Un hombre de 40 años identificado como Sergio David Pintos fue condenado a cinco años y tres meses de prisión por haber cometido delitos en un contexto de violencia de género en Venado Tuerto (departamento General López). A su vez, la pena se le impuso por amedrentamientos a agentes policiales y por un robo.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Lorena Garini, en el marco de un juicio oral y público que se desarrolló en los tribunales venadenses.

La fiscal Florencia Schiappa Pietra y el fiscal Damián Casullo representaron al MPA en el debate y, tras conocer el veredicto, valoraron que “Pintos fue condenado a una pena cercana a la de seis años de prisión que habíamos solicitado en nuestros alegatos”. Además, detallaron que “debido a que tenía antecedentes penales condenatorios, fue declarado reincidente”.

Schiappa Pietra sostuvo que “de forma reiterada, Pintos agredió físicamente a una mujer que es su expareja”, y remarcó que “en una ocasión en la que la atacó, también le dio un golpe de puño en el rostro a un niño que es hijo de ambos”.

Por otra parte, la funcionaria del MPA planteó que “con frecuencia, el condenado amenazaba a su expareja con matarla, así como con hacerles daño a otros integrantes del grupo familiar”. Al respecto, especificó que “incluso le envió mensajes intimidatorios por WhatsApp mientras estaba privado de su libertad en un establecimiento penitenciario”.

Schiappa Pietra refirió que “en su domicilio, el condenado cometió el delito de atentado contra la autoridad al intentar quitarle el arma reglamentaria a un policía y luego atacar con rasguños y patadas a otra agente que intervino para que él depusiera su actitud”. Según explicó, “los uniformados habían sido convocados al inmueble a raíz de un episodio de violencia de género padecido por la expareja de Pintos”.

Asimismo, la fiscal resaltó que “tanto en su vivienda como durante el viaje hacia una comisaría a la que lo trasladaron, el condenado amenazó e insultó a los integrantes de la fuerza de seguridad”.

En relación al robo, Casullo señaló que “el condenado y su hermano Lucas Matías Pintos –quien en el marco de un juicio abreviado fue condenado por este ilícito–, abordaron de forma violenta a un hombre que estaba en la esquina de Güemes y Chaco”. Precisó que “después de forcejear unos minutos en la vía pública, le arrebataron una motocicleta, un teléfono celular y un reloj digital”.

“Una vez que concretaron su objetivo delictivo, los atacantes se fueron del lugar a bordo del birrodado de la víctima”, expuso el representante del MPA.

En tanto, el fiscal afirmó que “la investigación penal se inició de inmediato y desde la Fiscalía ordenamos seguir el rastro del código de identificación (IMEI) del teléfono sustraído”. En tal sentido, destacó que “a través de un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), se pudo determinar que 12 horas después del robo el dispositivo estaba activo con una línea de la que es titular Sergio Pintos”.

El hombre de 40 años al que se juzgó fue condenado como autor de lesiones leves dolosas calificadas, agresión física sin lesión, amenazas coactivas, amenazas simples, atentado contra la autoridad y robo.

“Con la aprobación del proyecto Ficha Limpia en Jujuy, seguimos implementando acciones concretas que mejoran la calidad democrática y que son adecuadas para impulsar la transparencia en la Argentina. Agradezco a los legisladores por su trabajo y por su compromiso democrático”, destacó el gobernador de la provincia, Gerardo Morales.

Jujuy es la cuarta provincia que aprueba una norma de este tipo. Las otras tres son Salta, Mendoza y Chubut.

Según establece la ley, “no podrán ser candidatos o candidatas a cargos electivos provinciales, municipales y de comisiones municipales los condenados o las condenadas por sentencia judicial en segunda instancia mientras dure la condena o su eventual revocación”.

Entre los delitos abarcados se encuentran: contra la administración pública, contra el orden económico y financiero, contra las personas, contra la integrad sexual, contra la integridad civil, contra el estado civil, contra la libertad, contra la propiedad y contra los poderes públicos y el orden constitucional y los delitos comprendidos en la Ley Nacional Nº 27.737 (ley de estupefacientes).

“Los derechos no son absolutos, son relativos, y se ejercen conforme la ley que reglamente su ejercicio. Nos estamos refiriendo a un impedimento del tipo temporal, no es definitivo. Mientras dure la condena o hasta que la sentencia sea revocada en una instancia superior no pueden presentarse como candidatos”, indica el documento.

Juntos por el Cambio impulsa un proyecto similar para evitar que condenados puedan presentarse a elecciones nacionales.

Álvarez fue condenado a seis años de prisión como “coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 52 personas y lesiones en 789”. Después de que la condena quedara firme, estuvo detenido desde el 5 de octubre de 2018 de manera ininterrumpida en la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal, la cárcel de Ezeiza.

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La libertad condicional le fue concedida en una decisión unipersonal del juez Jorge Gorini. Álvarez se vio beneficiado por dos reducciones sucesivas de los plazos para acceder a ese beneficio, una por 65 días y otra por 252, por el denominado “estímulo educativo” por los estudios que cursó estando preso.

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El condenado deberá cumplir una serie de pautas de conducta, entre ellas el control mensual de su situación ante el Patronato de Liberados. Además, el tribunal le ofreció “la posibilidad de presentarse ante la Dirección Nacional de Readaptación Social del Ministerio de Justicia para que le brinde el auxilio necesario en los aspectos habitacional, laboral y de reinserción”. Álvarez vivirá junto a su esposa en un inmueble situado en el barrio porteño de Belgrano.

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