El Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Fe resolvió postergar hasta el 25 de noviembre la realización de la prueba de oposición en el marco del concurso para la cobertura de cargos de ocho jueces de Primera Instancia de Distrito del Colegio de Jueces en lo Contencioso Administrativo.

La decisión adoptada por el titular del órgano, Santiago Mascheroni, estira en 40 días la instancia clave del concurso y tiene como fundamento la reciente sanción por parte de la Cámara de Diputados de la ley sobre el proceso en lo Contencioso Administrativo.

La prueba iba a realizarse el jueves venidero, desde las 9, en el edificio de la Secretaría Electoral de la provincia.

En el Consejo son 88 los postulantes admitidos para el concurso mientras que otros 5 fueron admitidos en forma condicional por no haber cumplido algunos de los requisitos exigidos en el decreto de convocatoria al concurso.

Mascheroni explicó que la causa que determinó postergar la prueba es la necesidad de que los postulantes estudien los alcances de la Ley N° 14.488, sancionada el jueves pasado por la Legislatura e inmediatamente promulgada por el Poder Ejecutivo. "No podemos tomar el examen el 15 de octubre sin tomar en cuenta la nueva legislación" dijo el funcionario.

"Los postulantes deben tener idea clara y acabada de los alcances de la nueva norma y por eso establecimientos la prórroga" añadió el funcionario.

El Consejo de la Magistratura notificará, vía correo electrónico, a los postulantes con las razones de la postergación y la nueva fecha en que deberán presentarse al examen.

Los miembros titulares integrantes del cuerpo evaluador son Emilio Aragón por el Colegio de Magistrados; Justo José Reyna por los académicos y Analía Antik por los colegios de abogados.

Para la prueba de noviembre está previsto que el cuerpo evaluador suministrará tres casos prácticos, los que serán entregados en sobre cerrado 48 horas antes de la realización de la prueba. El día de la prueba de oposición se sorteará el caso para su resolución por parte de los postulantes presentes.

El Colegio de Jueces en lo Contencioso Administrativo de Santa Fe fue creado mediante la Ley Nº 14.439 y tiene como objetivo modernizar y agilizar los procesos judiciales en los que el Estado es parte. Hasta hoy existen dos cámaras en el fuero (una en Rosario y otra en Santa Fe).

La decisión de crear el Colegio partió del Poder Ejecutivo y fue respaldada por la Legislatura. El objetivo es reorganizar el fuero contencioso administrativo para resolver con mayor agilidad, transparencia y herramientas digitales los conflictos entre los ciudadanos y el Estado ya sea provincial o municipal.

El Colegio de Jueces estará integrado por jueces especializados con competencia en todo el territorio provincial, divididos en ocho cargos para Primera Instancia de Distrito y quedando cuatro cargos para la segunda instancia que son los que hoy son titulares en las actuales cámaras.

Los jueces entenderán en demandas por responsabilidad patrimonial del Estado, impugnación de actos administrativos, contratos, expropiaciones, servicios públicos y acciones de amparo vinculadas a la materia.

La Legislatura sancionó además el nuevo Código para el fuero y adhirió a la norma nacional sobre responsabilidad del Estado. La semana pasada dictó la ley del proceso en el ámbito que el Ejecutivo promulgó en forma inmediata.

La Ley N° 14.488 entrará en vigencia "una vez que se hallen en funcionamiento los nuevos órganos jurisdiccionales competentes en materia contencioso administrativa y en el plazo máximo de ciento ochenta días. El Poder Ejecutivo en acuerdo con la Corte Suprema de Justicia dispondrá la fecha exacta de entrada en vigencia", según dispone la ley.

Con la nueva fecha del examen, el concurso terminaría sobre fines del año y la lista de candidatos a ocupar los ocho cargos recién podrá ser enviada por el Poder Ejecutivo a la Legislatura a principios del año venidero.

A partir de enero de 2028, uno de los jueces de primera instancia del Contencioso Administrativo tendrá a su cargo la competencia en materia electoral que hasta esa fecha estará reservada al presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Jueces de ese fuero tendrán la primera y segunda instancia en materia electoral de esa fecha de acuerdo a lo que dispuso el flamante Código Electoral de la provincia.

En la reforma de la Constitución sancionada el año pasado, una cláusula transitoria dispuso que "hasta tanto se dicte la ley que determine la competencia judicial específica en materia electoral, continuará entendiendo en estos casos el Tribunal Electoral, de acuerdo con la normativa vigente al momento de sancionarse la presente Constitución".

Así los comicios provinciales y municipales del año próximo tendrá como autoridad el Tribunal Electoral presidido por el titular de la Corte Suprema de Justicia (será elegido en noviembre) más dos jueces de cámara surgidos del sorteo entre quienes ocupan cargos de camaristas de Santa Fe y de Rosario.

“Indirectamente hace la justicia quien hace al juez”

Juan Bautista Alberdi

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Pocas elecciones pueden tener tanto efecto en la vida institucional del país como la de quienes decidirán quiénes serán los jueces encargados de administrar justicia. El Consejo de la Magistratura se incorporó a nuestro ordenamiento con la reforma constitucional de 1994, a través del artículo 114 de la Constitución Nacional.

Fue una institución novedosa para la tradición jurídica argentina, que el constituyente adoptó a nivel nacional junto con el Jurado de Enjuiciamiento. Entre otros propósitos, buscaba hacer más eficaces y transparentes los procedimientos de selección, designación y remoción de magistrados, y apartarlos de las disputas político-partidarias.

Todos esos objetivos confluían en uno más general y fundamental: dotar al Poder Judicial de mayor independencia frente a los poderes políticos. En cuanto a la integración del Consejo, el artículo 114 fijó premisas claras que el legislador no puede alterar al reglamentar la institución: la periodicidad en el cargo de los consejeros, la representación estamental y el equilibrio en la composición del órgano.

Sobre la periodicidad, el constituyente dispuso que el mandato de los consejeros esté limitado en el tiempo. Es un requisito coherente con un régimen republicano, en el que rige el principio de periodicidad de los cargos públicos.

En lo que respecta a la representación estamental, el artículo 114 establece que el Consejo debe integrarse con representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal, además de otras personas del ámbito académico y científico.

Con esa composición se buscó que el organismo pudiera cumplir con profesionalidad y rigor técnico las trascendentes funciones que le asignó el constituyente. Por último, el artículo 114 impone como premisa básica el equilibrio entre las distintas representaciones.

El requisito tiene especial relevancia: pretende evitar el predominio de un estamento sobre los demás y conjurar tanto el peligro de la politización como el de la corporativización. Se trata, entonces, de un diseño institucional singular.

El Consejo no debía ser un órgano simplemente político ni exclusivamente judicial. Y ese equilibrio es algo más que una distribución de bancas: es una técnica constitucional destinada a impedir que un solo sector tenga una posición dominante en las decisiones sobre la selección y la disciplina de los magistrados.

Para la elección del 20 de octubre se presentaron cuatro listas que compiten por las cuatro representaciones de la abogacía en el Consejo. Hay un dato que no debería pasar inadvertido. En varias de ellas figuran, junto a prestigiosos dirigentes de la colegiación y abogados de reconocida trayectoria, funcionarios, exfuncionarios y dirigentes con clara identificación partidaria.

Las crónicas de los principales medios nacionales describieron, además, el papel que tuvieron en la conformación de las listas sectores del peronismo, el radicalismo, el PRO y La Libertad Avanza, en alianza con viejos y conocidos dirigentes de la política nacional.

Esto plantea una cuestión institucional de interés: ¿la representación de los abogados en el Consejo sigue expresando primordialmente los intereses y valores propios de la abogacía, o se está convirtiendo en una prolongación de las disputas partidarias? La distinción es importante. Que un abogado tenga una orientación política no le quita identidad profesional.

Nadie deja de ser abogado por tener determinadas convicciones, ni la Constitución podría exigirle que carezca de ellas. Esa coexistencia no constituye, por sí misma, una irregularidad. El problema surgiría si la pertenencia o el alineamiento político desplazaran del primer plano las cuestiones específicamente profesionales.

La cuestión constitucional se ubica, entonces, en otro plano: ¿cuál es la fuente principal de legitimidad del representante? Si es elegido por los abogados, pero su actuación posterior responde primordialmente a una estructura partidaria, la representación del estamento puede mantenerse en lo formal mientras se debilita su autonomía institucional.

La diferencia es sustancial. El constituyente no previó la representación de la abogacía para que los partidos políticos sumaran bancas adicionales en el Consejo. Incorporó a los abogados de la matrícula federal como uno de los componentes destinados a producir el equilibrio entre sectores diferentes.

Por eso es necesario distinguir entre la legítima pertenencia política individual del abogado y la naturaleza institucional de la representación que ejerce en el Consejo.

Podría sostenerse que, mientras haya cuatro consejeros surgidos del voto de los abogados, el mandato del artículo 114 está satisfecho. Pero una interpretación puramente aritmética corre el riesgo de vaciar de contenido el concepto de equilibrio.

Este tiene también una dimensión cualitativa: los estamentos deben conservar una identidad lo suficientemente diferenciada como para actuar como verdaderos contrapesos. La propia reglamentación electoral confirma que se trata de un estamento específico de la abogacía.

