El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestó su “profunda preocupación ante la imposibilidad de encontrar acuerdos en el ámbito paritario nacional que permitan atender la necesaria y urgente recomposición del salario de trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes de las universidades”.

El Comité Ejecutivo del CIN mantuvo una reunión para monitorear el estado de las universidades públicas argentinas. En un comunicado, expresó que sostiene el "estado de alerta frente a la situación salarial que atraviesan trabajadoras y trabajadores docentes y nodocentes del sistema universitario”

.

En ese sentido, expresaron “total apoyo" al "justo reclamo". Y pidieron “voluntad y decisión por parte del Gobierno nacional para invertir los fondos que permitan revertir la pérdida del poder adquisitivo del salario en el marco del proceso inflacionario”.

“No hay educación de excelencia sin salarios dignos, por lo que resulta indispensable una respuesta urgente que no lesione el enorme esfuerzo que nuestras comunidades han realizado a lo largo de este primer semestre para garantizar condiciones que permitan el normal funcionamiento de nuestras universidades”, indicaron los rectores en respaldo al reclamo que mantienen los trabajadores universitarios.

Reunidos en el Frente de Sindicatos Universitario, los docentes y no docentes de las más de 60 universidades nacionales del país llevaron a cabo este último martes y miércoles nuevas medidas de fuerza por la recomposición salarial.

En el caso de los docentes de la Universidad Nacional del Litoral se sumó un conflicto local por el rechazo a la eliminación del adicional salarial por "zona rural" para el personal que desarrolla sus tareas en la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja de Esperanza.

A casi dos meses de la multitudinaria marcha en reclamo por el presupuesto universitario, los gremios marcan que no tuvieron respuestas de parte de la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, ante una pérdida del poder adquisitivo que dicen supera el 40%.

En esa línea, el Frente Sindical de Universidades Nacionales expresó en un comunicado que “la ministra Pettovello mintió” señalando que “en la última reunión paritaria se comprometió a tramitar los fondos en Economía y no cumplió”.

"El gobierno había adelantado la convocatoria a una reunión paritaria en la que traería una propuesta de recuperación salarial pautada para el jueves 6 de junio que nunca fue convocada", agregaron desde el Frente Sindical.

Tras el doble paro de esta semana, advirtieron que tuvo un "altísimo nivel de adhesión", por lo que consideraron que otorga una "fuerte base para profundizar el plan de lucha".

De esta manera, se espera que en los próximos días, de no concretarse una nueva convocatoria a paritaria, se anuncien nuevas medidas de fuerza en las universidades nacionales.

"La profundización del plan de lucha conjunto es consecuencia directa de la falta de respuesta a los legítimos reclamos de los trabajadores docentes y no docentes de todo el país. No podemos esperar más. No hay universidad pública de calidad sin salarios dignos", señalaron.

En contraposición, los rectores resaltaron que el Gobierno confirmó la asignación del ajuste por inflación del 270 % para gastos de funcionamiento, que se percibirá de junio a diciembre de 2024, “conforme con el acuerdo alcanzado por el CIN con las autoridades nacionales que atendió el reclamo sostenido en ese aspecto”.

Al mismo tiempo, las autoridades del CIN informaron que iniciaron las reuniones técnicas para la elaboración del Presupuesto Universitario 2025 y que se comenzará, en los meses de junio y julio del corriente año, a saldar la deuda 2023 de resoluciones pendientes.

Por otra parte, destacaron que se concretó el pago de las becas por parte de la Secretaría de Educación, reclamo sostenido por la Federación Universitaria Argentina (FUA) “que fuera acompañado por este Consejo en virtud de la relevancia que estos programas tienen para garantizar a miles de estudiantes la continuidad en sus carreras frente al contexto económico que el país atraviesa”.

A su vez, indicaron que “empezaron las gestiones para la asignación de programas 2025, en virtud de lo que el CIN ya envió la recomendación de distribución para los programas de fortalecimiento de ciencia y técnica, de extensión, de doctorados, del Plan de Virtualización de la Educación Superior (Plan VES) y del Programa de Apoyo a Universidades Nuevas (PROUN), entre otros; y se comenzó a tratar con la Subsecretaría de Políticas Universitarias las políticas de reforma académica enmarcadas en los 7 puntos que el CIN acompañó en el Consejo de Universidades el año pasado”.

Por último, plantearon que esperan conocer “las nuevas autoridades y el consecuente organigrama de la Secretaría de Ciencia y Tecnología para poder iniciar gestiones urgentes que otorguen previsibilidad y respuestas a las necesidades del sistema científico tecnológico nacional del que las universidades somos parte, en temas de ciencia, tecnología, innovación y desarrollo, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y demás organismos del sistema científico tecnológico de nuestro país”.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció este miércoles que alcanzó un acuerdo con la Nación por la actualización de partidas presupuestarias y activó el malestar de las demás casas de altos estudios del país que calificaron a la medida de "inadmisible" y "provocadora".

A casi un mes de la multitudinaria marcha nacional en defensa de la educación pública, la disputa por los fondos para universidades sumó un nuevo capítulo. El Ejecutivo nacional dispuso la entrega única del 270% de recursos para la universidad porteña y activó el reclamo unánime del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que agrupa a todos los rectores del país.

