Por Juliano Salierno

El Poder Ejecutivo última detalles para el ingreso a la Legislatura los pliegos de los tres postulantes a ocupar sendos lugares en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe durante 2026 y con ello pondrá fin a la primera etapa de selección, a cargo de la Secretaría de Justicia que conduce Santiago Mascheroni.

Se trata de los candidatos Diego Luis Maciel, Jorgelina Mabel Genghini y Aldo Mario Alurralde, quienes fueron propuestos por el gobernador Maximiliano Pullaro, a través del Decreto Nº 3218/25, del 17 de diciembre del año pasado.

Los tres debieron cumplir con una serie de requisitos formales ante el Ejecutivo, en un plazo de 15 días corridos que venció el viernes pasado. El mismo lapso que tuvo la ciudadanía y las instituciones para ofrecer avales u objeciones.

Luego “comienza el mecanismo de audiencias, entrevistas y consultas” ante la legislatura, detalló Mascheroni. “Terminado eso, se resuelve con un dictamen de la Comisión de Acuerdo en Asamblea legislativa. Este es el procedimiento”, explicó.

-¿Este procedimiento va a tener tratamiento en marzo?

-Habría un compromiso de arrancar con el tema de pliegos el 18 de febrero, pero el Poder Legislativo tiene que fijar un cronograma de entrevistas, recibir a las personas, entrevistar a los postulantes; pero también receptar lo que pueden ser avales, ponencias o cuestionamientos individuales, dado que el plazo que venció el 2 de enero era para la presentación ante la Secretaría de Justicia, es decir, en la faz administrativa que se eleva al poder Ejecutivo.

-¿Entonces puede haber impugnaciones más adelante en la legislatura?

-Lo valorará la legislatura de admitirlas o no.

-Se prevén las designaciones mucho antes de que comiencen a ejercer, algo que no pasó con los anteriores candidatos en 2025.

-Lo que pasa que los anteriores candidatos -Margarita Zavalza, Jorge Baclini y Rubén Weder- cubrían un número ampliado de la Corte -el séptimo integrante- y los reemplazos de Mario Netri y María Angélica Gastaldi y cuando se operó el vencimiento ya estaban las designaciones. Eso no obsta la facultad del Ejecutivo que tiene por el plexo normativo y por la Constitución, que establece la caducidad de pleno derecho y automática de quienes tienen mayoría de edad -75 años-. Lo que pasa es que al haber “acordado un plazo”, el Ejecutivo lo ha respetado y así poder tener las designaciones.

-De hecho, hay dos renuncias que todavía no fueron presentadas.

-No están presentadas.

-¿Se espera que las presenten una vez que se reanude la actividad?

Es la lógica, porque ya está dicho. Está dicho y comprometido públicamente, el decreto reconoce esa situación -expresó Mascheroni sobre los ministros Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez-.

-¿Cuál es la situación del doctor Alurralde, por ejemplo, que es juez federal de la Nación en Reconquista? ¿En qué momento cesa en su función actual?

-En el momento de asumir. Las incompatibilidades son operativas en el momento que entran en conflicto.

-Si bien es un problema ajeno al Gobierno de Santa Fe -pero que los afecta-, estamos hablando de una provincia que se queda prácticamente sin jueces federales a excepción de Rosario y Venado Tuerto.

-Exactamente, que se preocupe el Consejo de la Magistratura de la Nación. Está advertido como para que maneje con el tiempo necesario la forma de cubrir las vacantes. Además, tengamos en cuenta que el Dr. Alurralde hoy está actuando en subrogación en Santa Fe, es decir que en este momento representa tres nominaciones federales, la propia -Reconquista- y dos de subrogancias -en Santa Fe-. Con lo cual, evidentemente, el Consejo de la Magistratura en el plano nacional tiene que abordar la problemática de Santa Fe, sin duda.

Por Magín Ferrer (*)

La Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), manifiesta su disconformidad institucional con la redacción propuesta en el marco de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, para el artículo relativo a la conformación del Consejo de la Magistratura -en lo atinente a una integración del cuerpo evaluador de los concursos de cobertura de vacantes de Magistrados y Funcionarios Judiciales, del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio de la Defensa Penal-, en tanto el mismo consagra la exclusión (en el estamento académico) de las universidades de gestión privada.

Es dado recordar, que las universidades de gestión privada, desde su surgimiento como institutos de formación y su reconocimiento legal nacional a mediados del siglo pasado, han recorrido un largo camino de consolidación académica que dio como fruto más tangible la equiparación completa y absoluta de los títulos que emiten -tanto en la acreditación de la formación disciplinar, como en el carácter habilitante profesional-, con aquellos expedidos por Casas de Estudios dependientes del Estado nacional o provincial.

De igual forma, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) garantiza los estándares académicos en los planes de estudio y en el perfil tripartito docente (pedagógico-didáctico, de extensión y de investigación), contando las universidades de gestión privada con planteles docentes del alta calidad formativa -especializados y posgraduados- y diseños curriculares modernos y adaptados a las exigencias disciplinares sustantivas y las demandas del mundo del trabajo.

En el caso puntual de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, la misma es de las unidades académicas fundacionales de la UCSF y su trayectoria se encuentra pronta a alcanzar las siete décadas de fecunda labor en sus diversas sedes, las que se proyectan incluso fuera del territorio provincial. Egresados de esta facultad cumplen destacada labor en el ámbito público y privado, disciplinar y docente, e incluso integran, tanto en calidad de Convencionales Reformadores, como de asesores técnicos, la Convención Constituyente en curso.

Dicho esto, no resulta razonable sostener ningún tipo de distinción arbitraria respecto a la composición del estamento académico del cuerpo evaluador del proyectado Consejo de la Magistratura, amén de observarse también, la exigua representación atribuida al mismo, con un solo, siendo que la solidez formativa es la principal cualidad a validar en dicha instancia.

El criterio de redacción propuesto, sin perjuicio de las facultades políticas e institucionales de la Convención Reformadora, afecta el principio de igualdad en sentido amplio y la construcción jurisprudencial complementaria de "igualdad entre los iguales", que estaría dada, con base en los aspectos de calidad institucional que se reúnen -en la absoluta paridad académica y competencia de emitir títulos habilitantes profesionales, tanto para universidades de gestión pública como de gestión privada- y que, en consecuencia, se extiende a las calidades de sus académicos especializados en tanto evaluadores a considerar en la instancia proyectada.

En función de lo expuesto, es que solicitamos a la Presidencia de ese cuerpo, se sirva valorar los argumentos vertidos y provea la remisión del presente escrito a la Comisión Redactora, para que en su ámbito -y de ser requerido, al amparo del Reglamento del cuerpo, con citación a las Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales- se revalúe la propuesta de redacción final, incluyendo en paridad de condiciones a las universidades de gestión privada para integrar el Cuerpo Evaluador del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santa Fe.

(*) Licenciado y Magister en Relaciones Internacionales, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe

Por Dr. Eduardo Orio

"El que hace al juez hace a la justicia". Juan Bautista Alberdi>

La potestad de administrar justicia es un atributo de la soberanía del Estado y, residiendo ésta en el pueblo, toda autoridad que ejerce funciones judiciales en su territorio lo hace en nombre y representación de ese pueblo que reconoce como soberano. Y, como sostenía Alexander Hamilton hace más de doscientos años, ninguna de las ramas del gobierno es más idónea que el Poder Judicial para mantener la confianza del pueblo en la bondad de sus instituciones.

Para el logro de tal propósito es imprescindible que los jueces sean independientes y que la comunidad perciba claramente que actúan de esa manera. Y un juez debe serlo porque se lo concibe subordinado únicamente al ordenamiento jurídico, ya que solo una dependencia de índole tan general, sin vinculaciones sectoriales, es capaz de permitirle el ejercicio de su función tutelar en un Estado de Derecho.

La autonomía de la rama judicial del gobierno -y, sobre todo, la independencia de juicio de los jueces- no se obtiene únicamente mediante una previsión nominal contenida en la Constitución: las disposiciones escritas, pese a ser necesarias, no son suficientes para garantizar una independencia efectiva en el ejercicio de sus funciones.

Decía James Madison, en este aspecto, que la magistratura no puede confiar sólo en barreras delineadas en el papel, ni esperar que meras declaraciones detengan los previsibles intentos de los poderosos. Para evitar tales influencias indebidas, es menester instrumentar garantías constitucionales y, por ello, es que se dota al estatuto del juez de un conjunto de inmunidades, por ejemplo, la estabilidad en el cargo, la intangibilidad de la compensación que percibe por el cumplimiento de su funciones y la inamovilidad de grado y sede.

Los atributos que hacen viable esa independencia judicial no tienen como sentido el de otorgar a los magistrados una mera prerrogativa personal, sino el de permitir su ejercicio imparcial de la jurisdicción en beneficio de los litigantes. Tales atributos les son concedidos, pues, como una garantía general para la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos.

Modernamente, tales garantías se han visto complementadas por la creación de instituciones que tienen, simultáneamente; la atribución de seleccionar a los candidatos a jueces mediante concursos públicos de antecedentes y oposición, la de capacitarlos en forma continua para el ejercicio de su función, mediante la Escuela Judicial; la de impulsar la aplicación de sanciones disciplinarias en su contra, cuando incurren en las causales previstas por la Constitución, las leyes y reglamentos y la de administrar los fondos que la ley le asigna al Poder Judicial.

En nuestro país, esa institución es el Consejo de la Magistratura que es un órgano de gobierno permanente del Poder Judicial de la Nación. En el derecho constitucional provincial varias provincias han incorporado en su constitución el consejo de la Magistratura con distintas modalidades.

En virtud de la reforma constitucional que se esta poryectando los constituyentes deberían tener presente algunas de las reflexiones que se mencionan en el presente. El Poder Judicial, como todas las organizaciones de principios del siglo XXI, es una estructura muy compleja y en constante transformación, producto de la dinámica propia del mundo contemporáneo. El continuo avance del conocimiento, la ciencia y la tecnología, la influencia del proceso de globalización en todos los campos y la creciente variedad de requerimientos de la sociedad actual imponen como consecuencia su continua adaptación para adecuarse a nuevas condiciones y realidades.

Es necesario, entonces, que los tribunales se constituyan en un ámbito independiente, sensible y de fácil acceso para una rápida y justa resolución de los conflictos que se suscitan, para que administren con eficiencia los recursos públicos puestos a su disposición, y para que gocen de la confianza de la comunidad en la imparcialidad de sus decisiones.

