Mauro L. Muñoz

Vuelve a escalar la disputa sobre la ley de Emergencia en Discapacidad. El Gobierno nacional llevó su reclamo ante Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de un recurso extraordinario. En paralelo, aumenta la tensión en el Conrgeso tras el ingreso de un proyecto sustitutivo.

La presentación de la Procuraduría del Tesoro pidió que se frene su aplicación. En tanto, familiares, organizaciones y referentes del sector se reunieron en Diputados para hacer oír sus reclamos. Mientras el Senado ya tiene sobre la mesa el proyecto del Ejecutivo para revisar pensiones y endurecer auditorías, iniciativa que recibió fuertes críticas.

En su planteo ante el Máximo Tribunal, el Gobirno sostiene que el fallo “genera una situación de gravedad institucional” y que, al declarar abstracta la cuestión, “ratifica la declaración de inconstitucionalidad del Decreto N° 681/2025 y obliga al Estado Nacional a realizar enormes erogaciones presupuestarias sin que se hayan previsto las fuentes de financiamiento”.

El escrito oficial advierte que la ejecución de la norma “produce consecuencias irreparables para el conjunto de la sociedad al comprometer las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal”, y agrega que, por el alcance colectivo del proceso y su impacto, “pone en riesgo el sostenimiento del sistema de seguridad social y el financiamiento de áreas críticas”.

El conflicto sobre la norma viene desde el año pasado. Tras la sanción de la ley por parte del Congreso en julio de 2025 y el posterior veto presidencial, que fue rechazado por el Legislativo, el Ejecutivo terminó promulgando la norma, pero luego dispuso su suspensión mediante el decreto 681/2025 con el argumento de que no estaban definidas las fuentes de financiamiento. Esa decisión fue la que dio lugar a la demanda colectiva. En la sentencia de fondo, el juez Adrián González Charvay declaró inválida esa suspensión y sostuvo que el Ejecutivo avanzó sobre atribuciones propias del Congreso, además de descartar el argumento económico al recordar que la propia ley habilita al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para afrontar los gastos.

En un comunicado, el Foro Permanente Discapacidad denunció que el Gobierno pretende con este recurso instalar una falsa opción entre sostener los derechos de las personas con discapacidad y garantizar otros servicios esenciales del Estado. “Esta estrategia fue muy perversamente pensada porque lleva a contraponer a ciertos destinatarios que se quedarían sin esa atención por responder a las personas con discapacidad”. Y pidió a la Corte que no habilite esa lógica: “No aceptemos esta propuesta oscura de que es necesario que unos mueran para que otros vivan”.

Mientras la pelea escala en la Corte, en el Congreso sigue el conflicto. Este lunes, familiares y organizaciones vinculadas a la discapacidad llevaron sus reclamos a la Cámara de Diputados en una reunión de la Comisión de Discapacidad convocada por la oposición, sin participación del oficialismo ni de sus aliados.

El encuentro fue organizado por el vicepresidente primero de la comisión, Juan Marino, de Unión por la Patria, con unos 150 invitados vinculados a la temática. La excusa formal fue el rechazo al proyecto del Gobierno para derogar la ley de Emergencia en Discapacidad y el reclamo por el ajuste que, según denunciaron, mantiene en jaque al sistema de prestaciones. Pero el tono de la reunión fue bastante más intenso que una simple audiencia de exposición.

“La situación es grave. Centros de día que cierran, terapias y tratamientos que se interrumpen, medicamentos que no llegan, pensiones que no se dan de alta. La emergencia en discapacidad se profundiza día tras día. Estamos ante una eutanasia social promovida desde el desgobierno de Javier Milei”, disparó Marino.

De la reunión participó la actriz Lola Berthet, madre de un niño con discapacidad, quien cargó directamente contra el ministro de Salud, Mario Lugones. “Digamos nombre y apellido, Mario Lugones. Que está en ese cargo para consolidar los negocios de las grandes obras sociales nacionales y las prepagas. Está de un solo lado demostrador. Merece que este Congreso pida su juicio político”, planteó. Y agregó un pedido directo a los legisladores: “La emergencia que ustedes votaron, señores diputados, garantiza la ayuda a quienes lo necesitan. Por eso necesitamos que se logre y se ejecute como fue escrita”.

También participó Ian Moche, el joven influencer con autismo, que denunció amenazas y agresiones físicas contra su vivienda luego de que, según sostuvo, la diputada Lilia Lemoine iniciara “una campaña en redes” contra él. Ese testimonio volvió a correr la discusión hacia otro plano: el de la violencia simbólica, el hostigamiento y el lugar que la cuestión discapacidad ocupa en la conversación pública cuando el conflicto se politiza al extremo.

La otra pata del conflicto está en el Senado. Ahí ingresó el proyecto del Poder Ejecutivo denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que en los hechos busca reabrir la discusión sobre discapacidad desde otro ángulo, pero con el mismo trasfondo político: retrotraer parte del contenido de la ley sancionada y ratificada por el Congreso.

La iniciativa propone revisar el régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral, modificar la ley 13.478, introducir cambios en la ley 24.901 y tocar artículos centrales de la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. Dicho rápido: el Gobierno no pudo desactivar la norma con el veto, debió promulgarla, la suspendió por decreto, fue frenado por la Justicia y ahora busca rediscutir por la vía legislativa varios de sus puntos más sensibles.

Uno de esos núcleos es la pensión no contributiva por invalidez laboral. El proyecto reafirma que será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, pero vuelve a poner en el centro el criterio de imposibilidad para trabajar como fundamento del beneficio. Ahí aparece una diferencia clave con la ley de Emergencia: mientras la norma ratificada por el Congreso permitía mantener la pensión si la persona accedía a un empleo con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, la propuesta del Ejecutivo vuelve a una lógica de incompatibilidad: pensión o trabajo formal.

Esa vuelta atrás no es menor. Supone correrse de una lógica de inclusión laboral con protección y regresar a un esquema más rígido, donde el acceso al empleo puede transformarse en causal de pérdida del beneficio. Otra vez, lo que aparece es un modelo. Uno que privilegia el control del universo asistido por encima de la ampliación de derechos.

El proyecto también avanza sobre el capítulo más delicado: el control. La Secretaría Nacional de Discapacidad, dentro del Ministerio de Salud, quedaría a cargo de auditorías periódicas para verificar requisitos médicos, documentales y socioeconómicos. Para eso podría cruzar información con ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos, incluso con una excepción específica al secreto fiscal “únicamente a los efectos” de esa verificación.

En paralelo, se ordena un reempadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral en un plazo de 90 días hábiles, con posibilidad de prórroga por otros 30. Quien no complete el trámite, según el texto, quedará expuesto a la suspensión inmediata del pago y, si persiste el incumplimiento, a la baja del beneficio.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la delegación que viajó junto al presidente Javier Milei en el ARG 01 rumbo a Nueva York durante el informe de gestión que brinda en el Congreso Nacional, y rechazó la existencia de “delito” para justificar su patrimonio.

“Fue aclarado en la justicia que mi esposa viajó como invitada exclusivamente el vuelo de salida del país y que regresó en un vuelo comercial el 15 de marzo de 2026”, expresó, y completó: “Se concluyó que la documentación vinculadas al manifiesto de vuelos y las resoluciones aprobatorias no representan ninguna irregularidad”.

Asimismo, el funcionario destacó que la causa fue archivada por la justicia y subrayó que “la misión fue debidamente autorizada y no hubo delito”. “Se comprobó judicialmente que no hubo ningún gasto de viáticos, alojamiento, comida, o de cualquier tipo de parte del Estado y que no existió incumplimiento en su invitación”, aseveró.

“Esto prueba que, cuando se le permite a la Justicia actuar, se caen las operaciones políticas que se intentan instalar en esta Cámara”, añadió desde Diputados, y completó: “Pedí disculpas a los argentinos, entendiendo que mi conducta debe ser siempre clara y me puse a disposición de la Justicia frente a cada denuncia. Estas disculpas han sido utilizadas por algunos como una herramienta política para obstaculizar la gestión del Gobierno, lo cual no me sorprende”.

Por otra parte, Adorni pidió dividir sus gastos privados del público y diferenciar las actividades de su vida privada con “actos de gobierno”. “Ni constitucional ni penal ni civilmente son comparables. He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar”, expresó.

“El Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales y es por eso que informé siempre el carácter privado y propio de mis erogaciones. Las manifestaciones que se realizaron públicamente relativas al costeo por terceros de los viajes son tendenciosas y, además, falsas. Tendenciosas y falsas”, aseveró además.

Asimismo, se comprometió a presentar la nueva declaración jurada, con fecha de vencimiento el 31 de julio, en la detalla su patrimonio integral. “Las autoridades judiciales son las competentes para investigar y conocer en todas las denuncias presentadas. También, las actuaciones que se encuentran en trámite ante la Oficina Anticorrupción tienen carácter reservado y han sido puestas a disposición de la Justicia”, especificó.

“Todas las cuestiones que son parte de una causa judicial en curso deben ser resueltas en ese ámbito”, se expidió el funcionario, y rechazó contrataciones entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío.

Por último, desmintió la existencia de contratos entre el Estado y Bettina Angeletti, “ni directa ni indirectamente”, y sostuvo que “no existe ni existió incumplimiento alguno al régimen de incompatibilidades y conflictos de interés previsto en la Ley de Ética Pública o en sus reglamentaciones”.

“Nunca un Gobierno anterior colaboró de forma inmediata sobre denuncias realizadas a sus propios funcionarios. Por el contrario, los funcionarios anteriores hoy cuentan con condenas firmes y participan de un espacio político que hoy quiere simular una igualdad de condiciones”, afirmó, y concluyó: "Han sacado conclusiones equivocadas y quiero ser más claro todavía: no cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”.

El Gobierno envió al Congreso la reforma de la ley nacional de Salud Mental. El proyecto propone una reconfiguración del régimen vigente y una redefinición del concepto de riesgo que guía las internaciones involuntarias, además de cambios puntuales en el Código Civil y en los controles de establecimientos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había adelantado el envío de la iniciativa el pasado 7 de abril. Este último viernes, la mesa política del gobierno terminó de delinear los detalles del texto. Este sábado, el trámite ingresó Senado de la Nación con el Mensaje Nº 108/2026. Ahora, comenzará el trámite parlamentario que definirá si se vuelcan al régimen vigente las modificaciones sobre internación, código y controles.

El proyecto introduce modificaciones en la cobertura a prevención, tratamiento, rehabilitación y recuperación, y exige la presencia de profesionales formados en psiquiatría en los equipos de atención. En ese marco, incorpora reglas sobre adicciones dentro de la salud mental y faculta a la autoridad de aplicación a definir dispositivos ambulatorios y de internación para consumo problemático.

El eje central de la iniciativa es que redefine el concepto de riesgo para las internaciones involuntarias, reemplazando el umbral anterior por el estándar de riesgo grave de daño a la vida o a la integridad física, con el fin de ofrecer una formulación que, según el Ejecutivo, sea más abarcativa y clarificadora. Ese cambio de concepto modifica el régimen de procedencia de la internación y la evaluación clínica.

El texto sustituye el concepto vigente de “riesgo cierto e inminente” por el de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros” y establece un criterio situacional que contempla antecedentes y la evolución previsible del cuadro. Se detallan requisitos formales para internaciones involuntarias, con dictamen de al menos dos profesionales de distintas disciplinas, uno de ellos psiquiatra.

Se introduce un criterio situacional que exige considerar hechos previos, ideaciones dañinas y la evolución probable sin tratamiento, y se excluyen expresamente los riesgos derivados de conductas no condicionadas por una afección de salud mental. Se mantiene la internación como un recurso terapéutico excepcional, pero amplía los supuestos de procedencia.

En cuanto a firmas y validaciones, el texto exige el dictamen de al menos dos profesionales de distintas disciplinas —uno psiquiatra— y dispone que el juez pueda autorizar, pedir información adicional o denegar la medida en un plazo de tres días, con facultad para ordenar la internación si el servicio de Salud se niega pese a cumplirse los requisitos legales.

El proyecto prevé además que, excepcionalmente, un solo médico pueda disponer una internación cuando no exista otro profesional disponible, siempre con revalidación por el equipo interdisciplinario en menos de 24 horas, y obliga a notificar al juez en 24 horas con un plazo de tres días para decidir.

Además, el proyecto busca introducir cambios en los artículos 41, 42 y 59 del Código Civil y Comercial para alinear la normativa civil con el nuevo concepto de riesgo grave y para regular traslados de urgencia y consentimiento informado en situaciones de riesgo y emergencia. Esos cambios buscan coordinar el derecho civil con las normas de Salud.

