A nueve meses del dictado de la Ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional y, a dos años exactos del triunfo electoral de Maximiliano Pullaro/Gisela Scaglia, la Convención Reformadora aprobó el texto del nuevo pacto social de los santafesinos para los próximos años.

Finalizó el período de dos meses de vigencia de la Convención y la política santafesina alumbró un texto del consenso posible. Hubo propuestas, hubo debate, hubo cesión y hubo acuerdos. Política ciento por ciento entre frente electorales ante la debilidad de los partidos políticos.

Que haya partidos y no frentes elonga los debates porque primero está el acuerdo interno y luego salir a hablar con el otro.

Tres sectores políticos de los cuales surgieron los gobernadores democráticos de Santa Fe desde 1958 en adelante fueron los que, definitivamente, le dieron forma a los 161 artículos y las 27 cláusulas transitorias. Radicales, justicialistas y socialistas, cada uno de ellos con sus distintas vertientes.

La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad no votaron el texto y marcaron claras diferencias, especialmente el oficialismo nacional que dio debate en cada tema, que hizo dictámenes propios y que en los pasillos dialogó buscando puntos de coincidencia con los actores mayoritarios.

No es un dato menor que hayan votado tres artículos y que dos de sus integrantes hayan apoyado el artículo del próximo órgano para seleccionar candidatos a jueces, fiscales y defensores. Y que además se quedaran a la jura y al acto en Plaza de la Legislatura. Es cierto que había libertad de acción en el bloque.

La Libertad Avanza cuestionó judicialmente -sin éxito hasta el momento- el proceso de reforma en el origen, en la ley que declaró la necesidad de avanzar sobre el texto institucional. No obstante, dio la pelea con proyectos propios para cada tema, con dictámenes propios y jurando el texto.

Al momento de la jura, Lucila Lehmann quien desde la CC-ARI fue aliada de Amalia Granata, anunció que irá a la Corte Suprema de Justicia porque -a su entender- se afectó la división de poderes.

La necesidad de la reforma venía madurando en la política santafesina. Miguel Lifschitz estuvo muy cerca y quizás las diferencias internas en el socialismo bloquearon el dictado de la ley. Ahora, la gestión de Pullaro con mayoría propia en las dos cámaras pudo hilvanar los acuerdos para juntar las voluntades necesarias.

Omar Perotti le dio los votos en Diputados y después estuvo ausente en la elección y en la Convención. El ex gobernador participó en la jura y el aporte fue destacado por Felipe Michlig en su discurso de cierre.

No obstante Perotti, el peronismo estuvo en la Convención. Osvaldo Sosa, senador por Vera, se lo dijo, tras felicitarlos, a sus pares radicales el día en que se sancionó la ley de reforma: "nos vemos en la convención". Y así fue, en una alianza con Ciudad Futura y el Frente Renovador el peronismo participó en la asamblea y fue parte del entretejido que se sancionó el jueves.

El peronismo estuvo también con el ensayo político de Marcelo Lewandowski, otro partícipe activo, así como del líder del Frente de la Esperanza (FE), Ariel Sclafani. Fe fue la rueda de auxilio ideada por el radicalismo para recolectar a los descontentos con la política de la mano de Alejandra Oliveras.

Jugada audaz que le garantizó la sanción de la reforma a la hora de plasmar unos pocos artículos donde la Casa Gris resolvió no ceder. Es que Sclafani llegó acompañado por dos convencionales de origen radical. Los planteos de Sclafani siempre fueron puertas adentro, nunca en el recinto.

La Constitución tiene una nueva estructura del poder y el paso del tiempo dirá si hay más equilibrio o -si como pronostican los agoreros- hay una pata del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Tienen presencia en la Carta organismos impensados en la década del 60 como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

La otra parte, y que generó gran debate interno y externo, es la autonomía municipal, tema que genera un marcado interés en Rosario y demasiado incipiente en el resto del territorio. Pero también hay un marco de ampliación de derechos de los cuales se irán apropiando diferentes actores y el Estado deberá dar respuestas sin recurrir a mayor presión tributaria.

