El Consejo de la Magistratura de la Nación abrió una investigación contra el juez federal Marcelo Bailaque, de Rosario, acusado por fiscales de la provincia por su desempeño en la investigación de la causa contra el narco Esteban Alvarado, rival de Los Monos, que realizaba la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery (actualmente suspendido), que encabezan la Unidad de Criminalidad Organizada, denunciaron que Bailaque denegó tres pedidos de intervenciones telefónicas y así obstaculizó la investigación penal. El planteo está firmado también por la fiscal regional María Iribarren, paradójicamente también hoy transitoriamente apartada de su función por una intervención.

Según confirmaron a El Litoral fuentes del Consejo de la Magistratura, la decisión tomada por el organismo consiste en notificarle al juez que se abrió una investigación en su contra para que, si así lo desea, pueda "ejercer su defensa por escrito, designar defensor, ofrecer pruebas y expresar lo que corresponda a su derecho, en el plazo de veinte días".

La apertura de la investigación fue solicitada por Schiappa Pietra y Matías Edery, en el marco de los alegatos de cierre del juicio contra Alvarado, condenado por asociación ilícita e instigar un homicidio y a su vez por el contrabando de un cargamento de marihuana que fue hallado en la provincia de Río Negro. En aquel pedido, los fiscales solicitaron al tribunal que se remitieran las actuaciones del caso al Consejo de la Magistratura para que desde el organismo nacional se evalúe por qué Bailaque no autorizó medidas de prueba para investigar en el ámbito de la Justicia federal a Esteban Lindor Alvarado entre el 2013 y 2015. El planteo se hace en función de la declaración que realizó durante el juicio el Comisario General de la PSA Emilio Maximiliano Lencina.

Por otra parte, el Consejo también ordenó investigar al juez Federico Villena, de Lomas de Zamora, a quien acusaron de haberse "arrogado la competencia" en expedientes en los que no le correspondía intervenir y de haberse extralimitado; por ejemplo, en causas vinculadas con la expresidenta Cristina Kirchner, con Karina Moyano (la hija de Hugo Moyano, a la que Villena le devolvió casi medio millón de dólares en plena feria judicial) y con Martín Insaurralde. Fue el fiscal federal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), quien promovió esta investigación contra Villena.

A Villena también lo denunció la fiscal Cecilia Incardona, que según el expediente que se inició en el Consejo de la Magistratura, advirtió sobre el trámite irregular de cuatro sumarios iniciados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria como "actuaciones de prevención", cuando de su contenido inicial y del resto de lo actuado se desprendía claramente que eran consecuencias de denuncias de particulares. La PSA habría actuado de ese modo por indicación de Villena y según Incardona, eso constituye un acto de gravedad institucional porque con esa orden genérica del magistrado a la fuerza de seguridad omitía la intervención del Ministerio Público Fiscal y la correcta participación en el proceso penal de la víctima.

Este martes 5 de diciembre, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (FCJS-UNL) fue sede del Concurso N° 493, organizado por el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Esta iniciativa busca cubrir seis cargos de Juez/a Penal Federal con funciones de garantía en diversas ciudades de la provincia, incluyendo Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.

En este contexto, Claudia Levin, decana de la UNL, destacó la importancia de esta convocatoria. "Estamos muy contentos y agradecidos de que se realicen los concursos para cubrir las vacantes de la Justicia Federal, y además que se realicen en los lugares donde son las vacantes, realmente con un criterio muy federal", sostuvo.

"Desde la universidad pública tenemos las puertas abiertas para contribuir con lo que esté a nuestro alcance y devolver algo a la sociedad", agregó Levin.

A su turno, María Fernanda Vázquez, representante del Consejo de la Magistratura, brindó detalles del proceso, mencionando que "estamos dando inicio al concurso 493 que tiene como finalidad la cobertura de seis cargos para jueces penales con funciones de garantía. Han participado 85 postulantes, siendo la mayoría de ellos de la región", explicó.

El concurso se enmarca en la Ley 27.715 de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe, que propone una transformación significativa en la Justicia Federal. Además, se destacó el carácter federal del proceso, buscando descentralizar las convocatorias y promover la participación de postulantes de la región.

Vázquez resaltó la importancia de esta descentralización: "La mayoría de los postulantes son de aquí. Antiguamente se tomaban en Buenos Aires, y lo que estamos haciendo es que se tomen en las regiones donde serán cubiertos los cargos. También procuramos que se realicen en universidades públicas" comentó.