En el régimen de controles, la reforma modifica la Ley Nº 26.827 sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y dispone que las inspecciones en establecimientos con personas con afecciones de Salud mental se realicen exclusivamente por equipos interdisciplinarios que integren obligatoriamente a un médico psiquiatra, tanto en el ámbito público como en el privado.

El proyecto incorpora a hospitales especializados en psiquiatría y a instituciones privadas a la red sanitaria, exige dispositivos ambulatorios de inclusión comunitaria y prohíbe el rechazo de pacientes por tratarse de problemáticas de Salud mental, con otras precisiones sobre altas, externaciones y medidas protectorias posteriores.

Varios puntos van quedando en claro en la primera jornada de audiencia pública, previa al tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación Argentina.

Uno de ellos es que el proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado nacional, supone otra grieta política y que el Ejecutivo deberá contar con apoyos provinciales, más allá de los propios de su partido, para lograr una mayoría en el recinto.

Otro es que “el agua no reconoce jurisdicción política”, por lo cual aquello que ocurre en una provincia o región tiene impacto en otra.

Y más allá de los reparos a las modificaciones que se quieren introducir a la norma vigente, el mecanismo en si para concretar la audiencia pública recibió numerosas críticas, ya que se habilitaron dos jornadas de exposición pero se inscribieron alrededor de 100 mil personas, para exponer en representación de organizaciones o a título personal.

Fueron 196 las voces habilitadas para este miércoles en la primera sesión que siguió adelante más allá de la impugnación presentada por los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías.

La presentación sostiene que la audiencia resulta inválida por las graves irregularidades en la metodología adoptada para su desarrollo, “las cuales restringen de manera ilegítima la participación ciudadana y vulneran el Reglamento de la Cámara, la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente (Ley 25.675) y los compromisos internacionales asumidos por la Argentina, en particular el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)”.

La actividad estuvo liderada por los legisladores de LLA José Peluc (San Juan), presidente de la Comisión de Medio Ambiente, y Nicolás Mayoraz (Santa Fe), titular de Asuntos Constitucionales.

Con transmisión en vivo por el canal de youtube de la Cámara de Diputados de la Nación, la reunión comenzó puntualmente a las 10 y no tenía horario de conclusión. Se acotó el tiempo de exposición de 5 a 4 minutos, pero se obvió el tiempo de conclusión que estaba previsto para las 19.

“La audiencia va a seguir hasta que termine el último expositor”, anticiparon las autoridades.

Este jueves las presentaciones se harán de manera virtual y a todos quienes quedan por fuera de estas exposiciones se los invita a presentar un escrito o un video para explicar su punto de vista. “Todo va a formar parte del expediente”.

Abierta la sesión, se fueron escuchando los distintos testimonios: el de Marcelo Arteaga, trabajador petrolero de Chubut, que habló del “pasivo ambiental” que quedó luego de la explotación del petróleo. De Vanina Basso, secretaria de Ambiente y Cambio Climático de La Pampa, quien dejó en claro la oposición de su provincia a la reforma de la ley, y habló de “una memoria hídrica dolorosa vinculada al río Atuel”, en un territorio donde “el 70 % de la población depende del agua del río Colorado

También estuvo Gabriel Cabrera, Ingeniero Glaciólogo de Mendoza quien, “en representación de la ciencia”, dijo que la ley que se quiere aprobar “es defectuosa” y que “el ambiente periglaciar está mal definido en ese texto y es abstracto jurídicamente”.

También se pronunció Natalia Di Pace, presidenta comunal de Villa Cerro Azul (Córdoba) que es reserva de agua natural, quien anticipó que la ley, si se ratifican las modificaciones, va a tener amparos en la justicia.

En cambio, Gustavo Fernández, ministro de la Producción de San Juan anticipó, en representación del gobernador Marcelo Orrego, el apoyo a la ley.

La rionegrina Marta Maffei, diputada mandato cumplido, habló como autora de la ley 26.639 que es la que ahora está en proceso de modificación. “Estuvimos un año trabajando en la ley, consultando a académicos, instituciones, entes especializados y comunidades originarias”.

En ese punto, fue crítica con los cambios introducidos por el Senado nacional que “omiten rigurosamente los recaudos legales y constitucionales establecidos”. Luego de anticipar acciones legales por la modalidad de la audiencia pública, advirtió que la norma tiene una “fachada de federalismo pero logra discrecionalidad para que cada provincia haga lo que quiera con el agua”, que es “escasa en territorios que viven crisis climáticas aceleradas”.

Adolfo Pérez Esquivel también estuvo entre los oradores del primer tramo de la audiencia. El Nobel de la Paz, reconocido por su defensa de los derechos humanos y el ambiente, pidió en su argumetación, preservar el agua y la vida de todo el país. Para quienes quieran conocer su opinión completa, dejó un escrito que podrá ser fuente de consulta antes de que la ley sea tratada en Diputados.

Greenpeace rechazó el intento de modificar la Ley de Glaciares y advirtió riesgos para las fuentes de agua dulce. Foto: Martin Katz / GreenpeaceCasi 200 expositores participaron en la audiencia por Ley de Glaciares. Foto: Martin Katz / Greenpeace

Sobre el resultado de esta posible aprobación, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni confió este miércoles en que sería sancionada en el marco de las reformas que impulsa el gobierno nacional.

Matías De Bueno, abogado y docente de la UNR, adelantó que, si se aprueba la ley, corre el riesgo de ser declarada inconstitucional.

Por ahora, falta mucho por escuchar en otra jornada de exposiciones prevista para este jueves. Y el debate aún no llegó al recinto.

La diputada nacional y ex vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, lamentó el tono agresivo con el que se dirigió el presidente Javier Milei a la Asamblea Legislativa en la noche de este domingo.

"No creo que haya sido lo que en este momento se necesitaba. Fue un discurso con una agresión que yo no había visto nunca, marcando la grieta nuevamente como la única salida de la Argentina; eso me parece peligroso", opinó.

Consultada por El Litoral, consideró que "el presidente tenía la oportunidad de hacer otra cosa porque se habían logrado leyes que desde mi punto de vista son históricas y que muchos presidentes las habían intentado y no pudieron. Entonces, creo que hacia allí tenía que ir el discurso; sobre lo logrado y sobre quienes permitieron que esos logros se llevasen a cabo".

A su criterio, es necesario entender que "hay otra Argentina, que hay otra forma de pensar las cosas y que cuando el Congreso se pone a dialogar y logra determinados acuerdos, puede sacar leyes más allá del kirchnerismo", aseveró.

"Y eso no estuvo anoche – sostuvo-. Todo fue un enfrentamiento verbal con el kirchnerismo, principalmente, sin reconocer la tarea de muchos otros que venimos de otros espacios políticos y estamos dispuestos a discutir la agenda parlamentaria del momento".

- Algunos interpretan que fue una suerte de relanzamiento de cara a 2027. ¿Lo ve así?

- No lo pensé así, pero sí creo que debe tener también algo que ver con ciertas percepciones que se pueden llegar a tener (desde el gobierno) respecto de cómo está la gente. Porque creo que este momento económico que nos está tocando vivir, de alguna manera, debe estar haciendo mella en lo que el presidente prometió que iba a pasar respecto de que íbamos a estar mejor.

Creo que cuando las políticas, las acciones o las medidas que toma el gobierno no tienen la repercusión o el resultado que el propio gobierno espera, la salida más rápida a la que nos tienen acostumbrados es la violencia. Entiendo que reaccionan así porque hay cosas que no se pueden explicar.

Además, no era la forma que venía teniendo el gobierno en el último tiempo. Veníamos de una semana donde todos habíamos reprochado una actitud violenta dentro del Congreso que era la de arrancar y cortar una sesión y buscar que la sesión no se hiciera.

Todos repudiamos eso y buscando las sanciones para que eso no volviese a pasar. Después del discurso de anoche, me da la sensación de que va a ser muy difícil lograr una convivencia pacífica en el Congreso de la Nación. Siento que con esta apertura de sesiones se rompieron todos los códigos, que no tendría que haber pasado.

- ¿Coincide, como dijo el presidente, con que 'se acabó la malaria en el país'?

- Ojalá fuera verdad porque todos queremos que eso pase. Yo estoy en la vereda que quiero que a la Argentina le vaya bien y que la pueda sacar adelante.

Yo apoyaría todo lo que sea necesario en tanto tenga un criterio de producción, de generar más trabajo, de que la gente pueda tener más recursos y pueda sentir que la plata le alcanza, y que el sacrificio que se hizo hasta acá tuvo un sentido. (Pero) hoy eso no está; hoy en el día a día de la gente eso no está.

Entonces, cuando yo anoche escuchaba que se triplicaron en dólares los sueldos y que lo marcaba (el presidente) como un logro del gobierno, digo 'sí, es cierto; el tipo de cambio te da ese número', pero en el supermercado no repercute como en un país que tiene su economía en dólares.

No vale lo mismo comprar alimentos en Estados Unidos que en Argentina o Europa. La comparación que está haciendo es odiosa porque no es la realidad y porque, además, no es lo que siente la persona que todos los días le toca pagar el alquiler de su casa. Los alquileres no bajaron. No es cierto que los alquileres hoy están más baratos en la Argentina. No es cierto.

El Boletín Oficial de la Nación trajo este miércoles la confirmación del horario en que el presidente Javier Milei hablará ante la asamblea legislativa para dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias en el Congreso. Será el domingo a las 21.

La atribución presidencial de dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias del Congreso está prevista en el artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional. Es con el fin de dar cuenta “del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución” y recomendar “a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes”.

Como ya es costumbre en la actual gestión nacional, la exposición irá en horario central y tendrá transmisión oficial, tal como ocurrió en las dos aperturas anteriores (Milei asumió en diciembre de 2023) y en la presentación del proyecto de Presupuesto el 15 de septiembre de 2024.

El decreto 107 que confirma la invitación lleva la firma del mandatario y del Jefe de Gabinete Manuel Adorni. Hasta allí el texto oficial.

Pero para llegar al prime time del domingo faltan varios días y temas de fondo por debatir en la Cámara de Senadores que esta semana tiene el protagonismo parlamentario.

En la agenda de este viernes figuran dos de las leyes que el mandatario nacional quiere llevar a su discurso como logros absolutos de su gestión: la Reforma Laboral y el Régimen Penal Juvenil.

Ambos proyectos tienen media sanción y serán parte de una jornada que se anticipa como intensa y prolongada en la Cámara alta. Será el viernes próximo.

Antes, este jueves, está previsto debatir allí la Ley de Glaciares para que sea debatida en Diputados durante el período ordinario de sesiones; el acuerdo Mercosur-UE y la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea.

Son todos temas que forman parte de la agenda de sesiones extraordinarias que convocó Milei para febrero.

Salvo en enero, cuando no hubo actividad legislativa pero si mucho espacio para pulir acuerdos y militar los objetivos del oficialismo, las y los integrantes del Congreso compartieron un verano bien intenso.

Más allá de indicadores económicos que preocupan y reclamos pendientes de varios sectores y de algunas provincias, Milei espera llegar al domingo envalentonado por el resultado que posibilitaron propios y aliados en las comisiones (que quedaron a cargo de LLA) y en los respectivos recintos donde su partido logró una representación favorable luego de las legislativas del 26 de octubre.

Para celebrarlos habrá un asado posterior al acto protocolar.

También se espera que el domingo a la noche, el Presidente exponga el nuevo paquete de reformas que pretende poner en debate durante 2026, incluida la eliminación de las PASO, la reforma tributaria, el nuevo Código Penal y otra propuesta de Financiamiento Universitario que, apenas ingresada, fue resistida por sectores de la oposición.

Sin dudas la mirada está puesta en las elecciones de 2027 y la indisimulable apuesta de Milei a la reelección, ya no con Victoria Villarruel como compañera de fórmula.

En esa aspiración se inscribe la recién estrenada modalidad de salir al interior en el denominado “tour de gratitud” que lo llevó a Córdoba (al festival de Jesús María), a Mar del Plata (donde compartió escenario con Fátima Florez) y a San Lorenzo (para trasladar, en medio de un debate con polémica, el sable corvo de San Martín), y lo conducirá en marzo a Tucumán y luego a Mendoza.

El Gobierno nacional dispuso extender el período de sesiones extraordinarias del Congreso, una decisión que impacta directamente en la agenda legislativa de febrero y suma nuevos temas al debate parlamentario. La medida se formalizó este miércoles a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 103/2026 mediante el cual se prorrogan las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación hasta el 28 de febrero. La disposición fue difundida oficialmente a través del Boletín Oficial, con fecha del 13 de febrero y publicación el 18 del mismo mes.

