El Senado completó en la siesta del 6 de diciembre de 2024 la sanción de la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional. La Ley Nº 14.384 fue promulgada esa misma jornada por el gobernador Maximiliano Pullaro que ese día cumplía 50 años de vida.

Diputados había terminado a la madrugada con la aprobación del texto superando los dos tercios necesarios ya que Unidos logró el acompañamiento del perottismo, la izquierda y de algunos otros legisladores.

De esa manera se ponía fin a años de discusiones sobre si abrir o no la instancia de la reforma de la Constitución sancionada a las apuradas en 1962 ante la inminencia de un nuevo golpe de estado en la Argentina y que derivó en la intervención federal al gobierno de Carlos Silvestre Begnis.

Pasó un año de la declaratoria de la necesidad de la reforma y Santa Fe ya tiene su nueva Constitución en marcha, jurada por los tres poderes y por los gobiernos municipales y comunales.

La Legislatura de la provincia de Santa Fe.

El 10 de septiembre de este año quedó sancionado el nuevo contrato social de los santafesinos dejando pendiente aún el dictado de una veintena de leyes que serán ejes centrales del debate político del próximo año en Santa Fe.

A la sanción de la ley de reforma le siguió la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes en forma simultánea la PASO municipal y comunal. Después la decisión sobre la fecha de funcionamiento de la Convención Reformadora y los dos meses de debate que dieron origen a la norma.

Todo pasó en el último año en Santa Fe sumado a que luego se dio el proceso electoral nacional. Una vorágine política cuyos resultados veremos en los próximos meses.

Parte del conteo de autoridades de mesa en las elecciones del pasado mes de octubre. Foto: Manuel Fabatía

Unidos con los bloques justicialistas y Fe lograron un consenso amplio sobre el nuevo texto constitucional que hoy es motivo de análisis y estudios en las facultades de Derecho.

Este martes, el Poder Ejecutivo enviará al Senado el mensaje sobre la futura Ley Orgánica de Municipios, norma angular para el nuevo andamiaje institucional de la provincia.

El Intendente Leonel Maximino encabezó este martes 25 de noviembre el acto de jura de la “Nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe”, aprobada recientemente por amplio consenso en la Convención Reformadora. La ceremonia, realizada en el Playón del Ferrocarril, reunió a más de 1.000 personas entre estudiantes, docentes, instituciones y vecinos de la ciudad.

Por iniciativa del gobernador Maximiliano Pullaro, después de 63 años, la provincia dio un paso fundamental hacia una Santa Fe más abierta, participativa y comprometida con el fortalecimiento de sus instituciones y los derechos de su gente. “Y qué mejor que hacerlo hoy, rodeados de niños, jóvenes, docentes, profesores y las instituciones que acompañan cada día el crecimiento de nuestra comunidad. Ustedes nos recuerdan que aprender es la base del progreso”, expresó el Intendente antes de tomar juramento a los presentes.

La jornada comenzó con la Senadora Leticia Di Gregorio tomando juramento a la Presidenta del Concejo, Griselda Valdecasa, quien luego hizo lo propio con los concejales. Posteriormente, la legisladora por General López tomó juramento al Intendente Leonel Maximino. El mandatario prosiguió con la jura de los funcionarios municipales y culminó con el juramento colectivo a todos los vecinos presentes.

El acto cerró con una postal cargada de emoción: cientos de chicos y chicas flameando sus banderas santafesinas, símbolo del compromiso comunitario con los valores, derechos y deberes que la nueva Constitución consagra.

Unidos trabaja en el marco de la Convención Reformadora con una hoja de ruta con cinco plenarios para votar, en cada uno de ellos, los dictámenes elaborados por las cinco comisiones temáticas, textos que son revisados por la Comisión Redactora que empezó ayer su minucioso trabajo acompañada por una profesora de Lingüistica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL.

Este miércoles se reunirá la Comisión de Labor Parlamentaria que encabeza el presidente del cuerpo, Felipe Michlig, para definir un primer plenario ese mismo día; otro de viernes y los tres restantes la semana próxima. De cumplirse este propósito quedará para la última semana la vuelta del trabajo de la Redactora en la revisión del texto para un último plenario con la redacción final y con numeración correspondiente de los artículos.

El objetivo del oficialismo es avanzar en cada plenario con los dictámenes elaborados por cada una de las comisiones, corregidos por la Redactora. "Estamos acá para aclarar los temas y evitar confusión en los textos" se dijo en varias ocasiones en la comisión. "No venimos a discutir el sentido político de los artículos, sino la redacción" señaló Fabián Bastia (Unidos) cuando desde algunos bloques de la oposición se intentó discutir aspectos sobre el sistema previsional.

Si bien las definiciones se tomarán este martes, el objetivo es que el pleno debata el miércoles temas dictaminados por la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo donde, entre otros temas, figuran la nueva conformación que tendrá la Cámara de Diputados con la elección de todos sus miembros en un sistema proporcional; una mayor amplitud del Período Ordinario que se iniciará el 15 de febrero de cada año hasta el 30 de noviembre; límites a la reelección y límites a los fueros.

También cambia el sistema de sanción de leyes, limitándolo a tres pasos y no cinco como tiene la actual Constitución.

En cuanto al Poder Ejecutivo, habilita la posibilidad de reelección del gobernador y vice y una cláusula transitoria advierte que este mandato de Maximiliano Pullaro es el primero.

La Redactora convocó para este martes a integrantes de las comisiones que dictaminaron temas para aclarar algunos aspectos de la redacción original tratando de buscar claridad en los textos.

Además de los temas a reformar, son 24 las cláusulas transitorias que tienen dictamen de mayoría, entre ellos para dictar una nueva ley de salud integral y otra de educación. También la incorporación al padrón las personas mayores de 16 años de edad.

"Los mandatos de las autoridades provinciales elegidas por el voto popular que se encuentren en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma no serán considerados como primer período, con excepción de lo dispuesto para el gobernador, vicegobernador, para quienes el mandato vigente se considera primer mandato", señala otro.

"Todas las leyes que deban dictarse de conformidad con lo dispuesto por esta Constitución deben ser sancionadas dentro del plazo máximo de dos años, contado a partir de su entrada en vigencia, salvo que se prevea expresamente un plazo menor. Hasta tanto se dicten dichas leyes, continúan vigentes las actuales en cuanto no sean incompatibles con las disposiciones previstas en esta Constitución", expone otro.

En cuanto al Poder Judicial, "a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución en relación con la composición de la Corte Suprema de Justicia, quien ocupa el cargo de Procurador General continuará integrando la Corte Suprema de Justicia, con la misma jerarquía y remuneración, hasta que alcance los requisitos para la jubilación ordinaria. Ocurridas estas condiciones, no se nombrará un nuevo Procurador que integre la Corte Suprema de Justicia".

Prevé que "los procedimientos para la selección de jueces, fiscales del Ministerio Público de la Acusación y defensores del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal que se encuentren en trámite al momento de la entrada en vigencia de esta Constitución continúan hasta su finalización de acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento".

Por otra parte, hasta tanto no estén dictadas las leyes que regulan el funcionamiento del Consejo Asesor de Selección de la Magistratura y del Ministerio Público y los procedimientos disciplinarios, se continuarán con los institutos actuales.

