El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a utilizar la Cadena Nacional este jueves desde las 20 horas para exponer los ejes de uno de los proyectos institucionales más relevantes de su gestión: la profunda modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Milei presentó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central argumentando que lo hace para poner fin a "la estafa de falsificar" dinero que llevó a una "tasa de inflación acumulada de más de 12 trillones por ciento" desde 1935.

"Otra de las estafas fue la salida de la convertibilidad, donde cada peso estaba respaldado por un dólar. La pasión por robar de la lata política no quedó ahí. Cristina Kirchner en complicidad con Mercedes Marcó del Pont le robaron al BCRA 15 mil millones de dólares del día de hoy", sostuvo Milei en cadena nacional.

También adelantó que presentarán un proyecto de reforma de mercados de capitales y otro de reforma del mercado de seguros.

"Nuestro objetivo es hacer de la Argentina el país más libre del mundo. Confió en que el Congreso acompañará estas reformas estructurales que cambiarán la Argentina para siempre", finalizó Milei.

El anuncio, que fue grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada junto al equipo económico, buscó sentar las bases normativas para prohibir por ley la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal, estableciendo a la preservación del valor de la moneda como el único y prioritario mandato de la entidad de la calle Reconquista.

En la elaboración de la iniciativa intervinieron el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili.

Según anticiparon voceros oficiales, el texto ingresará formalmente a la Cámara de Diputados de la Nación tras el receso invernal y pretende ser sancionado lo antes posible. En el oficialismo aseguran que los votos “están”.

Javier Milei. REUTERS/Angela Ponce

En relación a la iniciativa, introduce drásticos cambios en el funcionamiento del BCRA. Entre las medidas de mayor severidad se destaca la aplicación de un régimen de sanciones penales que alcanzará a aquellos funcionarios públicos o directores que vulneren la autonomía de la institución o habiliten la asistencia monetaria al Poder Ejecutivo.

Asimismo, la propuesta elimina definitivamente la transferencia de utilidades contables al Tesoro, prohíbe el uso de letras intransferibles para asistir financieramente al Estado y endurece los requisitos y causales para la remoción del presidente y directores de la entidad, con el fin de blindar su estabilidad institucional ante eventuales cambios de gobierno.

Luis Caputo recibió esta semana a Kristalina Georgieva. REUTERS/Tomas Cuesta

A su vez, una de las principales innovaciones es la incorporación de la figura de "shutdown" o paralización administrativa, un mecanismo inspirado en el modelo estadounidense que impondrá restricciones inmediatas al funcionamiento del Estado en caso de que se agoten las partidas presupuestarias habilitadas por el Congreso. Una forma de impedir la vía del endeudamiento o la emisión para cubrir excedentes.

El senador nacional Marcelo Lewandowski visitó este martes Venado Tuerto y brindó una conferencia de prensa en el hall del Miró Park, donde repasó algunos de los principales debates legislativos que atraviesan al Congreso de la Nación, con especial énfasis en el proyecto vinculado a la extranjerización de tierras y la discusión por los subsidios al gas en las denominadas zonas frías.

Lewandowski, rosarino y senador nacional desde el 10 de diciembre de 2021, llegó a la ciudad en el marco de una agenda que también incluyó su participación en un encuentro en Santa Isabel para analizar junto a distintos sectores de la comunidad el tratamiento de la iniciativa sobre tierras, un tema que genera posiciones contrapuestas en el ámbito político.

Durante la conferencia, el legislador expresó su rechazo al proyecto conocido como “ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, al considerar que, en los hechos, implicaría una flexibilización de las restricciones actuales para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.

“Estamos en desacuerdo con una ley que va a posibilitar una extranjerización de una mayor cantidad del territorio argentino. Estamos hablando de tierras estratégicas que pueden ser de frontera, accesos a lagos, glaciares o lugares con recursos naturales”, señaló.

Actualmente, explicó, existe un límite del 15 por ciento para la titularidad extranjera de tierras, una restricción que, según su interpretación, quedaría eliminada con la nueva normativa.

“Ese límite queda de lado y se podría vender lo que pretendan y quieran comprar. Si viene un inversor, compra”, afirmó, y cuestionó el título de la iniciativa porque, según sostuvo, “parece proteger la propiedad privada de los argentinos, cuando en realidad habilita una compra sin límites de territorio nacional”.

El senador diferenció la situación actual de los procesos inmigratorios históricos y sostuvo que no se trata de pequeños productores extranjeros que llegan a trabajar la tierra, sino de “grandes fondos de inversión internacionales interesados en recursos estratégicos”.

“Estamos hablando de grandes inversores mundiales que necesitan nuestra tierra por nuestros minerales, nuestros recursos naturales y por el avance de la tecnología y la inteligencia artificial. No estamos hablando de alguien que viene a labrar una pequeña parcela”, remarcó.

En ese sentido, consideró que la iniciativa forma parte de un conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno nacional que, a su entender, avanzan hacia una mayor apertura económica y desregulación.

“Tenemos que mirar lo que fue la Ley Bases, el RIGI, la Ley de Glaciares, esta ley y lo que viene. Todas esas normas tienen detrás un plan donde se ponen en juego tierras fundamentales para el desarrollo nacional”, planteó.

Consultado por Sur24 sobre cierta indiferencia de la mayoría de la sociedad frente a un tema que considera estratégico, Lewandowski admitió que muchas personas atraviesan urgencias económicas que desplazan estos debates estratégicos de la agenda cotidiana.

“Hay una porción grande de la población que está desamparada, enojada, endeudada, viendo cómo llega a fin de mes o cómo no pierde su trabajo. Estos temas macro no siempre forman parte de las preocupaciones diarias”, analizó con realismo.

Sin embargo, destacó que en las últimas semanas observó un mayor involucramiento ciudadano. “No sé si fue el Mundial, si fue la bandera de Malvinas, si fue otro motivo, pero después de tres intentos fallidos del oficialismo de tratar el proyecto en el Congreso, el tema empezó a penetrar mucho más”, sostuvo.

Para el senador,  "mientras más información haya, más difícil va a ser levantar la mano sin explicar después las razones cuando caminen por la calle”, afirmó en alusión a sus pares.

Durante su paso por la Esmeralda del Sur, Marcelo Lewandowski también cuestionó una de las modificaciones incorporadas al proyecto, que otorgaría mayores facultades a las provincias sobre la venta de tierras.

“El último cambio, entre los muchos que se hicieron -hubo al menos 15 modificaciones en el despacho de comisión del oficialismo en busca de sumar votos-, plantea que quede en manos de las provincias decidir sobre los territorios que quieran vender. Esto es una cuestión de seguridad nacional, que está por encima de cualquier decisión provincial”, sostuvo.

En esa línea, advirtió sobre una posible fragmentación del territorio nacional: “Estamos asistiendo a una desintegración del territorio, a una balcanización donde cada provincia podría hacer lo que quiera”.

“Si una provincia limita con otro país y un gobernador decide vender toda una superficie fronteriza, estaríamos frente a una situación muy grave. Hay cuestiones estratégicas que deben ser preservadas por el Estado nacional”, agregó.

Otro de los temas abordados por el legislador nacional fue la continuidad del régimen de subsidios al gas para las zonas frías, un beneficio que alcanza a numerosos usuarios del sur santafesino.

Lewandowski sostuvo que la discusión no debe reducirse solamente a la cuestión tarifaria, sino que debe contemplar una política de desarrollo nacional.

“Argentina tiene una de las cuencas gasíferas más importantes del mundo. Con el crecimiento demográfico y el consumo actual tenemos gas para 120 años, pero es muy posible que en 50 años no se use más porque los combustibles fósiles se reemplazan poco a poco. Entonces, es un recurso que debe utilizarse para el desarrollo de nuestras empresas y para el bienestar de la gente, y no sólo para exportar”, afirmó.

El senador cuestionó que, pese a contar con el recurso en el subsuelo, los usuarios argentinos deban afrontar tarifas elevadas.

“Tenemos la materia prima, entonces hay que preguntarse con qué criterio podemos tener un gas tan caro respecto de otros lugares del mundo cuando lo tenemos debajo de nuestros pies”, expresó.

“Todo parece pensado para exportar y para que hacia adentro se pague el precio que se paga. No está pensado como un modelo de desarrollo nacional”, cuestionó.

Sobre el futuro del proyecto que busca modificar los subsidios al gas, Lewandowski -quien fue senador provincial entre 2019 y 2021- consideró que el oficialismo aún no cuenta con los apoyos necesarios en el Congreso. “Hasta ahora no tienen los votos, si no ya lo hubiesen votado”, simplificó.

En el caso de Santa Fe, señaló que una eventual eliminación del beneficio impactaría sobre cientos de miles de usuarios. “Si se votara esa eliminación, habría más de 550 mil vecinos que pagarían entre un 30 y un 40 por ciento más caro el gas”, explicó.

“En un contexto como el actual, donde muchos sectores están postergados, parece difícil pensar que haya legisladores que voten en contra de quienes los eligieron”, concluyó.

El senador nacional Marcelo Lewandowski presentó en el Congreso un Proyecto de Ley para suspender durante un año las ejecuciones fiscales y las medidas cautelares impulsadas por ARCA contra MiPyMEs, cooperativas, empresas recuperadas, monotributistas, profesionales autónomos y entidades sin fines de lucro. La iniciativa busca brindar un alivio inmediato a los sectores productivos que hoy enfrentan una profunda caída de la actividad económica, evitando cierres de empresas, preservando puestos de trabajo y permitiendo que continúen produciendo. Junto al diputado provincial Miguel Rabbia y el intendente Jorge Berti, escuchó las preocupaciones de las Cámaras Empresariales de Villa Constitución y expuso los alcances de su propuesta.El proyecto establece la suspensión por un año de los juicios de ejecución fiscal, los embargos sobre cuentas bancarias, las inhibiciones generales de bienes y otras medidas cautelares. Además, dispone el levantamiento automático de los embargos ya existentes sobre cuentas bancarias para los sujetos alcanzados por la ley, con el objetivo de devolver liquidez y capital de trabajo a quienes hoy ven paralizada su actividad por la inmovilización de sus recursos. "No podemos permitir que una empresa cierre por un embargo cuando lo que necesita es tiempo para recuperarse. Primero hay que mantener viva la empresa para que pueda seguir produciendo y sosteniendo el empleo", afirmó Lewandowski.

