El Congreso de Perú aprobó este martes una moción de censura que destituyó al presidente José Jerí, según informaron medios locales.

La votación concluyó con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, informó el diario El Comercio.

El Parlamento acusa a Jerí, de 39 años, de “inconducta funcional y falta de idoneidad” para el cargo, tras revelarse reuniones no registradas del mandatario con el empresario de origen chino Zhihua Yang, proveedor del Estado.

Tras la votación, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, manifestó que se aprobaron las mociones por lo que la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo de presidente de la república.

Asimismo, convocó a una sesión para mañana miércoles a las 18 para el desarrollo de la elección del presidente del Parlamento, que cumplirá el cargo de mandatario.

Jerí, quien asumió la jefatura del Estado en octubre pasado tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025), interrumpió su mandato tras solo cuatro meses en el cargo.

La destitución de Jerí sume a Perú en una nueva crisis política ya que era el séptimo presidente en ocupar la máxima magistratura en diez años.

Las mociones de censura aumentaron en las últimas semanas, acompañadas de una caída en su popularidad, un efecto que llevó a que los partidos que inicialmente apoyaron su designación busquen ahora distanciarse mientras se aproximan los comicios.

El Congreso de Perú bloqueó hasta agosto cualquier debate para adelantar las elecciones. Esta decisión provocó la renuncia de la vicepresidenta del órgano unicameral y cerró uno de los caminos para renovar al Poder Ejecutivo y Legislativo.

La Comisión de Constitución rechazó en las últimas horas debatir una iniciativa presentada por la mandataria Dina Boluarte, que planteaba adelantar las elecciones presidenciales y legislativas a octubre de 2023, bajo el argumento de un tecnicismo procedimental, un reclamo que sacude al país con protestas desde diciembre.

Con 11 votos a favor, 10 en contra y una abstención, el cuerpo, desestimó la propuesta al manifestar que no puede volver a debatirse una iniciativa que ya fue rechazada, algo que recién podría hacerse durante el siguiente periodo anual de sesiones que comienza a finales de julio.

La llegada de Boluarte al Ejecutivo, que en su calidad de vicepresidenta asumió el cargo en diciembre luego de que el mandatario Pedro Castillo fuera destituido y arrestado tras un fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto, provocó un estallido de protestas exigiendo su renuncia.

Ante ello, la presidenta pidió al Congreso anticipar los comicios, lo que generó una serie de iniciativas y debates legislativos que fracasaron y que incluyeron adelantar los comicios a 2024 o este mismo año, o realizar un referéndum para decidir si se realiza una asamblea constituyente.

Al no prosperar ninguna de las propuestas, se mantiene por el momento la fecha original para los comicios, previstos para 2026.

Por ahora, según analistas, la única opción de anticipar las elecciones sería una renuncia de Boluarte, que llevaría al presidente del Congreso, José Williams, a asumir el mando para convocar de inmediato a comicios.

La mandataria ya descartó en el pasado abandonar el cargo, pero quien sí dimitió es la segunda vicepresidenta del Congreso, Digna Calle, horas después de que se rechazara el nuevo proyecto de adelanto de elecciones al 2023.

“Renuncio con la esperanza de que se recomponga la mesa directiva y se constituya una fórmula realmente democrática y representativa. Desde el centro democrático creemos que una nueva mesa directiva pueda ser la puerta para que la presidenta Dina Boluarte renuncie y convoque a elecciones generales para el 2023”, sostuvo Calle en un vídeo difundido en sus redes sociales.

En tanto, las protestas que ya dejaron varias decenas de muertos continuaron ayer en las calles de Lima y en el sur del país

“Por culpa del Congreso el pueblo está en las calles”; “Dina y el Congreso la misma porquería”, corearon decenas durante una marcha desde la Plaza Dos de Mayo hasta la Plaza San Martín, en pleno centro histórico de Lima.

La Conferencia Episcopal Peruana emitió ayer una carta dirigida a los congresistas, expresando que “urge su decisión en el adelanto de las elecciones para salvaguardar nuestra institucionalidad democrática”.

El Congreso unicameral de Perú aplazó nuevamente, en principio hasta este jueves, el debate y la votación sobre el eventual adelantamiento de las elecciones generales para este año, reclamado por el Gobierno y buena parte de la opinión pública como vía para solucionar la crisis política desatada en diciembre a partir de la destitución del presidente Pedro Castillo.

Paralelamente, el parlamento resolvió extender hasta el 10 de febrero el actual período legislativo, que vencía este miércoles y que de ese modo le ponía límite a la posibilidad de celebrar los comicios este año.

La sesión del Congreso, que sufrió de ese modo la tercera postergación consecutiva, quedó programada para mañana a las 11 (las 13 en la Argentina), informó su presidente, José Williams, en Twitter.

La decisión fue adoptada “con la finalidad de encontrar consenso entre la representación nacional y ante el pedido del presidente de la Comisión de Constitución”, explicó Williams.

