El Estado nacional transferirá en 2023 más de 11 billones de pesos a las provincias y la ciudad de Buenos Aires en concepto de transferencias automáticas, un 81,34% más que lo estimado para este año, con una marcada preponderancia de los recursos correspondientes al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

De acuerdo con el mensaje que acompañó la presentación del proyecto de ley de Presupuesto 2023, los recursos tributarios de origen nacional aumentarán 3,32 puntos porcentuales más que los provinciales.

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Esa brecha representaría para las provincias ingresos adicionales por $211.878 millones en relación con el resultado que se obtendría con una evolución similar a los recursos propios, monto superior a superávit financiero consolidado proyectado.

El total de recursos de distribución automática (cuya asignación está sujeta a una serie de leyes, a diferencia de las discrecionales o no automáticas) ascenderá el año que viene a 11 billones 567.702 millones de pesos, de los que el 89,78% corresponderán a la Coparticipación, el 4,04% a las Compensaciones por el Consenso Fiscal, el 3,18% a la parte correspondiente al Impuesto a los Bienes Personales destinada a la Seguridad Social, el 0,97% al Fonavi y el 2,03% restante a una decena de fondos específicos.

Si bien los recursos transferidos por fuera de la Coparticipación no representan una proporción significativa (10,22% del total) su monto alcanza a un billón 182.178 millones de pesos.

Como los coeficientes de distribución no son los mismos en todos los casos, se presentan algunos hechos curiosos, como que San Juan reciba más coparticipación que Misiones, pero en el total del reparto la relación se invierta, o que Chubut vaya a contar con más transferencias nacionales que Santa Cruz, a pesar de que en la distribución secundaria del régimen de Coparticipación las dos provincias tengan asignado el mismo monto.

La provincia de Buenos Aires encabeza la nómina con 2 billones 647.291 millones, seguida por Santa Fe ($ 992.675 millones), Córdoba ($ 965.835 millones), Chaco ($ 549.768 millones) y Entre Ríos ($ 532.248 millones).

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Con menores recursos se ubican Tucumán ($ 520.767 millones), Mendoza ($ 454.304 millones), Santiago del Estero ($ 452.244 millones), Salta ($ 429.195 millones), Corrientes ($ 415.445 millones), Formosa ($ 396.645 millones), Misiones ($ 371.166 millones), San Juan ($ 364.082 millones), Jujuy ($ 310.001 millones) y Catamarca ($ 293.670 millones).

La lista se cierra con Río Negro ($ 274.437 millones), CABA ($ 248.430 millones), San Luis ($ 244.080 millones), La Rioja ($ 223.204 millones), La Pampa ($ 205.781 millones), Neuquén ($ 193.868 millones), Chubut ($ 176.006 millones), Santa Cruz ($172.846 millones) y Tierra del Fuego ($ 133.717 millones).

El Ministerio de Economía prevé que en 2023 se produzca “una prolongación del sendero de recuperación económica que están experimentando las jurisdicciones” provinciales, así como “su correlato en la mejora de los ingresos tributarios y no tributarios tal como se evidencia desde 2021”, de acuerdo con lo señalado en el Mensaje que acompañó la presentación del proyecto de ley de Presupuesto para el año próximo.

Las provincias mantendrán los superávits primario y financiero, aunque en el Mensaje se prevé una reducción de sus niveles: el resultado primario positivo será equivalente al 0,43% del PBI, cuando en 2021 fue del 0,57 y para este año se prevé un cierre con el 0,55%.

Lo mismo ocurrirá con el superávit financiero: de 0,19% en 2021, bajará a 0,14% en 2022 y a 0,13% en 2023.

Pese al rechazo de la mayor parte de la oposición, que alertó sobre un presunto aumento de la presión impositiva implícito en la letra del proyecto, el oficialismo consiguió este miércoles firmar dictamen de mayoría favorable a la ley que convalida el Consenso Fiscal firmado por el presidente Alberto Fernández y 21 gobernadores en diciembre pasado. 

La iniciativa, que ya tiene media sanción del Senado, fue discutida en la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde recibió 24 firmas positivas y 20 de rechazo. 

En contra se expresaron los bloques del PRO, Evolución Radical y la Coalición Cívica, mientras que los diputados de la UCR se dividieron a la hora de firmar. 

A fines del año pasado, el pacto fiscal fue rubricado por todos los mandatarios provinciales a excepción de Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires). 

Había sido incluido por el Poder Ejecutivo en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, pero el tema nunca llegó a tratarse durante el verano. 