Votan los abogados de la matrícula federal y las listas deben estar integradas por abogados de esa matrícula, con requisitos de representación territorial y de género. La pregunta, entonces, es qué voz llevarán los elegidos al Consejo: ¿la de la abogacía o la de los sectores políticos que contribuyeron a llevarlos hasta allí?

La presencia de vínculos políticos en las listas no debería presentarse como una descalificación de quienes las integran. La política forma parte de la vida democrática y ningún estamento profesional puede pretender quedar al margen de ella. Pero precisamente porque el Consejo cumple una función constitucional tan delicada, la autonomía de cada estamento adquiere especial importancia.

El Consejo debe garantizar que el proceso de selección sea transparente, basado en el mérito y ajeno a componendas. De eso depende que haya jueces independientes y probos, que fallen conforme a derecho sin ceder ante presiones políticas o corporativas.

El riesgo institucional aparecería si la competencia electoral transformara al estamento de los abogados en un espacio de representación partidaria indirecta, con las identidades profesionales subordinadas a las alianzas políticas.

En ese caso podría conservarse el equilibrio formal del artículo 114 mientras se deteriora su equilibrio sustancial. No se trata, por lo tanto, de una cuestión de oficialismo u oposición, sino de algo más profundo: la autonomía de la abogacía como estamento constitucional.

La elección del 20 de octubre ofrece a la abogacía la oportunidad de reafirmar su identidad profesional. El abogado que integra el Consejo no pierde sus convicciones políticas. Pero al ejercer su mandato debería recordar que su legitimidad proviene de un cuerpo electoral distinto del de los representantes de los órganos políticos: fue elegido por los abogados para representar a los abogados.

La abogacía tiene una tradición institucional propia. Los colegios profesionales, las asociaciones de abogados y la Federación Argentina de Colegios de Abogados no nacieron para ser instrumentos de los partidos.

Nacieron para defender el ejercicio profesional y la independencia de los abogados, para bregar por el mejor funcionamiento de la Justicia. y hacer respetar todos los principios de la Constitución Nacional.

La abogacía organizada no puede dejar pasar esta oportunidad. No se trata de reclamar una abogacía políticamente neutral, sino una abogacía profesionalmente independiente, con acabado conocimiento del funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación. La Constitución Nacional lo exige, la República lo reclama y el Poder Judicial de la Nación lo necesita.

El autor es un exmiembro del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

El Consejo de la Magistratura enviará en los próximos días 32 nuevos pliegos al Ministerio de Justicia para que sean remitidos al Senado. La remisión responde a la necesidad de cubrir cargos vacantes en distintos fueros, con prioridad en los tribunales federales de Comodoro Py, según fuentes oficiales. El organismo Evaluador concretará la elevación al Ejecutivo luego de finalizar la etapa de jurados y entrevistas de los concursos.

Los 32 nombres que integran esos pliegos buscan cubrir vacantes en Comodoro Py y están, principalmente, integrados por postulantes para los Tribunales Orales Federales y para la Cámara Federal de la Capital Federal. La propuesta llega tras llamados a concurso y la elaboración de ternas por parte del Consejo, que remitirá los expedientes al Ministerio de Justicia para su trámite.

En mayo el organismo ya remitió 17 ternas al Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, y en junio se prevé el envío de otras 15 ternas; en conjunto, serán 32 ternas que se sumarán a las que ya retiene el Ejecutivo. Además, Mahiques remitió 150 pliegos a la Cámara Alta y el Consejo tiene en revisión otras 115 ternas, según los registros oficiales.

El proceso para que esos pliegos lleguen a la Cámara Alta incluye llamado a concurso, designación de jurados, evaluación por exámenes y entrevistas, elaboración de ternas, y la elección presidencial de uno de los tres candidatos para el envío del pliego al Senado.

La remisión de los 32 pliegos implica que el Ministerio de Justicia reciba expedientes listos para su elevación a la Cámara Alta, una vez que el Ejecutivo decida su envío al Senado. Esos pliegos contienen las ternas elaboradas por el organismo Evaluador tras las etapas de concurso y entrevistas.

Con 105 ternas aún pendientes, el Ejecutivo busca acelerar la designación de jueces para reducir el 36,5% de vacantes en el Poder Judicial.

Según el flujo administrativo detallado, después de la evaluación final la Magistratura enviará los nombres al Ministerio, que a su vez remitirá los pliegos al Senado para su tratamiento y eventual designación definitiva de los cargos.

En poder del Ejecutivo quedan además 105 ternas sin enviar al Senado, equivalentes al 28% de las vacantes totales, mientras que el Consejo mantiene 151 concursos en trámite que representan el 41% de las vacantes existentes.

En los Tribunales Orales Federales de Comodoro Py hay ocho TOF con 24 cargos titulares en total; siete de esos cargos están vacantes, un dato que motiva la aceleración en la remisión de pliegos por parte del organismo Evaluador.

El proceso para cubrir vacantes en Comodoro Py incluye concursos, entrevistas y ternas, con el objetivo de asegurar la eficiencia judicial.

Los TOF 1, 3, 7 y 8 están completos con sus tres jueces cada uno; el TOF 6 no cuenta con cargos titulares y funciona exclusivamente con magistrados subrogantes; el TOF 2 presenta una vacante, el TOF 4 dos vacantes y el TOF 5 una vacante.

Comodoro Py concentra buena parte de los juicios federales por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico, por lo que la cobertura de esos cargos tiene impacto directo en la administración de causas de Alta complejidad judicial.

El Gobierno prioriza cubrir las más de 300 vacantes que existen en el Poder Judicial; actualmente el 36,5% de los cargos está sin cubrir y en la Corte estiman que ese porcentaje podría llegar al 42% si no se acelera el proceso, datos que condicionan la agenda institucional.

Por Juliano Salierno

El Poder Ejecutivo última detalles para el ingreso a la Legislatura los pliegos de los tres postulantes a ocupar sendos lugares en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe durante 2026 y con ello pondrá fin a la primera etapa de selección, a cargo de la Secretaría de Justicia que conduce Santiago Mascheroni.

Se trata de los candidatos Diego Luis Maciel, Jorgelina Mabel Genghini y Aldo Mario Alurralde, quienes fueron propuestos por el gobernador Maximiliano Pullaro, a través del Decreto Nº 3218/25, del 17 de diciembre del año pasado.

Los tres debieron cumplir con una serie de requisitos formales ante el Ejecutivo, en un plazo de 15 días corridos que venció el viernes pasado. El mismo lapso que tuvo la ciudadanía y las instituciones para ofrecer avales u objeciones.

Luego “comienza el mecanismo de audiencias, entrevistas y consultas” ante la legislatura, detalló Mascheroni. “Terminado eso, se resuelve con un dictamen de la Comisión de Acuerdo en Asamblea legislativa. Este es el procedimiento”, explicó.

-¿Este procedimiento va a tener tratamiento en marzo?

-Habría un compromiso de arrancar con el tema de pliegos el 18 de febrero, pero el Poder Legislativo tiene que fijar un cronograma de entrevistas, recibir a las personas, entrevistar a los postulantes; pero también receptar lo que pueden ser avales, ponencias o cuestionamientos individuales, dado que el plazo que venció el 2 de enero era para la presentación ante la Secretaría de Justicia, es decir, en la faz administrativa que se eleva al poder Ejecutivo.

-¿Entonces puede haber impugnaciones más adelante en la legislatura?

-Lo valorará la legislatura de admitirlas o no.

-Se prevén las designaciones mucho antes de que comiencen a ejercer, algo que no pasó con los anteriores candidatos en 2025.

-Lo que pasa que los anteriores candidatos -Margarita Zavalza, Jorge Baclini y Rubén Weder- cubrían un número ampliado de la Corte -el séptimo integrante- y los reemplazos de Mario Netri y María Angélica Gastaldi y cuando se operó el vencimiento ya estaban las designaciones. Eso no obsta la facultad del Ejecutivo que tiene por el plexo normativo y por la Constitución, que establece la caducidad de pleno derecho y automática de quienes tienen mayoría de edad -75 años-. Lo que pasa es que al haber “acordado un plazo”, el Ejecutivo lo ha respetado y así poder tener las designaciones.

-De hecho, hay dos renuncias que todavía no fueron presentadas.

-No están presentadas.

-¿Se espera que las presenten una vez que se reanude la actividad?

Es la lógica, porque ya está dicho. Está dicho y comprometido públicamente, el decreto reconoce esa situación -expresó Mascheroni sobre los ministros Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez-.

-¿Cuál es la situación del doctor Alurralde, por ejemplo, que es juez federal de la Nación en Reconquista? ¿En qué momento cesa en su función actual?

-En el momento de asumir. Las incompatibilidades son operativas en el momento que entran en conflicto.

-Si bien es un problema ajeno al Gobierno de Santa Fe -pero que los afecta-, estamos hablando de una provincia que se queda prácticamente sin jueces federales a excepción de Rosario y Venado Tuerto.

-Exactamente, que se preocupe el Consejo de la Magistratura de la Nación. Está advertido como para que maneje con el tiempo necesario la forma de cubrir las vacantes. Además, tengamos en cuenta que el Dr. Alurralde hoy está actuando en subrogación en Santa Fe, es decir que en este momento representa tres nominaciones federales, la propia -Reconquista- y dos de subrogancias -en Santa Fe-. Con lo cual, evidentemente, el Consejo de la Magistratura en el plano nacional tiene que abordar la problemática de Santa Fe, sin duda.

