Por Mauro Hugo Bertozzi (*)

Un latifundista que dentro de un propicio contexto histórico, financió los bonos de 1878 del estado argentino a favor de la Campaña al desierto en 1879. Tierras de la pampa central, que, bajo el mercado de valores de Londres, fueron suscriptas también por capitales británicos.

La historia nos ha dejado sobre Eduardo Casey -fundador de Venado Tuerto- una mirada progresista, con virtudes en el manejo de operaciones inmobiliarias y una visión macroeconómica que le permitió pendular con los capitales británicos y sus socios ingleses, emprendimientos rurales sujetos a normas de colonización. En este caso vamos a transitar el camino sujeto en gran parte a la especulación financiera, la entrega de extensiones latifundistas a sociedades británicas, y una postura comercial y funcional a favor de los capitales ingleses, propietarios de tierras en la pampa central, parte de la pampa húmeda y sur de la provincia de Buenos Aires. También es materia de análisis su participación como financista de la Campaña al Desierto y las grandes extensiones de tierras obtenidas post regalías militares. Como corolario final, abordaremos el tema de sus quebrantos y la pérdida de grandes extensiones de las mejores tierras a favor de la Baring Brothers, como consecuencia de los empréstitos con la firma, dejando como garantía las tierras de Argentina. Tierras que aún hoy pertenecen a capitales del Reino Unido. 

Casey no solo fue conocido por su vertiginosa vida social, sino que sus inversiones se llevaron la atención de los grandes grupos sociales y políticos de la década de 1880. En líneas generales, la podemos referenciar en dos grandes grupos, las inversiones rurales y las de producción industrial. La concentración de leguas cuadradas adquiridas en todo el territorio nacional superaba ampliamente el millón de hectáreas. La nueva revisión de aquellos conceptos históricos, aglutina registros e investigaciones que aseveran la participación de Edward Casey de aquella propuesta estatal, en conjunto con la mayoría de la clase pudiente. Lo primero que vamos a contextualizar es que el Estado nacional, a través de sus representantes, legisló las leyes para la instrumentación de plan.    

La Ley N° 947 fue promulgada el 5 de octubre de 1878, constando en el artículo primero, donde autorizaba al Poder Ejecutivo para invertir hasta la suma de 1.600.000 pesos fuertes en la ejecución de la ley del 23 de agosto de 1867. Esta ley de ocupación de tierras de 1867 disponía el establecimiento de la línea de fronteras sobre la margen izquierda de los ríos Negro y Neuquén, previo sometimiento o desalojo de los indios bárbaros de la Pampa, desde el río Quinto y el Diamante hasta los dos ríos antes mencionados. Como consecuencia de ello, el artículo quinto de la Ley 947 establecía una suscripción pública por el importe de la cantidad expresada en el artículo primero, la cual sería destinada a los gastos que demanda la ejecución de esta ley, sujeta a las tierras enajenadas. La suscripción se realizó por medio de 4 mil títulos de a 400 pesos fuertes cada uno, emitidos nominalmente o al portador, a opción de los suscriptores, y pagaderos por cuotas de 100 pesos fuertes cada tres meses. Conforme a la Ley 947, la Caja de Crédito Público vendió miles de títulos amortizables con tierras, que se negociaron en las bolsas de Buenos Aires, París y Londres. Cada título daba derecho a la propiedad de una legua de tierra  (2.500 hectáreas) en los territorios por conquistarse y otorgaba una renta en efectivo del 6% anual hasta que se hiciera efectiva la posesión de la propiedad. A pesar de que ambas leyes, la de 1867 y la de 1878, abordan un contenido similar, la primera registra las formas legales de los procedimientos y la segunda, el detalle de cómo es la estrategia para conseguir los recursos y su aplicación mediante el empréstito.  La Conquista del Desierto se realizó de acuerdo a procedimientos legales constituidos bajo leyes. El Congreso dictó una ley habilitando el emprendimiento y otorgando los fondos económicos para la ejecución de la misma.