La iniciativa incorpora además un régimen excepcional de regularización de deudas con fuertes beneficios para las empresas de menor tamaño. Contempla la condonación total de multas e intereses para las microempresas, importantes reducciones para pequeñas y medianas empresas, amplios planes de financiación y elimina la exclusión por categoría de riesgo del SIPER, para que quienes fueron más castigados por la crisis no queden afuera de la posibilidad de recuperarse."Este proyecto nace de escuchar el reclamo de quienes producen y generan empleo. Las PyMEs no están pidiendo privilegios, están pidiendo poder seguir trabajando. Con esto se busca darles el tiempo y el alivio que necesitan para recuperarse, sostener el empleo y volver a cumplir con sus obligaciones. Cuando una empresa cierra, pierde el trabajador, pierde la comunidad y también pierde el Estado. Por eso hay que dejar de asfixiar al que produce y que los argentinos dejen de perder sus empleos", concluyó Lewandowski.

Mauro L. Muñoz

El Gobierno aprovecha el receso parlamentario para reconstruir una ley que convirtió en bandera ideológica, pero que todavía no pudo traducir en apoyo legislativo. A tal fin, puso en marcha una nueva negociación para destrabar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada antes del 6 de agosto, fecha en la que el Senado deberá retomar el cuarto intermedio dispuesto durante la última sesión.

La reunión de este jueves reúne al autor del proyecto y ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger; la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich; a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y a representantes de los equipos parlamentarios y bloques federales. También participan los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, y de Legislación General, Nadia Márquez.

El objetivo inmediato es acordar una redacción que preserve el corazón desregulador del proyecto, pero incorpore las observaciones de los gobernadores y senadores aliados. Sin ese equilibrio, la quinta oportunidad podría terminar igual que las cuatro anteriores donde los votos no alcanzaron y el texto siguió recibiendo modificaciones que dejó inconforme incluso hasta sus propios ideólogos.

La iniciativa ingresó al Senado el 27 de marzo y obtuvo dictamen el 20 de mayo. Desde entonces, atravesó una secuencia de avances, correcciones y retiros que revela las dificultades del oficialismo para administrar una mayoría prestada.

La compra de tierras por extranjeros es el principal punto de conflicto del proyecto de Propiedad Privada en el Senado.

El 4 de junio fue incluida en la sesión que aprobó el pliego judicial de Verónica Michelli, pero La Libertad Avanza decidió retirarla del temario. El nuevo intento, previsto para el 18 de junio, quedó absorbido por la crisis política alrededor del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El 25 de junio tampoco pudo tratarse porque la Cámara alta no consiguió quórum. Finalmente, el 16 de julio Bullrich pidió un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, moción que fue aprobada por 62 votos afirmativos, tres negativos y una abstención.

Desde su presentación, el expediente acumuló modificaciones y llegó a circular en unas quince versiones, según los cálculos de los cronistas parlamentarios. Si bien logró acercar algunos respaldos, también abrió un conflicto interno, ya que de aprobarse la versión podría quedar lejos de los ejes centrales de la propuesta original. Por esto, el Ejecutivo busca ahora consensuar con los bloques aliados una postura más unánime sobre el proyecto.

Para Javier Milei, la iniciativa es una pieza elemental en el programa libertario. El presidente lo dejó claro durante el aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. “Está en el Congreso la ley para declarar la inviolabilidad, el respeto y la defensa a ultranza del derecho de propiedad”, sostuvo. Y agregó: “aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad, como postulamos nosotros en base al orden liberal, son los enemigos del progreso”.

Esa intensidad discursiva elevó el costo de un nuevo fracaso. Para el Gobierno, aprobar la norma significaría comenzar el segundo semestre con una victoria y reafirmar la orientación de su agenda desreguladora. Otra postergación, en cambio, exhibiría que ni siquiera una iniciativa presentada como elemental para el ideario libertario consigue ordenar al oficialismo y sus aliados.

El principal foco de resistencia aparece en el articulado relacionado con las tierras fiscales y la posibilidad de ampliar la participación de personas o sociedades extranjeras en la adquisición de tierras rurales. Los bloques federales hicieron llegar sus reparos preocupados por el alcance territorial de las modificaciones, al igual que sectores aliados que tradicionalmente acompañan al oficialismo.

Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, acelera los diálogos para que el proyecto avance en la Cámara alta.

La vicepresidenta Victoria Villarruel también tomó distancia de ese punto y protagonizó un duro cruce con Bullrich en la sesión anterior, que se dio en medio de los partidos de la Selección Argentina en el Mundial. Por eso este martes se reunieron durante unos veinte minutos en el despacho de la titular del Senado para encontrar puntos en común más allá de las diferencias personales.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza quedó a cargo de traducir la definición presidencial en votos. Su tarea consiste en acercar a los representantes provinciales, contener las ambiciones de la cartera que comanda Sturzenegger y acordar con Legal y Técnica una redacción que pueda ser defendida simultáneamente en el recinto y en la Casa Rosada.

La sesión del 6 de agosto ya fue comprometida para continuar el debate y el calendario posterior está cargado de proyectos que no tienen un rumbo certero. El proyecto de Ley Hojarasca, que inicialmente iba a encabezar la agenda de esa jornada, sería desplazado al 13 de agosto. También quedaron pendientes el Súper RIGI, la modificación de la Zona Fría, la reforma electoral, otro paquete de desregulación y las iniciativas que el Ejecutivo planea remitir sobre Inocencia Fiscal y la Carta Orgánica del Banco Central.

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza para analizar los detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que pronto enviará al congreso para su tratamiento.

El encuentro se desarrolla en Casa Rosada y bajo un fuerte hermetismo: el oficialismo no difundió listado de asistentes ni fotos de un cónclave que comenzó de manera puntual a las 15. Se desarrolló en el salón Héroes de Malvinas de la sede de gobierno.

El objetivo idea del Presidente es explicar la iniciativa de manera didáctica, bajo el formato de una clase. Un método que le sienta cómodo.

El encuentro de este lunes remarca que el epicentro está en el Congreso Nacional con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) como temática principal de las próximas semanas.

Congreso de la Nación. Foto: Fernando Nicola

En la misma se trabaja en conjunto con el titular del organismo, Santiago Bausili, y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La semana pasada, en una entrevista radial, Milei dejó algunas pistas del texto. Para el economista, es determinante terminar con el concepto de que a la política monetaria se le pueden asignar “múltiples objetivos”. “Es una declaración de ignorancia”, sostuvo, en referencia a la Carta Orgánica vigente desde 2012, impulsada durante el kirchnerismo.

Luego se encargó de dar cuenta de otros tres ejes que buscan garantizar, precisamente, que el Banco Central pueda cumplir con ese objetivo.

El último encuentro de los miembros del Ejecutivo y los legisladores. Crédito: Presidencia

“El segundo punto es la prohibición total y absoluta de financiar al fisco, porque toda la decadencia argentina deriva del déficit fiscal. Esto de gastar más de lo que tenemos alegando que se preocupan por la gente... Con esa estupidez sensiblera generaron déficit fiscal durante 123 años y le arruinaron la vida a los argentinos”, sostuvo.

Este martes tendrá lugar la convocatoria a la Mesa Política y tercera conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier, reemplazo de Manuel Adorni, quien volvería a referirse a los logros del gobierno.

Salteando el miércoles ante la lógica agenda captada por el duelo de semifinales del Mundial 2026 de Argentina ante Inglaterra, el jueves Milei hablará en el aniversario de la Bolsa de Comercio.

Los proyectos de reforma política y sobre los subsidios al gas denominado "Zona Frías" que pidió este miércoles el Gobierno nacional se encuentran frenadas en el Senado de la Nación, debido a que no hay acuerdo con los bloques dialoguistas.

La solicitud de avanzar con estas iniciativas fue realizada por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una reunión que compartió con unos 120 legisladores nacionales en la Casa Rosada.

La reforma electoral que tiene como punto central la eliminación de las Paso, el proyecto para limitar el subsidio de gas a la Patagonia, la Puna y Malargüe, la reforma de ley de Inocencia Fiscal que se enviará a Diputados, son las principales prioridades que hoy planteó el Gobierno Nacional.

Lo que sucede es que el bloque de la Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, no tiene los votos para poder aprobar los cambios en el régimen electoral ni para cambiar la ley de Zonas Frías.

El proyecto de Reforma Electoral ingresó el pasado 22 de Abril y hasta ahora solo se realizó una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales el pasado 14 de Mayo, donde expuso la ex funcionaria del ministerio del Interior, Luz Landivar.

Si bien el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, estuvo encarando negociaciones con los gobernadores eso no alcanza para tener todos los votos, porque en el caso de la decena de radicales la mitad no tiene terminan en ninguna gobernación, y los tres del PRO tampoco.

Diego Santilli.

El oficialismo tiene 21 senadores, pero, para alcanzar la mayoría agravada de 37 votos, necesita 16 legisladores que voten a favor de la eliminación de las PASO y, hasta ahora, no lo están consiguiendo porque al rechazado de la UCR y el PRO se han sumado legisladores que responden a los mandatarios dialoguistas.

Ahora con la asunción del nuevo cargo, Santilli y Bullrich trabajarán en forma conjunto para alcanzar los acuerdos para sancionar esta iniciativa, cuyo debate se reanudará en la comisión de Asuntos Constitucionales en la primera semana de Agosto, como había adelantado la Agencia Noticias Argentinas.

En este lapso seguirán las negociaciones con los bloques dialoguistas de Encuentro Misionero, Primero los Salteños, Despierta Chubut, Moveré Santa Cruz, Provincias Unidas, el PRO y la UCR.

El proyecto que busca limitar el subsidio del gas a la Patagonia, La Puna y Malargüe, fue sancionado por la Cámara de Diputados el pasado 20 de Mayo, pero aún no se abrió el debate en las comisiones de Minería, Energía y Combustible y Presupuesto y Hacienda, que presiden el radical Flavio Fama y el libertario Agustín Villaverde.

El oficialismo en diputados tuvo el respaldo de los diputados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia, y Producción y Trabajo.

En el Senado, el panorama es diferente porque los dos senadores, el ex gobernador Rodolfo Súarez, y su coterránea mendocina Mariana Juri se oponen a votar la ley de Zona Fría ya que sostienen que perjudicará a los usuarios de esa provincia.

También rechaza el proyecto, el senador Maximiliano Abad, debido a que su ciudad Mar Del Plata se vería muy perjudicada y otros radicales que pusieron reparos son Daniel Kroneberger y Fama.

En Provincias Unidas, la senadora por Córdoba Alejandra Vigo, es otra de las legisladoras que rechazan el proyecto ya que muchas localidades de esa provincia con bajas temperaturas perderán el subsidio.

Otro de los proyectos prioritarios para el Gobierno es la reforma de la ley de Inocencia Fiscal que enviará el Gobierno en los próximos días a la Cámara de Diputados de la Nación.

Cámara de Diputados de la Nación. Crédito: NA

Uno de los objetivos del oficialismo es ampliar el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, para que puedan ingresar a ese sistema con lo cual se deberá eliminar el tope de ganancias anuales 1000 millones de pesos y un patrimonio de 10 mil millones de pesos.