Una gestión judicial de calidad exige una idoneidad integral de sus operadores. Por ello, al procedimiento de acceso a la magistratura basado en una rigurosa selección de los candidatos, se suman las actividades de la Escuela Judicial, que no se agotan en el perfeccionamiento y la actualización de los estudios jurídicos de grado que imponen los permanentes cambios legales, socioeconómicos y culturales, sino que se extienden también a la capacitación teórico-práctica en habilidades de otra naturaleza que resultan indispensables para el logro de aquellos propósitos.

Esta supone, entre otros objetivos, formar a sus alumnos para que se encuentren en condiciones de asumir posiciones de liderazgo, profundizando su comprensión de la estructura y fines de la organización judicial y de la especial responsabilidad ética inherente a la función, y difundiendo técnicas innovadoras que posibiliten un constante mejoramiento en su desempeño y los conceptos básicos que permiten optimizar sus relaciones con los profesionales del Derecho y de las otras disciplinas con los que se vinculan para el cumplimiento de su misión.

Comprende, finalmente, la necesidad de dotarlos de los conocimientos que posibilitan un adecuado desenvolvimiento en su comunicación con los medios de prensa y el público en general. La independencia judicial es, pues, un instrumento para obtener la imparcialidad -y la imagen de imparcialidad- de los jueces, porque la entidad de los bienes, valores, principios y sentimientos involucrados, y la inevitable existencia de alguien a quien se le da la razón y de alguien a quien se le quita, siempre alimenta una base de insatisfacción.

Como dice Ricardo Guibourg, no existe ningún método generalmente aceptado para decidir que lo que es justo en opinión de unos es más justo que lo que es justo en opinión de otros. Por ello, ser justo no supone para un magistrado una absoluta neutralidad, ni una perfecta objetividad, sino formar parte de un mismo grupo social con aquéllos a los que juzga, sin haber tomado partido previo por ninguno de ellos: las normas y los científicos pueden ser neutrales, como decía Carlo Guarnieri, los jueces son imparciales.

La independencia se refiere a lo que debe ser la posición jurídica del juez, la imparcialidad es el modo que tiene de ser independiente. Los magistrados seleccionados y designados por sus méritos objetivos y capacitados continuamente para el desempeño de su función se encuentran, sin duda, en mejores condiciones para asumir la posición de independencia en sus decisiones que requiere la sociedad.

Para tales fines es necesario contar con un Consejo de la Magistratura despolitizado y descorporatizado, que tenga una integración y composición equilibrada que permita tomar decisiones que garanticen la independencia de los jueces y una eficaz prestación de los servicios de justicia. Esta es la necesidad e importancia del Consejo de la Magistratura, ..."porque cuando la política entra en los Tribunales, la Justicia sale por la ventana".

(*) Ex miembro del Consejo de la Magistratura.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) designó al doctor Aurelio Cuello Murúa, juez federal de Venado Tuerto, como subrogante con competencia electoral en el Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Santa Fe. La medida estará vigente entre el 18 de julio y el 12 de diciembre de 2025, en un contexto político y judicial de especial sensibilidad, y en cuyo lapso se celebrarán las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Cuello Murúa ejerce como titular del Juzgado Federal de Venado Tuerto desde mayo de 2018 y cuenta con experiencia previa como juez subrogante en los juzgados federales de Rafaela, San Nicolás y la propia ciudad de Santa Fe. Esta trayectoria en distintos puntos del fuero federal le otorga un conocimiento amplio del funcionamiento judicial en la región.

La designación se produce tras la decisión de la CNE de apartar al juez Gastón Salmain, quien venía subrogando la competencia electoral en Santa Fe y había sido blanco de múltiples cuestionamientos. Su historial incluía resoluciones polémicas, antecedentes poco claros y presuntos vínculos con el imputado-arrepentido Juan Ignacio Vaudagna (ex titular del ARCA de Rosario y Santa Fe), lo que motivó incluso una investigación ordenada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

En reemplazo de Salmain, Cuello Murúa asume en una jurisdicción clave para el calendario electoral, con el objetivo de garantizar transparencia, previsibilidad y estabilidad institucional. Su función, definida por el Código Electoral Nacional (Ley Nº 19.945), incluye la aplicación de la normativa electoral, el control del patrimonio de los partidos políticos, la organización y fiscalización de los comicios, y la proclamación de autoridades partidarias, entre otras atribuciones sensibles.

La resolución fue notificada a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, que se encuentra comprometido en tres causas penales y cuya conducta está siendo analizada por el Consejo de la Magistratura, presentó su renuncia ante el Ministerio de Justicia de la Nación, para que se haga efectiva a partir del 1 de julio.

Bailaque está imputado como autor de los delitos de extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal. A su vez, se le impuso prisión preventiva por 90 días y se ordenó la inhibición de sus bienes muebles e inmuebles por 1.500 millones de pesos.

En la audiencia se expusieron los tres legajos penales contra el juez federal. En la primera se lo cuestiona “por su rol en la tramitación de una causa por tráfico de estupefacientes contra el condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, que tramitaba desde 2013”.

El magistrado federal había sido citado a comparecer ante el Consejo de la Magistratura. Foto: Archivo

Desde el Ministerio Público Fiscal refirieron que en este expediente el funcionario judicial tenía como asesor contable personal a Gabriel Mizzau, que a su vez prestaba asesoría al entramado de empresas vinculadas Alvarado y a su exmujer, Rosa Capuano.

De acuerdo a manifestaciones de los fiscales provinciales que impulsaban las investigaciones contra Alvarado, “el juez estuvo once meses sin despachar medidas”, lo cual obedeció a la connivencia con el contador y el líder narco.

En el segundo legajo se lo acusa de armar una causa contra dos financistas para cobrarles una coima.

A Bailaque se lo apunta por “haber realizado de manera coordinada con el empresario FW y con el extitular en Santa Fe de la ex Administración Federal de Ingresos Público, Carlos Vaudagna, desde 2019 y hasta por lo menos noviembre de 2024, una serie de actos que implicaron la utilización de las facultades de la ex AFIP y del Poder Judicial de la Nación para iniciar, tramitar o direccionar actuaciones, tanto administrativas como judiciales contra los señores Claudio Iglesias y Jorge Oneto con el objetivo de dañar su reputación, ejercer presión sobre ellos y exigir dinero a cambio de influir en el desarrollo del trámite administrativo y del proceso judicial”.

Por último, el tercer expediente detalla que el juez federal fue imputado por “dictar resoluciones contrarias a derecho, lo cual configuró los presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario y prevaricato, para favorecer al empresario FW, quien también aparece citado en la causa descripta anteriormente”.

Imputado en tres causas. Crédito: Archivo El Litoral.

La investigación está relacionada a la actuación del juez en la causa judicial donde se intervinieron fondos por mil millones de pesos de las Cooperativas de Trabajos Portuarios Limitada en favor de una financiera cuyo titular es FW, amigo personal de Bailaque.

En atención a ello, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura lo citó a declarar para el próximo 17 de junio y aprobó los cargos en su contra. El magistrado podía optar por defenderse y argumentar contra las imputaciones que se le hacen. Sin embargo, decidió presentar la renuncia a su cargo, en una breve nota fechada este martes 10 y en la que no se expresan motivos.

La salida del juez se hará efectiva en los próximos días, si es aceptada por el Poder Ejecutivo nacional, que puede rechazarla y dejar que siga adelante el trámite que podría desembocar en una eventual destitución.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni se reúne este martes con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, en un encuentro que se plantea como “a agenda abierta”, pero que tiene como trasfondo la preocupación ya manifestada desde el ámbito tribunalicio por la cuestión presupuestaria y, aunque no formaría parte del temario en este caso, la intención del gobierno provincial de producir una renovación en el organismo. También estará sobre la mesa el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

Cococcioni estará acompañado por el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, y aprovecharán que es día de reunión de Acuerdos en la Corte para dialogar con todos los integrantes del cuerpo: el presidente Rafael Gutiérrez y los ministros Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi, Roberto Falistocco y Mario Netri. Este último, el único que ya formalizó su dimisión a partir del 1 de diciembre, por razones de salud, en momentos en que la gestión provincial intenta convencer a sus pares (o al menos a la mayoría) de que tomen el mismo camino.

De todos modos, no es éste el motivo de la reunión, que estará enfocada en cuestiones formales e institucionales que tienen que ver con el funcionamiento del Poder Judicial y, según pudo establecer El Litoral, fue solicitada por la propia Corte. Fundamentalmente, la cobertura de cargos vacantes, que fue reclamada por Gutiérrez en el discurso de apertura del Año Judicial, y que se ha visto demorada luego de que se retirase de la Legislatura los pliegos enviados por el anterior gobernador Omar Perotti.

Gutiérrez habló en marzo de 54 cargos judiciales, aunque el transcurso de los meses y los pedidos de jubilación que se han registrado recientemente en el Poder Judicial ante la perspectiva de una modificación en el régimen previsional, de la que también diera cuenta El Litoral, y también de los pedidos que se esperan para las próximas semanas, que en total van a implicar a una cuarta parte de todo el elenco de magistrados provinciales. A la fecha existen 70 vacantes, pero llegarán a 84 para fin de año.

El gobernador Maximiliano Pullaro con la Corte en pleno, en la apertura del año judicial. Los ministros solicitaron la reunión de hoy para plantear la cuestión de las vacantes y las partidas para gastos de funcionamiento. Crédito: Flavio Raina

Recientemente, el Sindicato de Trabajadores Judiciales publicó un comunicado con fuertes reclamos, en el que habla de 390 cargos en total, entre juzgados y los ministerios públicos de Acusación y Defensa.

Desde el gobierno, a la vez, y si bien se ha buscado fortalecer fundamentalmente el cuerpo de fiscales, dejaron saber que la cobertura de vacantes en juzgados no será automática, sino previo estudio de la necesidad según la demanda que opera en los distintos puntos de la provincia.

El gremio judicial hizo notar que la “inexplicable demora” en las designaciones de funcionarios y empleados “trae aparejada la sobre exigencia en los Ministerios Públicos y en el propio Tribunal de magistrados, fiscales, defensores, funcionarios y empleados en el cumplimiento de sus tareas y el mantenimiento de los despachos al día”.

El planteo formulado excede la cobertura de vacantes e incluye otros expedientes, vinculados al ingreso de personal o a los ascensos escalafonarios, y se enmarcan en la preocupación por la cuestión presupuestaria y la disposición de las partidas correspondientes, que fue expresada también por la Corte Suprema en al menos dos oportunidades por la vía de Acordadas, y planteada oficialmente al Poder Ejecutivo para requerir una respuesta.

Según pudo determinar este diario, se trata de casi un centenar de decretos que esperan firma y que, además de la cuestión del personal y los gastos de funcionamiento, comprometen la prosecusión de las obras en marcha dentro del Poder Judicial, incluyendo algunas tan emblemáticas y de tanta magnitud como la ampliación de los tribunales en Santa Fe y los tribunales de Felicia. Cuestión que, sin duda, estará en la agenda de la reunión y de la que seguramente darán cuenta los funcionarios del gobierno.

