El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, reafirmó hoy que los fallos del máximo tribunal deben ser de “obligatorio acatamiento” para dar “previsibilidad” al inversor y garantizar la seguridad jurídica porque –destacó- de la calidad institucional dependen el crecimiento económico y la certeza para las inversiones.

En juego de palabras, Rosatti afirmó que la seguridad jurídica “debe ser para todos, no para unos y no para otros porque si no, no es segura”.

“Una inversión se puede concretar o no lograr no solamente por la interpretación del tratado sino también por una cláusula provincial medioambiental, por una tasa municipal, por una ley que ponga en juego qué jurisdicción o qué tribunal debe intervenir en el caso de conflicto. Este tipo de cuestiones deben ser resueltas finalmente por la Corte y su decisión debe ser de obligatorio acatamiento para todos los tribunales inferiores –explicó-. Entonces todos sabemos a qué atenernos. Y, así, hay seguridad para el inversor y para quien recibe la inversión. Insisto: la seguridad jurídica tiene que ser para todos, no para unos y no para otros, porque entonces no es segura”, dijo Rosatti.

Las declaraciones del presidente de la Corte Suprema fueron realizadas durante el discurso que brindó en el marco de la edición 2026 de AmCham Summit, el tradicional encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, y en donde analizó “La institucionalidad como pilar del desarrollo”.

Tras recordar que “hace muchos años la Organización de Naciones Unidas comenzó a entender y medir la fortaleza de las naciones” no solo por su crecimiento económico sino también por otros factores como la salud o la educación, Rosatti afirmó que a esa lista hay que agregar “la calidad institucional” y “la independencia del Poder Judicial”, y analizó en ese contexto la importancia de la seguridad jurídica.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia disertó en el AmCham Summit 2026.

“Cuando uno habla de derecho vinculado a los intercambios económicos e internacionales, “lo que está pensando es en la seguridad jurídica. La seguridad jurídica que todos defienden, pero que no todos defienden de la misma manera. Cuando nosotros decimos seguridad jurídica, queremos decir seguridad para el inversor, seguridad para quien recibe la inversión. Es decir, si la seguridad jurídica no es para todos, no es seguro”, detalló.

El presidente de la Corte Suprema subrayó precisamente la importancia de esas certezas en un proceso de inversión. “La seguridad pública se entera con dos componentes. Hay un componente que es normativo, que tiene que ver con las regulaciones, las desregulaciones el tipo de cambio, los criterios tarifarios, la política impositiva, etcétera, etcétera y también con criterios institucionales. Hay un componente institucional que es muy importante y que se vincula con el funcionamiento regular del sistema republicano, la división de poderes, la independencia del Poder Judicial”. En ese sentido, el ministro de la Corte destacó que el Poder judicial está presente en ambas en los componentes de la seguridad pública, en el componente institucional y en el componente regulatorio porque es el que interpreta esas normas y el que debe decidir sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. “Y en el vértice del poder judicial está, como todos sabemos, la Corte Suprema de Justicia”.

Al respecto, Rosatti destacó la alta demanda y el rol preponderante que tiene la Corte Suprema: mientas que la Corte Suprema de los Estados Unidos trata cien casos por año, el máximo tribunal argentina saca 15 mil sentencias por año.

“Quiere decir que hay un requerimiento y una necesidad de respuesta muy superior. Y muchas de estas cuestiones están vinculadas a la seguridad jurídica y también al tema de las inversiones. Por eso son importantes las herramientas con las que pueda contar el Poder Judicial en la Argentina y fundamentalmente la Corte Suprema para tomar las mejores decisiones. Una de las herramientas sobre las que quiero tener énfasis es el acatamiento obligatorio de las decisiones de la Corte”, afirmó.

En ese contexto, Rosatti aseguró que esa obligatoriedad es lo que permite “darle previsibilidad a una inversión”. Tras señalar que “el acatamiento obligatorio de las decisiones de la Corte no está prohibido en la Constitución de ninguna manera”, el presidente del máximo tribunal aseveró que la doctrina del máximo tribunal es clave para las inversiones.

“Porque una inversión se puede concretar o no lograr no solamente por la interpretación de un tratado, sino también por una cláusula provincial medioambiental, por una tasa municipal, por una ley que ponga en juego qué jurisdicción o qué tribunal debe intervenir en el caso de conflicto… Y este tipo de cuestiones deben ser resueltas finalmente por la Corte y su decisión debe ser de obligatorio acatamiento para todos los tribunales inferiores”, agregó.

(Por María José Valdéz y María José Ramón) - La apertura del año legislativo en Santa Fe llega con un condimento inédito: la provincia inicia su actividad institucional bajo una nueva Constitución. En ese marco, el ministro de Educación, José Goity, confirmó a CyD Litoral que el Gobierno ya trabaja en una futura ley educativa que adapte el sistema a los cambios constitucionales.

El funcionario explicó que la reforma no parte de cero. Según señaló, desde diciembre de 2023 la gestión provincial impulsa transformaciones que ahora encuentran respaldo en el nuevo marco normativo. En ese sentido, sostuvo que el texto constitucional incorpora definiciones centrales que obligan a repensar la política educativa.

Entre los puntos que destacó, mencionó la reafirmación del rol del Estado como actor indelegable en la organización del sistema. Para Goity, la Constitución deja claro que el Estado debe conducir, financiar y rendir cuentas sobre el funcionamiento de la educación pública.

También subrayó que la educación es reconocida simultáneamente como un derecho individual y como un bien social. Según explicó, esa doble dimensión marca una orientación clara para cualquier futura legislación y fija responsabilidades concretas para el gobierno provincial.

José Goity. Foto: Flavio Raina.

El ministro remarcó que uno de los cambios más novedosos es que el nuevo texto establece la obligación estatal de garantizar el derecho a la educación en base a los aprendizajes. Para el funcionario, este punto introduce una lógica distinta a la de marcos legales anteriores.

En esa línea, sostuvo que la Constitución obliga a implementar evaluaciones que permitan medir resultados y rendir cuentas a la sociedad. Según explicó, este principio deberá reflejarse en una futura ley que ordene el sistema en función del desempeño educativo y no sólo de su estructura.

Goity planteó que el desafío es construir una legislación “de futuro”. A su entender, muchas normas educativas anteriores se limitaron a consolidar el presente, cuando justamente el presente del sistema requiere transformaciones profundas.

Por eso insistió en que el debate no debe ser conservador ni meramente administrativo. El objetivo, dijo, es diseñar una ley que permita mejorar aprendizajes, fortalecer la enseñanza y garantizar que la educación provincial responda a las necesidades del contexto actual.

Goity anunció ley educativa en Santa Fe. Crédito: Flavio Raina.

Consultado sobre el escenario salarial y las negociaciones docentes, el ministro evitó hacer especulaciones sobre posibles impactos de aumentos otorgados a otros sectores del Estado. No obstante, reconoció que la situación económica general condiciona cualquier discusión.

Señaló que la caída del poder adquisitivo, la recesión y las dificultades fiscales son factores que afectan a toda la administración pública. En ese marco, sostuvo que el gobierno buscará siempre la mejor propuesta posible para los trabajadores, especialmente para los docentes.

El funcionario remarcó que el sistema educativo no puede analizarse únicamente desde la dimensión salarial. Si bien consideró legítimo el reclamo por ingresos, insistió en que la discusión educativa debe incluir también calidad, organización del sistema y resultados pedagógicos.

En ese sentido, mencionó el Plan Raíz como ejemplo de políticas que ya están mostrando avances y que forman parte de la transformación en marcha.

Respecto del calendario legislativo, Goity indicó que el primer paso era contar con la nueva Constitución. A partir de ahora, dijo, se abrirá una discusión amplia que permita diseñar una ley educativa orientada al futuro y no al estado actual del sistema.

El ministro sostuvo que la provincia necesita una norma que mire hacia adelante y que permita construir lo que definió como “la ley de los aprendizajes”. Según explicó, ese será el eje del debate que buscarán impulsar en los próximos meses en la Legislatura.

La Sociedad Rural de Rosario volvió a encender la alarma por la falta de lluvias que afecta al sur-este de la provincia de Santa Fe.

En un comunicado difundido ayer, la entidad advirtió sobre una situación crítica en los departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros e Iriondo, donde la ausencia de precipitaciones y las altas temperaturas están generando pérdidas generalizadas en los cultivos.

“Estamos en un momento crítico en términos de requerimiento de los cultivos”, comentó Tomás Layus, en diálogo con Campolitoral.

La Sociedad Rural de Rosario volvió a encender la alarma por la falta de lluvias

“La soja de primera está en estado reproductivo pero no se puede desarrollar por la falta de agua. Los maíces de siembra tardía también están en malas condiciones, acartuchados, y las sojas de segunda, que deberían tener unos 40 centímetros, apenas llegan a 15. Estamos muy atrasados en términos de desarrollo de los cultivos”, señaló el presidente de la Sociedad Rural rosarina.

Según Layus, enero y febrero registraron apenas una cuarta parte de las precipitaciones promedio.

“Soy productor del departamento Rosario, y en ese período me llovió un milímetro. Nada. Es un corredor muy marcado que va paralelo al río Paraná, desde San Lorenzo hasta Constitución, y también afecta a zonas de Buenos Aires como San Nicolás, San Pedro y Ramallo. Todo ese sector está en pésimas condiciones”, detalló el productor.