Por Magín Ferrer (*)

La Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), manifiesta su disconformidad institucional con la redacción propuesta en el marco de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, para el artículo relativo a la conformación del Consejo de la Magistratura -en lo atinente a una integración del cuerpo evaluador de los concursos de cobertura de vacantes de Magistrados y Funcionarios Judiciales, del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio de la Defensa Penal-, en tanto el mismo consagra la exclusión (en el estamento académico) de las universidades de gestión privada.

Es dado recordar, que las universidades de gestión privada, desde su surgimiento como institutos de formación y su reconocimiento legal nacional a mediados del siglo pasado, han recorrido un largo camino de consolidación académica que dio como fruto más tangible la equiparación completa y absoluta de los títulos que emiten -tanto en la acreditación de la formación disciplinar, como en el carácter habilitante profesional-, con aquellos expedidos por Casas de Estudios dependientes del Estado nacional o provincial.

De igual forma, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) garantiza los estándares académicos en los planes de estudio y en el perfil tripartito docente (pedagógico-didáctico, de extensión y de investigación), contando las universidades de gestión privada con planteles docentes del alta calidad formativa -especializados y posgraduados- y diseños curriculares modernos y adaptados a las exigencias disciplinares sustantivas y las demandas del mundo del trabajo.

En el caso puntual de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, la misma es de las unidades académicas fundacionales de la UCSF y su trayectoria se encuentra pronta a alcanzar las siete décadas de fecunda labor en sus diversas sedes, las que se proyectan incluso fuera del territorio provincial. Egresados de esta facultad cumplen destacada labor en el ámbito público y privado, disciplinar y docente, e incluso integran, tanto en calidad de Convencionales Reformadores, como de asesores técnicos, la Convención Constituyente en curso.

Dicho esto, no resulta razonable sostener ningún tipo de distinción arbitraria respecto a la composición del estamento académico del cuerpo evaluador del proyectado Consejo de la Magistratura, amén de observarse también, la exigua representación atribuida al mismo, con un solo, siendo que la solidez formativa es la principal cualidad a validar en dicha instancia.

El criterio de redacción propuesto, sin perjuicio de las facultades políticas e institucionales de la Convención Reformadora, afecta el principio de igualdad en sentido amplio y la construcción jurisprudencial complementaria de "igualdad entre los iguales", que estaría dada, con base en los aspectos de calidad institucional que se reúnen -en la absoluta paridad académica y competencia de emitir títulos habilitantes profesionales, tanto para universidades de gestión pública como de gestión privada- y que, en consecuencia, se extiende a las calidades de sus académicos especializados en tanto evaluadores a considerar en la instancia proyectada.

En función de lo expuesto, es que solicitamos a la Presidencia de ese cuerpo, se sirva valorar los argumentos vertidos y provea la remisión del presente escrito a la Comisión Redactora, para que en su ámbito -y de ser requerido, al amparo del Reglamento del cuerpo, con citación a las Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales- se revalúe la propuesta de redacción final, incluyendo en paridad de condiciones a las universidades de gestión privada para integrar el Cuerpo Evaluador del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santa Fe.

(*) Licenciado y Magister en Relaciones Internacionales, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe

Por Dr. Eduardo Orio

"El que hace al juez hace a la justicia". Juan Bautista Alberdi>

La potestad de administrar justicia es un atributo de la soberanía del Estado y, residiendo ésta en el pueblo, toda autoridad que ejerce funciones judiciales en su territorio lo hace en nombre y representación de ese pueblo que reconoce como soberano. Y, como sostenía Alexander Hamilton hace más de doscientos años, ninguna de las ramas del gobierno es más idónea que el Poder Judicial para mantener la confianza del pueblo en la bondad de sus instituciones.

Para el logro de tal propósito es imprescindible que los jueces sean independientes y que la comunidad perciba claramente que actúan de esa manera. Y un juez debe serlo porque se lo concibe subordinado únicamente al ordenamiento jurídico, ya que solo una dependencia de índole tan general, sin vinculaciones sectoriales, es capaz de permitirle el ejercicio de su función tutelar en un Estado de Derecho.

La autonomía de la rama judicial del gobierno -y, sobre todo, la independencia de juicio de los jueces- no se obtiene únicamente mediante una previsión nominal contenida en la Constitución: las disposiciones escritas, pese a ser necesarias, no son suficientes para garantizar una independencia efectiva en el ejercicio de sus funciones.

Decía James Madison, en este aspecto, que la magistratura no puede confiar sólo en barreras delineadas en el papel, ni esperar que meras declaraciones detengan los previsibles intentos de los poderosos. Para evitar tales influencias indebidas, es menester instrumentar garantías constitucionales y, por ello, es que se dota al estatuto del juez de un conjunto de inmunidades, por ejemplo, la estabilidad en el cargo, la intangibilidad de la compensación que percibe por el cumplimiento de su funciones y la inamovilidad de grado y sede.

Los atributos que hacen viable esa independencia judicial no tienen como sentido el de otorgar a los magistrados una mera prerrogativa personal, sino el de permitir su ejercicio imparcial de la jurisdicción en beneficio de los litigantes. Tales atributos les son concedidos, pues, como una garantía general para la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos.

Modernamente, tales garantías se han visto complementadas por la creación de instituciones que tienen, simultáneamente; la atribución de seleccionar a los candidatos a jueces mediante concursos públicos de antecedentes y oposición, la de capacitarlos en forma continua para el ejercicio de su función, mediante la Escuela Judicial; la de impulsar la aplicación de sanciones disciplinarias en su contra, cuando incurren en las causales previstas por la Constitución, las leyes y reglamentos y la de administrar los fondos que la ley le asigna al Poder Judicial.

En nuestro país, esa institución es el Consejo de la Magistratura que es un órgano de gobierno permanente del Poder Judicial de la Nación. En el derecho constitucional provincial varias provincias han incorporado en su constitución el consejo de la Magistratura con distintas modalidades.

En virtud de la reforma constitucional que se esta poryectando los constituyentes deberían tener presente algunas de las reflexiones que se mencionan en el presente. El Poder Judicial, como todas las organizaciones de principios del siglo XXI, es una estructura muy compleja y en constante transformación, producto de la dinámica propia del mundo contemporáneo. El continuo avance del conocimiento, la ciencia y la tecnología, la influencia del proceso de globalización en todos los campos y la creciente variedad de requerimientos de la sociedad actual imponen como consecuencia su continua adaptación para adecuarse a nuevas condiciones y realidades.

Es necesario, entonces, que los tribunales se constituyan en un ámbito independiente, sensible y de fácil acceso para una rápida y justa resolución de los conflictos que se suscitan, para que administren con eficiencia los recursos públicos puestos a su disposición, y para que gocen de la confianza de la comunidad en la imparcialidad de sus decisiones.

Una gestión judicial de calidad exige una idoneidad integral de sus operadores. Por ello, al procedimiento de acceso a la magistratura basado en una rigurosa selección de los candidatos, se suman las actividades de la Escuela Judicial, que no se agotan en el perfeccionamiento y la actualización de los estudios jurídicos de grado que imponen los permanentes cambios legales, socioeconómicos y culturales, sino que se extienden también a la capacitación teórico-práctica en habilidades de otra naturaleza que resultan indispensables para el logro de aquellos propósitos.

Esta supone, entre otros objetivos, formar a sus alumnos para que se encuentren en condiciones de asumir posiciones de liderazgo, profundizando su comprensión de la estructura y fines de la organización judicial y de la especial responsabilidad ética inherente a la función, y difundiendo técnicas innovadoras que posibiliten un constante mejoramiento en su desempeño y los conceptos básicos que permiten optimizar sus relaciones con los profesionales del Derecho y de las otras disciplinas con los que se vinculan para el cumplimiento de su misión.

Comprende, finalmente, la necesidad de dotarlos de los conocimientos que posibilitan un adecuado desenvolvimiento en su comunicación con los medios de prensa y el público en general. La independencia judicial es, pues, un instrumento para obtener la imparcialidad -y la imagen de imparcialidad- de los jueces, porque la entidad de los bienes, valores, principios y sentimientos involucrados, y la inevitable existencia de alguien a quien se le da la razón y de alguien a quien se le quita, siempre alimenta una base de insatisfacción.

Como dice Ricardo Guibourg, no existe ningún método generalmente aceptado para decidir que lo que es justo en opinión de unos es más justo que lo que es justo en opinión de otros. Por ello, ser justo no supone para un magistrado una absoluta neutralidad, ni una perfecta objetividad, sino formar parte de un mismo grupo social con aquéllos a los que juzga, sin haber tomado partido previo por ninguno de ellos: las normas y los científicos pueden ser neutrales, como decía Carlo Guarnieri, los jueces son imparciales.

La independencia se refiere a lo que debe ser la posición jurídica del juez, la imparcialidad es el modo que tiene de ser independiente. Los magistrados seleccionados y designados por sus méritos objetivos y capacitados continuamente para el desempeño de su función se encuentran, sin duda, en mejores condiciones para asumir la posición de independencia en sus decisiones que requiere la sociedad.