La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se complica a diario y pese a que en el Gobierno aseguran que cuentan con los apoyos necesarios para desactivar los intentos de la oposición por aplicar una moción de censura, los sectores dialoguistas no descartan la posibilidad de habilitar el debate por la interpelación.

"Vamos a ver qué pasa en el Senado. En Diputados, si el radicalismo está de acuerdo, es factible que se vote el emplazamiento de las comisiones para la interpelación", reveló una fuente del PRO al tanto de las negociaciones legislativas.

En Casa Rosada garantizan que los sectores socios acompañarán al Poder Ejecutivo en la intención de desarticular la voluntad del Partido Justicialista (PJ) que busca convocar a una sesión única para, eventualmente, tratar la remoción del funcionario en el Senado y el pedido de sesión para el martes 23 de junio con intención de debatir en Diputados los seis pedidos de interpelación.

"Tenemos los votos para evitar la moción. Además, el proceso es muy enroscado", sostuvo un integrante de la mesa política. "No hay posibilidad", coincidió otra voz del reducido círculo.

Sin embargo, la oposición podría tener los votos para habilitar una sesión de interpelación al funcionario, aunque el oficialismo se encuentra en pleno proceso del poroteo necesario para intentar neutralizar los intentos.

Es cierto que se trata de un proceso complejo porque requiere la aprobación de una de las dos cámaras para habilitar el pedido de interpelación, y en segunda instancia, la sanción de Diputados y el Senado para habilitar la moción de censura que implica la remoción inmediata del ministro coordinador.

El formoseño José Mayans encabeza la ofensiva contra Adorni en el Senado nacional. Foto: Archivo.

Todo debe ser aprobado por mayoría absoluta, es decir la mitad más uno de los miembros presentes.

La complicación que atraviesa el Poder Ejecutivo gira en torno a la presión de las bancadas del PRO y la Unión Cívica Radical que comenzaron a tomar distancia de las explicaciones expuestas por el ministro coordinador para intentar justificar su situación patrimonial.

De hecho, el partido que lidera el ex presidente Mauricio Macri se manifestó a través de un documento en ese sentido, y el radicalismo, a través de una posición conjunta de senadores y diputados.

Según explica la agencia Noticias Argentinas, en la recolección de respaldos al Jefe de Gabinete trabajan la senadora Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

El ministro Santilli y la senadora Bullrich buscan respaldos para Adorni en el Congreso que analiza una moción de censura. Foto: Archivo.

Con intención de contrarrestar la ofensiva opositora, la mesa política resolvió que Adorni asista a la Cámara de Senadores a principios de julio, concretamente, el jueves 2, para brindar el primer informe de gestión.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, crítica con las vueltas de tuerca que hasta ahora expuso Adorni en sus explicaciones, había pedido su presencia en el recinto para junio.

Desde el Bloque Justicialista, el senador José Mayans fue quien impulsó la moción de censura.

En el año 1994 la figura del jefe de Gabinete se introdujo en la Constitución Nacional. A raíz de eso, se incorporó también la moción de censura en el artículo 101.

La misma cumple un rol importante ya que, a través de ese mecanismo constitucional, el Congreso tiene la facultad de exigir el desempeño del cargo con responsabilidad política del Poder Ejecutivo o de alguno de sus integrantes, pero tiene la salvedad de que solamente se puede aplicar la moción de censura sobre el jefe de Gabinete.

Un punto trascendente acá es que alcanza con la toma de la decisión política del Congreso en su mayoría para poder ser aplicada. De este modo, no es indispensable la demostración de la comisión de un delito, así como tampoco probar una ilegalidad específica.

Son dos las etapas para llegar a esa decisión. Primero, en este caso el jefe de Gabinete tiene que ser citado al recinto del Congreso, donde responderá preguntas y tendrá la oportunidad de defenderse. Y en segunda instancia, los legisladores llevarán adelante el proceso de votación de la moción de censura.

Para que el Congreso haga efectiva la moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la votación a favor de la medida debe ser aprobada por la mayoría absoluta; es decir, la mitad de los congresales debe sufragar a favor, más uno de los miembros, para lo cual no importa el número de presentes ese día en las dos cámaras.

En caso de que la mayoría vote en favor de la moción de censura en Diputados como en Senadores, Manuel Adorni debería dejar el cargo de jefe de Gabinete, pero, al ser una cuestión política y no judicial, el presidente Javier Milei podría volver a elegirlo para que ocupe nuevamente el cargo.

Guillermo Francos, ex Jefe de Gabinete, en una exposición ante el Congreso. Antes de dejar el cargo, un sector de la oposición impulsó una moción de censura por incumplimiento de la Emergencia en discapacidad. Foto: Archivo.

Vale recordar que la moción de censura que la oposición busca aplicar desde el Congreso a Adorni surge luego de que el jefe de Gabinete ratificó sus declaraciones juradas para justificar el aumento de su patrimonio desde el día en que asumió en el gobierno.

Un dato más: el último intento por aplicar este mecanismo constitucional tuvo a otro jefe de Gabinete como protagonista: Guillermo Francos, antecesor de Adorni. En aquel caso la medida se fundaba en la falta de aplicación de la ley de Emergencia en Discapacidad por falta de financiamiento.

Mauro L. Muñoz

El oficialismo intentará esta semana sostener el pulso legislativo en el Congreso con proyectos que considera prioritarios. Pero el avance de esa agenda está atravesada por las maniobras políticas de los espacios opositores contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debido a las inconsistencias en su declaración jurada.

En Diputados, el bloque de La Libertad Avanza apunta al miércoles 24 como fecha para sesionar sobre dos proyectos clave: el Súper RIGI para grandes inversiones en nuevas industrias y el acuerdo con bonistas que no ingresaron a los canjes de deuda.

Para eso antes tiene que conseguir dictamen. Este miércoles 17 desde las 12, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia tratarán el expediente de renegociación con Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund. Antes del pase a la firma, expondrán Sebastián Amerio, procurador del Tesoro de la Nación, y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. El proyecto ya tiene media sanción del Senado y autoriza el pago de 171 millones de dólares a tenedores de títulos públicos que iniciaron demandas tras el default de 2001, pero que no ingresaron al acuerdo cerrado en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.

Este mismo miércoles, desde las 15, las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva buscarán dejar listo el dictamen del Súper RIGI. La iniciativa ya atravesó dos jornadas informativas: una con funcionarios y otra con representantes del sector empresarial. El proyecto apunta a captar inversiones de gran escala en actividades que el Gobierno define como nuevas para la estructura productiva nacional. A diferencia de otros temas más conflictivos, el texto llegó al Congreso con aval inicial de aliados y sectores de la oposición dialoguista. De todos modos, algunos representantes provinciales pidieron ajustes en la redacción de artículos puntuales.

La Casa Rosada quiere llevar ambos proyectos al recinto el miércoles 24 de junio. Ese sería, por ahora, el temario central para una sesión con miras a dar señales de estabilidad ante los mercados, pero que antes tiene que gestionar las tensiones políticas que atraviesa el gobierno de Javier Milei.

El problema para el oficialismo es la situación de Adorni. La oposición más dura busca abrir el recinto de Diputados el martes 23 de junio para impulsar una ofensiva contra el jefe de Gabinete. La iniciativa lleva la firma de Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, y fue acompañada por legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y monobloques opositores.

El objetivo es reunir 129 diputados para iniciar la sesión. Pero todavía no tienen asegurado el número. Según los cálculos preliminares, podrían reunir alrededor de 115 bancas con asistencia perfecta. Les faltarían unos 14 diputados. Ahí aparecen el PRO y la UCR. Ambos espacios emitieron críticas duras contra Adorni, pero no está claro que estén dispuestos a acompañar una sesión para avanzar contra el ministro coordinador. En el PRO llegaron a reclamarle al Presidente que defienda “el cambio y no a Adorni”. Pero una cosa es exigir explicaciones y otra es habilitar una ofensiva parlamentaria que pueda terminar en moción de censura.

El temario opositor incluye pedidos para que Adorni brinde informes verbales ante el Congreso, requerimientos escritos al Poder Ejecutivo y proyectos de interpelación orientados a iniciar una moción de censura. Según el artículo 101 de la Constitución, el jefe de Gabinete puede ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara. Pero, al no tener dictamen, la oposición necesitaría dos tercios de los presentes para tratar esos proyectos sobre tablas. Ese número aparece prácticamente fuera de alcance.

Por eso, la jugada más probable, si logran abrir el recinto, sería emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para que fijen fecha de debate. Ambas están presididas por legisladores libertarios: Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo.

La presión sobre Adorni también llegó al Senado. La vicepresidenta y titular de la Cámara, Victoria Villarruel, convocó para este miércoles 17 a una reunión de Labor Parlamentaria con los jefes de bloque. El encuentro servirá para ordenar la sesión prevista para el jueves, pero también para discutir cuándo el Jefe de Gabinete deberá concurrir al recinto a presentar su Informe de Gestión.

Villarruel coincide con José Mayans, jefe del bloque Justicialista, en que la presentación debería concretarse este mismo mes argumentando la gravedad de los acontecimientos. Patricia Bullrich, titular del bloque libertario en el Senado, propone consensuar la primera semana de julio, con el jueves 2 como fecha posible.

Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti ya pidieron una moción de censura contra Adorni. Argumentan que existen “graves inconsistencias patrimoniales”, además de “ocultamientos, omisiones, contradicciones y rectificaciones” en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción y ARCA. También señalan un “impresionante e inexplicable incremento de su patrimonio personal desde que asumió en la función pública”.

El jueves, además, la Cámara alta tiene previsto tratar pliegos de jueces del fuero laboral que ya obtuvieron dictamen. La discusión aparece atravesada por la prórroga por cinco años del mandato del magistrado Víctor Pesino, cuestionado por el peronismo por un fallo que habilitó la implementación de la reforma laboral.

La Libertad Avanza también pretende incluir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, siempre que logre superar diferencias internas y con aliados sobre el capítulo de tierras fiscales, que elimina restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales en la Argentina.

En paralelo, la Casa Rosada sigue intentando consensuar una reforma electoral con eje en la eliminación de las PASO, el desfinanciamiento de partidos y campañas, y cambios en la ley de partidos políticos. Pero cualquier modificación electoral requiere mayoría absoluta: 129 diputados y 37 senadores. Los libertarios están lejos de esos números por cuenta propia.

Si desde Casa Rosada no emergen mayores anuncios, salvo las novedades que trae el Boletín Oficial de Nación, y los dichos y silencios en el entorno presidencial ante los movimientos de sus aliados y contendientes, en el Congreso la actividad es continua, al menos en comisiones.

Diputados tuvo este martes una jornada intensa, que arrancó a las 11 y se extendió hasta la tarde con una sucesión de reuniones en las que se escucharon planteos de distintos sectores y puntos del país hacia la política libertaria: hubo diagnósticos preocupantes sobre los efectos de la paralización de las obras públicas.