Mediante un fuerte documento, el CIN reclamó a las autoridades que se les trasfiera la misma plata que la arreglada para la UBA: "Resulta inadmisible y provocador que se reconozca la actualización del presupuesto solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda".

"Exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la UBA para todas las universidades públicas de la Nación", agregaron el escrito.

Luego de la marcha del 23 de abril, el Gobierno decidió cambiar la estrategia de negociación, corriendo del foco de conflicto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, apuntado por sus modos confrontativos.

A cargo de dialogar con los rectores quedó el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Sin embargo, el Comité Ejecutivo del CIN fue convocado tan solo una vez, el 30 de abril, a un encuentro en el Ministerio de Capital Humano, del que también participó la ministra Sandra Pettovello, aunque no hubo ninguna propuesta concreta sobre las demandas planteadas.

Una muestra de la disputa instalada este miércoles tuvo lugar en aquella oportunidad, cuando un día antes, el 29 de abril, los funcionarios citaron aparte a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, sin que trascienda mayor información de lo tratado en el encuentro más que una foto y una gacetilla de prensa.

El reclamo por los fondos para las universidades públicas nacionales se desarrolla en paralelo en el Congreso. Este miércoles, el bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado anunció un "compromiso" del Ministro del Interior, Guillermo Francos, para garantizar el financiamiento universitario como parte las negociaciones de la ley Bases.

Paralelamente, el Gobierno garantizó la continuidad de la Universidad de Río Tercero (Córdoba), que había quedado en suspenso cuando asumió este gobierno. Las gestiones estuvieron a cargo del jefe del bloque de Diputados de la UCR, Rodrigo De Loredo, luego de reunirse con la ministra Petovello y el secretario Torrendell.

📝 Comunicado: El #BloqueUCR logró el compromiso del gobierno para el financiamiento de las universidades. #UCR #Senado #Argentina pic.twitter.com/PKuqdMNkP8

Torrendell, por su parte, expuso el martes por la tarde-noche en la comisión de Educación de Diputados y deslizó que habrá aumentos para las universidades públicas, pero evitó dar detalles sobre montos y plazos en que se girarán.

El día previo al acuerdo del 270% para la UBA, el secretario de Educación sostuvo que se aplicaría una nueva suba del 70% para gastos de funcionamiento en las universidades. Argumentó que su cartera está "progresivamente aumentando el presupuesto, no de la forma deseada, pero sí de la forma posible y responsable".

Los bloques opositores más duros de la Cámara baja buscan avanzar en un dictamen que establezca una ampliación presupuestaria para lo que resta del año, si el Poder Ejecutivo no brinda garantías.

El proyecto se fundamenta en el reclamo de los rectores de las 60 universidades que funcionan en el país, sobre que en los primeros cinco meses del año ya agotaron los fondos anuales para cubrir los gastos corrientes, ante la decisión del Ejecutivo de prorrogar el presupuesto del año pasado pero ante un contexto de inflación y suba de tarifas.

Sin embargo, Torrendell planteó que el Gobierno no está en condiciones de trazar un horizonte de previsibilidad presupuestaria para lo que queda del año por lo que el Gobierno solo otorgará aumentos a cuentagotas.

La UBA se "solidariza" con rectores y docentes

El Consejo Superior de la UBA resolvió este miércoles suspender la emergencia presupuestaria declarada el pasado 10 de abril. "Esto surge a partir del refuerzo que el Gobierno Nacional aprobó tras las negociaciones con las autoridades de la Universidad", señaló la casa de estudios porteña en un comunicado.

En los considerandos de la resolución, el Consejo Superior manifestó que con el refuerzo asignado, se ha incrementado el presupuesto para gastos de funcionamiento que había sido prorrogado. "Las resoluciones mencionadas implican una actualización de gastos, sin incluir salarios y otras partidas, del 270% interanual respecto del presupuesto sancionado para la universidad en 2023 y de 300% para los hospitales universitarios y aquellas funciones de la universidad vinculadas al área asistencial", explicaron .

Como parte de la misma resolución, la UBA también declaró el “estado de alerta y profunda preocupación en materia de recomposición salarial, manifestando la urgente necesidad de arribar a un pronto acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los representantes sindicales de las Universidad Nacionales, tendiente a recomponer el ingreso de los trabajadores docentes y nodocentes a un salario justo; así como también respecto a las partidas restantes aún no actualizadas y/o discontinuadas, particularmente aquellas vinculadas a las áreas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y a los Programas de infraestructura universitaria”.

Asimismo, el Consejo Superior de la Universidad se manifestó a favor de la sanción de una Ley de Financiamiento Universitario que establezca parámetros objetivos en la distribución del presupuesto de las universidades nacionales, así como también un criterio de actualización que permita mantener año a año, y a lo largo del mismo, el poder adquisitivo de las asignaciones presupuestarias realizadas.

El gobierno nacional sigue sin ponderar el impacto de la masiva movilización que se hizo este martes a la tarde, en todo el país, en defensa de la educación pública. Antes de que llegue la noche y termine la desconcentración, sorprendió un posteo del propio presidente Javier Milei con un dibujo hecho con inteligencia artificial que lo ubicaba bebiendo de una taza con la inscripción "Lágrimas de zurdos".