Para tales fines es necesario contar con un Consejo de la Magistratura despolitizado y descorporatizado, que tenga una integración y composición equilibrada que permita tomar decisiones que garanticen la independencia de los jueces y una eficaz prestación de los servicios de justicia. Esta es la necesidad e importancia del Consejo de la Magistratura, ..."porque cuando la política entra en los Tribunales, la Justicia sale por la ventana".

(*) Ex miembro del Consejo de la Magistratura.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) designó al doctor Aurelio Cuello Murúa, juez federal de Venado Tuerto, como subrogante con competencia electoral en el Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Santa Fe. La medida estará vigente entre el 18 de julio y el 12 de diciembre de 2025, en un contexto político y judicial de especial sensibilidad, y en cuyo lapso se celebrarán las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Cuello Murúa ejerce como titular del Juzgado Federal de Venado Tuerto desde mayo de 2018 y cuenta con experiencia previa como juez subrogante en los juzgados federales de Rafaela, San Nicolás y la propia ciudad de Santa Fe. Esta trayectoria en distintos puntos del fuero federal le otorga un conocimiento amplio del funcionamiento judicial en la región.

La designación se produce tras la decisión de la CNE de apartar al juez Gastón Salmain, quien venía subrogando la competencia electoral en Santa Fe y había sido blanco de múltiples cuestionamientos. Su historial incluía resoluciones polémicas, antecedentes poco claros y presuntos vínculos con el imputado-arrepentido Juan Ignacio Vaudagna (ex titular del ARCA de Rosario y Santa Fe), lo que motivó incluso una investigación ordenada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

En reemplazo de Salmain, Cuello Murúa asume en una jurisdicción clave para el calendario electoral, con el objetivo de garantizar transparencia, previsibilidad y estabilidad institucional. Su función, definida por el Código Electoral Nacional (Ley Nº 19.945), incluye la aplicación de la normativa electoral, el control del patrimonio de los partidos políticos, la organización y fiscalización de los comicios, y la proclamación de autoridades partidarias, entre otras atribuciones sensibles.

La resolución fue notificada a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, que se encuentra comprometido en tres causas penales y cuya conducta está siendo analizada por el Consejo de la Magistratura, presentó su renuncia ante el Ministerio de Justicia de la Nación, para que se haga efectiva a partir del 1 de julio.

Bailaque está imputado como autor de los delitos de extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal. A su vez, se le impuso prisión preventiva por 90 días y se ordenó la inhibición de sus bienes muebles e inmuebles por 1.500 millones de pesos.

En la audiencia se expusieron los tres legajos penales contra el juez federal. En la primera se lo cuestiona “por su rol en la tramitación de una causa por tráfico de estupefacientes contra el condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, que tramitaba desde 2013”.

El magistrado federal había sido citado a comparecer ante el Consejo de la Magistratura. Foto: Archivo

Desde el Ministerio Público Fiscal refirieron que en este expediente el funcionario judicial tenía como asesor contable personal a Gabriel Mizzau, que a su vez prestaba asesoría al entramado de empresas vinculadas Alvarado y a su exmujer, Rosa Capuano.

De acuerdo a manifestaciones de los fiscales provinciales que impulsaban las investigaciones contra Alvarado, “el juez estuvo once meses sin despachar medidas”, lo cual obedeció a la connivencia con el contador y el líder narco.

En el segundo legajo se lo acusa de armar una causa contra dos financistas para cobrarles una coima.

A Bailaque se lo apunta por “haber realizado de manera coordinada con el empresario FW y con el extitular en Santa Fe de la ex Administración Federal de Ingresos Público, Carlos Vaudagna, desde 2019 y hasta por lo menos noviembre de 2024, una serie de actos que implicaron la utilización de las facultades de la ex AFIP y del Poder Judicial de la Nación para iniciar, tramitar o direccionar actuaciones, tanto administrativas como judiciales contra los señores Claudio Iglesias y Jorge Oneto con el objetivo de dañar su reputación, ejercer presión sobre ellos y exigir dinero a cambio de influir en el desarrollo del trámite administrativo y del proceso judicial”.

Por último, el tercer expediente detalla que el juez federal fue imputado por “dictar resoluciones contrarias a derecho, lo cual configuró los presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario y prevaricato, para favorecer al empresario FW, quien también aparece citado en la causa descripta anteriormente”.

Imputado en tres causas. Crédito: Archivo El Litoral.

La investigación está relacionada a la actuación del juez en la causa judicial donde se intervinieron fondos por mil millones de pesos de las Cooperativas de Trabajos Portuarios Limitada en favor de una financiera cuyo titular es FW, amigo personal de Bailaque.

En atención a ello, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura lo citó a declarar para el próximo 17 de junio y aprobó los cargos en su contra. El magistrado podía optar por defenderse y argumentar contra las imputaciones que se le hacen. Sin embargo, decidió presentar la renuncia a su cargo, en una breve nota fechada este martes 10 y en la que no se expresan motivos.

La salida del juez se hará efectiva en los próximos días, si es aceptada por el Poder Ejecutivo nacional, que puede rechazarla y dejar que siga adelante el trámite que podría desembocar en una eventual destitución.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni se reúne este martes con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en un encuentro que se plantea como “a agenda abierta”, pero que tiene como trasfondo la preocupación ya manifestada desde el ámbito tribunalicio por la cuestión presupuestaria y, aunque no formaría parte del temario en este caso, la intención del gobierno provincial de producir una renovación en el organismo. También estará sobre la mesa el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Cococcioni estará acompañado por el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, y aprovecharán que es día de reunión de Acuerdos en la Corte para dialogar con todos los integrantes del cuerpo: el presidente Rafael Gutiérrez y los ministros Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi, Roberto Falistocco y Mario Netri. Este último, el único que ya formalizó su dimisión a partir del 1 de diciembre, por razones de salud, en momentos en que la gestión provincial intenta convencer a sus pares (o al menos a la mayoría) de que tomen el mismo camino.

De todos modos, no es éste el motivo de la reunión, que estará enfocada en cuestiones formales e institucionales que tienen que ver con el funcionamiento del Poder Judicial y, según pudo establecer El Litoral, fue solicitada por la propia Corte. Fundamentalmente, la cobertura de cargos vacantes, que fue reclamada por Gutiérrez en el discurso de apertura del Año Judicial, y que se ha visto demorada luego de que se retirase de la Legislatura los pliegos enviados por el anterior gobernador Omar Perotti.

Gutiérrez habló en marzo de 54 cargos judiciales, aunque el transcurso de los meses y los pedidos de jubilación que se han registrado recientemente en el Poder Judicial ante la perspectiva de una modificación en el régimen previsional, de la que también diera cuenta El Litoral, y también de los pedidos que se esperan para las próximas semanas, que en total van a implicar a una cuarta parte de todo el elenco de magistrados provinciales. A la fecha existen 70 vacantes, pero llegarán a 84 para fin de año.

El gobernador Maximiliano Pullaro con la Corte en pleno, en la apertura del año judicial. Los ministros solicitaron la reunión de hoy para plantear la cuestión de las vacantes y las partidas para gastos de funcionamiento. Crédito: Flavio Raina

Recientemente, el Sindicato de Trabajadores Judiciales publicó un comunicado con fuertes reclamos, en el que habla de 390 cargos en total, entre juzgados y los ministerios públicos de Acusación y Defensa.

Desde el gobierno, a la vez, y si bien se ha buscado fortalecer fundamentalmente el cuerpo de fiscales, dejaron saber que la cobertura de vacantes en juzgados no será automática, sino previo estudio de la necesidad según la demanda que opera en los distintos puntos de la provincia.

El gremio judicial hizo notar que la “inexplicable demora” en las designaciones de funcionarios y empleados “trae aparejada la sobre exigencia en los Ministerios Públicos y en el propio Tribunal de magistrados, fiscales, defensores, funcionarios y empleados en el cumplimiento de sus tareas y el mantenimiento de los despachos al día”.

El planteo formulado excede la cobertura de vacantes e incluye otros expedientes, vinculados al ingreso de personal o a los ascensos escalafonarios, y se enmarcan en la preocupación por la cuestión presupuestaria y la disposición de las partidas correspondientes, que fue expresada también por la Corte Suprema en al menos dos oportunidades por la vía de Acordadas, y planteada oficialmente al Poder Ejecutivo para requerir una respuesta.

Según pudo determinar este diario, se trata de casi un centenar de decretos que esperan firma y que, además de la cuestión del personal y los gastos de funcionamiento, comprometen la prosecusión de las obras en marcha dentro del Poder Judicial, incluyendo algunas tan emblemáticas y de tanta magnitud como la ampliación de los tribunales en Santa Fe y los tribunales de Felicia. Cuestión que, sin duda, estará en la agenda de la reunión y de la que seguramente darán cuenta los funcionarios del gobierno.

El juez federal de Mendoza, Walter Bento, fue destituido este miércoles por el jurado del Consejo de la Magistratura que consideró probado por mayoría que el magistrado incurrió en "mal desempeño" de sus funciones, y luego quedó detenido en Mendoza tras perder la inmunidad de arresto y como parte del juicio penal que investiga delitos graves cometidos en su desempeño como juez.

El jurado estimó que el mal desempeño de Bento quedó "acreditado en forma concluyente durante el debate oral y público" que refirió las "maniobras" de entorpecimiento del juez sobre la investigación penal.

