La sesión especial convocada para este jueves 15 de octubre en la Cámara de Diputados no pudo comenzar por falta de quórum. La oposición buscaba tratar el rechazo al DNU 70/23, la prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos para aliviar el endeudamiento familiar.

Los bloques que impulsaron la convocatoria no alcanzaron los 129 legisladores presentes necesarios para habilitar el debate. Así, los asuntos incluidos en el temario quedaron sin tratamiento en esta oportunidad.

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Martín Menem declaró fracasada la sesión y habilitó las expresiones en minoría. Luego, invitó a los diputados y al público presente a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo.

Entre trabajadores legislativos emocionados y lágrimas, un fuerte aplauso resonó en el recinto tras el homenaje. También se escucharon cánticos vinculados al peronismo y consignas contra el oficialismo.

Cecilia Moreau recordó a Norberto Di Próspero

Cecilia Moreau tomó la palabra después de Maximiliano Ferraro y recordó con afecto a Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo. Su intervención continuó los homenajes tras el minuto de silencio realizado en el recinto.

El DNU 70/23 introdujo un amplio conjunto de desregulaciones económicas. La discusión volvió a cobrar impulso por los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros, uno de los puntos alcanzados por la norma.

En paralelo, el oficialismo consiguió dictamen para su proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con la restitución de esos límites. Esa iniciativa tiene previsto llegar al recinto el 21 de octubre. La convocatoria opositora también propone extender la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027.

La actividad parlamentaria coincide con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Estudiantes, docentes, no docentes y autoridades académicas confluyen frente al Congreso con el respaldo de organizaciones sindicales, sociales y políticas.

La jornada también incluye un paro de ATE y reclamos vinculados con discapacidad, endeudamiento familiar y rechazo al DNU 70/23. Desde la mañana comenzaron a llegar manifestantes a la Plaza de los Dos Congresos, donde se instalaron banderas y estructuras para las actividades previstas.

En los juegos de cartas tradicionales, el uso de porotos para contar los puntos es ley. Es eso o sumar a pura lapicera y papel. En ámbitos legislativos, el término “poroteo” también es conocido: remite al conteo uno por uno de los votos que pueden sumar a la aprobación de una iniciativa o a la concreción de una sesión.

Es la palabra que mejor resume la febril actividad de los últimos días en el Congreso y el Ejecutivo y de este jueves, en particular, en la Cámara de Diputados de la Nación.

Para las 14 está citada la sesión especial que pidió la oposición a fin de abordar una agenda bien concreta (y totalmente contraria a los intereses del gobierno nacional), que consiste en una ley sobre Endeudamiento Familiar, la prórroga hasta diciembre de 2027 de la Emergencia Nacional de Discapacidad, y la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 que el Senado ya rechazó en marzo de 2024.

Cada tema tiene sus complejidades, pero en realidad la pregunta es cuántos “porotos” logrará reunir la oposición para completar los 129 que se requieren para alcanzar el quórum y abrir la sesión. Y cuántos habrá conseguido el oficialismo para malograr la convocatoria.

Un paso adelante en esa línea dio este miércoles el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ambas presididas por legisladores de La Libertad Avanza, que lograron un dictamen de mayoría para incorporar al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (que tiene media sanción del Senado) dos artículos que revierten uno de los puntos más discutidos del decreto 70/23: dejan sin efecto el artículo 154 y restituyen la plena vigencia de la Ley 26.737 que en el año 2011 dispuso la protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales (fija un 15 % el límite de tierras en manos de extranjeros).

Con este dictamen, pierde fuerza uno de los argumentos de la sesión especial de este jueves. ¿Por qué? Porque fue convocada apenas se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia que el 29 de septiembre rechazó por falta de legitimación procesal la demanda del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM), que impugnaba el artículo 154 del DNU, precisamente el que deroga la Ley de Tierras.

Poco después, el 9 de octubre, el máximo tribunal reconoció legitimación en otro reclamo, en este caso de la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestiona el mismo artículo pero invocando la protección del ambiente. En este caso, dictó una medida cautelar para suspender el artículo en cuestión y devolvió la causa al juzgado Federal de Bariloche donde se había iniciado.

Para decirlo en simples palabras, hasta que el tema se resuelva quedó restituida una vez más la Ley de Tierras aunque la Corte no se pronunció sobre la cuestión de fondo, es decir, el decreto de Milei.

Con el dictamen acordado este miércoles por el oficialismo y bloques aliados que deroga el artículo en cuestión del DNU 70/23, el gobierno espera desinflar la sesión que fue pedida, entre otros, por el santafesino Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria.

Al mediodía están invitadas las autoridades de bloques para la reunión de labor parlamentaria para coordinar el desarrollo de la sesión.

Pero en la grilla oficial de Diputados figura otra sesión: esta vez para el 21 de octubre, convocada por Gabriel Bornoroni (LLA) y otros legisladores del bloque que representa al presidente Javier Milei.

En ese temario figura el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (con los cambios introducidos en las últimas horas que restituyen la Ley de Tierras), la creación de un Sistema de Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y de sus Ingredientes Farmacéuticos Activos (que surgió como uno de los compromisos de la comisión investigadora del fentanilo contaminado), modificaciones al Código Penal en materia de vandalismo rural, la prórroga de la Ley de Discapacidad y la ley de endeudamiento familiar, entre otros puntos.

Con o sin sesión, para esta tarde está convocada la quinta marcha federal universitaria que tendrá epicentro en el Congreso y replicará en todo el país.

Sobre este punto, y para sumar otro ingrediente a un conflicto demasiado extenso y meneado, el juez federal Martín Cormick sancionó con una multa diaria de 100 mil pesos al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por la decisión de Javier Milei de no acatar la cautelar que ordenó al gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. ¿Por qué a Santilli? Por ser el responsable de la administración del Presupuesto.

No será el único reclamo que se oirá este jueves en las calles; también se irá por la derogación del DNU 70, la ley de discapacidad y la situación de las familias endeudadas.

La disputa por la Ley de Tierras continuará en el Juzgado Federal de Bariloche, después de que la Corte Suprema suspendiera provisoriamente el artículo del DNU 70/2023 que derogó las restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros. La medida restableció esos límites, pero todavía no existe una resolución definitiva sobre la constitucionalidad de la derogación.

El fallo del 9 de octubre devolvió el expediente al juez federal Leandro Gómez Constenla, quien deberá analizar si las organizaciones y comunidades que presentaron el amparo están habilitadas para sostenerlo y si corresponde mantener la suspensión.

En paralelo, el Congreso conserva la posibilidad de rechazar el decreto o discutir una nueva legislación sobre tierras rurales. Así, el conflicto tiene dos ámbitos de resolución: el judicial, donde se tramita el amparo, y el parlamentario, donde pueden modificarse las normas.

La primera cuestión que deberá resolver el magistrado es la legitimación de los demandantes. Esto implica determinar si la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas y los demás firmantes pueden promover la acción colectiva.

Luego deberá dar intervención al Estado nacional y examinar el pedido de medida cautelar. De esa evaluación dependerá si continúa suspendido el artículo 154 del DNU y, por lo tanto, si se mantienen las restricciones de la ley 26.737 durante el proceso.

La discusión de fondo será si la derogación de la Ley de Tierras mediante el decreto presidencial es constitucional. Ese análisis es diferente de la cautelar, que ofrece una respuesta transitoria mientras se tramita la causa.

Si el juzgado mantiene la suspensión, los límites seguirán operativos en los términos que establezca la resolución. Si rechaza la protección solicitada, podría volver a aplicarse el artículo del decreto que derogó la ley, sin perjuicio de las instancias de revisión judicial.

La ley 26.737, sancionada en 2011, establece un régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.

Entre sus disposiciones figura un máximo del 15% de titularidad extranjera, aplicable a nivel nacional, provincial y departamental. También limita la concentración correspondiente a una misma nacionalidad.

Además, fija un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo para un mismo titular extranjero, con equivalencias para otras regiones. Estas restricciones volvieron a tener aplicación a partir de la cautelar interina de la Corte.

El 29 de septiembre, el máximo tribunal había resuelto una causa promovida por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). En ese expediente revocó la sentencia que había declarado inconstitucional la derogación, porque consideró que la entidad no tenía legitimación para presentar el reclamo.

Aquella decisión no determinó que el DNU fuera constitucional. La Corte se pronunció sobre la posibilidad del CECIM de impulsar la acción, fundada en la defensa de la soberanía.

El nuevo expediente contiene argumentos vinculados con la protección del ambiente y los derechos de las comunidades indígenas. El tribunal señaló que esos fundamentos no habían sido examinados y debían recibir tratamiento en la Justicia Federal de Bariloche.

Aunque ambas causas habían sido reunidas por su objeto similar, los planteos propios de Árbol de Pie y de las comunidades permanecían sin resolución. Por esa razón, la Corte dispuso devolver las actuaciones y dictó la protección provisoria.

La controversia también mantiene abierta la discusión sobre el futuro del DNU 70/2023 en el Congreso. Una alternativa es avanzar con su rechazo; otra, debatir una nueva Ley de Tierras que establezca un régimen diferente.

Ambos caminos tienen alcances distintos: el rechazo del decreto afecta al conjunto de sus disposiciones, mientras que una nueva ley permitiría definir específicamente las condiciones para la compra de tierras rurales por extranjeros.

La cautelar no reemplaza esa discusión legislativa ni resuelve definitivamente el conflicto. Su función es mantener suspendida la derogación hasta que el juzgado se pronuncie sobre las cuestiones indicadas por la Corte.

La legisladora rionegrina Magdalena Odarda planteó que el trámite en Bariloche podría incorporar una audiencia pública y presentaciones de “amicus curiae”, mediante las cuales organizaciones y especialistas aporten argumentos al tribunal.

También consideró necesario mantener vigente la Ley de Tierras durante el desarrollo de la causa. Al referirse a esa participación, propuso admitir aportes de “organizaciones y juristas de toda la Argentina”.

La reforma de fondo que produjo el Congreso de la Nación sobre las energías en la Argentina tuvo como tema de debate más difundido la eliminación de dos tercios de las áreas y la población consideradas bajo los beneficios de la Zona Fría.