Un día después, en su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni habló de "elenco estable habitual" en las marchas, de "algún sector", de "determinados personajes" y cuestionó que "se haya intentado convencer a un grupo enorme, infinito de estudiantes de que vamos a cerrar la universidad pública".

Y si bien insistió en varias oportunidades en que "las universidades públicas no se van a cerrar", lo cierto es que las movilizaciones que se desarrollaron este martes a lo largo y ancho del país estuvieron protagonizadas por estudiantes, docentes, no docentes y gente de a pie, como se dice de quienes no pertenecen a ninguna de las organizaciones convocantes, más allá de la presencia de referentes gremiales y políticos que, vale la pena aclarar, tenían distinta pertenencia.

El portavoz presidencial calificó de "genuina" a la marcha, aunque no respondió a varias consultas sobre cuántas personas habían participado según sus propios cálculos. Es una apreciación importante por cuanto el Ministerio de Seguridad había anticipado que pondría en marcha el protocolo antipiquetes, que, entre otras cosas, impide cortar las calles y obliga a manifestar por las veredas. El enorme volumen de personas que se desplazaron por el centro porteño volvió a la norma de imposible aplicación.

Con respecto a la convocatoria con el Consejo Interuniversitario Nacional que, en principio estaba prevista para el próximo martes 30 de abril, "no está confirmada", dijo Adorni: "Entiendo que el canal de diálogo está abierto y probablemente (el encuentro) exista".

Todas las preguntas, de las cinco que se habilitan por rueda de prensa, estuvieron relacionadas con la marcha; incluso se le consultó si entre los manifestantes habría votantes de Javier Milei, teniendo en cuenta que buena parte de los votos al Presidente provinieron de un electorado joven y que este grupo etario fue mayoría en la movilización.

Adorni no confirmó ni descartó esa posibilidad, pero volvió a que "más allá del elenco estable habitual de estas marchas, respetamos a todo aquel que quiera manifestarse, felicitamos a quienes, a pesar de ser elenco estable, lo hicieron en paz, sin violencia y dentro del marco que todos pretendemos: sin desorden público".

En este punto, aclaró: "Las universidades públicas no se van a cerrar, no está ni va a estar en ninguna agenda (el cierre), y somos de los mayores defensores de la educación pública", dijo Adorni, quien señaló que esa era una de las cuestiones "impulsadas por determinados personajes que vimos ayer (por el martes)".

"Si la posición de la marcha fue para que nosotros, como gobierno, no impulsemos el cierre de las universidades fue una marcha equivocada; porque nunca se nos hubiera cruzado por la cabeza resquebrajar la educación pública", insistió Adorni para volver a poner la lupa sobre "algún sector" o "determinados personajes que le han hecho tanto daño a la Argentina".

Consultado sobre la gratuidad de la educación, evaluó que "las universidades son gratis para los alumnos, pero las pagamos entre todos. Y para eso son importantes las auditorías", dijo el vocero que volvió varias veces a este concepto, que fue la carta que mostró con insistencia el gobierno nacional a medida que la movilización tomaba forma y fue confirmada.

"Las universidades no se van quedar sin presupuesto, no se van a quedar sin pagar la luz; queremos que el dinero sea destinado a quienes corresponden", dijo Adorni y se preguntó "¿qué problema hay en auditar una universidad? ¿Cuál es la razón por la que una universidad se negaría?"

Una de las consultas fue sobre por qué la educación no fue incluida entre los 10 puntos del Pacto de Mayo. "Porque es algo que para nosotros es transversal a todo", dijo Adorni que comparó este concepto con el que encabeza el decálogo del acuerdo que espera firmar Milei con todos los gobernadores el 25 de mayo en Córdoba. "La propiedad privada no es transversal a todo, la educación pública si y no tiene por qué estar en el Pacto de Mayo".

Volviendo al mensaje original, el vocero insistió en que "nadie va a mover un pelo para que las universidades públicas se cierren, bajen la calidad o bajen la llave de la luz. Eso no va a pasar nunca porque los principales defensores de la educación pública somos nosotros", declaró para volver sobre los controles: "Parte de la defensa de la universidad pública tiene que estar en las auditorías".

El Gobierno nacional dio a conocer la propuesta que fuera consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional para la asistencia presupuestaria a las universidades, luego de los reclamos realizados por los rectores de las altas casas de estudios.

Propuesta consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional 1.- De acuerdo a lo previsto por el Gobierno nacional se dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las universidades nacionales y otro…

En un comunicado, el Gobierno detalló en tres puntos el acuerdo alcanzado este jueves:

1- De acuerdo a lo previsto por el Gobierno Nacional se dispuso un aumento del 70% en marzo llevando la asignación por gastos de funcionamiento a $10.075.851.995 mensuales para las Universidades Nacionales y otro 70% en el mes de mayo alcanzando los $14.224.732.213 mensuales, totalizando un 140% de aumento sobre la asignación base de $5.926.971.777 mensuales. Además, se dispuso una partida extraordinaria para atender las necesidades de los hospitales universitarios de $14.403.479.661.

2- Se realizará una reunión en la Subsecretaría de Políticas Universitarias con el Comité Ejecutivo del CIN (Consejo Universitario Nacional) para conversar sobre cómo, juntos, avanzaremos, en los cambios que la sociedad reclama, al mismo tiempo que nos comprometemos a lograr una educación universitaria de calidad.