Finalmente, Miguel Piedecasas, representante del Consejo de la Magistratura, indicó que estos concursos representan el inicio de la transformación de la Justicia Federal en la provincia, con un total de 51 cargos a cubrir, incluyendo magistrados/as, fiscales y defensores/as. Destacó la importancia de la Ley de Fortalecimiento como respuesta a la demanda de un mejor servicio de justicia.

Piedecasas subrayó que este proceso de selección es el inicio de una etapa transformadora: "Toda la cantidad de cargos que hay hoy en la provincia de Santa Fe en la Justicia Federal son 28, y estamos dando este inicio a la cobertura de 14. Es una enorme transformación que ocurrirá en la Justicia Federal".

El concurso se desarrollará en varias etapas y se espera que para finales del próximo año se tengan resultados concretos. El Consejo de la Magistratura se comprometió a cumplir con los plazos establecidos.

La pronta puesta en funcionamiento de los tribunales permitirá abordar los desafíos de la criminalidad organizada en la región.

El Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación votó la destitución del juez federal de Mendoza, Walter Bento, por mal desempeño de sus funciones, falta al decoro en su función y por haber deshonrado a la justicia. En paralelo, la Justicia federal lo detuvo en el marco de una causa que lo investiga por los presunto delitos de coimas, enriquecimiento ilícito y acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que cobraba dinero para beneficiar a presos. En la causa tenía un pedido de prisión preventiva que se activó. Sin fueros, el ex magistrado quedó preso en el subsuelo de la Unidad Carcelaria Federal 32 de la ciudad de Mendoza, en el mismo edificio donde estaba su despacho.

El caso es muy resonante en la zona de Cuyo. Hacía seis años que el Consejo de la Magistratura no destituía a un integrante del Poder Judicial. El último fue el camarista federal Eduardo Freiler.

La acusación en el Consejo fue llevada adelante por Miguel Piedecasas, presidente de la Comisión de Acusación y representante de los abogados, quien habló con Sur24 a los pocos minutos que una mayoría de 6 a 1 del jury firmó la remoción de Bento. El presidente del Tribunal, Javier de la Fuente votó por no hacer lugar a la remoción.

- ¿Cuáles son algunos de los fundamentos del Jurado para resolver la remoción?

- En sus fundamentos el Jurado de Enjuiciamiento determinó que Bento realizó diversas maniobras tendientes a la interferencia y entorpecimiento del accionar judicial; omitió declarar que era una persona políticamente expuesta y eludió el posterior embargo del inmueble; obtuvo inescrupulosamente un crédito hipotecario destinado a vivienda única; omitió incluir en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a los ejercicios 2005 hasta el 2020 (entre ellos los fondos con los que pagó decenas de viajes y cientos de días de estadía en el exterior); contravino la normativa aplicable a los concursos ante el Consejo de la Magistratura, a sabiendas de que no reunía las condiciones para concursar para otro cargo.

- ¿Cuánto tiempo demandó el proceso que terminó con la remoción?

- La denuncia fue efectuada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, el 5 de mayo de 2021. Se votó en la Comisión de Acusación el 17 de mayo de 2023 y en el plenario el 31 de mayo de 2023. Ayer el veredicto del Jurado de Enjuiciamiento. La duración total fue de dos años y seis meses.

- Ya actuó en otros casos como acusador, ¿qué opinión le merece este caso y cuál es la reflexión final?

- La acusación que llevamos adelante con la diputada Roxana Reyes y el senador Eduardo Vischi, sostuvo que la sociedad estaba agobiada por esta situación; que se había roto toda confianza pública en el magistrado y que no se podía tolerar una constante actuación al margen de la ley. En base a estas consignas sostuvimos los cargos –que fueron de diversa índole y naturaleza- y logramos acreditar el mal desempeño que se le había imputado al magistrado. Los estándares de conducta que se exigen en el desempeño de la magistratura son muy altos y deben demostrarse dentro y fuera de la actividad jurisdiccional y hacen al decoro, la honestidad, imparcialidad, objetividad, austeridad republicana, que nunca pueden ser motivo de sospecha por parte de la ciudadanía. La magistratura está sujeta a un constante escrutinio público y no puede haber duda o sospecha alguna sobre su conducta o actuación.