En paralelo al jury, Bento enfrenta un juicio penal en Mendoza por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica.

"Bento, desde el momento en que tomó conocimiento de la existencia de una investigación penal a su respecto, realizó diferentes maniobras tendientes a la interferencia y entorpecimiento del accionar judicial, inadmisibles en cabeza de un juez federal de la Nación", señaló el jurado en los fundamentos.

Además, el jurado de legisladores y funcionarios de la justicia, tuvo en cuenta que el ahora exmagistrado "procedió a la venta de un inmueble omitiendo deliberadamente declarar su calidad de persona políticamente expuesta" y que obtuvo "inescrupulosamente" un crédito hipotecario con "datos falsos e inexactos".

El jurado, designado por sorteo, estuvo integrado por los senadores Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular) y José Torello (PRO); las diputadas Anahí Costa (Frente de Todos) y Ana Clara Romero (PRO); los camaristas Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra y el abogado Alfredo Barrau.

El magistrado federal fue destituido por seis de los siete jurados, ya que el camarista De la Fuente se opuso a la destitución con un voto de minoría que consideró que "la causal de mal desempeño atribuida en realidad se ha basado en la comisión de hechos delictivos que no han sido probados".

Las audiencias del juicio en el Consejo finalizaron a principios del mes pasado, con los alegatos de las partes y las palabras finales del mismo magistrado que dijo ser inocente de todos los cargos y solicitó al jurado que aguarde el resultado del juicio penal para decidir sobre su caso, un pedido que parece haber atendido De la Fuente con su voto.

La Justicia mendocina detectó un incremento patrimonial del grupo familiar del juez, además de viajes al exterior, compra de propiedades y vehículos que estiman podrían provenir del cobro de coimas a detenidos.

El fallo del jurado del Consejo de la Magistratura no es apelable pero incluyó, a manera de excepción, una solicitud a la obra social del juez para que mantenga vigente la atención médica sobre uno de sus hijos con capacidades especiales.

Bento escuchó la sentencia en los tribunales federales de Mendoza, ubicados sobre las calles España y Pedro Molina, escoltado por dos policías federales.

La lectura del veredicto comenzó puntualmente al mediodía, y se extendió una media hora, y sobre las 13.30, Bento fue notificado por el Tribunal Oral Federal 2 sobre la decisión de detenerlo.

Luego de la notificación, Bento fue llevado a otro sector del edificio a través de los ascensores asignados a los magistrados, desde donde fue trasladado detenido a la Unidad 32, ubicada en los subsuelos de la sede judicial y luego al penal federal, ubicado en Cacheuta.

El Consejo de la Magistratura tomará en los tres primeros días de noviembre las pruebas de oposición en los tres concursos múltiples abiertos para cubrir los 14 cargos previstos en la Ley 27.715, llamada de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia. Se trata del concurso 493 destinado a cubrir seis cargos de juez/a penal federal con funciones de Garantías con asiento en las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto. El 494 que busca cubrir los seis cargos de juez/a penal federal con funciones de Revisión. Tres de los cargos son para la ciudad de Rosario y otros tres para la ciudad de Santa Fe. Finalmente, el 495 para cubrir dos cargos de juez/a penal federal con funciones de Ejecución, uno para Santa Fe y otro para Rosario. Son 196 los anotados para el primer concurso cuya prueba de oposición se hará el 1° de noviembre; 180 para el segundo concurso cuya prueba de oposición tendrá lugar el 2 de noviembre y 145 para el tercero con fecha del 3 de noviembre.

Esos tres concursos que lleva adelante el Consejo de la Magistratura tienen la particularidad de nombres de inscriptos que se repitan, algunos de ellos anotados en los tres, con funcionarios de la justicia federal, de la justicia santafesina, abogados de la matrícula e inscriptos de otras provincias.

En dos de los concursos figura como inscripto Aldo Gerosa, el suspendido fiscal de Reconquista por la Legislatura santafesina que se encuentra ahora analizando en la Comisión de Acuerdos su posible destitución en el cargo. El miércoles último pasaron por Acuerdos varios testigos convocados oportunamente e incluso declaró el fiscal regional, Rubén Martínez. Gerosa está acusado de haber cometido dos graves faltas de revictimizacióń de una víctima de violación en el caso del ya condenado violador y pedófilo Marcelo Galaz. La instructora del caso en Acuerdos, la diputada socialista Erica Hynes aconsejó la destitución del funcionario. Gerosa se inscribió en los concursos 493 y 494.

También se inscribió en los concursos el fiscal rosarino Adrián Spelta quien había sido suspendido en 2021 para investigar su conducta, pero no fue destituido en el cargo.

Nombres que se repiten en dos o tres concursos son los Francisco Dallo, Gustavo Durando, Gonzalo Iglesias, Cecilia Labanca, Leandro Lazzarini, Susana Luna, Tomás Malaponte, Santiago Saux, Emilio Rosatti, Orlando Toniolo, Mariángeles Usandizaga, Rodolfo Urtubey, Nicolás Foppiano, Walter Rodríguez, Patricio Saldutti, Gustavo Urdiales y Pablo Bufarini, entre otros. Otros tienen inscripción en un solo concurso como los jueces Bruno Netri o Roberto Prieu Mántaras o la fiscal Karina Bertocci.

La ley 27.715 fue fruto de un acuerdo de todo el arco político santafesino que la impulsó en el Congreso y que apunta a la implementación del Código Procesal Penal Federal en el territorio provincial para tener una mayor efectividad en la persecución del delito, especialmente el vinculado al tráfico de drogas y de armas que han generado índices históricos de violencia. Se inició el tratamiento en la Cámara de Diputados con la firma inicial del justicialista Roberto Mirabella pero acompañado por los 18 restantes representantes de la provincia y tomado luego en el Senado por los tres legisladores de Santa Fe: Carolina Losada, Dionisio Scarpin y Marcelo Lewandowski.

Además de los cargos de jueces federales en concurso, la ley prevé también la creación de 27 cargos de fiscal federal penal de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario, 7 en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto, todas en la provincia de Santa Fe; y el restante en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Además 9 cargos de defensor público oficial federal con jurisdicción de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario, 2 en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto. Estos cargos están siendo concursados por la Procuración de la Nación y el sistema de la Defensa.

La comisión de Selección del Consejo de la Magistratura es presidida por María Fernanda Vázquez, representa a los abogados del interior del país, secundada por la también representante de la abogacía Jimena de La Torre.

En el concurso 493 son jurados Gustavo Bruzzone, María Ana Beloff, María Alejandra Perícola y Patricia Elizabet Scarponetti; en el 494 Marcelo Alfredo Riquert, Daniel Domínguez Henain, Adolfo Gabino Ziulu y Marcela Aspell y en el 495 Ana María Figueroa, María Ceciclia Vranicich, Alejandro Cacace y Marta María Pastor.

Dos de los siete concursos que se realizan en el Consejo de la Magistratura y que tienen para definir cargos en la justicia federal de Santa Fe se encuentran en etapa de realizar las entrevistas a los concursantes que ya rindieron la prueba de oposición.

Son los concursos para el cargo de juez federal de primera instancia para Rafaela y un cargo en el Tribunal Oral Federal n° 1 de esta capital. En el caso de Rafaela, en noviembre del año pasado, el jurado elevó el orden de mérito entre los 20 participantes. Los tres primeros lugares fueron para Santiago Díaz Cafferata; Santiago Joaquín Saux y Gustavo Javier Zapata.

En el caso del TOF 1 los tres primeros según el concurso son Gonzalo Fernández; Walter Alberto Rodríguez y Emilio Rosatti.

En cuanto al concurso para el cargo de juez federal n° de Santa Fe, se está en la etapa de evaluación de las impugnaciones y los tres mejor clasificados en lo que va del concurso son Walter Alberto Rodríguez; Santiago Díaz Cafferata y Giselle Wade.

El diputado provincial Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía) se refirió a la decisión del Tribunal Electoral que preside Daniel Erbetta en relación a una presentación realizada por el mencionado espacio político con relación a una tercera banca para ese espacio político en la futura Cámara de Diputados.

"No debe sorprender a nadie la decisión porque es la misma postura que Erbetta sostuvo cada vez que la Corte, por abrumadora mayoría, convalidó la vigencia del requisito del piso 3% para la distribución de cargos en cuerpos legislativos. Fue la decisión personal de Erbetta la que generó esta situación de crisis e incertidumbre que existe. Decisión que adelantó cuando, el mismo día en que finalizó el escrutinio definitivo, ordenó difundir un listado de diputados electos y diputadas electas desconociendo la normativa vigente", sostuvo.

El actual diputado sostuvo que "sabía exactamente cómo se iba a expedir el Tribunal Electoral en torno a nuestra presentación y lo único que estamos haciendo es agotar las instancias necesarias y obligatorias para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, descontando que resolverá en favor de la vigencia del artículo 5 de la ley 9280, como lo hizo en los cinco antecedentes jurisprudenciales existentes".

Aclaró que "se están cumpliendo los pasos necesarios para llegar a la Corte provincial y cada uno de ellos se está concretando conforme a lo que preveíamos, así que este fallo de Erbetta no agrega ni quita nada a la situación planteada".

