequilibrio de dar el mayor poder al sur de la provincia.

Alcanzó plenamente la finalidad propuesta a la hora de la convocatoria, al afianzar constitucionalmente muchas de las leyes sancionadas a lo largo de los treinta años previos en Santa Fe en materia de derechos sociales.

Vale la pena destacar los siguientes artículos de la Constitución de 1962. El artículo 15º, por ejemplo, establece que “la iniciativa económica de los individuos es libre, sin embargo no pueden desarrollarse en pugna con la utilidad social o con mengua de la seguridad, libertad o dignidad humana”.

El artículo 16°, por su parte, consagra los deberes del individuo hacia la comunidad y el 19° se refiere a la tutela de la salud por parte del Estado; el 20° protege el trabajo, mientras que el 21° asegura el bienestar general de los habitantes, instituye un sistema de seguridad social integral e irrenunciable, el seguro social obligatorio, jubilaciones y pensiones móviles, defensa del bien de familia y compensación a la economía familiar.

En su artículo 23° se protege a la familia en su economía, al niño, a la maternidad, infancia, juventud y ancianidad, el 27° asegura el ahorro, el 25° el desarrollo equilibrado por medio de la promoción de la investigación e inversión privada en materia de energía, vías de comunicación, etc., y por el 28° decide estimular a la industria.

En materia de Empleos Públicos se introdujeron también normas en este nivel, tanto el acceso en igualdad de condiciones (Art.14°), lo que ya estaba estipulado en leyes previas, como la responsabilidad de la provincia ante terceros por actos ilícitos de funcionarios y empleados sin perjuicio de la posterior obligación de reembolso.

Más novedoso es el artículo 55° inciso 23, que establece que los estatutos para la administración pública deben garantizar: ingreso, estabilidad, carrera e indemnización por cesantía injustificada, dándoles así rango constitucional a éstos derechos.

El 14 de abril de 1962 quedó aprobada la primera Constitución provincial argentina modernizada, adelantándose en veinte años a las otras provincias. Con ella se consolidó constitucionalmente, en el ámbito provincial, el estado de bienestar y la acción promotora de la economía por parte del Estado.

Los convencionales, 60 en total, habían sido elegidos mediante la aplicación del sistema de mayorías: 36 para la UCRI y los restantes 24 distribuidos entre las minorías. Los partidos políticos representados eran la citada UCRI, la UCR, el Partido Demócrata Progresista (PDP), el Partido del Trabajo y del Progreso (PTP) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Por Ana María Cecchini de Dallo (Contenidos producidos para El Litoral desde la Junta Provincial de Estudios Históricos)

(Por Ivana Fux) – Omar Perotti no le cerró la puerta a una eventual reforma de la Constitución provincial. Tampoco se mostró como el dirigente que vaya a promover dicho proceso. En rigor, ello es una cuestión de estrategia. Ubicar al mandatario en el centro de esa polémica conllevaría dos riesgos: confrontar con una oposición que tiene mayoría en la Cámara de Diputados; e indefectiblemente, reducir la discusión a la presunta intención del mandatario de lograr su reelección. Por eso, el debate se intentará instalar y motivar desde la propia institución partidaria. El viernes, se reunirá la mesa chica del Justicialismo para fijar la fecha de encuentro del Consejo Ejecutivo Provincial. El cónclave con referentes de todos los sectores internos intentará recomponer la situación después de que se frustrara semanas atrás una reunión para comenzar a consolidar un proceso de unidad en la fuerza. Pero, además, el temario a discutir incluirá, precisamente, la reforma constitucional. Y ello permitirá medir qué grado de consenso existe dentro del propio peronismo para avanzar con el proceso.

Consultado por El Litoral, el gobernador se refirió al tema este lunes. Aprobado el presupuesto y controlada la situación sanitaria, la pretensión de la gestión es comenzar a darle aire a algunas reformas políticas. Ya se habilitó (en un segundo intento) el tratamiento en extraordinarias del proyecto de ley de Voto Joven; y hacia fines de marzo, se reflotaría el espacio de discusión sobre autonomías municipales. ¿Incluyen esas posibles reformas a la propia Constitución de Santa Fe, pronta a cumplir sesenta años? “Ojalá haya instancias de diálogo para cosas que le sirvan a la gente -respondió Perotti a este diario-; y que podamos encontrar en el esquema legislativo, en el diálogo o en la tarea parlamentaria misma, reformas que le sirvan a la gente”.

– ¿Le sirve una reforma de la Constitución a la gente?