En términos económicos, a la campaña del desierto hay que pensarla como la estrategia de las clases propietarias para fortalecer su condición dominante. Si el modelo de acumulación económica (primario-exportador) era el principal insumo, lo constituían las tierras. Este fue el principal móvil que ostentó a todos para la expropiación, guerra de por medio de aquellas tierras. Edward Casey tenía una posición clave en 1878; con sus jóvenes 31 años estaba ya formado en los negocios de campo, caballerizas y en materia de exportación también. Por algún lugar he leído y no logro recordar que su hermano y socio Santiago Casey fue uno de los proveedores de caballos al Ejército argentino. Cuando en 1879, el Congreso votó destinar fondos para iniciar la campaña al desierto, no sólo que dio los medios materiales para cumplir con ese objetivo, sino que la legitimó con todas las herramientas democráticas existentes. El responsable político de la campaña fue el presidente Nicolás Avellaneda, y el Congreso de la Nación apoyado por la clase dirigente de la época. Para bien o para mal, la Argentina se termina de constituir como Nación en los años ochenta. Y la campaña al desierto fue una de las decisiones que afianzó esa nacionalidad en términos económicos, territoriales y sociales, con las consecuencias devastadoras a las etnias existentes. Que la campaña incluyó la apropiación de tierras por parte de la oligarquía terrateniente, no debería llamar demasiado la atención, ya que el modo de acumulación estaba fundado en la propiedad extensiva de la tierra, en el marco de una economía abierta primaria exportadora. Fue la clase social que estaba al mando de una Nación en formación. 

Todavía era la pampa violenta, resabios de una conquista propia entre argentinos violentos. Una guerra que se planificó legal, pero que, tras 140 años, la simbólica zanja de Alsina fue el preludio de una cicatriz similar al espíritu de la misma. Sencillamente nos dividió en el pensamiento. Cuando la tierra terminó de ser adjudicada, previa división de parcelas por diferentes remates, posteriormente fue alambrada. Esa tierra se heredó con asentamientos criollos. Muchos de ellos se transformaron en una clase regular de trabajadores rurales, perdurando sus rasgos bravíos en el modo de vida de los criadores, domadores, baqueanos, cazadores y matreros de las zonas marginales. Muchos de ellos estuvieron años bajo el mando del ejército argentino en la línea de frontera. En el mismo año que finalizaba totalmente la campaña, en 1885, el Congreso de este país dictaba la ley de premios militares, otorgando tierras a los conquistadores del desierto en una escala que iba desde miles de hectáreas para los que financiaron el plan mayor, cientos a los jefes militares y hasta cien para los soldados rasos.  Los inversionistas recibieron tierras a partir de 1880, el resto cinco años después. 