Rubén Pirola, justicialista, a la hora del cierre, se emocionó cuando dijo ser hijo de la educación pública que le permitió llegar a ser contador. "Y eso porque había una Constitución Nacional, provincial, porque en algún momento hubo dirigentes políticos que pensaron que los derechos no se dan, son conquistas, y que a partir de allí podemos transformar la realidad personal y colectiva".

El oficialismo saludó y puso de relieve el consenso. "La Constitución no estaba escrita" repitieron radicales, socialistas y dirigentes del PRO en las últimas semanas contra el discurso de sectores que ningunearon la posibilidad de un entendimiento.

Si Unidos quería la posibilidad de reelección, la tuvo tras el 13 de abril. "No cedimos a las tentaciones del poder temporal que nos da la sociedad, porque creemos en la institucionalidad por sobre todas las cosas" marcó Michlig en el discurso de cierre. El justicialismo aceptó entonces sentarse a la mesa y trabajar en el nuevo texto.

Consenso y equilibrio, definió el gobernador y constituyente Maximiliano Pullaro. Diego Giuliano (Más para Santa Fe) , el viernes todavía reprochaba como el oficialismo optó por mantener la posibilidad del indulto al gobernador y una redacción ambigua sobre el tema carcelario que no les permitió acordar esos dos artículos.

"Estamos dando pasos que nos llevan a grandes cambios" marcó otro actor importante de la asamblea como fue Fabián Bastia. En su discurso habló de legitimidad y consenso. "Ese consenso es la legitimidad de las virtudes, del proceso virtuoso, de las virtudes que le ganaron al defecto y al vicio; de la virtud de la templanza que se impuso sobre la ira, el grito y la agresión", remarcó.

Santa Fe tiene su nueva Constitución, ahora deberán empezar a pensarse en una veintena de leyes para cumplir los propósitos.

En un país fragmentado, donde la política parece ser insulto al que piensa distinto; donde cada ley es a todo o nada; donde hay gritos en vez de diálogo, en Santa Fe una parte importante de la clase dirigente sigue dialogando, sigue apostando a buscar coincidencias en las diferencias.

La Constitución del 25 "es un sendero proyectado al futuro y le marca el camino también a una Argentina necesitada de diálogo y acuerdos de largo plazo", marcó Pullaro en el cierre. Un deseo y un desafío por delante.

Por Gonzalo Zentner (El Litoral)

Santa Fe vivió dos meses a pura intensidad política, que se sintetizó en la entrada en vigencia y jura de la remozada Constitución provincial.

Tal y como estaba previsto, los convencionales y las autoridades de la Convención prometieron ante la flamante Carta Magna en el recinto de Diputados, lugar donde se cocinó la nueva ley de leyes santafesina. Luego, los titulares y funcionarios de los tres poderes del Estado hicieron lo propio ante la ciudadanía.

Con la Constitución vigente desde el jueves 9 con la publicación en el Boletín Oficial, quedan en el transcurso del mediano plazo (en algunos casos meses, en otros años) resolver las disposiciones transitorias que se establecieron al final del documento provincial, al finalizar el articulado.

Como explicó El Litoral, la nueva Carta Magna contiene 161 artículos y 27 disposiciones transitorias. Precisamente, en la tarde noche del viernes 12 de septiembre se cumplimentaron las dos primeras; que estaban vinculadas a la jura tanto intra convención como de las autoridades del gobierno provincial, de ambas cámaras de la Legislatura y del Poder Judicial.

A continuación, el detalle de los 25 artículos transitorios que los tres poderes del Estado provincial deberán acoplarse en el mediano plazo. Cuestiones electorales, de organización y de la Justicia.

Tercera: Las autoridades de la Convención y los secretarios de esta deberán, hasta el día 30 de septiembre de 2025, emitir todos los actos administrativos y tomar todas las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a todas las obligaciones que reconozcan como origen el funcionamiento y disolución de la Convención Reformadora.