Fuente: BCR

La falta de agua golpea en el momento de máxima demanda hídrica de los cultivos, con consecuencias directas en el rendimiento y en la economía de los productores.

“La apuesta productiva se renueva cada año con una inversión enorme a cielo abierto. Pero este contexto es muy preocupante, porque además de los precios internacionales bajos, tenemos los derechos de exportación: en el caso de la soja, el 25%. Eso significa que uno de cada cuatro camiones que mandamos a puerto se lo queda el Estado nacional”, remarcó el dirigente.

Ante este escenario, la Sociedad Rural de Rosario evalúa solicitar la declaración de emergencia agropecuaria y comercial.

“Es una herramienta necesaria, aunque llevará tiempo su implementación a nivel nacional. Por ahora no hay otro tipo de asistencia. La eliminación de los derechos de exportación sería una ayuda importante, pero es una decisión de alcance nacional y es difícil que llegue de un día para el otro”, reconoció Layus.

La sequía también está impactando con fuerza en los sistemas ganaderos. Según explicó el presidente de la entidad, los pastos naturales y las pasturas se encuentran en muy malas condiciones, y tanto los tambos pastoriles como los campos de cría atraviesan serias dificultades por la falta de alimento, en un escenario que calificó como “límite”.

Finalmente, Layus resumió el sentimiento general del sector: “Si no llueve en los próximos días, estamos con chances de perder hasta un 90% de la producción. El panorama es muy malo”, finalizó el productor.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reiteró este viernes que los cambios en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe aún no han concluido. Y ratificó que el año que viene, deberán dar un paso al costado los ministros del máximo tribunal que exceden el límite de edad establecido por las normas legales vigentes.

"Va a haber más cambios; hay tres ministros que superan la edad. No tengo que ocultar nada; lo dije durante mucho tiempo: quien no cumple con los parámetros que establecen la ley y ahora también la Constitución (75 años de edad) deberán dejar sus cargos", sostuvo el mandatario en declaraciones a Radio Dos de Rosario. Así, aludió a Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y Eduardo Spuler.

Pullaro destacó que los cambios en la justicia se harán “sin violencia y de manera dialogada”.

Aun así, aclaró que la renovación no será "nada violenta", sino a través del "diálogo y de una manera consensuada". "No comparto la mirada de algunos de ellos, pero han dejado mucho durante estos años para el Poder Judicial. Hoy – continuó-, la realidad implica miradas diferentes sobre la reorganización de la justicia a partir de parámetros de eficiencia como los que también intentamos aplicar desde el Poder Ejecutivo. Los cambios apuntarán sobre todo a eso; a lograr esa eficiencia", aseveró.

En otro orden, el gobernador adelantó que antes de fin de año, desde la Casa Gris se enviarán varios proyectos de ley a la Legislatura que derivan de la reciente reforma constitucional. Entre ellos, mencionó una nueva Ley de Coparticipación y una nueva ley Electoral.

"En las próximas horas vamos a mandar algunas leyes que entendemos son muy importantes y urgentes, como la autonomía municipal y un nuevo código electoral", mencionó.

El gobernador confirmó que enviará nuevas leyes a la Legislatura. Foto: Fernando Nicola

Sobre este último, Pullaro admitió que se está desarrollando un proceso de discusión interna en el propio seno de Unidos porque los aspectos a modificar con numerosos. Se discute, por ejemplo, la posibilidad de unificar en la boleta única la candidatura del gobernador con la lista respectiva de diputados provinciales. La misma idea se analiza para el caso de intendente y concejales.

Asimismo, se estudia una nueva manera de determinar la fecha de elecciones, así como subir el piso que opera como umbral de votos para poder competir, y hasta la posibilidad de incorporar la figura de una segunda vuelta a ballotage.

"Hay muchas ideas – admitió-; todo se está discutiendo internamente, pero lo vamos a consensuar también con el resto de las fuerzas políticas porque nosotros – sostuvo- no nos hemos llevado puesto a nadie y así lo demostramos en la Convención Constituyente".

Finalmente, adelantó que podría otorgarse una mejora salarial "automática" al sector público, si los aumentos concedidos terminaron quedando por debajo de la inflación.

"Cuando tengamos el corte de octubre, vamos a recomponer (los salarios) como lo dijimos en la última paritaria. Pero será automáticamente", aclaró. Con ello, desestimó la posibilidad de reabrir en el corto plazo la discusión salarial. "La palabra se cumple siempre. Y cuando la empeñamos, eso es ley", aseveró.

El 18 de septiembre último se llevaron a cabo las elecciones de Comisión Directiva y Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Tercera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Fe, con sede en Venado Tuerto. En dichas elecciones se impuso la lista “Renovación y Compromiso Profesional”, encabezada por el Dr. Ignacio Carlos Sola, la cual fue integrada por la Dra. María Paula Lucero Manelli (Firmat); Dra. Estrella Guadalupe Corona (Rufino); Dra. Etelvina Selma Guevara (Melincué); Dr. Franco Ernesto Zuljvich, Dra. Melania Nirich, Dr. Juan Carlos Alonso, Dra. María Eugenia Althabe, Dr. Flavio Dario Giuliano, Dra. Evangelina Rodríguez Bustamante, Dr. Alejandro Aguirre Nobell, Dra. Melisa Soledad Woinarowski, Dr. Lisandro Adrián Menna, Dr. Joaquín Guillermo Oderda, Dr. Fernando Pablo Corello, Dra. María Laura Baravalle y Dra. Cecilia Verónica Geminiani.  

Este lunes 20 de octubre, y tras la culminación de la gestión liderada por la Dra. Andrea Majul, asumieron las nuevas autoridades del Colegio de Abogados de la región, en cuyo transcurso, Ignacio Carlos Sola expresó sentidas palabras de agradecimiento “En primer lugar, queremos saludar y agradecer a la presidente saliente, al resto de la comisión directiva y miembros del tribunal de disciplina, a todos los colegas sin distinción, y a las autoridades presentes en general. Personalmente, me permito agradecer a los colegas que integraron nuestra lista, por su compromiso, esfuerzo y dedicación. Y a mi familia, por su acompañamiento y apoyo incondicional”, comenzó su alocución.

El nuevo presidente destacó además que “en los últimos diez años han existido cambios de suma importancia en el ordenamiento jurídico y, consecuentemente, en la forma de ejercer nuestra profesión”. A continuación, mencionó algunos de los cambios más relevantes:

-    Implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio, con características como la oralidad, publicidad e inmediación.

-    Unificación del Código Civil y Comercial.

-    Creación del sistema informático de gestión (SISFE) dentro de un proyecto de modernización y transformación con incorporación de nuevas tecnologías.

-    Creación de la delegación de las Oficinas de Comisión Médica en Venado Tuerto para que los trabajadores puedan acceder a una reparación justa y rápida.

-    Implementación del Plan de Oralidad en Sede Civil, con el fin de agilizar los plazos de los juicios.

-    Digitalización total de los expedientes.

-    Progresiva implementación del juicio por jurado en nuestra circunscripción.

-    Reformas en la ley orgánica del Poder Judicial y el Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe.

-    Reciente reforma de la Constitución de la provincia, trayendo nuevos desafíos para los abogados.

Sola también subrayó que “sin lugar a dudas, los distintos Poderes del Estado han ido receptando los avances tecnológicos y la demanda de la sociedad que busca una Justicia pronta, ágil y eficaz”, subrayó. “Como contrapartida, los profesionales debemos estar actualizados y capacitados para el ejercicio de nuestra actividad. En ello, nuestro Colegio tiene un rol fundamental y estratégico en acompañar este proceso, y en tal sentido comprometemos todo nuestro esfuerzo”, agregó el dirigente. 

Finalmente, Sola reafirmó los lineamientos de su gestión: “Fortalecer la unión de todos los colegas de la Tercera Circunscripción Judicial de Santa Fe; defender activamente los derechos colectivos de los colegiados; proteger las incumbencias profesionales; proponer y realizar jornadas de actualización; y continuar trabajando con los institutos existentes mientras creamos otros que la práctica profesional requiera”, expresó.“Sabemos que los desafíos serán muchos, pero también estamos convencidos de que con compromiso, responsabilidad y trabajo en equipo, avanzaremos firmemente, siempre teniendo como norte la defensa de los derechos de los colegiados y el fortalecimiento de nuestra querida institución”, concluyó.

El diputado provincial y convencional constituyente Pablo Farías visitó el Centro de Excombatientes de Malvinas en la ciudad de Santa Fe, donde se reunió con su presidente, Adolfo “Fito” Schweighofer, e integrantes de dicha institución y de la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia.

En el encuentro, Farías entregó una placa con el artículo de la Constitución sobre la causa Malvinas, junto a ejemplares de la nueva Carta Magna para el Centro de Excombatientes. Como gesto de agradecimiento, los veteranos le obsequiaron el libro “Malvinas en Santa Fe. Vivencias de quienes defendieron en 1982 la Soberanía argentina en el Atlántico Sur”.

El legislador destacó el valor de este reconocimiento constitucional: “Si hubo un tema que alcanzó consenso pleno en la Convención Constituyente fue Malvinas. El texto que hoy integra la Constitución recoge los aportes de nuestros héroes, quienes no solo dieron su testimonio, sino que también propusieron la incorporación del enfoque educativo”.

