El Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de Santa Fe expresó su apoyo al proyecto de actualización del Código Procesal Laboral de Santa Fe que impulsa el diputado José Corral y que se encuentra a discusión en la Cámara de Diputados.

Para el sector "esta reforma representa un avance fundamental para corregir distorsiones estructurales que hoy encarecen el sistema de ART y restan competitividad a las empresas santafesinas, sin que ello signifique una mejora real en la protección del trabajador".

José Corral.

Destacan las entidades firmantes que "hoy las empresas santafesinas enfrentan una alícuota promedio de ART del 4,03%, cifra que supera en un 45% el promedio nacional. Esta disparidad, sumada a una tasa de litigiosidad que duplica a la de Córdoba (260 juicios contra 118 por cada 10.000 trabajadores), representa un sobrecosto anual de USD 100 millones para el sector productivo de la provincia".

Informan que el proyecto propone dos cambios claves: instancia obligatoria de Comisiones Médicas, como paso obligatorio para agilizar la resolución de conflictos antes de llegar a la vía judicial; y honorarios periciales objetivos, desvinculando los honorarios de los peritos del monto de la sentencia o el grado de incapacidad.

José Corral. Crédito: El Litoral

Los firmantes, Bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario; Fisfe; Adeesa, Camarco de Santa Fe y de Rosario, Fececo, Federación Gremial, Carsfe, Federación Agraria Argentina y Coninagro, solicitan a la Legislatura "dar un tratamiento urgente y favorable a este proyecto, herramienta indispensable para construir un entorno laboral más justo, previsible y competitivo para Santa Fe".

Las principales entidades del sector agropecuario agrupadas en la Mesa de Enlace expresaron su rechazo a las crecientes cargas tributarias impuestas sobre los productores rurales mediante un comunicado difundido simultáneamente en las redes sociales. En el texto, que se compartió en las cuentas oficiales de Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Coninagro, instaron a los legisladores de todos los niveles a evitar recurrir al aumento de impuestos como solución a los déficits fiscales y advirtieron sobre el impacto de estas medidas en el sector.

En el mensaje, las entidades expresaron: “Instamos a todos los gobiernos y legisladores que en estos días están discutiendo los presupuestos locales, provinciales y nacionales, a que no busquen subsanar las cuentas aumentando la presión a los productores #Bastadeimpuestos”. Asimismo, señalaron su preocupación por lo que calificaron como una proliferación de iniciativas para crear nuevas cargas impositivas, indicando que “vemos con preocupación la proliferación de ‘imaginadores o creadores’ que inventan tasas, impuestos y cargas que siguen impactando sobre quienes producimos, y de ‘copiadores seriales’ que intentan retomar esas ideas nefastas”.

El comunicado también hizo alusión directa a la situación en el municipio bonaerense de Necochea, donde el Concejo Deliberante aprobó recientemente la implementación de una “tasa solidaria” destinada al mantenimiento de la red vial urbana municipal. Según cálculos del sector agroexportador, este gravamen, que se aplica al movimiento de camiones sobre el puerto de Quequén, podría representar un costo adicional de 16.000 millones de pesos para los productores. Al respecto, las entidades alertaron: “Nos preocupa que ejemplos como las nuevas cargas que busca imponer Necochea sean imitados por otros municipios o legislaturas... porque en vez de copiar las buenas iniciativas, replican las sobrecargas”.

En el cierre del hilo, las organizaciones reafirmaron su rechazo a las medidas que aumenten la presión tributaria, insistiendo en que los gobiernos deben revisar sus propios gastos: “Todo eso genera sobrecarga y más presión sobre un sector que ya está asfixiado. Por eso les pedimos responsabilidad y cuidado”. Finalmente, subrayaron: “El camino es que eliminen los gastos superfluos o los privilegios de unos pocos, no que nos sigan castigando a los que producimos”.

El pronunciamiento conjunto refleja la inquietud del sector ante la posibilidad de que otras jurisdicciones adopten esquemas similares al de Necochea, en un contexto donde la actividad agropecuaria enfrenta múltiples desafíos económicos y financieros.

El Gobierno de la Provincia comenzó a desarrollar las mesas regionales de Seguridad Rural. Los primeros encuentros se concretaron esta semana en las localidades de Rafaela y Reconquista, donde se congregaron a representantes de los departamentos Castellanos, 9 de Julio, Las Colonias, San Cristóbal, Vera, General Obligado y San Javier. De estas instancias participaron autoridades de los ministerios de Justicia y Seguridad, Desarrollo Productivo y Salud, también fiscales regionales, legisladores provinciales, representantes de distintas entidades agropecuarias y de los gobiernos locales.

Los encuentros tuvieron como objetivo principal profundizar el abordaje estratégico en materia de seguridad rural, en una acción coordinada entre los organismos de seguridad, producción y justicia, junto a entidades agropecuarias y representantes de gobiernos locales. Se evaluaron las medidas implementadas hasta la fecha y se realizaron ajustes orientados a optimizar la labor conjunta entre las fuerzas de seguridad y las diversas instituciones. 

En el marco de estas acciones, el Gobierno de la Provincia y el Ministerio Público de la Acusación firmaron un convenio con cuatro entidades representativas del sector productivo y agrario: Carsfe, Coninagro, la Federación Agraria Argentina y la Sociedad Rural Argentina. La intención es trabajar en conjunto para identificar y abordar las principales problemáticas que afectan la producción rural, como el abigeato, la ocupación ilegal de casas rurales y el robo de animales.

“La presencia de cada fiscal regional, de representantes de las organizaciones agropecuarias es fundamental, ya que son ellos los principales responsables de garantizar cómo funciona el sistema de justicia criminal en estas situaciones”, señalaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad tras la rúbrica y luego destacaron “la importancia de mejorar las herramientas del Estado para ofrecer respuestas más rápidas y efectivas”.

Finalmente, explicaron que “el trabajo en estas mesas de seguridad rural permite conocer las problemáticas directamente de los actores involucrados, tejer redes de colaboración para encontrar soluciones, trazar líneas de acción y generar políticas públicas de calidad”.

El Régimen de Inversiones para el Desarrollo Agroindustrial (RIDA), es un proyecto que busca fomentar las inversiones en el sector productivo, similar al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Curiosamente, no son los legisladores libertarios quienes lo impulsan. De hecho, el plan, fogoneado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), fue retomado por Miguel Angel Pichetto y Atilio Benedetti. Incluye amortizaciones aceleradas y desgravaciones para quienes utilicen fertilizantes o semilla propia, entre otros incentivos.

Hoy, ambos legisladores fueron recibidos por Coninagro, cuyo presidente Elbio Laucirica se mostró entusiasmado por la reunión. "Con los diputados venimos trabajando los puntos importantes del proyecto de ley RIDA, le aportamos mejoras y creemos que sería un gran impulso a las inversiones en el interior. La idea es que sea apoyado por todos".

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Pichetto también hizo mención sobre el proyecto de Ley. "Ya está presentado en la Cámara de Diputados, junto con el diputado Atilio Benedetti estamos próximos a comenzar a tratarla en la Comisión de Agricultura. Vamos a dialogar también con la Comisión de Presupuestos que es fundamental para que la iniciativa pueda salir".