3- Se acordó avanzar en conjunto entre el Gobierno Nacional y las Universidades Nacionales, tal como indica el artículo 2 de la Ley de Educación Superior N°24.521, en un programa de auditoría conjunta que mejore y perfeccione los sistemas de auditoria existentes.

Los rectores de las universidades nacionales públicas nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) habían solicitado al Ejecutivo nacional “mayores canales de dialogo para llegar a un consenso sobre la realidad que vive el sistema educativo universitario” y expresaron que la situación es "grave" por el recorte presupuestario.

En ese marco, el próximo martes 23 de abril se realizará una marcha universitaria desde Congreso hasta Plaza de Mayo en protesta por el recorte de fondos. La concentración comenzará a las 15:30 horas, mientras que el acto central será a las 18 horas, frente a la Casa de Gobierno. La manifestación fue respaldada por las universidades públicas de todo el país.

Por Mauro L. Muñoz

El Consejo Interuniversitario Nacional se reunió en el contexto de su 90° Plenario de Rectoras y Rectores en la Universidad Nacional de San Luis. Allí se trató el proyecto presupuestario para el 2024 del sistema de educación superior argentino. Además, se aprobaron dos declaraciones: una en defensa de la educación pública y otra en la que se ratifica la importancia de profundizar reformas en las carreras universitarias.

Con la presencia del Ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, las máximas autoridades universitarias del país arribaron a un consenso sobre la metodología para la formulación presupuestaria 2024 que busca garantizar el sostenimiento del sistema universitario.

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, sostuvo que "las políticas para el sistema universitario que se acuerdan en el CIN son un modelo de lo que la Argentina necesita”.

Enrique Mammarella, rector de la Universidad Nacional del Litoral, explicó que el proyecto de presupuesto 2024 no contiene una cifra fija como años anteriores, sino que se aprobaron una serie de variables entre las que se encuentran aspectos como las paritarias, la actualización de gastos de acuerdo con la inflación proyectada.

"Para el nuevo presupuesto se aprobó una pauta mínima, que garantice al menos el mismo nivel de funcionamiento que este año, previendo el efecto combinado de la inflación y del valor de la moneda, a la vez que prever los fondos necesarios para dar continuidad a los programas y planes de obra en marcha", afirmó Mammarella.

Enrique Mammarella, rector de la UNL, explicó el proceso técnico que se consideró para elaborar el proyecto de presupuesto del próximo año para las universidades nacionales.

En los próximos días, el presupuesto al que las universidades aspiran será presentado a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación Nacional, para que sea incluido en el proyecto de Ley que el gobierno nacional presentará ante el Congreso buscando su aprobación.

"Lo que le pedimos al gobierno es que cuando lo eleve tenga en cuenta todas esas consideraciones. Al igual que hay una consideración en el Congreso que toda modificación después de la fecha en la que eleve el Ejecutivo el presupuesto hasta el momento que se apruebe, tiene que ser considerada para incrementar ese presupuesto", mencionó el rector de la UNL.

En relación a los criterios que se acordaron, Mammarella dio detalles del proceso técnico que se consideró para elaborar la formulación presupuestaria.

"El armado requirió tener en cuenta el presupuesto del año pasado, la decisión administrativa de enero (reasignación de partidas para algunas universidades) y la consolidación de programas que estaban debajo de la línea en la planilla. También se consideró la incorporación de paritarias que todavía no están cerradas, actualizar los gastos de funcionamiento en función de la inflación y contemplar un refuerzo para mejorar las asimetrías del sistema".

Sin embargo, el rector explicó la dificultad de establecer un número concreto. "Todas las variables dan un número complejo que aún así no es final, porque por ejemplo todavía está abierta la negociación paritaria con los docentes y los no docentes que es posible que requieran una ampliación del crédito para salarios".

En esa línea, señaló la importancia de contemplar los créditos para dar continuidad al plan de obra universitario: "Todos tenemos obras que tienen que seguir continuándose, pagándose el año que viene, porque se dan en el marco de un plan plurianual".

El pleno de autoridades del sistema universitario público aprobó la firma de dos declaraciones. La primera de ellas, da mandato a los representantes del CIN ante el Consejo de Universidades y ante toda otra instancia necesaria para que se concreten las políticas públicas de actualizar el sistema de educación superior en torno a lo que se denominan "siete puntos" estratégicos.

En el documento, se destaca el compromiso de sostener y profundizar la reconfiguración de las opciones pedagógicas (presencial y virtual) y también la revisión de la distancia entre la duración teórica y real de las carreras, con la posibilidad de otorgar créditos académicos para permitir el reconocimiento de trayectos formativos.

"Son de vital importancia la generación de créditos académicos que contemplen la complejidad del sistema universitario argentino, que sean potenciadores de los procesos de articulación entre niveles, de flexibilización e incorporación de otras experiencias formativas, en diálogo con la internacionalización, la movilidad y el reconocimiento de trayectos", señala el escrito.

Además, las autoridades académicas se comprometieron a avanzar con el fortalecimiento de la internacionalización, la curricularización de la extensión y la certificación de las carreras según el artículo 42 de la Ley de Educación Superior.

El segundo documento, titulado "Declaración de San Luis", propone un llamado "a ratificar lo construido y a seguir avanzando en el desarrollo en una educación universitaria pública para todas y todos".