Farías subrayó, además, la importancia de la transmisión generacional y afirmó que los excombatientes “son la historia viva de lo ocurrido en 1982. Algún día no estarán, como tampoco nosotros, pero es fundamental que las próximas generaciones continúen defendiendo la Causa. Por eso es clave que la Constitución establezca el mandato de enseñar sobre Malvinas en nuestras escuelas”.

Farías destacó la importancia de transmitir la historia de Malvinas.

Por su parte, Schweighofer resaltó que Santa Fe “ha sido, desde hace décadas, un espacio de cobijo para los veteranos y para la causa Malvinas” y celebró que la nueva Carta Magna provincial consolide el compromiso de difundir oficialmente el tema en el ámbito educativo.

Finalmente, Farías expresó que esta incorporación “es un acto de justicia hacia quienes dieron todo por la Patria y, al mismo tiempo, un compromiso colectivo para mantener viva la Causa nacional de Malvinas”.

La Convención Reformadora avanzó, trabajosamente, y armó sólidas mayorías para votar tres reformas a otros tantos artículos de la actual Constitución: el 5, el 18 y el 21, éste último generó muchas discusiones públicas por el tema de Caja de Jubilaciones aunque cuando el oficialismo aceptó la palabra intransferible del organismo, destrabó acuerdos y alumbró la nueva redacción.

Se trata del artículo 5 sobre la materia tributaria; el 18 sobre la responsabilidad del Estado provincial y y municipal y el 21 sobre tema previsional.

Unidos con Fe y Más para Santa Fe votaron los tres nuevos artículos y Activemos se sumó a los dos últimos mientras que retiró su apoyo al primero cuando un cambio de redacción no fue aceptado por la bancada que encabeza Marcelo Lewandowski.

La Libertad Avanza, en tanto, con discursos de sus integrantes, votó en contra de los tres temas.

La nueva redacción del artículo 5 de la Constitución dice que “la Provincia sostiene el gasto público mediante los recursos provenientes de la coparticipación federal, la recaudación de los tributos creados por ley, las rentas producidas por sus bienes y servicios, la enajenación de sus activos o bienes de su pertenencia, la propia actividad económica que desarrolle y las operaciones de crédito que concierte que no pueden destinarse a financiar gastos corrientes salvo en casos de urgencia”.

Agrega que “toda persona que habita la Provincia o que en ella desarrolla actividad económica está obligada a concurrir a los gastos públicos. El sistema tributario se organiza considerando la función económica y social de los tributos y se inspira en los principios de legalidad, generalidad, no confiscatoriedad, irretroactividad, igualdad, equidad, razonabilidad, capacidad contributiva, simplicidad y certeza”.

El ministro Pablo Olivares presenció el debate por la reforma tributaria en la Legislatura. Foto: Manuel Fabatía

Más adelante señala que “puede establecer estructuras progresivas de alícuotas, exenciones y otras disposiciones tendientes a graduar la carga fiscal para lograr el desarrollo económico, territorial y social de la comunidad. Puede contemplar un tratamiento fiscal diferenciado para las cooperativas y mutuales que, en cumplimiento de las formalidades y exigencias legales, acrediten su naturaleza de entidades sin fines de lucro y su función social dentro de la economía solidaria”.

Ratifica el texto que “los tributos deben ser creados por ley. Es nula toda delegación expresa tácita. La administración financiera y presupuestaria se rige por los principios de responsabilidad fiscal, sostenibilidad, eficiencia, eficacia, publicidad, transparencia. Garantiza mecanismos de control y rendición de cuentas”.

En el último párrafo se señala que “la ley establece reglas, estándares, procedimientos y dispositivos institucionales vinculados con el gasto, la deuda pública y la transparencia, que tiendan al equilibrio fiscal”.

Alcides Calvo (Más para Santa Fe) y Joaquín Blanco (Unidos) fueron los que defendieron el nuevo artículo ante los cuestionamientos de Silvia Malfesi y Emiliano Peralta (Somos Vida y Libertad) especialmente sobre el tema tasas municipales.

“La redacción establece principios claros para financiar el estado provincial, es un muy buen artículo”, añadió Blanco. Calvo antes había hablado de cómo se debe financiar el Estado y dio detalles como la exención a determinadas cooperativas. Esteban Motta (Unidos) sumó al debate el tema de retenciones que no vuelven al interior. “Diez días de retenciones alcanzan para transformar la ruta 34 en autovía desde Rosario a Rafaela”, afirmó.

En tanto, el artículo 18 señala que “la Provincia y los municipios son responsables por los daños que ocasionen. La ley determina los supuestos y el alcance de la responsabilidad del Estado y los casos en que corresponda la obligación de reembolso de sus funcionarios o agentes”.

La Libertad Avanza votó en contra de los tres artículos reformados por mayoría..

Finalmente, en el 21 se señala que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su bienestar y el de su familia, a una alimentación nutritiva, diaria, suficiente, segura y de calidad, a la vestimenta, a la vivienda y a los cuidados médicos y servicios sociales necesarios que le permitan gozar de una vida digna”.

Pero también define que “la Provincia reconoce el valor social y económico de las tareas de cuidado e impulsa acciones que promueven el cuidado digno a lo largo de la vida, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad. Toda persona tiene derecho a la provisión de los medios adecuados para el desarrollo de su vida si está impedida de trabajar y carece de los recursos indispensables. En su caso, tiene derecho a la readaptación y rehabilitación profesional”.

Uno de los temas más debatidos estableció que “la Provincia organiza un sistema de seguridad social con carácter integral e irrenunciable, basado en los principios de solidaridad, equidad distributiva, accesibilidad, sostenibilidad y transparencia, destinado a la protección de las personas ante contingencias, conforme con las leyes que lo reglamenten. El sistema previsional de los agentes públicos del Estado provincial se financia mediante un mecanismo de reparto solidario de carácter público. La administración está a cargo de un órgano intransferible. La sustentabilidad del sistema se asegura mediante acciones progresivas, equitativas y razonables”.

El último párrafo determina que “los recursos que integran el patrimonio de las cajas de previsión y de seguridad social son intangibles y no pueden destinarse a otros fines”.

En el debate, Lewandowski resaltó la incorporación de la "movilidad jubilatoria" en el texto de la nueva Constitución. "Finalmente pudimos lograr que en el texto de esta reforma constitucional se incluya la movilidad jubilatoria, además de que se mantenga la intransferibilidad de la caja", sostuvo.

"Advertimos que la movilidad está en la actual Constitución, pero no estaba incorporado en el texto de la nueva. Finalmente logramos incluirla para tratarla en el pleno de la Convención, para que quede aprobada y no haya perjuicio para los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de la provincia", señaló. Esta incorporación se suma a otro de los pedidos realizados por Activemos, junto a otros bloques, para mantener la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones, tal como estaba estipulado en la Ley de Necesidad de Reforma.

Por Francisco Javier Funes y Ciro Bonomelli

La ley 14384, de 2024, por la cual se declaró la necesidad de reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, ha incluido en su artículo 2, dentro de las materias a modificar, el régimen de los gobiernos locales, es decir los artículos 106 y 107 de la actual Constitución. Se pretende consagrar así, la tantas veces invocada "autonomía municipal", con los alcances dispuestos en la Carta Magna nacional a partir de la reforma de 1994.

Sin embargo, a pesar de dicha razonable e incluso deseable propuesta, a renglón seguido, en el artículo 3, establecen que el dictado de la carta fundacional de las ciudades autónomas será labor de los actuales concejos municipales -en su integración ordinaria y sin elección específica-, los que harán las veces de asamblea constituyente municipal. De esa manera la ley se despacha en contra del más elemental sentido de autonomía, invadiendo competencias y distorsionando, cuando no potencialmente anulando todo el proceso, lo que implica un apartamiento manifiesto del estándar constitucional de autonomía institucional.

A los efectos de echar luz sobre el tema, debemos recordar que la ciudad de Rosario sancionó su carta orgánica municipal en el año 1933, en virtud de las disposiciones de la Constitución Provincial de Santa Fe de 1921. Esta última, aunque rigió solo por un breve período (entre el 1 de enero de 1934 hasta el 30 de octubre de 1935, cuando fue dejada sin efecto por un decreto de la intervención federal de la provincia), sirvió para constituirse, junto a la ciudad de Santa Fe, con una experiencia similar, en los primeros instrumentos locales de este tipo en la República Argentina.

El régimen municipal de la avanzada carta magna de 1921 (capítulo VII) se extendía desde el artículo 138 hasta el 159 -nótese su importancia- y preveía, de manera sabia, tres categorías de municipios. A nuestro entender el artículo clave era el 142, que marcaba las atribuciones comunes y fundantes de todos los municipios.

Todos los servicios públicos indispensables, necesarios o simplemente útiles para la vida de los habitantes, "para su mayor comodidad, salud, higiene, moralidad y bienestar, para el desenvolvimiento, belleza y progreso de la ciudad", correspondían "en principio al Gobierno Municipal" y podían ser atendidos: exclusivamente por la Municipalidad; por particulares o empresas privadas de conformidad con los contratos o concesiones que la Municipalidad acuerde; por la Municipalidad o por empresas privadas o particulares concurrentemente y por empresas mixtas en las cuales sean partícipes la municipalidad y los particulares (artículo 110).