El debate había sido programado en principio para ayer y aplazado sucesivamente para esta mañana y esta tarde, en medio de febriles negociaciones entre las autoridades de la Comisión de Constitución y representantes de las diversas bancadas, que aún seguían sin haber alcanzado un consenso, según la radio limeña RPP.

De acuerdo con la legislación peruana, el adelantamiento de elecciones, que implica una reforma de la Constitución, debe ser aprobado por dos legislaturas anuales consecutivas y este martes finalizaba la primera, que fue extendida hoy mismo hasta el 10 de febrero.

Con la finalidad de encontrar consenso entre la representación nacional y ante el pedido del presidente de la Comisión de Constitución, la sesión del pleno convocada para aprobar el adelanto de elecciones se reprograma para mañana miércoles a las 11:00 am

— José Williams Zapata (@jwilliamszapata) January 31, 2023

Si no se hubiera prorrogado ese período, la decisión sobre el anticipo de los comicios habría quedado postergada al menos por un año y habría sido imposible celebrarlos este año.

Los legisladores habían acordado reabrir ayer el debate, después de que la semana pasada no se hubieran alcanzado en el pleno los votos suficientes para aprobarlo. Por tratarse de una reforma constitucional, para ser aprobada se requieren al menos 87 votos, equivalentes a dos tercios del total de 130 bancas.

El adelantamiento de los comicios es visto por la mayoría de la opinión peruana como la forma más efectiva de contener las protestas que estallaron tras la destitución de Castillo, y que dejaron decenas de muertos.

Los sucesivos aplazamientos del debate se debieron en buena medida a la sorpresiva decisión del bloque de Acción Popular (AP, de centro) de votar contra el adelantamiento de los comicios a este año. La mayoría de AP se sumó de esa forma a los bloques de izquierda, entre ellos Perú Libre, y al del ultraconservador Renovación Popular.

Perú: el Congreso aprueba volver a reconsiderar un adelanto electoral a 2023

Los partidos de izquierda consideran que la propuesta debe incluir un referendo sobre una convocatoria a una asamblea constituyente.

En cambio, la presidenta Dina Boluarte y el partido populista de derecha Fuerza Popular (FP, fujimorista y el más numeroso en el parlamento, aunque lejos de tener mayoría propia) abogan por anticipar las elecciones para este año y no para abril de 2024, como estableció el Congreso en diciembre.

Mientras las protestas aumentaban en ciudades del sur del país, tropas de la Policía Nacional del Perú (PNP) se apostaron en los puntos de ingreso al aeropuerto internacional Jorge Chávez, en El Callao -al sur de la ciudad de Lima- ante una protesta que transcurría muy cerca de la terminal aérea y logró “dispersar a los manifestantes” que se dirían al lugar, informó la fuerza en un comunicado, según la agencia estatal de noticias Andina.

Tres personas fueron detenidas por los incidentes en las inmediaciones del aeropuerto, informó la Defensoría del Pueblo en Twitter.

Asimismo, la Defensoría reportó “manifestaciones violentas” en Andahuaylas, en el departamento sureño Apurímac, que dejaron al menos una persona herida, una madre con su bebé evacuados en helicóptero y dos detenidos.

En Lima, cientos de manifestantes volvieron a marchar este martes por la tarde y llegaron hasta una distancia de unos 200 metros del edificio del Congreso, donde se produjeron algunos enfrentamientos con efectivos policiales, que los dispersaron con gases lacrimógenos, sin que hasta esta noche se reportaran heridos ni detenidos.

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Más temprano, el alcalde metropolitano de Lima, Rafael López Aliaga, afirmó que el centro histórico de la capital será declarado “zona intangible” para evitar que se produzcan más actos de violencia y vandalismo.

Los manifestantes “están destrozando la economía de Lima, la economía de todo Perú”, sostuvo el funcionario, que señaló que 90% de la economía del país es informal y se sostiene con lo que las personas ganan cada día.

El país vive una ola de protestas antigubernamentales desde el 7 de diciembre pasado, cuando el Congreso destituyó a Castillo horas después de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.

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En ese contexto murieron 48 personas (47 civiles y un policía) en enfrentamientos y otras 10 como consecuencia de los cortes de rutas, y al menos 1.162 personas (entre ellas, 629 policías) resultaron heridas, según el último balance de la Defensoría del Pueblo, publicado esta tarde.

La Defensoría reportó además que este mediodía se mantenían 74 cortes de rutas en diversos puntos de 23 de las 195 provincias en las que se dividen los 24 departamentos regionales del país.

De acuerdo con esas cifras, había hoy siete cortes más y dos provincias afectadas más que ayer, cuando la PNP liberó al tránsito dos tramos de la clave ruta Panamericana Sur, en lo que se anunció como el comienzo de una serie de operativos para levantar los bloqueos de caminos.

El presidente del Congreso de Perú, José Williams, ha postergado hasta este martes la votación para decidir sobre el posible adelanto de las elecciones presidenciales a 2023 en lugar de en 2024, como se había votado en un primer momento el pasado 20 de diciembre.