"Hasta tanto la Legislatura sancione las leyes que reglamenten la organización del Ministerio Público de la Defensa, el cual absorberá las funciones de las defensorías civiles y del Ministerio Pupilar, estos organismos mantendrán su ubicación institucional y desempeñarán sus funciones de conformidad con la normativa vigente hasta tal momento", expresa otra de las medidas transitorias.

El régimen municipal tiene varias medidas transitorias sobre mandatos, definiciones de categorías de municipios e incluso el plazo de un año para dictar la nueva ley Orgánica de Municipios y en dos años la de coparticipación.

"Las ciudades que a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución se encuentran organizadas institucionalmente como municipios con un Departamento Ejecutivo y un Concejo Municipal y tengan menos de 10.000 habitantes podrán decidir si mantienen su estructura institucional actual o adoptar la estructura institucional que contemple la nueva Ley Orgánica de Municipios. La decisión de adoptar la nueva estructura institucional debe ser formalizada a iniciativa del Departamento Ejecutivo, aprobada por ordenanza sancionada por dos tercios de los miembros de sus concejos municipales y comunicada a la Legislatura", reza otra transitoria.

Unidos, a través de Fabián Bastia, afirmó que el oficialismo no está dispuesto a cambiar el dictamen de mayoría en el párrafo referido al sistema previsional. El debate es el término indelegable de la función previsional mientras que, especialmente Más para Santa Fe, insistió en que el sistema previsional sea intransferible.

Diego Giuliano (Más para Santa Fe) advirtió que la redacción del artículo 21 trae problemas porque la Ley que declaró la necesidad de la reforma estableció que "las jubilaciones y pensiones de los empleados públicos provinciales sean atendidas por medio de un régimen público de reparto, basado en la solidaridad, a cargo de una institución del Estado provincial de carácter intransferible a otras jurisdicciones".

La discusión seguirá cuando el tema llegue al recinto, posiblemente, el viernes próximo, si se cumplen los plazos motorizados por Unidos.

La Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías de la Convención Reformadora sumó ya tres dictámenes de los temas de su incumbencia, y pasó a cuarto intermedio para terminar de ajustar la redacción de otra veintena de artículos a sumar a la Convención Reformadora.

La característica de los tres temas dictaminados y girados a la Comisión Redactora es que Unidos sumó el aval de los bloques de Más para Santa Fe, Activemos, Fe y de Somos Vida y Libertad mientras que La Libertad Avanza irá con pronunciamientos propios como lo viene haciendo con los restantes temas.

"Hemos incluido cinco nuevos derechos , es un momento importante" resaltó Alejandra Rodenas (Más para Santa Fe) para resumirlos en: ciencia y técnica; medio ambiente, defensa del consumidor, agua y entornos digitales.

La justicialista dijo que el dictamen es producto de haber escuchado a sectores sociales en audiencias públicas.

El recinto de Diputados durante la Convención Reformadora. Crédito: Guillermo Di Salvatore

El dictamen dice lo siguiente:

1. Incorpórase un nuevo artículo sobre "derechos digitales", el que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO NUEVO (...) Todos los derechos previstos en esta Constitución son aplicables en entornos digitales. La Provincia impulsa el desarrollo y uso ético de las tecnologías de manera segura y orientadas al bien común, preservando la centralidad y la dignidad de la persona humana.

Toda persona tiene derecho al acceso universal, equitativo, asequible, sin discriminación, continuo y de calidad a la tecnología, a la conectividad y a la infraestructura tecnológica. El Estado adopta medidas para lograr progresivamente la efectividad de este derecho, reconociéndose como condición para ejercer una ciudadanía plena e igualitaria y procurando la eliminación de las brechas digitales.

La Provincia promueve la construcción de una ciudadanía digital inclusiva, garantizando la alfabetización digital crítica, el respeto a la privacidad, la autonomía mental y la no manipulación de pensamientos, emociones o decisiones mediante el uso de tecnologías, asegurando siempre el consentimiento libre, expreso, informado y revocable. Adopta políticas integrales de ciberseguridad y procura un espacio digital libre de violencia, con especial protección de niños, niñas y adolescentes.

2. Incorpórase un nuevo artículo sobre "derechos digitales", el que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO NUEVO (...) Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales que se encuentren en entornos digitales ejerciendo sobre ellos el control en el uso, gestión, circulación y conservación de su información personal, con especial protección sobre datos sensibles.

Toda persona tiene derecho a conocer de forma clara, accesible y comprensible los criterios, parámetros y lógicas utilizadas en los sistemas automatizados o algorítmicos de toma de decisiones y a que intervenga una persona humana cuando esa decisión pueda afectar sus derechos, especialmente en los que se implemente inteligencia artificial u otras tecnologías emergentes.

La Provincia y las entidades públicas y privadas que operen en el territorio provincial tienen el deber de garantizar la transparencia, explicabilidad, trazabilidad, auditabilidad y control humano de dichos sistemas, así como promover mecanismos de evaluación de impacto y resguardo frente a sesgos o discriminación.

3. Incorpórase un nuevo artículo sobre "ciencia e innovación", que quedará redactado del siguiente modo:

ARTÍCULO (...). La Provincia reconoce a la ciencia, la tecnología y la innovación como un bien común de la sociedad, un derecho de las personas y una herramienta estratégica para el desarrollo socio productivo, sustentable e inclusivo. Se impulsa el fortalecimiento de un sistema de innovación, con el desarrollo de una institucionalidad, políticas públicas y recursos que aseguren el acceso equitativo a sus beneficios, el impulso a la investigación original, la transferencia tecnológica y la difusión del conocimiento, propiciando la articulación entre actores públicos y privados vinculados a la generación de conocimiento.

La producción científica es promovida en articulación con las universidades radicadas en la Provincia y organismos de ciencia y tecnología.

Reforma constitucional en Santa Fe.

4. Incorpórase un nuevo artículo sobre "protección del ambiente", que quedará redactado del siguiente modo:

ARTÍCULO (...) Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, sostenible y apto para el desarrollo humano, así como el deber de cuidarlo y protegerlo con enfoque intergeneracional y de colaborar con la acción climática.

El ambiente es un bien colectivo y la Provincia establece políticas públicas y mecanismos especiales de protección con base en los principios de prevención, precaución, equidad intergeneracional, progresividad y no regresividad, responsabilidad, solidaridad y en los derechos de acceso a la información pública ambiental, participación ciudadana, acceso a la justicia y educación ambiental.

La Provincia debe establecer sistemas de protección de la naturaleza, de las especies nativas y de los ecosistemas y adoptar medidas en defensa de los animales para asegurar su bienestar y protección, conforme lo establezca la ley. Identifica áreas naturales protegidas e impulsa la sostenibilidad ambiental, social y económica de las actividades que se desarrollen en su territorio y una transición justa.

Adopta las medidas urgentes y necesarias para hacer cesar las acciones que puedan producir en forma actual o inminente un daño al ambiente.

De manera progresiva se debe establecer una política climática que incluya mitigación y adaptación al cambio climático, contemplando herramientas para la prevención, el logro de mayor resiliencia y facilitar la transición ecológica y energética. Debe integrar la perspectiva climática en sus políticas públicas de acuerdo con el principio de progresividad y en línea con los compromisos internacionales asumidos por la Nación.