El juez federal de Mendoza, Walter Bento, fue destituido este miércoles por el jurado del Consejo de la Magistratura que consideró probado por mayoría que el magistrado incurrió en "mal desempeño" de sus funciones, y luego quedó detenido en Mendoza tras perder la inmunidad de arresto y como parte del juicio penal que investiga delitos graves cometidos en su desempeño como juez.

El jurado estimó que el mal desempeño de Bento quedó "acreditado en forma concluyente durante el debate oral y público" que refirió las "maniobras" de entorpecimiento del juez sobre la investigación penal.

En paralelo al jury, Bento enfrenta un juicio penal en Mendoza por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica.

"Bento, desde el momento en que tomó conocimiento de la existencia de una investigación penal a su respecto, realizó diferentes maniobras tendientes a la interferencia y entorpecimiento del accionar judicial, inadmisibles en cabeza de un juez federal de la Nación", señaló el jurado en los fundamentos.

Además, el jurado de legisladores y funcionarios de la justicia, tuvo en cuenta que el ahora exmagistrado "procedió a la venta de un inmueble omitiendo deliberadamente declarar su calidad de persona políticamente expuesta" y que obtuvo "inescrupulosamente" un crédito hipotecario con "datos falsos e inexactos".

El jurado, designado por sorteo, estuvo integrado por los senadores Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular) y José Torello (PRO); las diputadas Anahí Costa (Frente de Todos) y Ana Clara Romero (PRO); los camaristas Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra y el abogado Alfredo Barrau.

El magistrado federal fue destituido por seis de los siete jurados, ya que el camarista De la Fuente se opuso a la destitución con un voto de minoría que consideró que "la causal de mal desempeño atribuida en realidad se ha basado en la comisión de hechos delictivos que no han sido probados".

Las audiencias del juicio en el Consejo finalizaron a principios del mes pasado, con los alegatos de las partes y las palabras finales del mismo magistrado que dijo ser inocente de todos los cargos y solicitó al jurado que aguarde el resultado del juicio penal para decidir sobre su caso, un pedido que parece haber atendido De la Fuente con su voto.

La Justicia mendocina detectó un incremento patrimonial del grupo familiar del juez, además de viajes al exterior, compra de propiedades y vehículos que estiman podrían provenir del cobro de coimas a detenidos.

El fallo del jurado del Consejo de la Magistratura no es apelable pero incluyó, a manera de excepción, una solicitud a la obra social del juez para que mantenga vigente la atención médica sobre uno de sus hijos con capacidades especiales.

Bento escuchó la sentencia en los tribunales federales de Mendoza, ubicados sobre las calles España y Pedro Molina, escoltado por dos policías federales.

La lectura del veredicto comenzó puntualmente al mediodía, y se extendió una media hora, y sobre las 13.30, Bento fue notificado por el Tribunal Oral Federal 2 sobre la decisión de detenerlo.

Luego de la notificación, Bento fue llevado a otro sector del edificio a través de los ascensores asignados a los magistrados, desde donde fue trasladado detenido a la Unidad 32, ubicada en los subsuelos de la sede judicial y luego al penal federal, ubicado en Cacheuta.

El Consejo de la Magistratura tomará en los tres primeros días de noviembre las pruebas de oposición en los tres concursos múltiples abiertos para cubrir los 14 cargos previstos en la Ley 27.715, llamada de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia. Se trata del concurso 493 destinado a cubrir seis cargos de juez/a penal federal con funciones de Garantías con asiento en las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto. El 494 que busca cubrir los seis cargos de juez/a penal federal con funciones de Revisión. Tres de los cargos son para la ciudad de Rosario y otros tres para la ciudad de Santa Fe. Finalmente, el 495 para cubrir dos cargos de juez/a penal federal con funciones de Ejecución, uno para Santa Fe y otro para Rosario. Son 196 los anotados para el primer concurso cuya prueba de oposición se hará el 1° de noviembre; 180 para el segundo concurso cuya prueba de oposición tendrá lugar el 2 de noviembre y 145 para el tercero con fecha del 3 de noviembre.

Esos tres concursos que lleva adelante el Consejo de la Magistratura tienen la particularidad de nombres de inscriptos que se repitan, algunos de ellos anotados en los tres, con funcionarios de la justicia federal, de la justicia santafesina, abogados de la matrícula e inscriptos de otras provincias.

En dos de los concursos figura como inscripto Aldo Gerosa, el suspendido fiscal de Reconquista por la Legislatura santafesina que se encuentra ahora analizando en la Comisión de Acuerdos su posible destitución en el cargo. El miércoles último pasaron por Acuerdos varios testigos convocados oportunamente e incluso declaró el fiscal regional, Rubén Martínez. Gerosa está acusado de haber cometido dos graves faltas de revictimizacióń de una víctima de violación en el caso del ya condenado violador y pedófilo Marcelo Galaz. La instructora del caso en Acuerdos, la diputada socialista Erica Hynes aconsejó la destitución del funcionario. Gerosa se inscribió en los concursos 493 y 494.

También se inscribió en los concursos el fiscal rosarino Adrián Spelta quien había sido suspendido en 2021 para investigar su conducta, pero no fue destituido en el cargo.

Nombres que se repiten en dos o tres concursos son los Francisco Dallo, Gustavo Durando, Gonzalo Iglesias, Cecilia Labanca, Leandro Lazzarini, Susana Luna, Tomás Malaponte, Santiago Saux, Emilio Rosatti, Orlando Toniolo, Mariángeles Usandizaga, Rodolfo Urtubey, Nicolás Foppiano, Walter Rodríguez, Patricio Saldutti, Gustavo Urdiales y Pablo Bufarini, entre otros. Otros tienen inscripción en un solo concurso como los jueces Bruno Netri o Roberto Prieu Mántaras o la fiscal Karina Bertocci.

La ley 27.715 fue fruto de un acuerdo de todo el arco político santafesino que la impulsó en el Congreso y que apunta a la implementación del Código Procesal Penal Federal en el territorio provincial para tener una mayor efectividad en la persecución del delito, especialmente el vinculado al tráfico de drogas y de armas que han generado índices históricos de violencia. Se inició el tratamiento en la Cámara de Diputados con la firma inicial del justicialista Roberto Mirabella pero acompañado por los 18 restantes representantes de la provincia y tomado luego en el Senado por los tres legisladores de Santa Fe: Carolina Losada, Dionisio Scarpin y Marcelo Lewandowski.

Además de los cargos de jueces federales en concurso, la ley prevé también la creación de 27 cargos de fiscal federal penal de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario, 7 en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto, todas en la provincia de Santa Fe; y el restante en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Además 9 cargos de defensor público oficial federal con jurisdicción de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario, 2 en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto. Estos cargos están siendo concursados por la Procuración de la Nación y el sistema de la Defensa.

La comisión de Selección del Consejo de la Magistratura es presidida por María Fernanda Vázquez, representa a los abogados del interior del país, secundada por la también representante de la abogacía Jimena de La Torre.

En el concurso 493 son jurados Gustavo Bruzzone, María Ana Beloff, María Alejandra Perícola y Patricia Elizabet Scarponetti; en el 494 Marcelo Alfredo Riquert, Daniel Domínguez Henain, Adolfo Gabino Ziulu y Marcela Aspell y en el 495 Ana María Figueroa, María Ceciclia Vranicich, Alejandro Cacace y Marta María Pastor.

Dos de los siete concursos que se realizan en el Consejo de la Magistratura y que tienen para definir cargos en la justicia federal de Santa Fe se encuentran en etapa de realizar las entrevistas a los concursantes que ya rindieron la prueba de oposición.

Son los concursos para el cargo de juez federal de primera instancia para Rafaela y un cargo en el Tribunal Oral Federal n° 1 de esta capital. En el caso de Rafaela, en noviembre del año pasado, el jurado elevó el orden de mérito entre los 20 participantes. Los tres primeros lugares fueron para Santiago Díaz Cafferata; Santiago Joaquín Saux y Gustavo Javier Zapata.

En el caso del TOF 1 los tres primeros según el concurso son Gonzalo Fernández; Walter Alberto Rodríguez y Emilio Rosatti.

En cuanto al concurso para el cargo de juez federal n° de Santa Fe, se está en la etapa de evaluación de las impugnaciones y los tres mejor clasificados en lo que va del concurso son Walter Alberto Rodríguez; Santiago Díaz Cafferata y Giselle Wade.

El diputado provincial Fabián Palo Oliver (Frente Amplio por la Soberanía) se refirió a la decisión del Tribunal Electoral que preside Daniel Erbetta en relación a una presentación realizada por el mencionado espacio político con relación a una tercera banca para ese espacio político en la futura Cámara de Diputados.

"No debe sorprender a nadie la decisión porque es la misma postura que Erbetta sostuvo cada vez que la Corte, por abrumadora mayoría, convalidó la vigencia del requisito del piso 3% para la distribución de cargos en cuerpos legislativos. Fue la decisión personal de Erbetta la que generó esta situación de crisis e incertidumbre que existe. Decisión que adelantó cuando, el mismo día en que finalizó el escrutinio definitivo, ordenó difundir un listado de diputados electos y diputadas electas desconociendo la normativa vigente", sostuvo.

El actual diputado sostuvo que "sabía exactamente cómo se iba a expedir el Tribunal Electoral en torno a nuestra presentación y lo único que estamos haciendo es agotar las instancias necesarias y obligatorias para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, descontando que resolverá en favor de la vigencia del artículo 5 de la ley 9280, como lo hizo en los cinco antecedentes jurisprudenciales existentes".

Aclaró que "se están cumpliendo los pasos necesarios para llegar a la Corte provincial y cada uno de ellos se está concretando conforme a lo que preveíamos, así que este fallo de Erbetta no agrega ni quita nada a la situación planteada".

Durante la mañana del miércoles 30 de agosto, el Consejo de la Magistratura realizó la Audiencia Pública Periódica de Información 2023, en Rosario, con la participación de la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero, y los consejeros Diego Barroetaveña, Jimena de la Torre, Hugo Galderisi, Álvaro González, Miguel Piedecasas, Alejandra Provítola, Roxana Reyes, Guillermo Tamarit, María Fernanda Vazquez y Eduardo Vischi.

La audiencia comenzó con las palabras de bienvenida del rector de esa Casa de Estudios, Franco Bertolacci, seguido del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Aníbal Pineda, y el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Lucas Galdeano.

También asistió, en su carácter de juez federal de Venado Tuerto y como juez subrogante del Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, Aurelio Cuello Murúa.