Como novedad, se creaba una Junta Electoral Municipal con la facultad de organizar los comicios locales, confeccionar el padrón e inscribir a "extranjeros y mujeres". Ahora bien, para dictar la carta orgánica de 1933, como no podía ser de ninguna otra manera, fue convocada una convención y fueron elegidos los convencionales municipales, destacándose en la ciudad del sur provincial –entre otros- los doctores en derecho Mario Antelo, José Araya, Antonio Reynares Solari, Roberto Siquot, Emilio Solari, Fermín Spagnolo y Enrique Thedy.

No es posible realizar el ideal autonómico, conforme lo ha delineado la Constitución Nacional, de la forma en que se pretende en la ley que declaró la necesidad de reforma local. Incluso ya se ha exigido a la provincia, en reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se convoque a una asamblea constituyente municipal, donde los convencionales deban ser electos a tal fin y deliberen para lograr la mejor hoja de ruta local.

Ese gran jurista que fue Carlos Santiago Nino (1943-1993), sostenía: "(…) Existen dos posiciones básicas que se dan respecto de la concepción de la Política y fundamentalmente de la Política democrática. Dos concepciones que voy a llamar rápidamente, y esto también es muy discutido, 'pluralismo' por un lado y una concepción digamos 'deliberativa' por el otro lado, como dos concepciones de la Política" (Revista Doxa, Nº 14, año 1993).

En definitiva, lo que puntualmente recordamos es que en 1933 se realizó un proceso constituyente autonómico municipal serio, y como debe ser, como corresponde en una democracia deliberativa. No como lo prevé erróneamente el artículo 3 de la ley provincial 14384, declarativa de la necesidad de reforma, que distorsiona a nuestro entender el proceso fundacional local.

Atentos a lo anteriormente descripto, hacemos votos para que, en el seno de la actual Convención Provincial los convencionales, de manera consensuada, enmienden el error señalado y el proceso constituyente municipal se desarrolle, democráticamente y conforme a Derecho. Los municipios deben contar con el derecho y la responsabilidad de darse a sí mismos, mediante convenciones elegidas a tal fin por su pueblo, las reglas de su vida institucional.

De sólida fundamentación normativa y argumentativa, Carlos Santiago Nino fue un destacado abogado, sociólogo, escritor, docente, filósofo y jurista argentino, uno de los que alcanzó mayor notoriedad académica a nivel internacional en la segunda mitad del siglo XX. Experto en ciencias jurídicas y en derecho penal, fue ampliamente reconocido por sus trabajos en disciplinas como Ética y Moral, Filosofía del Derecho y Filosofía Política, así como por ser un gran defensor de los derechos humanos y de la democracia deliberativa.

(*) Abogados constitucionalistas y docentes universitarios.

(Por Valentina Chiaraviglio e Ileana Hotschewer) - Un fallo reciente de la Corte Constitucional de Italia ha generado un giro significativo en el proceso de reconocimiento de la ciudadanía por derecho de sangre (ius sanguinis), ratificando que no existe un límite generacional para este trámite.

La decisión judicial abre una nueva esperanza para miles de descendientes de italianos, incluidos muchos argentinos, al aclarar que el vínculo de filiación es suficiente para adquirir la ciudadanía, sin importar la antigüedad del ancestro.

La medida surge en contrapeso al decreto del gobierno italiano que buscaba imponer restricciones, y refuerza la idea de que este derecho es "permanente e imprescriptible". En diálogo con El Litoral, el abogado italiano y especialista en ciudadanías, Dr. Emiliano Rosalia, junto a Valeria Fornari, periodista santafesina y también conocedora en la materia, explicaron de qué se trata este fallo.

La sentencia, emitida el 31 de julio de 2025, ha sido recibida con optimismo por expertos en el tema. Según el Dr. Rosalia, titular de Rosalia Studio Legale, la decisión es "igualmente importante e igualmente poderosa" que cualquier otra normativa. Rosalía subraya que el fallo aclara que no hay un límite generacional para el reconocimiento de la ciudadanía por ius sanguinis.

Además, la Corte aclaró que cualquier futuro intento del gobierno italiano de modificar su política de ciudadanía debe respetar la Constitución. Esto implica que no se puede quitar un derecho a quien ya lo tiene.

Valeria Fornari y el Dr. Rosalia explicaron particularidades del fallo. Crédito: Luis Cetraro

Valeria Fornari, santafesina y también especialista en el tema, enfatiza que este fallo revierte las intenciones de limitar la ciudadanía a generaciones más antiguas. "Nosotros estamos aquí para decir que esto no está terminado, al contrario", afirma Fornari. Además, sostiene que el decreto actual es "completamente injusto" y cree firmemente que "va a decaer".

El optimismo se extiende más allá del fallo de la Corte Constitucional. El Dr. Rosalia señala que, pocas semanas después de la implementación del nuevo "decreto Tajani" —que corta la posibilidad de pedir el reconocimiento de la ciudadanía—, un tribunal del sur de Italia ya había teorizado sobre su inconstitucionalidad.

Lo que es aún más relevante para los argentinos, y en particular para los santafesinos, es que el Tribunal de Torino, considerado competente para la mayoría de estos casos por las raíces piamontesas y friulanas de la región, formalizó una queja de inconstitucionalidad.

Este tribunal es el primero en Italia que no cree en la validez del decreto, y sostiene que todos los pedidos presentados antes del 27 de marzo de 2025 deberían regirse por la normativa anterior.

El fallo de la Corte y el accionar de los tribunales como el de Torino consolidan la posición de que el derecho a la ciudadanía italiana por descendencia no puede ser arbitrariamente restringido. La decisión no solo impacta en los procesos judiciales pendientes, sino que también establece un precedente sólido para impugnar futuras normativas que intenten limitar este derecho.

Valeria Fornari y el Dr. Emiliano Rosalia, especialistas en ciudadanías italianas. Crédito: Luis Cetraro

Para la comunidad de descendientes, especialmente en Argentina, esto representa un alivio y una confirmación de que la fuerte relación cultural entre ambos países sigue siendo un factor clave en la defensa de sus derechos.

El Gobierno de la provincia de Jujuy, decretó asueto administrativo y escolar para este miércoles 21 de junio, luego de los brutales incidentes registrados este martes feriado, en pleno Día de la Bandera.

La comunicación oficial estuvo a cargo del ministro de Gobierno y Justicia jujeño, Normando Álvarez García, quien explicó que la medida fue adoptada en atención a los acontecimientos recientes de enfrentamientos que tuvieron lugar en la provincia.

Jujuy: alrededor de 50 heridos y 17 detenidos fue el saldo de los incidentes

El propio gobernador Gerardo Morales, quien estuvo presente en la aprobación de la nueva Constitución provincial, habló con los medios este martes luego de los momentos de mayor tensión.

“Ya hemos vivido esta situación cuando nos hicimos cargo en el 2015, nos llevó meses normalizar todo. Nos habían tomado la plaza. Es lo que hicieron durante los 15 años previos a nuestra llegada, un Estado paralelo”, sentenció Morales.

Previamente, Morales habías respondido al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en una particular discusión vía Twitter que involucró a una serie de personalidades de alto rango.

Presidente @Alferdez, usted está a cargo de evitar los cortes y liberar el tránsito en rutas nacionales e internacionales como la 52, la 9 y la 34. Estas rutas son competencia federal. Hágase cargo de resolver eso. https://t.co/LSdOqSF6Iq

— Gerardo Morales (@GerardoMorales) June 20, 2023

“Presidente Alberto Fernández , usted está a cargo de evitar los cortes y liberar el tránsito en rutas nacionales e internacionales como la 52, la 9 y la 34. Estas rutas son competencia federal. Hágase cargo de resolver eso”, escribió en la red social.

La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, junto a sectores de la CGT como la Corriente Federal de los Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional, resolvieron adelantar para este miércoles la movilización en repudio a los hechos ocurridos en Jujuy.

La convocatoria se iniciará este miércoles a las 13 horas en el Obelisco, para desde allí movilizarse hacia la Casa de la Provincia de Jujuy, ubicada en Santa Fe y la avenida 9 de julio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se realizará el acto, en el que se reclamará “el cese de la represión” y “el restablecimiento de la libertad de petición y del accionar de los sindicatos”.

Tras los incidentes en Jujuy, Larreta y Bullrich se mostraron juntos para respaldar a Morales y criticar al gobierno

Junto a las dos CTA y a las corrientes internas de la CGT, otras organizaciones llamaron a marchar este miércoles en condena a la represión en Jujuy, entre ellas la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

La movilización que estaba prevista para el jueves, y entre las demandas que exigirán en las calles incluyeron que el Estado jujeño atienda los reclamos “de aumentos de salarios” esgrimidos por “gremios docentes y estatales”, como también “el pedido de los pueblos originarios” respecto de sus tierras.

Alrededor de medio centenar de heridos, uno de gravedad, y al menos 17 detenidos fue el saldo tras los incidentes que se produjeron este martes en las inmediaciones de la Legislatura en la provincia de Jujuy.