El ahora ex juez federal de Mendoza Bento fue detenido en los tribunales federales de Mendoza donde se presentó cuando en simultáneo conoció la noticia que había sido destituido por mal desempeño en su cargo por el jurado de enjuiciamiento. Estará con prisión preventiva hasta finalizar el juicio que tramita en su contra. En este juicio oral que se tramita en Mendoza, está acusado de liderar una organización que beneficiaba a delincuentes a cambio de pagos ilegales. Además, "vendió un inmueble omitiendo declarar su calidad de persona políticamente expuesta y eludió el embargo de la medida cautelar preventiva que recayó al ser procesado" en la causa penal.

Bento está imputado como presunto jefe de una asociación ilícita que cobraba sumas de dinero por dictar medidas judiciales favorables a imputados, junto con otras 28 personas, entre ellas su esposa y un hijo. La acusación incluye también los presuntos delitos de cohecho activo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.

Según la imputación, "al menos desde el año 2007" Bento lideró una organización ilegal cuyo "propósito era obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía".

El tribunal rechazó una invocación de la defensa del ahora ex juez sobre las implicancias de su destitución en la continuidad del tratamiento de uno de sus hijos que sufre de una discapacidad.

El Jurado de Enjuiciamiento dentro del Consejo de la Magistratura fue instituido a partir de la reforma constitucional de 1994. Lleva aproximadamente 25 años de funcionamiento efectivo. Durante ese lapso ha realizado 37 enjuiciamientos, de los cuáles resultaron 19 destituciones; 12 renuncias y 6 absoluciones. La primera destitución había sido la del ex juez de Santa Fe, Héctor Hermes Brusa (2000) y la última la del ex juez Freiler (2017).

A la hora de justificar el pedido de remoción de Bento ante el jury, el acusador, Piedecasas, utilizó esta fundamentación:

"El magistrado ha incurrido en mal desempeño conforme los artículos 53 y 110 de la Constitución Nacional; no ha mantenido la idoneidad para el cargo, que exige el artículo 16 de la Carta Magna. Ha incurrido en graves desórdenes de conductas personales, y ha violado –en reiteradas oportunidades- normas legales y reglamentarias, conforme lo establece el artículo 25 de la ley 24.937. Ha violado la ley de ética pública, al no demostrar honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana. Ha recibido beneficios personales indebidos. Ha restringido información, privilegiando su interés particular por sobre el interés público. No se inhibió de intervenir en causas judiciales donde se encontraba comprometida su imparcialidad. Tuvo conductas reprochables, como concurrir a lugares destinados a juegos de azar, pese a estar expresamente prohibido para la magistratura. No ha justificado su incremento patrimonial, ni los gastos de viajes y estadías en el exterior; ni la tenencia de dinero, la realización y pago de mejoras en inmuebles y otros incumplimientos reprochables. Ha adoptado conductas respecto de sus ingresos, declaraciones juradas; confusiones de patrimonios; que hacen surgir enormes dudas sobre la legitimidad de sus ingresos y de su situación patrimonial, encontrándose en muchos supuestos, absolutamente injustificados. No ha cumplido con los altos estándares de conducta que se requieren a los magistrados de nuestra Nación. Ante el escrutinio público ha exhibido conductas reprochables; de ostentación; falta de justificación de ingresos y gastos y un comportamiento que no se compadece con la dignidad de la función. Se encuentra quebrada la confianza pública en su persona para el ejercicio de la magistratura; habiendo actuado en innumerables situaciones al margen de la ley, por lo que le cabe la total responsabilidad política institucional de sus actos y hacen procedente su remoción".

Son 530 los abogados inscriptos ante el Consejo de la Magistratura de la Nación en el marco de los tres concursos abiertos en forma simultáneo para cubrir 14 nuevos cargos de jueces federales en la provincia de Santa Fe. Son los cargos previstos Ley 27.715, llamada de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe que se sancionó en abril y que el Poder Ejecutivo promulgó en mayo de este año.

La semana pasada fue el tiempo previsto para anotar a los aspirantes y hubo 197 en el concurso identificado como el 493; 187 en el 494 y 146 en el 495.

El concurso 493 está destinado a cubrir seis cargos de juez/a penal federal con funciones de Garantías con asiento en las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto. En el siguiente, se busca cubrir los seis cargos de juez/a penal federal con funciones de Revisión. Tres de los cargos son para la ciudad de Rosario y otros tres para la ciudad de Santa Fe.

Finalmente en el concurso 495 se apunta a cubrir dos cargos de juez/a penal federal con funciones de Ejecución, uno para Santa Fe y otro para Rosario.

