El Consejo Económico y Social de Santa Fe llevó adelante un nuevo encuentro con representantes de sectores empresarios, sindicales y organizaciones de la sociedad civil. La reunión se realizó en las instalaciones de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) de la ciudad de Santa Fe.

Por parte del Gobierno provincial estuvieron presentes el secretario General, Juan Cruz Candido; el asesor general, Jorge Alvarez; la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena; el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni; la secretaria de Energía, Veronica Gesse; el presidente de Enerfé, Rodolfo Giacosa y el presidente de la EPE, Hugo Marcucci.

Reunidos en comisiones en Producción, Trabajo e Innovación, se avanzó en el tratamiento del tema Energía. En tanto, Justicia y Seguridad, se trabajó sobre Ley de Reforma Orgánica del Poder Judicial y la reforma del Reglamento de Concursos del Consejo de la Magistratura de Santa Fe. En Educación se abordó el Plan Santafesino de Alfabetización “Raíz”.

En la oportunidad, el coordinador del CeyS, Jorge Dolce, señaló que “esta es la continuidad de la agenda establecida el mes pasado cuando se reunieron las organizaciones del sector empresario, de los trabajadores y de las organizaciones de la sociedad civil para definir una agenda que tiene que ver con los ejes troncales que el Gobierno está tratando. En esta oportunidad los temas son Energía, la Ley de Reforma Orgánica del Poder Judicial y la Reforma del Decreto del Consejo de la Magistratura y por último, el Plan de Alfabetización”.

“Hay mucha expectativa por parte de las organizaciones porque son temas que cruzan horizontalmente a todas y, naturalmente hay un fuerte entusiasmo en aportar desde su lugar al diseño de las políticas de Estado”, destacó el coordinador del CeyS.

En la convocatoria a la reunión se realizó un pedido expreso a los representantes de instituciones y organizaciones para que se convoque también a especialistas en los distintos temas a tratar. Ante esto, Dolce señaló que “la idea es hacer de la reunión algo fluido, que el debate gane en calidad y profundidad porque de lo que se trata es de mejorar las políticas de Estado y si las organizaciones de la sociedad civil, como de los empresarios o los sindicatos pueden exponer sus experiencias concretas en lo que viven cotidianamente a través de los técnicos que tienen las organizaciones, esto realmente puede provocar un ida y vuelta muy productivo para la provincia de Santa Fe”.

En el marco del Consejo Económico y Social, el Gobierno anunció que busca avanzar con una iniciativa para trazar los “lineamientos centrales del uso de las redes sociales” y garantizar “que dejen de intoxicar el espíritu de la democracia”. Así lo indicó el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, quien en su rol de titular de este espacio multisectorial y al enumerar una serie de proyectos sobre los que trabaja el Consejo, explicó: “Vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común”. Beliz sostuvo que se está “trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales para que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”. “No lo estamos haciendo solos -aclaró el funcionario- sino que hemos convocado a 40 universidades de toda la Argentina para pensar y proponer estas iniciativas”.

En el sitio oficial del Consejo Económico y Social, se da cuenta del programa “Redes para el bien común”, que contempla “un conocimiento profundo del escenario digital actual; la construcción de consensos amplios sobre buenas prácticas en Internet; el establecimiento de acuerdos y compromisos entre múltiples sectores de la sociedad civil en torno a esos consensos; y la consolidación de un espacio de especialistas desde donde pensar, de modo amplio y colectivo, los desafíos de este tiempo”. El proyecto, amplía la web, busca “promover un ejercicio de la ciudadanía que potencie las permisibilidades y las posibilidades democráticas de las plataformas virtuales y desincentive las prácticas vinculadas a la desinformación y los discursos de odio”.

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, presidió la reunión del Consejo Económico Social donde el  ministro de economía Walter Agosto presentó los lineamientos principales de la política presupuestaria para el año próximo.

Durante su exposición, Agosto hizo especial énfasis en los cuatro pilares básicos que sostienen la política fiscal de la provincia: política tributaria “prudente”, régimen fiscal de equilibrio plurianual, programas de alto impacto socioeconómico y una inversión pública integral. En este sentido mencionó el programa de conectividad, el plan Incluir, el plan provincial de Ciencia y Tecnología y la billetera Santa Fe.

El mensaje a las entidades productivas que integran el Consejo fue claro: sostener la actividad productiva y el empleo son las prioridades de la gestión.

Las pymes santafesinas continuarán eximidas de pagar ingresos brutos en algunos casos  y otras tendrán alícuotas reducidas, puesto que el gobierno provincial ha propuesto la prórroga de la estabilidad tributaria para los años 2022 y 2023.

Se propone además prolongar el régimen de regularización tributario, para que los sectores que aún continúan afectados por la  crisis que generó el covid puedan acceder a facilidades de pago para los impuestos vencidos.

“Hay que tener en cuenta también que más de 20 rubros afectados, principalmente del área servicios, ya se encuentran eximidos de pagar Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario, desde setiembre del año pasado y hasta marzo del próximo año”, dijo Agosto, al tiempo que aseguró que para el próximo período fiscal se proponen incrementos  en el inmobiliario rural y urbano que oscilan entre 10 y 35% como máximo en las categorías más altas de inmuebles.

Asimismo,  y por segundo año consecutivo, no se  aplicarán los coeficientes  de convergencia. Si se hubiese implementado esta fórmula, que actúa como si se modificaran los avalúos fiscales, los aumentos ascenderían hasta el 80% en los tramos superiores.

El  presupuesto  contempla gastos por 850 mil millones de pesos y  proyecta también un ahorro de 100 mil millones, producto de la diferencia ente los ingresos y gastos corrientes. Ese ahorro, permitirá financiar un extenso programa de inversión en infraestructura.

En otro tramo de su alocución el ministro agregó que el sector productivo volverá  a contar con las mismas herramientas financieras implementadas durante los últimos dos años -aunque potenciadas-  para facilitar el acceso al crédito. Ellas son la constitución de garantías estatales y bonificación de tasas, para que el costo financiero que deban afrontar las pymes se ubique por debajo de los valores del mercado y también de la inflación.

Agosto recalcó también que el año 2022 plantea un  desafío importante para las finanzas provinciales que será el pago de los vencimientos de deuda. El próximo año  la provincia debe afrontar el desembolso  en concepto de servicios de deuda por 38 mil millones de pesos, y para eso requerirá financiamiento.

Además el ministro explicó que en 2016 y  2017 la provincia emitió 2 bonos en dólares por 500 millones de dólares -250 millones cada uno- y   que en marzo opera el vencimiento del 50 % del capital de uno de esos bonos por 125 millones de dólares, más los intereses que se vienen devengando.

Un detalle no menor aportado por Agosto a las entidades que integran el Consejo Económico fue la duplicación del presupuesto del ministerio de la producción, potenciado  en estos dos años por  un significativo aumento de  la inversión en ciencia y tecnología.

Consultado sobre cómo avanza el proyecto en la legislatura, el ministro respondió “estamos  trabajando bien con los legisladores al igual que el año pasado”.

Finalmente Agosto destacó que el presupuesto no es un instrumento en sí mismo, sino una herramienta  de planificación vinculada directamente con los objetivos del plan  de gobierno.