Cuarta: Hasta tanto la Legislatura sancione la ley electoral conforme a lo establecido en el artículo 56, se incorporarán al padrón las personas mayores de dieciséis años de edad y las personas extranjeras a los fines de que puedan ejercer el derecho de sufragio.

Quinta: Hasta tanto se dicte la ley que determine la competencia judicial específica en materia electoral, continuará entendiendo en estos casos el Tribunal Electoral, de acuerdo con la normativa vigente al momento de sancionarse la presente Constitución.

Sexta: Los mandatos de las autoridades provinciales elegidas por el voto popular que se encuentran en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma no son considerados como primer período, con excepción de lo dispuesto para el gobernador y vicegobernador para quienes el mandato vigente se considera primer mandato.

Séptima: Todas las leyes que deban dictarse de conformidad con lo dispuesto por esta Constitución serán sancionadas dentro del plazo máximo de dos años, contado a partir de su entrada en vigencia, salvo que se prevea expresamente un plazo menor. Hasta tanto se dicten, continúan vigentes las actuales.

Octava: A partir de la entrada en vigencia de esta Constitución quien ocupa el cargo de procurador general pasa a titularizar la Procuración General creada en el artículo 119, con la misma jerarquía, remuneración y funciones que no hubiesen sido transferidas.

Ocupará dicho cargo hasta que alcance los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria o los setenta y cinco años de edad, lo que ocurra primero.

Novena: A partir de la entrada en vigencia de esta Constitución los fiscales de materia extrapenal pasan a denominarse “procuradores”, manteniendo la jerarquía y remuneración actual.  A los procuradores que se designen de ahora en más, se les requerirá el acuerdo legislativo. Quedan exceptuados los que actualmente están en funciones en dichos cargos.

Décima: Hasta la entrada en vigencia de la ley que regule el funcionamiento del Consejo de Selección del Poder Judicial y del Ministerio Público se aplica el sistema de selección de jueces, fiscales y defensores vigente a la fecha de entrada en vigor de esta Constitución.

Décima primera: Los procedimientos de selección de jueces, de fiscales del Ministerio Público de la Acusación y de defensores del Servicio Público Provincial de Defensa Penal que se encuentren en trámite al momento de la entrada en vigencia de esta Constitución continúan hasta su finalización de acuerdo con la normativa vigente al inicio del procedimiento.

Décima segunda: Hasta la entrada en vigencia de la ley que regule los procedimientos disciplinarios de jueces, procuradores, fiscales y defensores, los mismos se sustanciarán ante los órganos y se regirán por la normativa actualmente en vigor.

Décima tercera: Lo previsto en los artículos relativos al enjuiciamiento de jueces, procuradores, fiscales y defensores resulta aplicable a partir de la vigencia de la ley que regule su funcionamiento.

Décima cuarta: Las Defensorías Generales y del Ministerio Pupilar que dependen actualmente del procurador general mantienen su ubicación institucional, la forma de designación y remoción de sus integrantes y desempeñan sus funciones de conformidad con la normativa vigente, hasta la entrada en vigor de la ley que reglamente la organización del Ministerio Público de la Defensa.

Décima quinta: La fiscal general, el auditor general de gestión y los fiscales regionales del Ministerio Público de la Acusación, la Defensora Provincial y los Defensores Regionales del Servicio Público Provincial de Defensa Penal continuarán en sus cargos hasta el vencimiento del mandato por el que fueron designados.

El actual mandato de la fiscal general y de la defensora provincial se considerará primer período a los fines de una nueva designación.

Décima sexta: Una ley debe contemplar todas aquellas medidas necesarias para la puesta en funcionamiento del Ministerio Público.

El uso asignado y el destino de los inmuebles, espacios, oficinas, los bienes muebles y demás equipamiento que a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución estén afectados al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público de Defensa Penal no podrá ser modificado sin la conformidad del Ministerio Público.