La Provincia debe impulsar la gobernanza ambiental y climática multinivel, intersectorial y multidisciplinaria.

Los municipios deben establecer políticas de protección del ambiente y de acción climática en el marco de sus competencias con base en el principio de complementariedad.

5. Incorpórase un nuevo artículo sobre "derecho al agua", que quedará redactado del siguiente modo:

ARTÍCULO (...). El agua es un bien colectivo de uso común e indivisible, esencial para la vida humana, de los ecosistemas y para el desarrollo productivo. Tiene una función social y ambiental y goza de especial protección desde una perspectiva sistémica.

Toda persona tiene derecho de acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento.

El Estado estructura la política pública de gestión integrada, sostenible y planificada de los recursos hídricos con base en la seguridad hídrica, la equidad intergeneracional, el ordenamiento territorial, el establecimiento de cuencas hidrográficas, la preservación del ciclo hidrológico y de los humedales, la interpretación más favorable a la protección de los recursos de agua y ecosistemas conexos, la información pública y la participación ciudadana.

La Provincia puede realizar acuerdos con otras jurisdicciones para la elaboración, implementación y evaluación de políticas de gestión, desarrollo y preservación de las cuencas interjurisdiccionales.

6. Incorpórase un nuevo artículo sobre "derechos de consumidores y usuarios", que quedará redactado del siguiente modo:

ARTÍCULO (...) La Provincia protege los derechos de consumidores y usuarios. Gozan en sus relaciones de consumo de los siguientes derechos: a la dignidad; a la educación; al acceso al consumo sustentable, seguro y de calidad; a la salud; a la protección de su privacidad; a la indemnidad personal y patrimonial, conforme los principios de prevención, precaución y de reparación integral; a la información; al acceso gratuito a la justicia y tutela judicial efectiva; a asociarse para la defensa de estos derechos.

La Provincia garantiza la protección de estos derechos mediante un sistema administrativo de defensa del consumidor y acciones judiciales individuales y colectivas. Adopta medidas, en coordinación con los municipios, de promoción del consumo sustentable, de prevención de conflictos y de riesgos, tanto en el entorno físico como digital, en particular: la protección de los consumidores y usuarios hipervulnerables; la educación para el consumo; el asociativismo consumeril; y la protección contra los riesgos, la publicidad, el marketing, el sobreendeudamiento de las personas consumidoras, las cláusulas contractuales abusivas y las prácticas abusivas.

Antes, la Comisión se pronunció con medidas de acción positiva que justificó Victoria Tejeda (Unidos): "Es un orgullo poder garantizar derechos a niños, adolescentes, personas con discapacidades, pueblos originarios", señaló la oficialista.

El texto dice lo siguiente:

1. Incorpórase un nuevo artículo sobre "medidas de acción positiva", el que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO (...): La Provincia reconoce la existencia de desigualdades estructurales que limitan el goce pleno de los derechos de las personas. Se compromete a adoptar medidas de acción positiva para reducir sus efectos negativos y garantizar condiciones de igualdad y no discriminación, en especial, y sin perjuicio de otros grupos que se encuentren en situación de desventaja estructural, respecto a:

a) la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo a su interés superior y al derecho a ser escuchados de acuerdo a su autonomía progresiva;

b) el principio de participación paritaria de las mujeres, la igualdad sustantiva de ellas y las diversidades en todos los ámbitos, garantizando la protección integral frente a toda forma de violencia y discriminación;

c) el rol activo de las juventudes en la vida social, económica, política y cultural, asegurando mecanismos institucionales para la real participación y toma de decisiones;

d) el cuidado de las personas mayores que garantice su dignidad, autonomía e independencia;

e) la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad, promoviendo los apoyos y ajustes razonables, con enfoque de diseño universal y accesibilidad;

f) la preexistencia y persistencia étnica y cultural de los pueblos originarios y sus comunidades;

g) el abordaje de la indigencia, la pobreza y la exclusión;

h) la promoción de la equidad territorial para superar la discriminación por razones geográficas en la provincia.

La Convención Constituyente de Santa Fe comenzó este lunes una sesión histórica en la que se alcanzaron acuerdos sobre el reglamento que regirá su tarea. El texto en general fue aprobado por unanimidad, con disidencias en artículos en particular. Con este paso, quedó formalmente habilitado el tramo decisivo del proceso de reforma.

El texto aprobado -resultado de negociaciones entre todos los bloques- organiza la labor en 8 comisiones:

1. Comisión de Labor Parlamentaria

2. Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento

3. Comisión Redactora

4. Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías

5. Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo

6. Comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales

7. Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la ciudad y ordenamiento territorial

8. Comisión de Funcionamiento del Estado y participación ciudadana

Cada comisión elaborará dictámenes que luego serán tratados en el plenario. Para la aprobación de cada artículo de la nueva Carta Magna se exigirá el voto afirmativo de la mayoría simple de los convencionales presentes.

* Quórum: presencia mínima de 36 convencionales para abrir las sesiones.

* Voto del presidente: ejercerá el voto en caso de empate, además de su voto como convencional.

* Plazo de trabajo: 60 días corridos a contar desde la aprobación del reglamento.

A partir de la próxima sesión -que tendrá lugar el miércoles-, las comisiones se reunirán para recibir y analizar los proyectos de reforma presentados.

Mauro L. Muñoz

El pensamiento académico y la voluntad política se unieron en torno a una temática que asoma con fuerza en la inminente Reforma Constitucional de Santa Fe: los derechos digitales. La diputada provincial y convencional electa Gisel Mahmud y el filósofo Tomás Balmaceda se dieron cita en la redacción de El Litoral, tras una jornada de una jornada de puesta en común sobre este debate.

Balmaceda es doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. Su trabajo se centra en el vínculo entre tecnología y sociedad, un campo en el que combina la investigación académica con la divulgación pública. Junto a otros colegas fundó un grupo de investigación sobre filosofía y tecnología, y desde hace años participa en debates sobre inteligencia artificial, ética digital y ciudadanía tecnológica. Fue invitado a Santa Fe para protagonizar un conversatorio, en el que participaron más de cincuenta personas de distintas disciplinas, para pensar en conjunto los desafíos del presente y las posibilidades a futuro que la reforma a la Carta Magna dejará impregnada en este nuevo aspecto: el tecnológico.

La actividad se enmarcó en una serie de debates preparatorios que se vienen llevando a cabo desde sectores legislativos y sociales de cara a la inminente Convención Constituyente que tendrá lugar este año en Santa Fe. En la reforma de la Carta Magna, se contempla que uno de los ejes sea la incorporación de un capítulo vinculado a los derechos digitales. La diputada Gisel Mahmud, quien preside la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara baja y fue electa como convencional constituyente, es una de las impulsoras de esta agenda.

Acceso universal a internet, protección de datos personales, ciudadanía digital, gobierno abierto, inteligencia artificial aplicada al trabajo y a la educación fueron algunos de los temas que surgieron de la actividad “Conversaciones para la reforma 2025” respecto a lo que puede incorporar la Constitución.