El efecto inmediato de la ley que votaron en contra los tres senadores nacionales por Santa Fe tiene claros perjuicios para la zona sur del mapa de la bota donde medio millón de personas pierden las ayudas para el servicio de distribución de gas natural. En total, en todo el país, la quita alcanza unos 4 millones.

En adelante y tal como sucedía hasta 2021 las ayudas serán solo para los climas más extremos: una pequeña porción de la población mendocina (en Malargüe), del Noroeste del país (en la Puna) y en toda la Patagonia.

Pero la vuelta a esa situación de subsidios acotados por bajas temperaturas a menos de medio millón de argentinos hoy tiene otros ingredientes. Cuando se creó esta ayuda, en 2002, las tarifas del gas natural estaban seriamente atrasadas, algo que hoy no sucede.

La salida de la convertibilidad o mejor su estallido fueron el contexto cambiario de aquella decisión. Para altos consumos, ni la pesificación de las tarifas de aquellos años fue suficiente para que los usuarios residenciales con gas natural en la Patagonia pudieran afrontar las boletas.

Más adelante, en las dos décadas y algo más que siguieron (y con algún paréntesis) las tarifas en todos los niveles y servicios fueron fuertemente subsidiadas por el Estado nacional. Desde diciembre de 2023 sucede lo contrario.

En la actualidad, todas las medidas asumidas por el gobierno nacional buscan que los usuarios residenciales (al igual que los comerciales e industriales) paguen tarifas sin ayudas y que haya solo subsidios "focalizados" para los hogares más vulnerables, en los que la suma de sus ingresos no supere tres canastas básicas.

¿Por qué es importante comparar las tarifas subsidiadas del kirchnerismo con los valores de hoy cuando se habla de gas y Zona Fría? Porque pese a la fuerte reducción del número de beneficiarios, no se tocó el impuesto que sostiene esas ayudas.

La ley aprobada mantiene una alícuota de hasta el 7,5% del valor del combustible, de cada una de las boletas de todos los usuarios del país, para sostener un número mucho menor de hogares con ayudas para pasar el invierno. La síntesis es que no se tocaría la fuente de ingresos (e impuestos) pese a que ha bajado sustancialmente la cantidad de metros cúbicos a subsidiar.

A ese novedoso desequilibrio (iguales impuestos para una asignación menor) se lo podrá corregir de dos modos: con un retiro del Estado nacional en sus aportes para sostener el valor del gas natural con este fin o con una baja de la alícuota.

La norma dispone que se cobre "hasta el 7,5%", pero la política energética nacional actual busca lo primero: que el Estado se retire todo lo posible del plano de los subsidios (y de las regulaciones) con dolarización de las tarifas.

Se busca en todo el nuevo esquema normativo que haya un traspaso directo del costo real de la energía a las facturas finales. Ese es uno de los puntos calientes que ha dejado la quita de subsidios al gas para la zona fría.

El oro del Banco Central de la República Argentina podrá ser utilizado como garantía en operaciones de liquidez de la propia entidad si el Senado convierte en ley la reforma de su Carta Orgánica que este miércoles avanzó en comisión.

La confirmación salió de boca de Santiago Bausili después de que buena parte de las objeciones opositoras confluyeran sobre los artículos 13 y 33, modificaciones que el titular del BCRA presentó como una actualización operativa. “Sí, el oro se puede poner en garantía, como sucede al día de hoy”, respondió Bausili, pero inmediatamente marcó un límite: “Los encajes no, ni los encajes ni los depósitos de la gente estarían afectados”.

La discusión ocupó una porción importante de las casi cuatro horas del plenario de Economía Nacional e Inversión y Presupuesto y Hacienda, que recibió también al vicepresidente del Central, Vladimir Werning. Al final de la reunión, el oficialismo hizo avanzar el dictamen del proyecto que Diputados había aprobado días atrás por 144 votos contra 102 y nueve abstenciones.

Los artículos 13 y 33 despertaron la mayor cantidad de cuestionamientos entre los senadores. La modificación de proyecto establece que los bienes que forman parte de las reservas son inembargables pero, a la vez, habilita a utilizar activos externos como garantía en “operaciones propias de banca central”.

Juliana Di Tullio apuntó directamente sobre el alcance de esa habilitación. La senadora del Justicialismo quiso saber qué activos podrían comprometerse, preguntó específicamente por los encajes de los depósitos en dólares y volvió sobre el traslado al exterior de parte del oro del BCRA.

También Alejandra Vigo (Provincias Unidas) puso el foco sobre lo que consideró la mayor contradicción que suscitan ambas modificaciones: si las reservas son declaradas inembargables pero pueden entregarse como garantía, ¿qué ocurrirá cuando la obligación garantizada no se cumple?. Jorge Capitanich, en tanto, insistitó en el requerimiento de precisiones acerca de los límites y controles que tendrá la utilización de reservas como colateral.

Bausili hizo una distinción. Una cosa, explicó, es que las reservas puedan ser alcanzadas por embargos derivados de obligaciones de otras áreas del Estado. Otra es que el propio Central afecte voluntariamente un activo para respaldar una operación. “Si se pone un activo en garantía y no se cumple el contrato, esa garantía va a ser ejecutada”, reconoció.

El funcionario insistió en que se trata de operaciones para administrar liquidez y no de una nueva fuente de financiamiento público. Puso como ejemplo la posibilidad de obtener fondos por un período corto contra títulos del Tesoro estadounidense que forman parte de las reservas, evitando venderlos y recomprarlos.

Sobre el oro trasladado durante 2024, aseguró que los movimientos están documentados y auditados. Explicó que actualmente existe oro físico en las bóvedas del BCRA y otra porción depositada en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), en Suiza. Según su versión, el traslado permitió convertir lingotes de menor calidad comercial en activos con mejores estándares aprovechando condiciones favorables del mercado.

La controversia por los artículos 13 y 33 terminaron funcionando como disparador de la nueva arquitectura que Javier Milei propone en el funcionamiento del BCRA: alterar la relación con el Tesoro y, al mismo tiempo, darle a sus autoridades una estabilidad mayor frente a los vaivenes de la política.

Hacia el final de su intervención, Bausili sintetizó que la reforma busca “un rol del Banco Central mucho más acotado”, menos vinculado al programa económico del gobierno de turno y concentrado en preservar el valor de la moneda.

En ese sentido, defendió la reducción de funciones. Destacó que frente a la Carta Orgánica vigente, que incorpora estabilidad monetaria y financiera, empleo y desarrollo económico con equidad social, el Central concentrará su misión principal en preservar el valor de la moneda.

“El Banco Central tiene que ser agnóstico, no tiene que estar eligiendo un sector de la economía sobre otro”, lanzó Bausili cuando los senadores le preguntaron por herramientas destinadas a favorecer el crédito a pymes o economías regionales.

Werning puso números al proyecto. Según el cálculo presentado por el vicepresidente del BCRA, el “daño patrimonial” acumulado por el Central entre 2013 y 2023 superó los US$ 550.000 millones a valores actualizados, una cifra equivalente al 85% del Producto Interno Bruto.

En esa cuenta incluyó la pérdida de reservas líquidas a través de letras intransferibles, los adelantos transitorios, las transferencias de utilidades, otros mecanismos indirectos de financiamiento y el costo que luego debió asumir el Central para esterilizar los pesos emitidos.

La hipótesis que defendió Werning es lineal: el Tesoro recibió pesos y dólares; el BCRA deterioró su balance para proveérselos y las familias terminaron absorbiendo una parte sustancial del costo mediante inflación.

Para la conducción de la entidad, ese cálculo explica por qué no alcanza con que el actual gobierno decida no utilizar esos mecanismos. El objetivo es clausurarlos por ley para los que vengan después.

Ahí es donde apareció el segundo gran cuestionamiento. El proyecto involucra al Congreso de manera vinculante para remover a las autoridades del Banco Central y establece una mayoría agravada de dos tercios de ambas cámaras. La oposición cuestionó la asimetría entre las condiciones requeridas para ingresar al directorio y las necesarias para salir.

José Mayans, jefe de bloque del Justicialismo, calificó de “inconstitucional” el esquema propuesta y sostuvo que convertiría a la conducción monetaria en una suerte de poder permanente. "La Constitución dice que tiene el ente tiene que estar al servicio del pueblo argentino, no al servicio de diez economistas", y acusó de que con la reforma el titular del BCRA "adquiere el rango presidencial o de juez de la Corte. "Nos oponemos terminantemente y declaramos que es inconstitucional que sean removidos por dos tercios ambos cuerpos", advirtió.

Mientras la jefa de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tomó esa misma discusión para defender el diseño oficial. Sostuvo que abandonar los objetivos múltiples y que haya estabilidad en sus autoridades evitaría los cambios al ritmo de cada gobierno. “Se debe concentrar en garantizar esa estabilidad monetaria y en rendir cuentas por esos resultados”, planteó. Y sostuvo que una conducción protegida frente a remociones discrecionales no supone ausencia de control, sino una “regla de estabilidad” capaz de darle mayor independencia a la autoridad monetaria.

El debate continuará ahora en el recinto, adonde el oficialismo procura consagrar una reforma concebida para que las reglas que hoy el BCRA dice aplicar por decisión propia se conviertan en límites legales para quienes administren la moneda en los próximos gobiernos.

Entre la Cámara de Diputados y la de Senadores suman casi 60 proyectos de ley relacionados con la problemática que por estos días ocupa buena parte de la atención pública y política: la morosidad, que se traduce en un alto nivel de endeudamiento familiar.

Tras la última sesión de la Cámara baja, una variopinta representación opositora pidió una sesión especial para el 9 de septiembre a fin de emplazar a las comisiones lideradas por La Libertad Avanza para que inicien el tratamiento de un tema que preocupa a millones de personas.

Al día siguiente se conoció la convocatoria de la comisión de Finanzas hacia la que tienen giro la mayoría de los proyectos presentados. El grupo está bajo la presidencia de Santiago Pauli (LLA-Tierra del Fuego) y recibirá la exposición de autores de las distintas iniciativas (34 figuran en el temario), de las cuales varias pertenecen a legisladores de Santa Fe. Entre ellos, Caren Tepp, Esteban Paulón, Diego Giuliano, Germán Martínez y Agustín Rossi.