Ante el conocimiento de lo declarado por el mandatario provincial, los manifestantes decidieron ingresar por la fuerza a la Legislatura y hasta prendieron fuego algunos sectores y autos que estaban estacionados en las cercanías del lugar y que, previamente, usaron como escudos.

Casi 50 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, y unos 17 detenidos fue el saldo de las casi cuatro horas de enfrentamientos entre la Policía de Jujuy y los manifestantes que protestaron contra la reforma de la Constitución provincial.

Alrededor de medio centenar de heridos, uno de gravedad, y al menos 17 detenidos fue el saldo tras los incidentes que se produjeron hoy en las inmediaciones de la Legislatura en la provincia de Jujuy.

El gobernador Gerardo Morales aprobó la citada reforma, pero, minutos antes a la declaración de la nueva Constitución, se produjo una lluvia de balas de goma, gas pimienta, pedradas, palos y vallas caídas. En simultaneo, juró frente al parlamento y, en menos de un minuto, aprobó la reforma.

Tras los incidentes en Jujuy, Larreta y Bullrich se mostraron juntos para respaldar a Morales y criticar al gobierno

Ante el conocimiento de lo declarado por el mandatario provincial, los manifestantes decidieron ingresar por la fuerza a la Legislatura y hasta prendieron fuego algunos sectores y autos que estaban estacionados en las cercanías del lugar y que, previamente, usaron como escudos.

Casi 50 heridos, uno de gravedad por traumatismo de cráneo, y unos 17 detenidos fue el saldo de las casi cuatro horas de enfrentamientos entre la Policía de Jujuy y los manifestantes que protestaron contra la reforma de la Constitución provincial, indicaron medios jujeños.

Los reclamos y protestas comenzaron a las 11 de la mañana y tras el avance de la Policía, se trasladaron desde la Legislatura hacia la zona de la vieja terminal. Por otra parte, gremios se dirigieron a la Plaza para diferenciarse de la columna de manifestantes violentos que llegaron hasta incendiar y dar vuelta autos que estaban estacionados en cercanías a la Casa de Piedra.

Jujuy: el camino hacia una provincia tomada por la violencia

Los manifestantes lograron romper vidrios y avanzar sobre la Legislatura. Prendieron fuego elementos y los arrojaron en el interior del edificio.

Por su parte, efectivos de infantería de la policía jujeña se enfrentaron con los manifestantes, arrojando balas de goma y gases lacrimógenos. Uno de los manifestantes -perteneciente al Movimiento Argentina Rebelde (MAR), identificado como Nelson Mamaní- fue herido gravemente en la cabeza y trasladado en ambulancia al hospital Pablo Soria de la capital jujeña.

La Policía local no pudo contener a los manifestantes, algunos de los cuales ingresaron a las oficinas de la parte posterior de la Legislatura provincial luego de avanzar contra las vallas de contención emplazadas en calles cercanas del recinto. En ese mismo momento, los convencionales dieron por aprobada y jurada la reforma parcial de la Constitución, la cual quedará en vigencia tras su publicación.

Llamaron a un paro

En tanto, la CGT regional Jujuy emitió un comunicado para repudiar lo hechos de violencia suscitados y convocó a un paro general por 48 horas para este miércoles 21 y jueves 22. La central obrera local apeló a que se vuelva al diálogo como único camino al consenso. También determinaron en suspender la conferencia de prensa que estaba prevista para el miércoles a cargo de Pablo Moyano que iba a visitar la provincia.

Por otra parte, el aeropuerto de Jujuy estaba cerrado debido a un corte de ruta en la localidad de Perico, y a los aviones que tenían previsto aterrizar allí los desviaron a Salta. Además, los colectivos dejaron de funcionar por los incidentes y no se descartaba se mantuviera esa medida de fuerza preventiva, por falta de seguridad.

El ministro de Educación de la provincia, Víctor Debloc, entregó aportes por más de 28 millones de pesos correspondientes al Fondo de Atención para Necesidades Inmediatas (FANI) a nueve instituciones educativas de los departamentos Rosario, Constitución, San Lorenzo y Caseros.

En un acto, que se desarrolló en la escuela Primaria 1080 “Gabriela Mistral” de Rosario, el ministro de Educación indicó que “la entrega de fondos para instituciones educativas es una política constante de esta administración, destinada a asegurar la mejora de las infraestructuras educativas”.

“Hasta el último día de nuestra gestión vamos a trabajar por las escuelas santafesinas, porque estamos siempre escuchando a los docentes, a los directores, a los intendentes, a los delegados regionales, a los coordinadores pedagógicos, para buscar consensos para seguir mejorando la calidad de la educación santafesina”, concluyó el ministro de Educación.

En esta oportunidad, las instituciones beneficiadas fueron: el Jardín Nº 80 de Rosario por un monto de $3.094.151,85, Secundaria Nº 240 por $2.904.900, Primaria Nº 246 de Villa Amelia por $2.098.007,46, Jardín Nº 231 de Empalme Villa Constitución por $ 2.079.800, Jardín Nº 262 de Rosario por $817.800, Jardín Nº 302 de Roldán por $467.550, Secundaria Nº 431 de Rosario por $319.980, Primaria Nº 1080 de Rosario por $11.078.669,20 y Primaria Nº 485 de Casilda por $5.311.590.

Acompañaron al ministro de Educación, la secretaría de Educación, Rosana Cencha; la subsecretaria de Educación Inicial, Marcela Ramírez; el delegado de la Región VI, Osvaldo Biaggiotti; el delegado de la Región V, Guillermo Virgili; autoridades ministeriales, supervisores, directivos de escuelas, equipos pedagógicos y técnicos de la cartera educativa

El sur de la provincia de Santa Fe, así como parte de Entre Ríos y Buenos Aires presentan este viernes alertas rojas por temperaturas extremas, mientras también rigen advertencias por calor para Santiago del Estero y Córdoba, con máximas entre los 35 y los 37 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El alerta roja, que implica temperaturas “muy peligrosas” para la salud de las personas, afecta al sur de Santa Fe, el suroeste de Entre Ríos y una porción del norte de la provincia de Buenos Aires.

En la ciudad de Venado Tuerto y la región, como también en Rosario y en las localidades bonaerenses de Baradero, Ramallo, San Nicolás y San Pedro se espera una máxima de 34 grados, mientras en Gualeguay y Victoria, en Entre Ríos, las térmicas alcanzarán los 35 aunque se espera que estos pronósticos puedan ser superados en algunas zonas.

Por otra parte, el SMN emitió alertas amarillas para el centro y sudeste de Santiago del Estero, el centro y noroeste de Santa Fe, gran parte de Córdoba y de Buenos Aires.

⚠ SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlertaInformación actualizada el 16 de marzo de 2023 a las 17:58 h?Más detalles en https://t.co/AgvDHAWzAt pic.twitter.com/XobFbR2UJJ

— SMN Alertas (@SMN_Alertas) March 16, 2023

Este alerta implica temperaturas que “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

En este sentido, la capital cordobesa y General Taboada en Santiago del Estero esperan máximas de 37 grados; mientras en San Justo (Santa Fe), 36, y en Colón y Tres Lomas (Buenos Aires), 34.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), continúa implementando los convenios para los mejorados correspondientes al Programa Caminos de la Ruralidad en localidades del departamento Constitución, en la zona sur del territorio.

Entre los trabajos, se mantienen activos -por intermedio de las administraciones comunales- frentes de obras en Villa Constitución y Theobald, mientras que en jurisdicción de Godoy se procederá a la certificación de las tareas para dar la obra por finalizada.

Al respecto, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, valoró que “estos caminos son muy importantes para la producción y la educación. Sabemos que la provincia crece por su interior, y que de esta manera también evitamos que miles de jóvenes se vayan a las ciudades en busca de trabajo. Tenemos el desafío de darles un futuro mejor, haciendo fuerte a la ruralidad, y fortaleciendo la transformación en origen de los alimentos”.

Mientras, el administrador general de la DPV, Oscar Ceschi, sostuvo:  “Estamos muy orgullosos con el alcance del programa y el avance de las obras. Hay parajes rurales y establecimientos muy importantes que necesitan tener la infraestructura que les permita conectarse de manera segura a las rutas provinciales o nacionales. Ese es el principio que defendemos desde el gobierno de Omar Perotti, llegar a cada región de la provincia”.

Por su parte el subsecretario de Infraestructura Rural, Matías Giorgetti, destacó que “los procesos de organización que se realizaron en el departamento Constitución permitieron el importante desarrollo del Programa Caminos de la Ruralidad. Desde el Ministerio estamos junto al sector productivo, educativo y cultural desde el primer día de nuestra gestión. Por eso, aspiramos a que el programa se transforme en ley, ya cuenta con la media sanción del Senado, para que los santafesinos y las santafesinas cuenten con esta importante herramienta de desarrollo”.

En Villa Constitución el monto invertido es de $ 32.588.000 para mejorar 6.896 metros sobre dos trazas: una de 3.700 entre la calle Teniente Ramos (donde la DPV está construyendo la Avenida Perimetral de acceso a los puertos) y Avenida 25 de Mayo de Empalme Villa Constitución; y otra en la zona sur de la ciudad, paralela a la Ruta Provincial N°21, que desembocará en la obra de pavimentación que se ejecuta sobre la Ruta Provincial N°10-s, en el camino hacia Theobald.