Ludopatía en adolescentes por el fenómeno de las apuestas online, salud mental deteriorada por una hiperconexión, formación continua en torno a las herramientas digitales y cómo garantizar que la tecnología no profundice desigualdades, fueron otros aspectos que se desplegaron en la conversación en El Litoral en un debate que apenas comienza.

"Me encantó la invitación de Gisel a Santa Fe. En el conversatorio hubo personas muy distintas (docentes, abogados, adolescentes, bioquímicos, personas del ámbito del derecho y la discapacidad) pero todas reunidas bajo una misma pregunta: ¿qué entendemos por derechos digitales?", comentó Balmaceda.

-¿Cómo se traduce esa pregunta desde el enfoque filosófico al debate constitucional?

-TB: Lo que me interesa en estos casos es empoderar a las personas para que entiendan que no hace falta tener conocimientos técnicos para hablar de tecnología. Por supuesto que hacen falta especialistas, pero el impacto de la tecnología es tan profundo que nos atraviesa a todos. Un lema de mi grupo de investigación es que la tecnología no puede resolver los problemas que ella misma generó. Hoy tenemos muchas dudas sobre la inteligencia artificial: su impacto en el trabajo, en el entretenimiento, en la información. Todo eso lo generó la tecnología, pero no va a ser un programador el que resuelva las fake news o los deepfakes. Se necesitan más personas pensando sobre estos asuntos porque es en cada uno de nosotros en quienes impacta directamente. Lo que sucede es que muchas veces nos autoexcluimos de esos debates. Pensamos que no sabemos lo suficiente o, en ocasiones, que es cosa de jóvenes. Por eso acepté la invitación. Me pareció importante que la academia participe y ayudar a mostrar que más allá de los libros, todas las voces son relevantes.

-¿Por qué la necesidad de este debate y de sumar voces especialistas?

-GM: Con Tomás ya habíamos trabajado en una charla sobre inteligencia artificial cuando recién aparecía ChatGPT. Ahora, con la Convención Constituyente a punto de empezar, decidimos volverlo a convocar porque queremos que Santa Fe dé un paso hacia una Constitución que escuche el presente y mire al futuro. De nuestra parte venimos trabajando desde hace años en temas vinculados al uso cotidiano de la tecnología. Por ejemplo, el año pasado impulsé una ley para prevenir la ludopatía online en adolescentes. Hoy, ante la reforma, tenemos una oportunidad histórica: incorporar los derechos digitales a nuestra Constitución. Santa Fe es una de las últimas provincias en reformar su carta magna, pero podemos ser los primeros en tener una Constitución moderna. No se trata solo de redactar nuevos artículos, tenemos que pensar en cómo la conectividad se transforma en un mejor servicio público o en cómo el Estado puede usar la tecnología para mejorar la gobernanza. Algunos países optan por no regular. Pero no regular también es una decisión. Es permitir que pase cualquier cosa, desproteger a la gente, especialmente a niños y adolescentes ante nuevos fenómenos. Pero además es perder la oportunidad de pensar cómo la tecnología puede mejorar el Estado, la producción, la educación, la salud, el empleo. Por eso me pareció oportuno invitar a alguien como Tomás, que ayuda a pensar desde la filosofía cómo nos atraviesan estos cambios.

-¿Hasta qué punto una Constitución puede abordar temas tan nuevos y cambiantes?

-TB: Las constituciones son marcos. Me gusta pensarla como un arenero: tiene límites, pero adentro podés moverte. Lo importante es que sea lo suficientemente amplia para permitir lo que todavía no imaginamos. Por ejemplo, nuestra Constitución hablaba de la divulgación científica, algo que después de la pandemia se vio trastocado por muchos discursos anticientíficos y muchas dudas con respecto a la evidencia, entonces hoy vemos el valor de que esto haya sido considerado. Entonces, así como esa norma fue adelantada a su tiempo, la que se redacte ahora también tiene que estar pensado para durar muchas décadas. Por eso considero que lo que no se debe hacer es pensar en plataformas específicas, pero sí tiene que proteger principios: privacidad, libertad de expresión, autonomía, acceso.

-También obligaciones

-GM: Claro. Tenemos el desafío de acordar qué provincia queremos ser, qué derechos queremos garantizar y qué obligaciones tiene que tener el Estado. Pero en esa discusión no podemos dejar afuera lo digital. La ley de necesidad de la reforma no habilita a dar el debate, tenemos que hacerlo considerando todos estos aspectos. Debemos regular, por ejemplo, que si se usa inteligencia artificial para determinado fin, prevalezca por sobre ella la supervisión humana. En el caso que de acá a algunos años, por ejemplo, se establezca una fórmula algorítmica de criterios sobre concursos docentes, no podemos dejar librado al azar esos algoritmos para que decidan solos porque en muchas ocasiones que persisten sesgos discriminatorios que no contemplan factores humanos que son necesarios considerar. También creo que hay que establecer el acceso a Internet como un derecho humano esencial, porque sin conectividad, no hay igualdad de oportunidades. Y creo que la pobreza del futuro será también una pobreza digital. Tenemos que garantizar que los derechos de siempre —trabajar, estudiar, desarrollarse— también estén protegidos en los entornos virtuales.

-¿Hay algo que convendría no regular en una Constitución?

-TB: El mayor error sería negarle lugar a la tecnología. La historia lo muestra: ante cada revolución tecnológica hubo miedo. Pensemos en la Revolución Industrial: reemplazó el trabajo manual, generó desempleo, hubo revueltas para destruir máquinas que alteraron el orden de la vida. Hoy podríamos tener esa misma tentación: negar. Pero prohibir no sirve. Hay que confiar en que, bien orientado, el cambio puede hacernos mejores. Es clave asumir que estos cambios existen y pensar en cómo guiarlos para construir una sociedad más justa es lo imperioso.

-¿Qué hacemos con lo nuevo, como la inteligencia artificial? ¿Cuánto de ello puede abarcar una Constitución?

-TB: No soy ni abogado ni constitucionalista, pero desde mis conocimientos filosóficos creo que tenemos que pensar que esta Constitución tenga que ser lo suficientemente amplia como para imaginar las próximas revoluciones digitales que puedan existir en términos de aquello que no cambia. Hay muchos derechos que los ubicamos en lo digital que, en realidad, son los mismos derechos que tenemos ahora pero en otro plano. Me parece que el desafío es dejar establecidos acciones y principios rectores, y no caer en la tentación de querer regular herramientas específicas que cambian todo el tiempo y cada vez más rápido. No importa si usas Twitter o el Metaverso, lo que vale es tener garantizada la conectividad, la autonomía, la privacidad, la libertad de expresión. Son valores históricos de la República que deber seguir protegidos. Porque lo digital no es un mundo separado. Todo es real: el acoso en redes, la desinformación sobre salud, todo tiene consecuencias reales. Tenemos que dejar de hablar de "vida real" y "vida virtual" como si fueran mundos distintos. Todo es real: lo analógico y lo digital.

-¿Puede la tecnología ayudar a mejorar la calidad democrática de la vida en sociedad?