Algunos proyectos tienen giro a la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y la Competencia, que lidera Hugo Yasky (UxP-Buenos Aires) y ya organizó jornadas para escuchar opiniones de organismos y damnificados por lo que se descuenta que no recibirán objeciones. Otros, los menos, deberá pasar por Presupuesto y Hacienda donde el presidente es Bertie Benegas Lynch (LLA-Buenos Aires) que, al menos de momento, no fue convocada.

De todos modos, el objetivo de buena parte de los diputados es impulsar medidas que no impliquen un costo fiscal, de manera de no recibir el rechazo del gobierno que sostiene el principio de equilibrio fiscal por encima de todo compromiso, aún si fuera establecido por ley.

Todo esto ocurre mientras el presidente de la Nación Javier Milei consideró que el endeudamiento es un tema “entre privados”, concepto que fue ratificado este lunes por el titular de la Cámara baja, Martín Menem, quien no cree “necesario” que el Estado intervenga, “porque cada vez que intervino en algo las cosas terminaron peor".

“La mora de la que vienen hablando ya empezó a bajar, esto es dato. Yo veo que detrás de algunas buenas intenciones está siempre un sector de la política tratando de buscar algún efecto desestabilizador", siguió el riojano, en línea con la postura del gabinete nacional.

Precisamente, en la provincia de los Menem, el gobernador Ricardo Quintela anunció la puesta en marcha de un paquete de medidas financieras a través del banco provincial, destinadas a contener el endeudamiento de las familias.

La iniciativa, que se presenta bajo el marco de una emergencia crediticia por 180 días contra los denominados "abusos financieros", busca dar respuesta a la progresiva erosión en la capacidad de pago de los hogares, de acuerdo a lo replicado por la agencia Noticias Argentinas.

Al respecto, Quintela expresó que “en un contexto económico nacional que viene deteriorando la capacidad de pago de los hogares y llevando a muchas familias a recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos o cubrir compromisos anteriores, continuamos acompañando con medidas concretas”.

El programa de asistencia del Banco Rioja se compone de tres herramientas concretas.Por un lado, la entidad dispondrá una baja de 20 puntos en la tasa de interés de sus préstamos personales. El beneficio alcanzará tanto a la solicitud de nuevos créditos como a las refinanciaciones de pasivos de aquellos clientes que se encuentren al día.

Además, se establecerán condiciones especiales de regularización dirigidas de manera específica a las personas que acumulen un atraso de 90 días o más en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

Por último, se implementará un plan de reestructuración para saldos de la tarjeta de crédito Mastercard del Banco Rioja que permitirá financiar las deudas en hasta 36 cuotas mensuales con tasas fijas.

Esta iniciativa se suma a otras que adoptaron, con matices, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, CABA, Misiones, Corrientes, Chubut y Santa Cruz.

Los proyectos para abordar este tema en el Congreso se cuentan por decenas, incluyendo los de ley y sumando aquellos de declaración, comunicación y resolución.

No solo en la Cámara baja: en el Senado hay 7 iniciativas de ley, incluidas dos de autoría de otro santafesino, Marcelo Lewandowski (Justicialista); una establece un régimen especial de regularización y asistencia para personas físicas que se encuentren en situación de mora con deudas por tarjetas de crédito, y otra para modificar la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito y reducir tasas de interés.

De acuerdo a los datos difundidos en las últimas semanas, cerca de 20 millones de personas mantienen algún tipo de crédito o financiamiento formal, mientras que el 70% de la población considera que su nivel de endeudamiento aumentó significativamente durante el último año.

Entre los jóvenes de 18 a 29 años, casi cuatro de cada diez se encuentran en situación de mora, impulsados principalmente por el uso de créditos digitales y billeteras virtuales.

Según información del Banco Central, la morosidad del crédito al sector privado pasó del 1,6% en diciembre de 2024 al 5,5% un año después. En el caso de las familias, el salto fue todavía más pronunciado: del 2,5% al 9,3% en apenas doce meses.

Durante 2026 la tendencia continuó agravándose y los registros alcanzaron niveles superiores al 12%, los más elevados en décadas según diversos análisis económicos, de acuerdo a lo publicado por Parlamentario.com que realiza un pormenorizado relevamiento de los proyectos presentados en el Congreso Nacional.

La Cámara de Diputados de la Nación sesiona este miércoles desde las 12 horas con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) como punto central.

La Cámara Baja había sido convocada a sesión especial la semana pasada tras el pedido del oficialismo, con un amplio temario de complemento.

El gobierno de Javier Milei impulsa en el Congreso un proyecto para reformar la Carta Orgánica del BCRA que limita drásticamente las funciones del organismo y prohíbe por ley el financiamiento al Estado.

La sesión especial propuesta por el oficialismo para iniciar la discusión legislativa se estableció para este miércoles 26 de agosto en la Cámara de Diputados de la Nación.

Entre los puntos clave de la reforma se pretende eliminar los adelantos transitorios, las letras intransferibles y la compra de títulos públicos en el mercado primario para frenar la emisión monetaria por déficit fiscal.

Además, se reemplazarían los múltiples objetivos actuales (estabilidad monetaria, financiera, empleo y desarrollo con equidad) por una única misión: preservar el valor de la moneda.

En busca de "mayor estabilidad", se exigiría la aprobación de dos tercios de ambas cámaras del Congreso para remover al presidente o a los directores del Banco Central, sosteniendo el nombre en caso contrario.

Orden del Día 211. Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, ley 23.928 y sus modificatorias, ley 11.672 (t.o. 2014 y sus modificatorias) y ley 24.156 y sus modificatorias. Modificación.

Orden del Día 209. Leyes 11.683 y 27.799 relativas a la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y en materia de prescripción tributaria, y 25.191 referente al Régimen Sancionatorio. Modificación.

Orden del Día 208. Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercado Común del Sur – MERCOSUR – y la República de Singapur, celebrado en la ciudad de Río de Janeiro – República Federativa del Brasil – el 7 de diciembre de 2023. Aprobación.

Orden del Día 85. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes – PCT –, y su respectivo Reglamento, suscripto en Washington –Estados Unidos de América–, el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001. Aprobación.

Orden del Día 210. Ley 23.349 (t.o. 1997 y sus modificatorias), de Impuesto al Valor Agregado. Modificación del artículo 28, sobre la reducción de la alícuota a la fécula de mandioca.

Orden del Día 250. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Declaración como Capital Nacional del Teatro.

Orden del Día 249. Ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Declaración como Capital Nacional del Coleccionismo.

Orden del Día 248. Provincia de San Juan, cuna de Domingo Faustino Sarmiento y Capital Nacional de la Educación. Institución.

Orden del Día 247. Provincia de Santa Cruz. Declaración como Capital Nacional de la Natación de Aguas Frías y otras cuestiones conexas.

Orden del Día 246. Provincia de Tucumán. Declaración como Capital Nacional del Ecoturismo, y otras cuestiones conexas.

Orden del Día 245. Municipio de San José de los Cerrillos, provincia de Salta. Declaración como Capital Nacional del Cerdo Negro.

Orden del Día 244. Ciudad de Caá Catí, provincia de Corrientes. Declaración como Capital Nacional de la Producción Bubalina.

Orden del Día 243. Ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. Declaración como capital simbólica de la República Argentina, el día 9 de julio de cada año.

Orden del Día 263. Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Reorganización.

Orden del Día 262. Sala II en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Creación.

Orden del Día 270. Ritual, celebración y peregrinación del “Camino de Brochero”. Declaración como parte integrante del patrimonio inmaterial de la República Argentina en los términos de la ley 26.118.

Este miércoles, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación recibió al ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, que expuso sobre el proyecto de ley impulsado por la diputada nacional Gisela Scaglia para ampliar las competencias provinciales en materia de estupefacientes. La reunión contó con la participación de los integrantes de la comisión, entre ellos el diputado nacional santafesino Pablo Farías.

La iniciativa apunta a brindar nuevas herramientas a las provincias que decidan adherir para intervenir en casos vinculados al narcomenudeo y microtráfico que actualmente pueden quedar bajo competencia de la Justicia Federal.

Previo a la exposición, Cococcioni destacó la experiencia desarrollada en Santa Fe y la incorporación de la persecución del microtráfico como una herramienta central dentro del plan de seguridad que lleva adelante el gobernador Maximiliano Pullaro. “La Provincia de Santa Fe ha tomado la política de microtráfico como una herramienta en la lucha contra el delito y la violencia. La venta barrial de estupefacientes está ligada en muchos casos a los homicidios, a la circulación de armas de fuego y al desempeño de bandas criminales que se disputan territorio”, sostuvo.En ese sentido, el ministro explicó la importancia de mantener un abordaje integral sobre los fenómenos criminales: “Cuando por alguna cuestión técnica una causa pasa a la Justicia Federal, se pierde la integralidad de esa investigación y perdemos la oportunidad de tener una herramienta para pacificar”.Cococcioni destacó además los resultados alcanzados en Santa Fe y la incidencia que, según señaló, tuvo esta política en la disminución de la violencia en Rosario. “Para nosotros, haber podido reducir dos tercios de la violencia y los homicidios en la ciudad de Rosario tiene que ver directamente con la posibilidad de perseguir el microtráfico a nivel local”.

Por su parte, Scaglia explicó que el proyecto “tiene como objetivo aumentar las competencias de una provincia en materia de estupefacientes, sobre todo en la ley de microtráfico”, y señaló que la modificación permitiría avanzar sobre casos que actualmente pueden quedar en una zona de indefinición entre jurisdicciones.“Necesitamos esta ley para poder hacernos cargo. Es una herramienta a la que las provincias después tendrán que adherir, no es obligatoria para nadie”, señaló la diputada nacional. En ese marco, destacó el interés de Santa Fe en avanzar con la iniciativa para “trabajar mucho más en los temas de narcomenudeo y microtráfico y, sobre todas las cosas, seguir adelante con el plan de seguridad que tiene la provincia”.Finalmente, Scaglia sostuvo que ampliar las posibilidades de intervención provincial permitiría “trabajar mucho más en los temas que a veces no se pueden trabajar porque terminan siendo competencia federal”. Y concluyó: “Es una herramienta muy importante, por eso estamos dando esta pelea en la Cámara de Diputados y esperamos que sea ley”.