También se realizó un plenario de Comercio y Pymes (con foco en el sector lácteo y participación de la Bolsa de Comercio de Rosario); Industria (con exposiciones de la Unión Industrial Argentina y CAME) y Transporte (con la situación de Intercargo como eje).

Para este miércoles habrá varios temas de peso en la mesa de debate, algunos muy afines a los intereses del gobierno libertario y otros que seguramente tendrán menos adhesión.

A las 11 está citado el plenario de Presupuesto y Hacienda (Bertie Benegas Lynch), Industria (José Luis Garrido) y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Martín Yeza) para seguir analizando el mensaje 181 del Ejecutivo sobre Régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias, conocido como “Súper Rigi”.

El oficialismo espera llevar este tema al recinto en la sesión prevista (no formalmente convocada) para el 24 de junio, previa realización de otro plenario para emitir un dictamen.

También a las 11 y en otro salón, fue convocada la Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside Gabriela Estévez con la finalidad de tratar diversos proyectos que coinciden en la declaración de emergencia pública nacional en materia social por violencia de género.

Será a pocos días de la masiva marcha del 3 de Junio y luego de varios femicidios que conmovieron a todo el país, incluido el que tuvo como víctima a la adolescente cordobesa Agostina Vega.

A las 14 habrá otra reunión conjunta: esta vez, de Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz) y Legislación General (Santiago Santurio) para continuar el tratamiento de los proyectos de ley sobre el Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses (Ley de Lobby). Para ello fueron invitadas instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

La jornada cerrará a las 16 con Derechos Humanos y Garantías (Horacio Pietragalla Corti) para analizar la situación de las prisiones domiciliarias en la República Argentina. En la ocasión se presentarán informes y participarán representantes del Poder Judicial, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos.

Todo esto ocurrirá a un día de inicio del Mundial de Fútbol, que es para cuando se espera la presentación de la esperada declaración jurada del jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Este es uno de los temas que incomoda desde adentro al Ejecutivo y, se especula, mantiene frenadas otras definiciones.

Como aliciente, esta agenda se presenta en la previa de que el jueves se conozca el dato de inflación del mes de mayo por parte del INDEC y de una nueva reunión de la Mesa Política.

Mauro L. Muñoz 

La comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación recibió este martes a representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y entidades textiles para analizar la situación. El diagnóstico fue coincidente: la estabilización macroeconómica no alcanza para reactivar la producción manufacturera, mientras la apertura comercial, la caída del consumo, los costos en dólares y la falta de crédito profundizan el deterioro del sector.

“Entre agosto de 2023 y febrero de 2026 se perdieron 75.000 puestos de trabajo directos”, señaló María Laura Bermúdez, directora ejecutiva de la UIA. “No hablamos solamente de empleo directo. También impacta en los servicios, los proveedores y en las localidades del interior donde la industria sostiene al resto de la economía”, aclaró.

La representante de la UIA recordó que la industria representa cerca del 19% del valor agregado bruto y del empleo asalariado registrado, con alrededor de 1,2 millones de trabajadores directos. Además, que paga salarios un 20% superiores al promedio, aporta el 27% de la recaudación nacional de los sectores productivos, concentra el 57% de las exportaciones de bienes y explica el 54% de la inversión privada en investigación y desarrollo.

Sin embargo, advirtió que esos números conviven con una producción en crisis. “Durante todo 2025 la producción se estancó en niveles históricamente bajos”, afirmó Bermúdez. La actividad se encuentra aproximadamente un 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023. Al mismo tiempo que se realizaba la reunión, el INDEC informó que durante abril volvieron a registrarse retrocesos en la producción manufacturera.

La directora ejecutiva de la UIA sostuvo que el sector manufacturero está realizando gran parte del esfuerzo para contener la transformación productiva que impulsa el gobierno nacional. “Hay gran cantidad de industrias que están absorbiendo la suba de los costos, trabajando a costo, y pymes cuyos dueños están poniendo plata para subsistir”, describió Bermúdez.

José Luis Garrido y Pablo Farías, titulares de la comisión de Industria y Pyme en la Cámara de Diputados.

La explicación se apoyó en el carácter transable de la industria. A diferencia de los servicios, las fábricas compiten con productos elaborados en otros países y no pueden trasladar automáticamente cada aumento a los precios. En ese punto, mencionó el “costo argentino”: presión tributaria, escaso financiamiento, costos energéticos, infraestructura deficiente y una logística más cara.

Estimó, además, que la presión tributaria sobre el sector formal alcanza el 56%, por la acumulación de tasas municipales, Ingresos Brutos e impuestos nacionales. “Competimos con países como Brasil, Vietnam o China, que no tienen la carga tributaria que tenemos nosotros”, cuestionó Bermúdez.

María Laura Bermúdez, directora ejecutivo de la UIA.

En ese sentido, presentó una serie de propuestas tributarias y financieras. Entre ellas, eliminar o compensar el impuesto a los débitos y créditos, crear una cuenta única tributaria y permitir que los saldos a favor puedan utilizarse para cancelar otras obligaciones. También reclamó estabilidad fiscal, una reducción gradual de Ganancias para las pymes y la posibilidad de computar parte de las contribuciones patronales a cuenta de IVA o Ganancias, especialmente en sectores como textiles y calzado.

El pedido más urgente fue un nuevo plan de facilidades. Un relevamiento citado en la reunión indicó que el 45% de 760 empresas encuestadas mantiene atrasos con el Estado, proveedores, trabajadores o entidades bancarias. “La deuda con los bancos es el cierre de las cuentas; la deuda con ARCA es el embargo; la deuda con los proveedores paraliza la empresa”, enumeró Diego Leal, presidente del departamento Pyme de la UIA.

CAME destacó las dificultades adicionales que enfrentan las empresas del interior, alejadas de los puertos y de los principales centros de consumo. “No queremos ser un país aislado del mundo”, planteó su secretaria general, Beatriz Tourn. Pero pidió que cada medida tendiente a la apertura tenga como contrapartida instrumentos para que las pequeñas industrias puedan adaptarse.

Beatriz Tourn, secretaria General de CAME

Juan Carlos Uboldi, director industrial de la entidad de la pequeña y mediana empresa, puso como caso el cierre de una fábrica de ladrillos de hormigón celular. “Ese ejemplo en carne propia es mucho más importante que todas las estadísticas que pongamos sobre la mesa”, afirmó. En esa línea, reclamó controles frente al contrabando y las importaciones que no cumplen con las mismas normas técnicas exigidas a los fabricantes nacionales. “La cancha está inclinada”, graficó Uboldi. “Una empresa grande puede conseguir tasas del 7% en dólares y nosotros pagamos 30, 35 o 40%”.

La relación entre las grandes inversiones y el entramado industrial local también ocupó buena parte del debate. Tanto UIA como CAME respaldaron el desarrollo minero y energético, pero reclamaron que esos proyectos incorporen proveedores argentinos. “Tenemos la capacidad para satisfacer esas demandas. No hay motivo para traerlo importado”, sostuvo Bermúdez.

En ese punto, Kelly Olmos, diputada de Unión por la Patria y ex secretaria de Trabajo, advirtió sobre una inversión minera que habría comprado un obrador completo bajo la modalidad llave en mano en el exterior. Planteó que ese tipo de operaciones puede consolidar “un modelo de enclave” sin integración con el resto del territorio ni con los proveedores nacionales. Ante esto, CAME propuso un régimen de desarrollo de proveedores para energía y minería, acompañado por incentivos a las empresas locales que logren incorporarse a esas cadenas y exportar bienes o servicios.

La exposición más crítica correspondió a la Fundación Pro Tejer. Su presidente, Luciano Galfione, aseguró que la industria textil tiene presencia en 17 provincias y genera más de 500.000 empleos directos e indirectos. Sin embargo, “seis de cada diez máquinas están paradas”.

En los últimos tres años, agregó, se perdieron más de 22.000 empleos registrados, cerraron más de 800 empresas y la producción quedó un 30% por debajo de 2023. “Todos los días cierra una empresa y todos los días perdemos trabajo registrado”, afirmó.

Luciano Galfione, titular de la Fundación Pro Tejer.

El sector lleva más de dos años consecutivos de caída, con costos crecientes y un mercado interno paralizado. “Ya no es un problema entre importado y nacional. No vendemos ni nacional ni importado”, describió.

Galfione también alertó sobre el futuro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y, en particular, del centro textil creado en 1967. Destacó que allí se realizan ensayos de calidad, inflamabilidad, composición de productos, sustancias químicas y certificaciones necesarias para exportar.

Relató que su empresa, radicada en Catamarca y dedicada a productos elaborados con fibras de camélidos, dejó de contar con ensayos que antes realizaba el organismo. “Estoy buscando un laboratorio en el mundo que pueda ensayar esos productos. Mientras tanto, perdí la posibilidad de exportar”, afirmó.

La UIA y CAME respaldaron la continuidad del INTI, aunque reclamaron mayor eficiencia y menores plazos. “El INTI tiene que estar y tiene que ser eficiente al servicio de la industria y de la exportación”, sostuvo Leal.

Por último, Galfione advirtió que eliminar controles también puede favorecer el ingreso de mercadería sin estándares equivalentes a los exigidos a la producción nacional. “Eficientizar no es eliminar”, afirmó. “Si un organismo es ineficiente, hay que hacerlo mejor sobre la construcción de lo que existe”.

El diputado nacional Esteban Paulón, integrante del bloque Provincias Unidas y referente del socialismo santafesino, brindó detalles sobre el proyecto que presentó para crear en Argentina un régimen de muerte voluntaria médicamente asistida, una iniciativa que apunta a regular situaciones de pacientes con enfermedades terminales o irreversibles que atraviesan procesos de sufrimiento severo.

En este marco, el legislador explicó que la propuesta se inscribe en una línea de leyes ya vigentes en el país, como la ley de cuidados paliativos y la ley de muerte digna, pero que busca avanzar un paso más al trasladar al paciente la decisión final sobre el modo de atravesar el último tramo de su vida.

“El proyecto traslada al paciente la decisión de finalmente terminar de padecer determinados sufrimientos, sobre todo cuando son enfermedades irreversibles”, sostuvo.

Paulón remarcó que la iniciativa está pensada para casos específicos en los que exista una enfermedad terminal o irreversible, con padecimiento físico o sufrimiento sostenido para el paciente.

“Creemos que esa decisión puede aliviar ese dolor”, afirmó, al señalar que la propuesta contempla una serie de criterios estrictos por tratarse de una cuestión “delicada y seria”. En ese sentido, destacó que el proyecto también busca dar cobertura legal a los profesionales de la salud que acompañen estos procesos.

Según explicó, la norma apunta a proteger tanto al paciente como a los equipos médicos, garantizando que el procedimiento se realice dentro de un marco legal y con los cuidados correspondientes.