-GM: Absolutamente, porque cuando hablamos de la Constitución, no solo tenemos que pensar en derechos ciudadanos, sino también en el compromiso tecno-democrático del Estado. Estamos en un momento en que se cuestiona fuertemente el rol del Estado y la función de la política, la forma en la que me dan respuestas y en la que se asisten derechos y necesidades. Bueno, para poder agilizar las calidad de respuesta del Estado, para poder hacer que tener que hacer un trámite en una app no sea inviable, para poder hacer que un formulario digital sea realmente accesible. Además, podemos pensar en la posibilidad que mecanismos de participación, de que un vecino pueda participar en la presentación de un proyecto de ley, de expresar opinión en el caso de una revocatoria del mandato de un funcionario público que no cumple con su obligación. Son todos aspectos que tienen que ver con ampliar la participación democrática y también con la rendición de cuentas, con que la política no es un lugar de privilegios, sino de servicio para la sociedad.

-¿Cuál es el desafío de los convencionales en este aspecto novedoso para la Constitución provincial?

-GM: Como decía Tomás, tenemos que tener la flexibilidad para formular de modo amplio lo que se establezca, para que nos permita luego adecuarlo al devenir de cambios que cada vez son más acelerados. Y en ese sentido resalto que necesitamos una ciudadanía empoderada, que conozca de qué estamos hablando. Que los santafesinos sepan que tienen que tener el derecho a una alfabetización digital continua por ejemplo, porque hoy ya no alcanza con terminar la escuela o hasta incluso en la universidad. Los trabajos cambian permanentemente e incluso los docentes tienen que seguir capacitándose. Entonces, en cada uno de los capítulos de los distintos planteos tienen que girar en torno a dar a la ciudadanía herramientas que le permita ir de la mano del avance tecnológico porque de eso se trata el progreso de la sociedad. Pero si no regulamos determinados marcos, probablemente haya algunos pocos que avancen con ese progreso y otra parte de la sociedad que quede excluida, profundizando las desigualdades. Entonces, nos debemos el pensar una sociedad donde nadie quede atrás mientras la tecnología avanza.

Los futuros bloques de convencionales constituyentes de Unidos para Cambiar Santa Fe y de Más para Santa Fe protagonizaron una serie de reuniones internas y con actores de la sociedad con miras a la Convención que se iniciará el próximo 14 de julio.

En el caso de Unidos, los encuentros tuvieron por escenario la sede del comité provincial del radicalismo donde hubo reuniones de partidos con representación en la convención y de la mayoría de los 33 representantes de la coalición oficialista. "Se avanzó bastante, ya hay un porcentaje muy alto de acuerdo sobre el reglamento a proponer y líneas generales de trabajo. Además se armaron comisiones por capítulos y temas para avanzar en las redacciones de los artículos habilitados" señaló un vocero del sector.

Luego, Unidos recibió a la Defensora General del sistema penal, Estrella Moreno Robinson y más tarde a dirigentes del gremio de judiciales con posturas encontradas sobre el lugar que ocuparán en el texto constitucional el MPA y la Defensa.

Unidos continuará el próximo lunes las reuniones apurando las definiciones.

Por su parte, convencionales de Más para Santa Fe continuaron con las reuniones con sectores de la comunidad camino a la reforma que se iniciará el próximo 14 de Julio.

"Ha sido un día muy interesante porque hemos recibido a dos colectivos importantísimos de la provincia: uno que representa a distintas agrupaciones de personas mayores y jubilados, y otro de ambientalistas, dos temas que estamos convencidos que tienen que tener jerarquía y protección constitucional", señalaron voceros justicialistas.

Para los convencionales de Más Santa Fe, "en el caso de los personas mayores ya hay un artículo, el 21, en la Constitución que protege de manera taxativa al sistema previsional. Ese debe ser el piso sobre el que tenemos que trabajar", acotaron.

"Los convencionales de Más para Santa Fe hemos llegado a un punto de síntesis, diálogo y acuerdo para lo que para nosotros es la defensa del modelo previsional de la Caja de Jubilaciones dentro de la provincia y de la movilidad jubilatoria. Lamentablemente venimos en la provincia de una reforma previsional que para nosotros fue un verdadero ajuste sobre el sector activo y el sector pasivo. Hoy escuchamos todas las posiciones, tomando nota con un informe muy interesante que nos brindaron que vamos a tener en cuenta para la próxima discusión constituyente", resaltaron en un comunicado difundido al término del encuentro.

En cuanto a ambientalistas participaron miembros directivos, investigadores, docentes, facilitadores ambientales y representantes de organizaciones como Capibara, CEPRONAT, Tramatierra, Foro por el Paraná.

Las organizaciones sociales y ambientales de la provincia entregaron un documento suscribiendo "una Constitución que promueva la sostenibilidad y el cuidado colectivo desde una perspectiva de justicia ecosocial."

Para Diego Giuliano, el gobierno provincial debería encarar un proceso de diálogo "serio y profundo" con todos los sectores políticos de la provincia para generar el mayor grado de consenso posible, de cara a la Convención Constituyente. En diálogo con El Litoral, el constituyente electo por el PJ objetó puntos del borrador de reglamento que termina de pulir el oficialismo, y exhortó a evitar "una Constitución de nicho o de la discordia".

- ¿Cómo debería ser el reglamento de la futura Convención?

- El reglamento debería ser el que permita la mayor posibilidad de consenso; un reglamento que nos permita un diálogo enriquecedor para hacer la mejor Constitución posible. Si no, vamos hacia una Constitución de nicho, de primera minoría y no de mayoría, que no es lo mismo. No es lo mismo una Constitución que se sancione por un voto más que una que logre un consenso amplio como la del 62; por eso duró 63 años. El gobierno tiene que reflexionar sobre esto. Han hecho un proceso muy amañado hasta ahora y se necesita abrir el diálogo. El reglamento debería llevarnos a lograr esas mayorías que van a ser producto del diálogo y de que cada uno ceda lo que corresponde para generar la mejor Constitución posible. Si no, iremos hacia una Constitución de la discordia.

- ¿Cómo deberían ser las mayorías que aprueben las diferentes reformas?

- Eso debería ser importante de tratar. El hecho de que no sea por un voto más le va a dar una enorme legitimidad y fortaleza a la Constitución. De lo contrario, vamos a girar en descubierto. Ya ha habido otras constituciones en la historia nacional que duraron muy poco, que fueron muy ejecutivistas o para lograr una pulsión. En esta reforma hay varias pulsiones. Está la de los que están gobernando y quieren seguir gobernando; está la de los que quieren gobernar en el futuro, pero acá lo que hay que poner sobre la mesa es la pulsión de la sociedad y cómo generamos una mejor constitución. Y eso se logra con miradas plurales. El gobierno tiene que asumir que no obtuvo en las urnas ni la mayoría propia ni el quórum de la constituyente. Por eso tiene que abrir el diálogo.

"El reglamento debería llevarnos a lograr mayorías que sean producto del diálogo, y de que cada uno ceda lo que corresponde para generar la mejor Constitución posible", plantea Giuliano. Crédito: Archivo-Manuel Fabatía.

- ¿Cada artículo debería votarse con mayoría especial?