Atilio Benedetti y Miguel Ángel Pichetto mantuvieron una reunión con el Consejo de Coninagro.

En ese sentido, Pichetto también se mostró optimista. "Yo veo un ambiente favorable, creo que el sector necesita un apoyo. Me parece importante que también el sector agroindustrial argentino tenga una serie de beneficios que puedan permitir la reproducción de la actividad económica, la amortización de bienes de uso, lo que significa mejorar las líneas impositivas también con el IVA".

En esa misma línea, el diputado también opinó que "hay que iniciar una tarea que nos permita la comprensión del Poder Ejecutivo y que la Ley pueda salir y llevarse adelante, ya que hay bastante iniciativa. Varias leyes de este tipo han quedado frustradas en el Congreso, por lo tanto. me parece que hoy están dadas las posibilidades para que esta ley pueda salir y el Gobierno también pueda comprender que, así como incentiva inversiones en minería, en petróleo, en gas y otras actividades como la foresto industrial, este sector requiere también de un apoyo y de un aliento a las inversiones".

Más tarde, el diputado Atilio Benedetti, titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, valoró como "valiosísima" la reunión. "Son los representantes del interior profundo como decimos, o mejor dicho, de todo el interior del país".

También comentó que hablaron de varios temas, pero fundamentalmente de la posibilidad de avanzar con la Ley RIDA como un régimen de estímulo a las inversiones agropecuarias y agroindustriales. "Me parece que no hay nada más fuerte que una idea a la que le ha llegado su tiempo de incentivar uno de los motores que está en condiciones de arrancar, de hacer marchar la economía de nuestro país. Así que bueno, con muchas expectativas, hemos conversado, hemos intercambiado, y espero que podamos tener éxito", expresó.

Para terminar agregó: "yo creo que el gobierno ha logrado su objetivo, que es La ley Bases, y dentro de ese marco, está el proyecto RIGI, que es un estímulo a las grandes inversiones. Me parece que esto complementa en la misma línea la necesidad que tiene Argentina de desarrollar la actividad privada. Tengo la esperanza de que sea aceptado por el gobierno, de que podamos discutir los temas fiscales que tanto le preocupan, yo creo que esto es algo positivo, porque va a desencadenar o va a generar una decisión de inversiones que necesita imperiosamente el país y la agroindustria".

(Por Juan Manuel Fernández) - Tras algunas semanas de postergación por la alta demanda que la inseguridad les exige a los funcionarios, finalmente pudieron coincidir los ministros de Desarrollo Productivo y de Seguridad y Justicia para conformar, junto al ruralismo provincial, la Mesa de Seguridad Rural con Entidades Productivas.

Este jueves 11 de abril, Gustavo Puccini y Pablo Cococcioni encabezaron en Rosario el primer encuentro, con la participación de representantes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) y la Federación Agraria.

Puccini precisó que "en esta primera reunión escuchamos las demandas que la seguridad rural tiene en todo el territorio de la provincia. Hicimos un diagnóstico de los departamentos y los delitos que se han cometido, sean de hurto, robos o abigeato".

El funcionario indicó que lo más destacado fue el establecimiento de un protocolo de trabajo con la idea de que sea utilizado también en mesas departamentales o locales. "Buscamos trabajar en conjunto con los fiscales del Ministerio Público de la Acusación y con los presidentes comunales e intendentes para reforzar y ayudar con los controles sanitarios".

El ministro indicó que otra tarea de la Mesa será hacer una estadística mensual de ilícitos, por lo que subrayó la necesidad de "que las denuncias se realicen y puedan ser esclarecidas".

Al respecto, el secretario de Agricultura, Ignacio Mántaras, quién además de productor es abogado, declaró a Campolitoral que se quiere replicar estas mesas "a una escala más local", como ya sucede en algunos lugares, "donde confluyan el jefe local de Los Pumas, el fiscal regional, autoridades políticas y la Assal".

Al respecto Mántaras remarcó la importancia de que la cartera de Cococcioni sea también de Justicia. "Hay un canal de comunicación directa con el otro poder con bastante incidencia en este tema".

También indicó que "se habló mucho de los fiscales temáticos, concretamente los fiscales especializados en delito rural". Se trata de una demanda de larga data que nació desde Carsfe, en tiempos en que el funcionario era Secretario de la entidad.

En base a esa experiencia, Mántaras sostuvo que la falta de denuncias obedece a "un descreimiento (de los productores) en el sistema, por lo cual a veces las denuncias no suceden". O, si se da y se logra aprender al responsable, "al otro día a veces queda suelto".

Por este motivo, dijo, "se habló mucho de la denuncia; porque todo el sistema administrativo judicial se activa con la denuncia y lo que no está denunciado no existe".

Finalmente, Mántaras hizo hincapié en que el objetivo de la Mesa es generar un ámbito de confianza y confidencialidad para encarar un trabajo genuino sobre un tema tan complejo, que abarca toda la provincia. "No es lo mismo el delito en el sur que en el norte; a veces es complejo; el delito muta y hay que interpretar que tiene una cadena, con un eslabón comercial donde hay mucho para trabajar ahí también", concluyó.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) se presentaron ayer -en tiempo y forma- ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) como amicus curiae en apoyo al Título IV Trabajo del DNU 70/2023 “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”.

A partir de la declaración de inconstitucionalidad del Título IV (artículos 53 a 97) del DNU por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y encontrándose en estudio por parte de la CSJN, las tres entidades empresarias expresan la necesidad de derogar todos los artículos que contemplan multas económicas y que son los principales generadores de la litigiosidad laboral en la República Argentina (artículos 8, 9, 10 y 15 de la Ley 24.013; 1 y 2 de la Ley 25.323; y 80 de la Ley 20.744, conforme el texto ordenado por la Ley 25.345).

Los artículos detallados dificultan la generación de empleo genuino, al enfrentar a las pymes con la contingencia de afrontar una erogación que el propio negocio es incapaz de generar. Las multas económicas aludidas provocan una afectación económica de enorme relevancia, comprometiendo seria, injusta y desproporcionadamente a las empresas y a la sociedad en su conjunto.

Medularmente se expuso que las multas de las leyes 24.013, 25.323 y 25.345 fueron el peor error de política legislativa en materia social y económica de la historia del derecho del trabajo en la Argentina, en tanto disuaden a los empleadores de contratar de un modo muy trascendente.

La opinión y la colaboración manifestadas por SRA, CAME y Coninagro es únicamente relativa a la parte del derecho individual del trabajo, excluyendo de forma expresa toda vinculación con el Derecho Colectivo del Trabajo. Cabe destacar que se anexaron informes en materia económica que justifican el escrito ante la CSJN.

Tras el discurso de asunción que el presidente Javier Milei enunció en las escalinatas del Congreso de la Nación, los principales dirigentes del agro plantearon su visión de la gestión entrante y saludaron al nuevo mandatario.

El presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, sostuvo: "acabamos de escuchar al presidente Milei, con un discurso duro que describe la difícil situación que vive el país y que nosotros como entidad venimos señalando. Esperamos que, como dijo, se inicie un verdadero camino de reconstrucción de nuestro país, por nosotros y para las futuras generaciones. Evidentemente, y según dijo el presidente, serán tiempos complejos y los productores esperamos que se nos den las condiciones para aportar con nuestro trabajo, producción y alimentos, para salir adelante. Como señaló, se puede comprender que haya un tiempo difícil, en el que será necesario escuchar a los distintos actores, para que aporten sus miradas para llegar cuanto antes a la luz al final del túnel que mencionó. Como entidad, le deseamos éxito en su gestión, porque solo yéndole bien al gobierno la Argentina podrá salir adelante".

Por su parte, el titular de Coninagro, Elbio Laucirica, utilizó la red social X (antes Twitter) para saludar públicamente al flamante mandatario, así como reflexionar sobre sus primeras palabras en el cargo, atravesadas por un durísimo diagnóstico económico y social del país. "Planteó el fin de un modelo y el inicio de una nueva era", dijo el cooperativista, y destaco de especialmente la frase de Milei: "Hoy comenzamos la reconstrucción de nuestro país".

A su criterio, se trata de "un cambio necesario". Y en ese sentido sostuvo que el país cuenta con "una oportunidad para el crecimiento y el desarrollo y el campo es el motor de la economía".

En el "hilo" de posteos, Laucirica remarcó la fundamentación que hizo el presidente de la Nación sobre las razones "de un ajuste necesario", tanto sobre el gasto público como, principalmente, de la política. "Esperamos poder trabajar juntos, desde la cooperación social", propuso el dirigente. Y remarcó valores expuestos por el mandatario, como "una Argentina unida y en paz, por la seguridad, la educación, la salud y la justicia".

Finalmente, reiteró lo que en el sector es un postulado permanente: la necesidad de aprovechar la gran oportunidad que ofrece el mundo a un productor y proveedor de alimentos como Argentina. "Mundo demanda alimentos saludables, tenemos las capacidades para producirlos, movilizar la economía y generar trabajo genuino, con políticas de estado que den previsibilidad reglas claras para invertir y trabajar".

También en X, se manifestó el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien unas horas más tarde se abrazó al presidente tras la función de gala en el Teatro Colón. Tras la felicitación de rigor, señaló "después de años muy difíciles en los que el campo fue visto como enemigo, se cierra una etapa negativa para el sector". Acto seguido, afirmó que "comienza un nuevo capítulo en la historia de nuestro país". Ahora, "los productores tenemos mucha expectativa y creemos que el panorama hacia adelante es muy bueno", anticipó. 

Javier Rotondo, vicepresidente de CRA, consideró que "sorprende" el tono del discurso presidencial, "porque no estamos acostumbrados a escuchar con crudeza y franqueza" un diagnóstico como el que planteó el mandatario. "Muy descriptivo de la pésima y terrible realidad en la que estamos como país; y que va a ser un muy duro camino para poder revertir la situación".

El confederado evaluó que "fue muy coherente con su discurso de campaña", preparando a la sociedad para el inexorable ajuste. "No vino a decir cantos de sirenas, sino a decir lo mal que estamos y la necesidad de salir adelante con esfuerzo". 

La sequía y su efecto en toda la cadena productiva sigue siendo un tema importante en la agenda legislativa en Santa Fe. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados y Diputadas recibieron a representantes de diferentes entidades agropecuarias de la provincia. “Estamos avanzando en una agenda seria y realista que brinde respuestas concretas y eficientes ante la emergencia y en una propuesta de ley de seguros agrícolas para que productores y arrendatarios puedan estar cubiertos ante eventualidades climáticas”, expresó el socialista Joaquín Blanco.

“La emergencia agropecuaria en Santa Fe, y en todo el país, continúa. Toda la cadena productiva sigue padeciendo los efectos de la sequía y necesitamos establecer marcos normativos actualizados que permita al Ejecutivo dar respuestas concretas a los diferentes sectores”, explicó el diputado. “Avanzamos en hacer más eficiente y realista la prevención y la gestión del riesgo agropecuario en la provincia. Tenemos una ley muy vieja y que se mostró inadecuada”, agregó el legislador sobre la propuesta que establece la creación del Sistema Provincial de Gestión Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

De la reunión participaron representantes de Carsfe, Coninagro, Federación Agraria y Sociedad Rural. “Durante todos estos meses escuchamos a las diferentes entidades para poder establecer un instrumento que los acompañe. También trabajamos en dar forma a una ley de seguros agrícolas. Es fundamental que Santa Fe sea pionera en este tipo de legislación y que pueda abrazar a los pequeños y medianos productores y arrendatarios que muchas veces son dejados fuera de esta discusión”, aseveró Blanco, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales.

“La sequía visibilizó que, cuando ocurren estos eventos, se ve afectada toda la cadena productiva. Fue una reunión positiva para lograr un marco normativo que pueda dar respuesta en el mediano y largo plazo y creo que vamos en ese camino. También nos parece necesario avanzar sobre los seguros agrícolas y establecer herramientas claras que brinden respuesta a todo el sector”, contó Ignacio Mántaras, presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe.

“Esta fue parte de una serie de reuniones que venimos teniendo con todos los sectores porque se trata de una situación muy compleja. También estuvieron presentes productores apícolas que reclaman la implementación de una ley vigente hace cuatro años, que creaba un fondo para poder ayudar en la emergencia, y que el gobierno actual no aplicó”, agregó el diputado Marcelo González, presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería.

“El cambio climático es una realidad y cada vez vamos a ver situaciones más dramáticas y necesitamos leyes que permitan dar respuesta al corto plazo, pero que también dejen establecidos instrumentos reales para los próximos gobiernos”, finalizó Joaquín Blanco.

Si bien la industria es la principal beneficiada, el titular del Centro de la Industria Lechera (CIL), expresó que se trata sólo de un paliativo. Además, Ercole Felippa sostuvo que la medida está sujeta a que no aumenten los precios en la góndola durante los próximos 90 días, "lo cual es bastante difícil". Por otro lado, le restó trascendencia. "Es un paliativo, ya que la situación de la leche en polvo (el principal producto de exportación) con la eliminación de retenciones lo que se logra es una menor pérdida".

El referente del eslabón industrial aseguró que "aun así, con los valores actuales de este tipo de cambio y con retenciones cero no alcanzás a cubrir el componente materia prima en el producto. Es decir, que tenés todos los gastos industriales operativos en contra". No obstante esto, admitió que "es una medida que genera cierto alivio, porque disminuye los quebrantos, no es que sea la solución". Y sostuvo que plantearon en conjunto con el ministro Busso de Córdoba la necesidad que la lechería, independientemente que sea considerada o no una economía regional, sea incluida en el Programa de Incremento Exportador para que pueda tener un dólar diferencial así como lo tiene la soja, el maíz. "No nos olvidemos que para producir leche hace falta soja y maíz y esto tiene un impacto directo en los costos. En lo particular no comparto el dólar diferencial, pero si las otras actividades lo tienen, la lechería no debería quedar afuera", disparó.