Décima séptima: Los agentes que actualmente se desempeñan en el Ministerio Público de la Acusación y en el Servicio Público Provincial de Defensa Penal pasan a integrar el Ministerio Público con la entrada en vigencia de esta Constitución. Son traspasados de pleno derecho y de manera inmediata conjuntamente con sus respectivos cargos y las partidas presupuestarias que tienen asignadas.

Se deben trasladar asimismo los cargos que se encuentren vacantes y que correspondan a dichos órganos. A los fines del traspaso, se toma en cuenta la planta existente al momento del inicio de esta Convención Reformadora (14/07/2025). Se les respeta la remuneración, funciones y ámbito geográfico de prestación de servicios y pautas que protejan el derecho a la carrera.

Décima octava: Los agentes que actualmente se desempeñan en las defensorías generales y en el ministerio pupilar, dependientes del Procurador General, se trasladarán con sus respectivos cargos al Ministerio Público de la Defensa, tomándose en cuenta la planta existente al momento del inicio de esta Convención Reformadora (14/07/2025).

Y la que se agregue hasta el momento de producirse el efectivo traspaso, respetando la remuneración, funciones y ámbito geográfico de prestación de servicios. Una ley debe contemplar el plazo, las pautas del traspaso y la protección del derecho a la carrera.

Décima novena: Los procesos judiciales alcanzados por las modificaciones al artículo 129 que estén iniciados en la Corte Suprema de Justicia al momento de entrada en vigencia de esta Constitución continuarán su trámite correspondiente hasta su culminación en ese órgano jurisdiccional.

Vigésima: Los procesos de expropiación en los que la Provincia sea parte que se inicien con posterioridad a la entrada en vigencia de esta Constitución tramitarán en la justicia civil y comercial hasta que una ley regule la competencia.

Vigésima primera: Los procesos contencioso administrativos y los recursos contra las decisiones del Tribunal de Cuentas tramitarán ante los órganos jurisdiccionales con competencia en materia contencioso administrativa hasta que una ley regule la materia.

Vigésima segunda: Los Departamentos Ejecutivos podrán remitir a los Concejos Municipales un proyecto de ordenanza de declaración de necesidad del dictado de la Carta Orgánica convocando para tales fines a una Convención Estatuyente y pueden incluir en ella normas relativas a la implementación de las competencias propias de la autonomía establecidas constitucionalmente.

Vigésima tercera: La unificación de las elecciones de los mandatos provinciales y municipales conforme lo previsto en el artículo 155 de esta Constitución comenzará a regir a partir del año 2035:

A tales fines:

1) los titulares de Departamentos Ejecutivos que se elijan en el año 2029 serán electos por un período de seis años, por única vez;

2) todos los concejales de municipios con menos de veinte mil habitantes que fueron electos en el año 2025 desempeñarán su mandato hasta el año 2029. No se aplicarán los resultados de los sorteos realizados en función de las previsiones del artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2.756; y,

3) los concejales de municipios con menos de veinte mil habitantes que se elijan en el año 2029 desempeñarán su mandato hasta el año 2031, período que no será considerado a los fines de la aplicación de límites a las reelecciones.

Vigésima cuarta: Los mandatos de las autoridades municipales y comunales que se encuentran en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma no son considerados como primer período. Para las autoridades comunales cuyo mandato comienza en diciembre del año 2025 este no será considerado primer período.

Para los titulares de Departamentos Ejecutivos y concejales cuyo mandato comienza en diciembre del año 2025 este será considerado como primer período.

Vigésima quinta: La Legislatura deberá sancionar una nueva Ley Orgánica de Municipios de acuerdo con las disposiciones de esta Constitución, dentro del plazo de un año contado a partir de su entrada en vigencia.