Según el texto, el Ejecutivo hizo uso de las facultades que le otorgan los artículos 63 y 99 inciso 9 de la Constitución Nacional para ampliar el período legislativo especial que había sido convocado originalmente en enero.

La norma establece que las sesiones extraordinarias que habían sido convocadas previamente por otro decreto continúan vigentes hasta fin de mes, lo que habilita a ambas cámaras a seguir tratando proyectos fuera del calendario ordinario.

Esta herramienta es habitual en los primeros meses del año, cuando el Poder Ejecutivo busca avanzar con iniciativas específicas antes de la apertura formal del período legislativo.

El decreto lleva también la firma del vocero presidencial Manuel Adorni, quien refrendó el texto junto al jefe de Estado.

Además de extender los plazos, el decreto incorpora un punto clave al temario que deberá tratar el Congreso durante estas sesiones extraordinarias: la consideración de un proyecto de reforma de la Ley 27.795, vinculada al financiamiento de la educación universitaria y la recomposición salarial docente.

De acuerdo con el documento oficial, la iniciativa será enviada por el Poder Ejecutivo y apunta a modificar aspectos de la normativa vigente en materia de financiamiento del sistema universitario.

El texto menciona específicamente la intención de abordar la recomposición salarial del sector docente, uno de los temas que viene generando reclamos en el ámbito educativo.

Aunque aún no se difundieron detalles sobre el contenido del proyecto, la inclusión en el temario anticipa que se tratará de uno de los ejes centrales del debate parlamentario en las próximas semanas.

La incorporación de este tema no es menor, ya que el financiamiento universitario ha sido objeto de discusiones recurrentes en los últimos años, especialmente en contextos de ajuste presupuestario o cambios en las políticas educativas.

La decisión de incluirlo en sesiones extraordinarias sugiere la intención del Ejecutivo de acelerar su tratamiento.

La prórroga de las sesiones extraordinarias suele interpretarse como una señal política del Gobierno respecto de la urgencia de determinados proyectos. En este caso, el decreto no solo extiende el tiempo de actividad legislativa sino que también redefine prioridades dentro del Congreso.

Para el oficialismo, contar con más semanas de sesiones extraordinarias permite sostener el impulso de su agenda parlamentaria y evitar que iniciativas clave queden postergadas hasta marzo, cuando se inaugura el período ordinario.

Desde el punto de vista institucional, las sesiones extraordinarias son convocadas exclusivamente por el Poder Ejecutivo, que además define los temas a tratar. Esto implica que los legisladores solo pueden debatir los proyectos incluidos en el temario oficial, sin posibilidad de incorporar otras iniciativas por fuera de esa agenda.

En ese marco, la inclusión de la reforma vinculada al financiamiento universitario marca una señal clara sobre las prioridades del Gobierno en materia educativa y fiscal.

También abre un escenario de debate político que probablemente se traslade al ámbito público, especialmente si el proyecto genera posiciones encontradas entre oficialismo y oposición.

Con la prórroga dispuesta hasta el 28 de febrero, el Congreso mantendrá actividad legislativa durante casi todo el mes, lo que podría derivar en sesiones en ambas cámaras para avanzar con los temas incluidos en el temario extraordinario.

Esto también podría modificar la dinámica política previa al inicio del período ordinario, ya que los bloques legislativos deberán reorganizar sus estrategias en función del nuevo calendario.

Además, la ampliación del período extraordinario suele tener efectos en la agenda pública, dado que el tratamiento de proyectos sensibles —como los vinculados a educación o salarios— tiende a generar repercusiones en distintos sectores sociales.

En términos formales, el decreto ordena su comunicación, publicación y archivo, tal como establecen los procedimientos administrativos habituales. La norma fue registrada por la Dirección Nacional del Registro Oficial, cumpliendo con el circuito institucional correspondiente.

La extensión de las sesiones extraordinarias se inscribe en el arranque del calendario político de 2026 en Argentina, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar su agenda legislativa.

Aunque resta conocer el contenido detallado del proyecto sobre financiamiento universitario, su inclusión anticipa que el Congreso tendrá un rol activo en las próximas semanas, con debates que podrían marcar el pulso político del inicio de año.

Analía De Luca

Una serie de incidentes se registraron en la tarde de este miércoles en las inmediaciones del Congreso, donde organizaciones de izquierda que acompañaban el reclamo de los jubilados tiraron el vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad.

La movilización tenía lugar mientras en el Senado se debatía la reforma laboral, un proyecto rechazado por el peronismo y por organizaciones sindicales.

Incidentes en inmediaciones del Congreso de la Nación.

Guarecidos con bloques de madera, los manifestantes armaron bombas Molotov y enfrentaron a la Policía, que respondió con el camión hidrante y balas de goma. Por los incidentes hubo 20 detenidos y 40 demorados, según indicaron fuentes de la Policía de la Ciudad a los medios nacionales.

Todos fueron puestos a disposición de la Unidad flagrancia Este, donde la fiscal Malena Mercuriari avaló las detenciones.

Del mismo modo, tres policías fueron heridos, uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fue trasladado al Hospital Italiano.

Los otros dos uniformados lastimados fueron por traumatismo en los miembros inferiores producto de los elementos arrojados por los manifestantes.

Incidentes en inmediaciones del Congreso de la Nación.

El efectivo con traumatismo de cráneo recibió el golpe de una maceta arrojada desde un edificio en Solís y Alsina.

Un video registrado durante los incidentes expuso el momento en que un grupo de manifestantes arma y lanza un artefacto incendiario casero contra el cordón policial.

Incidentes en inmediaciones del Congreso de la Nación.

En las imágenes pudo observarse a varias personas resguardadas detrás de maderas y estructuras improvisadas mientras preparan el elemento, que luego es encendido y arrojado en dirección a los efectivos.

El primer cordón de seguridad correspondía a la Policía Federal, mientras el segundo y tercero corría por cuenta de la Policía de la Ciudad.

Incidentes en inmediaciones del Congreso de la Nación.

Vallas dañadas, veredas rotas, restos de proyectiles y cartelería incendiada fueron parte del panorama que dejaron los incidentes en la Plaza Congreso, que derivó en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

En paralelo, se mantiene un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Palacio Legislativo, mientras se evalúan los daños materiales y no se descarta que continúen las actuaciones judiciales por los hechos ocurridos durante la jornada.

Julian Catalano – Atentado, resistencia y lesiones.

Masilla Francisco – Atentado, resistencia y lesiones.

Tripolli – Incendio.

Olvera Marcelo – Incendio.

Nicolás Viña – Atentado, resistencia y lesiones.

Adrián Jorge Montiel – Tentado y resistencia a la autoridad.

Carlos Agusto Ruiz – Atentado, resistencia a la autoridad y daños.

Juan Manuel Reichenbach – Atentado y resistencia a la autoridad.

Maximiliano Javier Melgar – Atentado y resistencia a la autoridad.

Gastón Ezequiel Reyes – Atentado y resistencia a la autoridad.

Raúl Alberto Bande – Atentado y resistencia a la autoridad.

Jorge Euclides Nieto – Atentado y resistencia a la autoridad.

Lila Amanto – Incendio.

Claudio Garro – Incendio.

Ayelén Portale – Incendio.

Sabina Neuman – Incendio.

Leonidas Orquera – Incendio.

Corina González – Incendio y otros estragos.

Félix Américo Maldonado – Incendio y otros estragos.

Agustín Sánchez Tomás – Pedido de Captura Ley de Drogas

Incidentes en inmediaciones del Congreso de la Nación.

Mientras, la primera línea del Gobierno nacional calificó este miércoles de “delincuentes organizados” a los manifestantes que ocasionaron incidentes.

“A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan”, expresó el presidente Javier Milei.

A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan...MAGA.Fin. https://t.co/4Sc6d1c8Ag

“Estos no son defensores de los trabajadores, son delincuente organizados. Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio”, expresó el ministro del Interior, Diego Santilli, desde sus redes sociales.

A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan...MAGA.Fin. https://t.co/4Sc6d1c8Ag

Por su parte, la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, consideró que “el único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza”.

El único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza.La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden.Debatan y "ganen" en el Congreso.En la calle, la ley y el orden se respetan. pic.twitter.com/UzidlW1xnG

“La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y ‘ganen’ en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan”, subrayó.

Nada por aquí, nada por allá. Hasta este domingo, la agenda oficial del Congreso de la Nación no tenía actividades programadas, más que visitas guiadas e iluminación de los balcones del Senado en conmemoración del combate de San Lorenzo, el martes (hito que lo traería al presidente Javier Milei a esta provincia el sábado), y el Día de Lucha contra el Cáncer, el miércoles.

Este lunes inicia el período de sesiones extraordinarias convocado por el gobierno nacional a través del decreto 24/2026. Que no existan reuniones agendadas en el palacio legislativo no es sinónimo de inactividad.

Al contrario, el peso de los temas que el Ejecutivo impulsa para que sean abordados hasta el viernes 27 es enorme y las discusiones se desarrollan dentro y fuera de Casa Rosada, en las provincias y, por supuesto, en los medios.

Es más: en los próximos días, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) también será marco para la discusión de la Reforma Laboral, punta de lanza de la agenda oficial que espera lograr en febrero la aprobación del proyecto con dictamen desde diciembre que necesita de un número mágico, 37 voluntades en el Senado, para abrir el recinto y el debate, y apurar la media sanción.

Con nueva confirmación, el Congreso Nacional tendrá por delante una una intensa agenda en extraordinarias. Martín Menem seguirá presidiendo la Cámara de Diputados. Foto: Archivo

Es un montón para un mes tan corto. Pero, en los hechos, la rosca nunca se tomó descanso más allá de las licencias programadas de algunos legisladores y miembros del Ejecutivo.

Si se tiene en cuenta que el DNU que otorgó más poderes a la SIDE se firmó el 31 de diciembre (y se publicó en el Boletín Oficial el 2 de enero) se entiende que en la política no hay vacaciones. Menos con un 2027 (con planes de reelección nacional y aspiración a nuevos liderazgos) que está cada vez más cerca.

Pero vamos por partes: en diciembre de 2025 se logró dictamen de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda para la ley de Reforma (o Modernización) Laboral, un proyecto que impulsa el Ejecutivo y resisten la oposición más dura y las entidades gremiales. También recibe “peros” de gobernadores que el miércoles se reunirán en el CFI para analizar la incidencia que podría tener la ley en la ya alicaída recaudación de sus distritos.

El ministro del Interior Diego Santilli se mostró muy activo este mes de enero: además de acompañar al presidente Milei en su “tour de gratitud” por algunas ciudades, mantuvo encuentros con mandatarios en búsqueda de votos que apoyen la ley en la Cámara alta.

Como se dijo, son 37 senadoras y senadores los que se precisan para abrir el recinto, posiblemente el 11 o 12 de febrero, y debatir el tema. Hay expectativa por quienes aparecen hasta el momento en la lista de “indecisos” y por la actitud que tomará la CGT en la disputa.

En el Senado, el oficialismo espera debatir la Reforma Laboral entre el 11 y 12 de febrero.Foto: Archivo.

Una posibilidad es que el debate se postergue por falta de acuerdo o por la necesidad de una discusión muy profunda sobre un tema de enorme espesura. En ese caso, quedaría para después del 1º de marzo que es cuando comienza el período ordinario de sesiones.

No es el único tema en la agenda de las extraordinarias que deberá considerar la Cámara alta. También tiene dictamen el proyecto de ley sobre el “Régimen de Presupuestos Mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar”.

Al listado se suma el acuerdo Mercosur-Unión Europea que se firmó (luego de años de trabajosa gestión) a mediados de enero en Asunción (Paraguay) y está en pausa a partir de la decisión adoptada por el Parlamento Europeo de revisar su contenido.

El ex diputado nacional del PRO Fernando Iglesias también aguarda que reabra el recinto del Senado para que sea evaluado su pliego como embajador en Bélgica y ante la Unión Europea.

A Diputados le corresponderá analizar otro de los temas centrales de estas extraordinarias: el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad que ahora está fijada en 16 años. El asesinato de joven santotomesino Jeremías Monzón aceleró un debate que el Ejecutivo impulsa desde 2024 y que en mayo del año pasado llegó a tener dictamen de comisión, pero nunca llegó al recinto.