Desde el sector cooperativo que asistió al anuncio, se volcaron más dudas que certezas. Según el titular de la CAR Santa Fe, Lucas Magnano, las medidas anunciadas son simplemente un anuncio. "Vamos a ser cautelosos y ver cómo se transmiten al bolsillo del productor. Es un paliativo a la misma distorsión que ha generado este mismo gobierno. El sector viene muy golpeado por esas medidas. Esperemos para que esto sirva para que el productor pueda seguir peleando contra una explosión de costos por la falta de lluvias. Esperamos que todo esto sea el paliativo que todos esperamos, pero nos gustaría de una vez por todas que empiecen a tomarse este tipo de medidas pero de fondo y no a 90 días. Son migajas que probablemente lo único que hacen es ayudar hoy para complicar mañana, por el congelamiento de precios, que lo único que hace es complicar más en el mediano plazo".

A su vez, Felipe Tavernier opinó que en primer lugar esto responde a una nota enviada Massa el 14/9 firmada por 9 entidades "en la que pedíamos una reunión y soluciones. Allí explicamos que muchos productores están al límite del quebranto".

Tavernier remarcó que desde Coninagro todos los meses llevan un semáforo de las economías regionales, y la lechería hace 15 meses que está en rojo. "Cuando uno analiza estas cadenas ve los componentes del negocio (precios y costos), el área productivo, el stock y el mercado. En ese sentido el mercado interno no convalida los precios y el externo con bajas de precios internacionales. Este combo de los 3 ejes con la incidencia del clima en los últimos tres años y el impacto de los dólar soja que impactó fuerte en los alquileres y la inflación", expresó.

Y agregó que "los anuncios son transitorios, escasos; no modifican sustancialmente la realidad del sector, especiales para situaciones especiales. El sector necesita no vivir de subsidios, necesitamos una política integral lechera de largo plazo, estratégica, de luces altas, y que trate los temas estructurales que nunca se resuelven. Esto va a venir con el próximo gobierno a partir de diciembre. Rescato la metodología de trabajo con todos los actores. Modificar entre todos la realidad del sector integrando los dos mercados a una cadena sustentable social, ambiental y económica, cuando la cadena no es rentable esto dura muy poco y esto no tiene un buen final".

Andrea Passerini de CRA explicó que la entidad había decidido no concurrir a este "acto de campaña, y realmente fue una muy buena decisión, nos negamos a ir a aplaudir anuncios". También sostuvo que "la suspensión por 90 días de pagar DEX es mejor que nada obviamente, pero desde el tambo remarcamos que eso impacta en cierta recomposición de las industrias, hay que ver qué nos toca a los tamberos, porque en virtud que existe una unilateral política de imposición del precio que le pagan a los tamberos, la realidad es que un 4 % de aumento en julio y un 4 % en agosto en pleno invierno y en plena sequía, habla por sí solo de cómo estamos en relación con el precio y en paralelo con una explosión de la suba de los costos por todas las medidas implementadas por este mismo señor que hoy nos anuncia un paliativo".

Y opinó que el dólar maíz; el impuesto a la importación y el dólar soja 4 son las medidas impuestas por el mismo funcionario que ahora "viene a acariciarnos un poquito la cabeza y a decirnos acá les tiro un huesito. Todo vergonzoso, un manoseo, y la verdad es que los tamberos somos muy escépticos de lo que nos va a tocar. Todos los días nos cambian las reglas de juego, y dentro de la cadena las condiciones son muy desfavorables para el sector productivo".

Por último, Sergio Clausen sumó su escepticismo. El titular del Centro Tambero Las Colonias (CETACOL) admitió que no sirve. "Nos vamos con un sabor a poco y nada. Realmente para paliar la tormenta perfecta del sector, las medidas anunciadas son más que insuficientes. Al dólar soja, el alquiler de campos en quintales de soja, a la suba de los granos, un campo está perdiendo $30 por litro, por lo que en un tambo promedio de la zona de 2,500 litros de producción diaria pierde $ 2 millones por mes. Si el Impulso tambero era de 800 mil y lo llevan a un millón sigue siendo insuficiente. La industria podrá exportar sin retenciones por 90 días, y ahí hay un compromiso de palabra con nosotros, pero no tenemos ninguna garantía que eso vaya a pasar, porque la industria también está complicada, y nos vamos sin ver la luz al final del túnel, porque no hay pronósticos de lluvia y estas medidas no sirven para paliar esta situación. Ni hablar si queremos analizar que la lechería tenga algún futuro. Estamos muy lejos de eso".

El presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, manifestó la preocupación por los datos que arrojan los relevamientos a los productores "y desde el año pasado venimos apoyando al sector lechero que no ha sido beneficiado por los programas implementados".

Según el titular de la entidad cooperativa, "un caso concreto es el del dólar soja que está perjudicando totalmente a la lechería, que acarrea trastornos productivos por la seca y además padece la falta de políticas económicas hacia el sector. Nuestros productores lecheros venden en pesos, pero pagan sus insumos en dólares. La vaca consume suplementos y demanda alimentos que están compuestos en gran parte por subproductos de la soja, y esta aumenta en dólares trasladándose el problema a los tamberos".

En el mismo sentido, "el litro de leche que percibe el productor está por el piso y los costos que debemos afrontar están por las nubes", sintetizó por su parte el referente del Foro de Lechería de Coninagro, Javier de La Peña, que es también miembro de la Asociación Unión Tamberos Coop. Ltda. y de la Junta Intercooperativa de Productores de Leche, que a su vez calificó a la situación como "límite", tras asegurar que luego de varias notas enviadas al Gobierno Nacional hay demasiada preocupación en el sector.

En tanto, a la hora de analizar los pormenores de la compleja situación, De La Peña manifestó: "Los respectivos programas de dólar soja (1-2-3 y 4) y maíz, sumado a la escasa ayuda que produjeron los Planes Impulso Tambero, demuestran la falta de criterio y el desconocimiento que se tiene de un sector que es el mayor proveedor de trabajos rurales y el desarrollador de la zona que rodea a las cuencas Lecheras", a lo que agregó: "El primer factor que alteraron los dólar soja fue el costo de los alquileres, los tambos alquilan el 50% de la superficie que utilizan y compiten con la agricultura, por lo tanto esos alquileres están valuados en soja, esto significa aumento de costos. A la par de esto, aumentó también el valor de los alimentos balanceados y el de los sub-productos que podemos utilizar", pronunció De La Peña.

Asimismo, los productores cooperativistas manifiestan que los coletazos de las inclemencias climáticas siguen repercutiendo en los pueblos del interior productivo: "La sequía que estamos atravesando es la más larga que hemos transitado la mayoría de los productores agropecuarios, por tercer año consecutivo se produce un quiebre en la producción de todo lo que sembramos", dijo De la Peña.

"Desde nuestra cooperativa estamos financiando lo que podemos, pero hay un límite, las cooperativas están con falta de liquidez", remarcaron desde el Foro Lechero de Coninagro.

Para poner en números la contundencia de la crisis que atraviesa el sector, De La Peña aportó los siguientes datos: "En julio, estábamos produciendo con un costo de 121 pesos por litro y cobrando 107 pesos el mismo. O sea que perdíamos 14 pesos por cada litro de leche que hacíamos. Eso fue peor en agosto y está siendo peor en septiembre. ¿Por qué? Porque los costos siguen aumentando. Cada vez son más altos. Eso respecto de lo que es el costo productor. Después está lo que es la cadena y cómo están los desagregados de cada uno y cómo estamos respecto al resto del mundo en cuanto a los precios", argumentó.