En el texto indican la importancia de la gratuidad y la universalización en el acceso. "Hoy todas las provincias cuentan con universidades públicas autónomas, democráticas, no aranceladas, que garantizan el derecho a la educación superior de toda persona que desee estudiar, formarse profesionalmente y construir su proyecto de vida. También, a quienes provengan de otras latitudes, América y otras partes del mundo", expresaron.

"La educación es un derecho humano universal y un bien social que debe ser garantizado por políticas públicas. La educación no puede ser dejada en manos del mercado, no puede ser un negocio para pocas o pocos. La educación forma mujeres y hombres en valores democráticos y universales, que prepara para su inserción en el sistema productivo, en el tejido social, para contribuir al desarrollo y al crecimiento inclusivo de nuestra Nación", agregan.

Rechazo a la propuesta paritaria

El plenario de secretarios generales de Conadu Histórica definió por votación rechazar la última oferta de actualización salarial ofrecida por el gobierno nacional de un 10% de aumento para el mes de septiembre sobre el salario consolidado de agosto y una nueva revisión en octubre.

La última suba se había acordado en el mes de junio para el siguiente trimestre. En aquella oportunidad se logró un 31% de aumento en tres cuotas: 8% en junio, 12% en julio y 11% para el mes de agosto.

Si bien las restantes federaciones aceptaron la propuesta del gobierno nacional, no lo hizo la Conadu Histórica que integran 21 asociaciones de base, entre ellas la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral (Adul). Tampoco aceptó la propuesta la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (Coad).

Por otra parte, la ConaduH ratificó la convocatoria para este jueves 14 a la Jornada Nacional de Lucha en Defensa de la Universidad Pública, la Ciencia y la Tecnología Nacional, el salario y demás reivindicaciones docentes, con actividades de visibilización.

Por Mauro L. Muñoz

Llamó la atención en los últimos días el anuncio de la Universidad Nacional de Buenos Aires de acortar la duración de la carrera de Medicina y de todas las ingenierías. Esta decisión no se da de forma aislada sino que tiene que ver con un proceso de modernización que el sistema de educación superior comenzó hace un tiempo. Dicha agenda también formará parte del Plenario de Rectores que se desarrollará el próximo viernes 8 de septiembre, en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional.

La consideración de cambios al interior de las universidades públicas nacionales forma parte de una propuesta de trabajo conjunta del Ministerio de Educación de la Nación, la Secretaria de Políticas Universitarias y las máximas autoridades de las casas de altos estudios en el marco del CIN.

Enrique José Mammarella, rector de la Universidad Nacional del Litoral.

El objetivo de este debate es construir políticas públicas para actualizar el sistema de educación superior argentino en torno a lo que se denominan "siete puntos" estratégicos. Entre ellos, se encuentra la mejora de los planes de estudios, la certificación de las carreras según el artículo 42 de la Ley de Educación Superior, la posibilidad de otorgar títulos intermedios, la categorización de investigadores universitarios, el fortalecimiento de la internacionalización y y de la extensión.

En ese sentido, el ala reformista de los rectores avanzaron semanas atrás en un borrador que llevarán al Plenario del CIN. Reunidos en Corrientes, además de delinear números de lo que será el proyecto de Presupuesto 2024, trabajaron también sobre una serie de ítems dedicada a la política académica.

Enrique Mammarella, rector de la Universidad Nacional del Litoral, fue parte de este encuentro y mencionó algunos de los lineamientos sobre los que se viene trabajando en los espacios de decisión respecto a la reconfiguración de las modalidades de enseñanza y aprendizaje.

"A la fecha los siete puntos estratégicos tienen diferentes grados de desagregación, algunos ya están en funcionamiento y otros no. En Corrientes tomamos algunos puntos específicos, que muchos están en conjunto y lo que hicimos fue separarlos para tratarlos con mayor detenimiento", consignó Mammarella.

Reformulación de las modalidades de cursado donde se analizan las posibilidades de educación híbrida, revisión de la distancia entre la duración teórica y la duración real de las carreras, flexibilización de los planes de estudios, fueron alguno de los ejes que se están tratando.

“Nuestras universidades tienen capacidad para tener una organización diferente. Venimos trabajando en ese sentido. Estamos tratando de llegar a consideraciones comunes sobre cómo hacemos que nuestras carreras estén más a tiempo con la duración real. Tenemos que considerar a nuestros estudiantes que muchas veces no solo estudian, sino que trabajan, hacen deportes”, señaló el rector de la UNL.

En esa misma línea, el rector apuntó que se abordan las posibilidades de acortar la duración de las carreras buscando adaptarlas a los cambios de paradigma que actualmente atraviesan muchas profesiones.

"De alguna manera, se busca adaptar la mirada de la configuración de nuestras carreras que tradicionalmente estuvo centrada en las carrera que dicta el profesor a una cantidad de horas necesarias con las que cuenta realmente un estudiante para poder dedicarse y alcanzar la graduación", agregó.

Asimismo, mencionó que se analizan mecanismos que permitan facilitar la generación de acreditaciones intermedias: "Las horas de estudio en cada carrera es otro de los puntos. Es un aspecto que está establecido por legislación, pero entendemos la importancia de expresarla por ejemplo en créditos, de forma que posibilite al estudiante la movilidad interna y también la movilidad internacional".