Aquel proyecto, que recibió apoyo de legisladores de otros bloques, no solo de LLA, fija un piso de 14 años para ser considerado imputable. Sin embargo, desde La Libertad Avanza se admite que el gobierno evalúa la posibilidad de fijar la edad mínima en 13.

La senadora nacional Patricia Bullrich es protagonista en el debate de la Reforma Laboral y de la baja en la edad de imputabilidad. Foto: Archivo.

El viernes, la senadora nacional y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich recibió a familiares y al abogado de la familia Monzón. Al cabo del encuentro aseguró que “no podemos seguir teniendo menores que matan y vuelven a su casa como si nada”. Por el crimen está imputada una joven de 16 años mientras que dos menores de 14 quedaron en libertad, precisamente, por su edad.

Como se dijo, el proyecto que obtuvo dictamen establece el régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los 14 años de edad hasta las cero horas del día en que cumplan 18, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro.

“Producida la detención de un adolescente y en caso de que sea indispensable su encierro, su alojamiento deberá hacerse efectivo en dependencias acondicionadas especialmente para ese fin, bajo la dirección de personal idóneo para el trato con aquéllos. Queda prohibido dicho alojamiento junto a personas mayores de edad”, establece.

Además, “se deberán imponer al adolescente, conjuntamente, medidas específicas tendientes a desarrollar su educación, el trabajo y la conciencia de la gravedad del hecho cometido, con vistas a lograr su resocialización y desarrollo de su vida”.

No están permitidas en este régimen la reclusión perpetua ni la prisión perpetua.

La baja de imputabilidad cosechó adhesiones del oficialismo en primer lugar y de otros sectores que se muestran a favor de modificar el Régimen Penal Juvenil. El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro dijo en varias oportunidades que “un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor”.

Otras voces, como la Iglesia Católica, insisten en la necesidad de un programa “integral” y “profundo” en el que la baja en la edad de imputabilidad no sea la única respuesta al delito.

El nuevo año inició con un fuerte alboroto luego de conocerse el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/26, firmado el 31 de diciembre, que modifica la Ley de Inteligencia Nacional y amplía facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side).

No es para menos: en pocas palabras, el decreto otorga mayor poder y autonomía a los espías. Entre otras funciones, por ejemplo, los agentes podrán detener personas, una función hasta ahora prohibida por ley. Podrán hacerlo, incluso, sin orden judicial.

También dispone que todos los altos funcionarios a cargo de organismos públicos deberán aplicar medidas de contrainteligencia e intercambio de información sobre las personas entre organismos públicos y asigna “carácter encubierto” –antes eran “secretas”– a las actividades de inteligencia nacional.

La norma, que deberá ser considerada por el Congreso (pero no figura en el listado de extraordinarias), despertó críticas de la oposición que consideró que fue dictada “entre gallos y medianoche”, precisamente al filo de Año Nuevo. En tanto, cuestionan el contenido por cuanto advierten que la Side se convertiría en una suerte de “policía secreta”.

También desde el PRO, aliado del oficialismo, llamaron la atención sobre la falta de respuesta al pedido de protocolos sobre el funcionamiento de las tareas de inteligencia en base a este decreto.

El primer obstáculo que encuentran las voces disidentes para acelerar el tratamiento del tema en el Congreso y su posible rechazo es que aún no está conformada la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que durante 2025 presidió el diputado Oscar Zago. En diciembre hubo recambio en ambas cámaras, como resultado de las legislativas del 26 de octubre, y todavía no están cerradas la integración y las presidencias de varias comisiones.

Pero en febrero no se reinicia solo la actividad legislativa. También la Judicial: cinco amparos por el DNU sobre la Side esperan resolución en ese poder.

Y el próximo miércoles vence el plazo que estableció el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, para que el gobierno cumpla con la ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada, vetada, ratificada y promulgada pero sin presupuesto asignado durante 2025.

Será un mes intenso en todos los ámbitos, apenas un anticipo de un año que ya palpita las elecciones generales de 2027.

Con la reactivación de la actividad judicial a partir de este lunes, luego de la feria de enero, cobran fuerza las expectativas de que haya pronunciamiento en los tribunales sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial que amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

No es para menos, por cuanto son cinco las presentaciones realizadas ante el fuero en lo Contencioso Administrativo, y de ahí pasar a la propia Corte Suprema de Justicia, por vía de apelaciones o directamente por per saltum.

Estos recursos de amparo no fueron tratados hasta el momento porque ningún magistrado habilitó la feria para hacerlo. El único fue el polémico juez federal de Paraná Daniel Alonso, ante quien se había planteado un recurso de habeas corpus, quien se abocó de inmediato y rechazó la presentación.

Pero más allá del derrotero judicial del DNU, el proceso de convalidación o rechazo de la norma debería activarse en el Congreso. A tal efecto, la norma fue remitida a las cámaras, conforme al trámite previsto. No obstante, el tema no está incluido en la agenda del período extraordinario de sesiones, por lo cual habría que esperar hasta el 1 de marzo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Archivo El Litoral

A la vez, tampoco está constituida la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que es la que debe dictaminar para que después el DNU llegue al recinto.

Finalmente, para que prospere el propósito de la oposición más crítica de dejarlo sin efecto, el DNU debería ser rechazado por ambas cámaras. Con una sola que lo avale, quedará firme.

Por ello, el gobierno intenta asegurarse el respaldo del PRO y radicales aliados, para blindarlo cuanto menos en el Senado. Con ello sería suficiente, pero eso no evita que el interín se sucedan los cabildeos y las especulaciones sobre cuál vaya a ser la postura del partido amarillo.

Entre tanto, desde el pasado 30 de diciembre, los agentes de la SIDE están autorizados a detener a cualquier ciudadano, sin autorización judicial. Es el punto más controvertido de una normativa que, por otra parte, recibe severas objeciones por el hecho de avanzar sobre materia penal, una órbita que la Constitución Nacional veda al Poder Ejecutivo.

El decreto de necesidad y urgencia usa la palabra “aprehensión” por parte de agentes de inteligencia. Fuentes oficiales señalaron que lo que se quiso decir es que los espías están en condiciones de “frenar” a una persona, ya sea porque corre riesgo o porque está por obstaculizar involuntariamente un operativo del servicio de inteligencia.

Pero a pesar de las intensas gestiones para sostener el decreto, las voces oficiales para defenderlo públicamente escasearon. Sorprendentemente, fue la propia SIDE la que salió a hacerlo, en un hecho prácticamente inédito, al responder a través de una publicación en redes los términos de un crítico análisis publicado por La Nación.

Fue a través de un tuit oficial conocido el el 7 de enero. En esa comunicación, el organismo que encabeza Cristian Auguadra salió al cruce de varias de las afirmaciones periodísticas (y las cuestionó), pero no aludió de manera directa a la cuestión más controvertida, la habilitación a los espías para detener personas.

Según la SIDE, el artículo periodístico “contiene falsedades y busca generar confusión con interpretaciones malintencionadas y falsas”, que por lo mismo merecen una serie de “aclaraciones” que, textualmente, desgrana de la siguiente manera:

- El Decreto 941/25 no "corre los límites de lo que puede quedar bajo la lupa de la vigilancia estatal", sino que introduce una serie de cambios orientados a fortalecer la integración del Sistema de Inteligencia Nacional para que pueda cumplir con su función esencial, que es producir información estratégica para asistir la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.

- Las "acciones de espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia" están claramente definidas dado que se enumeran dentro del universo de amenazas a la seguridad estratégica nacional. Esto no incluye "militancia política o el periodismo" como dice quien escribe la nota, cuestiones expresamente prohibidas en el artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional.

- El Decreto no "rompe un consenso básico de la democracia argentina" al reorganizar las áreas de inteligencia de Defensa Nacional y Seguridad Interior. Por el contrario, se eliminan las tareas de investigación criminal de la SIDE (delimitando estas al Ministerio de Seguridad Nacional) y se termina con la duplicación de estructuras de inteligencia militar en el Ministerio de Defensa.

- El intercambio de información dentro de la Comunidad de Inteligencia Nacional es un pilar básico de la producción de inteligencia conforme a los estándares adoptados por las principales agencias de inteligencia del mundo. La inteligencia abarca distintos fenómenos y especialidades que son analizados por diferentes organismos del Estado, tales como la economía, los minerales críticos y las infraestructuras estratégicas.

- La reforma del Sistema de Inteligencia Nacional era urgente debido al complejo contexto internacional que se está viviendo. Ejemplo de ello es la captura del principal dictador de la región y todas sus potenciales repercusiones, que ocurrió tan solo un día después de la publicación del Decreto, dejando muy en claro que no se podía esperar a las Sesiones Ordinarias del mes de marzo.

Cristian Auguadra, actual titular de la SIDE. Foto: @SIDE_Argentina

- La República Argentina requiere contar de manera inmediata con herramientas adecuadas que le permitan anticipar, prevenir y gestionar riesgos y amenazas que puedan afectar sus intereses estratégicos, su seguridad nacional y el normal funcionamiento de las instituciones.

Sobre el final de la publicación, anticipa que “las reformas más profundas de la Ley de Inteligencia, que merecen un profundo debate, se van a tratar en el Congreso cuando el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley para una reforma más abarcativa -pero menos urgente- en la que se está trabajando”.

Y a la vez, regaña a los autores de la nota de La Nación, haciéndoles notar que “escribir en un medio de comunicación reputable (sic) sobre cuestiones de inteligencia requiere conocimiento y especialización, por lo que sugerimos a aquellos periodistas interesados informarse en lugar de arriesgarse a publicar falsedades. Ante cualquier duda el equipo de comunicación de la Secretaría se encuentra a disposición”.

De hecho, el decreto preocupa también especialmente al periodismo, porque amplía el secreto y la responsabilidad por la difusión de información supuestamente vinculada a la seguridad nacional, aunque no establece ningún límite ni tiene claridad para señalar cuál sería esa información.

En tanto, el artículo del decreto que más controversia generó, y al que la respuesta de la SIDE no alude, reza textualmente que en “el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes".

En el Congreso, en tanto, el trámite será lento. Recién después de que se elijan las autoridades senatoriales y se integre la comisión bicameral, comenzarán a correr los diez días hábiles que tiene esa comisión para expedirse sobre los DNU.

Cumplido ese plazo, y si la comisión no emitiera un dictamen, el plenario del cuerpo estará en condiciones de tratar el decreto de Milei, que reformó 40 artículos de la ley sobre el servicio de inteligencia que se aprobó en 2001 por amplia mayoría del Congreso.

En cualquier caso, con los condicionamientos que la reglamentación de los DNU (en una ley impulsada por la entonces senadora Cristina Fernández, durante la presidencia de su marido Néstor Kirchner), son muy escasas las oportunidades en que se logró el rechazo parlamentario.

Tanto que el único DNU rechazado en 20 años fue uno de Milei también vinculado a la SIDE, en el que disponía un aumento de 100.000 millones de pesos para el servicio de inteligencia.

Se han presentado hasta ahora cinco pedidos de amparo ante el fuero Contencioso Administrativo de la Justicia, que es donde se litiga contra las decisiones del Estado, para que ese decreto de necesidad y urgencia sea declarado inconstitucional.

Una vez que se haya conocido el fallo de un juez de primera instancia, cualquiera de los cinco querellantes podrá pedir un per saltum para apelar directamente ante la Corte Suprema. Será la propia Corte Suprema la que luego decidirá si aceptará o rechazará el per saltum.

En 2021, con los tres miembros actuales de la Corte Suprema de Justicia ya formaban parte del tribunal (y también Juan Carlos Maqueda, que junto a Horacio Rosatti fue convencional constituyente), dejaron en claro que, desde la reforma constitucional de 1994, el Ejecutivo solo puede dictar DNU cuando el trámite parlamentario no se puede cumplir y el Congreso no puede sesionar. o cuando existe una situación grave que requiere de una urgente solución.

Miembros de la Corte Suprema de Justicia Nación.

En cuanto al contenido del decreto, si lo asume, la Corte deberá zanjar al menos dos controversias con la Carta Magna. La que dice que nadie puede ser detenido sin orden judicial, salvo en el caso de flagrancia (en cuyo caso, los agentes de seguridad deben dar aviso inmediato a la Justicia). Y la prohibición de que los DNU dispongan sobre cuestiones penales.

El gobierno nacional comienza desde este lunes con su itinerario en el Congreso de la Nación Argentina con el objetivo de asegurar la aprobación de su paquete de reformas en las esperadas sesiones extraordinarias de febrero.

