Un hombre de 32 años identificado como Jorge Daniel Fredes fue condenado a cuatro años de prisión por una tentativa de robo agravada que cometió en Venado Tuerto. La pena también se le impuso por violación de domicilio, desobediencia a la autoridad y evasión.

La sentencia fue ordenada por el juez Leandro Martín en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales venadenses. El fiscal Iván Raposo estuvo a cargo de la investigación y la fiscal Larisa Baruca y el fiscal Luis Lagioia representaron al MPA en el debate.

Luego de la lectura del veredicto, los fiscales valoraron que “se haya condenado al autor de los ilícitos". En tal sentido, destacaron que "el monto de la pena dispuesta es similar al que habíamos solicitado en nuestros alegatos" y agregaron que “a raíz de que contaba con antecedentes penales condenatorios, Fredes fue declarado reincidente por segunda vez”.

Los hechos

Baruca y Lagioia señalaron que “minutos antes de las 7 de la mañana del sábado 14 de febrero pasado, Fredes ingresó a una casa ubicada en la calle Strenitz al 1400”.

“Fue a una habitación de la vivienda en la que estaba la dueña, a quien amedrentó con un cuchillo mientras le exigía la entrega de dinero”, relataron los funcionarios del MPA y agregaron que “ante los gritos de auxilio de la víctima se fue corriendo del lugar”.

Los representantes del MPA explicaron que “a raíz de un aviso al 911, personal policial llegó a la zona y comenzó a buscar a Fredes” y añadieron que “para esconderse de la policía, el condenado intentó ingresar sin autorización a tres viviendas”.

"Aproximadamente una hora más tarde, los uniformados lo ubicaron en inmediaciones de la manzana circundada por las calles Lola Mora, Isaac Sigal, Alfonsina Storni y Camarero y le dieron la voz de alto en reiteradas oportunidades”, informaron.

“Fredes hizo caso omiso de las órdenes y trató de escapar, pero fue aprehendido por personal policial”, manifestaron.

Los fiscales plantearon que “Fredes fue trasladado a la Comisaría Segunda de Venado Tuerto, donde forzó las esposas de seguridad que le habían colocado y logró escaparse”. No obstante, remarcaron que “finalmente fue recapturado en el asentamiento ‘Las Mojarras’, donde fue encontrado en una vivienda, recostado en una cama con las esposas reglamentarias colocadas solamente en su muñeca izquierda”, destacaron.

Delitos

Fredes fue condenado por la autoría de los delitos de tentativa de robo agravado (por el uso de arma blanca); violación de domicilio (tres hechos); desobediencia a la autoridad y evasión.

Cristina Fernández de Kirchner pasará la noche de Año Nuevo internada en el Sanatorio Otamendi, donde permanece alojada desde el pasado 20 de diciembre, cuando fue ingresada de urgencia y sometida a una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La ex presidenta continúa bajo control médico estricto.

A once días de la operación, el último parte difundido por la institución médica encendió señales de alerta al señalar una evolución más lenta de lo habitual. El comunicado, firmado por la directora médica del sanatorio, Marisa Lafranconi, detalló que la paciente presenta complicaciones propias del posoperatorio.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio”, indicó el parte oficial difundido el lunes, que confirmó además la continuidad del tratamiento antibiótico endovenoso.

El íleo posoperatorio es una parálisis transitoria del intestino que suele producirse luego de cirugías abdominales. Esta condición provoca la detención del tránsito intestinal y puede extender los tiempos de internación, razón por la cual el equipo médico decidió mantenerla bajo observación permanente.

Desde su ingreso, la ex mandataria permanece alojada en una habitación individual. En ese contexto, pasó la Nochebuena y Navidad internada, sin que se difundieran imágenes ni apariciones públicas, un dato que incrementó la preocupación en su círculo cercano y entre sus seguidores.

El estado de salud de Cristina Kirchner se convirtió en un tema de atención política y mediática, no solo por su figura pública, sino también por el contexto judicial que atraviesa. La internación se produjo mientras cumple una condena de prisión en modalidad domiciliaria en el marco de la causa por direccionamiento de obra pública en Santa Cruz.

La combinación entre su situación judicial y la evolución clínica generó incertidumbre sobre los próximos pasos, tanto en el plano personal como político. Hasta el momento, no hubo actividad pública conocida ni comunicaciones directas por parte de la ex presidenta.

El último parte médico advirtió una lenta recuperación.

Fuentes cercanas señalaron que el equipo médico prioriza la evolución clínica antes de definir un eventual alta, y que cualquier decisión dependerá de la respuesta al tratamiento antibiótico y de la normalización del funcionamiento intestinal.