Vigésima sexta: Las ciudades que a la fecha de entrada en vigencia de esta Constitución se encuentran organizadas institucionalmente como municipios con un Departamento Ejecutivo y un Concejo Municipal y tengan menos de diez mil habitantes podrán decidir si mantienen su estructura institucional actual o adoptar la estructura institucional que contemple la nueva Ley Orgánica de Municipios.

La decisión de adoptar la nueva estructura institucional debe ser formalizada a iniciativa del Departamento Ejecutivo, aprobada por ordenanza sancionada por dos tercios de integrantes de sus Concejos Municipales y comunicada a la Legislatura.

Vigésimo séptima: La ley que establece el régimen de coparticipación previsto en el artículo 157 deberá dictarse dentro del plazo máximo de dos años contado a partir de la entrada en vigencia de la presente. No podrá modificarse en desmedro de la totalidad de los municipios la distribución de recursos vigente al momento de la sanción de esta reforma.

En el marco de la “Convención Reformadora” de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, se presentó una propuesta para incorporar el principio de “Equilibrio Etario” en las listas de candidatos a cargos legislativos provinciales y municipales.

La iniciativa, impulsada por el “Colectivo de Personas Mayores” y expuesta en audiencia pública, establece que al menos uno de los tres primeros lugares de cada lista de diputados provinciales y concejales municipales sea ocupado por una persona mayor de 65 años. El objetivo es garantizar una representación real y efectiva de este sector, históricamente relegado en los ámbitos de decisión política.

“La Constitución Nacional nos ampara. La Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, ratificada por Argentina, nos obliga a fomentar su participación activa. No como un gesto simbólico, sino como una obligación concreta”, expresó Oscar Delgado, uno de los defensores de la propuesta que expuso sobre la cuestión.

Inclusión 

El documento destaca que las personas mayores aportan experiencia, memoria, empatía y tiempo para el trabajo legislativo, además de subrayar que la esperanza de vida ha aumentado y que la longevidad es cada vez más frecuente. Según el planteo, la mayoría de los adultos mayores conservan plena capacidad cognitiva, en igualdad o incluso superior a la de adultos jóvenes.

Inspirada en los avances alcanzados con la paridad de género, la propuesta busca ampliar el concepto de representatividad democrática, colocando a la Constitución de Santa Fe en un lugar de referencia en materia de inclusión.

“No buscamos privilegios, sino equidad. No representamos a un sector, sino a una etapa de la vida que merece ocupar lugares de decisión, con voz y voto. Es tiempo de que la experiencia tenga el lugar que le corresponde en la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y democrática”, enfatizó Delgado.

La presentación lleva las firmas de Oscar Delgado, Ricardo Cicarelli, Patricia Cosgrove, Juan J. Mocciaro, Susana Fernández, Rita, Miriam Talamone, entre otros.

En menos de un mes, el 14 de julio, se pondrá en marcha un proceso histórico en la provincia de Santa Fe cuando los 69 convencionales electos el último 13 de abril se reúnan en el recinto de la Cámara de Diputadas y Diputados con una agenda intensa por delante.

Serán 40 días corridos, que se podrán prorrogar a 20 más, para debatir sobre 42 artículos de la norma vigente desde 1962, habilitados para su modificación a través de la ley 14.384/24.

También se pondrá en discusión la derogación de otros artículos y la habilitación de un amplio y novedoso temario.

Entre los artículos a modificar está el 19, referido al derecho a la salud. Ese fue el tema que abrió la agenda de debates en Demos, Centro Cultural y de Estudios que, el viernes pasado, inauguró el ciclo "Conversaciones para la Reforma de 2025".

Allí se dieron cita el senador por La Capital Paco Garibaldi, y los diputados provinciales Gisel Mahmud y Pablo Farías, los tres electos convencionales, junto con la secretaria de Salud, Andrea Uboldi, integrantes del gabinete sanitario provincial; Valentina Sirtori y Carolina Nini (por Demos).