Uno de los elementos destacados en relación a lo establecido a finales del 2025 es el cambio de estrategia respecto al tratado comercial internacional, con la posibilidad de que se envíe el acuerdo Mercosur-Unión Europea directamente al Senado, desistiendo de la idea original de ingresarlo por la Cámara de Diputados, contemplando los cambios de postura desde el viejo continente.

Parlamento de la Unión Europea. Crédito: REUTERS/Yves Herman

Pese a que el Parlamento Europeo frenó la ratificación del entendimiento birregional, la administración de Javier Milei mantiene la postura de avanzar sin esperar a Bruselas. "Lo vamos a tratar igual sin importar lo que pase en Europa", afirman en los pasillos de Casa de Gobierno, con el objetivo de convertir a la Argentina en el primer país en validar internamente el tratado.

Manuel Adorni.

Esta definición se terminará de pulir este lunes, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reúna a la mesa política para alinear a los interlocutores del oficialismo y cerrar filas antes del inicio de las sesiones el próximo 2 de febrero.

En la Casa Rosada manejan un cronograma ambicioso. La intención es llevar al recinto del Senado la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares el 12 de febrero, para luego buscar la sanción en Diputados el día 19. En Balcarce 50 aseguran contar con los votos necesarios para "blindar" los proyectos en la Cámara Alta, apoyándose en la gestión de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

Sin embargo, el frente fiscal sigue abierto. El ministro del Interior, Diego Santilli, intensificará las reuniones con los gobernadores "dialoguistas" —tras los encuentros con Sáenz, Frigerio, Figueroa y Weretilneck— para destrabar las tensiones por los cambios tributarios. El Gobierno presentará una contrapropuesta sobre la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, descartando por el momento compensaciones por fuera del Presupuesto, como obras públicas específicas.

Estirando la eventual fecha al resto del año, este sábado Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, adelantó este sábado que la administración libertaria impulsará la baja de la edad de imputabilidad durante el transcurso de este año, como parte de la Reforma del Código Penal.

Un proyecto de ley presentado por el diputado nacional de Unión por la Patria Guillermo Michel para el “desendeudamiento de las familias argentinas” visibilizó por primera vez una novedosa confluencia política entre el grupo “Federales”, que coordina la bonaerense Victoria Tolosa Paz, con otros legisladores peronistas del interior del país y hasta extrapartidarios como Miguel Pichetto y Nicolás Massot.

Honorable Senado de la Nación Argentina. Crédito: HCSN

Justamente las firmas de diputados que le dan volumen a la iniciativa del ex director general de Aduanas conforman el ‘lado B’ del proyecto e insinúan una búsqueda de articulación política que está recién dando sus primeras puntadas, y que no se sabe cómo podría decantar.

Además de los mencionados, estamparon su firma en el proyecto la cordobesa Natalia de la Sota, que conforma un monobloque peronista en la Cámara baja, y los representantes de Unión por la Patria Emir Félix, Juan Pablo Luque, Ernesto Alí y Marianela Marclay.

Desde su experiencia profesional, ¿Cuáles son los objetivos centrales que busca alcanzar el Gobierno con esta reforma laboral y qué aspectos considera más innovadores?

Claramente el objetivo del Gobierno es la incorporación de trabajadores informales al trabajo registrado. En 2025, los trabajadores no registrados alcanzaron los 9 millones de personas, con mayor incidencia en los trabajadores jóvenes. Por lo mismo, tanto la reforma laboral como los incentivos impositivos y previsionales a la contratación laboral buscan favorecer la incorporación de trabajadores y especialmente trabajadores jóvenes al sistema formal.

Por otro lado, la reforma laboral busca modernizar las normas para adaptarse a las nuevas generaciones, a las nuevas formas de trabajo y favorecer a las pymes, que en la Argentina son las grandes dadoras de empleo, ya que generan aproximadamente el 50% de los puestos de trabajo registrados. Sin embargo, son también las grandes olvidadas, ya que deben afrontar la misma carga laboral que las grandes empresas, pero sin acceso al financiamiento, ni a los beneficios fiscales o a mejores aranceles para exportaciones o importaciones.

La modernización busca también contener a las nuevas generaciones, que valoran otros beneficios dentro de la relación laboral, como los beneficios extras al salario en dinero —por ejemplo, vales de comida, gimnasios o servicio de internet— y una mayor libertad de disposición, como el fraccionamiento de la licencia anual.

¿Qué desafíos y oportunidades observa para la implementación de estos cambios en caso de que el Congreso apruebe la reforma?

El debate de la reforma laboral en el Congreso enfrenta un desafío central: trascender la polarización política para habilitar un diálogo serio, amplio y constructivo entre los distintos actores involucrados. La necesidad de modernizar las relaciones laborales exige respuestas normativas acordes a los profundos cambios productivos, tecnológicos y culturales que atraviesa el mundo del trabajo, así como a la aparición de nuevas modalidades de prestación de servicios que hoy no encuentran adecuada cobertura en los esquemas tradicionales. En este contexto, la reforma se presenta como una oportunidad para promover la inclusión de trabajadores en el sistema formal, reducir la informalidad y dotar de mayor previsibilidad y seguridad jurídica a las relaciones laborales. Ello implica, necesariamente, revisar y abandonar paradigmas anclados en realidades superadas, a fin de dar respuesta a las expectativas y demandas de las nuevas generaciones de trabajadores, preservando los derechos fundamentales adquiridos, pero al mismo tiempo fortaleciendo la libertad, la autonomía y la capacidad de autodeterminación de las personas en la organización de su vida laboral.

Resultará determinante la forma en que la ley, una vez sancionada, sea interpretada y aplicada por los tribunales laborales de todo el país. Una aplicación coherente, uniforme y respetuosa del espíritu de la reforma será clave para garantizar su efectiva vigencia y cumplimiento, evitando lecturas restrictivas o distorsionadas que frustren los objetivos de modernización, previsibilidad y seguridad jurídica perseguidos por el legislador. En este sentido, el rol del Poder Judicial se presenta como un factor decisivo para consolidar un nuevo marco de relaciones laborales estable, claro y confiable.

La organización del tiempo de descanso es uno de los puntos donde el proyecto de reforma laboral introduce cambios que buscan aggiornar normas históricas.

¿Qué oportunidades abre esta flexibilidad para empleadores y trabajadores?

Como te mencionaba todos los trabajadores, pero especialmente los jóvenes, valoran la posibilidad de disponer de sus tiempos libres, y el sistema de la Ley de Contrato de Trabajo resulta muy rígido, toda vez que el artículo 154 establece una época de otorgamiento estricta, desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril del año siguiente, sin posibilidades de fraccionamiento.

En la práctica, empresas y trabajadores vienen acordando sistemas de fraccionamiento, aun cuando ello implique apartarse de lo previsto por la ley. En este aspecto, la norma no haría más que reconocer una modalidad ya instalada. La posibilidad de fraccionar la licencia permite al trabajador disfrutar distintos momentos de descanso a lo largo del año y, al empleador, optimizar recursos.

En el derecho laboral, la palabra “flexibilización” se ha interpretado en sentido negativo, asociado a la pérdida de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la realidad indica que los trabajadores están reclamando una relación laboral que se adapte a sus necesidades, y que abandone las disposiciones rígidas de ciertas normas laborales que fueron pensadas hace más de 50 años.

La necesidad de modernizar las relaciones laborales exige respuestas normativas acordes a los profundos cambios productivos, tecnológicos y culturales que atraviesa el mundo del trabajo, así como a la aparición de nuevas modalidades de prestación de servicios que hoy no encuentran adecuada cobertura en los esquemas tradicionales.

La digitalización atraviesa hoy todos los ámbitos del mundo del trabajo y plantea nuevos desafíos regulatorios. La incorporación de tecnologías en la registración laboral, la liquidación de haberes y la gestión administrativa aparece como uno de los ejes más relevantes del proyecto de reforma laboral.

En este contexto, ¿Qué mejoras prácticas introduce la digitalización en la registración laboral y los recibos de haberes?

La incorporación de herramientas tecnológicas representa un avance significativo hacia la modernización del sistema de empleo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, al disminuir costos y complejidad en los procesos de registración laboral.

La regulación de los recibos de haberes digitales viene a subsanar la incertidumbre que durante años afectó tanto a trabajadores como a empleadores. La ausencia de lineamientos claros generó criterios dispares y, en muchos casos, derivó en sanciones a empresas que, actuando de buena fe, habían adoptado sistemas digitales. La reforma aporta seguridad jurídica, uniformidad y previsibilidad.

La digitalización de los recibos y de la registración laboral simplifica el cumplimiento de las obligaciones formales, reduce costos administrativos, disminuye errores derivados de procesos manuales y garantiza mayor trazabilidad y transparencia.

María José Valdéz

El Gobierno nacional confirmó la lista de proyectos que enviará al Congreso durante las sesiones extraordinarias de diciembre. La convocatoria será oficializada por decreto y comprenderá el período entre el 10 y el 31 de diciembre, según adelantó este viernes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El funcionario definió este paquete legislativo como parte del “avance irrefrenable hacia la prosperidad”, en línea con los objetivos económicos y políticos que el Ejecutivo pretende acelerar antes del cierre del año parlamentario.

Adorni detalló que el temario incluye iniciativas fiscales, laborales, penales y ambientales, además del Presupuesto 2026, considerado la pieza central del andamiaje económico del Gobierno.

Entre los interlocutores con el Congreso se encuentran el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. Ambos trabajan en la articulación política con gobernadores y bloques aliados.

Entre los interlocutores con el Congreso se encuentran Martín Menem,

El ministro del Interior, Diego Santilli, también se sumó a las gestiones. Su tarea consiste en afianzar los acuerdos con los mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo, con la intención de asegurar los votos necesarios para las reformas estructurales.

El oficialismo pretende avanzar primero con los proyectos fiscales y penales. Recién en febrero buscaría discutir las reformas laboral y tributaria, así como también la adecuación de la Ley de Glaciares.

El proyecto de Presupuesto 2026 será el primero en ingresar al recinto. Según adelantó la Casa Rosada, la iniciativa busca consolidar el equilibrio fiscal como base del programa económico y evitar la dependencia de la emisión monetaria.

El texto prevé partidas para salud, educación, seguridad y defensa, además de fondos destinados al sistema previsional. El Gobierno insiste en que la reducción del gasto no afectará las funciones esenciales del Estado.

Otra de las iniciativas destacadas es la ley de “Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, pensada como un acompañamiento del Presupuesto. Se trata de una regla de disciplina fiscal para impedir desbalances futuros y limitar el financiamiento vía emisión o endeudamiento.

En paralelo, el Ejecutivo impulsará el proyecto de “Inocencia Fiscal”, una iniciativa que apunta a simplificar declaraciones impositivas y permitir que particulares regularicen fondos no declarados sin exponerse a sanciones. El Gobierno sostiene que la medida puede incentivar la incorporación de dinero “guardado en el colchón” a la economía formal.

El proyecto ingresó al Congreso en junio, pero no fue tratado. Con la nueva composición legislativa, el Ejecutivo confía en obtener el respaldo necesario para su aprobación rápida.

El Gobierno enviará también su propuesta de reforma integral del Código Penal. Según adelantó Adorni, la iniciativa contempla el agravamiento de penas para delitos graves y la incorporación de nuevas conductas imprescriptibles, como narcotráfico, abuso sexual y trata de personas.

El proyecto prevé acelerar los procedimientos judiciales y reforzar el sistema acusatorio, con el objetivo de reducir plazos y garantizar mayor celeridad en causas complejas.

En materia laboral, la Casa Rosada avanzará con un paquete de modernización que apunta a simplificar normativas, revisar indemnizaciones y actualizar convenios colectivos. Aunque el debate se dará en febrero, las bases ya fueron presentadas ante empresarios y sindicatos.

La Casa Rosada avanza en una modernización laboral que revisará indemnizaciones y convenios colectivos.

Outro punto incluido en el temario es la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar. La propuesta, todavía sin detalles públicos, buscaría flexibilizar las restricciones de la normativa vigente.

El Gobierno considera que este conjunto de reformas constituye una “segunda generación” de cambios estructurales, orientada a estabilizar la economía y rediseñar el funcionamiento institucional del Estado.

María José Valdéz

La presencia de Javier Milei en uno de los palcos del recinto fue una señal clara del clima que se vivió durante la jura de los nuevos diputados. En la Casa Rosada celebraron el resultado de un trabajo político sostenido que permitió al oficialismo convertirse en la primera minoría de la Cámara baja.

Con la incorporación de los 127 legisladores electos para el período 2025–2029, la Cámara de Diputados quedó oficialmente conformada con sus 257 bancas completas. Estos nuevos representantes se suman a quienes habían sido elegidos hace dos años y continúan con mandato vigente por un nuevo bienio.