En la apertura del acto, Díaz Cordero explicó que esta audiencia complementa el bloque de publicidad que cumple el organismo con la transmisión en vivo de sus plenarios y reuniones de Comisión, en aras de fortalecer los principios fundamentales de transparencia, participación y rendición de cuentas que rigen la labor del cuerpo. Y subrayó que su desarrollo en la ciudad de Rosario es, además, “una declaración de apoyo formal y presencial hacia esta ciudad y la provincia de Santa Fe en su lucha contra el crimen organizado y por la plena vigencia y salud de sus instituciones públicas”.

A continuación, se dio lugar a los informes sobre la actividad desarrollada en las cinco comisiones que conforman el Consejo de la Magistratura. En ese carácter expusieron la presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, María Fernanda Vázquez; la vicepresidenta de la Comisión de Disciplina, Alejandra Provítola; el presidente de la Comisión de Acusación, Miguel Piedecasas; el presidente de la Comisión de Administración y Financiera, Álvaro González; y la consejera Roxana Reyes, integrante de la Comisión Auxiliar Permanente de Reglamentación.

A continuación, los consejeros Barroetaveña, De la Torre, Galderisi y Provítola respondieron las preguntas formuladas por el público.

En el cierre de la jornada, la vicepresidenta Agustina Diaz Cordero sintetizó los logros y objetivos alcanzados y concluyó destacando el compromiso asumido de una total, completa e incondicional predisposición para que la verdad y la Justicia prevalezcan sobre el delito y su capacidad de destrucción y muerte.

El acto tuvo lugar en el “Aula Magna” de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, con transmisión en vivo a través de este portal y el Canal en YouTube del Consejo de la Magistratura.

(Por Emerio Agretti) – Las cuentas no cierran. El oficialismo no consigue juntar 37 senadores para sesionar, y la oposición no está dispuesta a facilitar el quórum. El motivo de ambos es la intención de autorizar que Ana María Figueroa continúe en funciones en la Sala I de la Cámara de Casación Penal después de cumplir los 75 años, momento en que de no mediar esa excepción estará obligada a jubilarse. El oficialismo quiere que siga en el cuerpo que debe resolver si envía o no a Cristina Fernández a juicio oral por la causa Hotesur-Los Sauces, ya que (más allá de los méritos que le adjudican) la consideran inclinada a favorecer a la exmandataria. Por la misma razón, Juntos por el Cambio prefiere de deje su cargo, y utiliza la herramienta de no prestar quórum para impedir la sesión en la que el kirchnerismo habilitaría su continuidad.

En el discurso, unos y otros se achacan mutuamente la responsabilidad de que el cuerpo no sesione, y buscan liberarse de culpas ante la sociedad, y achacárselas al rival; sin margen para ceder ni conceder. Lo que están en juego en última instancia son las concepciones sobre el papel del Congreso y el propio rol de cada quien ocupa una banca. Pero por lo pronto, y más allá de la vehemencia de los discursos y la firmeza de las estrategias, la puja se basa en cuestiones formales.

Para el oficialismo se trata de que haya quórum para sesionar y de hacerlo antes del 9 de agosto, día en que Figueroa cumplirá los 75 y deberá retirarse; algo extremadamente improbable dadas las circunstancias y el contexto electoral.

La llave del quórum es el escurridizo número 37. Después de la división del bloque en febrero (esta vez genuina, y no como maniobra para acceder a cargos en el Consejo de la Magistratura), el Frente de Todos quedó con 31. Cifra que llega a 33 sumando dos aliadas prácticamente incondicionales: Clara Vega (La Rioja) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), y a 34 computando a la puntana María Eugenia Catalfamo, que también suele acompañar.

Los tres senadores con los que se esperaba alcanzar el número mágico eran Guillermo Snopek (Jujuy), Edgardo Kueider (Entre Ríos) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Pero en la fallida sesión del 12 de julio esos legisladores no estuvieron. Por eso todos los esfuerzos se concentraron en conseguirlos para este jueves 3 de agosto. Y en medio de ese trámite, el kirchnerismo recibió la noticia de que no asistiría la chaqueña Inés Pilatti de Vergara, por motivos personales. Y la sesión volvió a caer, sin remedio.

Con este escenario y antecedentes, la última chance estaría dada el próximo jueves 10. Para entonces, Figueroa ya habrá cumplido los 75, pero el oficialismo considera que el dictamen de comisión a favor de su continuidad ya implica un paso en orden a consagrarla, con lo cual se impediría la jubilación “automática”.

Con el mismo argumento, el plan B es que la sesión se haga después de las PASO del día 13. Aunque en ese caso se expone al riesgo de que los resultados proyecten sus efectos sobre el grado de alineamiento de los senadores del peronismo, y ello pueda gravitar no ya sobre el quórum, sino sobre la mayoría necesaria.

En medio de la puja quedan 75 pliegos judiciales que, más allá de ser parte o no (según quien lo diga) de una estrategia de copamiento de los tribunales, incluyen cargos federales vitales para fortalecer la estructura en Santa Fe. Y también una agenda de alcance mucho más amplio, pero desplazada de las urgencias parlamentarias. No es un accidente: el Senado está hace rato sometido a una lista de prioridades unidireccional, y librado a la suerte del juego de mayorías y minorías (y quórum), aparentemente sin margen para consensuar iniciativas o incluso negociarlas. Por eso en todo el año sesionó solamente dos veces para tratar proyectos. Y ésas son, en definitiva, las cuentas que no cierran para nadie.

El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación llamó a concurso para los catorce nuevos cargos de jueces previstos por la Ley de Fortalecimiento de la justicia federal penal en Santa Fe -sancionada este año- y fijó las fechas de inscripción, de ratificación de inscripciones así como de la prueba de oposición. Se trata de la ejecución de la Ley 27.715 promulgada en mayo de este año. “La presente ley tiene como objeto fortalecer el Sistema de Justicia Penal Federal de la provincia de Santa Fe a los efectos de la implementación del Código Procesal Penal Federal, ley 27.063, sus normas modificatorias y complementarias”, reza el primer artículo.

Firmado por María Fernanda Vázquez, presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, se fijaron tres llamados a concursos. El primero de ellos está destinado a cubrir seis cargos de juez/a penal federal con funciones de garantía, con asiento en las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto. El segundo para cubrir otros seis cargos de juez/a penal con funciones de revisión, tres de los cuales serán para Santa Fe y otros tantos para Rosario. Finalmente, otros dos cargos de juez penal federal con funciones de ejecución, uno para esta capital y el otro para la ciudad del sur.

El Senado entrevistó a postulantes para la Justicia Federal en Santa Fe

En los tres concursos se fijó la fecha de inscripción del 11 al 15 de septiembre, la ratificación de la presencia en octubre y las pruebas de oposición se harán los días 1, 2 y 3 de noviembre, respectivamente. Luego, será el turno de elevar ternas por cada vacante al Poder Ejecutivo para que envíe el pliego respectivo por cada lugar al Senado de la Nación.

Para los seis cargos de jueces de garantía el jurado estará integrado por Gustavo Bruzzone, Mary Ana Beloff, María Alejandra Perícola y Patricia Elizabeth Scarponetti como titulares. Rubén Ochipinti, Rodolfo Lanza, Silvia Gabriel y Lorena Gallardo son los suplentes.

El jurado para la selección de los candidatos de jueces de revisión, lo integran como titulares Marcelo Riquert, Daniel Horacio Domínguez Henain, Adolfo Ziulu y Marcela Aspell. En tanto, son suplentes Alejandro Tazza, Eugenio Raúl Zaffaroni, José Luis López Castineira y María Trocello.

Finalmente, el jurado para seleccionar dos candidatos de juez federal con funciones de ejecución lo conforman Ana María Figueroa, María Cecilia Vranicich, Alejandro Cacace y Marta Pastor. Los suplentes designados son Ivana Bloch, Carlos Alberto Beraldi, Roberto Pagni y María Susana Hernández.

El Senado convirtió en Ley el fortalecimiento de la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe

La Ley 27.715 además creó veintisiete cargos de Fiscal Federal Penal de los cuales quince tendrán asiento en la ciudad de Rosario, siete en la ciudad de Santa Fe, uno en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto, todas en la provincia de Santa Fe; y otro en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. También nueve cargos de Defensor Público Oficial Federal de los cuales tres tendrán asiento en Rosario, dos en Santa Fe, uno Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.

La norma, impulsada por todos los diputados nacionales santafesinos, contempla la creación de todos estos cargos de fiscales, defensores y jueces en lo penal, a los fines de atender la escalada delictiva de violencia narco en la provincia santafesina. El propio gobernador Omar Perotti asistió desde la grada de la Cámara de Diputados en la jornada en que el tema llegó al recinto. Luego, también hubo respaldo unánime en el Senado de la Nación.

Más allá de los concursos para los nuevos cargos, en el Consejo de la Magistratura de la Nación están en marcha -en diferentes instancias- trámites para coberturas de vacantes en la justicia federal de Santa Fe, Rosario y Rafaela.

El Poder Ejecutivo Nacional aceptó la renuncia, a partir del 1° de agosto, de José Guillermo Toledo como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. La decisión está contenida en el decreto 353 que firmado por el jefe de gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Justicia, Martín Soria se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Nación.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, volvió a hablar en un acto público para proclamar que un “buen juez” es aquel que “aplica la Constitución y las leyes sin mirar quién puede verse beneficiado o perjudicado”.

En la celebración de los 95 años de la Asociación de Magistrados y Funcionarios y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), Rosatti consiguió mostrar una foto de unidad de la Corte, pese a las evidentes diferencias que hay en su interior.

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Del acto participaron todos los jueces del alto tribunal, incluido Ricardo Lorenzetti, quien se sentó junto a Rosatti, de quien lo separan diferencias internas y personales.

Rosatti destacó que la celebración de la Asociación encuentra al Poder judicial “unido, un Poder Judicial que se sabe independiente; un Poder Judicial firme, que es lo que demanda la sociedad, en el contexto de la forma republicana de gobierno y de la división de poderes”.

“La independencia del Poder Judicial es un elemento fundamental para la salud de cualquier república, y es esto lo que queremos ofrecer a la sociedad porque es esto lo que la sociedad nos reclama”, proclamó.

Rosatti prometió a los más de 200 asistentes al acto, y a través de ellos al resto de los integrantes del Poder Judicial: “vamos siempre a respaldar a los jueces y juezas, a los funcionarios y funcionarias, a los empleados y empleadas del Poder Judicial que cumplen con su tarea. A los buenos y buenas funcionarios, que son la enorme mayoría”.

“¿Cómo reconocer a un juez o jueza que cumple con su función?”, se preguntó. La respuesta fue: “Simplemente, cuando aplica la Constitución y las leyes sin mirar quién puede verse beneficiado o perjudicado”.