Javier Milei volverá a pararse frente al Congreso el 15 de septiembre para defender el Presupuesto 2027, aunque antes intentará despejar buena parte de la agenda legislativa que condicionará la negociación más importante del segundo semestre.

La fecha coincide con el límite legal para que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto y supone un cambio respecto del año pasado: en 2025, Milei presentó el Presupuesto 2026 mediante una cadena nacional desde la Casa Rosada; ahora volverá al formato que utilizó en septiembre de 2024, cuando expuso personalmente ante Diputados.

Más allá de los números que se establezcan en el proyecto, el mandatario buscará colocar volver a poner el foco en la necesidad del equilibrio fiscal como eje del programa económico y, al mismo tiempo, abrir la discusión que comienza a desandarse sobre las elecciones de 2027.

La exposición presidencial tendrá alta carga simbólica, porque Milei sigue siendo el principal vocero de su propio programa. Según se anticipa, el equilibrio de las cuentas públicas será la línea dominante de la exposición y servirá para fijar los límites dentro de los cuales el gobierno nacional estará dispuesto a negociar.

El Presupuesto de 2025 también había sido presentado por Milei personalmente, pero no logró convertirse en ley. El de este año, en cambio, fue anunciado por cadena nacional y terminó aprobado en las sesiones extraordinarias de diciembre luego de arduas negociaciones encabezadas por Patricia Bullrich y se transformó en el primero sancionado durante su administración, aunque los números quedaron rápidamente lejos de lo aprobado.

Ahora el objetivo es evitar otra prórroga y llegar al año electoral con una hoja fiscal aprobada por el Congreso. Pero los votos no saldrán únicamente de La Libertad Avanza. El Gobierno necesita conservar acuerdos con el PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales, los mismos interlocutores que requiere para las reformas que pretende acelerar durante las próximas semanas. Por eso las fichas legislativas empiezan a contarse desde bastante antes que el 15 de septiembre.

La estrategia oficial es evitar que el Presupuesto absorba toda la negociación política de entrada y llegar con más aire al Congreso, luego del revés en el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Por eso, Diputados tiene previsto volver al recinto el miércoles 26 de agosto para tratar dos iniciativas particularmente sensibles para el Ejecutivo: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto denominado Inocencia Fiscal II, ambos con dictamen de comisión.

La modificación del BCRA busca prohibir el financiamiento al Tesoro, endurecer las condiciones para remover a sus autoridades, modificar la distribución de utilidades y establecer mecanismos para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados.

Inocencia Fiscal, en tanto, llegará con cambios introducidos durante la firma del dictamen para limitar los beneficios que podrían alcanzar a funcionarios públicos dentro del régimen simplificado de Ganancias.

El Senado también mantiene abiertas discusiones de peso, pero todavía en comisión. Continuará esta semana el tratamiento de la nueva Ley de Sociedades y del denominado Súper RIGI, mientras el Gobierno pretende sumar al paquete la reforma política y, particularmente, la suspensión de las PASO antes de que comience formalmente el año electoral.

En Diputados, además de la sesión proyectada para el 26 de agosto, continúan las reuniones de comisión sobre obra pública, comercio, economía y legislación penal. En el Senado avanzan las audiencias para nombramientos judiciales y los plenarios sobre sociedades, incentivos a grandes inversiones y mercado de carbono.

La secuencia busca cerrar primero las reformas y llegar con más aire a la discusión sobre el Presupuesto, una negociación que inevitablemente más amplia porque ahí aparecen una gran parte de las transferencias, partidas, obras y recursos que afectan a cada provincia. En ese plano, emerge la figura de Diego Santilli.

El jefe de Gabinete asumió buena parte de la tarea de recomponer la relación con los gobernadores después de algunos cortocircuitos legislativos que hicieron perder apoyos al oficialismo. Esta semana llevó esa misión a la Asamblea del Norte Grande, donde se reunió con mandatarios provinciales y aseguró: “La agenda que yo tengo es la de ellos, casi el 90% está resuelta”.

Uno de los planteos más concretos llegó de parte Osvaldo Jaldo. El tucumano sintetizó las demandas de los mandatarios señalando que “la integración y el trabajo conjunto entre las provincias del Norte Grande son fundamentales para defender una agenda federal”. Y le puso nombre al reclamo: la Reversión del Gasoducto del Norte para garantizar energía suficiente y a costos competitivos. Santilli respondió con anuncios sobre la reactivación de infraestructura vial. Según afirmó, unos 9.000 kilómetros de rutas podrían “entrar en obra a fin de mes, principio de septiembre”, justamente en la antesala de la presentación presupuestaria.

Los reclamos, sin embargo, siguen siendo concretos. Obras viales, energía, gasoductos, rutas nacionales, transporte, financiamiento de infraestructura aparecen repetidamente entre las demandas que se cruzan con las conversaciones incipientes sobre lo que estará contemplado en el Presupuesto del próximo año. Cuando el proyecto tome forma y llegue al Congreso, los gobernadores volverán a mirar qué obras aparecen y qué recursos tendrán disponibles para empezar a resolver su respaldo al programa financiero de 2027.

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a utilizar la Cadena Nacional este jueves desde las 20 horas para exponer los ejes de uno de los proyectos institucionales más relevantes de su gestión: la profunda modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Milei presentó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central argumentando que lo hace para poner fin a "la estafa de falsificar" dinero que llevó a una "tasa de inflación acumulada de más de 12 trillones por ciento" desde 1935.

"Otra de las estafas fue la salida de la convertibilidad, donde cada peso estaba respaldado por un dólar. La pasión por robar de la lata política no quedó ahí. Cristina Kirchner en complicidad con Mercedes Marcó del Pont le robaron al BCRA 15 mil millones de dólares del día de hoy", sostuvo Milei en cadena nacional.

También adelantó que presentarán un proyecto de reforma de mercados de capitales y otro de reforma del mercado de seguros.

"Nuestro objetivo es hacer de la Argentina el país más libre del mundo. Confió en que el Congreso acompañará estas reformas estructurales que cambiarán la Argentina para siempre", finalizó Milei.

El anuncio, que fue grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada junto al equipo económico, buscó sentar las bases normativas para prohibir por ley la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal, estableciendo a la preservación del valor de la moneda como el único y prioritario mandato de la entidad de la calle Reconquista.

En la elaboración de la iniciativa intervinieron el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili.

Según anticiparon voceros oficiales, el texto ingresará formalmente a la Cámara de Diputados de la Nación tras el receso invernal y pretende ser sancionado lo antes posible. En el oficialismo aseguran que los votos “están”.

Javier Milei. REUTERS/Angela Ponce

En relación a la iniciativa, introduce drásticos cambios en el funcionamiento del BCRA. Entre las medidas de mayor severidad se destaca la aplicación de un régimen de sanciones penales que alcanzará a aquellos funcionarios públicos o directores que vulneren la autonomía de la institución o habiliten la asistencia monetaria al Poder Ejecutivo.

Asimismo, la propuesta elimina definitivamente la transferencia de utilidades contables al Tesoro, prohíbe el uso de letras intransferibles para asistir financieramente al Estado y endurece los requisitos y causales para la remoción del presidente y directores de la entidad, con el fin de blindar su estabilidad institucional ante eventuales cambios de gobierno.

Luis Caputo recibió esta semana a Kristalina Georgieva. REUTERS/Tomas Cuesta

A su vez, una de las principales innovaciones es la incorporación de la figura de "shutdown" o paralización administrativa, un mecanismo inspirado en el modelo estadounidense que impondrá restricciones inmediatas al funcionamiento del Estado en caso de que se agoten las partidas presupuestarias habilitadas por el Congreso. Una forma de impedir la vía del endeudamiento o la emisión para cubrir excedentes.

El senador nacional Marcelo Lewandowski visitó este martes Venado Tuerto y brindó una conferencia de prensa en el hall del Miró Park, donde repasó algunos de los principales debates legislativos que atraviesan al Congreso de la Nación, con especial énfasis en el proyecto vinculado a la extranjerización de tierras y la discusión por los subsidios al gas en las denominadas zonas frías.

Lewandowski, rosarino y senador nacional desde el 10 de diciembre de 2021, llegó a la ciudad en el marco de una agenda que también incluyó su participación en un encuentro en Santa Isabel para analizar junto a distintos sectores de la comunidad el tratamiento de la iniciativa sobre tierras, un tema que genera posiciones contrapuestas en el ámbito político.

Durante la conferencia, el legislador expresó su rechazo al proyecto conocido como “ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, al considerar que, en los hechos, implicaría una flexibilización de las restricciones actuales para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.

“Estamos en desacuerdo con una ley que va a posibilitar una extranjerización de una mayor cantidad del territorio argentino. Estamos hablando de tierras estratégicas que pueden ser de frontera, accesos a lagos, glaciares o lugares con recursos naturales”, señaló.

Actualmente, explicó, existe un límite del 15 por ciento para la titularidad extranjera de tierras, una restricción que, según su interpretación, quedaría eliminada con la nueva normativa.

“Ese límite queda de lado y se podría vender lo que pretendan y quieran comprar. Si viene un inversor, compra”, afirmó, y cuestionó el título de la iniciativa porque, según sostuvo, “parece proteger la propiedad privada de los argentinos, cuando en realidad habilita una compra sin límites de territorio nacional”.

El senador diferenció la situación actual de los procesos inmigratorios históricos y sostuvo que no se trata de pequeños productores extranjeros que llegan a trabajar la tierra, sino de “grandes fondos de inversión internacionales interesados en recursos estratégicos”.

“Estamos hablando de grandes inversores mundiales que necesitan nuestra tierra por nuestros minerales, nuestros recursos naturales y por el avance de la tecnología y la inteligencia artificial. No estamos hablando de alguien que viene a labrar una pequeña parcela”, remarcó.