El nuevo mapa parlamentario muestra al bloque del Gobierno con 95 diputados, dos más que el espacio de Unión por la Patria, que quedó con 93. Detrás de ellos, se abre una disputa por el tercer lugar entre el sector de Provincias Unidas y el PRO junto a la UCR y sus aliados, que quedaron empatados en número de bancas.

La Cámara, que seguirá siendo presidida por Martín Menem, se prepara ahora para un período legislativo clave, atravesado por el tratamiento del Presupuesto nacional y un paquete de reformas que impulsa el Poder Ejecutivo.

Con la Cámara ya conformada, la atención ahora se traslada al inicio formal del nuevo período de sesiones, donde el Gobierno buscará avanzar con el tratamiento del Presupuesto y otros proyectos considerados prioritarios para su programa de gestión.

El bloque oficialista, con 95 diputados, deberá seguir construyendo mayorías circunstanciales para aprobar leyes, mientras que Unión por la Patria se prepara para ejercer un rol de oposición fuerte desde su condición de segunda minoría.

En tanto, la dinámica entre el PRO, la UCR, los aliados y el espacio de Provincias Unidas será clave para definir el rumbo de muchas votaciones sensibles. En un Congreso sin mayorías automáticas, cada sesión requerirá negociaciones finas y acuerdos transversales.

La nueva composición de la Cámara confirma un escenario político de alta fragmentación, donde el oficialismo logró un avance significativo en términos numéricos, pero donde ninguna fuerza podrá imponer su agenda sin consensos.

1- Sabrina Ajmechet2- Carlos Alberto Almena3- Lisandro Almiron4- Bárbara Vanessa Andreussi5- Pablo Ansaloni6- Damián Arabia7- Belén Avico8- Atilio Basualdo9- Mónica Mariela Becerra10- Beltrán Benedit11- Bertie Benegas Lynch12- Rocío Bonacci13- Alejandro Bongiovanni14- Gabriel Bornoroni15- Carlos Adrián Nicolás Brizuela16- Eliana Bruno17- Mariano Campero18- Alejandro Ángel Carrancio19- Giselle Castelnuovo20- Ricardo Abel Chiconi21- Facundo Correa Llano22- Romina Diez23- Nicolás M. Emma24- Alejandro Eduardo Fargosi25- Alida Ferreyra26- Sergio “Tronco” Figliuolo27- María Gabriela Flores28- Maira Raquel Frías29- María Virginia Gallardo

30- Álvaro García31- Carlos Garcia32- Silvana Giudici33- Mercedes del Rosario Goitia34- Alfredo Gonzáles35- María Luisa González Estevarena36- Maura Ester Gruber37- Jairo Henoch Guzmán38- Diego Gabriel Hartfield39- Patricia Noemí Holzman40- Gerardo Huesen41- Gladys Noemí Humenuk42- Maria Cecilia Ibañez43- Andrés Ariel Laumann44- Lilia Lemoine45- Andrés Marcelo Leone46- Mercedes Llano47- Enrique Lluch48- Johanna Sabrina Longo49- Lorena Macyszyn50- Álvaro Martínez51- Nicolas Mayoraz52- Martin Menem53- María Julieta Metral Asensio54- María Soledad Molinuevo55- Margarita Soledad Mondaca56- Guillermo Montenegro57- Juan Pablo Montenegro58- Francisco Morchio59- Julio Moreno Ovalle60- Gabriela Muñoz61- María del Carmen Niveyro62- Joaquín Patricio Ojeda63- Sebastián Miguel Pareja64- Marcos Patiño Brizuela65- Santiago Pauli66- Agustín Andrés Pellegrini67- Federico Agustín Pelli68- Jose Peluc69- Luis Petri70- Lorena Petrovic71- Luis Picat72- Maria Celeste Ponce73- Manuel Quintar74- Verónica Razzini75- Valentina Loana Ravera76- Adrián Osvaldo Ravier77- Karen Reichardt78- Gastón Antonio Riesco79- Gonzalo Roca80- Laura Rodríguez Machado81- Miguel Rodríguez82- Juliana Santillan Juarez Brahim83- Santiago Santurio84- Laura Soldano85- Yamile Vanesa Tomassoni86- Rubén Darío Torres87- Anibal Tortoriello88- Federico Tournier89- Cesar Treffinger90- Hernán Urien91- Patricia Vásquez92- Andrea Fernanda Vera93- Gino Visconti94- Lorena Villaverde95- Carlos R. Zapata

1- Hilda Clelia Aguirre2- Ernesto “Pipi” Alí3- Felipe Andino4- Javier Andrade5- Jorge Neri “Koky” Araujo Hernández6- Martín Aveiro7- Marcelo Alejandro Barbur8- Luis Eugenio Basterra9- Gustavo Bordet10- Alejandrina Borgatta11- Santiago Cafiero12- Cecilia María Campitelli del Dib13- Julieta Campo14- Lucía Cámpora15- Florencia Carignano16- Sergio Casas17- Carlos Castagneto18- Jorge “Koki” Chica19- Carlos Cisneros20- Ricardo Daives21- María Graciela De la Rosa22- Fernanda Díaz23- Sergio Dolce24- Gabriela Estevez25- Emir Félix26- Abelardo Ferrán27- Andrea Freites28- Sebastián Galmarini29- Teresa García30- Diego Giuliano31- José Glinsky32- José Gómez33- Juan Grabois34- Ramiro Gutiérrez35- Raúl “Rulo” Hadad36- Itai Hagman37- Ana María Ianni38- Máximo Kirchner39- Moira Lanesan Sancho40- Aldo Leiva41- Cecilia Inés López Pasquali de Balmaceda42- Jimena López43- Juan Pablo Luque44- Marcelo Mango45- Paco Manrique46- Laura Marianela Marclay47- Varinia Lis Marín48- Juan Marino49- Germán Martínez50- Guillermo Michel51- Fernanda Miño52- Juan Carlos Molina53- Matías Molle54- Roxana Monzón55- Cecilia Moreau56- Hugo Moyano57- Jorge Mukdise58- Estela Neder59- Kelly Olmos60- Blanca Osuna61- Sergio Palazzo62- Claudia Palladino63- Graciela Parola64- Gabriela Pedrali65- Paula Penacca66- Horacio Pietragalla67- Lorena Pokoik68- Luciana Potenza69- Agustina Propato70- Ariel Rauschenberger71- Santiago Roberto72- Agustín Rossi73- Marina Salzmann74- Nancy Sand75- Sabrina Selva76- Adriana Serquis77- Vanesa Siley78- Guillermo Snopek79- Julia Strada80- Jorge Taiana81- Rodolfo Tailhade82- Caren Tepp83- Agustín Tita84- Pablo Todero85- Victoria Tolosa Paz86- Nicolás Trotta87- Eduardo Valdés88- María Elena Velázquez89- Luana Volnovich90- Hugo Yasky91- Pablo Yedlin92- Natalia De la Sota93- Christian Zulli

1- Lourdes Arrieta2- Jorge Avila3- Carolina Basualdo4- Juan Brugge5- Sergio Capozzi6- Mariela Coletta7- Pablo Farias

8- Pablo Juliano9- Ignacio García Aresca10- Carlos Gutierrez11- Martín Lousteau12- José Carlos Nuñez13- Esteban Paulon14- Jorge Rizzotti15- Gisela Scaglia16- Juan Schiaretti17- Alejandra Torres18- María Inés Zigarán19- Miguel Ángel Pichetto20- Nicolás Massot21- Maximiliano Ferraro22- Mónica Frade

1- Martín Ardohain2- Emmanuel Bianchetti3- Fernando De Andreis4- María Florencia De Sensi5- Daiana Fernández Molero6- Alejandro Finocchiaro7- Alicia Fregonese8- Antonela Giampieri9- Álvaro González10- Cristian Ritondo11- Javier Sánchez Wrba12- Martín Yeza13- Guillermo Agüero14- Gerardo Cipolini15- Diógenes González16- Lisandro Nieri17- Darío Schneider18- Pamela Fernanda Verasay19- Oscar Zago (MID)20- Eduardo Falcone (MID)21- Karina Banfi (Adelante Buenos Aires)22- José Luis Garrido (Por Santa Cruz)

1- Alberto Arrúa2- Bernardo Biella3- Oscar Herrera Ahuad4- Pablo Outes5- Yamila Ruíz6- Daniel Vancsik7- Yolanda Vega

1- Gladys Medina2- Elia Fernández de Mansilla3- Agustín Fernández

1- Claudio Álvarez2- Marcela Pagano3- Gerardo González

1- Sebastián Nóblega2- Fernando Monguillot3- Fernanda Ávila

1- Myriam Bregman2- Nicolás del Caño3- Romina del Plá4- Néstor Pitrola

1- Nancy Picón Martínez2- Carlos Gustavo Jaime Quiroga

1- Natalia De la Sota

1- Karina Maureira

1- Jorge “Gato” Fernández

La jura de los diputados que asumirán el próximo 10 de diciembre comenzó a los gritos y marcó lo que sería el trascurso de toda la jornada. Y lo que no se vio en los planos cuidados de la transmisión oficial fue una radiografía cruda de la Cámara que viene.

Diputados en modo tribuna, con clima de estadio, gritos que tapaban micrófonos y un tablero político nuevo que se estrenó entre aplausos, abucheos y miradas sostenidas entre los palcos y el recinto se repitieron durante las más de dos horas que duró la sesión.

Antes de que se escuchara el primer “sí, juro”, el clima ya estaba caliente. El dispositivo de seguridad que acompañó la llegada de Javier Milei bloqueó pasillos y ascensores del Congreso. Personal de seguridad frenó el movimiento interno ante el ingreso del Presidente, que apareció acompañado por su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli, el de Defensa Alberto Presti —de uniforme militar— y el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El operativo generó el primer malestar del día entre legisladores que quedaron literalmente “encerrados” o impedidos de usar los ascensores, reservados para los funcionarios del Ejecutivo.

Milei arengó desde el palco central de la Cámara.

Cuando Milei se asomó al palco principal, la temperatura subió varios grados. El bloque de La Libertad Avanza (LLA) estalló en aplausos y cánticos de “¡Presidente, Presidente!” y “¡La casta tiene miedo!”. El propio Milei respondió con brazos en alto y gestos ampulosos, mimetizado con el clima de cancha. Del otro lado, los diputados de Unión por la Patria (UP) devolvieron con el clásico “¡La Patria no se vende!”.

El cruce quedó condensado en una escena: el chaqueño Aldo Leiva se levantó de su banca, miró al palco y le gritó al Presidente “la Patria no se vende”, mientras desde la bancada libertaria contestaban con “¡Libertad, libertad!”.

El inicio formal de la sesión, presidida por el radical Gerardo Cipolini como diputado de mayor edad, tampoco trajo calma. La primera tanda de juras estuvo a cargo de Nicolás del Caño y Romina del Plá, del Frente de Izquierda.

Del Plá desató revuelo con una fórmula que incluyó la frase “por el derecho del pueblo palestino a existir, desde el río hasta el mar”, lectura que muchos interpretan como una negación del Estado de Israel. Del Caño, por su parte, sumó referencias a Gaza, la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la defensa de los trabajadores.

Pero lo que no se vio en la transmisión oficial fueron los detalles laterales de esa escena. Desde una de las primeras filas, Lilia Lemoine, diputada libertaria, abandonó el perfil bajo y se dedicó a hostigar a casi cada opositor que se acercaba al estrado. Hubo abucheos, gritos y hasta un “andá a bañarte” que bajó desde las gradas para Del Caño.

Uno de los momentos más comentados —y menos encuadrados por la pantalla oficial— tuvo como protagonista a Juan Grabois. El dirigente del Frente Patria Grande, antes de jurar, se dio vuelta hacia el palco presidencial, levantó la mano izquierda con tres dedos en alto, imitando el gesto de la saga “Los juegos del hambre”, símbolo de resistencia y rebelión.

Tras pronunciar su “sí, juro”, repitió el saludo y, ya de espaldas al estrado, remató con los dedos en V del peronismo. En un gesto final, mientras se retiraba del sector de jura, se dirigió hacia la bancada libertaria y se tocó la nariz, en una mímica que sugiere consumo de drogas.

Aunque muchos en el recinto creyeron que se refería a Lorena Villaverde, por sus antecedentes ligados a causas de narcotráfico, el gesto estuvo dirigido a Juliana Santillán, diputada bonaerense de LLA, con quien ya venía cruzando acusaciones.