"Los tambos se fueron endeudado y los apoyos crediticios a los que se puede acceder son insignificantes para la dimensión del problema, además resultan difíciles de conseguir puesto que obligan a trámites administrativos que requieren mucho tiempo y un desgaste que le quita tiempo de trabajo con las obligaciones diarias, un alto nivel de burocracia y de barreras que ralentiza todo", agregó De la Peña que redondeó la idea al comentar que: "Otra demostración de la falta de criterio es que ante una caída del precio internacional de la leche y una caída en el consumo interno, variables que producen un aumento del stock de las industrias, se sigue sosteniendo una política de retenciones y un dólar oficial que no favorece la salida de los excedentes que se están generando, sabiendo que en primavera, habitualmente, es cuando más leche se produce", subrayó el productor de Coninagro.

"La consecuencia de lo mencionado es que los tambos están vendiendo vacas útiles para poder financiar el déficit que se ha producido y muchos están evaluando el cierre de sus explotaciones con el consecuente daño social que ello supone, al quedar muchas familias sin el trabajo que origina la actividad", concluyó y remató enfáticamente al sostener que "no podemos ni debemos dejar que se sigan rematando tambos".

(Por Juan Manuel Fernández) - El ruralismo santafesino aún no analizó en conjunto, como Mesa de Enlace Provincial, las medidas para el sector que este domingo 27 de agosto anunció el ministro de Economía, y candidato a presidente por el oficialismo, Sergio Massa. Sí lo hizo el secretario de Carsfe y presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ignacio Mántaras, para quien los anuncios "no son serios", sobre todo teniendo en cuenta que se superponen con anuncios que todavía están vigentes, como el "dólar agro" que rige hasta fin de mes.

En una sucesión de publicaciones en redes sociales, Massa anunció este domingo una batería de medidas para distintos sectores, entre las cuales mencionó para el agro: 0% de derechos de exportación (DEX) para economías regionales "con valor agregado" (mencionó vino, mosto, arroz, tabaco, forestal, cáscara de citrus); 5 toneladas de urea para la siembra de trigo y maíz para productores en emergencia agropecuaria a partir de un convenio con YPF Agro; programa "Puente al Empleo", que permite mantener el plan social a un beneficiario que consiga empleo registrado en el agro; y un nuevo Programa de Incremento Exportador (PIE), mediante el cual los exportadores de granos podrán usar el 25% de las divisas que generen para comprar poroto, con el objeto de mantener los puestos de trabajo de las industrias.

Ante la consulta de Campolitoral, desde Coninagro Santa Fe indicaron que "por el momento sólo son anuncios" y que hasta no conocer "la letra chica" no es posible una evaluación institucional. Si bien hubo contactos entre consejeros, "falta ver cómo se transfieren a la realidad". Tampoco se manifestaron desde FAA.

En cambio, para Ignacio Mántaras "no son serios" los anuncios, tanto por el contenido como por la forma: "no lo es que un ministro de economía haga anuncios de impacto vía redes, vía Twitter, con un jardín de fondo, con poco desarrollo". También criticó el doble rol de funcionario y candidato:, "probablemente termine en un fracaso en ambas gestiones". Y añadió que, una vez más, son "parches" que confirman que la política para el sector "ha sido un mamarracho".

Haciendo foco en cada medida, el ruralista consideró que "tal vez" sean positivos la eliminación de DEX para economías regionales. Aunque consideró que "muchas veces sucede que lo captan algunos eslabones y no llegan al productor; hay que ver si se refleja". Es auspicioso, remarcó, pero debiera producirse "la eliminación de los DEX para todos los productos, es lo que anhelamos".

Sobre los fertilizantes, dijo que "hay muchas dudas". En primer lugar, porque YPF Agro "no tiene urea en todo el país". Además, "es simbólico", ya que sólo comprende a productores en emergencia o desastre; y el tonelaje "es irrisorio", puesto que "no alcanzaría más que para 15 o 20 hectáreas", y en un momento en el que el trigo no sólo está sembrado, sino que ya inició el macollaje. "Es un anuncio para la gilada en ese sentido"

Por último, sobre la posibilidad de una mejora en el precio de la soja (los exportadores podrían construir el precio al productor con un 25% a dólar CCL en precio), Mántaras consideró: "merece un poco más de espera, hay que ver la letra chica". De todas formas, remarcó que "claramente no es una medida para los productores, sino para las plantas industriales que tienen una gran capacidad ociosa". Y, sobre todo, ante la necesidad del gobierno de hacerse de divisas.

Entre todos los aspectos evaluados, "lo más impresentable" -sostuvo- de las medidas es que en agosto aún rige un dólar agro; "desdibujado", primero, por la devaluación post PASO; y ahora, "dentro del mismo mes, nuevamente se modificaría el escenario para la comercialización de soja". Para el dirigente, se trata de "desprolijidades que dejan al desnudo que toda la política para el agro de este gobierno es un mamarracho, llena de incertidumbres, con ausencia de previsibilidad en un escenario de sequía".

La Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) solicitaron hoy ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) de la Capital Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) la modificación de la tasa de interés establecida por el Acta 2764/22. Asimismo, reclamaron que se reemplace por una nueva tasa que incorpore parámetros de mayor razonabilidad.

Esta acta de la CNAT varió el criterio de actualización de los créditos laborales, resolviendo aplicar la capitalización anual sobre las tasas de interés establecidas en actas anteriores, generando de ese modo una nueva distorsión, esta vez muchísimo más grave, injusta e inequitativa, en perjuicio de los empleadores.

La aplicación de esta acta, lejos de aportar una solución en la materia, lo que produce es un mayor desempleo, ya que difícilmente los empleadores, y especialmente las pequeñas y medianas empresas, se animen a emplear ante la posibilidad de que una eventualidad laboral tenga un costo muy superior al del negocio en sí mismo. De esta manera, se ocasiona una afectación de enorme relevancia, comprometiendo seria, injusta y desproporcionadamente a las empresas.

Y es que la aplicación del Acta 2764/22 genera un resultado tan exorbitante que, no sólo es desproporcionado, sino que importa una alteración en la legislación laboral, toda vez que las liquidaciones reflejan un excesivo aumento en los importes a pagar, colisionando los parámetros indemnizatorios fijados en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

La tasa establecida por el acta implica, indirectamente, una modificación de la LCT. Así se obtienen indemnizaciones mayores al mes por año, cambio que, necesariamente, requeriría de una la ley del Congreso de la Nación. Esta vía indirecta de variar judicialmente la ley de fondo viola el art. 31 de la ley Suprema en tanto son sólo las leyes y la Constitución Nacional (CN) las que pueden regir la vida de los habitantes.

A su vez, también viola el art. 75 inc. 12 en tanto únicamente es atribución del Congreso de la Nación dictar el Código del Trabajo. Y, finalmente, también se violenta el art. 116 de la CN en tanto concierne a los tribunales el “conocimiento y decisión” de las causas a ellos sometidas, pero nunca y en ningún caso la modificación de las leyes. Por último, al cambiar la ley en forma indirecta se viola el derecho de propiedad.