También referentes de numerosas instituciones y especialidades, como Enfermería, Medicina, Derecho, Trabajo Social, Universidad, Psicopedagogía, Psicología, Ciencias Veterinarias, Bioética, Farmacia y Laboratorio provincial de medicamentos, entre otras voces reunidas alrededor de una gran mesa que convocó a debatir un derecho fundamental, ya reconocido pero que requiere de nuevas miradas.

"Queremos extender los límites de la constitución provincial" fue la consigna de quienes convocaron a la reunión de la que participó El Litoral.

¿Qué dice la Constitución? En su artículo 19, la carta magna santafesina establece que "La Provincia tutela la salud como derecho fundamental del individuo e interés de la colectividad. Con tal fin establece los derechos y deberes de la comunidad y del individuo en materia sanitaria y crea la organización técnica adecuada para la promoción, protección y reparación de la salud, en colaboración con la Nación, otras provincias y asociaciones privadas nacionales e internacionales".

Además, declara que "las actividades profesionales vinculadas a los fines enunciados cumplen una función social y están sometidas a la reglamentación de la ley para asegurarla". Y aporta, como premisa fundamental, que "nadie puede ser obligado a un tratamiento sanitario determinado, salvo por disposición de la ley, que en ningún caso puede exceder los límites impuestos por el respeto a la persona humana".

¿Qué dispone la ley de necesidad de la reforma? En la sección primera, al llegar al artículo 19, se establece "extender la protección del derecho a la salud, tanto en su esfera individual como en su esfera social".

¿Qué va a cambiar a partir de la Convención? Las modificaciones concretas se conocerán luego del debate en el cuerpo deliberativo, donde se descuenta que habrá propuestas en tensión, dada la diversidad de representaciones partidarias que se reunirán en el recinto.

Mientras tanto, el viernes se pusieron sobre la mesa cuestiones que cada sector considera centrales, a la vez que se analizaron los dictados de las cartas magnas de provincias limítrofes: Buenos Aires que incluye a los medicamentos como bien social y dispone el derecho a la salud para consumidores y usuarios; Córdoba donde las políticas sanitarias son coordinadas entre los tres niveles del Estado, y Entre Ríos que prioriza el presupuesto para gastos en salud y dispone la descentralización hospitalaria, por mencionar algunos tópicos de esos distritos.

La apuesta en Santa Fe es por "una reforma ética, política y profundamente humana". Aunque, como bien advirtió Uboldi, "quizás muchas de las ideas no puedan ser plasmadas en la Constitución", que no es una Ley de Salud, sino un documento que va a tener un artículo con esta reforma.

Por eso, las opiniones que circularon entre las y los invitados fueron tomadas como "insumos" por los convencionales presentes para un futuro debate, que partirá de una premisa fundamental: la salud como un concepto amplio e integral, incluso, más allá de las personas, para que contemple también su relación con los animales y su interacción con el medio ambiente.

Mientras tanto, en las libretas de los participantes quedaron anotadas sugerencias en materia de prevención de enfermedades zoonóticas, resistencia antimicrobiana, derecho a la alimentación de calidad en las distintas etapas de la vida, distribución equitativa en el territorio provincial de los recursos profesionales, la integración público-privada, la importancia de la salud mental, la inserción profesional en el ámbito público, la ESI (habrá una mesa de debate específica sobre Educación) , el medicamento como bien social a la luz de la experiencia del laboratorio provincial (LIF), la IVE sancionada a nivel nacional a fines en diciembre de 2020, los derechos sexuales y reproductivos y la autonomía, también en esta materia, de personas con discapacidad.

Como se ve, aunque queda en claro que "no todo cabe en una Constitución", ya hay un amplísimo abanico de propuestas. Todas para uno de los 42 artículos a reformar. Y todas reunidas por uno de los sectores políticos que participarán de la Reforma. Desde el 14 de julio, todo será debate.

El senador nacional y candidato a convencional constituyente, Marcelo Lewandowski, cerró una intensa campaña que tuvo como principal estrategia la cercanía y el contacto cara a cara con el vecino, con el empresario, con el productor y con los trabajadores.