Los libertarios respondieron con gritos y abucheos, pero Milei, desde el palco, decidió no contestar. Apoyado en la baranda, apretó los dientes, siguió la escena con gesto duro y luego retomó el intercambio de miradas y pulgares en alto con su bancada cuando nuevas juras lo invocaban.

Uno de los capítulos más incómodos del día se escribió lejos de los discursos oficiales. Mientras se sucedían las tandas de juras, el micrófono del presidente de la sesión, Gerardo Cipolini, jugó en su contra.

Cuando la chaqueña libertaria Rosario Goitía se acercó al estrado, se escuchó su voz en la transmisión: “Rosario Goitía… che, ¡qué buena que está…!”. Algo similar ocurrió durante la jura de la formoseña María Graciela de la Rosa, del PJ, a quien el radical definió como “la peruca” antes de soltar un “tremendo”. Y hubo un tercer comentario, en la misma línea, sobre la libertaria puntana Mónica Becerra.

Las frases, captadas por los micrófonos abiertos, llegaron a las redes sociales en cuestión de minutos y generaron el reclamo en el recinto. Cecilia Moreau tomó la palabra para cuestionar a Cipolini por los “piropos” a diputadas en plena sesión preparatoria.

El chaqueño intentó desmarcarse más tarde, al alegar que se trataba de una “operación” en redes que habría manipulado su voz con inteligencia artificial. Pero el audio ya había quedado registrado como parte de la banda sonora paralela de la jura.

La sesión dejó también postales personales que tampoco se vieron completas en la transmisión. La correntina Virginia Gallardo, de La Libertad Avanza, juró con su hija en brazos, vestida completamente de blanco, “como novia en Iglesia”, según se escuchó murmurar en los pasillos. “Como correntina, por la familia, las infancias y un futuro mejor para todos, sí juro”, dijo, antes de girar para saludar a Milei y a Karina Milei en el palco.

"Sobre el Tamaj, sí, prometo”, sostuvo al jurar Patricia Holzman.

Patricia Holzman, también de LLA y directora de la Fundación Judaica, eligió un camino distinto: en lugar de jurar, prometió sobre la Torá, fiel a la tradición hebrea. Al terminar, se dio vuelta para buscar la mirada del Presidente, que asintió con aprobación.

Del lado de Unión por la Patria, el sacerdote Juan Carlos Molina se presentó con atuendo blanco, rosario a la vista y una fórmula de fuerte contenido social y religioso: juró por “los wichí del Impenetrable abandonados, por el Papa Francisco, Hebe, las madres y abuelas en lucha y el pueblo de Santa Cruz”.

La Cámara de Senadores vivió una situación inédita, al menos en su historia reciente. La vicegobernadora Gisela Scaglia confirmó que en unos días presentará su renuncia a ese cargo, con lo que dejará la presidencia del cuerpo, para asumir su banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

La Cámara Alta vivió una sesión inédita. Foto: Gentileza Senado

En una sesión que abundó en elogios a su figura política y su persona, en la que no faltaron momentos emotivos, referencias partidarias y de poder, pero también algunas lágrimas, hubo dos definiciones relevantes, dos novedades: por una parte la confirmación de que la pronto ex vicegobernadora asumirá como presidenta de Provincias Unidas y que no se piensa en un interbloque con otros bloques sino en una sola denominación sólida “que puede llegar a sumar a 20 legisladores”. Hoy tiene 17, de 257 miembros de la Cámara baja del Congreso.

En diálogo con los cronistas parlamentarios expresó ante una consulta que presidirá un solo bloque, no un interbloque, y espera que el sector que lidera Miguel Ángel Pichetto se sume a PU.

Ahora Scaglia enfrentará a esa masividad en la representación política “luego de dejar el cargo número dos de la Provincia”, según subrayó el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig.

En la sesión, no faltaron momentos emotivos. Foto: Gentileza Senado

Su exposición, la más extensa y una de las emotivas, fue la primera de una verdadera metralla de elogios que quedaron sentados en el diario de sesiones, el último en que constará su “sin más temas que tratar, se levanta la sesión”. Entre tantas palabras para con su labor y su forma de conducirse con sus pares hubo algunas que merecen un comentario extra.

Michlig, el radical que preside el Comité Provincial, que es uno de los hacedores de la unidad de la UCR y del frente de frentes de Unidos, y que junto al gobernador Maximiliano Pullaro advirtieron que Scaglia podría ser la candidata del nuevo espacio político a nivel nacional, no pudo contener las lágrimas cuando habló de lo que significa llevar adelante una campaña electoral. Del esfuerzo físico de esas jornadas donde no hay pausas y solo ha pasiones por transmitir un mensaje. Más allá de la parafernalia de avisos pagos en distintos medios y redes, los políticos valoran cada acto en cada una de las poblaciones que recorren y con una anécdota sobre los kilómetros y los 8 actos de una jornada febril en San Cristóbal terminaron con la vicegobernadora en un auto, que la trasladó a Venado Tuerto para dormir unas pocas horas y seguir muy temprano en el sur. “Ha sido una gran protagonista” de las negociaciones y de los consensos en la Legislatura que han permitido entre otros ítems la Reforma de la Constitución. Subrayó su “sentido de la ubicación” y elogió su “tolerancia”. A su tuno, ella dijo que confía en “la visión” del gobernador Maximiliano Pullaro respecto del futuro y aseguró que por esa razón no pudo desoír su pedido cuando le propuso ser candidata a sabiendas que debería dejar su cargo. “Lo digo sinceramente, de corazón y con la razón, usted ha hecho muy bien su trabajo”, dijo el senador que seguramente el año próximo deba conducir los debates y representar a la provincia cuando el gobernador se lo indique. Cerró su discurso muy aplaudido con una promesa: “Usted para nosotros va a seguir siendo la vicegobernadora”. Scaglia, luego de los actos y el diploma que recibió por su paso por el Senado les pidió a los senadores de todos los bloques, entre besos y abrazos: “sigan invitándome a las fiestas” de cada localidad. Antes, en su último mensaje a los senadores recordó: “nunca pisé un territorio sin hablar con el senador de ese departamento y con los intendentes de cada localidad”. No se trata de una mera ubicación geográfica, son los códigos que más gustan en como se concibe el respeto por el otro en la disputa política partidaria.

Al finalizar la sucesión de discursos, el presidente del bloque radical Rodrigo Borla fue el más profundo. Con las lecturas de la historia de su lado comentó que hoy “lo disruptivo, lo revolucionario, es ser moderado, es buscar el consenso, es saber dialogar” y fue casi una recomendación a Scaglia a no apartarse de su práctica política en Santa Fe para su nuevo rol en la Cámara alta del Congreso como jefa de un bloque que espera poder pesar en términos de poder “como la tercera fuerza”, expresó la homenajeada.

Borla citó al Papa Juan Pablo II que ante una pregunta tan directa como abierta “¿Cómo ve usted a su Iglesia”?, alguna vez respondió: “Mi iglesia son luces y sombras” y añadió el de San Justo: “esa es la realidad que requiere el liderazgo político, no los extremos”. Además, hablaron Alcides Calvo por el peronismo (a los que especialmente agradeció la vicegobernadora su diálogo sin especulaciones); Leticia Di Gregorio, que valoró la calidad que deberían tener las figuras políticas a nivel nacional y lamentó la imagen que muestran varias diputadas nacionales; Ciro Seisas, que manifestó su “orgullo” por lo que “vas a hacer en Provincias Unidas”; Julio Francisco “Paco” Garibaldi, que ponderó la convicción de Scaglia para tomar decisiones, “su valor”; Orfilio Marcón, que le pidió a la vicegobernadora “cuéntele a los porteños que el interior también existe”; y Leonardo Diana que no dudó en calificarla como la figura política más alta del departamento San Jerónimo.

Si las elecciones legislativas del 26 de octubre representaron un momento “bisagra” para el gobierno nacional y para los partidos políticos, con un triunfo del 41 % del oficialismo en todo el país, el 10 de diciembre lo será en las Cámaras legislativas.

Un poco es por lógica consecuencia: el oficialismo logró más bancas en Diputados y en el Senado. Y otro poco porque el movimiento de alianzas, pases, cambios y ruptura de bloques está (y seguirá) en plena efervescencia.

Todo indica que el gobierno va a lograr su objetivo de llevar el Presupuesto 2026 al recinto con las dos cámaras parcialmente renovadas, pero con mucho más a su favor respecto de la constitución actual que lo tiene en minoría.

En tanto, dejaría para febrero el debate de las reformas de segunda generación: laboral, tributaria y penal. Es decir, la idea es pisar a fondo el acelerador antes de fin de año y dejar el mes de enero libre, lo que no siempre significa tomarse vacaciones. La rosca política, se sabe, no tiene vacaciones.

Para este lunes a las 21 se anuncia el discurso grabado con el que el presidente Javier Milei presentará el proyecto de Presupuesto de Gastos y Recursos para 2026. Será por cadena nacional.El presidente Milei presentó los lineamientos del Presupuesto 2026 el 15 de septiembre, por cadena nacional.

“Esta semana tendremos mejor definición; desde el bloque se está tratando de construir una sesión con temas pendientes para el 19”, sostienen desde un sector de Unión por la Patria.

Desde otras bancadas, directamente se descarta cualquier posibilidad de una reunión en el recinto para antes del recambio.

Si el tema central de las extraordinarias de diciembre es el Presupuesto 2026, las conversaciones que Casa Rosada emprendió con gobernadores (por ahora, con excepción del justicialismo) resultan claves.

El gobierno necesita apoyos de los mandatarios, muchos de los cuales reclamaron a viva voz recursos y obras antes del 26 de octubre. La meta es tener el mayor consenso posible para la hoja de ruta que impulsa para su tercer año de gestión.

Como ya se dijo, será el primer presupuesto propio del gobierno de Javier Milei, luego de prorrogar por dos períodos consecutivos el que fuera sancionado en 2023, durante la gestión de Alberto Fernández.

Casa Rosada inició una ronda de consultas con mandatarios aliados, dialoguistas o cercanos, según cómo se vayan ubicando en el nuevo esquema político tras las intermedias de octubre.

Incluso arrancó con integrantes de Provincias Unidas, quienes durante la campaña formularon durísimos planteos sobre la política económica del gobierno central, en particular por la falta de obras públicas y mantenimiento de rutas nacionales.

Entonces, para diciembre se reservará el debate del Presupuesto, que ya tiene cuatro dictámenes de comisión aunque el oficialismo obtuvo el de mayoría. También se llevaría al recinto de sesiones el proyecto de Responsabilidad Tributaria.

Para febrero se trasladarían las discusiones por las “reformas de segunda generación” que incluyen cambios en la ley laboral, la tributaria y la penal; sin dudas temas centrales que ameritarán un fuerte debate, no solo entre legisladores y gobierno sino también entre los sectores involucrados.

A todo esto, sigue el funcionamiento de comisiones que incluyen dos investigadoras: una sobre fentanilo que tiene previsto reunirse este jueves, y otra sobre el caso $Libra, que fijó cita el 18 de noviembre a las 16, a fin de aprobar el informe final que será elevado a la Cámara de Diputados.

La última sesión fue el 8 de octubre, cuando se pidió informes al ministro de Economía Luis Caputo sobre las negociaciones por fondos con Estados Unidos. También se trató la nulidad del artículo que dejó en suspenso la aplicación de la Emergencia por Discapacidad.

Además, se declaró la emergencia del sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y se debatió la convocatoria a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del ministro de Salud, Mario Lugones, para que den explicaciones sobre el caso ANDIS, luego de los audios sobre supuestos pagos ilegales.

A la luz del reacomodamiento de los boques y del propio gobierno, todos esos temas están en suspenso.

Parece que entre ese momento y el actual hubiese pasado mucho más que un mes y días. Tanto que por entonces se pedían informes al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que, en este lapso, renunció a su cargo y fue reemplazado por el vocero Manuel Adorni, al tiempo que Diego Santilli (ex PRO) asumió como ministro de Interior.

Todo es así hasta ahora y la mayor certeza es que probablemente cambie mañana.

El presidente Javier Milei confirmó que realizará modificaciones en su equipo de gobierno después de las elecciones nacionales del domingo 26 de octubre. En una entrevista con la TV Pública, el mandatario libertario aseguró que los ajustes se concretarán desde el lunes siguiente y estarán orientados a consolidar las reformas que planea para la segunda etapa de su gestión.

“Voy a reacomodar el Gabinete para cumplir los objetivos de las reformas de segunda generación”, expresó Milei. Según explicó, los cambios se definirán una vez conocidos los resultados electorales: “El 26 a la noche, con todos los números sobre la mesa, veré qué tipo de entramado necesito para avanzar”.