En jurisdicción de Theobald, las obras obras tienen un total de 7.840 metros y se desarrollan como un nuevo acceso a la Autopista Rosario-Buenos Aires (RN N°9), ya que se extienden desde el puente de acceso en sentido hacia el oeste, en unos 6.000, y la traza se completa desde allí hacia el sur, hasta cercanías del Arroyo del Medio, límite natural con la provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que en el trayecto se encuentran la Escuela N°810 “General José de San Martín” y el histórico almacén de campo “Paraje Rubicini”.

En tanto, en diciembre se completaron en diciembre las obras de enripiado al acceso a Oratorio Morante, en Godoy, y en los próximos días será certificado por la jefatura zonal VI de la DPV -con sede en Rosario-, con el objeto de dar por finalizadas las tareas. La traza, que atraviesa las instituciones educativas C.E.R. N°372 “Bernardino Rivadavia” y Escuela N°190 “Domingo Cullen”, consta de 12.605 metros, y se extiende desde la Ruta Provincial N°90 hacia el sur, hasta el acceso a la parroquia construida en el siglo XVIII.

OTRAS TRAZAS

En el departamento, el equipo técnico del programa provincial está evaluando la posibilidad de crear una nueva conexión mejorada de unos 7.000 metros en jurisdicción de la localidad de Rueda, con la finalidad de conectar la zona de Paraje Rubicini con el camino a Oratorio Morante. El trayecto se desarrolla de manera paralela (a unos 3.500 metros) de la Ruta Provincial N°90, camino transversal que conecta con el departamento General López.

En tanto, cabe destacar que en julio de 2022 fue inaugurado un camino de 7.620 metros en Máximo Paz a través de un convenio de $ 27.003.000. El trazado, se ubica desde la Ruta 90 hacia el sur y beneficia a la Planta Campamentil N°7502, que tiene capacidad para 221 alumnos.

Tras el amparo concedido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández convocó a gobernadores donde emitieron una declaración titulada ‘Un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento’. Omar Perotti no se sumó al encuentro ni sumó su firma al documento como hicieron algunos otros mandatarios. El Litoral planteó el tema.

– Primero, no me gusta salir corriendo a las apuradas… Me gusta analizar los temas y en profundidad. No me gusta en una coyuntura minimizar la discusión profunda que es el federalismo y mucho más en lo que nos tocó vivir como provincia en el reclamo de deudas oportunamente realizados y en los fallos. Los fallos pueden gustarnos o no, pero se acatan. La señal de poner en duda algunas de estas situaciones, no es buena, independientemente de que a uno le hubiese gustado que sea de otra manera. Se entiende que el gobierno tiene que buscar formas para poder hacer frente al pago que no puede desplegarlas de la noche a la mañana, pero esa señal no es menor en la institucionalidad. La discusión de si es un punto más, ese recurso menos, la discusión donde está la pelea federal yo la quiero dar en serio. La pelea federal donde no oculte nadie de porqué tenemos el diferencial en las tarifas de luz, en gas, en combustibles, en el boleto del transporte. La infraestructura y distribución de los recursos nacionales que se aplican en el territorio. La falta de una ley de coparticipación es la causal de estas discusiones y acá la política tiene que hacer claramente un mea culpa. La política es la responsable de no tener hoy nueva ley de coparticipación. En esto, no responsabilizo a gobernadores y ex gobernadores, responsabilizo a los ex presidentes y al actual. Nadie va a conseguir la adhesión de todas las provincias con un gobernador o sus legisladores que voten menos recursos para su provincia. No existe esa posibilidad. La voluntad real y concreta de los presidentes es que esos recursos discrecionales que tiene la Nación, en su parte no coparticipable, los tiene que poner a disposición. Con una parte de esos fondos, convoca a las provincias, acuerda un esquema de coparticipación y arrancamos. A veces por querer quedarse con algunos recursos más para poder asignarlo con cierta discrecionalidad al esquema provincial no ha llevado a juntar a todos y decirles que van a tener un poco más. Si Nación se queda con algo menos, tendremos un ordenamiento de coparticipación como me indica la Constitución reformado en 1994, no como me sugiere la Carta Magna. Quiero dar allí la discusión a fondo. Pongamos la ley sobre la mesa, pero el Presidente tiene la oportunidad de cerrar un capítulo que, hasta aquí, ninguno de los presidentes desde 1994 lo ha hecho.

Quiero hacer también una mención aparte de bonos o no bonos. Cuando fui legislador nacional, cada vez que venía un jefe de gabinete o ministro de Economía al Congreso por los presupuestos del año siguiente, mi pregunta era cómo le iban a pagar a Santa Fe la deuda por el fallo favorable de la Corte. (Nicolás) Dujovne decía que la única posibilidad era con bonos, con títulos. Está en la versión taquigráfica del Senado. Nadie tiene que escandalizarse por esto. Este tipo de miradas recogiendo cada circunstancia tenemos que poner sobre la mesa, pero que la coyuntura, el detalle menor no nos haga perder la oportunidad la discusión de fondos, con mayores aportes de la Nación a la torta.

– En materia política para 2023, ¿Perotti piensa en la provincia o también en un esquema nacional?

– ¿Su grupo político ‘Hacemos Santa Fe’ formará parte del Frente de Todos o tendrá un proyecto propio?

– Lo que tiene por definiciones por delante es los nombres que estarán, qué estructuras estarán. Cada una de las agrupaciones o espacios políticos dentro del justicialismo tienen su identificación, si después la denominación es esa o cambia, dependerá de la coyuntura. Para algunos Frente de Todos significa algo, para otros es cosa del pasado, sin dudas, mirando hacia adelante surgirá alguna expresión que se entienda sea lo suficientemente convocante, motivadora y que entusiasme.

Con un monto de inversión actualizado de $1.380.249.544,38, la obra que consta de la reconstrucción de unos 29,8 kilómetros presenta un porcentaje de avance en el orden del 15% y tiene fecha estimada de finalización para el último trimestre de 2023.

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), avanza con la construcción de la rotonda en el enlace entre las rutas provinciales N°90 y 18 en el marco de la obra de reconstrucción del corredor transversal que conecta los departamentos Constitución y General López.

Con un monto de inversión actualizado de $1.380.249.544,38, la obra que consta de la reconstrucción de unos 29,8 kilómetros presenta un porcentaje de avance en el orden del 15% y tiene fecha estimada de finalización para el último trimestre de 2023.

Al respecto, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, destacó la labor de Vialidad Provincial: “En cada departamento hay obras de la DPV, porque esa fue la decisión del gobernador Omar Perotti desde el primer día de gestión. Y esta obra no es la excepción, la obra tiene que ver con una marcada mirada productivista, en pos de favorecer las economías regionales”.

Por su parte, el administrador de la DPV, Oscar Ceschi, comentó que durante las últimas semanas comenzaron los trabajos de demolición de las isletas existentes, la construcción de los anillos principales y la calzada de la rotonda con hormigón. “La nueva conexión, será de tipo ‘moderna’, tendrá un ancho externo de 45 metros con nuevas ramas de ingreso y egreso. Además, comprende trabajos de iluminación para incorporar tecnología led y nuevas columnas”, aseguró.

Y continuó: “En el extremo este del tramo se llevan adelante las tareas de reconstrucción del enlace con la Ruta Provincial N°21 en Villa Constitución, restando tareas correspondientes al sistema de drenaje, con nuevos conductos transversales en ambas rutas”, explicó Ceschi.

Cabe destacar, que sobre el corredor transversal del sur de la provincia, se mantienen activos otros dos frentes de repavimentación: en el centro, 25 kilómetros desde Ruta Provincial N°18 hasta jurisdicción de Máximo Paz y en el oeste, 28,8 kilómetros desde la Ruta Nacional N°8 hasta la Ruta Provincial N°6-s (zona límite entre Elortondo y Melincué).

Por Mario Cáffaro 

El mes próximo, la Constitución de Santa Fe cumplirá 60 años de vigencia y en este tiempo transcurrido fracasaron numerosos intentos de reforma iniciados tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo. Ahora, cuando tímidamente algunos voceros del gobierno quieren instalar el tema, el diputado Gabriel Real (PDP – Frente Progresista) ingresó una iniciativa en tal sentido para la discusión parlamentaria. 

“Debemos plantearnos institucionalmente como Estado moderno en el ejercicio de sus funciones, adecuar esta Carta Magna, sancionada por última vez en 1962, con la nacional, donde se consagran nuevos derechos y garantías; y nuevas instituciones a partir de 1994”, señaló.   

El proyecto ingresado es el único que hoy tiene estado parlamentario y el propio autor le dijo a El Litoral que “no ponemos ningún límite, convocamos a un acuerdo marco político, a trabajar en un proyecto a libro abierto, donde se contemplen las necesidades de adecuar nuestra Constitución a realidades de una sociedad moderna, totalmente distintas a cuando fuera sancionada por última vez”. 

Real pone sobre la mesa la necesidad de abrir la discusión sobre la reforma constitucional. 

Los temas incluidos en el proyecto son las banderas históricas del PDP, aunque en este caso no avanza con la unicameralidad como otras iniciativas de esa fuerza plantearon en ocasiones anteriores. Agrega cuestiones ligadas con los derechos de tercera generación como la información pública y los del consumidor. Entre los temas que propone es llevar a cuatro años el mandato de presidentes comunales así como autonomías municipales, plenas y no solamente para Rosario y Santa Fe, sino para todas las ciudades y comunas. 