"Esta no es una elección más, va a modelar la provincia que queremos por los próximos 60 años", advirtió Lewandowski y lamentó el "escaso tiempo para hacer campaña, difundir las propuestas e informar a la gente sobre lo que se va a votar el próximo 13 de abril".

En ese sentido fustigó fuertemente al Gobierno Provincial al sostener que "parece que lo único que le importa de esta reforma es la reelección del gobernador" y por no llevar adelante una campaña de difusión institucional sobre la modificación de la Constitución.

"Quieren con esta nueva Constitución la suma total del poder público. Pretenden ser patrones de estancia manejando la Justicia y diezmando al Poder Legislativo", aseguró.

"Nosotros queremos ponerle un freno a este atropello y por eso creamos este espacio propio, que nace por fuera de la estructura del PJ. Acá hay una síntesis compuesta por distintos sectores”, dijo y detalló: “La lista de Activemos reúne a representantes del trabajo, empresarios, catedráticos, docentes, intendentes y exintendentes y actores de la sociedad civil. Nosotros vamos a impulsar una reforma que tenga en cuenta las necesidades de la comunidad por encima de la agenda de intereses de la política", remarcó y subrayó: “Más del 60 por ciento de los integrantes de nuestra lista participa por primera vez como candidato en una elección”.

El legislador resaltó la importancia de que el desarrollo productivo, el trabajo y la educación estén contempladas en esta nueva carta magna provincial. "Hay que resolverle los problemas a la gente. Hoy desde el Gobierno Nacional y Provincial se pelean por ver quién logra un equilibrio fiscal a costa de un ajuste más profundo que recae sobre todos los santafesinos. Y cuando hablo de todos es a nuestros docentes, médicos y policías con sueldos miserables; a nuestros jubilados con jubilaciones que dan vergüenza; a los santafesinos con un aumento en servicios e impuestos provinciales sin precedentes; al laburante un aumento en el transporte que usa todos los días para ir al trabajo”

“Vamos a construir una alternativa a esta locura despiadada y de cara a la gente”, enfatizó y adelantó que “la reforma jubilatoria que llevó adelante Pullaro por Ley ahora el oficialismo la quiere dejar plasmada en la Constitución”. En contrapunto, Lewandowski insistió en la importancia de garantizar el 82 por ciento móvil y asegurar constitucionalmente que la Caja de Jubilaciones sea intransferible.

Por último señaló: "Se quiere instalar que esta es una pelea por tener una Constitución garantista o no garantista y nos atribuyen luchar por una Constitución garantista como si eso fuera un error. Nosotros queremos una Constitución que nos de garantías: queremos que garantice el trabajo de nuestra gente, que garantice el bienestar de nuestros abuelos, la salud de nuestros chicos, la educación de nuestros jóvenes, el desarrollo de nuestras fábricas y el de nuestro campo”.

“Claro que queremos una Constitución con garantías", afirmó Lewandowski.

Las elecciones concurrentes del domingo 13 de abril tendrán la particularidad de que se votará en las 365 localidades que conforman la provincia para elección de los próximos 69 convencionales constituyentes mientras que la PASO de municipios y comunas quedó reducida a un número menor de poblaciones debido a que en muchas de ellas hay listas únicas o única oferta en cada alianza o partido.

El pasado lunes, desde el Tribunal Electoral empezó la entrega de boletas al Correo Argentino que se encargará el 13 de abril de llevarla a cada local escolar donde se realizará el acto comicial. La tarea de entrega concluirá el miércoles venidero con el dpto La Capital. Las urnas para Rosario y campaña saldrán desde la sede del Tribunal el próximo lunes.

La particularidad del acto eleccionario obligó al Tribunal Electoral a elaborar diferentes tipos de urnas. "Son cinco modelos de urnas" precisó Pablo Ayala a El Litoral.