Entre otros aspectos que hacen al ordenamiento tributario, el nuevo consenso fiscal dispone que las alícuotas de Ingresos Brutos no puedan exceder a las fijadas para cada actividad y además ratifica la decisión de evaluar durante este año la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia. 

También contiene un capítulo denominado de “endeudamiento responsable”, que dispone que las provincias podrán aumentar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo a través de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito. 

En tanto, en materia de responsabilidad fiscal, la iniciativa estipula que “la regla de límite de crecimiento del gasto estará regida en todos los casos por el incremento del PBI”. 

La reunión de la comisión de Presupuesto fue conducida por su presidente, Carlos Heller, quien al comenzar el encuentro le cedió la palabra al miembro informante por el oficialismo, Marcelo Casaretto, para que diera los fundamentos a favor de la iniciativa. 

El entrerriano habló de “las seis partes” del proyecto: compromisos en materia tributaria; en materia de endeudamiento responsable; en materia de responsabilidad fiscal; en materia de procesos judiciales; compromisos de Gobierno nacional; y compromisos comunes. 

Sobre la cuestión impositiva, Casaretto explicó que “hay un compromiso muy fuerte de intercambio de información entre el Estado nacional y los Estados provinciales, avanzando en la simplificación y la coordinación tributaria federal”, y “un intercambio de información en cuanto a los titulares de los inmuebles y otros bienes registrables y la valuación”. 

También remarcó la confección de un padrón federal de registro único, y la “coordinación en materia de Ingreso Bruto en convenio multilateral”. 

En tanto, destacó “la devolución automática de los saldos a favor por retenciones en materia de Ingresos Brutos”. 

Al referirse al capítulo de endeudamiento responsable, el diputado del Frente de Todos indicó que el proyecto dice que “durante un año las provincias solo podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera cuando se trata de financiamiento en materia de organismos bilaterales o desembolsos pendientes de créditos acordadas anteriormente, o canjes de pasivos o reestructuraciones de deudas anteriores”. 

“De la misma manera a fondos destinados a ciertas obras de infraestructura disputas con anterioridad al 31 de diciembre”, completó. 

En materia de responsabilidad fiscal, ponderó que “se establece una regla límite de crecimiento del gasto, vinculada con el crecimiento del producto bruto interno de cada provincia”. 

“El año 2022 era un proceso de transición en la salida de la pandemia. Y que el producido del endeudamiento de los gobiernos provinciales no pueda destinarse a los gastos corrientes”, acotó. 

En cuanto a los compromisos en materia de procesos judiciales, resaltó que “las provincias se comprometen a abstenerse de iniciar procesos judiciales durante un año, y suspender por igual termino los ya iniciados”. 

El quinto capítulo alude a los compromisos del Gobierno nacional a cancelar las deudas pendientes, “básicamente a caja de jubilaciones no transferidas por las provincias” y “a compensar deudas y créditos recíprocos”. 

Por último, explicó que el sexto capítulo dispone que las partes “acuerdan dejar sin efecto las obligaciones asumidas en materia tributaria provincial, a través de los consensos 2017, 2018, 2019, 2020”. 

“En consecuencia, se deja sin efecto los compromisos de bajar los impuestos provinciales sin financiamiento, a efecto de no endeudar más a las provincias”, apuntó. 

A través de un comunicado firmado por su presidente, Luis Pagnoni, el Centro Comercial e Industrial De Venado Tuerto sentó su postura sobre el Proyecto de Consenso Fiscal que obtuvo media sanción en el Senado nacional y este miércoles avanzó en Diputados, con apoyo del Frente de Todos. Al respecto de esta norma explican que les genera una “tremenda desconfianza”.

“Estamos expectantes de lo que puede surgir del mismo, sabiendo que puede tener importante influencia en el sector privado, castigando la mayoría de las veces al que trabaja”, agregaron desde la entidad que nuclea a comerciantes locales, uno de los sectores que se vería afectado.

“Hacemos saber que rechazamos todas las decisiones que puedan seguir incrementando la enorme presión tributaria que ya existe en nuestro país, esperando que se revea la legislación que tenga como única finalidad generar recursos, sin pensar en el detrimento económico que están provocando”, mencionaron.

“Un ejemplo claro es el Impuesto a los Ingresos Brutos que se ha transformado en distorsivo y confiscatorio en los distintos sistemas que aplican las Provincias. Estimamos que herramientas como éstas, en manos de los Gobernadores de Provincia, puede ser aún más contraproducentes para el país, esperando que en el momento de legislar sean iluminados y piensen en el pueblo argentino que no se merece lo que está viviendo”, cerraron desde el CceIVT.