- La ley que declaró la necesidad de la reforma establece que lo que rige es el reglamento de la Cámara de Diputados. Y el reglamento de la Cámara de Diputados para poder ser reformado requiere una mayoría de los dos tercios. Con lo cual, debería haber dos tercios para obtener un reglamento democrático. En segundo lugar, creo que cada una de las reformas que van al texto definitivo de la Constitución de Santa Fe requieren una mayoría agravada. Dos tercios es la mayoría que te permite lograr el mayor nivel de diálogo, y eso no debería ser visto por el gobierno como un obstáculo, sino como una enorme oportunidad. Para tocar el texto constitucional que logró Silvestre Begnis hay que lograr consenso. De lo contrario, vamos hacia una reforma donde hay una sola pulsión, que es la de la autorreelección. Y Santa Fe no se merece eso.

- ¿Coinciden con el voto doble del presidente de la Convención?

- El doble voto del presidente no está en ningún reglamento de ninguna convención constituyente provincial. El presidente tiene voto a la hora del empate. Esto es la Constituyente de la Nación, la de la ciudad de Buenos Aires, las últimas convenciones constituyentes en las provincias... El doble voto del presidente es una herramienta insólita.

- ¿Qué denota querer incluirla?

- Es un signo de debilidad porque quien no obtuvo en la urna la mayoría ni el quórum, no quiere perder la oportunidad de un voto y creo que éstas son las reglas de juego. Me parece que el gobierno tiene que reflexionar sobre esto y si logró abrir el proceso constituyente, debe estar a la altura de lo que significa ese proceso. La marca de la Constitución del 25 tiene que ser la protección de los derechos, que no tengamos una Constitución recesiva que vaya para atrás, porque las constituciones también pueden ir para atrás cuando se hacen mal; y sobre todo, que tengamos una Constitución duradera. Nosotros pondríamos el acento en las autonomías. Ésta debe ser la gran Constitución de las autonomías municipales.

- ¿Es pertinente que a las reuniones de la Comisión Redactora sólo asistan sus miembros formales?

- Eso no sólo es inapropiado, sino que es achicar cada vez más la constituyente. Hay una mirada de achicamiento, de acortamiento, de cerrarla, de tratar de conseguir el objetivo de cada uno y nada más y eso tiene que ser superado. Yo creo que el gobierno tiene una gran oportunidad; el gobernador tiene una gran oportunidad. Él abrió el proceso constituyente y eso es un mérito. Ahora, si lo abre para solamente su pulsión autorreeleccionista, creo que la historia en esto nos va a jugar. La historia es muy despiadada con los constituyentes si no se actúa bien. Los diplomas son una alegría y un orgullo, pero si no somos serios, la historia va a ser muy dura con nosotros.

- A 45 días de la Convención, ¿esperaban otro nivel de diálogo desde el oficialismo?

- Por supuesto que sí. Como el diálogo no fue previo, como la sociedad previamente no fue ni siquiera anoticiada, esperábamos un diálogo mucho más fluido. Hoy te diría que no estamos pasando más que de un diálogo de tipo social. No hay todavía un diálogo político serio y profundo ni sistematizado. Creo que ni en el propio oficialismo existe eso y ojalá que lo podamos superar porque el proceso ya empezó. La película de la Constituyente ya existe. Ahora, hay que darle contenido, seriedad y sobre todo, fluidez para participar en algo que nos excede completamente como generación.

El Tribunal Electoral de la provincia entregará este jueves, desde las 10, los diplomas a los 69 convencionales electos el pasado 13 de abril y que conformarán la Convención Reformadora a partir del 14 de julio.

El acto tendrá por escenario el Museo de la Constitución y será encabezado por el presidente del Tribunal Electoral, Roberto Falistocco, y entre quienes recibirá el diploma está el propio gobernador, Maximiliano Pullaro quien encabezó la lista provincial de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Cincuenta de los convencionales fueron elegidos por la ciudadanía de la provincia mientras que los restantes diecinueve pertenecen a cada uno de los departamentos en que se divide la provincia.

Unidos es la primera minoría en la futura Convención producto de haberse impuesto en la elección provincial y en la mayoría de los departamentos. Sumó 33 bancas en la asamblea mientras que Más para Santa Fe (con el PJ a la cabeza) sumó 12 lugares. En tanto, La Libertad Avanza obtuvo 10 escaños. Completan Somos Vida y Libertad con 7 lugares, Activemos con 4 y Frente de la Esperanza con 3.

Unidos: Maximiliano Pullaro, Germana Figueroa Casas; Lionella Cattalini, Lucas Galdeano, Josefina Del Río, Rodolfo Giacosa, Daiana Gallo, Cristian Cunha, Victoria Tejeda, Joaquín Blanco, Fabián Bastia, Claudia Levin, Walter Ghione, Katia Passarino, Pablo Farías, María Sánchez Lecumberri, Lucas Incicco, Lucía Masneri, Gino Svegliatti y Gisel Mahmud.

Lisandro Enrico, Germán Giacomino, Mauricio Maroevich, Hugo Rasetto, Leonardo Diana, Esteban Motta, Julio Garibaldi, Germán Baumgartner, Rodrigo Borla, Felipe Michlig, Oscar Dolzani, Orfilio Marcón, Raúl Gramajo

La Libertad Avanza: Nicolás Mayoraz, Candela Rodríguez, Marcos Peyrano, Beatriz Browver, Froilán Ravena, Gabriela Martínez, Néstor Fandoz y Agustina Vidal. Juan Aleart, Javier Meyer

Más para Santa Fe: Juan Monteverde, Alejandra Rodenas, Diego Giuliano, Lucila De Ponti, Pablo Corsalini, Jaquelina Balangione, Facundo Olivera y Patricia Boni. Hugo Sosa, Armando Traferri, Alcides Calvo y Rubén Pirola.

Somos Vida y Libertad: Amalia Granata, Juan Argañaraz, Silvia Malfesi, Emiliano Peralta, Lucila Lehmann, José Machado y Alicia Azanza.

Activemos: Marcelo Lewandoski, María Capocetti, Rubén Giustiniani y María Martínez

Frente de la Esperanza: Alejandra Oliveras, Ariel Sclaiani y Caren Fruh

El gobierno provincial llevó adelante este martes una jornada de reflexión y debate sobre seguridad social, en el aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, con la presencia de autoridades provinciales y especialistas.El acto de apertura de la iniciativa, que se enmarco en la V Semana de la Seguridad Social, fue encabezado por la vicegobernadora de la provincia, Gisela Scaglia; el decano de la Facultad de Derecho de la UNR, Hernán Botta; el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso; y el subsecretario del área, Lucas Incicco.Al respecto, Scaglia señaló que “el desafío es pensar en el futuro de Santa Fe y en la seguridad social de una manera más integral. El presente, como una provincia que ha sostenido y que sigue dialogando y abriendo el debate a la seguridad social, nos interpela al futuro; por eso celebro que estas jornadas permitan pensar el futuro a partir de la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe”.Por su parte, Boasso subrayó “la importancia que tiene la seguridad social para el Gobierno de Santa Fe, fijando un modelo claro en el marco de una política social que viene a garantizar una cobertura ante contingencias que se presentan en la vida”.El encuentro, dirigido a representantes de instituciones de las distintas cajas de previsión, tanto públicas como profesionales, así como entidades de la seguridad social de toda la provincia; tuvo como eje la seguridad social y el impacto en la vida de los santafesinos.