Para el consejero Miguel Piedecasas -representante de los abogados del interior del país- "es un gran número de inscriptos. Es un éxito" le dijo a El Litoral al confirmar la cifra y señalar que el listado definitivo será publicado la semana próxima cuando se verifique que todos los postulantes cumplieron con los requisitos establecidos en el llamado a concurso.

La ley 27.715 fue fruto de un acuerdo de todo el arco político santafesino que la impulsó en el Congreso y que apunta a la implementación del Código Procesal Penal Federal en el territorio provincial para tener una mayor efectividad en la persecución del delito, especialmente el vinculado al tráfico de drogas y de armas que han generado índices históricos de violencia. Se inició el tratamiento en la Cámara de Diputados con la firma inicial del justicialista Roberto Mirabella pero acompañado por los 18 restantes representantes de la provincia y tomado luego en el Senado por los tres legisladores de Santa Fe: Carolina Losada, Dionisio Scarpin y Marcelo Lewandowski.

Además de los cargos de jueces federales, hoy en concurso, la ley prevé también la creación de 27 cargos de fiscal federal penal de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario, 7 en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto, todas en la provincia de Santa Fe; y el restante en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Además 9 cargos de defensor público oficial federal con jurisdicción de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario, 2 en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto. Estos cargos están siendo concursados por la Procuración de la Nación y el sistema de la Defensa.

En cuanto a los concurso para jueces, en los tres primeros días de noviembre se hará la prueba de oposición, una por concurso. Los concursantes debieron cumplir como paso previo y con carácter de excluyente el ingreso de la constancia de capacitación en materia de perspectiva de género.

La comisión de Selección del Consejo de la Magistratura es presidida por María Fernanda Vázquez, representa a los abogados del interior del país, secundada por la también representante de la abogacía Jimena de La Torre.

El concurso 493 para los seis cargos de jueces con funciones de Garantía, con 197 inscriptos, tiene como jurados a Gustavo Bruzzone, María Ana Beloff, María Alejandra Perícola y Patricia Elizabet Scarponetti.

El 494 para los seis cargos de jueces con funciones de Revisión y con 187 anotados tiene como jurados Marcelo Alfredo Riquert, Daniel Domínguez Henain, Adolfo Gabino Ziulu y Marcela Aspell.

El último concurso, con dos cargos y 146 inscriptos tiene como jurados a Ana María Figueroa, María Ceciclia Vranicich, Alejandro Cacace y Marta María Pastor.

La Corte Suprema de Justicia tomó juramento este martes a cuatro fiscales integrantes del Ministerio Público de la Acusación cuyos pliegos fueron aprobados en la última Asamblea Legislativa. Se trata de Raúl Marcelo Nessier e Ignacio Lascurain como fiscales titulares para la sede Santa Fe. También a Diego Gustavo Rodríguez Barros como fiscal adjunto en la sede Santa Jorge, y Nicolás Aureliano Maglier como fiscal adjunto para la ciudad de Reconquista.

El Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un mensaje con un proyecto de Ley para que la Legislatura ratifique el decreto Nº 1211 del 15 de junio de 2023, con rectificación formulada por resolución del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos N° O409 del 2 de agosto, por la cual se aceptó la donación con cargo efectuada por la titular del dominio, Adriana Albina Alvares, de un inmueble de su propiedad con destino a la construcción del Museo de la Memoria.

El inmueble está ubicado en el distrito Granadero Baigorria, tiene una superficie total de una hectárea, 87 áreas y allí funcionó durante la dictadura militar el centro clandestino de detención denominado "La Calamita".

"La Calamita, como espacio institucionalizado, resultará trascendente y ·virtuoso en al menos tres direcciones: como objeto materia de prueba en los juicios de lesa humanidad; - a través de inspecciones judiciales, reconstrucciones de los hechos--; como arquitectura que nos permita completar y hacer conocer, junto a otros sitios, el circuito represivo de la dictadura cívico militar en la Provincia de Santa Fe y como espacio de rememoración de la conciencia colectiva", señala en los considerandos el mensaje firmado por el gobernador Omar Perotti y la ministra de Gobierno, Celia Arena.

"En estos momentos en los que nos encontramos con voces negacionistas que intentan revertir el consenso construido en 40 años de democracia sobre las atrocidades cometidas por el Terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico militar, es importante reafirmar el compromiso de seguir trabajando en políticas públicas de memoria. La memoria no solo es algo construido sino constituyente tanto de prácticas y relaciones sociales, como de imaginación, ideologías, visiones del mundo y expectativas" agrega el texto.