Consultado sobre las condiciones para acceder al régimen, el diputado precisó que debe existir una enfermedad terminal o irreversible que cause sufrimiento, pero también una voluntad clara y expresa del paciente.

“Acá lo que se privilegia y se prioriza es la autonomía del paciente a la hora de decidir”, indicó Paulón, quien aclaró que el proyecto también contempla el acompañamiento familiar, aunque la decisión final debe recaer en la persona afectada junto con su equipo médico.

El legislador señaló que la iniciativa incluye consideraciones vinculadas a la bioética, definiciones específicas y procedimientos destinados a garantizar que la decisión sea libre, consciente y autónoma.

Paulón aclaró que este proyecto está dirigido a pacientes que todavía se encuentran conscientes y en condiciones de expresar su voluntad. Para los casos en los que la persona no pueda manifestarse, explicó que ya existen otras herramientas legales, como la normativa de cuidados paliativos y muerte digna.

“Estamos hablando de pacientes que tienen todavía posibilidad de decidir por sí mismos y que están enfrentando este dolor, este padecimiento, este sufrimiento”, explicó.

En ese punto, subrayó que la legislación actual no permite que una persona consciente, atravesada por una enfermedad irreversible, pueda decidir su propia muerte con acompañamiento médico.

El diputado reconoció que se trata de un tema complejo, atravesado por debates éticos, morales y religiosos. Según planteó, muchas veces existen “pruritos” o prejuicios que dificultan avanzar en una regulación clara.

“Creemos que en un Estado laico como el nuestro, que ha avanzado en diversidades individuales y en decisiones personales, debe estar previsto que una persona, ante determinados supuestos, pueda decidir terminar su vida”, sostuvo.

Paulón también advirtió que, ante la falta de acompañamiento médico y legal, algunas personas terminan atravesando situaciones dolorosas vinculadas al suicidio, lo que genera consecuencias aún más traumáticas para ellas y sus familias.

“Es tiempo de dejar de ser tan hipócritas y pensar que la dignidad, la integridad y la posibilidad de evitar sufrimiento deben ser legisladas”, remarcó.

Mauro L. Muñoz

Vuelve a escalar la disputa sobre la ley de Emergencia en Discapacidad. El Gobierno nacional llevó su reclamo ante Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de un recurso extraordinario. En paralelo, aumenta la tensión en el Conrgeso tras el ingreso de un proyecto sustitutivo.

La presentación de la Procuraduría del Tesoro pidió que se frene su aplicación. En tanto, familiares, organizaciones y referentes del sector se reunieron en Diputados para hacer oír sus reclamos. Mientras el Senado ya tiene sobre la mesa el proyecto del Ejecutivo para revisar pensiones y endurecer auditorías, iniciativa que recibió fuertes críticas.

En su planteo ante el Máximo Tribunal, el Gobirno sostiene que el fallo “genera una situación de gravedad institucional” y que, al declarar abstracta la cuestión, “ratifica la declaración de inconstitucionalidad del Decreto N° 681/2025 y obliga al Estado Nacional a realizar enormes erogaciones presupuestarias sin que se hayan previsto las fuentes de financiamiento”.

El escrito oficial advierte que la ejecución de la norma “produce consecuencias irreparables para el conjunto de la sociedad al comprometer las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal”, y agrega que, por el alcance colectivo del proceso y su impacto, “pone en riesgo el sostenimiento del sistema de seguridad social y el financiamiento de áreas críticas”.

El conflicto sobre la norma viene desde el año pasado. Tras la sanción de la ley por parte del Congreso en julio de 2025 y el posterior veto presidencial, que fue rechazado por el Legislativo, el Ejecutivo terminó promulgando la norma, pero luego dispuso su suspensión mediante el decreto 681/2025 con el argumento de que no estaban definidas las fuentes de financiamiento. Esa decisión fue la que dio lugar a la demanda colectiva. En la sentencia de fondo, el juez Adrián González Charvay declaró inválida esa suspensión y sostuvo que el Ejecutivo avanzó sobre atribuciones propias del Congreso, además de descartar el argumento económico al recordar que la propia ley habilita al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para afrontar los gastos.

En un comunicado, el Foro Permanente Discapacidad denunció que el Gobierno pretende con este recurso instalar una falsa opción entre sostener los derechos de las personas con discapacidad y garantizar otros servicios esenciales del Estado. “Esta estrategia fue muy perversamente pensada porque lleva a contraponer a ciertos destinatarios que se quedarían sin esa atención por responder a las personas con discapacidad”. Y pidió a la Corte que no habilite esa lógica: “No aceptemos esta propuesta oscura de que es necesario que unos mueran para que otros vivan”.

Mientras la pelea escala en la Corte, en el Congreso sigue el conflicto. Este lunes, familiares y organizaciones vinculadas a la discapacidad llevaron sus reclamos a la Cámara de Diputados en una reunión de la Comisión de Discapacidad convocada por la oposición, sin participación del oficialismo ni de sus aliados.

El encuentro fue organizado por el vicepresidente primero de la comisión, Juan Marino, de Unión por la Patria, con unos 150 invitados vinculados a la temática. La excusa formal fue el rechazo al proyecto del Gobierno para derogar la ley de Emergencia en Discapacidad y el reclamo por el ajuste que, según denunciaron, mantiene en jaque al sistema de prestaciones. Pero el tono de la reunión fue bastante más intenso que una simple audiencia de exposición.

“La situación es grave. Centros de día que cierran, terapias y tratamientos que se interrumpen, medicamentos que no llegan, pensiones que no se dan de alta. La emergencia en discapacidad se profundiza día tras día. Estamos ante una eutanasia social promovida desde el desgobierno de Javier Milei”, disparó Marino.

De la reunión participó la actriz Lola Berthet, madre de un niño con discapacidad, quien cargó directamente contra el ministro de Salud, Mario Lugones. “Digamos nombre y apellido, Mario Lugones. Que está en ese cargo para consolidar los negocios de las grandes obras sociales nacionales y las prepagas. Está de un solo lado demostrador. Merece que este Congreso pida su juicio político”, planteó. Y agregó un pedido directo a los legisladores: “La emergencia que ustedes votaron, señores diputados, garantiza la ayuda a quienes lo necesitan. Por eso necesitamos que se logre y se ejecute como fue escrita”.

También participó Ian Moche, el joven influencer con autismo, que denunció amenazas y agresiones físicas contra su vivienda luego de que, según sostuvo, la diputada Lilia Lemoine iniciara “una campaña en redes” contra él. Ese testimonio volvió a correr la discusión hacia otro plano: el de la violencia simbólica, el hostigamiento y el lugar que la cuestión discapacidad ocupa en la conversación pública cuando el conflicto se politiza al extremo.

La otra pata del conflicto está en el Senado. Ahí ingresó el proyecto del Poder Ejecutivo denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que en los hechos busca reabrir la discusión sobre discapacidad desde otro ángulo, pero con el mismo trasfondo político: retrotraer parte del contenido de la ley sancionada y ratificada por el Congreso.

La iniciativa propone revisar el régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral, modificar la ley 13.478, introducir cambios en la ley 24.901 y tocar artículos centrales de la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. Dicho rápido: el Gobierno no pudo desactivar la norma con el veto, debió promulgarla, la suspendió por decreto, fue frenado por la Justicia y ahora busca rediscutir por la vía legislativa varios de sus puntos más sensibles.

Uno de esos núcleos es la pensión no contributiva por invalidez laboral. El proyecto reafirma que será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, pero vuelve a poner en el centro el criterio de imposibilidad para trabajar como fundamento del beneficio. Ahí aparece una diferencia clave con la ley de Emergencia: mientras la norma ratificada por el Congreso permitía mantener la pensión si la persona accedía a un empleo con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, la propuesta del Ejecutivo vuelve a una lógica de incompatibilidad: pensión o trabajo formal.

Esa vuelta atrás no es menor. Supone correrse de una lógica de inclusión laboral con protección y regresar a un esquema más rígido, donde el acceso al empleo puede transformarse en causal de pérdida del beneficio. Otra vez, lo que aparece es un modelo. Uno que privilegia el control del universo asistido por encima de la ampliación de derechos.

El proyecto también avanza sobre el capítulo más delicado: el control. La Secretaría Nacional de Discapacidad, dentro del Ministerio de Salud, quedaría a cargo de auditorías periódicas para verificar requisitos médicos, documentales y socioeconómicos. Para eso podría cruzar información con ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos, incluso con una excepción específica al secreto fiscal “únicamente a los efectos” de esa verificación.

En paralelo, se ordena un reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral en un plazo de 90 días hábiles, con posibilidad de prórroga por otros 30. Quien no complete el trámite, según el texto, quedará expuesto a la suspensión inmediata del pago y, si persiste el incumplimiento, a la baja del beneficio.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la delegación que viajó junto al presidente Javier Milei en el ARG 01 rumbo a Nueva York durante el informe de gestión que brinda en el Congreso Nacional, y rechazó la existencia de “delito” para justificar su patrimonio.

“Fue aclarado en la justicia que mi esposa viajó como invitada exclusivamente el vuelo de salida del país y que regresó en un vuelo comercial el 15 de marzo de 2026”, expresó, y completó: “Se concluyó que la documentación vinculadas al manifiesto de vuelos y las resoluciones aprobatorias no representan ninguna irregularidad”.

Asimismo, el funcionario destacó que la causa fue archivada por la justicia y subrayó que “la misión fue debidamente autorizada y no hubo delito”. “Se comprobó judicialmente que no hubo ningún gasto de viáticos, alojamiento, comida, o de cualquier tipo de parte del Estado y que no existió incumplimiento en su invitación”, aseveró.

“Esto prueba que, cuando se le permite a la Justicia actuar, se caen las operaciones políticas que se intentan instalar en esta Cámara”, añadió desde Diputados, y completó: “Pedí disculpas a los argentinos, entendiendo que mi conducta debe ser siempre clara y me puse a disposición de la Justicia frente a cada denuncia. Estas disculpas han sido utilizadas por algunos como una herramienta política para obstaculizar la gestión del Gobierno, lo cual no me sorprende”.

Por otra parte, Adorni pidió dividir sus gastos privados del público y diferenciar las actividades de su vida privada con “actos de gobierno”. “Ni constitucional ni penal ni civilmente son comparables. He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar”, expresó.

“El Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales y es por eso que informé siempre el carácter privado y propio de mis erogaciones. Las manifestaciones que se realizaron públicamente relativas al costeo por terceros de los viajes son tendenciosas y, además, falsas. Tendenciosas y falsas”, aseveró además.

Asimismo, se comprometió a presentar la nueva declaración jurada, con fecha de vencimiento el 31 de julio, en la detalla su patrimonio integral. “Las autoridades judiciales son las competentes para investigar y conocer en todas las denuncias presentadas. También, las actuaciones que se encuentran en trámite ante la Oficina Anticorrupción tienen carácter reservado y han sido puestas a disposición de la Justicia”, especificó.