El primer panel, denominado “Los aportes que las Instituciones de Seguridad Social hacen a la vida de los ciudadanos”, contó con la participación de los directores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Alicia Berzero; de Pensiones Sociales, Ulises Puntonet; y de la DIPART, Laura Primucci; y la interventora de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado, Lorena Ulieldin, quienes detallaron los resultados de la gestión provincial, centrados en la transparencia y el uso eficiente de los recursos.El segundo panel: “Expectativas en la incorporación de derechos sociales en la Reforma Constitucional de la Provincia de Santa Fe”, estuvo a cargo de los convencionales constituyentes electos Germana Figueroa Casas, Lucas Incicco, Lionella Cattalini y Daiana Gallo Ambrosis; quienes reflexionaron sobre la necesidad de debatir sobre los derechos sociales, en el marco de la reforma de la Constitución.El segundo encuentro en el marco de la Semana de la Seguridad Social está previsto para el miércoles 30 de abril en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Santa Fe, San Lorenzo 1849.

La provincia viene llevando adelante estos encuentros en las localidades de Rosario y Santa Fe donde reúne a los actores del sector para plantear y debatir en torno a las principales problemáticas de las instituciones y las demandas de las personas, con la finalidad de arribar a conclusiones favorables a los santafesinos y a la sustentabilidad de los diferentes sistemas.

Tras emitir su voto en la mañana de este domingo, la candidata a convencional constituyente por General López, Ana Silvia Narvaiz, dialogó con Sur24 y destacó la importancia de participar activamente en esta instancia electoral que definirá a quienes reformarán la Constitución provincial. 

A las 10 de la mañana, la afluencia de votantes aún era baja en muchas escuelas, situación que encendió las alarmas entre los distintos sectores políticos.

“Con la mejor expectativa, tranquila y con mucha responsabilidad”, expresó la candidata, quien remarcó que la elección de convencionales “es muy importante para el futuro de la provincia”.

Consultada sobre el bajo nivel de participación en las primeras horas, expresó: “No lo tenía presente, pero sí, hago un llamado a la población para que se acerque a votar. Es importante que se cumpla con el deber de elegir responsablemente, para que tengamos una buena sociedad y una ciudadanía bien gobernada”.

En ese sentido, subrayó la necesidad de explicar con claridad qué se vota hoy. “Hay mucha gente que todavía no sabe. Me siguen preguntando qué se vota y por qué. Hoy elegimos convencionales constituyentes, personas que van a estar en el recinto de la Cámara de Diputados para reformar la Constitución”.

La candidata recalcó el valor histórico de esta instancia: “Es muy importante que se elija bien. Esta Constitución amerita un cambio porque hace muchísimo que no se reforma. Han pasado 63 años desde la última reforma provincial, y necesitamos adaptarla a la realidad actual que estamos viviendo”.

Finalmente, anticipó que continuará la jornada recorriendo las escuelas de la ciudad, acompañando el trabajo de sus fiscales. “Desde las 8 de la mañana están presentes en todas las escuelas. Yo voy a estar dando vueltas por todos lados, acompañando”.

Con la Legislatura semivacía, la Cámara de Senadores de Santa Fe sesionó a solo tres semanas del fin de la campaña electoral para la elección de convencionales reformadores y de las PASO para designar candidatos a concejales en todas las ciudades y 19 intendentes.

A la iniciativa que sobre tablas ingresó el senador radical por San Martín Esteban Mota solo le resta la habilitación por parte del Poder Ejecutivo Provincial o bien su debate y tratamiento luego del 1 de mayo.

El aspecto del Palacio Legislativo de este jueves 27 fue muy diferente del que presentó siete días antes, cuando el día 20 se celebrara una sesión conjunta de ambas Cámaras y también se reuniera Diputados. Una parte menor de los coches en la playa de estacionamiento y poco movimiento en los pasillos.

En ese contexto, siempre marcado porque queda muy poco para los comicios del domingo 13 de abril, los senadores del oficialismo y la oposición mostraron acuerdo para que en el futuro ningún convencional reformador que ya tenga un cargo público en los poderes Ejecutivo o Legislativo cobre una segunda remuneración.

El texto del proyecto de ley que presentó el oficialismo, luego de tomar una decisión en el mismo sentido para sus propios candidatos, recibió una escueta pero significativa señal de apoyo del bloque del PJ. Así, a la iniciativa que sobre tablas ingresó el senador radical por San Martín, Esteban Motta, solo le resta la habilitación por parte del Poder Ejecutivo Provincial o bien su debate y tratamiento luego del 1 de mayo, cuando se inicie el período ordinario de sesiones. Todo indica que en el Senado el asunto gozará de unanimidad.

Una jornada con menos coches en la playa de estacionamiento y poco movimiento en los pasillos. Imagen ilustrativa. Foto: Fernando Nicola

El proyecto mencionado tiene dos artículos. Y solo uno basta para crear una norma respecto de lo que (por elementales razones éticas) debería suceder con cualquier dirigente político que ya cobra una remuneración pública. En definitiva, que no haya una doble remuneración para que quien además de funcionario de gobierno o legislador en cualquier nivel del Estado actué en el futuro como convencional en Santa Fe.

Se sabe: la Convención que reformará la Constitución de la Provincia de Santa Fe no tiene aún fecha y se supone que se la conocerá luego de las próximas elecciones, y tampoco tiene lugar definido.

Ahora, si el Senado hace lo suyo y luego Diputados imita el gesto regirá los siguiente: "Dispóngase que quienes resulten electos como Convencionales Reformadores conforme a la Ley 14.384 y desempeñen durante el funcionamiento de la Convención Reformadora un cargo público en la órbita del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo nacional, provincial, municipal o comunal no percibirán una remuneración adicional por su tarea".

La Cámara de Senadores sesionó a solo tres semanas de la elección de convencionales reformadores.

"La Constitución de la Provincia de Santa Fe, en su artículo 114, dispone que 'los convencionales gozan de las mismas inmunidades y remuneración de los legisladores, mientras ejerzan sus funciones'", dice Motta en los considerandos y agrega: "Esta disposición procura garantizar el adecuado desempeño de las tareas de los Convencionales Reformadores, tanto en relación con las inmunidades de expresión y de arresto con las que cuentan los legisladores, como con el derecho a una remuneración. Sin embargo, la Constitución no contempló la posibilidad de que resulten electos quienes ya se encuentran cumpliendo una función pública, tanto en el ámbito propio del Poder Legislativo o en el Poder Ejecutivo, tanto de la provincia, como de la nación, municipios o comunas". Y destaca que esas tareas (al no cesar mientras dure la Convención) continúan con su correspondiente remuneración.

Como se sabe, además de 50 convencionales por Distrito Único, el 13 de abril también se elegirán constituyentes por cada uno de los 19 departamentos. Todo, de cara a la convención reformadora que modificará la Constitución de Santa Fe.

Luego, la presentación de listas de candidatos a convencionales distritales derivó en la particularidad de que prácticamente replica la composición actual del Senado provincial. Todos, excepto dos legisladores de dicho cuerpo, disputarán la elección para intentar ser elegidos como convencionales por sus respectivos departamentos. Y ello trasciende las pertenencias partidarias.