"Tal como está planteada, la acreditación de saberes hace que quien aprueba asignaturas pero le falta alguna se lo cuenta como que tiene el universitario incompleto. Entonces, de alguna manera, se está pensando en micro credenciales o títulos intermedios, que permitan recuperar todo lo que se hizo dentro de la universidad y mostrar que hay una trayectoria recorrida, que no es que abandonó la universidad sino que se formó, que incorporó ciertos conocimientos y que, en todo caso, no alcanzó la graduación", añadió.

Además, se refirió a la necesidad de trabajar en el reconocimiento de la calidad en las carreras que no están comprendidas en el artículo 43 de la Ley, que refiere a títulos de profesiones reguladas por el Estado: "Creemos que tenemos que dotar a las universidades de un área interna que se ocupe en mejorar permanentemente la calidad de las carreras, no apelando en su totalidad a la CONEAU".

Por último, señaló que también "se está trabajando en adaptar el posgrado a la actualidad, porque la legislación quedó atrasada en función de resoluciones posteriores que hicieron modificaciones y que todavía no aparecen corregidas".

Plenario en San Luis

La Universidad Nacional de San Luis será anfitriona del 90° Plenario de Rectoras y Rectoras del CIN. Las autoridades debatirán el proyecto de presupuesto 2024 con el número al que aspiran que esté reflejado en el presupuesto que el Gobierno nacional presentará, luego, ante el Congreso buscando su aprobación. Todo esto en un escenario de gran inestabilidad económica e incertidumbre política que atraviesa el país.

Los cambios en la UBA

La Universidad Nacional de Buenos Aires anunció que acortará la carrera de Medicina un año y medio. "La reforma contempla el acortamiento de la carrera en mil horas, que se traducen en una reducción de un año a año y medio en la cursada, e incorpora un enfoque en la salud global y la medicina comunitaria, de manera de formar a los estudiantes sobre los desafíos a nivel mundial y la importancia de la medicina preventiva y la promoción de la salud", informó la UBA en un comunicado.

El plan de modernización abarcará también a las carreras de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Informática, Economía y Administración Agrarias. Además, el estudiante que alcance aproximadamente dos años de la carrera, recibirá un título de Bachiller universitario en Ciencias de la Ingeniería a modo de "reconocimiento para el mercado laboral y un estímulo para avanzar hasta ese nivel a pesar de las dificultades iniciales", señalaron desde la universidad.

Las reformas fueron aprobadas en la última sesión del Consejo Superior, y se suman a las actualizaciones en diferentes carreras de grado y tecnicaturas de otras Facultades como Agronomía; Arquitectura, Diseño y Urbanismo; Ciencias Exactas y Naturales; Ciencias Médicas; Ciencias Sociales; Farmacia y Bioquímica; Ingeniería y Psicología.

Rectores y rectoras de universidades de todo el país tendrán el próximo viernes 8 de septiembre en San Luis su 90° plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en el marco de la fuerte embestida de las propuestas electorales de arancelamiento y donde buscarán delinear el proyecto del presupuesto 2024.

En la antesala del plenario, una docena de rectores del bloque reformista se reunió en Corrientes para consensuar la posición que llevarán a la mesa del CIN. Con sede en la Universidad Nacional del Nordeste se encontraron para analizar cifras, debatir mejoras académicas y consolidar la defensa del sistema de educación superior, pública y gratuita.

Mammarella mencionó que entre los lineamientos de políticas universitarias sobre los que se viene trabajando en espacios de decisión se encuentran la reconfiguración de las modalidades de enseñanza y aprendizaje.

El rector de la Universidad del Litoral (UNL), Enrique José Mammarella, fue uno de los participantes del encuentro, al que consignó como "muy importante" porque "logramos acuerdos en torno a una serie de ejes que hacen a la política académica, adoptamos algunas ideas en cuanto a las proyecciones presupuestarios y ratificamos nuestra postura en defensa de la educación pública en nuestro país".

"La educación pública permite igualarnos ante un derecho y, además, posibilita la movilidad social tan característica de nuestro país. No estamos dispuestos a que haya una posibilidad distinta a lo que incluso está consagrado en nuestra Constitución Nacional", dijo Mammarella en referencia al lugar que durante las últimas semanas pasó a ocupar el sistema universitario ante la propuesta de arancelamiento del espacio político que obtuvo el mayor porcentaje de votos en las PASO.

La defensa de la educación superior de la Argentina viene siendo sistemáticamente pronunciada en distintos documentos por rectores y rectoras de universidades de todo el país a lo largo de los últimos años. Ya en 2018, en ocasión de la Conferencia Regional de Educación Superior realizada en Córdoba y semanas antes de las elecciones primarias al realizarse el 89° Plenario del CIN en la ciudad de Rosario.

En ese sentido, Mammarella enfatizó que, más allá de las extracciones ideológicas al interior de cada casa de estudios, "no hay una discusión entre los rectores" en cuanto a su financiamiento: "Todos hemos expresado nuestro compromiso con la educación en general y la universitaria en particular, en tanto derecho público universal. Y creemos que en la medida que el Poder Ejecutivo respete la Constitución, el derecho a la educación en nuestro país seguirá garantizado por ley".