“Todas las cuestiones que son parte de una causa judicial en curso deben ser resueltas en ese ámbito”, se expidió el funcionario, y rechazó contrataciones entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío.

Por último, desmintió la existencia de contratos entre el Estado y Bettina Angeletti, “ni directa ni indirectamente”, y sostuvo que “no existe ni existió incumplimiento alguno al régimen de incompatibilidades y conflictos de interés previsto en la Ley de Ética Pública o en sus reglamentaciones”.

“Nunca un Gobierno anterior colaboró de forma inmediata sobre denuncias realizadas a sus propios funcionarios. Por el contrario, los funcionarios anteriores hoy cuentan con condenas firmes y participan de un espacio político que hoy quiere simular una igualdad de condiciones”, afirmó, y concluyó: "Han sacado conclusiones equivocadas y quiero ser más claro todavía: no cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”.

El Gobierno envió al Congreso la reforma de la ley nacional de Salud Mental. El proyecto propone una reconfiguración del régimen vigente y una redefinición del concepto de riesgo que guía las internaciones involuntarias, además de cambios puntuales en el Código Civil y en los controles de establecimientos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había adelantado el envío de la iniciativa el pasado 7 de abril. Este último viernes, la mesa política del gobierno terminó de delinear los detalles del texto. Este sábado, el trámite ingresó Senado de la Nación con el Mensaje Nº 108/2026. Ahora, comenzará el trámite parlamentario que definirá si se vuelcan al régimen vigente las modificaciones sobre internación, código y controles.

El proyecto introduce modificaciones en la cobertura a prevención, tratamiento, rehabilitación y recuperación, y exige la presencia de profesionales formados en psiquiatría en los equipos de atención. En ese marco, incorpora reglas sobre adicciones dentro de la salud mental y faculta a la autoridad de aplicación a definir dispositivos ambulatorios y de internación para consumo problemático.

El eje central de la iniciativa es que redefine el concepto de riesgo para las internaciones involuntarias, reemplazando el umbral anterior por el estándar de riesgo grave de daño a la vida o a la integridad física, con el fin de ofrecer una formulación que, según el Ejecutivo, sea más abarcativa y clarificadora. Ese cambio de concepto modifica el régimen de procedencia de la internación y la evaluación clínica.

El texto sustituye el concepto vigente de “riesgo cierto e inminente” por el de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros” y establece un criterio situacional que contempla antecedentes y la evolución previsible del cuadro. Se detallan requisitos formales para internaciones involuntarias, con dictamen de al menos dos profesionales de distintas disciplinas, uno de ellos psiquiatra.

Se introduce un criterio situacional que exige considerar hechos previos, ideaciones dañinas y la evolución probable sin tratamiento, y se excluyen expresamente los riesgos derivados de conductas no condicionadas por una afección de salud mental. Se mantiene la internación como un recurso terapéutico excepcional, pero amplía los supuestos de procedencia.

En cuanto a firmas y validaciones, el texto exige el dictamen de al menos dos profesionales de distintas disciplinas —uno psiquiatra— y dispone que el juez pueda autorizar, pedir información adicional o denegar la medida en un plazo de tres días, con facultad para ordenar la internación si el servicio de Salud se niega pese a cumplirse los requisitos legales.

El proyecto prevé además que, excepcionalmente, un solo médico pueda disponer una internación cuando no exista otro profesional disponible, siempre con revalidación por el equipo interdisciplinario en menos de 24 horas, y obliga a notificar al juez en 24 horas con un plazo de tres días para decidir.

Además, el proyecto busca introducir cambios en los artículos 41, 42 y 59 del Código Civil y Comercial para alinear la normativa civil con el nuevo concepto de riesgo grave y para regular traslados de urgencia y consentimiento informado en situaciones de riesgo y emergencia. Esos cambios buscan coordinar el derecho civil con las normas de Salud.

En el régimen de controles, la reforma modifica la Ley Nº 26.827 sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y dispone que las inspecciones en establecimientos con personas con afecciones de Salud mental se realicen exclusivamente por equipos interdisciplinarios que integren obligatoriamente a un médico psiquiatra, tanto en el ámbito público como en el privado.

El proyecto incorpora a hospitales especializados en psiquiatría y a instituciones privadas a la red sanitaria, exige dispositivos ambulatorios de inclusión comunitaria y prohíbe el rechazo de pacientes por tratarse de problemáticas de Salud mental, con otras precisiones sobre altas, externaciones y medidas protectorias posteriores.

Varios puntos van quedando en claro en la primera jornada de audiencia pública, previa al tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación Argentina.

Uno de ellos es que el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado nacional, supone otra grieta política y que el Ejecutivo deberá contar con apoyos provinciales, más allá de los propios de su partido, para lograr una mayoría en el recinto.

Otro es que “el agua no reconoce jurisdicción política”, por lo cual aquello que ocurre en una provincia o región tiene impacto en otra.

Y más allá de los reparos a las modificaciones que se quieren introducir a la norma vigente, el mecanismo en si para concretar la audiencia pública recibió numerosas críticas, ya que se habilitaron dos jornadas de exposición pero se inscribieron alrededor de 100 mil personas, para exponer en representación de organizaciones o a título personal.

Fueron 196 las voces habilitadas para este miércoles en la primera sesión que siguió adelante más allá de la impugnación presentada por los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías.

La presentación sostiene que la audiencia resulta inválida por las graves irregularidades en la metodología adoptada para su desarrollo, “las cuales restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)”.

La actividad estuvo liderada por los legisladores de LLA José Peluc (San Juan), presidente de la Comisión de Medio Ambiente, y Nicolás Mayoraz (Santa Fe), titular de Asuntos Constitucionales.

Con transmisión en vivo por el canal de youtube de la Cámara de Diputados de la Nación, la reunión comenzó puntualmente a las 10 y no tenía horario de conclusión. Se acotó el tiempo de exposición de 5 a 4 minutos, pero se obvió el tiempo de conclusión que estaba previsto para las 19.

“La audiencia va a seguir hasta que termine el último expositor”, anticiparon las autoridades.

Este jueves las presentaciones se harán de manera virtual y a todos quienes quedan por fuera de estas exposiciones se los invita a presentar un escrito o un video para explicar su punto de vista. “Todo va a formar parte del expediente”.

Abierta la sesión, se fueron escuchando los distintos testimonios: el de Marcelo Arteaga, trabajador petrolero de Chubut, que habló del “pasivo ambiental” que quedó luego de la explotación del petróleo. De Vanina Basso, secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, quien dejó en claro la oposición de su provincia a la reforma de la ley, y habló de “una memoria hídrica dolorosa vinculada al río Atuel”, en un territorio donde “el 70 % de la población depende del agua del río Colorado

También estuvo Gabriel Cabrera, Ingeniero Glaciólogo de Mendoza quien, “en representación de la ciencia”, dijo que la ley que se quiere aprobar “es defectuosa” y que “el ambiente periglaciar está mal definido en ese texto y es abstracto jurídicamente”.

También se pronunció Natalia Di Pace, presidenta comunal de Villa Cerro Azul (Córdoba) que es reserva de agua natural, quien anticipó que la ley, si se ratifican las modificaciones, va a tener amparos en la justicia.

En cambio, Gustavo Fernández, ministro de la Producción de San Juan anticipó, en representación del gobernador Marcelo Orrego, el apoyo a la ley.

La rionegrina Marta Maffei, diputada mandato cumplido, habló como autora de la ley 26.639 que es la que ahora está en proceso de modificación. “Estuvimos un año trabajando en la ley, consultando a académicos, instituciones, entes especializados y comunidades originarias”.

En ese punto, fue crítica con los cambios introducidos por el Senado nacional que “omiten rigurosamente los recaudos legales y constitucionales establecidos”. Luego de anticipar acciones legales por la modalidad de la audiencia pública, advirtió que la norma tiene una “fachada de federalismo pero logra discrecionalidad para que cada provincia haga lo que quiera con el agua”, que es “escasa en territorios que viven crisis climáticas aceleradas”.

Adolfo Pérez Esquivel también estuvo entre los oradores del primer tramo de la audiencia. El Nobel de la Paz, reconocido por su defensa de los derechos humanos y el ambiente, pidió en su argumetación, preservar el agua y la vida de todo el país. Para quienes quieran conocer su opinión completa, dejó un escrito que podrá ser fuente de consulta antes de que la ley sea tratada en Diputados.

Greenpeace rechazó el intento de modificar la Ley de Glaciares y advirtió riesgos para las fuentes de agua dulce. Foto: Martin Katz / GreenpeaceCasi 200 expositores participaron en la audiencia por Ley de Glaciares. Foto: Martin Katz / Greenpeace

Sobre el resultado de esta posible aprobación, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni confió este miércoles en que sería sancionada en el marco de las reformas que impulsa el gobierno nacional.

Matías De Bueno, abogado y docente de la UNR, adelantó que, si se aprueba la ley, corre el riesgo de ser declarada inconstitucional.

Por ahora, falta mucho por escuchar en otra jornada de exposiciones prevista para este jueves. Y el debate aún no llegó al recinto.

La diputada nacional y ex vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, lamentó el tono agresivo con el que se dirigió el presidente Javier Milei a la Asamblea Legislativa en la noche de este domingo.

"No creo que haya sido lo que en este momento se necesitaba. Fue un discurso con una agresión que yo no había visto nunca, marcando la grieta nuevamente como la única salida de la Argentina; eso me parece peligroso", opinó.

Consultada por El Litoral, consideró que "el presidente tenía la oportunidad de hacer otra cosa porque se habían logrado leyes que desde mi punto de vista son históricas y que muchos presidentes las habían intentado y no pudieron. Entonces, creo que hacia allí tenía que ir el discurso; sobre lo logrado y sobre quienes permitieron que esos logros se llevasen a cabo".

A su criterio, es necesario entender que "hay otra Argentina, que hay otra forma de pensar las cosas y que cuando el Congreso se pone a dialogar y logra determinados acuerdos, puede sacar leyes más allá del kirchnerismo", aseveró.

"Y eso no estuvo anoche – sostuvo-. Todo fue un enfrentamiento verbal con el kirchnerismo, principalmente, sin reconocer la tarea de muchos otros que venimos de otros espacios políticos y estamos dispuestos a discutir la agenda parlamentaria del momento".

- Algunos interpretan que fue una suerte de relanzamiento de cara a 2027. ¿Lo ve así?

- No lo pensé así, pero sí creo que debe tener también algo que ver con ciertas percepciones que se pueden llegar a tener (desde el gobierno) respecto de cómo está la gente. Porque creo que este momento económico que nos está tocando vivir, de alguna manera, debe estar haciendo mella en lo que el presidente prometió que iba a pasar respecto de que íbamos a estar mejor.