Si el Poder Judicial continuara desnaturalizando la ley se trataría de confiscatoriedad o incluso de expropiación sin indemnización y es lo que está sucediendo con la tasa del Acta 2764/22, que, se reitera, termina estableciendo cifras que van desde 3 a 5 meses por año, cuando el art. 245 de la LCT establece que la indemnización por despido es de un mes por año.

Como conclusión, SRA, CAME y Coninagro expresan que, conforme un parámetro de razonabilidad, la tasa más elevada del sistema financiero, es decir, la efectiva anual vencida o de libre destino, es el máximo que se puede aplicar, sin capitalización, justamente por ser la más elevada. Fuera de ello, cualquiera fuera el parámetro, en ningún caso la capitalización puede ser múltiple, porque ello no es acorde con el esquema legal vigente.

Cabe destacar que la presentación de las tres entidades se acompañó de un “Informe Económico de Razonabilidad del Acta 2764”, suscripto por el titular del Estudio Lisicki Litvin & Asociados, César Litvin, que ilustra con claridad la procedencia del pedido que se formula a la Cámara del Trabajo de establecer una tasa de interés sin capitalizar y que pertenezca al menú que ofrece y/o tiene disponible el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Desde el sector cooperativo santafesino trazaron un duro diagnóstico sobre el impacto de la sequía en la economía de pueblos y ciudades de la provincia. Según un informe sobre el estado de las economías regionales que elaboró Coninagro, el escaso ingreso de cereal a los acopios del sector cooperativista anticipa dificultades financieras para los productores. “La situación es crítica y se profundiza día a día, es por eso que queremos anticiparnos a lo que será uno de los peores ciclos productivos del siglo XXI”, alertó el integrante de Consejo Asesor Regional (CAR), Lucas Magnano.

“Las cooperativas, este año prácticamente sin operatoria de acopio de cereales, están con rentabilidades muy bajas y altos costos por inflación lo que genera situación de quebrantos. El productor que acude a su cooperativa por ayuda para refinanciar sus pasivos está prácticamente con bajo capital de trabajo, un panorama incierto y poca ayuda crediticia”, resumió el consejero de Coninagro, Alberto Candelero. Al respecto, argumentó que las pocas hectáreas de trigo que lograron cosecharse tuvieron rindes inferiores a los normales y muchas de ellas fueron destinadas a pastoreo con hacienda. Y los lotes de maíz, cultivo que debería estar en estado de floración, las plantas están secas, sin perspectivas de cargar grano y en estado de desastre. “No hay reservas de alimentos (pasto), de silos picado fino y de granos para los animales en general (vacas de tambo, novillos, invernada, etc.). La producción está pasando por una situación extrema”.

Al respecto, el consejero Lucas Magnano lamentó que “el Gobernador de la provincia hasta el momento hizo oídos sordos a nuestros pedidos de audiencia” ante un escenario de ” extrema sequía que afecta y afectará a todas las producciones situadas en la provincia”.

Al respecto, consideró que las lluvias por debajo de la media en los últimos años impactan en todas las producciones, desde el algodón del norte hasta la soja del sur. Pasando por los tres cinturones hortícolas, la ganadería de carne y de leche, pasturas, girasol, maíz, sorgo, legumbres, fruticultura, miel, pollos, huevos, cerdos y toda actividad productiva del campo. “La situación es crítica y se profundiza día a día, es por eso que queremos anticiparnos a lo que será uno de los peores ciclos productivos del siglo XXI”, alertó.

Magnano dijo que la entidad se propone no solo evitar la pérdida de productores, sino también “evaluar alternativas para que los habitantes del territorio provincial tengan herramientas para superar esta crisis”.

El informe sostiene que la cadena láctea, tanto en Santa Fe como en Córdoba, “la situación es crítica”. Situación por la cual se envió una nota a las autoridades nacionales con la preocupación por la sequía, la intervención del estado con el dólar soja y la suba de alquileres lo que hace un impacto de la suba de entre el 15% al 20% de los costos de la leche, además de la suba general de costos, baja de precios internacionales y programa de precios justos.

Javier De la Peña, de la Junta Intercooperativa de Productores de Leche, comentó que para los primeros seis meses del 2023 la reserva de pastura es de muy mala calidad. “Faltarán reservas para el año con bajo rendimiento de esas pasturas y falta de alimentos para las vacas. En caso de que no llueva antes de febrero ya no hay posibilidad de gestionar reservas lo que determina un problema serio para la cadena”.

Por su parte, la situación de la ganadería bovina termina con una foto de un año complicado en Santa Fe: estancado y con mucha incertidumbre. “Para el productor la carne vale lo mismo en pesos que hace cinco meses atrás con una inflación que avanza a otro ritmo, lo que complica la situación”, afirmó el consejero Felipe Tavernier.

La sequía está pegando fuerte “con un impacto solo comprendida por los afectados, generando una sobre oferta por mayores ventas ante la falta de receptividad en los campos y altos costos de los alimentos”. Empeora la situación que el consumo interno no tracciona, con salarios deteriorados, poca capacidad de compra y la imposibilidad de convalidar aumentos a pesar de que el precio de la carne en mostrador tuvo aumentos muy inferiores a la inflación.

Para la ganadería bovina, Coninagro consideró una situación de desastre en algunas zonas principalmente en la pampa húmeda, el litoral, Chaco, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. “Hace cerca de 30 años que no se observaba este fenómeno; creemos que los gobiernos deben trabajar en un plan estratégico para las emergencias, con una ley de seguro integral agropecuario. Estamos necesitando financiamiento con una ley impositiva justa para todos”, comentó Gonzalo Alvarez Maldonado representante de Coninagro en la Mesa de Carnes.

“Vinimos a Diputados con una impronta de propuesta y no de protesta. Presentando alternativas para alentar al productor, para fomentar las inversiones, el trabajo y el empleo genuino. Creemos que hay una salida a esta crisis, pero reclamamos que el campo esté en la agenda política. El oficialismo y la oposición están distraídos en sus internas, y se olvidan de los que trabajan y producen, del sector agropecuario, agroindustrial, y tantos otros sectores de la sociedad”, pronunció Carlos Iannizzotto, a lo que agregó: “El productor nada tiene que ver con la inflación, el responsable es el Gobierno por su política estatista e intervencionista. Este Gobierno solo puso más impuestos en el último Presupuesto 2023 ante la pasividad de la oposición. Necesitamos políticas claras. Necesitamos que la vida de los argentinos esté protegida y la mejor manera es que haya vivienda, empleo y trabajo”.

“Estamos en el Congreso para defender y promover a un sector que genera divisas para el país, como hemos hecho todos estos años desde Coninagro. La economía solidaria tiene la posibilidad de federalizar el desarrollo local y económico desde el arraigo familiar”, enfatizó el presidente.