Asimismo, recalcó "el financiamiento como un deber indelegable del Estado". "Debemos asegurar el presupuesto -y su ejecución- necesario para poder llevar adelante este derecho. Y esto es una cuestión que requiere del compromiso de todo el sistema, porque es una cuestión que abarca a los distintos niveles, empezando por la educación inicial, la primaria y la secundaria para llegar, por último, a la universidad", sostuvo.

El proyecto de presupuesto 2024 que se buscará plasmar en el próximo Plenario del CIN encierra el número al que las universidades aspiran que esté incluido en el presupuesto que el Gobierno nacional presentará, luego, ante el Congreso buscando su aprobación. Todo esto en un escenario de gran inestabilidad económica e incertidumbre política que atraviesa el país.

Por ello, el rector de la UNL reconoció las dificultades que las autoridades universitarias están enfrentando para delinear cifras: "Estamos adoptamos algunas ideas generales para ver cómo se puede llegar a un número que al menos nos ponga en condiciones de la discusión política".

En las alternativas, ensayan estimaciones inflacionarias anticipando aumentos salariales y la variabilidad en la cotización del dólar que afecta. por ejemplo, en la adquisición de insumos importados. Sin embargo, Mammarella advirtió que "es verdaderamente difícil establecer proyecciones de acá a fin de año, ni que hablar para el año que viene".

"El presupuesto universitario vigente es de 513.592 millones de pesos. Fue aprobado en diciembre pasado y preveía una inflación del 60% que ya ha sido superada y con paritarias que todavía faltan cerrar", agregó el rector de la UNL.

Asimismo, puso la lupa en la ejecución del actual presupuesto, por ejemplo en gastos de funcionamiento, que incluyen dinero que cada universidad destina a programas propios, el pago de servicios, becas estudiantiles, insumos para docentes, proyectos de investigación y de extensión, entre otros. "Estos montos se han mantenido constantes desde enero hasta la fecha, por lo que ya no nos está alcanzando para mantener el mismo nivel de ejecución en asuntos que hacen a la vida diaria de las instituciones".

DNU, gastos y expectativas

A menos de cien días del final de mandato presidencial, el gobierno nacional dispuso este martes 29 de agosto la ampliación de partidas del corriente año, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 436. La medida contempla transferencias al sistema universitario. Mammarella dijo que están "a la expectativa" de cómo será la distribución. "Seguramente, una parte estará destinada a paritarias. Pero esperamos contar aumentos para gastos de funcionamiento porque es dinero que ya se está acabando y todavía quedan algunos meses", agregó. La ampliación de fondos despierta interés luego la polémica generada a principios de año por una reasignación de partidas del Ejecutivo que benefició solo a veinticinco casas de estudio de las casi setenta que se extienden a lo largo de todo el país.

Pronunciamiento de la Tecnológica

El Consejo Superior de la Universidad Tecnológica Nacional emitió un comunicado donde expresó su compromiso respecto a "la educación pública, libre, sin aranceles y en pos de una investigación al servicio del desarrollo de una nación soberana".

"Nuestro país posee 135 años de tradición en educación pública y obligatoria. La educación no es un bien de consumo ni un servicio: es un derecho. Los discursos que pretenden recortar el Estado no son nuevos, la novedad radica en su mayor exaltación y virulencia, que no tienen arraigo ni consenso en la Argentina actual", remarcó el escrito del máximo órgano de la institución académica.

Resaltó que "durante 75 años, la UTN desde una red de 30 sedes, ha formado profesionales que radican su labor en el sector productivo y ha realizado investigación y transferencia. Todo esto ha sido posible por la inversión que hace la sociedad en su conjunto. Es innegable que, si no hay inversión estatal, no habrá impacto positivo en la creación de nuevos e innovadores empleos, generación de productos, servicios ni crecimiento económico".

Y realizó un llamamiento "a toda la comunidad universitaria a continuar el camino de la reflexión y de la construcción de la universidad que queremos en el país que anhelamos".

El ministro de Economía, Sergio Massa, y su par de Educación, Jaime Perczyk, recibieron el apoyo de los rectores que conforman el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) al Presupuesto 2023, que contempla incrementos del 90% para gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.

Los rectores también valoraron los “aumentos del 90% en las partidas para el desarrollo de los programas de extensión y de ciencia y técnica que implementan las universidades”, según destacó la cartera educativa en un comunicado.

Los ministros se entrevistaron con los rectores de las universidades nacionales de todo el país en un encuentro realizado en la sede del rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el centro porteño.

En la ocasión, las autoridades también resaltaron que el proyecto de ley de Presupuesto contempla una inversión de más de $ 770.000 millones en obras de infraestructura universitaria, lo que garantiza el sostenimiento y financiamiento del sistema.

Incluye además “las partidas para el financiamiento de los hospitales universitarios, la promoción de carreras estratégicas, el fortalecimiento de extensión universitaria y el desarrollo de institutos tecnológicos”.

En la ocasión, Perczyk aseguró que “es muy importante que tengamos presupuesto y que refleje lo que necesitan las universidades que para nosotros son una prioridad”.

Por su parte, Massa resaltó que “el sistema universitario es una de las herramientas más fuertes y más importantes que tiene la Argentina como país proveedor de talento y reconocimiento a nivel regional”.

“Le pido al Congreso que cuanto antes le den a las universidades y a todos los sectores de la economía un Presupuesto”, agregó.