La decisión del presidente del Parlamento andino ha tenido lugar tras casi seis horas de debate entre la Comisión de Constitución y las diferentes bancadas parlamentarios en las que no se ha llegado a ningún acuerdo, ha informado ‘La República’.

La presidenta dio un discurso el domingo por la noche en el que se notó un cambio de tono respecto a mensajes anteriores. Le pidió al Congreso que asuma la “responsabilidad histórica” de aprobar el adelanto electoral para 2023, en lugar de a mediados de 2024, como estaba previsto. “Digámosle al Perú entero, con la más alta responsabilidad: nos vamos todos”. Con esas palabras asume el grito que se ha extendido ya por el país, en el que los ciudadanos exigen “que se vayan todos”: el Gobierno y el Congreso.

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El pasado viernes ya se dio ese debate en el Pleno y fue rechazado por una amplia mayoría. Solo hubo 45 votos a favor y 65 en contra. El ambiente no es de que esto vaya a cambiar de un día para otro. Hay partidos que exigen la renuncia de Boluarte, congresistas que sostienen que celebrar las elecciones en abril de 2024 es lo correcto para poder llevar a cabo reformas políticas previas y otros, los menos, que abogan por irse cuanto antes.

El Congreso volverá a debatir para buscar un consenso que permita alcanzar los 87 votos necesarios para aceptar el adelanto de elecciones a este año que, de ser aprobado, deberá ser votado nuevamente en la siguiente legislatura, por tratarse de una reforma constitucional.

Perú se encuentra sumido en una profunda crisis política nacida tras la destitución por parte del Congreso del expresidente Pedro Castillo, quien anunció el pasado 7 de diciembre la disolución del Parlamento andino y la instauración de un Gobierno de excepción.

Tras la detención del exmandatario, decenas de miles de personas han salido a protestar en diversos puntos del país para pedir la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria urgente del elecciones presidenciales. Desde entonces, más de 60 personas han perdido la vida en los disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

El Congreso de Perú declaró este jueves persona no grata al expresidente de Bolivia Evo Morales, rechazó sus expresiones sobre la crisis política peruana y reclamó que se le impida ingresar al país.

El pleno del Congreso aprobó con 74 votos a favor declarar persona no grata al expresidente Evo Morales y manifestar su rechazo a las expresiones públicas que tuvo el exmandatario sobre la situación política peruana. .

Además, la moción, sustentada por la congresista María del Carmen Alva, pide dar cuenta al Ministerio del interior y que a través de Migraciones se impida el ingreso al país del exmandatario Bolivia.

“Declare persona no grata al señor Evo Morales Auma en el territorio nacional, por sus constantes incitaciones en la política nacional, las mismas que buscan desequilibrar el orden interno del país, en especial la zona del sur del Perú”, señala la iniciativa.

El último 9 de enero, el Gobierno de Dina Boluarte dispuso que Evo Morales no ingrese al país. El Ministerio del Interior informó que la Superintendencia Nacional de Migraciones emitió el impedimento de ingreso al país contra el expresidente de Bolivia por los puestos de control migratorio.

La medida del Poder Ejecutivo incluye, además, en 8 ciudadanos de nacionalidad boliviana quienes ingresaron a territorio peruano para efectuar actividades proselitistas ante las protestas que se registran en el interior del país.

“El 6 de enero, la Superintendencia Nacional de Migraciones, en estricto cumplimiento de sus facultades y del artículo 48 de la Ley de Migraciones, dispuso el registro del impedimento del ingreso al país, a través de todos los puestos de control migratorio, de nueve ciudadanos de nacionalidad boliviana, entre quienes se incluye al señor Juan Evo Morales Ayma”, dice el comunicado del Ministerio.

Morales mantuvo una activa presencia en Perú, sobre todo en regiones del sur del país, durante el Gobierno del Pedro Castillo, depuesto y encarcelado, con el objetivo de incentivar la integración de regiones como Puno al proyecto Runasur, la plataforma internacional de movimientos sociales e indígenas que impulsa.

El exgobernante estuvo muy activo en las redes sociales con opiniones sobre la crisis en Perú y mensajes para defender a Castillo desde su destitución por el Congreso tras intentar dar un autogolpe de Estado, el 7 de diciembre pasado.

No es el primer cruce entre dirigentes de ambas naciones. El martes de esta semana, la Cancillería peruana informó que entregó una nota al embajador de Bolivia en Perú, Carlos Aparicio, por unas declaraciones del presidente de dicho país, Luis Arce, en las que se refirió a “temas de política interna”.

“No aceptamos la insinuación sobre una supuesta injerencia en asuntos internos de la República del Perú”, indicaron desde el país altiplánico ante protesta del Estado peruano por declaraciones de Arce.

El mandatario boliviano había dicho el último domingo en su cuenta de Twitter que “tenemos al pueblo peruano en una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un Gobierno que los represente”.