El jefe de Estado también señaló que algunas modificaciones se darán de forma natural, debido a que ciertos ministros asumirán nuevas funciones. “Tengo un contrato con los argentinos desde 2023 y lo estoy cumpliendo. En 20 meses hemos alcanzado el 99% de las promesas de campaña”, afirmó, reivindicando su gestión y su estilo “bilardista”.

Durante la entrevista, Milei se dirigió especialmente a los votantes más jóvenes y aprovechó para lanzar una crítica a sectores del macrismo. “Los enojaditos de Macri permitieron que vuelva el kirchnerismo. Del otro lado están los gremlins: les tiran agua y se convierten en monstruos, y el agua es cuando llegan al poder”, ironizó.

También reflexionó sobre las expectativas y la paciencia política: “Cuando uno es joven cree que todo puede resolverse de manera instantánea. Hay que entender que los procesos llevan tiempo y que hay condiciones de partida que no pueden ignorarse”.

El mandatario remarcó la importancia de los próximos comicios legislativos, a los que consideró un punto de inflexión. “Es una elección bisagra que definirá la composición del Congreso y nos permitirá destrabar proyectos que hoy están empantanados”, explicó.

Javier Milei en 2023, durante las últimas elecciones en las que eligió legisladores nacionales."Con todos los números veré que tipo de entramado necesito para hacerlo"., sostuvo Milei.

Asimismo, advirtió sobre las estrategias de sus adversarios: “El kirchnerismo intenta minimizar el valor de la elección para desalentar el voto. Pero la composición de las Cámaras es clave; sin mayoría, avanzar con las reformas es muy difícil”.

Milei defendió los resultados económicos alcanzados hasta el momento y admitió que, aunque persisten dificultades, el camino elegido es el correcto. “La inflación hoy ronda el 30%. Es alta, pero mucho menor que antes. Vamos hacia el 0% para mediados del año que viene. Estamos en la senda correcta”, aseguró.

Pidió a la ciudadanía “no aflojar” y sostuvo que el país enfrenta una disyuntiva histórica: “Hay que elegir entre la libertad y la esclavitud, entre la estabilidad económica o la inflación desbordante”.

En el tramo final de la entrevista, volvió a apuntar contra Jorge Taiana, candidato a diputado de Fuerza Patria, a quien calificó de “terrorista, pone bomba, asesino”. Además, lo vinculó con el gobierno de Nicolás Maduro: “Fue preso en 1975 por Estela Martínez, fue vacunado VIP y conocía el entramado con Venezuela. Eso es lo que está del otro lado. Los atajos no llevan a ningún lado”, concluyó.

El Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud por el plazo de un año.

La norma fue aprobada con el voto de las dos cámaras y promulgada tras la insistencia legislativa frente a la observación del Poder Ejecutivo.

Su objetivo es proteger el derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes, asegurar la continuidad de los servicios de atención pediátrica y fortalecer los sistemas de formación médica.

La ley, publicada este martes en el Boletín Oficial, reconoce la grave situación que atraviesa el sistema sanitario en materia de atención infantil y de formación de profesionales.

En su artículo primero, declara la emergencia “debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud” y busca efectivizar la tutela del derecho a la salud de la población pediátrica.

Entre sus objetivos principales se destacan tres ejes:

Garantizar el acceso efectivo, equitativo y de calidad a los servicios de salud para niños, niñas y adolescentes, con especial atención a la red de hospitales públicos.

Asegurar la referencia y contrarreferencia dentro del sistema de salud para que toda la población pediátrica, independientemente de su cobertura, pueda acceder a prácticas de alta complejidad.

Fortalecer las residencias médicas y sanitarias, con condiciones laborales adecuadas, remuneraciones dignas y una planificación que garantice la cobertura de especialidades críticas.

De esta manera, la norma busca dar una respuesta estructural a las dificultades que enfrentan los hospitales pediátricos y los equipos de salud, en un contexto de creciente demanda y escasez de recursos humanos especializados.

La Ley 27.796 establece una asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios destinados al mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial para la atención pediátrica en todo el país.

También dispone la recomposición inmediata de los salarios del personal asistencial y no asistencial que atiende a la población infantil.

Según el texto, la actualización no podrá ser inferior al nivel real de ingresos que los trabajadores percibían en noviembre de 2023, antes del deterioro causado por la inflación.

La medida alcanza tanto a profesionales como a residentes nacionales de todas las especialidades, reconociendo su rol formativo y asistencial.

Otra disposición destacada es la eximición del pago del Impuesto a las Ganancias para el personal que desempeñe actividades críticas, horas extras o guardias en efectores públicos y privados. Esta medida apunta a mejorar los ingresos de los trabajadores de la salud y a garantizar la cobertura de turnos y guardias en hospitales que enfrentan una alta demanda.

El artículo 4 de la ley declara al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad y garantiza su funcionamiento pleno y sostenido.

Este reconocimiento formal refuerza el papel del Garrahan como centro de derivación y formación médica, y compromete al Estado a asegurar su financiamiento durante el período de emergencia.

Además, la norma autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a reasignar partidas presupuestarias del Ministerio de Salud e incluso a ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación, encargado de dictar las normas complementarias para poner en marcha las medidas.

La ley crea una Comisión de Seguimiento y Evaluación, integrada por representantes del Congreso, del Ministerio de Salud, del Consejo Federal de Salud (COFESA) y de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Este organismo deberá emitir informes públicos trimestrales sobre el cumplimiento de las acciones previstas y el uso de los recursos asignados.

Durante el período de emergencia, los programas y acciones de salud infantil y adolescente tendrán prioridad presupuestaria. Esto incluye hospitales públicos de referencia, servicios de urgencias, internaciones, neonatología, trasplantes, cirugías cardíacas y oncología pediátrica.

La norma también deroga la resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, que había sido cuestionada por sectores profesionales por afectar el régimen de residencias.

Mauro L. Muñoz

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma de la Ley 26.122, y la giró al Senado para su sanción definitiva tras cambios en el articulado del proyecto que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia, con el fin de poner límites a su uso de parte del Poder Ejecutivo.

La votación en general se saldó por 140 afirmativos, 80 negativos y 17 abstenciones. Sin embargo, la votación en particular no logró consensos absolutos: el artículo 3° que estipulaba un máximo de 90 días para tratar un decreto fue rechazado.

Con 130 legisladores sentados en sus bancas la sesión especial abrió pasadas las doce del mediodía, con la presidencia de Martín Menem, con un amplio abanico de temas en el que el eje principal puesto el proyecto de modificación del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes.

Luego de casi siete horas de debate se avanzó con la votación del proyecto. Resultado aprobado con la mayoría absoluta de los miembros presentes requerida según el artículo 99 inciso 3 del Reglamento de la Cámara. Pero distinto fue el resultado en el tratamiento en particular: los artículos 1,2,4,5 y 6 fueron aprobados, pero el artículo 3 -que proponía plazo de 90 días para tratar los decretos- cosechó solo 127 a favor, 90 en contra y 7 abstenciones.

De esta manera, el texto regresa al Senado con modificaciones, donde en función de ser la cámara de origen podrá insistir con la sanción original del 4 de septiembre que había resultado aprobado con 56 votos afirmativos, 8 en contra y 2 abstenciones.

Al inicio del tratamiento, ante el extenso listado de temas incluidos en la convocatoria y por falta de acuerdo en labor parlamentaria, se votó que el debate sobre los límites a los DNU sea acotado a un número limitado aunque con extensión en el tiempo para los oradores.

Unión por la Patria abrió el debate en la voz de la miembro informante, Mónica Litza, asegurando que la reforma no busca "quitarle las facultades al presidente (Javier) Milei". "¿Están mal los DNU? De ninguna manera. No es el instrumento, sino cómo se ha usado", remarcó. Y apuntó contra el abuso del libertario para gobernar "de espaldas al Congreso": "No todos los DNUs fueron iguales. Hay algunos que ampliaron derechos y otros vinieron a eliminar el Estado. Estamos orgullosos de no ser iguales y haber usado los DNU para cosas diferentes al Presidente", planteó.

Luego habló el presidente del bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto. Aseguró que el proyecto “no es iniciativa contra el Presidente Javier Milei” sino que permitirá tener “una democracia de consenso”. “La utilización desmedida del DNU, rozando materias que no son pertinentes, obligan a un debate”, agregó.

Más adelante, el diputado de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz se expresó en contra de la reforma, atribuyendo la iniciativa a una maniobra para “desestabilizar al Gobierno”. “La urgencia es una valoración política, no una valoración jurídica”, sostuvo concluyendo que "querer consagrar la caducidad automática de los DNU va contra el sistema constitucional argentino”.

La reforma a los DNU fue aprobada en general y será girada a la Cámara de origen para su revisión.

Por la Coalición Cívica, el titular de la bancada, Juan Manuel López, presentó el dictamen de minoría que labró su espacio, argumentando que “los DNU no estaban previstos en la Constitución histórica, pero ya se habían usado antes de la reforma del 94”. Repasó las gestiones peronistas indicando que "se hizo uso y abuso de los DNU con el agravante de que tenían mayorías en el Congreso” y sobre la administración libertaria señaló que “corrió una línea del DNU 70/2023”.

También se expresó a favor del proyecto la diputada del bloque Coherencia - ex integrante de La Libertad Avanza -, Marcela Pagano. “Los DNU se convirtieron en la costumbre. El Congreso no fue creado para obedecer, fue creado para controlar. Cuando el Congreso funciona la nación se fortalece, cuando se arrodilla, se apaga” afirmó desde su banca en la sesión especial.

En tanto, el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, pidió que se aplique la ley de DNU a partir del 10 de diciembre. “La oposición trae una reglamentación de los DNU en términos teóricos muy positiva y necesaria, pero que intenta aplicarla en tiempo récord a uno de los gobiernos mas débiles en su representación democrática lo que no le aplicó a sus propios gobiernos, que encima tenían mayoría parlamentaria”, señaló el cordobés.

De parte del PRO, habló la diputada Silvia Giudici planteando que su espacio no permitirá que "se lleven puesto" al Gobierno con el desgaste constante que le hacen. "Los invito a pensar los que hablan de autoritarismo y tratan de convencer. Esto que tratan de votar genera un agujero financiero", afirmó.

El artículo que proponía plazo de 90 días para tratar los DNU no alcanzó la mayoría absoluta por lo que el proyecto vuelve al Senado.

Pablo Juliano, presidente del bloque de Democracia para Siempre, puso sobre la mesa que “es este el mejor Congreso para debatir esta ley porque fue el primero que rechazó un decreto”. “Los DNU solo pueden ser dictados en situaciones de urgencia”, enfatizó y remarcó la irregularidad del mega decreto 70/23: “No hay país que haya cambiado su sistema de Inteligencia ni tomar deuda a fuerza de decreto. Este es un debate que teníamos atragantados los republicanos”, evaluó.

Finalmente, el jefe de bancada de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni sostuvo en una breve exposición que con esta modificación de la ley se busca "ponerle palos en la rueda a los argentinos".

El proyecto establece que los DNU deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente. Este artículo se contrapone a lo que sucedió con el DNU 70/2023 que modificó y derogó más de 300 leyes bajo el propósito de la desregulación de la economía argentina.

El segundo ítem distintivo de esta reforma planteada es la que habilitaría a ambas cámaras a abocarse aún durante el receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de futuros decretos. Si bien la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo está habilitada a reunirse en el período que va del 1° de diciembre al 28/29 de febrero, esta modificación autoriza a abrir a los recintos una vez que se cumplan los diez días hábiles desde el ingreso del DNU.

El otro cambio sustancial de la Ley 26.122 es el trámite legislativo de blindaje a los DNU. Establece que los decretos se considerarán aprobados cuando ambas Cámaras se expresen por mayoría absoluta de los presentes en un plazo de 90 días desde la publicación en el Boletín Oficial. El último antecedente es el DNU 179/2025 que aprobó el nuevo Acuerdo con el FMI y quedó blindado con solamente el aval de la Cámara baja.

La última propuesta de cambio a la Ley de DNU es el que no prosperó este miércoles en la votación en particular de Diputados. Establece que el rechazo de una de las dos Cámaras signifique la derogación total del decreto quedando imposibilitado de dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario. Este artículo, contempla, además, que en caso de no ser tratados en el plazo de los primeros 90 días por alguna de las dos Cámaras también signifique la caída total del decreto de necesidad y urgencia.