Este miércoles se conocía que a través el oficialismo, el Consenso Fiscal obtuvo dictamen a favor. Este proyecto fue firmado entre el Gobierno nacional y 21 provincias, y el será debatido en el recinto de la Cámara de Diputados. El PRO emitió un dictamen de rechazo.

Con 24 votos, el oficialismo logró un dictamen de mayoría para aprobar el proyecto que tiene como objetivo, según se informó oficialmente, “buscar acuerdos en torno a políticas tributarias, así como lograr equilibrios en el control de la evasión impositiva en todo el país”.

Entre otros puntos, el Consenso Fiscal habilita a las provincias a crear nuevos impuestos y subir las alícuotas de algunos ya existentes, como Ingresos Brutos y Sellos. También estipula que solo podrán tomar deuda en dólares con líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, establece que el gasto puede aumentar en relación al crecimiento del producto bruto interno y obliga a los distritos a desistir de cualquier juicio contra el Estado Nacional.

(Por Mario Cáffaro) – El Senado de Santa Fe difirió -con tratamiento preferencial- los mensajes del Poder Ejecutivo para convalidar el Consenso Fiscal 2021, la autorización de un crédito externo para los primeros pasos del acueducto biprovincial con Córdoba y la autorización para vender la colonia de vacaciones que la provincia tiene en Alta Gracia. Todos quedaron para la próxima sesión mientras que para dos sesiones puso en agenda la validación del acuerdo firmado por la provincia con Cammesa para saldar la deuda de la Empresa Provincial de Energía (EPE).

El objetivo de la bancada justicialista parece ser buscar consenso con el radicalismo a la hora de votarlos y enviarlos en revisión a la Cámara de Diputados. En la última sesión hubo consenso para votar por unanimidad la autorización de endeudamiento para la futura obra de defensa de la ciudad de San Javier y también para la autorización de expropiación de terrenos en los departamentos Rosario y Constitución para permitir obras del circunvalar ferroviario en el sur santafesino.

El Senado además espera la definición sobre la ley de Presupuesto 2022 y todas las miradas están en Diputados donde el mensaje del Ejecutivo tiene preferencia para el jueves venidero y su tratamiento dependerá de una negociación entre la Casa Gris y la Legislatura que se iniciará el lunes. Si Diputados pretende hacer cambios y que se conviertan en ley deberá acordarlos también con el Senado y de allí la negociación clave de la semana  próxima.

En cuanto a los temas pendientes propios del Senado en la semana última, el cuerpo adoptó dos decisiones que se conversaron en Labor Parlamentaria y se plasmaron en el recinto. La primera es convocar al presidente del directorio de la EPE, Mauricio Caussi, para analizar los alcances del acuerdo de refinanciación de deuda de la empresa con Cammesa. La otra es una nota ingresada por la bancada radical con una serie de preguntas al ministerio de Infraestructura sobre la obra del futuro acueducto a Córdoba. La ministra Silvina Frana y funcionarios de su cartera habían estado el jueves reunidos con senadores explicando los alcances del crédito a tomar con el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe para la primera etapa de los trabajos. Las dudas pasan no tanto por el crédito -condiciones financieras muy favorables- sino con la operación del futuro acueducto biprovincial. El objetivo es llevar agua desde una toma a construir sobre el río Coronda hasta San Francisco de Córdoba, en una primera etapa, y luego hasta la capital mediterránea. El proyecto se viene discutiendo desde hace una década entre Córdoba y Santa Fe y para los senadores hay todavía algunas zonas grises que pretenden tener por escritos las respuestas del Poder Ejecutivo.

La reunión con Frana sirvió al senador por 9 de Julio, Raúl Gramajo, a exponer la crítica situación sanitaria que viven varias localidades de ese departamento por la emergencia hídrica que están padeciendo, especialmente por el poco caudal de agua del río Salado. “Existe marcada preocupación de médicos por la cantidad de casos de diarrea que se producen en el departamento por la mala calidad del agua. Qué espera el gobierno para ayudar enviando camiones cisterna” se preguntó el legislador norteño.

También Gramajo llevó su queja al recinto por la intervención dispuesta por el ministerio de Salud al Samco de Tostado. “Hay un trasfondo político y es muy triste lo ocurrido. Es una herida en el corazón de las instituciones de Tostado” señaló para luego aclarar que los fundamentos de la decisión son inverosímiles. Pero Gramajo pidió -en el medio de la sesión- que sea invitado al bloque justicialista para discutir el tema el director de Entes Comunitarios del ministerio de Salud (Oscar Ponce) o bien el secretario de Salud (Jorge Prieto).