Durante la mañana del miércoles 30 de agosto, el Consejo de la Magistratura realizó la Audiencia Pública Periódica de Información 2023, en Rosario, con la participación de la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero, y los consejeros Diego Barroetaveña, Jimena de la Torre, Hugo Galderisi, Álvaro González, Miguel Piedecasas, Alejandra Provítola, Roxana Reyes, Guillermo Tamarit, María Fernanda Vazquez y Eduardo Vischi.

La audiencia comenzó con las palabras de bienvenida del rector de esa Casa de Estudios, Franco Bertolacci, seguido del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Aníbal Pineda, y el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Lucas Galdeano.

También asistió, en su carácter de juez federal de Venado Tuerto y como juez subrogante del Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, Aurelio Cuello Murúa.

En la apertura del acto, Díaz Cordero explicó que esta audiencia complementa el bloque de publicidad que cumple el organismo con la transmisión en vivo de sus plenarios y reuniones de Comisión, en aras de fortalecer los principios fundamentales de transparencia, participación y rendición de cuentas que rigen la labor del cuerpo. Y subrayó que su desarrollo en la ciudad de Rosario es, además, “una declaración de apoyo formal y presencial hacia esta ciudad y la provincia de Santa Fe en su lucha contra el crimen organizado y por la plena vigencia y salud de sus instituciones públicas”.

A continuación, se dio lugar a los informes sobre la actividad desarrollada en las cinco comisiones que conforman el Consejo de la Magistratura. En ese carácter expusieron la presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, María Fernanda Vázquez; la vicepresidenta de la Comisión de Disciplina, Alejandra Provítola; el presidente de la Comisión de Acusación, Miguel Piedecasas; el presidente de la Comisión de Administración y Financiera, Álvaro González; y la consejera Roxana Reyes, integrante de la Comisión Auxiliar Permanente de Reglamentación.

A continuación, los consejeros Barroetaveña, De la Torre, Galderisi y Provítola respondieron las preguntas formuladas por el público.

En el cierre de la jornada, la vicepresidenta Agustina Diaz Cordero sintetizó los logros y objetivos alcanzados y concluyó destacando el compromiso asumido de una total, completa e incondicional predisposición para que la verdad y la Justicia prevalezcan sobre el delito y su capacidad de destrucción y muerte.

El acto tuvo lugar en el “Aula Magna” de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, con transmisión en vivo a través de este portal y el Canal en YouTube del Consejo de la Magistratura.

(Por Emerio Agretti) – Las cuentas no cierran. El oficialismo no consigue juntar 37 senadores para sesionar, y la oposición no está dispuesta a facilitar el quórum. El motivo de ambos es la intención de autorizar que Ana María Figueroa continúe en funciones en la Sala I de la Cámara de Casación Penal después de cumplir los 75 años, momento en que de no mediar esa excepción estará obligada a jubilarse. El oficialismo quiere que siga en el cuerpo que debe resolver si envía o no a Cristina Fernández a juicio oral por la causa Hotesur-Los Sauces, ya que (más allá de los méritos que le adjudican) la consideran inclinada a favorecer a la exmandataria. Por la misma razón, Juntos por el Cambio prefiere de deje su cargo, y utiliza la herramienta de no prestar quórum para impedir la sesión en la que el kirchnerismo habilitaría su continuidad.

En el discurso, unos y otros se achacan mutuamente la responsabilidad de que el cuerpo no sesione, y buscan liberarse de culpas ante la sociedad, y achacárselas al rival; sin margen para ceder ni conceder. Lo que están en juego en última instancia son las concepciones sobre el papel del Congreso y el propio rol de cada quien ocupa una banca. Pero por lo pronto, y más allá de la vehemencia de los discursos y la firmeza de las estrategias, la puja se basa en cuestiones formales.

Para el oficialismo se trata de que haya quórum para sesionar y de hacerlo antes del 9 de agosto, día en que Figueroa cumplirá los 75 y deberá retirarse; algo extremadamente improbable dadas las circunstancias y el contexto electoral.

La llave del quórum es el escurridizo número 37. Después de la división del bloque en febrero (esta vez genuina, y no como maniobra para acceder a cargos en el Consejo de la Magistratura), el Frente de Todos quedó con 31. Cifra que llega a 33 sumando dos aliadas prácticamente incondicionales: Clara Vega (La Rioja) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), y a 34 computando a la puntana María Eugenia Catalfamo, que también suele acompañar.

Los tres senadores con los que se esperaba alcanzar el número mágico eran Guillermo Snopek (Jujuy), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Pero en la fallida sesión del 12 de julio esos legisladores no estuvieron. Por eso todos los esfuerzos se concentraron en conseguirlos para este jueves 3 de agosto. Y en medio de ese trámite, el kirchnerismo recibió la noticia de que no asistiría la chaqueña Inés Pilatti de Vergara, por motivos personales. Y la sesión volvió a caer, sin remedio.

Con este escenario y antecedentes, la última chance estaría dada el próximo jueves 10. Para entonces, Figueroa ya habrá cumplido los 75, pero el oficialismo considera que el dictamen de comisión a favor de su continuidad ya implica un paso en orden a consagrarla, con lo cual se impediría la jubilación “automática”.

Con el mismo argumento, el plan B es que la sesión se haga después de las PASO del día 13. Aunque en ese caso se expone al riesgo de que los resultados proyecten sus efectos sobre el grado de alineamiento de los senadores del peronismo, y ello pueda gravitar no ya sobre el quórum, sino sobre la mayoría necesaria.

En medio de la puja quedan 75 pliegos judiciales que, más allá de ser parte o no (según quien lo diga) de una estrategia de copamiento de los tribunales, incluyen cargos federales vitales para fortalecer la estructura en Santa Fe. Y también una agenda de alcance mucho más amplio, pero desplazada de las urgencias parlamentarias. No es un accidente: el Senado está hace rato sometido a una lista de prioridades unidireccional, y librado a la suerte del juego de mayorías y minorías (y quórum), aparentemente sin margen para consensuar iniciativas o incluso negociarlas. Por eso en todo el año sesionó solamente dos veces para tratar proyectos. Y ésas son, en definitiva, las cuentas que no cierran para nadie.

El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación llamó a concurso para los catorce nuevos cargos de jueces previstos por la Ley de Fortalecimiento de la justicia federal penal en Santa Fe -sancionada este año- y fijó las fechas de inscripción, de ratificación de inscripciones así como de la prueba de oposición. Se trata de la ejecución de la Ley 27.715 promulgada en mayo de este año. “La presente ley tiene como objeto fortalecer el Sistema de Justicia Penal Federal de la provincia de Santa Fe a los efectos de la implementación del Código Procesal Penal Federal, ley 27.063, sus normas modificatorias y complementarias”, reza el primer artículo.

Firmado por María Fernanda Vázquez, presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, se fijaron tres llamados a concursos. El primero de ellos está destinado a cubrir seis cargos de juez/a penal federal con funciones de garantía, con asiento en las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto. El segundo para cubrir otros seis cargos de juez/a penal con funciones de revisión, tres de los cuales serán para Santa Fe y otros tantos para Rosario. Finalmente, otros dos cargos de juez penal federal con funciones de ejecución, uno para esta capital y el otro para la ciudad del sur.

El Senado entrevistó a postulantes para la Justicia Federal en Santa Fe

En los tres concursos se fijó la fecha de inscripción del 11 al 15 de septiembre, la ratificación de la presencia en octubre y las pruebas de oposición se harán los días 1, 2 y 3 de noviembre, respectivamente. Luego, será el turno de elevar ternas por cada vacante al Poder Ejecutivo para que envíe el pliego respectivo por cada lugar al Senado de la Nación.

Para los seis cargos de jueces de garantía el jurado estará integrado por Gustavo Bruzzone, Mary Ana Beloff, María Alejandra Perícola y Patricia Elizabeth Scarponetti como titulares. Rubén Ochipinti, Rodolfo Lanza, Silvia Gabriel y Lorena Gallardo son los suplentes.

El jurado para la selección de los candidatos de jueces de revisión, lo integran como titulares Marcelo Riquert, Daniel Horacio Domínguez Henain, Adolfo Ziulu y Marcela Aspell. En tanto, son suplentes Alejandro Tazza, Eugenio Raúl Zaffaroni, José Luis López Castineira y María Trocello.

Finalmente, el jurado para seleccionar dos candidatos de juez federal con funciones de ejecución lo conforman Ana María Figueroa, María Cecilia Vranicich, Alejandro Cacace y Marta Pastor. Los suplentes designados son Ivana Bloch, Carlos Alberto Beraldi, Roberto Pagni y María Susana Hernández.

El Senado convirtió en Ley el fortalecimiento de la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe

La Ley 27.715 además creó veintisiete cargos de Fiscal Federal Penal de los cuales quince tendrán asiento en la ciudad de Rosario, siete en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto, todas en la provincia de Santa Fe; y otro en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. También nueve cargos de Defensor Público Oficial Federal de los cuales tres tendrán asiento en Rosario, dos en Santa Fe, uno Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.

La norma, impulsada por todos los diputados nacionales santafesinos, contempla la creación de todos estos cargos de fiscales, defensores y jueces en lo penal, a los fines de atender la escalada delictiva de violencia narco en la provincia santafesina. El propio gobernador Omar Perotti asistió desde la grada de la Cámara de Diputados en la jornada en que el tema llegó al recinto. Luego, también hubo respaldo unánime en el Senado de la Nación.