En tanto, el titular del CIN y rector de la Universidad del Litoral, Enrique Mammarella aseguró que “apelamos a que la economía el año que viene tenga en cuenta un sistema universitario que siga creciendo y que sea inclusivo, en línea con lo que viene siendo la política que lleva adelante el ministro de Educación”.

A su vez, el rector de la UTN y anfitrión de la reunión, Rubén Soro, indicó que “desde el sistema universitario queremos agradecer todo el esfuerzo y el compromiso para garantizar el funcionamiento de nuestras universidades”.

El proyecto enviado a la Cámara de Diputados por el Gobierno nacional es similar al que elaboró el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y presentó al Ministerio de Educación, subrayó el escrito.

Un conjunto de autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional, encabezado por su presidente, el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella, participan de la semana de la educación superior en Barcelona, España. Durante siete días se realizarán jornadas, actividades y debates tendientes a reformular ideas y prácticas de la educación superior para garantizar el desarrollo sostenible para el planeta y la humanidad. 

El encuentro internacional incluye la realización de la III Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES) que es impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) entre el 18 y el 20 de mayo, de la que participarán más de 1.500 representantes de universidades, gobiernos, organismos multilaterales, el sector privado y la sociedad civil de distintos países. 

Bajo el lema “Reinventando la Educación Superior para un Futuro Sostenible”, la tercera edición de esta Cumbre reunirá a todos los actores pertinentes con el fin de definir y preparar su hoja de ruta para una nueva era de la educación superior. Esta hoja de ruta responderá a los desafíos enfrentados por la humanidad y el planeta, prestando especial atención a la disrupción mundial creada por la pandemia Covid-19. Se centrará tanto en los sistemas de Educación Superior (normas, políticas, estructuras, partes interesadas) como en las instituciones (universidades, entidades especializadas, redes). 

En este contexto, el Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES) presentará un documento con el objetivo de contribuir a la construcción de una propuesta de futuro para la Educación Superior (ES) que tenga en cuenta las diversidades regionales y al mismo tiempo exprese los anhelos de un sistema como parte esencial para el desarrollo sostenible. 

Asimismo, el jueves se realizará el encuentro “Perspectivas y desafíos de la educación superior en clave euro-latinoamericana. Un diálogo universitario Argentina-Catalunya” en el Edificio Histórico de la Universidad de Barcelona para propiciar el diálogo, la construcción de puentes y la consolidación de la comunidad académica de Argentina y Catalunya. 

El Encuentro propone “abrir la puerta a nuevos modelos de educación superior que sean innovadores, creativos y visionarios; destacar las oportunidades y prioridades de la Educación Superior en la próxima década; anticipar y preparar a los jóvenes para su rol en la sociedad del mañana; allanar el camino para una futura comunidad de aprendizaje que incluya a todos los estudiantes permanentes; definir y preparar la hoja de ruta para una nueva era de los sistemas de Educación Superior”. 

Para alcanzar los objetivos, desde Unesco se plantea “una conversación global sobre educación superior que apunta a ser disruptiva, innovativa, con alcance mundial y participación de todas las regiones e inclusiva. 

Sin embargo, la Argentina ratificó de antemano que ratificará su modelo de educación superior gratuita. El planteo se dio previamente en el marco de un debate generado a partir de la convocatoria al evento de dos entidades bancarias, el Banco Mundial y Santander Universidades, sin convocar a oficialmente a otros actores como organizaciones no gubernamentales vinculadas a la educación o representantes de gremios universitarios. 

A principios de este año, el CIN lanzó un comunicado en rechazo a que estas entidades “sean la voz de las universidades argentinas, su consejo de rectores y redes universitarias”. Además, recordaron que en la Conferencia de Educación Regional realizada en el 2018 en Córdoba se rechazó “de manera muy firme que la educación superior sea un bien que haya que mercantilizar a través de bancos”. 

Luego, fue el propio secretario de Políticas Universitarias del ministerio de Educación de la Nación, Oscar Alpa, quien fijó postura a partir del debate generado y ratificó que la Argentina respaldará el modelo de educación superior gratuita como derecho humano. 

“Habrá dos modelos en pugna. Por un lado, el que proponen los países europeos y Estados Unidos, que es una educación superior como un bien transable y un bien comercial que le da valor a un profesional y por lo tanto se tiene que cobrar. El otro, que es el que ratificará la Argentina junto a toda Latinoamérica, es considerar a la educación superior como un derecho humano de las personas y por lo tanto un bien social, no transable”, había manifestado Alpa en esa oportunidad. 

El funcionario ya se encuentra en Barcelona para participar en la Cumbre. Este martes mantuvo una serie de actividades preparativas al evento. Entre ellas, disertó en el “Encuentro Iberoamérica – Unión Europea” en torno a la transformación digital, la cooperación solidaria y la sostenibilidad de la Educación Superior, realizado en la Universidad de Barcelona. 

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha asegurado que España “puede servir de nexo de unión” en términos de educación superior entre Europa y América Latina. Lo ha dicho en la apertura de la Semana Mundial de la Educación Superior. Asimismo, ha pedido tener en cuenta que el conocimiento, si bien es universal, no puede ser homogéneo, y debe “incorporar el reconocimiento de la diversidad” en el marco de la dinámica poscolonial.