Creo que cuando las políticas, las acciones o las medidas que toma el gobierno no tienen la repercusión o el resultado que el propio gobierno espera, la salida más rápida a la que nos tienen acostumbrados es la violencia. Entiendo que reaccionan así porque hay cosas que no se pueden explicar.

Además, no era la forma que venía teniendo el gobierno en el último tiempo. Veníamos de una semana donde todos habíamos reprochado una actitud violenta dentro del Congreso que era la de arrancar y cortar una sesión y buscar que la sesión no se hiciera.

Todos repudiamos eso y buscando las sanciones para que eso no volviese a pasar. Después del discurso de anoche, me da la sensación de que va a ser muy difícil lograr una convivencia pacífica en el Congreso de la Nación. Siento que con esta apertura de sesiones se rompieron todos los códigos, que no tendría que haber pasado.

- ¿Coincide, como dijo el presidente, con que 'se acabó la malaria en el país'?

- Ojalá fuera verdad porque todos queremos que eso pase. Yo estoy en la vereda que quiero que a la Argentina le vaya bien y que la pueda sacar adelante.

Yo apoyaría todo lo que sea necesario en tanto tenga un criterio de producción, de generar más trabajo, de que la gente pueda tener más recursos y pueda sentir que la plata le alcanza, y que el sacrificio que se hizo hasta acá tuvo un sentido. (Pero) hoy eso no está; hoy en el día a día de la gente eso no está.

Entonces, cuando yo anoche escuchaba que se triplicaron en dólares los sueldos y que lo marcaba (el presidente) como un logro del gobierno, digo 'sí, es cierto; el tipo de cambio te da ese número', pero en el supermercado no repercute como en un país que tiene su economía en dólares.

No vale lo mismo comprar alimentos en Estados Unidos que en Argentina o Europa. La comparación que está haciendo es odiosa porque no es la realidad y porque, además, no es lo que siente la persona que todos los días le toca pagar el alquiler de su casa. Los alquileres no bajaron. No es cierto que los alquileres hoy están más baratos en la Argentina. No es cierto.

El Boletín Oficial de la Nación trajo este miércoles la confirmación del horario en que el presidente Javier Milei hablará ante la asamblea legislativa para dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias en el Congreso. Será el domingo a las 21.

La atribución presidencial de dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias del Congreso está prevista en el artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional. Es con el fin de dar cuenta “del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución” y recomendar “a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes”.

Como ya es costumbre en la actual gestión nacional, la exposición irá en horario central y tendrá transmisión oficial, tal como ocurrió en las dos aperturas anteriores (Milei asumió en diciembre de 2023) y en la presentación del proyecto de Presupuesto el 15 de septiembre de 2024.

El decreto 107 que confirma la invitación lleva la firma del mandatario y del Jefe de Gabinete Manuel Adorni. Hasta allí el texto oficial.

Pero para llegar al prime time del domingo faltan varios días y temas de fondo por debatir en la Cámara de Senadores que esta semana tiene el protagonismo parlamentario.

En la agenda de este viernes figuran dos de las leyes que el mandatario nacional quiere llevar a su discurso como logros absolutos de su gestión: la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil.

Ambos proyectos tienen media sanción y serán parte de una jornada que se anticipa como intensa y prolongada en la Cámara alta. Será el viernes próximo.

Antes, este jueves, está previsto debatir allí la Ley de Glaciares para que sea debatida en Diputados durante el período ordinario de sesiones; el acuerdo Mercosur-UE y la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea.

Son todos temas que forman parte de la agenda de sesiones extraordinarias que convocó Milei para febrero.

Salvo en enero, cuando no hubo actividad legislativa pero si mucho espacio para pulir acuerdos y militar los objetivos del oficialismo, las y los integrantes del Congreso compartieron un verano bien intenso.

Más allá de indicadores económicos que preocupan y reclamos pendientes de varios sectores y de algunas provincias, Milei espera llegar al domingo envalentonado por el resultado que posibilitaron propios y aliados en las comisiones (que quedaron a cargo de LLA) y en los respectivos recintos donde su partido logró una representación favorable luego de las legislativas del 26 de octubre.

Para celebrarlos habrá un asado posterior al acto protocolar.

También se espera que el domingo a la noche, el Presidente exponga el nuevo paquete de reformas que pretende poner en debate durante 2026, incluida la eliminación de las PASO, la reforma tributaria, el nuevo Código Penal y otra propuesta de Financiamiento Universitario que, apenas ingresada, fue resistida por sectores de la oposición.

Sin dudas la mirada está puesta en las elecciones de 2027 y la indisimulable apuesta de Milei a la reelección, ya no con Victoria Villarruel como compañera de fórmula.

En esa aspiración se inscribe la recién estrenada modalidad de salir al interior en el denominado “tour de gratitud” que lo llevó a Córdoba (al festival de Jesús María), a Mar del Plata (donde compartió escenario con Fátima Florez) y a San Lorenzo (para trasladar, en medio de un debate con polémica, el sable corvo de San Martín), y lo conducirá en marzo a Tucumán y luego a Mendoza.

El Gobierno nacional dispuso extender el período de sesiones extraordinarias del Congreso, una decisión que impacta directamente en la agenda legislativa de febrero y suma nuevos temas al debate parlamentario. La medida se formalizó este miércoles a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 103/2026 mediante el cual se prorrogan las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación hasta el 28 de febrero. La disposición fue difundida oficialmente a través del Boletín Oficial, con fecha del 13 de febrero y publicación el 18 del mismo mes.

Según el texto, el Ejecutivo hizo uso de las facultades que le otorgan los artículos 63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional para ampliar el período legislativo especial que había sido convocado originalmente en enero.

La norma establece que las sesiones extraordinarias que habían sido convocadas previamente por otro decreto continúan vigentes hasta fin de mes, lo que habilita a ambas cámaras a seguir tratando proyectos fuera del calendario ordinario.

Esta herramienta es habitual en los primeros meses del año, cuando el Poder Ejecutivo busca avanzar con iniciativas específicas antes de la apertura formal del período legislativo.

El decreto lleva también la firma del vocero presidencial Manuel Adorni, quien refrendó el texto junto al jefe de Estado.

Además de extender los plazos, el decreto incorpora un punto clave al temario que deberá tratar el Congreso durante estas sesiones extraordinarias: la consideración de un proyecto de reforma de la Ley 27.795, vinculada al financiamiento de la educación universitaria y la recomposición salarial docente.

De acuerdo con el documento oficial, la iniciativa será enviada por el Poder Ejecutivo y apunta a modificar aspectos de la normativa vigente en materia de financiamiento del sistema universitario.

El texto menciona específicamente la intención de abordar la recomposición salarial del sector docente, uno de los temas que viene generando reclamos en el ámbito educativo.

Aunque aún no se difundieron detalles sobre el contenido del proyecto, la inclusión en el temario anticipa que se tratará de uno de los ejes centrales del debate parlamentario en las próximas semanas.

La incorporación de este tema no es menor, ya que el financiamiento universitario ha sido objeto de discusiones recurrentes en los últimos años, especialmente en contextos de ajuste presupuestario o cambios en las políticas educativas.

La decisión de incluirlo en sesiones extraordinarias sugiere la intención del Ejecutivo de acelerar su tratamiento.

La prórroga de las sesiones extraordinarias suele interpretarse como una señal política del Gobierno respecto de la urgencia de determinados proyectos. En este caso, el decreto no solo extiende el tiempo de actividad legislativa sino que también redefine prioridades dentro del Congreso.

Para el oficialismo, contar con más semanas de sesiones extraordinarias permite sostener el impulso de su agenda parlamentaria y evitar que iniciativas clave queden postergadas hasta marzo, cuando se inaugura el período ordinario.

Desde el punto de vista institucional, las sesiones extraordinarias son convocadas exclusivamente por el Poder Ejecutivo, que además define los temas a tratar. Esto implica que los legisladores solo pueden debatir los proyectos incluidos en el temario oficial, sin posibilidad de incorporar otras iniciativas por fuera de esa agenda.

En ese marco, la inclusión de la reforma vinculada al financiamiento universitario marca una señal clara sobre las prioridades del Gobierno en materia educativa y fiscal.

También abre un escenario de debate político que probablemente se traslade al ámbito público, especialmente si el proyecto genera posiciones encontradas entre oficialismo y oposición.

Con la prórroga dispuesta hasta el 28 de febrero, el Congreso mantendrá actividad legislativa durante casi todo el mes, lo que podría derivar en sesiones en ambas cámaras para avanzar con los temas incluidos en el temario extraordinario.

Esto también podría modificar la dinámica política previa al inicio del período ordinario, ya que los bloques legislativos deberán reorganizar sus estrategias en función del nuevo calendario.

Además, la ampliación del período extraordinario suele tener efectos en la agenda pública, dado que el tratamiento de proyectos sensibles —como los vinculados a educación o salarios— tiende a generar repercusiones en distintos sectores sociales.

En términos formales, el decreto ordena su comunicación, publicación y archivo, tal como establecen los procedimientos administrativos habituales. La norma fue registrada por la Dirección Nacional del Registro Oficial, cumpliendo con el circuito institucional correspondiente.

La extensión de las sesiones extraordinarias se inscribe en el arranque del calendario político de 2026 en Argentina, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar su agenda legislativa.

Aunque resta conocer el contenido detallado del proyecto sobre financiamiento universitario, su inclusión anticipa que el Congreso tendrá un rol activo en las próximas semanas, con debates que podrían marcar el pulso político del inicio de año.

Analía De Luca

Una serie de incidentes se registraron en la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Congreso, donde organizaciones de izquierda que acompañaban el reclamo de los jubilados tiraron el vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad.

La movilización tenía lugar mientras en el Senado se debatía la reforma laboral, un proyecto rechazado por el peronismo y por organizaciones sindicales.

Incidentes en inmediaciones del Congreso de la Nación.

Guarecidos con bloques de madera, los manifestantes armaron bombas Molotov y enfrentaron a la Policía, que respondió con el camión hidrante y balas de goma. Por los incidentes hubo 20 detenidos y 40 demorados, según indicaron fuentes de la Policía de la Ciudad a los medios nacionales.

Todos fueron puestos a disposición de la Unidad flagrancia Este, donde la fiscal Malena Mercuriari avaló las detenciones.

Del mismo modo, tres policías fueron heridos, uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fue trasladado al Hospital Italiano.

Los otros dos uniformados lastimados fueron por traumatismo en los miembros inferiores producto de los elementos arrojados por los manifestantes.

Incidentes en inmediaciones del Congreso de la Nación.

El efectivo con traumatismo de cráneo recibió el golpe de una maceta arrojada desde un edificio en Solís y Alsina.