Real toma en el tema autonomía municipal el concepto que propugnó Lisandro de la Torre “que consiste en el ejercicio por parte de los gobiernos locales de funciones, servicios y diseño de políticas públicas que se agotan en el ámbito de su propia jurisdicción. Si existe algún estamento superior que limite su competencia y acote sus recursos, entonces no hay autonomía como tal, por eso debe ser consagrado en un proceso reformista de nuestra Constitución”. 

Entre otras propuestas figura la proporcionalidad en la distribución de las bancas en Diputados en función de la cantidad de votos que recibe cada partido y también la posibilidad de reelección del gobernador al menos por un período consecutivo. 

“Estamos transitando nuevas realidades, hoy coexisten una nueva educación, una nueva salud, políticas de Estado desarrolladoras de la cultura y la innovación, del hábitat, de la energía, plateamos políticas de recuperación y conservación del medio ambiente y de la ciencia y tecnología. Son todos temas que debemos revisar y consensuar en una nueva Constitución. Las constituciones se defienden reformándolas de tiempo en tiempo, adaptándolas a unas realidades sociales cambiantes” acotó Real. 

Entre los postulados de reforma propone neutralidad religiosa del Estado;  establecer la obligación de fijar criterios de progresividad en materia impositiva, solidaridad fiscal, legalidad, reserva de ley, igualdad, no confiscatoriedad, razonabilidad, equidad, generalidad, capacidad contributiva, certeza, entre otros; adecuar el instituto del Hábeas Corpus, también la acción de amparo; ampliar el derecho a la salud; eliminar la referencia al trabajo infantil  y promover el trabajo decente, realizado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en la esfera de las competencias provinciales; establecer que las jubilaciones y pensiones de los servidores públicos provinciales sean atendidas por medio de un régimen público de reparto y solidario a cargo de una institución estatal provincial de carácter intransferible. 

Otros principios a incorporar son la intransferibilidad del voto, el derecho al sufragio activo de los extranjeros con residencia, la eliminación del requisito de tener dieciocho años para ser elector, el reconocimiento de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, el establecimiento de un tribunal jurisdiccional electoral, independiente, permanente y con fuero propio y el requisito de contar con mayorías legislativas agravadas o especiales para la aprobación de normas en materia de partidos políticos y sistema electoral. 

Contempla la paridad de género en los cargos, ampliar el período de sesiones ordinarias de la Legislatura y facultar a la Asamblea Legislativa a la designación del jefe de Policía. Incorpora institutos modernos como la iniciativa popular, agilizar el trámite legislativo, así como la doble vuelta para la elección del gobernador. 

Propone en materia del Poder Judicial, fijar las competencias del Procurador General y número impar para la Corte; consejo de la Magistratura para elegir candidatos a cargos judiciales; nuevo procedimiento para la remoción de jueces; rango constitucional al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio Público de la Defensa, consagrando su autonomía funcional y autarquía, así como reconocimiento constitucional a la Defensoría del Pueblo. 

COALICIÓN CÍVICA 

Este sábado, en la Sociedad Rural de Santa Fe, la Coalición Cívica ARI de Santa Fe realizará su congreso provincial, uno de los dos que debe realizar anualmente. De la reunión participará el presidente nacional partidario, el diputado porteño Maximiliano Ferraro. 

El congreso es presidido por Gerardo Colotti en la discusión está la actualización de la carta orgánica y la modernización partidaria. También servirá el encuentro de dirigentes para analizar el contexto político y empezar a definir cuál va a ser el rol de la Coalición en los meses venideros así como el marco de alianzas a establecer para el 2023. 

CONVOCATORIA 

Gabriel Real es secretario general de la Junta Provincial del Partido Demócrata Progresista y está convocando a dirigentes de diversas fuerzas políticas que conformaron el Frente Progresista a una reunión para discutir los futuros pasos en la provincia. 

La reunión tiene fecha para el 25 del corriente en la sede del PDP de Rosario con dirigentes de las diferentes líneas internas del radicalismo, socialismo, CREO, Libres del Sur, y un sector del PRO. Real dijo que tiene el compromiso de las principales figuras de todas las fuerzas para estar presentes en la comida que será servida en la casa partidaria. 

No planteamos un consenso de partida, sino que el acuerdo sólo puede ser la consecuencia del diálogo durante estos procedimientos democráticos y progresistas que concede, justamente, un proceso reformista y no como una condición previa”. 

Gabriel Real- diputado PDP 

(Por Ignacio Hintermeister) – “No cerraban los precios”, dijo Horacio Rosatti cuando renunció a mediados de 2005 como ministro de Justicia de Néstor Kirchner; ya dos años antes Roberto Lavagna había denunciado los sobrecostos en la Cámara Argentina de la Construcción. Se infería entonces una arquitectura de poder corrupto; arrepentidos y pruebas engrosan expedientes que habrán de ser revisados en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Muchos analistas recuerdan aquél gesto del flamante presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero hay un episodio tal vez más decisivo para quien pretenda hacerse una idea de qué es lo que habita en ese santafesino desafiado a ser y parecer -como sus pares- hombre político y juez de la Constitución.

Para eso hay que ir algo más allá de las ciclovías, el Paraninfo o el decanato de un divorciado en la Católica. En la calle Posadas, no muy lejos del cementerio de la Recoleta y de la plaza San Martín de Tours de la Capital Federal, hay un edificio centenario que diseñó el arquitecto Alejandro Bustillo y que bien podría ser distinguido ciudadano de una rue parisina.

Son las oficinas del Procurador del Tesoro, que hoy habita Carlos Zannini. El jefe de los abogados del Estado no presentó su renuncia a Alberto Fernández cuando los altos funcionarios kirchneristas lo hicieron el miércoles pasado.

Tampoco la presentaron Juan Martín Mena, viceministro de Justicia (contacto de Cristina en Tribunales); Gerónimo Ustarroz -medio hermano de Wado de Pedro-, delegado en el Consejo de la Magistratura; Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción; Ricardo Nissen, quien está al frente de la Inspección General de Justicia; Cristina Caamaño, interventora jefa de los espías, ni Carlos Cruz, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Zannini comanda desde su lujosa oficina, a los abogados del Estado, y a ese equipo que hoy tiene por principal objetivo cubrir las espaldas de Cristina Fernández de Kirchner en causas que tendrá que revisar la Corte.

También desde ese mismo despacho Horacio Rosatti -fue Procurador del Tesoro entre 2003 y 2004- diseñó un argumento jurídico para que los juicios que afrontaría la Argentina tras la crisis de 2001 tuvieran una última instancia en el máximo tribunal del país.

La Argentina en la que el peronismo creó la Convertibilidad y sancionó la pesificación asimétrica, cedió la jurisdicción mediante Tratados Bilaterales de Inversión; Néstor Kirchner -que por entonces tenía a Zannini en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia- no solo descartó el diseño con el que Rosatti trató de recuperar la soberanía judicial del país. Además “privatizó” el derecho de defensa en juicio de la Argentina ante los tribunales del CIADI o de Nueva York; el abogado santafesino denunció el hecho abiertamente.

Peronista y católico, inclinado al constitucionalismo social, analista jurídico de las emergencias continuadas, se puede leer de Rosatti la sugerencia de un Poder Judicial imaginativo conforme a circunstancias ambientales, forzando los cauces que Montesquieu asignó a la división de poderes, pero sin contradecir a la Constitución.

El santafesino llega a la presidencia de la Corte en tiempos en que la dirigente política más poderosa del país en emergencia, ha dictaminado la muerte de Montesquieu y ha juzgado a la división de poderes como rémora de un poder absoluto.

Es posible que Rosatti, el hombre político, comparta con ella los cuestionamientos al Estado mínimo abstencionista y hasta justifique cierto intervencionismo estatal, correctivo de las inequidades sociales. Pero el jurista tendrá que definir, al mismo tiempo, sobre cuestiones penales que jaquean la conducta de quien hoy ejerce la vicepresidencia.

¿Aquel ministro de Justicia que se fue para no convalidar sobreprecios, debió haber cumplido su deber de funcionario? No hubo denuncia penal.

Mauricio Macri postuló al constitucionalista santafesino como miembro del máximo tribunal en 2015; fue una ofrenda al peronismo -con voto decisivo en el Senado- para que también Rosenkrantz llegue al cargo. El ex presidente se arrepintió por no haber promovido en el lugar a Domingo Sesín; juez al fin de la Constitución y no del poder político, no hubo concesiones de Horacio a Mauricio, que terminó acusándolo de magistrado populista.

Carlos Rosenkrantz simpatizó con el alfonsinismo; Juan Carlos Maqueda fue vicegobernador de De la Sota en una Córdoba que es peronista pero no kirchnerista. Son los dos votos que acompañaron al del propio Rosatti como primus inter pares. Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti pueden concebirse más funcionales al kirchnerismo; los jueces suelen ser pronosticadores eficaces de un cambio en los vientos políticos.