La década exitosa de Edward Casey en los emprendimientos rurales queda referenciada a partir de los grandes remates post Conquista del Desierto, más precisamente de 1880 en adelante. Pero ya era poseedor de tierras antes de 1879, adquiridas en el límite (Sur Este) del departamento denominado hoy General López, de la Provincia de Santa Fe y el extremo Norte de la Provincia Buenos Aires. Como referencia, situamos estos campos, cercanos a la zona denominada en su momento colonia Teodelina. La superficie no superaba las seis leguas cuadradas. Los demás campos familiares adquiridos por su padre Lawrence Casey, fallecido en 1876, conservados por su hermano Guillermo Casey, fueron vendidos post 1900, al fallecimiento de su madre. Puntualmente se encontraban en la confluencia de los partidos de Gral. Las Heras, Navarro, Lobos, Luján y Gral. Rodríguez. Toda la región referenciada como la “Nueva Irlanda”. La operación inmobiliaria de los “Campos del Venado Tuerto”, en 1880 y 1881, la mayor compra y posterior remate en aquellos días, fueron unas 180 mil hectáreas. La medida en metros cuadrados por legua era una conversión de 2.500 metros cuadrados. Podemos establecer por su ubicación geográfica que los “Campos del Venado Tuerto” no fueron tierras que estuviesen en riesgo de recuperación. No para cuando se realizó la Campaña al Desierto en 1879. La comandancia del fuerte de Melinkué y los sucesivas postas y fortines de porte menor, resguardaban la imaginaria línea fronteriza, que ya preservaba en su interior los caminos reales. Prueba está que estas tierras se ofertaron sin límites interprovinciales demarcados, motivo por el cual Casey, al comercializar las parcelas afrontó los juicios de los herederos de “La Merced de Arrascaeta”, antiguo reclamo entre los límites del Sur de Córdoba y Santa Fe. Estas tierras, las famosas 72 leguas cuadradas, fueron ofrecidas en una primera instancia al empresario Carlos Aldao en 1873. Operación inmobiliaria que no llegó a buen puerto.  Para el año 1883, Casey vuelve a obtener otras 100 leguas cuadradas, denominadas como “Loreto”. La conversión al sistema métrico decimal arroja unas 250.000 hectáreas. Estos campos eran linderos al de las 72 leguas, posicionando su mayor superficie dentro de los límites de la Provincia de Córdoba. Otra de las operaciones que tuvo una relevancia similar a las anteriores, fueron las tierras del departamento Trenel, en la Provincia de La Pampa, en 1881. Fueron unas 340 mil hectáreas obtenidas del gobierno nacional. Su ubicación geográfica nos indica que estas tierras sí están ligadas a las leguas recuperadas por la Campaña al Desierto en 1879 y en consecuencia bajo la ley del empréstito de 1878. Y el 17 de junio de 1881, bajo una sociedad de capitales británicos, se anunciaba la compra de 300 mil hectáreas de tierras de la región de “Sierra de la Ventana”, más precisamente de la “Curamalal” (Corral de Piedra). Tierras obtenidas también en 1879 en la guerra contra el indio, que fueron adjudicadas en primera instancia como premio a los servicios al Ejército argentino del Comandante Plaza Montero. 

1880, 1881, 1882 y 1883 fueron años en que Edward Casey asume con fuertes inversiones, de capitales propios, sociedades británicas y socios ingleses. La suma de los emprendimientos fue superior a un millón de hectáreas, de las cuales gran parte fueron para la distribución selectiva de socios y amigos irlandeses, otras para compañías británicas formadas para la comercialización de ellas y una fracción mucho menor para la colonización, este último sujeto a las leyes vigentes de poblamiento rural. Entiéndase que la adquisición de tierras vírgenes estaba sujeta a planes de colonización. El gobierno de turno las promocionaba para generar la apertura de una Argentina sin desarrollo rural, tratando de evitar la especulación. 

La madre de todas las investigaciones realizada sobre las tierras de los ingleses fue obra de Eduardo José Miguez, referencia absoluta al momento de cuantificar la evolución de las compañías de tierras en Argentina. Las sociedades o sindicatos que Edward Casey formó con capitales británicos, son una muestra de cómo algunos gobiernos argentinos fueron funcionales y fieles a los proyectos y financiación de tierras en Sud América por el Reino Unido. La Baring Brothers y la financiera Rosthchild penetraron en nuestro continente financiando guerras y proyectos de exportación de materias primas. En la nueva biografía actualizada, trabajo en curso denominado El Atlas de Casey, trataremos de revisar aquellos conceptos históricos que llevaron al “Goliath de las finanzas” a promoverse como un nexo operador inmobiliario, dejando como garantía las tierras del Estado argentino. Operaciones que post crisis de 1890, muchas de ellas, al día de hoy son conservadas por propietarios ingleses, como lo es la estancia madre en Cura Malal. 

(*) Escritor e investigador de la historia regional

Hace 11 años, precisamente a mediados de julio de 2010, ganó protagonismo en la agenda mediática venadense la campaña de la ONG Las Juanas, que impulsaba una petición ante el Concejo Municipal para que la calle Julio Argentino Roca se convierta en Juana Azurduy.