"Santa Fe y Rosario tienen tres boquillas, dos para convencionales y una más grande para concejales por el tamaño de la boleta; en ciudades donde eligen intendente y concejales tienen cuatro bocas; en comunas con interna, tres bocas; en comunas donde no hay Paso, solo dos bocas y hay ciudades donde o eligen concejales o intendentes y también tres bocas", explicó.

El domingo 13 quedarán electos los 50 convencionales por el distrito único provincial entre las listas que pasen el umbral de las 12 en carrera, y uno por cada departamento. En cambio, se terminarán de definir los candidatos a intendentes, concejales y comunas para la elección general que se harán el 29 de junio.

La Ley N° 14384 determina que para entrar al reparto de las 50 bancas de convencionales provinciales se requerirá obtener, como mínimo, un porcentaje del 2,5% de votos del padrón electoral.

De las 300 comunas -de 3 o 5 miembros de acuerdo al número de electores- solo 75 tienen Primarias para seleccionar los candidatos. No obstante en 110 comunas hay lista única donde el 29 de junio quedará consagrada esa nómina con mandato de dos años.

Uno de los artículos de reforma de la Constitución apunta a llevar a cuatro años los mandatos comunales y sobre el tema prácticamente no hay oposición.

En tanto, en 12 de las 65 ciudades que constituirán o renovarán concejos municipales, tampoco habrá Paso debido a que las distintas fuerzas políticas presentaron lista única.

Son los casos de San Carlos Centro (hay 4 listas), San Jerónimo Norte (5), San Genaro (3), San Guillermo (3), Suardi (3), Malabrigo (3), Pérez (5), Teodelina (5), Venado Tuerto (10), Villa Cañás (2), Armstrong (6) y Las Rosas (4).

En este turno, además son 19 los municipios que elegirán intendente, cinco de ellos debutando en la categoría. No obstante, la Paso se evitará en 8 ciudades debido a que todas las fuerzas tienen candidato único. El caso extremo es Armstrong donde se anotó únicamente el actual intendente, Guillermo Luzzi.

Luzzi era presidente del Concejo y ante la renuncia de Pablo Verdecchia que asumió como senador por Belgrano se hizo cargo de la intendencia. El año pasado, ganó la elección de intendente para completar el mandato y en diciembre iniciará un mandato de cuatro años.

Las otras ciudades donde la intendencia se resolverá directamente el 29 de julio son Villa Minetti con 3 candidatos, Teodelina (2), Alvear (5), San Guillermo (2) , Suardi (2), Romang (2) y Puerto San Martín (5).

En los casos de Helvecia, Alvear, Villa Minetti, San José de la Esquina y Teodelina, las cinco localidades elegirán intendente por primera vez tras ser declaradas ciudad en los últimos años.

En el caso particular de San José de la Esquina, el ganador de la Paso será el primer intendente debido a que compiten tres dirigentes de Unidos: Ezequiel Ruani (actual presidente comunal), Alberto Sparvoli y Yair Tascon.

La Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe informó que, conforme a la previsión contenida en el artículo 29 de la Constitución de la Provincia, en consonancia con leyes y reglamentaciones respectivas, ha resuelto declarar integrado el Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe para el año 2023.

El mismo será presidido por quien estará al frente de la Corte durante el próximo año, Daniel Erbetta, y se desempeñarán como vocales los magistrados que resultaron sorteados.

Conforme a ello, serán titulares Alfredo Ivaldi Artacho y Armando Drago, respectivamente juez de Cámara del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de los Tribunales de Rosario y juez de Cámara de Apelación Civil y Comercial de los Tribunales de Santa Fe.

En tanto, serán vocales suplentes Edgar José Baracat y Roberto Reyes, uno juez de Cámara de Apelación Civil y Comercial de los Tribunales de Rosario y el otro juez de Cámara del Colegio de Cámara de Apelación en lo Penal de los Tribunales de Santa Fe. En tanto, el procurador fiscal será Jorge Barraguirre, procurador general de la Corte.