Más allá de los concursos para los nuevos cargos, en el Consejo de la Magistratura de la Nación están en marcha -en diferentes instancias- trámites para coberturas de vacantes en la justicia federal de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

El Poder Ejecutivo Nacional aceptó la renuncia, a partir del 1° de agosto, de José Guillermo Toledo como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. La decisión está contenida en el decreto 353 que firmado por el jefe de gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Justicia, Martín Soria se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Nación.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, volvió a hablar en un acto público para proclamar que un “buen juez” es aquel que “aplica la Constitución y las leyes sin mirar quién puede verse beneficiado o perjudicado”.

En la celebración de los 95 años de la Asociación de Magistrados y Funcionarios y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Rosatti consiguió mostrar una foto de unidad de la Corte, pese a las evidentes diferencias que hay en su interior.

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Del acto participaron todos los jueces del alto tribunal, incluido Ricardo Lorenzetti, quien se sentó junto a Rosatti, de quien lo separan diferencias internas y personales.

Rosatti destacó que la celebración de la Asociación encuentra al Poder judicial “unido, un Poder Judicial que se sabe independiente; un Poder Judicial firme, que es lo que demanda la sociedad, en el contexto de la forma republicana de gobierno y de la división de poderes”.

“La independencia del Poder Judicial es un elemento fundamental para la salud de cualquier república, y es esto lo que queremos ofrecer a la sociedad porque es esto lo que la sociedad nos reclama”, proclamó.

Rosatti prometió a los más de 200 asistentes al acto, y a través de ellos al resto de los integrantes del Poder Judicial: “vamos siempre a respaldar a los jueces y juezas, a los funcionarios y funcionarias, a los empleados y empleadas del Poder Judicial que cumplen con su tarea. A los buenos y buenas funcionarios, que son la enorme mayoría”.

“¿Cómo reconocer a un juez o jueza que cumple con su función?”, se preguntó. La respuesta fue: “Simplemente, cuando aplica la Constitución y las leyes sin mirar quién puede verse beneficiado o perjudicado”.

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“En todo proceso judicial hay alguien al que se le da la razón y otro al que no. Lo importante es, por sobre las razones, los motivos y los argumentos de las partes, situar la lógica, la argumentación, la letra de la ley y, fundamentalmente, de la Constitución. Esos son los jueces y juezas que la república reclama”, concluyó.

Al acto de la Asociación asistieron también representantes de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), el histórico gremio de los judiciales que encabeza Julio Piumato.

(Por Emerio Agretti) – La Legislatura santafesina aprobó los pliegos para renovar la conducción del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, cuyos integrantes deberán jurar y asumir en sus cargos luego del 20 de este mes, una vez vencido el mandato de las actuales autoridades.

Luego de los concursos respectivos (atravesados por algunos sobresaltos) y emitidas por el Consejo de la Magistratura las ternas de propuestos para cada uno de los cargos, el Poder Ejecutivo eligió un candidato y envió a la Legislatura los pliegos correspondientes. Si bien en general la selección final fue hecha por el gobernador tomando en cuenta el orden de mérito surgido en las ternas, también primó la idea de asegurar suficiente nivel de consenso.

En tanto, el listado de las nuevas autoridades quedó definido por el aval prestado a los candidatos propuestos por Omar Perotti, que tendrán mandato por seis años. Es decir que abarcarán el final de la actual gobernación, la totalidad de la próxima y el inicio de la siguiente.

El pliego de María Cecilia Vranicich, como fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe fue votado por unanimidad con 64 votos por la afirmativa, ninguno por la negativa y sin abstenciones. Lo mismo, María Eugenia Iribarren como fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial Nº 2 – Sede en la Ciudad de Rosario. Idéntico respaldo logró Jorge Alberto Nessier como fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial Nº 1- Sede en la Ciudad de Santa Fe.

En tanto, también para el máximo cargo del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, su próxima titular, Estrella Jorgelina Moreno Robinson como defensora provincial concitó idéntico nivel de consenso. Para los restantes postulantes el aval de la mayoría fue sin objeciones, más allá de algunas abstenciones.

Así, se consagró a Matías Sebastián Merlo como fiscal regional del Ministerio de la Acusación – Circuns. Judicial Nº 3 – Sede en la Ciudad de Venado Tuerto; Rubén Daniel Martínez como fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial Nº 4 – Sede en la Ciudad de Reconquista; y Leandro Luis Mai como Auditor General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación. En el último caso, varios diputados del justicialismo optaron no votar para mostrar su desacuerdo con su actuación en un caso de toma de tierras en el norte provincial.

Por otra parte, idéntico respaldo unánime llegó para Jorge Leandro Miró como defensor regional del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe – Circunscripción Judicial Nº 1 – Sede en la Ciudad de Santa Fe; María Valeria Lapissonde como defensora regional del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe – Circunscripción Judicial Nº 4 – Sede en la Ciudad de Reconquista; y Carlos María Flores Zanella como Defensor Regional del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe – Circunscripción Judicial Nº 5 – Sede en la Ciudad de Rafaela.

El nuevo sistema procesal penal fue puesto en vigencia el 10 de febrero de 2014, incorporando el procedimiento acusatorio en reemplazo del inquisitivo, a tono con las exigencias de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella.

En el nuevo sistema se reemplaza al expediente por audiencias orales y públicas en las que las partes exponen sus puntos de vista cara a cara con el juez. La víctima pasa a ocupar ahora el centro de la escena, con más derechos, más asistencia y contención, y una nueva participación activa en el proceso. Toda la actividad se realiza ahora en forma oral y ante el público presente, que de esta manera puede controlar la actuación de las partes, los dichos de testigos y peritos y, por último, la sentencia de los jueces.

El nuevo proceso penal asigna la tarea de perseguir penalmente al representante del Ministerio Público de la Acusación (fiscal), posibilitando a la víctima asumir la misma tarea (querellante).

Entre las facultades de acusación se encuentran las de investigar el hecho delictivo para determinar su existencia y quienes hayan participado del mismo; aportar los medios de prueba que se consideren necesarios y acusar penalmente.

Frente a esta actividad acusatoria se encuentra el imputado del delito, quien también tiene amplias facultades para defenderse por sí y a través de su abogado defensor, también aportando las pruebas que considere necesarias a esos fines, planteando su versión sobre lo ocurrido con absoluta libertad.

Por último, el conflicto planteado es resuelto por el juez penal, quien no está involucrado con los intereses de las partes: ya no participa en la investigación, como antes, sino que es un tercero imparcial que resuelve el caso según las pruebas aportadas por la partes durante el desarrollo del juicio.

El nuevo Código Procesal Penal establece plazos breves para el desarrollo de las distintas etapas del proceso e introduce distintas herramientas procesales que procuran la finalización rápida del juicio penal, como el procedimiento abreviado.

Además, establece alternativas a la aplicación de penas, considerando las particularidades del caso (delitos menores) y privilegiando fundamentalmente la voluntad de las partes en el conflicto concreto (víctima e imputado) y la reparación de los daños y perjuicios derivados del hecho delictivo.

La diputada provincial Georgina Orciani, integrante del bloque UCR-Evolución liderado por Maximiliano Pullaro, reclamó correcto funcionamiento del Consejo de la Magistratura como órgano asesor y consultivo del Poder Ejecutivo.

Según remarcó, una de las principales funciones del Consejo es proponer, mediante concursos transparentes e igualitarios, a los candidatos destinados a cubrir las vacantes en la órbita judicial.

Cada concurso que se lleva adelante debe ser realizado por un único Cuerpo Evaluador, compuesto por tres miembros, elegidos por sorteo público, de ser posible uno de cada lista (abogados, jueces y académicos), que tiene a su cargo la evaluación de oposición, antecedentes y la realización de las entrevistas de los postulantes, existiendo para esta última etapa, instancias de participación ciudadana. Luego del procedimiento, el organismo eleva una propuesta al Ejecutivo con un orden de mérito.

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En este sentido, Orciani afirmó que, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la normativa vigente para lograr la mayor transparencia en la selección de magistrados, “resulta cuestionable la presencia del Dr. Hernán Porta como integrantes del Consejo de la Magistratura en el concurso para cubrir los cargos de autoridades del MPA y de la Defensa; entre ellos, el cargo de Fiscal General, Defensor General de la provincia de Santa Fe y el Fiscal Regional de la circunscripción de Venado Tuerto; ya que él integra el Ministerio de Seguridad provincial”, señaló la legisladora.

A su vez, también criticó la designación de la Dra. Janina Ferreyra como representante del Colegio de Abogados de Venado Tuerto ante el Consejo de la Magistratura, para el concurso público que permite cubrir las vacantes de jueces comunitarios de las pequeñas causas de numerosas localidades santafesinas. “La Dra. Ferreyra es actualmente asesora de Políticas Públicas, en el Ministerio de Salud, es decir, nuevamente, integrante del Ejecutivo provincial”, resaltó.

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“Me resulta totalmente cuestionable y a la vez preocupante que los profesionales elegidos por los Colegios de Abogados sean al mismo tiempo funcionarios provinciales, ya que la no injerencia que pretende la norma en el proceso de selección se ve seriamente afectada”, consideró, agregando que “esta situación, no solo afecta el funcionamiento de la estructura democrática, sino que también menoscaba los derechos y garantías de los santafesinos y santafesinas”.