Como parte de esa avanzada, la agrupación colocó unos cuantos carteles con el nombre de la guerrera en las luchas por la Independencia: en lo alto de los postes nomencladores figuraba la leyenda: “Calle Juana Azurduy Cambiamos exclusión por integración”.

Sin embargo, la propuesta nunca progresó porque, más allá del guiño favorable del entonces intendente José Freyre, la Comisión de Nomenclatura, organismo asesor del cuerpo legislativo en la materia, nunca fue proclive a este tipo de cambios de denominación, en ningún caso.

La integrante de la Comisión de Nomenclatura, Alejandra García, recordó que “con fecha 25 de agosto de 2010 se aconsejó no hacer lugar al pedido por los perjuicios que ocasionan los cambios de calles pobladas de la ciudad. Y porque, más allá de que personalmente amo la figura de Juana Azurduy, Roca tuvo luces y sombras, no fue solo la Campaña al Desierto, también impulsó todas las leyes laicas sobre matrimonio, registro civil, cementerios, la Ley de Educación N° 1420 (laica, gratuita y obligatoria) y muchas otras iniciativas desde sus presidencias. Por ello, como hacemos siempre, propusimos nominar Juana Azurduy a una calle sin nombre”, completó.

Cabe agregar que desde el reglamento interno de la Comisión de Nomenclatura, según ordenanza Nº 3340/06, en su artículo Nº 10 expresa: “Esta Comisión de Nomenclatura no aconsejará el cambio de nomenclatura de espacios públicos. En tal sentido, esta Comisión cree que los nombres son testimonios a través del tiempo en forma determinada de relación entre el hombre, la sociedad y el lugar, tienen su historia y ésta no debe estar al servicio de banderías políticas, cuestiones reivindicativas o posiciones ideológicas. Por otra parte, el cambio de nomenclatura, induce a una perjudicial confusión en diversos planos; a nivel vecinal, el acostumbramiento de los vecinos al nombre histórico del espacio, conlleva a la comunidad de la misma en el lenguaje corriente; en el plano histórico, dificulta todo estudio retrospectivo y perturba el desarrollo de los conocimientos generales en cuanto a la nomenclatura del municipio. Cabe agregar que a nivel económico también ocasiona perjuicios a los vecinos, debido a los gastos en reconversión de avisos, carteles, facturas comerciales y documentación personal”.

Sin dudas, el caso venadense, que a lo largo de los últimos años tuvo réplicas en incontables localidades argentinas, se actualizó esta semana a partir de la polémica suscitada en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, que lanzó un concurso para rebautizar el Parque “Campaña del Desierto” y elegir un nuevo nombre. Sin embargo, el nombre más votado por la ciudadanía bahiense, a través de las redes sociales, fue Julio Argentino Roca, nada menos que uno de los cerebros de aquella campaña de conquista y exterminio sobre pueblos originarios. También fueron votados, en menor medida, otros nombres para rebautizar el Parque Municipal, como “Raúl Alfonsín”, “Barranco de los Loros”, “René Favaloro” o “César Milstein”.

Según informó el diario bahiense La Nueva, no sólo que Julio Roca fue el más votado, con 2.200 votos, sino que en segundo término se ubicó, con unos mil votos, la propuesta de no alterar el nombre original, es decir que se siga llamando “Campaña del Desierto”.

Ante el resultado puesto, el Municipio suspendió la votación e instó a tratar el tema nuevamente en el Concejo.

Cabe acotar que la Intendencia, a la par de la remodelación y reforestación del predio, habilitó la consulta popular para el cambio de nombre por considerar cuanto menos polémica la campaña militar en cuyo marco se ocuparon grandes extensiones del territorio pampeano y patagónico a fines del siglo XIX.