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“En todo proceso judicial hay alguien al que se le da la razón y otro al que no. Lo importante es, por sobre las razones, los motivos y los argumentos de las partes, situar la lógica, la argumentación, la letra de la ley y, fundamentalmente, de la Constitución. Esos son los jueces y juezas que la república reclama”, concluyó.

Al acto de la Asociación asistieron también representantes de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), el histórico gremio de los judiciales que encabeza Julio Piumato.

(Por Emerio Agretti) – La Legislatura santafesina aprobó los pliegos para renovar la conducción del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, cuyos integrantes deberán jurar y asumir en sus cargos luego del 20 de este mes, una vez vencido el mandato de las actuales autoridades.

Luego de los concursos respectivos (atravesados por algunos sobresaltos) y emitidas por el Consejo de la Magistratura las ternas de propuestos para cada uno de los cargos, el Poder Ejecutivo eligió un candidato y envió a la Legislatura los pliegos correspondientes. Si bien en general la selección final fue hecha por el gobernador tomando en cuenta el orden de mérito surgido en las ternas, también primó la idea de asegurar suficiente nivel de consenso.

En tanto, el listado de las nuevas autoridades quedó definido por el aval prestado a los candidatos propuestos por Omar Perotti, que tendrán mandato por seis años. Es decir que abarcarán el final de la actual gobernación, la totalidad de la próxima y el inicio de la siguiente.

El pliego de María Cecilia Vranicich, como fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe fue votado por unanimidad con 64 votos por la afirmativa, ninguno por la negativa y sin abstenciones. Lo mismo, María Eugenia Iribarren como fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial Nº 2 – Sede en la Ciudad de Rosario. Idéntico respaldo logró Jorge Alberto Nessier como fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial Nº 1- Sede en la Ciudad de Santa Fe.

En tanto, también para el máximo cargo del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, su próxima titular, Estrella Jorgelina Moreno Robinson como defensora provincial concitó idéntico nivel de consenso. Para los restantes postulantes el aval de la mayoría fue sin objeciones, más allá de algunas abstenciones.

Así, se consagró a Matías Sebastián Merlo como fiscal regional del Ministerio de la Acusación – Circuns. Judicial Nº 3 – Sede en la Ciudad de Venado Tuerto; Rubén Daniel Martínez como fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación – Circunscripción Judicial Nº 4 – Sede en la Ciudad de Reconquista; y Leandro Luis Mai como Auditor General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación. En el último caso, varios diputados del justicialismo optaron no votar para mostrar su desacuerdo con su actuación en un caso de toma de tierras en el norte provincial.

Por otra parte, idéntico respaldo unánime llegó para Jorge Leandro Miró como defensor regional del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe – Circunscripción Judicial Nº 1 – Sede en la Ciudad de Santa Fe; María Valeria Lapissonde como defensora regional del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe – Circunscripción Judicial Nº 4 – Sede en la Ciudad de Reconquista; y Carlos María Flores Zanella como Defensor Regional del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe – Circunscripción Judicial Nº 5 – Sede en la Ciudad de Rafaela.

El nuevo sistema procesal penal fue puesto en vigencia el 10 de febrero de 2014, incorporando el procedimiento acusatorio en reemplazo del inquisitivo, a tono con las exigencias de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella.

En el nuevo sistema se reemplaza al expediente por audiencias orales y públicas en las que las partes exponen sus puntos de vista cara a cara con el juez. La víctima pasa a ocupar ahora el centro de la escena, con más derechos, más asistencia y contención, y una nueva participación activa en el proceso. Toda la actividad se realiza ahora en forma oral y ante el público presente, que de esta manera puede controlar la actuación de las partes, los dichos de testigos y peritos y, por último, la sentencia de los jueces.

El nuevo proceso penal asigna la tarea de perseguir penalmente al representante del Ministerio Público de la Acusación (fiscal), posibilitando a la víctima asumir la misma tarea (querellante).

Entre las facultades de acusación se encuentran las de investigar el hecho delictivo para determinar su existencia y quienes hayan participado del mismo; aportar los medios de prueba que se consideren necesarios y acusar penalmente.

Frente a esta actividad acusatoria se encuentra el imputado del delito, quien también tiene amplias facultades para defenderse por sí y a través de su abogado defensor, también aportando las pruebas que considere necesarias a esos fines, planteando su versión sobre lo ocurrido con absoluta libertad.

Por último, el conflicto planteado es resuelto por el juez penal, quien no está involucrado con los intereses de las partes: ya no participa en la investigación, como antes, sino que es un tercero imparcial que resuelve el caso según las pruebas aportadas por la partes durante el desarrollo del juicio.

El nuevo Código Procesal Penal establece plazos breves para el desarrollo de las distintas etapas del proceso e introduce distintas herramientas procesales que procuran la finalización rápida del juicio penal, como el procedimiento abreviado.

Además, establece alternativas a la aplicación de penas, considerando las particularidades del caso (delitos menores) y privilegiando fundamentalmente la voluntad de las partes en el conflicto concreto (víctima e imputado) y la reparación de los daños y perjuicios derivados del hecho delictivo.

La diputada provincial Georgina Orciani, integrante del bloque UCR-Evolución liderado por Maximiliano Pullaro, reclamó correcto funcionamiento del Consejo de la Magistratura como órgano asesor y consultivo del Poder Ejecutivo.

Según remarcó, una de las principales funciones del Consejo es proponer, mediante concursos transparentes e igualitarios, a los candidatos destinados a cubrir las vacantes en la órbita judicial.

Cada concurso que se lleva adelante debe ser realizado por un único Cuerpo Evaluador, compuesto por tres miembros, elegidos por sorteo público, de ser posible uno de cada lista (abogados, jueces y académicos), que tiene a su cargo la evaluación de oposición, antecedentes y la realización de las entrevistas de los postulantes, existiendo para esta última etapa, instancias de participación ciudadana. Luego del procedimiento, el organismo eleva una propuesta al Ejecutivo con un orden de mérito.

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En este sentido, Orciani afirmó que, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la normativa vigente para lograr la mayor transparencia en la selección de magistrados, “resulta cuestionable la presencia del Dr. Hernán Porta como integrantes del Consejo de la Magistratura en el concurso para cubrir los cargos de autoridades del MPA y de la Defensa; entre ellos, el cargo de Fiscal General, Defensor General de la provincia de Santa Fe y el Fiscal Regional de la circunscripción de Venado Tuerto; ya que él integra el Ministerio de Seguridad provincial”, señaló la legisladora.

A su vez, también criticó la designación de la Dra. Janina Ferreyra como representante del Colegio de Abogados de Venado Tuerto ante el Consejo de la Magistratura, para el concurso público que permite cubrir las vacantes de jueces comunitarios de las pequeñas causas de numerosas localidades santafesinas. “La Dra. Ferreyra es actualmente asesora de Políticas Públicas, en el Ministerio de Salud, es decir, nuevamente, integrante del Ejecutivo provincial”, resaltó.

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“Me resulta totalmente cuestionable y a la vez preocupante que los profesionales elegidos por los Colegios de Abogados sean al mismo tiempo funcionarios provinciales, ya que la no injerencia que pretende la norma en el proceso de selección se ve seriamente afectada”, consideró, agregando que “esta situación, no solo afecta el funcionamiento de la estructura democrática, sino que también menoscaba los derechos y garantías de los santafesinos y santafesinas”.

Por último exclamó: “Desde la Legislatura buscamos permanentemente hacernos eco de los problemas y un deficiente sistema de concursos que podría dar lugar a un deficiente servicio de justicia es motivo suficiente para intervenir”.

Janina Ferreyra, asesora de Políticas Públicas del Gobierno provincial, aseguró estar “sorprendida por el cuestionamiento” que realizó el bloque Primero Venado en el legislativo local al criticar su designación y la de Hernán Porta, en el Consejo de la Magistratura por considerarlo incompatible con su función en el poder ejecutivo.

La funcionaria se desempeñó como Jefa del Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Venado Tuerto hasta noviembre del año pasado, y en estos meses “sigo siendo la misma persona, y no ha cambiado mi situación en cuanto a la idoneidad y la honestidad, ni mi conocimiento. Con lo cual me asombran estos cuestionamientos”.

El 5 de abril los ediles Mariana Iturbide, Verónica Ruiz, Juan Ignacio Pellegrini, Leonardo Calaianov y Nahuel Pasquinelli cuestionaron que Porta y Ferreyra aparecen como representantes de los colegios de abogados santafesinos ante el Consejo de la Magistratura para el concurso público de oposición, antecedentes y entrevista para cubrir las vacantes de jueces comunitarios de las pequeñas causas de numerosas localidades de la provincia.

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En ese marco, sostuvieron que teniendo en cuenta la función que desempeñaba “Ferreyra, además de no cumplirse con la ‘no’ injerencia del Poder Ejecutivo en las decisiones del Consejo de la Magistratura, tampoco cumple con el requisito de poseer ‘reconocida trayectoria en el ejercicio profesional de la respectiva especialidad’ para cubrir las vacantes en el Poder Judicial”.

La funcionaria brindó una conferencia de prensa en donde realizó el correspondiente descargo, dejando en claro que “no existe tal incompatibilidad. Trabajo de cosas que tienen que ver con mi profesión y podemos ejercer la profesión de abogado, como así también ocupar determinados cargos, como lo hice en el Juzgado de Faltas y ahora como asesora del Gobierno Provincial. Todas actividades lícitas y permitidas”.

A su vez sostuvo que “creo que hay una intencionalidad de generar un manto de sospecha en un procedimiento que es absolutamente transparente. Algunos abogados que integran el bloque Primero Venado deberían conocer como es el procedimiento. Y si quieren impugnar algún cargo, deberían saber cuáles son los pasos a seguir”.

Por lo tanto, “no hay nada que discutir, ya que sólo hay especulaciones desde lo político, mezquindades y temas que le conviene a un sector tratarlo en el concejo, y no más que eso”, finalizó Janina Ferreyra.

El bloque de concejales de Primero Venado, pidió sobre tablas en la sesión del pasado 5 de abril, que la Secretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de Gobierno de Santa Fe, informe sobre la existencia de incompatibilidades para ocupar el Consejo de la Magistratura de los abogados venadenses, Hernán Porta y Janina Ferreyra, ambos funcionarios del Poder Ejecutivo provincial.

Porta, es actual delegado departamental de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Sociales del Ministerio de Seguridad de la provincia; mientras que Ferreyra, se desempeña como asesora de Políticas Públicas del gobierno de Santa Fe. Los dos, aparecen como representantes de los colegios de abogados santafesinos ante el Consejo de la Magistratura para el concurso público de oposición, antecedentes y entrevista para cubrir las vacantes de jueces comunitarios de las pequeñas causas de numerosas localidades de la provincia.