En ese sentido, consideró que la iniciativa forma parte de un conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno nacional que, a su entender, avanzan hacia una mayor apertura económica y desregulación.

“Tenemos que mirar lo que fue la Ley Bases, el RIGI, la Ley de Glaciares, esta ley y lo que viene. Todas esas normas tienen detrás un plan donde se ponen en juego tierras fundamentales para el desarrollo nacional”, planteó.

Consultado por Sur24 sobre cierta indiferencia de la mayoría de la sociedad frente a un tema que considera estratégico, Lewandowski admitió que muchas personas atraviesan urgencias económicas que desplazan estos debates estratégicos de la agenda cotidiana.

“Hay una porción grande de la población que está desamparada, enojada, endeudada, viendo cómo llega a fin de mes o cómo no pierde su trabajo. Estos temas macro no siempre forman parte de las preocupaciones diarias”, analizó con realismo.

Sin embargo, destacó que en las últimas semanas observó un mayor involucramiento ciudadano. “No sé si fue el Mundial, si fue la bandera de Malvinas, si fue otro motivo, pero después de tres intentos fallidos del oficialismo de tratar el proyecto en el Congreso, el tema empezó a penetrar mucho más”, sostuvo.

Para el senador,  "mientras más información haya, más difícil va a ser levantar la mano sin explicar después las razones cuando caminen por la calle”, afirmó en alusión a sus pares.

Durante su paso por la Esmeralda del Sur, Marcelo Lewandowski también cuestionó una de las modificaciones incorporadas al proyecto, que otorgaría mayores facultades a las provincias sobre la venta de tierras.

“El último cambio, entre los muchos que se hicieron -hubo al menos 15 modificaciones en el despacho de comisión del oficialismo en busca de sumar votos-, plantea que quede en manos de las provincias decidir sobre los territorios que quieran vender. Esto es una cuestión de seguridad nacional, que está por encima de cualquier decisión provincial”, sostuvo.

En esa línea, advirtió sobre una posible fragmentación del territorio nacional: “Estamos asistiendo a una desintegración del territorio, a una balcanización donde cada provincia podría hacer lo que quiera”.

“Si una provincia limita con otro país y un gobernador decide vender toda una superficie fronteriza, estaríamos frente a una situación muy grave. Hay cuestiones estratégicas que deben ser preservadas por el Estado nacional”, agregó.

Otro de los temas abordados por el legislador nacional fue la continuidad del régimen de subsidios al gas para las zonas frías, un beneficio que alcanza a numerosos usuarios del sur santafesino.

Lewandowski sostuvo que la discusión no debe reducirse solamente a la cuestión tarifaria, sino que debe contemplar una política de desarrollo nacional.

“Argentina tiene una de las cuencas gasíferas más importantes del mundo. Con el crecimiento demográfico y el consumo actual tenemos gas para 120 años, pero es muy posible que en 50 años no se use más porque los combustibles fósiles se reemplazan poco a poco. Entonces, es un recurso que debe utilizarse para el desarrollo de nuestras empresas y para el bienestar de la gente, y no sólo para exportar”, afirmó.

El senador cuestionó que, pese a contar con el recurso en el subsuelo, los usuarios argentinos deban afrontar tarifas elevadas.

“Tenemos la materia prima, entonces hay que preguntarse con qué criterio podemos tener un gas tan caro respecto de otros lugares del mundo cuando lo tenemos debajo de nuestros pies”, expresó.

“Todo parece pensado para exportar y para que hacia adentro se pague el precio que se paga. No está pensado como un modelo de desarrollo nacional”, cuestionó.

Sobre el futuro del proyecto que busca modificar los subsidios al gas, Lewandowski -quien fue senador provincial entre 2019 y 2021- consideró que el oficialismo aún no cuenta con los apoyos necesarios en el Congreso. “Hasta ahora no tienen los votos, si no ya lo hubiesen votado”, simplificó.

En el caso de Santa Fe, señaló que una eventual eliminación del beneficio impactaría sobre cientos de miles de usuarios. “Si se votara esa eliminación, habría más de 550 mil vecinos que pagarían entre un 30 y un 40 por ciento más caro el gas”, explicó.

“En un contexto como el actual, donde muchos sectores están postergados, parece difícil pensar que haya legisladores que voten en contra de quienes los eligieron”, concluyó.

El senador nacional Marcelo Lewandowski presentó en el Congreso un Proyecto de Ley para suspender durante un año las ejecuciones fiscales y las medidas cautelares impulsadas por ARCA contra MiPyMEs, cooperativas, empresas recuperadas, monotributistas, profesionales autónomos y entidades sin fines de lucro. La iniciativa busca brindar un alivio inmediato a los sectores productivos que hoy enfrentan una profunda caída de la actividad económica, evitando cierres de empresas, preservando puestos de trabajo y permitiendo que continúen produciendo. Junto al diputado provincial Miguel Rabbia y el intendente Jorge Berti, escuchó las preocupaciones de las Cámaras Empresariales de Villa Constitución y expuso los alcances de su propuesta.El proyecto establece la suspensión por un año de los juicios de ejecución fiscal, los embargos sobre cuentas bancarias, las inhibiciones generales de bienes y otras medidas cautelares. Además, dispone el levantamiento automático de los embargos ya existentes sobre cuentas bancarias para los sujetos alcanzados por la ley, con el objetivo de devolver liquidez y capital de trabajo a quienes hoy ven paralizada su actividad por la inmovilización de sus recursos. "No podemos permitir que una empresa cierre por un embargo cuando lo que necesita es tiempo para recuperarse. Primero hay que mantener viva la empresa para que pueda seguir produciendo y sosteniendo el empleo", afirmó Lewandowski.

La iniciativa incorpora además un régimen excepcional de regularización de deudas con fuertes beneficios para las empresas de menor tamaño. Contempla la condonación total de multas e intereses para las microempresas, importantes reducciones para pequeñas y medianas empresas, amplios planes de financiación y elimina la exclusión por categoría de riesgo del SIPER, para que quienes fueron más castigados por la crisis no queden afuera de la posibilidad de recuperarse."Este proyecto nace de escuchar el reclamo de quienes producen y generan empleo. Las PyMEs no están pidiendo privilegios, están pidiendo poder seguir trabajando. Con esto se busca darles el tiempo y el alivio que necesitan para recuperarse, sostener el empleo y volver a cumplir con sus obligaciones. Cuando una empresa cierra, pierde el trabajador, pierde la comunidad y también pierde el Estado. Por eso hay que dejar de asfixiar al que produce y que los argentinos dejen de perder sus empleos", concluyó Lewandowski.

Mauro L. Muñoz

El Gobierno aprovecha el receso parlamentario para reconstruir una ley que convirtió en bandera ideológica, pero que todavía no pudo traducir en apoyo legislativo. A tal fin, puso en marcha una nueva negociación para destrabar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada antes del 6 de agosto, fecha en la que el Senado deberá retomar el cuarto intermedio dispuesto durante la última sesión.

La reunión de este jueves reúne al autor del proyecto y ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger; la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich; a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y a representantes de los equipos parlamentarios y bloques federales. También participan los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, y de Legislación General, Nadia Márquez.

El objetivo inmediato es acordar una redacción que preserve el corazón desregulador del proyecto, pero incorpore las observaciones de los gobernadores y senadores aliados. Sin ese equilibrio, la quinta oportunidad podría terminar igual que las cuatro anteriores donde los votos no alcanzaron y el texto siguió recibiendo modificaciones que dejó inconforme incluso hasta sus propios ideólogos.

La iniciativa ingresó al Senado el 27 de marzo y obtuvo dictamen el 20 de mayo. Desde entonces, atravesó una secuencia de avances, correcciones y retiros que revela las dificultades del oficialismo para administrar una mayoría prestada.

La compra de tierras por extranjeros es el principal punto de conflicto del proyecto de Propiedad Privada en el Senado.

El 4 de junio fue incluida en la sesión que aprobó el pliego judicial de Verónica Michelli, pero La Libertad Avanza decidió retirarla del temario. El nuevo intento, previsto para el 18 de junio, quedó absorbido por la crisis política alrededor del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El 25 de junio tampoco pudo tratarse porque la Cámara alta no consiguió quórum. Finalmente, el 16 de julio Bullrich pidió un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, moción que fue aprobada por 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención.

Desde su presentación, el expediente acumuló modificaciones y llegó a circular en unas quince versiones, según los cálculos de los cronistas parlamentarios. Si bien logró acercar algunos respaldos, también abrió un conflicto interno, ya que de aprobarse la versión podría quedar lejos de los ejes centrales de la propuesta original. Por esto, el Ejecutivo busca ahora consensuar con los bloques aliados una postura más unánime sobre el proyecto.

Para Javier Milei, la iniciativa es una pieza elemental en el programa libertario. El presidente lo dejó claro durante el aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. “Está en el Congreso la ley para declarar la inviolabilidad, el respeto y la defensa a ultranza del derecho de propiedad”, sostuvo. Y agregó: “aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad, como postulamos nosotros en base al orden liberal, son los enemigos del progreso”.

Esa intensidad discursiva elevó el costo de un nuevo fracaso. Para el Gobierno, aprobar la norma significaría comenzar el segundo semestre con una victoria y reafirmar la orientación de su agenda desreguladora. Otra postergación, en cambio, exhibiría que ni siquiera una iniciativa presentada como elemental para el ideario libertario consigue ordenar al oficialismo y sus aliados.

El principal foco de resistencia aparece en el articulado relacionado con las tierras fiscales y la posibilidad de ampliar la participación de personas o sociedades extranjeras en la adquisición de tierras rurales. Los bloques federales hicieron llegar sus reparos preocupados por el alcance territorial de las modificaciones, al igual que sectores aliados que tradicionalmente acompañan al oficialismo.

Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, acelera los diálogos para que el proyecto avance en la Cámara alta.