En Argentina el universo asociativo está conformado hoy en día por unas 15.082 cooperativas vigentes y 3.785 mutuales que se encuentran diseminadas en las 23 provincias y CABA, lo que en total representa 18.867 entidades de la economía social y popular, que realizan sus actividades en el 90% de las localidades del país. El 73% de las cooperativas son de trabajo, seguidas por las agropecuarias que representan el 6% del total. Actualmente, el sector cooperativo representa un 8% de las exportaciones agropecuarias y el 5% del comercio exterior global.

“Solicitamos baja de impuestos para quienes más exportan. Aliento a la capacidad de agregar mano de obra que significa trabajo y empleo y tiene como destinatario y herramienta al asociativismo, para solucionar los problemas inflacionarios. El único ajuste que tiene que haber es el ajuste del Estado hacia la política. Al sector privado, a los pequeños y medianos productores de las economías regionales, no hay que asfixiarlos con impuestos, hay que alentarlos a través de una reducción en materia tributaria. Promover a esos sectores dinamizantes de las economías productivas supone mayor oferta de bienes y una baja de precios en los alimentos de calidad para una nutrición saludable y sustentable”, agregó el dirigente.

En el aspecto laboral, se contempla el costo y la inclusión de un fondo de reparación indemnizatorio, que consiste en establecer un seguro para prevenir la situación aleatoria de la desvinculación laboral y proteger a los trabajadores.

Programa denominado “una idea, un trabajo”: consiste en garantizar financiamiento con tasa promocional para los emprendimientos asociativos de jóvenes que garanticen el agregado de valor. Se premia el espíritu emprendedor.

Establecer procedimientos gremiales en el convenio colectivo de trabajo para emprendimientos asociativos que asuman personas y/o familias que están percibiendo planes sociales y se incorporen a trabajos en cooperativas agropecuarias para reconvertir la asistencia social en trabajo genuino. Se establecerán pautas conjuntas entre la cooperativa o federación, el gremio y el Ministerio de trabajo, para agilizar normas que fomenten la recuperación de la cultura del trabajo.

Fondo de Emergencia por Situaciones Climáticas. Se auspicia la formación de fondos anticíclicos para lograr el equilibrio de precios destinados al productor para que se lo remunere tras una caída profunda del precio del producto por efectos del mercado o bien por situaciones climáticas.

Se promoverán acuerdos asociativos de carácter público-privado con intervención de la Nación, provincia y municipio, fomentando la conformación de mercados de proximidad para acercar la oferta y la demanda de productos frutihortícolas a los fines de evitar la intermediación y bregar por un respaldo al productor y cuidar el bolsillo del consumidor.

“El cambio de rumbo que daremos a nuestro país a partir de 2023, cuando dejemos atrás al kirchnerismo, tendrá como objetivo recuperar un lugar de protagonismo en la arena internacional de la producción y comercialización de alimentos y energías, y el sector privado será clave para impulsarlo”, señaló la senadora nacional por la provincia de Santa Fe y referente de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, durante su participación del 5º Congreso de Coninagro que tuvo lugar en el auditorio de la UCA de Buenos Aires.

“Para ser parte de la solución, de los desafíos en materia de seguridad alimentaria a los que se enfrenta el mundo, es estratégico que nuestro país cuente con un plan concreto, una hoja de ruta de políticas de impulso a la agroindustria que ponga en marcha un círculo virtuoso que impacte tanto a nivel interno, en la generación de empleo como en el posicionamiento en el comercio internacional que nos permita multiplicar y sedimentar el ingreso de divisas”.

El evento, que tuvo como eje la discusión en cuanto a los desafíos del cooperativismo agroindustrial argentino, contó con un panel de destacados oradores, entre los que figuraron el presidente y vice de la entidad, Carlos Iannizzotto y Elbio Laucirica, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros especialistas, investigadores y políticos.

La senadora insiste en que otorgar previsibilidad al sector productivo es el primer gran desafío para volver a “encender el motor” y argumentó que las distintas crisis europeas y la invasión rusa a Ucrania requerirán que Argentina tenga una política fuerte para potenciar “nuestros commodities y alimentos” a nivel mundial.

Embanderada siempre en la defensa de la naturaleza, la senadora subrayó que la tarea de potenciar la producción de alimentos, fibras y energía debe hacerse siempre en total respeto por el ambiente. “Nuestras políticas públicas tienen que ir hacia ese lugar, el mundo también así lo pide”.

“Somos una potencia en materia de biocombustibles, pero aún tenemos mucho por crecer, y el cooperativismo, con su visión federal que lo caracteriza, tiene y tendrá un rol central en el desarrollo de estrategias integradoras e inclusivas y en la generación de empleo”.

“El kirchnerismo, con sus rencores ideológicos, no han hecho más que alejarnos del mundo, enfriar nuestra economía, ponerle piedras en el camino al campo y convertirlo en su caja fiscal”, dijo.

El 23 de agosto el cooperativismo agroindustrial tendrá su gran cita en un evento que prevé un importante despliegue y organización por volver a ser presencial. Para asistir a la UCA se requiere invitación -cupos limitados-. Para todo el interior del país y productores de diferentes regiones también el evento será transmitido vía streaming para poder seguir las alternativas minuto a minuto a través del sitio https://www.coninagroenvivo.com.ar

Está previsto que el evento cuente con la participación de autoridades y personalidades de la política del ámbito local e internacional, especialistas en temas económicos que abordarán qué ventajas estratégicas pueden aportar la ruralidad y la impronta federal del cooperativismo, técnicos e investigadores sobre temas vinculados a la alimentación, referentes en materia de biotecnología y sustentabilidad, más contenidos blandos y sociales. Como ejes neurálgicos se abordarán temas vinculados a;

-Proponer la producción de alimentos saludables en ambientes sustentables.

-Abordar la ruralidad desde la visión del cooperativismo.

-Dialogar sobre la incidencia argentina ante un eventual escenario mundial de escasez de alimentos.

-Analizar: ¿Cómo ser productor agropecuario en una economía inestable?

-Entender los ciclos productivos en contextos de crisis.

-Debatir acerca de la sintonía entre el campo y la política.

A propósito del evento que se aproxima, fue el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, quien aseguró: “En este momento tenemos la responsabilidad de dar respuesta ante situaciones difíciles que se viven a nivel nacional, provincial y municipal. No podemos simplemente protestar frente a los gobiernos de turno. Es por eso que nuestra premisa de ser más proclives a la propuesta que a la protesta recobra vigencia. Estamos convencidos de que los valores de la economía solidaria que promueve el cooperativismo deben revalorizados y difundidos a las esferas sociales. El pequeño y mediano productor de las economías regionales no puede existir solo, necesita asociarse para salir adelante. El tema asociativo es algo que ha venido para dar trabajo y promover solución a las pymes”, dijo.

En esta línea, la entidad viene trabajando en estudios de diversos formatos para acceder a datos que sirvan para los más de 150 mil productores que representa Coninagro, como un aporte en general a la sociedad en su conjunto, y para diagramar las premisas que abordará el Congreso. Por caso, a través de una encuesta que la entidad dará a conocer en su Congreso, entre otros contenidos, Coninagro busca establecer la relación de la población general con los productos regionales y aquellos derivados de cooperativas.