Un video registrado durante los incidentes expuso el momento en que un grupo de manifestantes arma y lanza un artefacto incendiario casero contra el cordón policial.

Incidentes en inmediaciones del Congreso de la Nación.

En las imágenes pudo observarse a varias personas resguardadas detrás de maderas y estructuras improvisadas mientras preparan el elemento, que luego es encendido y arrojado en dirección a los efectivos.

El primer cordón de seguridad correspondía a la Policía Federal, mientras el segundo y tercero corría por cuenta de la Policía de la Ciudad.

Incidentes en inmediaciones del Congreso de la Nación.

Vallas dañadas, veredas rotas, restos de proyectiles y cartelería incendiada fueron parte del panorama que dejaron los incidentes en la Plaza Congreso, que derivó en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

En paralelo, se mantiene un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Palacio Legislativo, mientras se evalúan los daños materiales y no se descarta que continúen las actuaciones judiciales por los hechos ocurridos durante la jornada.

Julian Catalano – Atentado, resistencia y lesiones.

Masilla Francisco – Atentado, resistencia y lesiones.

Tripolli – Incendio.

Olvera Marcelo – Incendio.

Nicolás Viña – Atentado, resistencia y lesiones.

Adrián Jorge Montiel – Tentado y resistencia a la autoridad.

Carlos Agusto Ruiz – Atentado, resistencia a la autoridad y daños.

Juan Manuel Reichenbach – Atentado y resistencia a la autoridad.

Maximiliano Javier Melgar – Atentado y resistencia a la autoridad.

Gastón Ezequiel Reyes – Atentado y resistencia a la autoridad.

Raúl Alberto Bande – Atentado y resistencia a la autoridad.

Jorge Euclides Nieto – Atentado y resistencia a la autoridad.

Lila Amanto – Incendio.

Claudio Garro – Incendio.

Ayelén Portale – Incendio.

Sabina Neuman – Incendio.

Leonidas Orquera – Incendio.

Corina González – Incendio y otros estragos.

Félix Américo Maldonado – Incendio y otros estragos.

Agustín Sánchez Tomás – Pedido de Captura Ley de Drogas

Incidentes en inmediaciones del Congreso de la Nación.

Mientras, la primera línea del Gobierno nacional calificó este miércoles de “delincuentes organizados” a los manifestantes que ocasionaron incidentes.

“A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan”, expresó el presidente Javier Milei.

A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan...MAGA.Fin. https://t.co/4Sc6d1c8Ag

“Estos no son defensores de los trabajadores, son delincuente organizados. Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio”, expresó el ministro del Interior, Diego Santilli, desde sus redes sociales.

A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan...MAGA.Fin. https://t.co/4Sc6d1c8Ag

Por su parte, la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, consideró que “el único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza”.

El único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza.La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden.Debatan y "ganen" en el Congreso.En la calle, la ley y el orden se respetan. pic.twitter.com/UzidlW1xnG

“La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y ‘ganen’ en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan”, subrayó.

Nada por aquí, nada por allá. Hasta este domingo, la agenda oficial del Congreso de la Nación no tenía actividades programadas, más que visitas guiadas e iluminación de los balcones del Senado en conmemoración del combate de San Lorenzo, el martes (hito que lo traería al presidente Javier Milei a esta provincia el sábado), y el Día de Lucha contra el Cáncer, el miércoles.

Este lunes inicia el período de sesiones extraordinarias convocado por el gobierno nacional a través del decreto 24/2026. Que no existan reuniones agendadas en el palacio legislativo no es sinónimo de inactividad.

Al contrario, el peso de los temas que el Ejecutivo impulsa para que sean abordados hasta el viernes 27 es enorme y las discusiones se desarrollan dentro y fuera de Casa Rosada, en las provincias y, por supuesto, en los medios.

Es más: en los próximos días, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) también será marco para la discusión de la Reforma Laboral, punta de lanza de la agenda oficial que espera lograr en febrero la aprobación del proyecto con dictamen desde diciembre que necesita de un número mágico, 37 voluntades en el Senado, para abrir el recinto y el debate, y apurar la media sanción.

Con nueva confirmación, el Congreso Nacional tendrá por delante una una intensa agenda en extraordinarias. Martín Menem seguirá presidiendo la Cámara de Diputados. Foto: Archivo

Es un montón para un mes tan corto. Pero, en los hechos, la rosca nunca se tomó descanso más allá de las licencias programadas de algunos legisladores y miembros del Ejecutivo.

Si se tiene en cuenta que el DNU que otorgó más poderes a la SIDE se firmó el 31 de diciembre (y se publicó en el Boletín Oficial el 2 de enero) se entiende que en la política no hay vacaciones. Menos con un 2027 (con planes de reelección nacional y aspiración a nuevos liderazgos) que está cada vez más cerca.

Pero vamos por partes: en diciembre de 2025 se logró dictamen de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda para la ley de Reforma (o Modernización) Laboral, un proyecto que impulsa el Ejecutivo y resisten la oposición más dura y las entidades gremiales. También recibe “peros” de gobernadores que el miércoles se reunirán en el CFI para analizar la incidencia que podría tener la ley en la ya alicaída recaudación de sus distritos.

El ministro del Interior Diego Santilli se mostró muy activo este mes de enero: además de acompañar al presidente Milei en su “tour de gratitud” por algunas ciudades, mantuvo encuentros con mandatarios en búsqueda de votos que apoyen la ley en la Cámara alta.

Como se dijo, son 37 senadoras y senadores los que se precisan para abrir el recinto, posiblemente el 11 o 12 de febrero, y debatir el tema. Hay expectativa por quienes aparecen hasta el momento en la lista de “indecisos” y por la actitud que tomará la CGT en la disputa.

En el Senado, el oficialismo espera debatir la Reforma Laboral entre el 11 y 12 de febrero.Foto: Archivo.

Una posibilidad es que el debate se postergue por falta de acuerdo o por la necesidad de una discusión muy profunda sobre un tema de enorme espesura. En ese caso, quedaría para después del 1º de marzo que es cuando comienza el período ordinario de sesiones.

No es el único tema en la agenda de las extraordinarias que deberá considerar la Cámara alta. También tiene dictamen el proyecto de ley sobre el “Régimen de Presupuestos Mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar”.

Al listado se suma el acuerdo Mercosur-Unión Europea que se firmó (luego de años de trabajosa gestión) a mediados de enero en Asunción (Paraguay) y está en pausa a partir de la decisión adoptada por el Parlamento Europeo de revisar su contenido.

El ex diputado nacional del PRO Fernando Iglesias también aguarda que reabra el recinto del Senado para que sea evaluado su pliego como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea.

A Diputados le corresponderá analizar otro de los temas centrales de estas extraordinarias: el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad que ahora está fijada en 16 años. El asesinato de joven santotomesino Jeremías Monzón aceleró un debate que el Ejecutivo impulsa desde 2024 y que en mayo del año pasado llegó a tener dictamen de comisión, pero nunca llegó al recinto.

Aquel proyecto, que recibió apoyo de legisladores de otros bloques, no solo de LLA, fija un piso de 14 años para ser considerado imputable. Sin embargo, desde La Libertad Avanza se admite que el gobierno evalúa la posibilidad de fijar la edad mínima en 13.

La senadora nacional Patricia Bullrich es protagonista en el debate de la Reforma Laboral y de la baja en la edad de imputabilidad. Foto: Archivo.

El viernes, la senadora nacional y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich recibió a familiares y al abogado de la familia Monzón. Al cabo del encuentro aseguró que “no podemos seguir teniendo menores que matan y vuelven a su casa como si nada”. Por el crimen está imputada una joven de 16 años mientras que dos menores de 14 quedaron en libertad, precisamente, por su edad.

Como se dijo, el proyecto que obtuvo dictamen establece el régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los 14 años de edad hasta las cero horas del día en que cumplan 18, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro.

“Producida la detención de un adolescente y en caso de que sea indispensable su encierro, su alojamiento deberá hacerse efectivo en dependencias acondicionadas especialmente para ese fin, bajo la dirección de personal idóneo para el trato con aquéllos. Queda prohibido dicho alojamiento junto a personas mayores de edad”, establece.

Además, “se deberán imponer al adolescente, conjuntamente, medidas específicas tendientes a desarrollar su educación, el trabajo y la conciencia de la gravedad del hecho cometido, con vistas a lograr su resocialización y desarrollo de su vida”.

No están permitidas en este régimen la reclusión perpetua ni la prisión perpetua.

La baja de imputabilidad cosechó adhesiones del oficialismo en primer lugar y de otros sectores que se muestran a favor de modificar el Régimen Penal Juvenil. El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro dijo en varias oportunidades que “un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor”.

Otras voces, como la Iglesia Católica, insisten en la necesidad de un programa “integral” y “profundo” en el que la baja en la edad de imputabilidad no sea la única respuesta al delito.

El nuevo año inició con un fuerte alboroto luego de conocerse el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/26, firmado el 31 de diciembre, que modifica la Ley de Inteligencia Nacional y amplía facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side).

No es para menos: en pocas palabras, el decreto otorga mayor poder y autonomía a los espías. Entre otras funciones, por ejemplo, los agentes podrán detener personas, una función hasta ahora prohibida por ley. Podrán hacerlo, incluso, sin orden judicial.

También dispone que todos los altos funcionarios a cargo de organismos públicos deberán aplicar medidas de contrainteligencia e intercambio de información sobre las personas entre organismos públicos y asigna “carácter encubierto” –antes eran “secretas”– a las actividades de inteligencia nacional.

La norma, que deberá ser considerada por el Congreso (pero no figura en el listado de extraordinarias), despertó críticas de la oposición que consideró que fue dictada “entre gallos y medianoche”, precisamente al filo de Año Nuevo. En tanto, cuestionan el contenido por cuanto advierten que la Side se convertiría en una suerte de “policía secreta”.

También desde el PRO, aliado del oficialismo, llamaron la atención sobre la falta de respuesta al pedido de protocolos sobre el funcionamiento de las tareas de inteligencia en base a este decreto.

El primer obstáculo que encuentran las voces disidentes para acelerar el tratamiento del tema en el Congreso y su posible rechazo es que aún no está conformada la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que durante 2025 presidió el diputado Oscar Zago. En diciembre hubo recambio en ambas cámaras, como resultado de las legislativas del 26 de octubre, y todavía no están cerradas la integración y las presidencias de varias comisiones.

Pero en febrero no se reinicia solo la actividad legislativa. También la Judicial: cinco amparos por el DNU sobre la Side esperan resolución en ese poder.

Y el próximo miércoles vence el plazo que estableció el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, para que el gobierno cumpla con la ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada, vetada, ratificada y promulgada pero sin presupuesto asignado durante 2025.

Será un mes intenso en todos los ámbitos, apenas un anticipo de un año que ya palpita las elecciones generales de 2027.