– Yo creo que en este momento la cabeza de la gente no está en eso.

– ¿En la suya, gobernador?

– Ustedes saben lo que he pensado y lo he dicho en oportunidades anteriores; que me parecía que había que ir generando las condiciones para discutir algunas cuestiones de fondo. Pero uno salía a la calle y nadie te paraba para decir ‘quiero la reforma’. Sí creo hay que buscar las formas en las que pueda llegar a darse la actualización de algunos mecanismos. Sin dudas que (la Constitución) quedó vieja; esos son elementos a favor. Lo importante de esto sería que cada una de estas cosas pudieran tener su desarrollo sin interrumpir las cosas que en lo diario necesita la gente y que son las que yo priorizo. Nadie se va a poner en contra (de la reforma) si no se demora la provisión de agua, de cloacas, de gas, si se suman viviendas, se avanza con las rutas y además, genera alguna de estas modificaciones. Seguramente sí va a haber muchos más reclamos si uno pone toda su atención en esto y desatiende cada una de las cosas que la gente considera como urgentes.

Perotti volvió a tomar distancia del gobierno nacional, tras conocerse el paquete de medidas económicas que incluyen un aumento de las retenciones y la creación de un fondo estabilizador para regular los precios del trigo. “Yo hubiera empezado por aprovechar las oportunidades y dar una señal a todos nuestros sectores de ver cómo aprovechamos al máximo la posibilidad de crecer en la provisión de granos y harina al mundo. Eso fue lo que le transmitimos al presidente respecto de que el conflicto bélico (entre Rusia y Ucrania) genera incremento de costos de algunos insumos que importamos y suba de precios de cosas que exportamos”, expresó.

“Ojalá se dé pronto un proceso de paz. La reconstrucción que habrá que hacer de Ucrania después de la guerra no va a permitir que sean proveedores normales y habituales en todo su potencial de trigo o de girasol. Alguien va a tener que ocupar ese espacio y es una enorme oportunidad para la Argentina. Eso es lo que queremos hacer, por eso hemos lanzado nuestro propio programa de aliento a los productores con líneas de financiamiento promocionadas para que podamos crecer en más trigo, más maíz, más soja y en las producciones fruti-hortícolas”, planteó.

“No estamos en desacuerdo en tratar de resguardar los precios de la canasta familiar -aclaró-, pero sería bueno que los esfuerzos se hagan en todos los sectores porque los únicos precios que subieron a nivel internacional no fueron sólo los de los granos”. Y para concluir, sentenció: “Ojalá nos equivoquemos y funcione perfecto, pero no estamos de acuerdo en que cuando se da la suba de precios tengamos que generar sobre nuestra industria agroalimentaria una suba adicional. Nuestra defensa tiene que ver con algo más profundo, como es la defensa de la industria nacional, de la incorporación de valor agregado. No queremos que el agregado de valor que puede hacer la Argentina lo termine haciendo India o China, que son los que se llevan los granos para industrializarlos en su país”, concluyó.

(Por Ivana Fux) – El gobierno provincial intentará por segunda vez avanzar con la sanción del proyecto de ley que permita consagrar en Santa Fe el denominado “Voto Joven”. Para ello, ya habilitó y remitirá en las próximas horas a la Legislatura el mensaje Nro. 4949, a fin de que pueda ser tratado en extraordinarias. El texto de la norma plantea modificar solamente dos artículos de la ley 4990 (ley electoral), para ampliar el cuerpo electoral de la provincia y considerar “en calidad de electores” a “los argentinos nativos y por opción desde los 16 años, y los argentinos naturalizados desde los 18, que estén inscriptos en el Registro de Electores y no tengan ninguna de las inhabilitaciones” previstas en esa ley.

En los considerandos, se plantea que la iniciativa busca “ampliar los derechos políticos de los jóvenes, constituyendo un nuevo paso en el proceso de construcción de mayor ciudadanía para esa franja etaria”. Y se acota que “uno de los principios de la democracia es la ampliación de las bases de participación política asignando a la mayor cantidad de personas posible su intervención en la elección de sus autoridades. En tal sentido – se concluye-, el voto de los más jóvenes incrementa la participación electoral”.

“Cada vez más jóvenes -plantea el proyecto de ley- se involucran para tratar de transformar la realidad a través de la práctica política. Pero en el caso de la provincia de Santa Fe -se advierte-, pueden hacerlo únicamente para los cargos nacionales. Es decir, pueden elegir al presidente y vicepresidente, a los senadores y diputados nacionales, pero no pueden elegir a las autoridades locales”.