El estudio que será publicado en el marco del 5° Congreso Internacional, que se realizará presencialmente en la UCA el 23 de agosto, prevé que existe una marcada preferencia por productos regionales y de cooperativas, pero advierte que sin embargo no se consiguen fácilmente. A su vez, las mujeres representan un segmento importante a trabajar en cuanto a la información que reciben de estos productos.

Algunos datos que se pueden adelantar reflejan una valoración positiva con este tipo de productos. Pudo conocerse que uno de cada dos argentinos prefiere comprar productos regionales de empresas chicas o cooperativas por sobre las grandes empresas, no obstante más de la mitad de ellos (53%) manifestó dificultades para conseguirlos en su lugar de residencia. En cuanto al corte por edad, se observa que el mayor punto de desacuerdo con la premisa de que los productos regionales son preferidos por sobre los de las grandes empresas, está en los jóvenes de 18 a 35 años. Entre ellos el 27% considera que no prefiere comprar productos de empresas regionales por sobre empresas grandes. En tanto, el segmento que va de 35 a 55 años, por el contrario, es el más adepto a preferir este tipo de productos (57% se manifiesta de acuerdo).

En tanto, el estudio revela que un 53% de aquellas personas que dicen preferir comprar productos regionales, manifiesta que no puede conseguirlos en su lugar de residencia. Esto posiblemente plantea cuestiones de acceso y logística. Finalmente, consultados sobre si los productos regionales y cooperativos son de mejor calidad, el tema tiende a estar más dividido ya que un 36% dice estar de acuerdo vs. un 25%, en tanto que al desagregarlo por género, casi la mitad de mujeres encuestadas (47%) no supo qué opinar sobre la calidad de estos productos.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, se reunirá el martes con los titulares de las entidades que integran la Mesa de Enlace, confirmaron fuentes oficiales. 

De esta manera, el flamante titular de la cartera agropecuaria, quien asumió el lunes el cargo en reemplazo de Luis Basterra, mantendrá su primer encuentro presencial con los principales representantes de la Sociedad Rural (SRA), Federación Agraria (FAA), Confederaciones Rurales (CRA) y Coninagro. 

De manera previa, antes de la asunción y con posterioridad a esto, existieron contactos telefónicos y reuniones con técnicos de las entidades, es especial por las limitaciones existentes para la exportación de carne vacuna. 

Si bien no existen precisiones sobre el temario de la reunión del martes, se descarta que el tema carnes será uno de los principales ejes, debido a que las entidades colocan a esta cuestión al frente de sus reclamos y pretenden que el Gobierno levante de manera anticipada las restricciones existentes, que inicialmente fueron extendidas hasta el 31 de octubre próximo. 

“Hay vocación para destrabar el conflicto”, indicaron fuentes oficiales a Télam, quienes deslizaron incluso la posibilidad de que la semana que viene se puedan llegar a anunciar nuevos lineamientos y medidas para el sector. 

De cara al encuentro que mantendrá el martes, Domínguez se reunió hoy en Casa de Gobierno con el flamante jefe de Gabinete, Juan Manzur. 

Por el lado de las entidades ruralistas, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, en declaraciones a radio Continental, dijo hoy que hubo “buenas reuniones técnicas con el Gobierno”. 

Tras lo cual enfatizó que “hay que tomar una decisión con el cepo a la exportación de carne, porque ya los tiempos se estiraron demasiado”. 

En la misma línea, su par de de FAA, Carlos Achetoni, -en diálogo con Télam- dijo que el objetivo principal es que “se normalice la exportación con una apertura total”. 

Achetoni sostuvo que la agenda de temas a tratar también debe incluir “el pedido de que se saque la reglamentación del Banco Central, que no permite que se les otorgue créditos a los productores que retengan más del 5% de la cosecha”, entre otras cuestiones. 

Antes de la reunión del martes, la agenda de Domínguez tiene previsto un encuentro el lunes con los ministros provinciales del área, en el marco de un encuentro del Consejo Federal. 

En las últimas jornadas, al reclamo de los ruralistas y las entidades alistadas en el Consejo Agroindustrial Argentino por el levantamiento de las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, se sumaron también gobernadores de distintas provincias productoras. 

Ayer, a través de un comunicado difundido por la gobernación de Entre Ríos, el mandatario provincial, Gustavo Bordet, junto con sus pares de Santa Fe, Omar Perotti, y de La Pampa, Sergio Zillioto, aseguraron que gestionan ante la Nación la apertura total de las mismas. 

“Tenemos que aumentar los niveles de productividad. Por lo cual estamos pidiendo que se resuelve el tema de las exportaciones de carne en Argentina porque impacta en nuestras provincias”, indicó Bordet. 

En este sentido, detalló que en Entre Ríos hay frigoríficos exportadores y “nos preocupa la mano de obra que allí trabaja”. 

“En esa preocupación estamos pidiendo al ministro (de Agricultura, Ganadería y Pesca) Julián Domínguez, que sabemos que comparte esta preocupación, que podamos resolver este conflicto para defender la fuente de empleo de los obreros de los frigoríficos como es el caso de Alberdi en Oro Verde y el San José de San José”, concluyó Bordet. 

Con información de Telam 

Este lunes los legisladores radicales escucharon a los integrantes de Federación Agraria, CARSFE, CRA Coninagro y Sociedad Rural Argentina. La medida del gobierno nacional de cerrar la exportación de carne, impacta directamente en el campo y genera preocupación entre los pequeños y medianos productores que ven amenazados sus emprendimientos y las fuentes de empleo que generan, no sólo en el campo sino también en el sector de la industria frigorífica.

“Ya se perdieron 12 millones de cabezas. Estas medidas generan desarraigo, expulsan a la gente de los pueblos hacia las grandes ciudades donde se producen los bolsones de pobreza. La producción de un toro o una vaca lleva años de inversión y tiempo; y un productor que sale del sistema ya no vuelve a entrar”, manifestaron.

Los radicales fueron quienes primero resaltaron el error del gobierno de cerrar la exportación de carne. “Vamos a hacer todo lo que esté al alcance de nuestras responsabilidades para que se revierta la decisión. Convocamos a todos los legisladores de la región centro, los 3 gobernadores y la comisión de agricultura para manifestar la oposición a estas medidas”.

Desde el 2006 hasta el 2015 con una medida similar se redujo el stock en millones de cabezas, se perdieron mercados y se generó un impacto negativo en el campo. Los cortes que se venden en el extranjero no son los mismos que se consumen en el mercado interno; por eso no se entiende esta política que impacta fuertemente en Santa Fe. Si bien la ganadería tiene un desarrollo amplio en todo el país, la región centro es una zona de intensa producción llegando a cerca del 50% las carnes del mercado que salen desde nuestra Provincia.

Con todos estos argumentos, las asociaciones solicitaron a diputados, diputadas y senadores de la UCR que se pida la inconstitucionalidad de la medida; ante lo cual los legisladores se comprometieron a analizar la factibilidad con expertos jurídicos.

Participaron de la reunión productores que integran la mesa de enlace del campo: Marina Masat, Marcelo Banchi, Laura Llopi, Carlos Castagnani, Ignacio Mántaras, Guillermo Cullen y Lucas Magnano