La otra queja de Gramajo -expresada en un proyecto de declaración votado por unanimidad- refiere al estado de la ruta nacional 95  entre San Bernardo y Villa Minetti que prácticamente está intransitable y ha motivado quejas de entidades del Chaco y del norte santafesino.

La ministra de Gobierno, Celia Arena, invitó a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados a una reunión de trabajo para el lunes, a las 16, en su despacho de Casa Gris.

La invitación fue cursada por la ministra al presidente de la Cámara, Pablo Farías, quien había solicitado al gobernador Omar Perotti diálogos formales para buscar un acuerdo y sancionar la ley de Presupuesto del corriente año.

“Destacando la importancia que reviste profundizar las instancias de diálogo y entendimiento en pos de arribar a los consensos necesarios que posibiliten la sanción de esta fundamental herramienta de gestión” dice la nota firmada por Arena.

El Senado autorizó al Poder Ejecutivo concretar la expropiación de nueve terrenos entre los departamentos Rosario y Villa Constitución a los efectos de tender vías ferroviarias y agilizar el ingreso y salida a puertos de esa zona de la provincias de trenes de carga. Es el llamado circunvalar del gran Rosario y la obra pretende sacar las formaciones de zonas urbanas con los lógicos inconvenientes que esto genera.

Miguel Rabbia (Rosario), Germán Giacomini (Constitución) y Hugo Rasetto (Iriondo) destacaron la importancia urbanística que tendrá el futuro tendido y  así como la continuidad de políticas más allá de los cambios de signos de gobierno a nivel nacional.

“Se trata de una acción instrumental necesaria que debe realizar el Estado provincial para que pueda concretarse una obra muy importante en el Área Metropolitana Rosario, que no tendrá costo presupuestario para la Provincia ya que tanto las indemnizaciones de las expropiaciones como la ejecución de las obras estarán a cargo del Estado Nacional” subrayó Giacomino.

Señaló que “la red ferroviaria que alimenta a los puertos se encuentra actualmente congestionada, insertada en un entorno urbano consolidado y con trazas sin vinculación directa entre ellas, generando numerosas interferencias con las redes viales de las localidades del área. En particular, los puertos del sur del Área Metropolitana Rosario como el de Rosario, terminales de Villa Gobernador Gálvez, Punta Alvear, General Lagos y Arroyo Seco, captan una gran cantidad de carga, en parte procedente del ferrocarril Belgrano y en parte procedente del área de influencia de las concesiones del Nuevo Central Argentino, el Ferroexpreso Pampeano y Trenes Argentinos Cargas Línea San Martín”. Acotó que esos puertos exhiben problemas de conectividad: “la rigidez de la red impide interconexión entre ramales existentes, obligando a los operadores a realizar movimientos con sobrerrecorridos y maniobras, con las consecuencias de pérdidas de tiempo y eficiencia e impactos negativos en la movilidad urbana. Las obras que se relacionan con este proyecto de ley permitirán avanzar hacia soluciones en las problemáticas antes mencionadas”.

El gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Economía, informó que este lunes 27, el gobernador Omar Perotti suscribirá el Consenso Fiscal 2021, pero que no se aumentarán impuestos.

En ese marco, desde el jueves pasado se intensificaron los contactos entre el gobierno nacional y los gobernadores para dar forma a la versión final. Así, Santa Fe firmará el consenso, pero no aumentará impuestos ni creará nuevos.

Si bien la nueva norma contempla que las provincias pueden analizar la implementación de un impuesto a la herencia, desde el Ministerio de Economía sostuvieron que “la Provincia no creará ni el impuesto a la herencia ni ningún otro y mantendrá la estructura impositiva vigente, sin aumentos, en el marco de la estabilidad tributaria que rige actualmente y se propone extender para el próximo año”.

La nueva estructura de alícuotas máximas en el impuesto a los ingresos Brutos que el proyecto de consenso plantea, son iguales a las vigentes en la actualidad, a excepción de la intermediación y los servicios financieros para los que se propone un aumento. Además, se mantendrán desgravados los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes (excepto los vinculados con actividades mineras o hidrocarburíferas y sus servicios complementarios) y los ingresos provenientes de prestaciones de servicios cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior del país.

Por su parte, el nuevo Consenso Fiscal también propone normas vinculadas al crecimiento del gasto público, pautas para una política de endeudamiento responsable y reglas de transparencia fiscal.