La vicepresidenta Victoria Villarruel también tomó distancia de ese punto y protagonizó un duro cruce con Bullrich en la sesión anterior, que se dio en medio de los partidos de la Selección Argentina en el Mundial. Por eso este martes se reunieron durante unos veinte minutos en el despacho de la titular del Senado para encontrar puntos en común más allá de las diferencias personales.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza quedó a cargo de traducir la definición presidencial en votos. Su tarea consiste en acercar a los representantes provinciales, contener las ambiciones de la cartera que comanda Sturzenegger y acordar con Legal y Técnica una redacción que pueda ser defendida simultáneamente en el recinto y en la Casa Rosada.

La sesión del 6 de agosto ya fue comprometida para continuar el debate y el calendario posterior está cargado de proyectos que no tienen un rumbo certero. El proyecto de Ley Hojarasca, que inicialmente iba a encabezar la agenda de esa jornada, sería desplazado al 13 de agosto. También quedaron pendientes el Súper RIGI, la modificación de la Zona Fría, la reforma electoral, otro paquete de desregulación y las iniciativas que el Ejecutivo planea remitir sobre Inocencia Fiscal y la Carta Orgánica del Banco Central.

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza para analizar los detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que pronto enviará al congreso para su tratamiento.

El encuentro se desarrolla en Casa Rosada y bajo un fuerte hermetismo: el oficialismo no difundió listado de asistentes ni fotos de un cónclave que comenzó de manera puntual a las 15. Se desarrolló en el salón Héroes de Malvinas de la sede de gobierno.

El objetivo idea del Presidente es explicar la iniciativa de manera didáctica, bajo el formato de una clase. Un método que le sienta cómodo.

El encuentro de este lunes remarca que el epicentro está en el Congreso Nacional con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) como temática principal de las próximas semanas.

Congreso de la Nación. Foto: Fernando Nicola

En la misma se trabaja en conjunto con el titular del organismo, Santiago Bausili, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La semana pasada, en una entrevista radial, Milei dejó algunas pistas del texto. Para el economista, es determinante terminar con el concepto de que a la política monetaria se le pueden asignar “múltiples objetivos”. “Es una declaración de ignorancia”, sostuvo, en referencia a la Carta Orgánica vigente desde 2012, impulsada durante el kirchnerismo.

Luego se encargó de dar cuenta de otros tres ejes que buscan garantizar, precisamente, que el Banco Central pueda cumplir con ese objetivo.

El último encuentro de los miembros del Ejecutivo y los legisladores. Crédito: Presidencia

“El segundo punto es la prohibición total y absoluta de financiar al fisco, porque toda la decadencia argentina deriva del déficit fiscal. Esto de gastar más de lo que tenemos alegando que se preocupan por la gente... Con esa estupidez sensiblera generaron déficit fiscal durante 123 años y le arruinaron la vida a los argentinos”, sostuvo.

Este martes tendrá lugar la convocatoria a la Mesa Política y tercera conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier, reemplazo de Manuel Adorni, quien volvería a referirse a los logros del gobierno.

Salteando el miércoles ante la lógica agenda captada por el duelo de semifinales del Mundial 2026 de Argentina ante Inglaterra, el jueves Milei hablará en el aniversario de la Bolsa de Comercio.

Los proyectos de reforma política y sobre los subsidios al gas denominado "Zona Frías" que pidió este miércoles el Gobierno nacional se encuentran frenadas en el Senado de la Nación, debido a que no hay acuerdo con los bloques dialoguistas.

La solicitud de avanzar con estas iniciativas fue realizada por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una reunión que compartió con unos 120 legisladores nacionales en la Casa Rosada.

La reforma electoral que tiene como punto central la eliminación de las Paso, el proyecto para limitar el subsidio de gas a la Patagonia, la Puna y Malargüe, la reforma de ley de Inocencia Fiscal que se enviará a Diputados, son las principales prioridades que hoy planteó el Gobierno Nacional.

Lo que sucede es que el bloque de la Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, no tiene los votos para poder aprobar los cambios en el régimen electoral ni para cambiar la ley de Zonas Frías.

El proyecto de Reforma Electoral ingresó el pasado 22 de Abril y hasta ahora solo se realizó una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales el pasado 14 de Mayo, donde expuso la ex funcionaria del ministerio del Interior, Luz Landivar.

Si bien el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, estuvo encarando negociaciones con los gobernadores eso no alcanza para tener todos los votos, porque en el caso de la decena de radicales la mitad no tiene terminan en ninguna gobernación, y los tres del PRO tampoco.

Diego Santilli.

El oficialismo tiene 21 senadores, pero, para alcanzar la mayoría agravada de 37 votos, necesita 16 legisladores que voten a favor de la eliminación de las PASO y, hasta ahora, no lo están consiguiendo porque al rechazado de la UCR y el PRO se han sumado legisladores que responden a los mandatarios dialoguistas.

Ahora con la asunción del nuevo cargo, Santilli y Bullrich trabajarán en forma conjunto para alcanzar los acuerdos para sancionar esta iniciativa, cuyo debate se reanudará en la comisión de Asuntos Constitucionales en la primera semana de Agosto, como había adelantado la Agencia Noticias Argentinas.

En este lapso seguirán las negociaciones con los bloques dialoguistas de Encuentro Misionero, Primero los Salteños, Despierta Chubut, Moveré Santa Cruz, Provincias Unidas, el PRO y la UCR.

El proyecto que busca limitar el subsidio del gas a la Patagonia, La Puna y Malargüe, fue sancionado por la Cámara de Diputados el pasado 20 de Mayo, pero aún no se abrió el debate en las comisiones de Minería, Energía y Combustible y Presupuesto y Hacienda, que presiden el radical Flavio Fama y el libertario Agustín Villaverde.

El oficialismo en diputados tuvo el respaldo de los diputados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia, y Producción y Trabajo.

En el Senado, el panorama es diferente porque los dos senadores, el ex gobernador Rodolfo Súarez, y su coterránea mendocina Mariana Juri se oponen a votar la ley de Zona Fría ya que sostienen que perjudicará a los usuarios de esa provincia.

También rechaza el proyecto, el senador Maximiliano Abad, debido a que su ciudad Mar Del Plata se vería muy perjudicada y otros radicales que pusieron reparos son Daniel Kroneberger y Fama.

En Provincias Unidas, la senadora por Córdoba Alejandra Vigo, es otra de las legisladoras que rechazan el proyecto ya que muchas localidades de esa provincia con bajas temperaturas perderán el subsidio.

Otro de los proyectos prioritarios para el Gobierno es la reforma de la ley de Inocencia Fiscal que enviará el Gobierno en los próximos días a la Cámara de Diputados de la Nación.

Cámara de Diputados de la Nación. Crédito: NA

Uno de los objetivos del oficialismo es ampliar el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, para que puedan ingresar a ese sistema con lo cual se deberá eliminar el tope de ganancias anuales 1000 millones de pesos y un patrimonio de 10 mil millones de pesos.

La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se complica a diario y pese a que en el Gobierno aseguran que cuentan con los apoyos necesarios para desactivar los intentos de la oposición por aplicar una moción de censura, los sectores dialoguistas no descartan la posibilidad de habilitar el debate por la interpelación.

"Vamos a ver qué pasa en el Senado. En Diputados, si el radicalismo está de acuerdo, es factible que se vote el emplazamiento de las comisiones para la interpelación", reveló una fuente del PRO al tanto de las negociaciones legislativas.

En Casa Rosada garantizan que los sectores socios acompañarán al Poder Ejecutivo en la intención de desarticular la voluntad del Partido Justicialista (PJ) que busca convocar a una sesión única para, eventualmente, tratar la remoción del funcionario en el Senado y el pedido de sesión para el martes 23 de junio con intención de debatir en Diputados los seis pedidos de interpelación.

"Tenemos los votos para evitar la moción. Además, el proceso es muy enroscado", sostuvo un integrante de la mesa política. "No hay posibilidad", coincidió otra voz del reducido círculo.

Sin embargo, la oposición podría tener los votos para habilitar una sesión de interpelación al funcionario, aunque el oficialismo se encuentra en pleno proceso del poroteo necesario para intentar neutralizar los intentos.

Es cierto que se trata de un proceso complejo porque requiere la aprobación de una de las dos cámaras para habilitar el pedido de interpelación, y en segunda instancia, la sanción de Diputados y el Senado para habilitar la moción de censura que implica la remoción inmediata del ministro coordinador.

El formoseño José Mayans encabeza la ofensiva contra Adorni en el Senado nacional. Foto: Archivo.

Todo debe ser aprobado por mayoría absoluta, es decir la mitad más uno de los miembros presentes.

La complicación que atraviesa el Poder Ejecutivo gira en torno a la presión de las bancadas del PRO y la Unión Cívica Radical que comenzaron a tomar distancia de las explicaciones expuestas por el ministro coordinador para intentar justificar su situación patrimonial.

De hecho, el partido que lidera el ex presidente Mauricio Macri se manifestó a través de un documento en ese sentido, y el radicalismo, a través de una posición conjunta de senadores y diputados.

Según explica la agencia Noticias Argentinas, en la recolección de respaldos al Jefe de Gabinete trabajan la senadora Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

El ministro Santilli y la senadora Bullrich buscan respaldos para Adorni en el Congreso que analiza una moción de censura. Foto: Archivo.

Con intención de contrarrestar la ofensiva opositora, la mesa política resolvió que Adorni asista a la Cámara de Senadores a principios de julio, concretamente, el jueves 2, para brindar el primer informe de gestión.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, crítica con las vueltas de tuerca que hasta ahora expuso Adorni en sus explicaciones, había pedido su presencia en el recinto para junio.

Desde el Bloque Justicialista, el senador José Mayans fue quien impulsó la moción de censura.

En el año 1994 la figura del jefe de Gabinete se introdujo en la Constitución Nacional. A raíz de eso, se incorporó también la moción de censura en el artículo 101.

La misma cumple un rol importante ya que, a través de ese mecanismo constitucional, el Congreso tiene la facultad de exigir el desempeño del cargo con responsabilidad política del Poder Ejecutivo o de alguno de sus integrantes, pero tiene la salvedad de que solamente se puede aplicar la moción de censura sobre el jefe de Gabinete.

Un punto trascendente acá es que alcanza con la toma de la decisión política del Congreso en su mayoría para poder ser aplicada. De este modo, no es indispensable la demostración de la comisión de un delito, así como tampoco probar una ilegalidad específica.