Por último exclamó: “Desde la Legislatura buscamos permanentemente hacernos eco de los problemas y un deficiente sistema de concursos que podría dar lugar a un deficiente servicio de justicia es motivo suficiente para intervenir”.

Janina Ferreyra, asesora de Políticas Públicas del Gobierno provincial, aseguró estar “sorprendida por el cuestionamiento” que realizó el bloque Primero Venado en el legislativo local al criticar su designación y la de Hernán Porta, en el Consejo de la Magistratura por considerarlo incompatible con su función en el poder ejecutivo.

La funcionaria se desempeñó como Jefa del Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Venado Tuerto hasta noviembre del año pasado, y en estos meses “sigo siendo la misma persona, y no ha cambiado mi situación en cuanto a la idoneidad y la honestidad, ni mi conocimiento. Con lo cual me asombran estos cuestionamientos”.

El 5 de abril los ediles Mariana Iturbide, Verónica Ruiz, Juan Ignacio Pellegrini, Leonardo Calaianov y Nahuel Pasquinelli cuestionaron que Porta y Ferreyra aparecen como representantes de los colegios de abogados santafesinos ante el Consejo de la Magistratura para el concurso público de oposición, antecedentes y entrevista para cubrir las vacantes de jueces comunitarios de las pequeñas causas de numerosas localidades de la provincia.

Consejo de la Magistratura provincial: piden impugnar a dos venadenses por ser funcionarios políticos

En ese marco, sostuvieron que teniendo en cuenta la función que desempeñaba “Ferreyra, además de no cumplirse con la ‘no’ injerencia del Poder Ejecutivo en las decisiones del Consejo de la Magistratura, tampoco cumple con el requisito de poseer ‘reconocida trayectoria en el ejercicio profesional de la respectiva especialidad’ para cubrir las vacantes en el Poder Judicial”.

La funcionaria brindó una conferencia de prensa en donde realizó el correspondiente descargo, dejando en claro que “no existe tal incompatibilidad. Trabajo de cosas que tienen que ver con mi profesión y podemos ejercer la profesión de abogado, como así también ocupar determinados cargos, como lo hice en el Juzgado de Faltas y ahora como asesora del Gobierno Provincial. Todas actividades lícitas y permitidas”.

A su vez sostuvo que “creo que hay una intencionalidad de generar un manto de sospecha en un procedimiento que es absolutamente transparente. Algunos abogados que integran el bloque Primero Venado deberían conocer como es el procedimiento. Y si quieren impugnar algún cargo, deberían saber cuáles son los pasos a seguir”.

Por lo tanto, “no hay nada que discutir, ya que sólo hay especulaciones desde lo político, mezquindades y temas que le conviene a un sector tratarlo en el concejo, y no más que eso”, finalizó Janina Ferreyra.

El bloque de concejales de Primero Venado, pidió sobre tablas en la sesión del pasado 5 de abril, que la Secretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de Gobierno de Santa Fe, informe sobre la existencia de incompatibilidades para ocupar el Consejo de la Magistratura de los abogados venadenses, Hernán Porta y Janina Ferreyra, ambos funcionarios del Poder Ejecutivo provincial.

Porta, es actual delegado departamental de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Sociales del Ministerio de Seguridad de la provincia; mientras que Ferreyra, se desempeña como asesora de Políticas Públicas del gobierno de Santa Fe. Los dos, aparecen como representantes de los colegios de abogados santafesinos ante el Consejo de la Magistratura para el concurso público de oposición, antecedentes y entrevista para cubrir las vacantes de jueces comunitarios de las pequeñas causas de numerosas localidades de la provincia.

Si existieran posibles incompatibilidades, desde el Concejo piden que se den a conocer las medidas a adoptar con el concurso finalizado y el que se encuentra en etapa de convocatoria. Por otra parte, solicitan que se informe los antecedentes presentados por los colegios de abogados de Santa Fe sobre Porta y Ferreyra, en cuanto a la reconocida trayectoria en el ejercicio profesional, exigida por la normativa vigente.

En caso de que sea procedente la incompatibilidad, Primero Venado reclama que se remueva de inmediato del Consejo de la Magistratura a doctora Janina Ferreyra, en su carácter de funcionaria del Poder Ejecutivo provincial, evitando con ello la nulidad del concurso en marcha generando un enorme perjuicio a las localidades beneficiadas por los cargos a ocupar.

Cuestionamientos

“Como es de público conocimiento, no existe reunión, evento o presencia en la que Porta no se presente como funcionario del Ministerio de Seguridad. De hecho, concurrió al recinto de este Concejo y fue presentado como tal. En mismo modo ocurre ante los medios de comunicación, en cada nota que le hacen sobre el tema de inseguridad”, fundamentaron desde Primero Venado, con la firma de los concejales Mariana Iturbide, Verónica Ruiz, Juan Ignacio Pellegrini, Leonardo Calaianov y Nahuel Pasquinelli.

En esta línea, remarcaron: “Ferreyra, hasta diciembre del 2022, fue Jueza de Faltas de la Municipalidad de Venado Tuerto, por lo que además de no cumplirse con la ‘no’ injerencia del Poder Ejecutivo en las decisiones del Consejo de la Magistratura, tampoco cumple con el requisito de poseer ‘reconocida trayectoria en el ejercicio profesional de la respectiva especialidad’ para cubrir las vacantes en el Poder Judicial”, ponderaron.  Y agregaron: “En este caso, a diferencia de Porta, Ferreyra es miembro titular con gran incidencia en las decisiones que adopte el Consejo de la Magistratura”.

Asimismo, señalaron que “resulta llamativo y a la vez preocupante que los profesionales elegidos por los colegios de abogados sean al mismo tiempo funcionario del Poder Ejecutivo de Santa Fe. La no injerencia que pretende la norma en el proceso de selección se ve seriamente afectada. También resulta llamativo la actitud insistente del Colegio de Abogados en designar este tipo de perfiles políticos, en especial en un año electoral. Para graficarlo, la doctora Ferreyra cuenta con carteles promocionando su imagen para una eventual candidatura”.

Luego, manifestaron: “Teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la normativa vigente para lograr la mayor transparencia en la selección de magistrados, resulta cuestionable la presencia del doctor Porta como integrantes del Consejo de la Magistratura en el concurso para cubrir los cargos de autoridades del MPA y de la Defensa. Entre ellos, el cargo de fiscal general, defensor general de la provincia y el fiscal regional de la circunscripción de Venado Tuerto”.

El gobernador Omar Perotti deberá elegir entre Roberto Prieu Mántaras, María Cecilia Vranicich y Javier Beltramone el pliego a elevar a la Legislatura para desempeñarse como fiscal general del Ministerio Público de la Acusación durante los próximos seis años. También deberá optar entre Gustavo Franceschetti, Estrella Moreno Robinson y Gonzalo Armas el del futuro defensor provincial del Servicio Público de la Defensa Penal.

La integración de ternas que elaboró el jurado en el Consejo de la Magistratura habían trascendido la semana pasada y serán públicas desde la publicación este martes en el Boletín Oficial y en los medios gráficos de circulación provincial. Así llegó a su final un extenso y discutido trámite del concurso que incluyó la renuncia de jurados y ahora entre Perotti y la Legislatura deberán definirse los candidatos a la conducción de los institutos centrales del sistema procesal penal santafesino. La mayoría de los mandatos vencerá el 20 de abril. Las excepciones son Rubén Martínez -fiscal regional de la 4ta nominación con sede en Reconquista- que se producirá el 1 de agosto y la del defensor regional de la 3ra nominación, Mariano Mascioli quien tiene aún dos años de mandato.

Teniendo en cuenta que la Legislatura tiene 30 días como plazo máximo para considerar los pliegos -caso contrario quedan aprobados en forma ficta- el Poder Ejecutivo enviaría sobre fines de semana los pliegos para su tratamiento.

El gobernador debe optar por uno de los integrantes de cada terna y en la Cámara de Diputados está en reclamo de qua haya paridad entre los 12 pliegos a elevar.

Para la circunscripción judicial N° 1 con sede en esta capital la terna de fiscal regional la integran Jorge Nessier, Estanislao Giavedoni y Alejandra del Río Ayala. En tanto, para la regional de la Defensa Andrea Alberto, Gustavo Durando y Jorge Miró.

En el caso de la fiscalía de Reconquista además de Martínez, la terna la componen Leandro Mai y Alejandro Rodríguez mientras que en la Defensa solo dos aspirante: María Valeria Lapissonde y Orlando Toniolo. En el caso de Rafaela -circunscripción 5, para fiscal regional los integrantes de la terna con Orlando Toniollo, Carlos María Vottero y Gabriela Lema y para la Defensa son Moreno Robinson y Carlos María Flores.

Finalmente para el cargo de Auditor General de Gestión del MPA la terna quedó integrada por Vranich (actual titular) más Leandro Mai y Juan Manuel Constantini.

El gobernador Omar Perotti deberá elegir entre Roberto Prieu Mántaras, María Cecilia Vranicich y Javier Beltramone el pliego a elevar a la Legislatura para desempeñarse como fiscal general del Ministerio Público de la Acusación durante los próximos seis años.