Comodoro Py toma nota; ¿lo hará Reinaldo Rodríguez? El juez federal de Santa Fe sorteó el planteo fiscal para omitir una acusación contra Horacio Rosatti, por enriquecimiento ilícito. Sobre fin del pasado año, se agitaron las tintas sobre una acusación al hijo del juez y un supuesto intento del magistrado por interferir en la causa.

El voto de Rosatti en la Corte no vale doble por ser presidente, pero su gestión administrativa puede acelerar o demorar decisiones en un país donde el manejo de los tiempos suele ser sentencia más severa que la que se dicta en un expediente.

Vale de ejemplo el caso en el que el máximo tribunal debe decidir si la última reforma al Consejo de la Magistratura, que devolvió privilegios decisivos a la corporación política de turno a la hora de poner o remover jueces, es constitucional o no. Mientras no haga su trabajo, la Corte consiente a Cristina por omisión, pero la amenaza por derecho.

Más allá de los modelos políticos, que se disputan menos en Tribunales que en las urnas, Cristina Kirchner está acusada por Asociación Ilícita en la causa de Vialidad Nacional, que compromete a Lázaro Báez. Tiene juicios pendientes en causas como Hotesur y Los Sauces, Cuadernos y Pacto con Irán.

Horacio Rosatti, el político, el juez, es un hombre de trajes muy prolijos, de pañuelos asomando en el bolsillo, de colores sobrios. Cuida su imagen como siempre lo hizo, desde que empezó a dar clases de Derecho Constitucional. Ya por entonces se le adivinaba una aspiración docta sin omitir al poder, más cerca de una Convención Constituyente que de una Municipalidad.

Cada mañana, cuando se mire al espejo para ajustar su corbata, el magistrado decidirá cómo define su rol entre el bronce y el barro. Tendrá cajones para guardar y resguardar expedientes; redactará argumentaciones jurídicas. Los jueces hablan por sus sentencias; también por sus silencios.

Al conmemorarse el centenario de la sanción de la reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, se destaca su impronta vanguardista y su derrotero en épocas de profundas transformaciones sociales, económicas y políticas que signaron su destino.

Nuestra Provincia ha sido fructífera por el rol institucional que le cupo como miembro de las Provincias originarias, en la toma de decisiones gubernamentales al suscribir los pactos preexistentes como lo será luego al conformarse su capital en sede de reformas constitucionales nacionales. En tanto, se puede citar como antecedentes locales -que la doctrina sistematiza en diferentes períodos- un proficuo desarrollo constitucional, desde el Estatuto Provisorio de López (1819) hasta mediados del siglo XX en el que se produce la Reforma Constitucional de 1962 que rige hasta nuestros días.

El turbulento Siglo XX impone una serie de modificaciones a la Constitución de 1900, se citan en doctrina los diversos mensajes de los gobernadores de aquellos años, en tanto la reforma que comentamos fue impulsada por el Partido Demócrata Progresista durante la gobernación radical del Dr. Enrique Mosca. Se destaca el impulso de La Liga del Sur en pos de lograr una reforma constitucional tendiente a cambiar los parámetros del poder geográfico con epicentro en Santa Fe, pues el sur crecía en población y producción a grandes pasos producto de las corrientes migratorias, una profunda transformación en las instituciones políticas, fundamentalmente en el régimen municipal.

Se produce un verdadero cambio de paradigmas, motorizados por la colonización, la llegada de inmigrantes, logrando implantar un sentido de desarrollo en base a su trabajo y tesón que ha continuado en el tiempo, tanto en el sector rural como en el industrial.

Los objetivos fundamentales de aquel proyecto propendían a la representación de las minorías mediante el sistema de lista incompleta, la organización de la Justicia de Paz, el establecimiento de Comisiones de Fomento y Consejos Escolares y autoridades policiales mediante cargos electivos, la elección popular del intendente y la autonomía municipal para las ciudades de Rosario y Casilda.

La Legislatura sanciona la ley 2003/20, luego de arribar a un consenso entre los dos proyectos ingresados en su seno, habilitando a reformar la totalidad de los artículos vigentes, excepto el art. 4, la convención sesionaría en Santa Fe durante 90 días. Elegidos los sesenta convencionales por voluntad popular, le correspondieron 36 a la Unión Cívica Radical y 24 al Partido Demócrata Progresista. Comienzan las sesiones preparatorias el 1 de junio -los convencionales del PDP se habían retirado al no acordar el criterio a seguir en materia de régimen electoral sosteniendo que la base poblacional debía ser sobre la totalidad del pueblo de la Provincia en tanto los radicales propiciaban la fórmula de la base poblacional de ciudadanos.

Este conflicto provocó que la convención no funcionara durante un mes, causando la prórroga de sus sesiones. Para lograr el reingreso de la bancada demócrata progresista se modifica el proyecto elaborado por la Comisión principal a los efectos de lograr una equidad en la representación partidaria dentro de la futura estructura del poder, el debate continuó, votándose una prórroga por la totalidad de los presentes hasta el 15 de agosto, debiendo entrar en vigencia el 1 de diciembre.

La Convención finalizó antes y el gobernador la desconoció por decreto con fundamento en la invalidez de lo actuado con posterioridad al mandato legal. Hay consenso en la doctrina constitucional en sostener que un factor no menor de presión ha sido el tratamiento de la relación entre el Estado y la iglesia católica, dado que sendos proyectos propiciaban un Estado laico o la neutralidad estatal en materia religiosa. Se planteaba así un debate entre la cultura tradicional con apego religioso y las modernas ideas que profesaban los liberales y extranjeros.

La Constitución de 1921 ha sido revolucionaria para su época, fruto de una sociedad en constante cambio, que por su relevancia signaron una época y aún mantienen plena vigencia.

I- Declaraciones, derechos y garantías: Prohijaba un estado laico al sustituir el preámbulo con la invocación a la protección de Dios por la expresión “… en nombre y autoridad del pueblo de la provincia… se sanciona esta Constitución”, la neutralidad religiosa (art. 6) y la libre profesión del culto, avanza en las garantías jurisdiccionales, consagra el principio básico de la libertad individual (art. 7 y 11), el Habeas Corpus (art. 8) y el Amparo (art. 17). Aseguraba la estabilidad del empleado público (art. 15), fijaba límites a los actos del interventor federal (art. 21), en materia impositiva se “propenderá” a la eliminación de impuestos que pesen sobre los productos de primera necesidad (art. 23), prohibió los juegos de azar y loterías, consagrando derechos de los trabajadores como el descanso, el salario mínimo, la salud, seguridad y bienestar general (art. 28, 29), la promoción de la colonización de sus tierras y vías de comunicación (art. 30), el derecho electoral activo y pasivo para las mujeres y extranjeros en los cargos locales (art. 36.1) como las características del voto secreto y obligatorio (art. 36.4).

Consagra en el Capítulo VIII (art. 160 a 168) el régimen educacional para la enseñanza común gratuita integral y laica.

II- Organización del poder institucional: Prohibió la reelección de gobernador y vice para asegurar el principio republicano de gobierno, creó la figura del Contador General de la Provincia (art. 10, 108), fijó un límite de hasta 60 diputados, un senador por departamento, dos para La Capital y tres para Rosario, crea la Corte Suprema de Justicia garantizando el principio de inamovilidad de los magistrados (art. 112, 115), el procedimiento de remoción a través del Jury de Enjuiciamiento (at. 132) y juicio político para los ministros de la Corte y el Procurador.

III- El régimen municipal: consagraba su autonomía con tres categorías de municipios: Primera con más de 25.000, podían dictar sus propias cartas orgánicas -en 1933 lo hacen Santa Fe y Rosario durante el Gobierno de Luciano Molinas-, Segunda con poblaciones de más de 3.000 habitantes gobernadas por un intendente y un concejo deliberante elegidos por el sufragio de los ciudadanos; y Tercera categoría, villas con menos de 3.000 y más de 500, gobernadas por Comisiones de Fomento electivas; asegura la representación de las minorías, los derechos de iniciativa, referéndum y revocatoria (art. 145).

Hay un abanico de posibilidades entre las que se mencionan: la presión ejercida sobre el Gobernador Mosca por el Ministro del Interior del Presidente Irigoyen, la naturaleza progresista e innovadora que esta obra jurídica de gran valor habría provocado una resistencia en la sociedad santafesina que trascendió el territorio provincial; la disparidad en la representación, el auge industrial y comercial del sur con mayor densidad poblacional y la llamada cuestión religiosa (sobre la que ya nos pronunciamos), que significaba recuperar la tradición laicista.

Su impronta -reconocida en el Derecho Público Argentino- produjo influjo en los partidos políticos, movilizó los medios de prensa, dotándolos de mayor relevancia, convirtiéndose en una bandera del gobierno demoprogresista, que fuera puesta en vigencia durante el gobierno de Luciano Molinas entre 1932-1935, para ser derogada por la intervención federal que reimplantó la Constitución de 1900.

Avanzado el Siglo XXI, aún resuenan las consignas incumplidas de la autonomía municipal y la necesidad de propiciar consensos entre las fuerzas políticas para promover la adecuación de la Constitución de 1962 a los tiempos actuales.

(Por Carlos Caballero Martín, abogado, ex legislador y convencional constituyente; y Mariela Uberti, abogada, docente FCJS- UNL. Ambos miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Museo y Parque de la Constitución Nacional)