Son dos las etapas para llegar a esa decisión. Primero, en este caso el jefe de Gabinete tiene que ser citado al recinto del Congreso, donde responderá preguntas y tendrá la oportunidad de defenderse. Y en segunda instancia, los legisladores llevarán adelante el proceso de votación de la moción de censura.

Para que el Congreso haga efectiva la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la votación a favor de la medida debe ser aprobada por la mayoría absoluta; es decir, la mitad de los congresales debe sufragar a favor, más uno de los miembros, para lo cual no importa el número de presentes ese día en las dos cámaras.

En caso de que la mayoría vote en favor de la moción de censura en Diputados como en Senadores, Manuel Adorni debería dejar el cargo de jefe de Gabinete, pero, al ser una cuestión política y no judicial, el presidente Javier Milei podría volver a elegirlo para que ocupe nuevamente el cargo.

Guillermo Francos, ex Jefe de Gabinete, en una exposición ante el Congreso. Antes de dejar el cargo, un sector de la oposición impulsó una moción de censura por incumplimiento de la Emergencia en discapacidad. Foto: Archivo.

Vale recordar que la moción de censura que la oposición busca aplicar desde el Congreso a Adorni surge luego de que el jefe de Gabinete ratificó sus declaraciones juradas para justificar el aumento de su patrimonio desde el día en que asumió en el gobierno.

Un dato más: el último intento por aplicar este mecanismo constitucional tuvo a otro jefe de Gabinete como protagonista: Guillermo Francos, antecesor de Adorni. En aquel caso la medida se fundaba en la falta de aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad por falta de financiamiento.

Mauro L. Muñoz

El oficialismo intentará esta semana sostener el pulso legislativo en el Congreso con proyectos que considera prioritarios. Pero el avance de esa agenda está atravesada por las maniobras políticas de los espacios opositores contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debido a las inconsistencias en su declaración jurada.

En Diputados, el bloque de La Libertad Avanza apunta al miércoles 24 como fecha para sesionar sobre dos proyectos clave: el Súper RIGI para grandes inversiones en nuevas industrias y el acuerdo con bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda.

Para eso antes tiene que conseguir dictamen. Este miércoles 17 desde las 12, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia tratarán el expediente de renegociación con Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund. Antes del pase a la firma, expondrán Sebastián Amerio, procurador del Tesoro de la Nación, y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. El proyecto ya tiene media sanción del Senado y autoriza el pago de 171 millones de dólares a tenedores de títulos públicos que iniciaron demandas tras el default de 2001, pero que no ingresaron al acuerdo cerrado en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.

Este mismo miércoles, desde las 15, las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva buscarán dejar listo el dictamen del Súper RIGI. La iniciativa ya atravesó dos jornadas informativas: una con funcionarios y otra con representantes del sector empresarial. El proyecto apunta a captar inversiones de gran escala en actividades que el Gobierno define como nuevas para la estructura productiva nacional. A diferencia de otros temas más conflictivos, el texto llegó al Congreso con aval inicial de aliados y sectores de la oposición dialoguista. De todos modos, algunos representantes provinciales pidieron ajustes en la redacción de artículos puntuales.

La Casa Rosada quiere llevar ambos proyectos al recinto el miércoles 24 de junio. Ese sería, por ahora, el temario central para una sesión con miras a dar señales de estabilidad ante los mercados, pero que antes tiene que gestionar las tensiones políticas que atraviesa el gobierno de Javier Milei.

El problema para el oficialismo es la situación de Adorni. La oposición más dura busca abrir el recinto de Diputados el martes 23 de junio para impulsar una ofensiva contra el jefe de Gabinete. La iniciativa lleva la firma de Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, y fue acompañada por legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y monobloques opositores.

El objetivo es reunir 129 diputados para iniciar la sesión. Pero todavía no tienen asegurado el número. Según los cálculos preliminares, podrían reunir alrededor de 115 bancas con asistencia perfecta. Les faltarían unos 14 diputados. Ahí aparecen el PRO y la UCR. Ambos espacios emitieron críticas duras contra Adorni, pero no está claro que estén dispuestos a acompañar una sesión para avanzar contra el ministro coordinador. En el PRO llegaron a reclamarle al Presidente que defienda “el cambio y no a Adorni”. Pero una cosa es exigir explicaciones y otra es habilitar una ofensiva parlamentaria que pueda terminar en moción de censura.

El temario opositor incluye pedidos para que Adorni brinde informes verbales ante el Congreso, requerimientos escritos al Poder Ejecutivo y proyectos de interpelación orientados a iniciar una moción de censura. Según el artículo 101 de la Constitución, el jefe de Gabinete puede ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara. Pero, al no tener dictamen, la oposición necesitaría dos tercios de los presentes para tratar esos proyectos sobre tablas. Ese número aparece prácticamente fuera de alcance.

Por eso, la jugada más probable, si logran abrir el recinto, sería emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que fijen fecha de debate. Ambas están presididas por legisladores libertarios: Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo.

La presión sobre Adorni también llegó al Senado. La vicepresidenta y titular de la Cámara, Victoria Villarruel, convocó para este miércoles 17 a una reunión de Labor Parlamentaria con los jefes de bloque. El encuentro servirá para ordenar la sesión prevista para el jueves, pero también para discutir cuándo el Jefe de Gabinete deberá concurrir al recinto a presentar su Informe de Gestión.

Villarruel coincide con José Mayans, jefe del bloque Justicialista, en que la presentación debería concretarse este mismo mes argumentando la gravedad de los acontecimientos. Patricia Bullrich, titular del bloque libertario en el Senado, propone consensuar la primera semana de julio, con el jueves 2 como fecha posible.

Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti ya pidieron una moción de censura contra Adorni. Argumentan que existen “graves inconsistencias patrimoniales”, además de “ocultamientos, omisiones, contradicciones y rectificaciones” en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción y ARCA. También señalan un “impresionante e inexplicable incremento de su patrimonio personal desde que asumió en la función pública”.

El jueves, además, la Cámara alta tiene previsto tratar pliegos de jueces del fuero laboral que ya obtuvieron dictamen. La discusión aparece atravesada por la prórroga por cinco años del mandato del magistrado Víctor Pesino, cuestionado por el peronismo por un fallo que habilitó la implementación de la reforma laboral.

La Libertad Avanza también pretende incluir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, siempre que logre superar diferencias internas y con aliados sobre el capítulo de tierras fiscales, que elimina restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales en la Argentina.

En paralelo, la Casa Rosada sigue intentando consensuar una reforma electoral con eje en la eliminación de las PASO, el desfinanciamiento de partidos y campañas, y cambios en la ley de partidos políticos. Pero cualquier modificación electoral requiere mayoría absoluta: 129 diputados y 37 senadores. Los libertarios están lejos de esos números por cuenta propia.

Si desde Casa Rosada no emergen mayores anuncios, salvo las novedades que trae el Boletín Oficial de Nación, y los dichos y silencios en el entorno presidencial ante los movimientos de sus aliados y contendientes, en el Congreso la actividad es continua, al menos en comisiones.

Diputados tuvo este martes una jornada intensa, que arrancó a las 11 y se extendió hasta la tarde con una sucesión de reuniones en las que se escucharon planteos de distintos sectores y puntos del país hacia la política libertaria: hubo diagnósticos preocupantes sobre los efectos de la paralización de las obras públicas.

También se realizó un plenario de Comercio y Pymes (con foco en el sector lácteo y participación de la Bolsa de Comercio de Rosario); Industria (con exposiciones de la Unión Industrial Argentina y CAME) y Transporte (con la situación de Intercargo como eje).

Para este miércoles habrá varios temas de peso en la mesa de debate, algunos muy afines a los intereses del gobierno libertario y otros que seguramente tendrán menos adhesión.

A las 11 está citado el plenario de Presupuesto y Hacienda (Bertie Benegas Lynch), Industria (José Luis Garrido) y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Martín Yeza) para seguir analizando el mensaje 181 del Ejecutivo sobre Régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias, conocido como “Súper Rigi”.

El oficialismo espera llevar este tema al recinto en la sesión prevista (no formalmente convocada) para el 24 de junio, previa realización de otro plenario para emitir un dictamen.

También a las 11 y en otro salón, fue convocada la Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside Gabriela Estévez con la finalidad de tratar diversos proyectos que coinciden en la declaración de emergencia pública nacional en materia social por violencia de género.

Será a pocos días de la masiva marcha del 3 de Junio y luego de varios femicidios que conmovieron a todo el país, incluido el que tuvo como víctima a la adolescente cordobesa Agostina Vega.

A las 14 habrá otra reunión conjunta: esta vez, de Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz) y Legislación General (Santiago Santurio) para continuar el tratamiento de los proyectos de ley sobre el Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses (Ley de Lobby). Para ello fueron invitadas instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

La jornada cerrará a las 16 con Derechos Humanos y Garantías (Horacio Pietragalla Corti) para analizar la situación de las prisiones domiciliarias en la República Argentina. En la ocasión se presentarán informes y participarán representantes del Poder Judicial, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos.

Todo esto ocurrirá a un día de inicio del Mundial de Fútbol, que es para cuando se espera la presentación de la esperada declaración jurada del jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Este es uno de los temas que incomoda desde adentro al Ejecutivo y, se especula, mantiene frenadas otras definiciones.

Como aliciente, esta agenda se presenta en la previa de que el jueves se conozca el dato de inflación del mes de mayo por parte del INDEC y de una nueva reunión de la Mesa Política.

Mauro L. Muñoz 

La comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación recibió este martes a representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y entidades textiles para analizar la situación. El diagnóstico fue coincidente: la estabilización macroeconómica no alcanza para reactivar la producción manufacturera, mientras la apertura comercial, la caída del consumo, los costos en dólares y la falta de crédito profundizan el deterioro del sector.

“Entre agosto de 2023 y febrero de 2026 se perdieron 75.000 puestos de trabajo directos”, señaló María Laura Bermúdez, directora ejecutiva de la UIA. “No hablamos solamente de empleo directo. También impacta en los servicios, los proveedores y en las localidades del interior donde la industria sostiene al resto de la economía”, aclaró.