"La dinámica de la rememoración solo es posible gracias a un conjunto de dispositivos tales como el espacio, el tiempo y el lenguaje. El recuerdo se objetiviza en un sinnúmero de artefactos o dispositivos -edificios, placas, obras artísticas -los que luego son subjetivados por las personas en interacción. La Calamita, como espacio particular, contará con una dimensión material pero también simbólica y como tal se convertirá en un lugar de resistencia e identidad que nos permitirá reafirmar los fuertes vínculos sociales y alejar el olvido" subraya el mensaje.

La diputada provincial Silvana Di Stefano se reunió el sábado con Miguel Piedecasas, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, para trabajar en forma conjunta en el avance del proceso de creación. De la reunión participaron funcionarios municipales, concejales e integrantes del Colegio y la Asociación de Abogados de San Lorenzo. “Estamos convencidos que esta reunión es el puntal inicial para promover desde todas las instituciones y la comunidad general de la región un hito importantísimo para la mejora de la justicia y la seguridad”.

Desde hace años se reclama la creación de un juzgado federal que descentralice las causas, alivie el trabajo de los actuales juzgados y brinde una lucha más eficaz para la lucha contra los delitos federales y la resolución de conflictos civiles, comerciales, laborales, administrativos, tributarios y aduaneros, de la seguridad social y la salud. Al respecto la legisladora que integra el bloque del precandidato a gobernador Maxi Pullaro, mantuvo un encuentro este sábado por la mañana con Miguel Piedecasas, consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación y Luciano Rotman, colaborador de Piedecasas, para analizar las estraregias de trabajo para concretarlo.

Di Stefano pide al gobierno provincial que gestione mejoras en la atención de PAMI

“San Lorenzo es un polo regional importante en muchos sentidos, en lo económico, en lo productivo y en lo habitacional. Coincidimos con Miguel en la necesidad y estamos dispuestos a encabezar las acciones junto con todos los actores politicos y sociales de la región, que lleve a la concreción del proyecto que es tan necesario para la ciudad y la zona. Si no visibilizamos la necesidad y exponemos el impacto positivo que tendría desde el mismo territorio, no se va a hacer”, manifestó.

La legisladora propone sumar a todas las organizaciones regionales, a empresarios y vecinos de la ciudad para generar una masa crítica y volumen político favorable a la creación, sosteniendo una serie de acciones y manteniendo un seguimiento de los avances para lograr el objetivo. Convocaremos a la Delegación del Colegio de abogados, Intendencias y Comunas, Concejos Municipales, Diputados provinciales y nacionales de la región, Senadores Nacionales y Provinciales, ONGs de la Sociedad Civil y al Poder Judicial.

Maxi Pullaro y Silvana Di Stefano recorrieron empresas del Cordón Industrial

“Desde hace años lo reclamamos porque entendemos que en la actualidad es insuficiente el servicio judicial federal en la zona, siendo una problemática cada vez más creciente. El juzgado federal en San Lorenzo es una promesa del gobierno nacional que esperamos que se cumpla lo antes posible. Esta reunión va ser el puntal inicial para que la misma sociedad lo tome como un reclamo propio que beneficie a futuro a la vida en comunidad ”, señaló.

Participaron de la reunión Alfredo Alberdi, subsecretario de Gobierno de San Lorenzo, Hernán Ore, presidente del Concejo de San Lorenzo, la concejal Luciana Resquin, Ramón Pedro Soques e Iván Ludueña de los equipos técnicos de Maxi Pullaro y Silvana Di Stefano, Ariana Rearte de la Asociación de Abogados del departamento San Lorenzo y Marina Martinez, por parte de la delegación San Lorenzo del Colegio de Abogados de Rosario.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación le tomará juramento este miércoles a los cuatro diputados nacionales elegidos para representar a la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura de la Nación, al considerar correcta su designación inicial y aseverar, además, que tiene “el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización” de ese órgano encargado de administrar el Poder Judicial, proponer jueces y controlar su conducta.

Los diputados elegidos, propuestos por sus respectivos bloques, son Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, del Frente de Todos (FdT); y Alvaro González, del PRO, y Roxana Reyes, de la UCR.

La Corte consideró válida la resolución parlamentaria que designó a esos legisladores propuestos por los respectivos bloques y elevados oportunamente al Consejo para que les tomara juramento el presidente del organismo, Horacio Rosatti, también titular del máximo tribunal de Justicia.