Mientras la figura de Julio Argentino Roca ocupa el centro del debate público en Bahía Blanca, en la vecina ciudad de Rosario se puso en el tapete a Ernesto “Che” Guevara. Allí, la agrupación universitaria Alternativa, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), salió a las calles a juntar firmas bajo la consigna #FueraCheGuevara, exigiendo al Concejo de Rosario la revocación del otorgamiento del mérito de Ciudadano Ilustre, y también al intendente Pablo Javkin renombrar la Plaza del Che, en el Parque Yrigoyen, por un nombre votado por la ciudadanía rosarina. Del mismo modo, “solicitamos la remoción del mural guevarista de la Plaza de la Cooperación. Pedimos honestidad y coherencia a la clase política. Los rosarinos no queremos el nombre de un asesino en nuestra ciudad. No al apoyo a figuras dictatoriales”, manifiestan los estudiantes, que aprovecharon la repercusión internacional de los reclamos en Cuba para cuestionar a una de las figuras míticas de la Revolución y, de paso, apoyar a los exiliados cubanos y venezolanos que residen en Rosario, en un acto que se realizó en el Monumento a la Bandera.

Alejandra García, docente e historiadora.

En busca de una perspectiva local sobre estos temas de actualidad en otros puntos del país, pero que también fueron asuntos de debate en la ciudad años atrás, Sur24 acudió a la docente e historiadora Alejandra García, quien además se desempeña en la Comisión de Nomenclatura: “En el caso de Bahía Blanca, se pide renombrar desde el Municipio, a través de la votación de la población, un predio, que ahora lleva el nombre Campaña del Desierto. Hoy, desde la historiografía no se acuerda conmemorar como gesta a la misma por la connotación negativa que tuvo, pues más allá que con ella Argentina ocupó efectivamente la Pampa y la Patagonia, fue cuestionable el destino final de las poblaciones aborígenes y su cultura. En principio -continuó- ni siquiera la denominación es correcta, actualmente se ha revisitado ese proceso historiográficamente, y no hubo ‘una campaña de Roca’, sino un ciclo de ofensivas coordinado sobre territorio indígena, que comenzó antes de 1879 y terminó durante la primera mitad de 1880”.

Siguiendo con la evaluación del caso bahiense, la docente comentó: “Con respecto a la pertinencia o no, se trata de un predio suburbano, no habitado, lo cual no generaría inconvenientes, porque no está el acostumbramiento de los vecinos, ni a nivel económico habría perjuicio por cambio de cartelería o documentación. Paradójicamente, el nombre más votado para el cambio, fue el de ‘Roca’, con 1.400 votos, siguiéndole ‘Barranco de los loros’ con solo 150”. Y amplió destacando la importancia de que “antes de poner el acento en el cambio del nombre de un espacio, se dé lugar en la población a un debate en relación a los procesos históricos en cuestión”.

Más adelante, con respecto al tema del “Che” Guevara en Rosario, dijo que “esto excede el cambio de una nomenclatura por otra. Hay una cuestión ideológica que va más allá, permeando todo, porque piden que se revoque el nombramiento del Che como Ciudadano Ilustre, se quite el nombre de la plaza, y todas las iconografías y murales de éste en la ciudad”. Y agregó García que “esto no es nuevo en Argentina: Rosas no era citado desde la historia oficial, y no hubo calles con su nombre, ni billetes, ni pudo repatriarse su cuerpo, hasta el menemismo. Lo mismo pasó con Perón. Si uno revisa la documentación de los años posteriores a su caída, se lo nominaba como ‘el dictador’, proscribiéndose no solo su accionar político, sino su nombre en arterias y representación en esculturas e imágenes. De hecho, en nuestra ciudad, no hubo una calle con su apellido hasta después del año 2000”.

“Ese es el peligro de dejar expuesta la nomenclatura a los vaivenes políticos e ideológicos, que verán, según sea su perfil, las luces y no las sombras, o su reversa -algo que, por otro lado, todos los que incursionaron en política dentro de la democracia han tenido-, lo que llevaría a un cambio periódico de la nomenclatura de la ciudad y un trastorno para sus habitantes”, sentenció.