Si existieran posibles incompatibilidades, desde el Concejo piden que se den a conocer las medidas a adoptar con el concurso finalizado y el que se encuentra en etapa de convocatoria. Por otra parte, solicitan que se informe los antecedentes presentados por los colegios de abogados de Santa Fe sobre Porta y Ferreyra, en cuanto a la reconocida trayectoria en el ejercicio profesional, exigida por la normativa vigente.

En caso de que sea procedente la incompatibilidad, Primero Venado reclama que se remueva de inmediato del Consejo de la Magistratura a doctora Janina Ferreyra, en su carácter de funcionaria del Poder Ejecutivo provincial, evitando con ello la nulidad del concurso en marcha generando un enorme perjuicio a las localidades beneficiadas por los cargos a ocupar.

Cuestionamientos

“Como es de público conocimiento, no existe reunión, evento o presencia en la que Porta no se presente como funcionario del Ministerio de Seguridad. De hecho, concurrió al recinto de este Concejo y fue presentado como tal. En mismo modo ocurre ante los medios de comunicación, en cada nota que le hacen sobre el tema de inseguridad”, fundamentaron desde Primero Venado, con la firma de los concejales Mariana Iturbide, Verónica Ruiz, Juan Ignacio Pellegrini, Leonardo Calaianov y Nahuel Pasquinelli.

En esta línea, remarcaron: “Ferreyra, hasta diciembre del 2022, fue Jueza de Faltas de la Municipalidad de Venado Tuerto, por lo que además de no cumplirse con la ‘no’ injerencia del Poder Ejecutivo en las decisiones del Consejo de la Magistratura, tampoco cumple con el requisito de poseer ‘reconocida trayectoria en el ejercicio profesional de la respectiva especialidad’ para cubrir las vacantes en el Poder Judicial”, ponderaron.  Y agregaron: “En este caso, a diferencia de Porta, Ferreyra es miembro titular con gran incidencia en las decisiones que adopte el Consejo de la Magistratura”.

Asimismo, señalaron que “resulta llamativo y a la vez preocupante que los profesionales elegidos por los colegios de abogados sean al mismo tiempo funcionario del Poder Ejecutivo de Santa Fe. La no injerencia que pretende la norma en el proceso de selección se ve seriamente afectada. También resulta llamativo la actitud insistente del Colegio de Abogados en designar este tipo de perfiles políticos, en especial en un año electoral. Para graficarlo, la doctora Ferreyra cuenta con carteles promocionando su imagen para una eventual candidatura”.

Luego, manifestaron: “Teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la normativa vigente para lograr la mayor transparencia en la selección de magistrados, resulta cuestionable la presencia del doctor Porta como integrantes del Consejo de la Magistratura en el concurso para cubrir los cargos de autoridades del MPA y de la Defensa. Entre ellos, el cargo de fiscal general, defensor general de la provincia y el fiscal regional de la circunscripción de Venado Tuerto”.

El gobernador Omar Perotti deberá elegir entre Roberto Prieu Mántaras, María Cecilia Vranicich y Javier Beltramone el pliego a elevar a la Legislatura para desempeñarse como fiscal general del Ministerio Público de la Acusación durante los próximos seis años. También deberá optar entre Gustavo Franceschetti, Estrella Moreno Robinson y Gonzalo Armas el del futuro defensor provincial del Servicio Público de la Defensa Penal.

La integración de ternas que elaboró el jurado en el Consejo de la Magistratura habían trascendido la semana pasada y serán públicas desde la publicación este martes en el Boletín Oficial y en los medios gráficos de circulación provincial. Así llegó a su final un extenso y discutido trámite del concurso que incluyó la renuncia de jurados y ahora entre Perotti y la Legislatura deberán definirse los candidatos a la conducción de los institutos centrales del sistema procesal penal santafesino. La mayoría de los mandatos vencerá el 20 de abril. Las excepciones son Rubén Martínez -fiscal regional de la 4ta nominación con sede en Reconquista- que se producirá el 1 de agosto y la del defensor regional de la 3ra nominación, Mariano Mascioli quien tiene aún dos años de mandato.

Teniendo en cuenta que la Legislatura tiene 30 días como plazo máximo para considerar los pliegos -caso contrario quedan aprobados en forma ficta- el Poder Ejecutivo enviaría sobre fines de semana los pliegos para su tratamiento.

El gobernador debe optar por uno de los integrantes de cada terna y en la Cámara de Diputados está en reclamo de qua haya paridad entre los 12 pliegos a elevar.

Para la circunscripción judicial N° 1 con sede en esta capital la terna de fiscal regional la integran Jorge Nessier, Estanislao Giavedoni y Alejandra del Río Ayala. En tanto, para la regional de la Defensa Andrea Alberto, Gustavo Durando y Jorge Miró.

En el caso de la fiscalía de Reconquista además de Martínez, la terna la componen Leandro Mai y Alejandro Rodríguez mientras que en la Defensa solo dos aspirante: María Valeria Lapissonde y Orlando Toniolo. En el caso de Rafaela -circunscripción 5, para fiscal regional los integrantes de la terna con Orlando Toniollo, Carlos María Vottero y Gabriela Lema y para la Defensa son Moreno Robinson y Carlos María Flores.

Finalmente para el cargo de Auditor General de Gestión del MPA la terna quedó integrada por Vranich (actual titular) más Leandro Mai y Juan Manuel Constantini.

El gobernador Omar Perotti deberá elegir entre Roberto Prieu Mántaras, María Cecilia Vranicich y Javier Beltramone el pliego a elevar a la Legislatura para desempeñarse como fiscal general del Ministerio Público de la Acusación durante los próximos seis años.

Siete concursantes para el cargo de fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA) quedaron en primer lugar para integrar la terna que el Consejo de la Magistratura elevará al gobernador Omar Perotti para que decida el nombre a elevar a la Legislatura. Así se desprende del acta elaborada por el jurado que entre lunes y martes entrevistó a once de los doce postulantes (el venadense Horacio Pueyrredón optó por no presentarse a la prueba de oposición y a la entrevista respectiva).

Por estricto orden alfabético, para el jurado superaron ampliamente las pautas de evaluación Carlos Arietti (fiscal regional de Santa Fe); Javier Beltramone (juez de la Cámara de Apelaciones en lo penal de Rosario); María Eugenia Iribarren (fiscal regional subrogante de Rosario); Rubén Darío Martínez (regional de Reconquista); Roberto Prieu Mántaras (juez de la Cámara de Apelaciones en lo penal de Santa Fe); Luis Schiappa Pietra (fiscal de Rosario) y María Cecilia Vranicich (auditora de gestión del MPA).

En cambio, otros cuatro postulantes sólo superaron las pautas de evaluación. Son los casos de Carlos Covani, Eduardo Lago, Fernando Palmolelli y Alejandro Sinopoli.

El jurado fue integrado por Eugenio Vezzaro, Aníbal Pineda, Sergio Alvira, María Florencia Blotta y Beatriz Forno y las pruebas se realizaron en la sala de audiencias penales N° 5 en el primer piso del Palacio de Tribunales. Contra lo anunciado, las pruebas de oposición y entrevistas a los postulantes al cargo de fiscal general no fueron transmitidas en vivo, por considerar que al hacerse en dos tandas eso hubiese supuesto una ventaja para quienes estaban en la segunda y tenían la posibilidad de ver el desarrollo de la primera etapa. No obstante, se dispuso difundir todas las entrevistas luego de su realización y ya están para quienes estén interesados en escucharlas. La ministra de Gobierno, Justicia y Culto, Celia Arena, participó junto al jurado de las exposiciones como lo hiciera anteriormente con el concurso del Servicio Provincial de Defensa Penal.

Este jueves se iniciarán las instancias para la competencia de las cinco fiscalías regionales. La primera en definirse será la N° 2 con cabecera en Rosario. En la provincia funcionan cinco fiscalías regionales y cada fiscal regional es jefe del MPA en la división territorial para la que fue designado, y es el responsable del buen funcionamiento de la institución en el área respectiva. Los regionales tienen un mandato de seis años y tienen una posibilidad de reelección.

Los habilitados para competir por la regional 2 son Iribarren (hoy fiscal regional interina), Carla Cerliani, Carlos Covani, Fernando Dalmau, Valeria Haurigot, María León, Miguel Moreno, Viviana O’Connell, Matías Ocariz, Schiappa Pietra, Sinópoli y Vranicich.

En tanto, el lunes 6 de marzo, el jurado escuchará y entrevistará a los siete candidatos para la regional 5 con sede en Rafaela donde uno de ellos es el actual fiscal Diego Vigo. Los otros son Lema, León, Mudry, Sinópoli, Orlando Tonioli y Carlos María Vottero. El mismo lunes, por la tarde, el procedimiento será para cubrir el cargo en la Regional 3 con asiento en Venado Tuerto. El actual regional interino, Matías Merlo, es uno de los inscriptos, más Lago, León, Palmolelli, Pueyrredón y Sinópoli.

También el martes 7 habrá doble jornada para el jurado. Por la mañana, el Regional 4 con cinco aspirantes, entre ellos el actual titular Rubén Martínez. Los otros son León, Leandro Mai, Alejandro Rodríguez y Diego Savagna. Por la tarde, en tanto, el concurso por el cargo de Auditor General de Gestión donde la hoy auditora María Cecilia Vranich es una de las postulantes. Los otros Juan Manuel Costantini, Covani, Lago, Mai, Palmolelli y Marina Pieretti.

Diversas agrupaciones y particulares reclamaron a los jurados de los concursos para cargos de conducción del MPA y de la Defensa que, a la hora de confeccionar las ternas para que el gobernador remita luego los pliegos respectivos a la Legislatura, se tenga en cuenta la paridad que la ley dispone en los cargos judiciales y también la trayectoria de los postulantes en materia de derechos humanos, perspectiva de género y niñez. Y también que el mandatario tome en cuenta esos parámetros al seleccionar a los candidatos.

En un comunicado, recuerdan que el MPA inició sus funciones en febrero de 2014. “Previo a ello, desde abril de 2011 asumieron como fiscal general y fiscales regionales 6 varones. Posteriormente, en fecha 15 de octubre de 2015, un fiscal regional renunció y fue reemplazado por otro varón. Lo mismo ocurrió el 24 de noviembre de 2016 cuando un fiscal regional fue suspendido en sus funciones y también fue reemplazado por otro varón. En abril de 2017 se renovaron las autoridades y nuevamente los cargos de fiscales generales y regionales fueron ocupados por varones. Es decir, desde los inicios del MPA sólo la Auditoría General de Gestión (que estuvo vacante hasta abril de 2017) fue un cargo superior ganado en concurso y ejercido a partir de ese año por una mujer”.