Tras esta jura, el órgano que selecciona y remueve a los jueces tendrá quorum para funcionar. Esto dado que ya juraron los nuevos consejeros académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit; los abogados Miguel Piedecasas (UCR), Héctor Recalde (Frente de Todos), Jimena de la Torre (Pro) y Fernanda Vázquez; los jueces Diego Barroetaveña y Agustina Díaz Cordero (de la lista Bordó, crítica del Gobierno), Alberto Lugones (de la lista Celeste, más cercana al kirchnerismo) y Alejandra Provítola (Compromiso Judicial). También juró nuevamente Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo.

La jura de los senadores quedó bloqueada luego de que la Corte considerase “inoponible” a los efectos del cómputo de mayoría y minorías la división en dos del bloque del Frente de Todos que dispuso Cristina Kirchner, para quedarse con tres de los cuatro consejeros por la Cámara alta. Pese al fallo, el oficialismo volvió a elegir, además de los dos senadores por la mayoría, al camporista Martín Doñate como representante de la segunda minoría del Senado, un lugar que reclama el PRO y para el que escogió al cordobés Luis Juez. El asunto volvió a ser tratado por la Corte, pero no se llegó a una decisión, por lo que pasaría para el año próximo.

En una acordada emitida el pasado 15 de diciembre, la Corte dispuso que “el señor Presidente del Tribunal reciba de los consejeros y consejeras Vanesa Raquel Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Roxana Nahir Reyes el juramento de ley para su incorporación al Consejo de la Magistratura en representación de la H. Cámara de Diputados de la Nación”, se indicó en el texto difundido en el Palacio de Justicia.

“El acto tuvo como antecedente la resolución (parlamentaria) R.P. N°1608/22 de la Presidencia de esa cámara, mediante la cual se designó a los mencionados diputados y diputadas como miembros titulares del referido órgano”, añadió.

También recordó que el 30 de noviembre el secretario parlamentario remitió a Rosatti copia de la resolución R.P. N°1634/22 de la Presidencia de la Cámara baja que dejaba sin efecto la resolución anterior, tras conocerse un fallo del juez de primera instancia Diego Martín Cormick que había anulado la designación de Reyes como consejera dispuesta en abril de 2022 y ahora postulada para la reelección en la Magistratura.

La suspensión de la lista, dispuesta por la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, sobrevino a una apelación a la medida del juez Cormick, lo que generó el rechazo de la oposición y, además, derivó en una serie de incidentes que hicieron frustrar una sesión el 1 de diciembre.

“Ante todo (…) este Tribunal tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura y, en ese sentido, debe propender a la integración y funcionamiento del órgano de conformidad con la Constitución Nacional en el menor tiempo posible y garantizando la seguridad jurídica”, sostuvo la Corte.

“Asimismo -dijo-, los distintos estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura tienen el deber constitucional y legal de designar a sus respectivos representantes, y la demora o el incumplimiento de ese deber no pueden retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de dicho órgano constitucional”.

La acordada fue firmada por Rosatti y los ministros Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Los integrantes de la Corte sostuvieron que la resolución 1608/22 de la Presidencia de Diputados que designó a los legisladores “fue dictada teniendo en cuenta las propuestas elevadas por los distintos bloques parlamentarios”.

“Una vez comunicada al Consejo de la Magistratura, dicho órgano remitió los títulos a este Tribunal y solicitó que se dispusiera lo necesario para proceder a recibir los respectivos juramentos de ley, lo cual fue ordenado por esta Corte en la citada Acordada 31/2022”, añadió.

Esa resolución, destacó entonces, “cumplió todos los pasos establecidos para la designación de los representantes” de Diputados “y se cumplieron también los trámites posteriores tendientes a la incorporación al cuerpo de los miembros designados, restando únicamente el ya ordenado juramento de Ley”.

Por ello, sostuvo la Corte, esta medida “no puede verse alterada por la posterior resolución 1634/22, en tanto fue dictada sin cumplir el procedimiento” establecido por la Ley del Consejo de la Magistratura, pues “se trata de una decisión tomada por la Presidencia de la H. Cámara de Diputados de la Nación sin la propuesta de los respectivos bloques”. De tal manera, se refiere a la decisión de Moreau de suspender el envío de la nómina tras la apelación al fallo del juez Cormick.

La Corte aclaró “lo que aquí se dispone es sin perjuicio de lo que pudiera decidirse en definitiva en las causas” impulsadas mediante apelaciones y amparos por el presidente del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, y el diputado del PRO Álvaro González, referidas al proceso judicial en que quedó envuelto el trámite.