Según se consigna, la ley de 2012 que habilitó el Voto Joven en comicios nacionales, permitió que en los legislativos de 2013 participaran voluntariamente 627.364 electores de 16 y 17 años. El número creció para las últimas elecciones presidenciales, donde hubo 984.725 votantes de 16 y 17 años habilitados. Con la sanción de la ley nacional, casi todas las provincias comenzaron a adaptar su legislación para permitir el voto joven también en la renovación de los cargos locales. En 2012 se sumaron 9 provincias, en 2013 otras seis; y entre 2014 y 2017 lo hicieron cinco distritos más. Actualmente, las únicas provincias que no lo han instrumentado son Corrientes y Santa Fe.

El proyecto aspira a “consagrar una expansión de los derechos políticos de los jóvenes, permitiendo que puedan elegir a sus representantes en todos los niveles de gobierno”, incluso los locales. Ello implicará el reconocimiento en esta franja etaria de capacidades y potencialidades hasta ahora invisibilizadas.

El mensaje del Ejecutivo repara en que si bien la Constitución provincial cristaliza la conformación del cuerpo electoral para ciudadanos a partir de los 18 años, ello “no debe entenderse como una restricción a la ampliación de este derecho, sino que debe ser interpretada de manera sistemática, armónica y dinámica con los preceptos de la Constitución Nacional y con los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional incorporados en la propia Constitución Nacional”. Y añade que en la Constitución provincial, en su artículo sexto, establece que “los habitantes de la provincia, nacionales y extranjeros, gozan en su territorio de todos los derechos y garantías que les reconocen la Constitución Nacional y la presente, inclusive de aquellos no previstos en ambas y que nacen de los principios que las inspiran”.

Para el gobierno provincial, “dichas disposiciones deben ser tenidas en cuenta al momento de legislar sobre la ampliación de derechos que estipula este proyecto de ley”, permitiendo sortear posibles impedimentos normativos. “La posibilidad de que las y los jóvenes voten de manera no obligatoria o facultativa, no vulnera las prescripciones de la carta magna que solamente establece como límite el de los 18 años para el sufragio obligatorio”, se sostiene.

Con el envío a la Legislatura del proyecto de Voto Joven, el Ejecutivo pretende abrir una nueva etapa de discusión parlamentaria en la que se puedan comenzar a debatir diferentes reformas políticas. Se sumará a ésta, la discusión por las autonomías municipales, el retoque de normas electorales y por qué no, la propia reforma de la Constitución provincial.

La Cámara de Senadores sostiene que uno de sus miembros, el senador Armando Traferri, “no puede ser sometido a proceso penal” sin “la autorización de dos tercios” de sus integrantes presentes, tal como sostiene el artículo 51 de la Constitución Provincial.

A ese enunciado puede resumirse la posición del cuerpo deliberativo que rechaza el fallo del juez de cámara del fuero laboral, José Luis Mascali, quien ha declarado inconstitucional ese artículo de la Carta Magna santafesina y con ello habilitó en segunda instancia a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra a enviarle una cédula judicial al legislador, a pesar de que la Cámara alta les había rechazado, en diciembre de 2020 el desafuero de Traferri.

El fallo del juez Mascali parte de la idea de que Santa Fe debería tener fueros para los legisladores idénticos a los que existen a nivel nacional, con los que diputados y senadores pueden ser indagados e imputados pero no detenidos.

El Senado ha expresado el respaldo a Traferri para que no acepte ser indagado ni imputado tras una nota que el propio jefe de la bancada del Nuevo Espacio Santafesino había ingresado a la Cámara. Allí les informó formalmente a sus pares lo que ya todos sabían: que por el fallo de Mascali había sido citado por los fiscales.

El tema fue lógicamente derivado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuyo dictamen fue elaborado por Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio) y firmado por siete de sus diez integrantes, todos del radicalismo y de esa línea del peronismo.

Al momento de ponerse a consideración del cuerpo ese documento (que seguramente formará parte de los antecedentes que presentará Traferri a la justicia) podrá decir sin medias tintas que fue votado de manera afirmativa por 12 de los 19 representantes. Y que 5 senadores de Lealtad presentes se abstuvieron.

En el ámbito legislativo importa lo que por escrito se aprueba, pero también lo que en el debate se dice para argumentar a favor o en contra de un asunto o proyecto. El Diario de Sesiones contiene a ambos, lo aprobado y lo dicho.