Al respecto, recordaron que, en la actualidad, y desde 2020, rige en nuestra provincia la Ley 14.002, de Paridad de Género, cuyo objeto es, conforme su Artículo 1, establecer ese principio en la composición e integración del Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, además de partidos políticos, entes públicos o con participación estatal y asociaciones, consejos y colegios profesionales. Y que el artículo 3 señala específicamente en su punto e) que la paridad de género se aplica en el Poder Judicial. Por lo cual exhortan tanto al jurado como al gobernador a cumplir con las pautas establecidas por la norma, para que la provincia sea “un ejemplo de respeto e igualdad” y la paridad de género “deje de ser una deuda”.

Suscriben el documento la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, entre otras organizaciones y personalidades como Marta Fassino, Alicia Tate, Mabel Busaniche y Paula Condrac.

(Por Mario Cáffaro) – Federico Delgado es fiscal federal en los tribunales porteños de Comodoro Py; ha escrito tres libros donde formula reproches al funcionamiento del sistema judicial y propone mecanismos para mejorarlo. Invitado por el bloque de diputados Igualdad que integran Agustina Donnet y Rubén Giustiniani disertó en Rosario y en la Cámara de Diputados de la provincia. Sobre estos temas habló con El Litoral.

– La Argentina está cumpliendo cuarenta años consecutivos de vida en democracia y usted cree que es un buen momento para pensar el sistema judicial?

– Sí porque el sistema judicial no da hoy respuesta a todos los sectores.

– ¿Cuál es para usted la principal falla del sistema judicial?

– Hay que empezar por pensar para qué nació el sistema judicial. Al vivir en sociedad renunciamos a hacer justicia por mano propia. Consentimos que conflictos que violan la ley los tienen que resolver un grupo de personas de acuerdo con la legislación vigente: jueces y fiscales. El sistema judicial tiene que resolver esos conflictos en un plazo razonable y esas resoluciones tienen que ser respetadas. Respetadas, porque uno va a estar contento porque ganó y otro va a estar triste porque perdió. O sea, solucionar conflictos en un plazo breve y que esa palabra sea respetada. Nada de eso ocurre hoy. La palabra judicial está sospechada como dispositivo. Hay buenos jueces, buenos fiscales, buena gente en tribunales, pero la palabra está sospechada. Además la justicia llega, resuelve los conflictos, en general, tarde y mal. A un trabajador lo despiden arbitrariamente, hace un juicio, tarda quizás 10 años en cobrar su indemnización. Un reclamo de un comerciante por un cheque demanda un proceso de diez años, ni qué hablar de los accidentes de tránsito. La justicia llega tarde, prolonga mucho los procesos y encima está sospechada. Ante esta situación, lo primero que hay que hacer es reconocerla y empezar a trabajar.

La justicia tiene un desafío enorme que es recuperar confianza con la sociedad. Lo tenemos que hacer nosotros, los judiciales, pero hay cosas que tienen que hacer las élites políticas y considero importante mejorar dos aspectos: las designaciones y la rendición de cuentas de jueces y fiscales. Que expliquen cómo hacen su trabajo, por qué tardan tanto, por qué les va bien acá, por qué les va mal allá. Tenemos que tener un buen Consejo de la Magistratura y hace dos años que el Parlamento tiene la posibilidad de sancionar una nueva ley que organice el Consejo de la Magistratura, que es la sala de máquinas del Poder Judicial. Ahí se pueden repensar un montón de cosas para que se terminen las componendas políticas, el amiguismo, para que haya formas de rendir cuentas, para que esté reglada la relación entre los medios de comunicación y los magistrados, para que se cumplan los plazos procesales. Eso no lo puede hacer la justicia porque requiere un marco normativo que tiene que hacer el Congreso. Pero no pasa. Pensemos las veces que la política intentó hacer una reforma judicial y no pudo, pero también las pudo hacer. (Carlos) Menem y (León) Arslanián pudieron. Cambiaron algo muy difícil que era la ley de enjuiciamiento criminal en 1991. (Néstor) Kirchner y (Gustavo) Béliz fracasaron con una reforma judicial; Cristina Kirchner fracasó con su democratización de la justicia. (Mauricio) Macri y (Germán) Garavano fracasaron con Justicia 2020. Alberto Fernández fracasó con su proyecto de reforma judicial. Mi intuición es que cuando hablamos de reforma judicial hablamos de algo más que el aparato judicial. Hablamos de un aspecto que tiene que ver con la forma en que se ejerce el poder político en Argentina. El poder político en Argentina, su ejercicio, -es la tesis de mi libro- requiere una cuota de impunidad y el dispositivo judicial en su conjunto garantiza esa cuota de impunidad. Por eso es tan difícil reformar todo el aparato judicial.

– A veces el dispositivo es exactamente el mismo. Podemos pensar los juicios eternos en lo contencioso administrativo federal; las quiebras, ¿cuánto duran? 25, 30, 40 años. Los juicios laborales, 10 o 15. Los previsionales, los jubilados se mueren esperando su reajuste porque les liquidaron mal. La parte penal es, tal vez, el sector más visible. Pero es todo igual; el dispositivo es básicamente el mismo. El problema es el dispositivo. Es muy tentador reducirlo a una cuestión de nombres. Es probable que haya muchos jueces que se porten mal y que haya que juzgarlos y los organismos sabrán lo que tienen que hacer. Estoy convencido que si ponemos un conjunto de rabinos, de sacerdotes y de pastores no logremos cambiar; la maquinaria no se modifica. Hay que trabajar en el diseño institucional.

– En Santa Fe se reclama, porque es la próxima provincia a intervenir, la oralidad en el sistema penal federal. ¿Eso puede ayudar en algo al grave momento de inseguridad que atravesamos?

– El sistema empezó en Salta y Jujuy; el próximo paso es Santa Fe, pero también está trabado en el Congreso. La ley se sancionó en el año 2015. Lo que esa ley hace es quitar algo de poder a los jueces y repartirlo entre el Ministerio Público, que son los abogados de la sociedad. La ley es de 2015 pero todavía no se aplica universalmente en toda la Argentina. Evidentemente, hay un problema de poder político, de resistencias. No estoy seguro de que modifique algunas cosas. Los hombres, sobre todo los hombres de la comunidad jurídica, estamos atravesados por una cultura jurídica. Creo que en materia judicial a nivel federal, nosotros podemos cumplir la ley, no cumplirla y torcerla. Lo que hace nuestra cultura jurídica es torcer la ley.

La ley de procedimiento acusatorio, que está en Salta, en Jujuy, potencialmente es muy buena, pero necesariamente requiere de una transformación de los actores, de nosotros, de los judiciales. No estoy seguro que las leyes tengan el efecto de cambiar la realidad. A veces la realidad la cambiamos con nuestros hábitos y las leyes después receptan eso, que es al revés el proceso. Pero es solo una intuición.

– ¿Esto tiene que ver la formación de ustedes los abogados?

– Algo hay que pensar cómo se hace el abogado, cómo se hace el plan de estudio, cómo hacer para que el abogado esté más cerca de la sociedad, cómo hacer para que no sea solo un picapleitos, ¿no? Las universidades nos preparan para ser picapleitos, para discutir leyes y por ahí eso habría que pensarlo.

Para los que nos dedicamos a trabajar en el Estado, en el sistema judicial, hay un gran olvido del Estado Nacional en obligarnos a estudiar, en capacitarnos, en obligarnos a estar mucho más activos en lo que tiene que ver con seguir la evolución del conocimiento. No tenemos obligación de perfeccionarnos. Muchos lo hacemos porque nos gusta, pero no hay obligación.

Irónicamente, dijo que nuestros insumos son los conflictos humanos. Trabajamos con problemas de la sociedad, pero los conflictos cambian, se van complejizando y seguimos con la misma caja de herramientas que nos dio la facultad hace 10, 15 o 20 años atrás. Cuando me recibí en la facultad, las estafas eran con dinero, o eran con bancos, bancos físicos. Hoy son con criptomonedas, con bancos virtuales. Si uno no se pone a estudiar por decisión propia, no tiene herramientas para resolverlo. Entonces necesariamente el producto final va a ser pobre.

– Usted es fiscal en el fuero federal de CABA, pero no tienen toda la investigación, la tienen delegada a diferencia de nuestro sistema…

– A nivel federal es un sistema mixto. Los jueces se encargan de hacer todo aquello que tiene que ver con nuestros derechos civiles fundamentales: proteger el domicilio, las comunicaciones, disponer de la libertad. Todo lo demás lo pueden hacer los fiscales. Hay una mixtura que no estoy seguro que sea tan mala; desconfío de que un funcionario pueda hacer todo. Me gusta más que el poder esté compartido, porque si está compartido hay intersecciones, hay debates y no hay discrecionalidad. No me parece bueno que un juez o un fiscal, en la hechura de un proceso pueda hacer lo que quiere, pueda hacer todo. Porque todo el mundo es falible, por más buena fe que tenga. Considero que los procesos que tienen alguna mixtura son interesantes.

– Que no tengan un jefe de fiscales o un procurador general nombrado, ¿los perjudica en la tarea? ¿Cómo lo sienten?

– No creo que en la tarea, en el día a día, perjudique a ningún fiscal en particular. Puede perjudicar a la institución porque el procurador general tiene un mecanismo constitucional para ser designado que no es solo burocrático. Le da una espalda tremenda. El Parlamento lo legitima con una mayoría para que pueda exprimir -en el buen sentido- al máximo, todas las funciones que le asigna la ley orgánica del Ministerio Público. Un procurador interino, como el doctor (Eduardo) Casal, por más que tenga las mejores intenciones del mundo, no tiene esa legitimidad. Es una persona que está administrando un cargo hasta tanto los partidos políticos se pongan de acuerdo y designen un funcionario con una legitimidad que él no tiene, ni puede tener. En ese aspecto me parece que la institución la resiente. En Argentina hace tiempo que tenemos esos problemas cuando se necesitan mayorías calificadas para designar. Hay un problema de la política a la hora de construir mayorías para cargos que, por una función delicada que tienen que cumplir, necesitan una legitimidad especial, no por un capricho, sino porque está en la Constitución. Son cargos que además están pensados para trascender a los gobiernos de turno.

– Hoy está cuestionada la Corte Suprema de Justicia, ¿esto es bueno o malo para el sistema?