En síntesis, el actual senador Garibaldi lo hará por La Capital; Leonardo Diana por San Gerónimo; Germán Baumgartner por Garay; Alcides Calvo por Castellanos; Esteban Motta por San Martín; Felipe Michlig por San Cristóbal; Rodrigo Borla por San Justo; Orfilio Marcón por General Obligado; Osvaldo Sosa por Vera; Oscar Dolzani por San Javier; Raúl Gramajo por 9 de Julio; Ciro Seisas por Rosario; Eduardo Giacomino por Constitución; Pablo Horacio Verdecchia por Belgrano; Hugo Raseto por Iriondo; Armando Traferri por San Lorenzo y Rubén Pirola por Las Colonias.

Eduardo Rosconi prescindió de competir por una eventual banca en la Constituyente.

Solamente el actual senador por Caseros, Eduardo Rosconi, prescindió de competir por una eventual banca en la Constituyente. El segundo caso es el del departamento General López. El caso en sí mismo contiene una particularidad.

No se postuló su actual representante, Leticia Di Gregorio; en cambio, lo hizo el actual ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. Pero en rigor, es el actual funcionario el senador electo por el citado departamento, sólo que está en uso de licencia, a partir de su asunción como ministro e integrante del gabinete de Maximiliano Pullaro.

La ley sancionada por la Legislatura santafesina, que declaró la necesidad de la reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, propone "ampliar la protección del derecho humano a la educación de acuerdo con la actualidad del sistema educativo, sus necesidades y los estándares nacionales e internacionales, con perspectiva de derechos (…)".

En este marco, es evidente que los convencionales deberán debatir cuestiones relacionadas con el rol de la familia en la educación y la posibilidad de ejercerlo en el marco de libertad razonable.

Por ello, en línea con trabajos anteriores, he confeccionado el presente escrito para tratar de destacar especialmente cuáles son las pautas que, a mi criterio, deberían ser tenidas en cuenta durante las sesiones de la convención al momento de definir el contenido de la nueva Constitución santafesina, en relación con la problemática previamente descripta, para evitar que el mismo resulte inconstitucional.

El artículo 1 de la Carta Magna santafesina explica que la provincia de Santa Fe, como miembro del Estado federal argentino, y con la población y el territorio que por derecho le corresponden, organiza sus instituciones fundamentales, de acuerdo con las condiciones y limitaciones emergentes de la Constitución Nacional.

Por su parte, el artículo 6 del cuerpo legal dice que sus habitantes (nacionales y extranjeros) gozan en su territorio de todos los derechos y garantías que les reconocen la Constitución Nacional y la provincial.

Entonces quienes resulten elegidos para oficiar como convencionales constituyentes, al sugerir el contenido de las reformas, deberán respetar la Constitución Nacional, que consagra los derechos de enseñar y de profesar libremente el culto, y de formación y defensa integral de la familia y del niño, de las que se desprende la importancia, en materia de educación, de la participación de los padres (que tienen derecho a "educar" a sus hijos en base a sus creencias y más íntimas convicciones) y de los niños, que también cuentan con el derecho a acceder a este tipo de educación sin ser perturbados en sus creencias y su integridad psíquica.

Dentro de las disposiciones que limitan el accionar de los convencionales aparecen las que se detallan a continuación:

a) Los artículos 14, 14 bis, 20, 33, 75 incisos 19 y 22 de la Constitución Nacional, conforme a los cuales se garantiza a todos los habitantes el derecho de enseñar y aprender (artículo 14); se obliga al Estado a la protección integral de la familia (artículo 14 bis) y a garantizar, a través de las leyes, que la misma participe en la educación; y se reconoce a todos los habitantes de la Nación el derecho de profesar y ejercer libremente su culto (artículos 14 y 20), de lo cual se desprende, al decir de Alberto Chartzman Birembaum ("Derecho a la libertad religiosa, de conciencia y de culto en el vínculo jurídico laboral". Cita Online: AP/DOC/92/2.015), que "la libertad religiosa no es simplemente un derecho tolerado, sino que es una libertad ampliamente reconocida, aceptada y protegida".

b) El artículo 12 inciso 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice: "Libertad de Conciencia y de Religión: 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

c) El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que expresa: "Artículo 13- 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz".

d) El artículo 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que aclara lo siguiente: "Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

e) El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuanto afirma que: "Artículo 26. 1. Toda persona tiene derecho a la educación (...) 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (...) 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos".

f) El artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño, que dice: "1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño (…)".

g) El artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño, que a su vez establece: "Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación (…)".

h) El artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño, dice: "Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural".

i) El artículo 2 de la Ley 23.849, que aprobó la Convención de los Derechos del Niño estableciendo reservas, y que debe ser considerada parte de la citada convención con idéntica jerarquía, según la cual "las cuestiones vinculadas con la planificación familiar atañen a los padres de manera indelegable de acuerdo a principios éticos y morales (…)".

De lo referido surge claramente que los convencionales deberán asegurar que las familias, cumpliendo su rol natural, en base a sus convicciones, participen, junto a los demás integrantes de las comunidades educativas, de la educación de sus hijos, ya que su exclusión se contrapondría con la Constitución Nacional, y resultaría claramente ilegítima y lesiva de derechos humanos fundamentales.

(*) Para comunicarse con el autor: pablopossetto@hotmail.com 

Los decanos/as de las cuatro principales facultades de Derecho instaladas en la provincia de Santa Fe se pronunciaron por repensar el texto de la Constitución de Santa Fe "con el objeto de adaptarse a los tiempos actuales, reflejar los avances del derecho en los últimos 60 años y proyectar una Provincia comprometida con valores como la democracia, el respeto por los derechos humanos, el desarrollo sostenible, órganos de control y la transparencia en la gestión pública".

La postura está contenida en un documento presentado en las instalaciones del Club del Orden y que lleva las firmas de Claudia Levin (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de UNL), Zully Degano (Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica local); Hernán Botta,(Facultad de Derecho de UNR) y Luis María Caterina (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UCA en Rosario).

La declaración se firmó el día en que se conmemoraron los 41 años de la vuelta a la democracia con la elección de 1983, respaldó la reforma constitución de la Nación de 1994 y termina instando a discutir una reforma provincial de la Carta Magna.

El texto comienza señalando que "en el marco de la celebración por los 30 años de la Reforma a la Constitución Nacional llevada a cabo en nuestra Provincia, reivindicamos una vez más la importancia de dicha reforma, que sin dudas representó un progreso significativo para el país, al constitucionalizar tratados de derechos humanos, incorporar nuevos derechos y garantías, y establecer instituciones que fortalecen el sistema democrático, tales como el Consejo de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Auditoría General" .

Enseguida acotan que "como mujeres y hombres de derecho con responsabilidades institucionales en la formación de las y los profesionales del futuro, así como en nuestro compromiso hacia la sociedad santafesina, no podemos menos que expresar nuestra inquietud respecto a la necesidad de adecuar y repensar nuestra propia Constitución provincial con el objeto de adaptarse a los tiempos actuales, reflejar los avances del derecho en los últimos 60 años y proyectar una Provincia comprometida con valores como la democracia, el respeto por los derechos humanos, el desarrollo sostenible, órganos de control y la transparencia en la gestión pública".

Por último, las autoridades universitarias reafirmaron "el compromiso de trabajar conjuntamente, compartiendo esfuerzos para optimizar resultados en la construcción de conocimiento al servicio de la sociedad".