En el primer plano el documento que le dice a Traferri que “no corresponde” que sea citado, indagado y mucho menos imputado.

El dictamen recuerda que la Cámara ya votó mantener las inmunidades parlamentarias a Traferri y agrega copia del acta de aquella sesión. De inmediato pasa al artículo 51 de la Constitución Provincial y los artículos 27 y 29 del Código Procesal Penal de Santa Fe.

“Huelga decir que trata de un acto propio y privativo de la apreciación y resolución del Poder Legislativo, no susceptible de revisión por ningún otro poder del Estado”, expresa el Senado.

Luego, dice que con su fallo el juez Mascali “desconoce un principio fundamental del derecho constitucional argentino (…) en cuanto las provincias pueden establecer legítimamente, para su organización institucional, soluciones diversas a las adoptadas por el Constituyente o el legislador nacional”.

Ese argumento se presenta acompañado de un extenso dictamen del constitucionalista Santiago Alfonso(h), cuyo aquilatado currículum con antecedentes de primer orden en el país y a nivel internacional fue leído en la sesión por Gramajo. Lo describió como “uno de los constitucionalistas más reconocidos de la Argentina”.

Advierte que todas las constituciones provinciales contienen disposiciones con más o menos protecciones especiales para los legisladores, porque su propósito es proteger la voluntad popular expresada en la representación legislativa “dentro del ámbito propio de la autonomía de los Estados Provinciales” dentro del marco que prevén los arts. 5 y 123 de la Constitución Nacional.

Sostiene que el fallo en segunda instancia “fácticamente opera a modo de una reforma de la Constitución Provincial, ahora por vía judicial, mediante la derogación para el caso particular del art. 51 de la misma” en oposición al único procedimiento que los senadores creen legítimo: el previsto en los arts. 114 y 115 de dicha carta.

Desde su banca, Gramajo insistió en explicar qué significa que pueda modificarse la Constitución por vía de fallos judiciales. Se preguntó qué pasaría si en Córdoba o Tucumán un juez dice que todas sus leyes no son constitucionales porque provienen de un sistema unicameral cuando la Constitución nacional establece la bicameralidad, y de modo más cercano, si un juez santafesino o mendocino dijera que debe habilitarse la reelección inmediata del gobernador, tal como existe la del presidente, con idéntico razonamiento al que ha guiado a Mascali.

Sin mencionar al peronismo en los ’90 y al dos veces gobernador Carlos Reutemann recordó que “se fue” a la Corte Nacional con el propósito de habilitarle la reelección al Lole con un resultado catastrófico para el PJ santafesino “de 9 a a cero”, que luego fue ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como conclusión el dictamen dice: “La resolución emanada del Colegio de Jueces de Segunda Instancia de la 2da Circunscripción Judicial, el día 5 de julio de 2021, es abiertamente contraria a las disposiciones constitucionales ya mencionadas; ha generado un innecesario conflicto de poderes. Que, como señala el ya citado Dr. Alfonso (h) Santiago en su dictamen, el art. 27, primer párrafo, del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe es plenamente válido y legítimo”.

“Que en definitiva, tal resolución judicial no debe conmover lo resuelto legítimamente por esta Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, en cuanto rechazó el pedido de desafuero del senador Armando Traferri”.

El senador provincial del PJ Armando Traferri fue citado a audiencia imputativa para el lunes 23 de agosto, a las 14, por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes lo acusan de ser “jefe-organizador de una estructura vinculada al juego ilegal y a la corrupción institucional en Santa Fe”, según la acusación que fue rechazada por el Senado santafesino al denegar el retiro de los fueros a ambos integrantes del Ministerio Público de la Acusación. Previamente, patrocinado por los abogados Oscar Romera y Juan Ignacio Murray, el legislador había planteado un recurso de inconstitucionalidad contra la reciente decisión del camarista José Luis Mascali, que le dio luz verde a la audiencia.

Para el bloque de senadores del oficialismo lo aprobado por la mayoría de la Cámara “roza el conflicto de poderes” al “inmiscuir al Poder Legislativo en un juicio al que es ajeno”, y corresponde que se lleve a cabo “entre partes”.

Así lo expresó Ricardo Kaufmann (PJ-Lealtad-Garay) quien se preoucupó en buena parte de su discurso de explicar que la bancada más cercana al gobierno provincial se abstiene porque en términos institucionales considera que no corresponde lo expresado por el dictamen, no respecto de las cuestiones personales que afectan a uno de los miembros de la Cámara.