– La estabilidad tiene que existir porque un juez de la Corte, un procurador general, tiene que estar seguro que no va a ser un fusible que salte con un gobierno, pero eso no exime a ningún funcionario público de rendir cuentas. Ningún ciudadano está exento de rendir cuentas. Cualquiera de nosotros, ante determinado estímulo, tiene que rendir cuentas. Me parece que la estabilidad se confunde con la ausencia de rendición de cuentas. Tiene que haber estabilidad y tiene que haber mecanismos de rendición de cuentas.

– Usted cuestiona parte del sistema del cual forma parte, y lo deja por escrito en libros…

– Tuve maestros espectaculares, tipos que eran servidores públicos. Trabajaban en Tribunales porque concebían que integraban un servicio público. Nos enseñaban, nos recalcaban que teníamos la obligación de profundizar lo que está bien y tratar de cambiar lo que está mal. Y si no lo pueden cambiar, nos decían que había que contarlo para que algunos empiecen a discutir. En el año 2016 me pareció que la cosa se empezaba a complicar e hice con una amiga, y colega de usted, Catalina De Elía, un libro ‘La cara injusta de la justicia’. Contamos una impresión de lo que era el sistema judicial y con ejemplos de lo mal que trabajaba a veces. Después, otro llamado ‘Injusticia’, que era el lado externo, qué pasaba desde adentro, por qué la cosa estaba tan mal. Ahora ‘República de la impunidad’ para mostrar ya desde afuera, las cosas que hace el sistema judicial y que en definitiva inciden en la vida de toda la sociedad.

Con estos tres textos cerré un ciclo. Era la forma de contribuir, muy humildemente, al debate público sobre un poder del Estado que, tras 40 años de democracia -algo magnífico que hemos conseguido- que hay que cuidar. Así como una generación consiguió la democracia, otra generación la consolidó, quizá lo que ahora nos toca es empezar a trabajar algunas cosas de la república democrática que no funcionan bien, y la justicia es una de ellas.

– ¿La divulgación de libros puede interrumpir su carrera judicial?.

– Yo quería ser deportista, quería ser tenista, y no me dio. La educación deportiva, hacer las cosas bien, hizo que me tome muy en serio el trabajo en la justicia. Llegué a fiscal medio de casualidad. No me interesó ascender. Si me gustaría volcar mi experiencia dentro de la institución para construir reglas, incentivos institucionales para que no haya más trampas, para que haya premios para los buenos, y haya responsabilidad para los malos. No me interesa el ascenso, la carrera judicial y en cierto modo eso me da un poco de libertad.

– Desde el punto de vista personal, ¿cuál fue la causa que más impactó en el trabajo?

– Fue el momento en que un juez de la democracia le dijo al almirante (Emilio Eduardo) Massera que el nombre de la Constitución lo detenía por robar bebés durante el gobierno de facto. Fui testigo y partícipe de un momento en que la Constitución Nacional, que había sido violentada por un gobierno de facto, con el lenguaje de la ley, con el lenguaje de los derechos, le decía a una persona que había representado todas esas violaciones a los derechos humanos, que a partir de ahora rinde cuentas ante sus conciudadanos en nombre de la Constitución. Yo que soy juez de la Constitución le comunico que está detenido por esto, por esto, por esto y por aquello. Fue un momento muy importante que me marcó para siempre.

– ¿Usted era fiscal de la causa?

– Sí, muy joven, tendría 29 años, y el juez era Adolfo Bagnasco. Fue a fines de los 90, todavía no habían reabierto los juicios de derechos humanos y lo único que se podía investigar era el robo de bebés.

También me marcó mucho haber intervenido en los sobornos del Senado y en la tragedia de Once. En Once pude ver en carne propia que la corrupción mata. Con los sobornos del Senado vi que la corrupción podía descomponer los cuerpos políticos.

– En el caso de Once hubo una fuerte presión de los familiares, una apropiación social del caso de los familiares y fue muy importante.

– Los familiares no hicieron nada ilegal. No presionaron, pero mantuvieron el reclamo. Fue muy bueno, es un ejemplo muy interesante de cómo la sociedad civil puede exigir que el sistema judicial haga lo que tiene que hacer.

En este último libro, el fiscal Federico Delgado revisa las prácticas que hacen posible la impunidad en la Argentina y que forman un sistema que se reproduce para garantizar que nada cambie. Y explica el rol de los actores decisivos: jueces; fiscales; funcionarios públicos y periodistas. Delgado recurre a casos judiciales; experiencias personales y algunos conceptos teóricos para mostrar cómo se construye socialmente la impunidad; identificar a sus actores principales; exponer cuál es el soporte cultural del problema; quiénes ganan y quiénes pierden y; finalmente; explicar por qué la impunidad atraviesa toda la vida pública argentina.

Beatriz Forno, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, será la quinta integrante del cuerpo evaluador del proceso de selección de autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) mientras que Natalia Rubio (Colegio de Abogados de Rosario) y Bibiana Alonso (facultad de Derecho de la UNR) se sumarán al cuerpo para el caso del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

Los nombres de las tres abogadas surgieron del sorteo público realizado ayer en la sede del Consejo de la Magistratura para completar los cuerpos evaluadores titulares y los suplentes para seleccionar los nombres de los candidatos para cubrir los principales cargos de conducción de ambos organismos del sistema procesal penal santafesino.

Las elegidas ahora tienen cinco días para aceptar la tarea y el objetivo del Poder Ejecutivo es avanzar en febrero con el concurso para tener listos los pliegos en marzo ya que a fines de abril vencen la mayoría de los mandatos de las autoridades actuales del MPA y de la Defensa.

El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach -a cargo de la cartera de Gobierno por licencia de su titular, Celia Arena- y el fiscal de Estado, Rubén Weder, participaron del sorteo junto a funcionarios del Consejo de la Magistratura; Roberto Dellamónica en representación del Colegio de Magistrados así como varios fiscales actuales del MPA.

Ambos cuerpos evaluadores habían quedado constituidos cuando se inició el concurso, pero nueve de los integrantes desistieron de formar parte del proceso, por lo cual se realizó este nuevo sorteo para completar los jurados y encaminar ambos concursos.

El compromiso del gobierno fue constituir cuerpos evaluadores paritarios por lo cual se solicitó -en reuniones previas- al Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales; a las facultades de Derecho tanto de UNL como de UNR y a los cinco colegios de abogados listados de representantes para integrarlos.

En el caso del MPA donde se deben elegir fiscal general, los cinco regionales y el auditor general de gestión, Forno se sumará al cuerpo evaluador que conforman Eugenio Vezzaro, Aníbal Pineda, Sergio Alvira y María Florencia Blotta. Tres de los primeros sorteados renunciaron a la carga y a una cuarta, Sandra Valenti, le fue aceptada la excusación. Los renunciantes fueron la ahora presidenta de la Cámara de Casación Penal, Ana María Figueroa así como Alejandro Slokar y Arsenio Domínguez.

En tanto, Georgina Depetris (Colegio de Magistrados) y Sandra Bonzi (Colegio de Abogados de Rafaela) quedaron como suplentes para dicho concurso junto a Aldo Alurralde. Además resultó sorteado ayer Lionel Porta (Colegio de Abogados de Venado Tuerto) para completar el banco de suplentes.

En el caso de la Defensa, Rubio y Alonso se sumarán al cuerpo evaluador que ya tiene en sus miembros titulares a Gustavo Salvador, Rodolfo Zenhder y Enrique Alvarez. Cabe recordar que Marta Feijoó y Angela Ledesma habían renunciado tras el primer sorteo al igual que los suplentes Danilo Kilibarda, Gabriela Del Castillo, Carolina Hernández y Elida Vidal. En el caso de suplentes para este concurso fueron elegidos Myrna Borrego (Colegio de Abogados de Reconquista), María Soledad Ruiz (Colegio de Abogados de Rosario), Ana Durand (Colegio de Abogados de Venado), Leandro Ríos (UNL) y Juan Manuel Fascia (Colegio de Abogados de Rosario).

En este concurso se deberán seleccionar los postulantes a Defensor General y cuatro de los cinco regionales. Tiene mandato por más largo plazo el fiscal regional de la tercera circunscripción con sede en Venado Tuerto, Mariano Mascioli.

Durante el sorteo, el ministro Corach expresó que “estamos cumpliendo con los pasos para completar los jurados del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa Penal, en el marco de un proceso absolutamente transparente como lo es un sorteo público, para determinar cada uno de los jurados que intervendrá en la selección de los fiscales general y regionales. Posteriormente, vamos a notificar a cada uno de los jurados sorteados y, de no existir oposición, en cinco días el jurado quedará definitivamente completo para que, en febrero, comience la instancia de entrevistas de cada uno de los postulantes”.

El subsecretario del Consejo de la Magistratura, José Carlos Fernández Vigil, agregó que al quedar completo el jurado esto permitirá dar continuidad al concurso. “El próximo paso es la aceptación de los designados en este acto y, si se da la aceptación, se conforma el jurado con aquellos que ya estaban más los que fueron sorteados. Posteriormente, se hará la publicidad de eso y la admisión de los que ya están presentados para concursar en los distintos estamentos”, detalló.

Cinco son los postulantes para ocupar el cargo de Defensor Provincial que hoy ostenta Jaquelina Balangione. Son Estrella Moreno Robinson (hoy defensora regional en Rafaela), Jorge Miró (regional Santa Fe), Gustavo Franceschetti (regional Rosario), Gonzalo Armas y Luis Ceserani.

Para las regionales se anotaron 9 para la I; 7 para la II; 5 para la IV y 4 para la V.

Son trece los inscriptos para competir por el cargo de fiscal general para reemplazar a Jorge Baclini que terminará su mandato a fines de abril. Baclini es el segundo fiscal general del nuevo sistema, cargo que no tiene posibilidad de reelección como sí los fiscales regionales. El primer fiscal fue Julio De Olazábal.

Dos de las anotadas son mujeres y con cargos actuales en la conducción del MPA. María Cecilia Vranich, actual auditora general de la gestión, y María Eugenia Iribarren, fiscal regional subrogante de Rosario.

También están anotados dos fiscales regionales: Carlos Arietti (Santa Fe) y Rubén Martínez (Reconquista). Además registraron su firma: Fernando Palmolelli, Alejandro Sinópoli, Eduardo Lago, Roberto Prieu Mántaras, Carlos Covani, Horacio Pueyrredón, Javier Beltramone, Luis Schiappa Pietra y Luis Ceserani.

En tanto, son 16 los inscriptos para la fiscalía regional I donde no está el actual titular, Arietti; 15 en la II con sede en Rosario, entre ellas Iribarren; 10 en la III, entre ellos Matías Merlo quien subroga el cargo regional; 7 en la IV, entre ellos el actual Martínez y 10 en la V donde no se inscribió el titular actual, Diego Vigo.

Finalmente son 11 los postulantes a la Auditoría, entre ellas la actual titular Vranicich.