La representante de la UIA recordó que la industria representa cerca del 19% del valor agregado bruto y del empleo asalariado registrado, con alrededor de 1,2 millones de trabajadores directos. Además, que paga salarios un 20% superiores al promedio, aporta el 27% de la recaudación nacional de los sectores productivos, concentra el 57% de las exportaciones de bienes y explica el 54% de la inversión privada en investigación y desarrollo.

Sin embargo, advirtió que esos números conviven con una producción en crisis. “Durante todo 2025 la producción se estancó en niveles históricamente bajos”, afirmó Bermúdez. La actividad se encuentra aproximadamente un 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023. Al mismo tiempo que se realizaba la reunión, el INDEC informó que durante abril volvieron a registrarse retrocesos en la producción manufacturera.

La directora ejecutiva de la UIA sostuvo que el sector manufacturero está realizando gran parte del esfuerzo para contener la transformación productiva que impulsa el gobierno nacional. “Hay gran cantidad de industrias que están absorbiendo la suba de los costos, trabajando a costo, y pymes cuyos dueños están poniendo plata para subsistir”, describió Bermúdez.

José Luis Garrido y Pablo Farías, titulares de la comisión de Industria y Pyme en la Cámara de Diputados.

La explicación se apoyó en el carácter transable de la industria. A diferencia de los servicios, las fábricas compiten con productos elaborados en otros países y no pueden trasladar automáticamente cada aumento a los precios. En ese punto, mencionó el “costo argentino”: presión tributaria, escaso financiamiento, costos energéticos, infraestructura deficiente y una logística más cara.

Estimó, además, que la presión tributaria sobre el sector formal alcanza el 56%, por la acumulación de tasas municipales, Ingresos Brutos e impuestos nacionales. “Competimos con países como Brasil, Vietnam o China, que no tienen la carga tributaria que tenemos nosotros”, cuestionó Bermúdez.

María Laura Bermúdez, directora ejecutivo de la UIA.

En ese sentido, presentó una serie de propuestas tributarias y financieras. Entre ellas, eliminar o compensar el impuesto a los débitos y créditos, crear una cuenta única tributaria y permitir que los saldos a favor puedan utilizarse para cancelar otras obligaciones. También reclamó estabilidad fiscal, una reducción gradual de Ganancias para las pymes y la posibilidad de computar parte de las contribuciones patronales a cuenta de IVA o Ganancias, especialmente en sectores como textiles y calzado.

El pedido más urgente fue un nuevo plan de facilidades. Un relevamiento citado en la reunión indicó que el 45% de 760 empresas encuestadas mantiene atrasos con el Estado, proveedores, trabajadores o entidades bancarias. “La deuda con los bancos es el cierre de las cuentas; la deuda con ARCA es el embargo; la deuda con los proveedores paraliza la empresa”, enumeró Diego Leal, presidente del departamento Pyme de la UIA.

CAME destacó las dificultades adicionales que enfrentan las empresas del interior, alejadas de los puertos y de los principales centros de consumo. “No queremos ser un país aislado del mundo”, planteó su secretaria general, Beatriz Tourn. Pero pidió que cada medida tendiente a la apertura tenga como contrapartida instrumentos para que las pequeñas industrias puedan adaptarse.

Beatriz Tourn, secretaria General de CAME

Juan Carlos Uboldi, director industrial de la entidad de la pequeña y mediana empresa, puso como caso el cierre de una fábrica de ladrillos de hormigón celular. “Ese ejemplo en carne propia es mucho más importante que todas las estadísticas que pongamos sobre la mesa”, afirmó. En esa línea, reclamó controles frente al contrabando y las importaciones que no cumplen con las mismas normas técnicas exigidas a los fabricantes nacionales. “La cancha está inclinada”, graficó Uboldi. “Una empresa grande puede conseguir tasas del 7% en dólares y nosotros pagamos 30, 35 o 40%”.

La relación entre las grandes inversiones y el entramado industrial local también ocupó buena parte del debate. Tanto UIA como CAME respaldaron el desarrollo minero y energético, pero reclamaron que esos proyectos incorporen proveedores argentinos. “Tenemos la capacidad para satisfacer esas demandas. No hay motivo para traerlo importado”, sostuvo Bermúdez.

En ese punto, Kelly Olmos, diputada de Unión por la Patria y ex secretaria de Trabajo, advirtió sobre una inversión minera que habría comprado un obrador completo bajo la modalidad llave en mano en el exterior. Planteó que ese tipo de operaciones puede consolidar “un modelo de enclave” sin integración con el resto del territorio ni con los proveedores nacionales. Ante esto, CAME propuso un régimen de desarrollo de proveedores para energía y minería, acompañado por incentivos a las empresas locales que logren incorporarse a esas cadenas y exportar bienes o servicios.

La exposición más crítica correspondió a la Fundación Pro Tejer. Su presidente, Luciano Galfione, aseguró que la industria textil tiene presencia en 17 provincias y genera más de 500.000 empleos directos e indirectos. Sin embargo, “seis de cada diez máquinas están paradas”.

En los últimos tres años, agregó, se perdieron más de 22.000 empleos registrados, cerraron más de 800 empresas y la producción quedó un 30% por debajo de 2023. “Todos los días cierra una empresa y todos los días perdemos trabajo registrado”, afirmó.

Luciano Galfione, titular de la Fundación Pro Tejer.

El sector lleva más de dos años consecutivos de caída, con costos crecientes y un mercado interno paralizado. “Ya no es un problema entre importado y nacional. No vendemos ni nacional ni importado”, describió.

Galfione también alertó sobre el futuro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y, en particular, del centro textil creado en 1967. Destacó que allí se realizan ensayos de calidad, inflamabilidad, composición de productos, sustancias químicas y certificaciones necesarias para exportar.

Relató que su empresa, radicada en Catamarca y dedicada a productos elaborados con fibras de camélidos, dejó de contar con ensayos que antes realizaba el organismo. “Estoy buscando un laboratorio en el mundo que pueda ensayar esos productos. Mientras tanto, perdí la posibilidad de exportar”, afirmó.

La UIA y CAME respaldaron la continuidad del INTI, aunque reclamaron mayor eficiencia y menores plazos. “El INTI tiene que estar y tiene que ser eficiente al servicio de la industria y de la exportación”, sostuvo Leal.

Por último, Galfione advirtió que eliminar controles también puede favorecer el ingreso de mercadería sin estándares equivalentes a los exigidos a la producción nacional. “Eficientizar no es eliminar”, afirmó. “Si un organismo es ineficiente, hay que hacerlo mejor sobre la construcción de lo que existe”.

El diputado nacional Esteban Paulón, integrante del bloque Provincias Unidas y referente del socialismo santafesino, brindó detalles sobre el proyecto que presentó para crear en Argentina un régimen de muerte voluntaria médicamente asistida, una iniciativa que apunta a regular situaciones de pacientes con enfermedades terminales o irreversibles que atraviesan procesos de sufrimiento severo.

En este marco, el legislador explicó que la propuesta se inscribe en una línea de leyes ya vigentes en el país, como la ley de cuidados paliativos y la ley de muerte digna, pero que busca avanzar un paso más al trasladar al paciente la decisión final sobre el modo de atravesar el último tramo de su vida.

“El proyecto traslada al paciente la decisión de finalmente terminar de padecer determinados sufrimientos, sobre todo cuando son enfermedades irreversibles”, sostuvo.

Paulón remarcó que la iniciativa está pensada para casos específicos en los que exista una enfermedad terminal o irreversible, con padecimiento físico o sufrimiento sostenido para el paciente.

“Creemos que esa decisión puede aliviar ese dolor”, afirmó, al señalar que la propuesta contempla una serie de criterios estrictos por tratarse de una cuestión “delicada y seria”. En ese sentido, destacó que el proyecto también busca dar cobertura legal a los profesionales de la salud que acompañen estos procesos.

Según explicó, la norma apunta a proteger tanto al paciente como a los equipos médicos, garantizando que el procedimiento se realice dentro de un marco legal y con los cuidados correspondientes.

Consultado sobre las condiciones para acceder al régimen, el diputado precisó que debe existir una enfermedad terminal o irreversible que cause sufrimiento, pero también una voluntad clara y expresa del paciente.

“Acá lo que se privilegia y se prioriza es la autonomía del paciente a la hora de decidir”, indicó Paulón, quien aclaró que el proyecto también contempla el acompañamiento familiar, aunque la decisión final debe recaer en la persona afectada junto con su equipo médico.

El legislador señaló que la iniciativa incluye consideraciones vinculadas a la bioética, definiciones específicas y procedimientos destinados a garantizar que la decisión sea libre, consciente y autónoma.

Paulón aclaró que este proyecto está dirigido a pacientes que todavía se encuentran conscientes y en condiciones de expresar su voluntad. Para los casos en los que la persona no pueda manifestarse, explicó que ya existen otras herramientas legales, como la normativa de cuidados paliativos y muerte digna.

“Estamos hablando de pacientes que tienen todavía posibilidad de decidir por sí mismos y que están enfrentando este dolor, este padecimiento, este sufrimiento”, explicó.

En ese punto, subrayó que la legislación actual no permite que una persona consciente, atravesada por una enfermedad irreversible, pueda decidir su propia muerte con acompañamiento médico.

El diputado reconoció que se trata de un tema complejo, atravesado por debates éticos, morales y religiosos. Según planteó, muchas veces existen “pruritos” o prejuicios que dificultan avanzar en una regulación clara.

“Creemos que en un Estado laico como el nuestro, que ha avanzado en diversidades individuales y en decisiones personales, debe estar previsto que una persona, ante determinados supuestos, pueda decidir terminar su vida”, sostuvo.

Paulón también advirtió que, ante la falta de acompañamiento médico y legal, algunas personas terminan atravesando situaciones dolorosas vinculadas al suicidio, lo que genera consecuencias aún más traumáticas para ellas y sus familias.

“Es tiempo de dejar de ser tan hipócritas y pensar que la dignidad, la integridad y la posibilidad de evitar sufrimiento deben ser legisladas”, remarcó.