Mientras tanto, dirigentes del kirchnerismo y militantes expresaron su preocupación y aguardaron señales positivas sobre su recuperación. La falta de apariciones públicas contrasta con la intensa actividad política que la ex mandataria suele mantener, incluso en contextos adversos.

El silencio público y la permanencia en el sanatorio reforzaron el clima de expectativa. Desde su entorno evitaron realizar declaraciones que puedan anticipar plazos médicos, subrayando que se trata de un proceso que requiere prudencia y seguimiento constante.

En paralelo, el Sanatorio Otamendi mantuvo una comunicación medida, limitándose a partes oficiales sin proyecciones temporales. Esta cautela responde tanto a la evolución clínica como a la relevancia institucional de la paciente.

A medida que se acerca el inicio de un nuevo año, la situación de Cristina Kirchner permanece atravesada por la atención médica, la preocupación política y el impacto simbólico de pasar las fiestas internada, un escenario que refuerza la expectativa por su recuperación.

Los magistrados que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner limitaron las visitas que puede recibir en su arresto domiciliario en San José 1111, Monserrat, de la ciudad de Buenos Aires.

El juez federal a cargo de la ejecución de la sentencia del caso Vialidad, Jorge Gorini, dispuso reducir las condiciones de las visitas extraordinarias en la residencia donde cumple el arresto domiciliario la expresidenta.

La decisión se adoptó después de que circulara una imagen que mostró a la expresidenta junto a nueve personas en el living del departamento. El tribunal consideró que la concurrencia simultánea desnaturalizó las condiciones del arresto domiciliario.

El abogado Carlos Beraldi pidió permisos para que economistas la visitaran, pero, según fuentes judiciales, en los escritos no se consignó que todos vendrían al mismo tiempo ni que se reunirían en San José 1111.

El juez Gorini fundamentó su resolución en la necesidad de preservar las condiciones impuestas por la medida de arresto domiciliario y evitar situaciones que puedan modificar su alcance.

La resolución establece que esas visitas no podrán superar las dos horas. Además, cada encuentro podrá incluir hasta tres personas y se autorizarán como máximo dos visitas extraordinarias por semana.

La restricción apunta exclusivamente a las visitas extraordinarias; la resolución mantiene las otras excepciones previstas para la ejecución de la condena.

La exmandataria difundió además imágenes de reuniones anteriores con grupos más pequeños que, dijo, eran habituales en su agenda.

Permanecen autorizadas las visitas habituales: allegados, el núcleo familiar, la custodia policial, profesionales de la salud, los tratantes y los abogados defensores.

La limitación de las visitas constituye una medida procesal dentro de la ejecución de la pena y tiene efecto inmediato sobre los permisos extraordinarios..

Cristina Fernández de Kirchner reaccionó en sus redes sociales y difundió un mensaje titulado “No es la foto… es la Economía estúpido”, con el cual defendió el encuentro y cuestionó la cobertura mediática y al Gobierno por sus críticas al modelo económico.

"No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal", aclaró, y añadió de forma irónica: "¿hay acaso algo más político que reunirse con candidatos antes de una elección?".

La exmandataria difundió además imágenes de reuniones anteriores con grupos más pequeños que, dijo, eran habituales en su agenda.

La exmandataria difundió además imágenes de reuniones anteriores con grupos más pequeños que, dijo, eran habituales en su agenda.

"Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI", agregó.

Finalmente, calificó la política de "bajar la inflación con brutal recesión, destrucción de puestos de trabajo, dólar anclado y salarios congelados" como digna de un "aprendiz de carnicero".

El exministro Julio de Vido anunció que impugnará la orden de detención ante un organismo de la ONU y pidió cumplir la pena en su domicilio, luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso y quedara firme su condena de cuatro años por administración fraudulenta en la causa por la tragedia de Once.

La defensa, encabezada por el abogado Maximiliano Rusconi, difundió un comunicado en el que cuestionó con dureza la decisión del máximo tribunal y advirtió sobre la existencia de un planteo pendiente sobre la prescripción de la acción penal.

Tras el rechazo de la queja por parte de la Corte, el juez del Tribunal Oral Federal N°4 encargado de ejecutar la sentencia, Ricardo Basílico, citó a De Vido para que se presente a ser detenido; la convocatoria original a las 10 fue adelantada a las 8.30 para no solaparse con la audiencia del juicio por los cuadernos.

La defensa anunció que presentará un pedido ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas para activar un mecanismo de “acción urgente” contra la orden de detención.

Según el comunicado, la presentación buscará que el organismo inste al Estado argentino a impedir lo que la defensa califica de una “privación de libertad arbitraria”.

“La Corte Suprema rechazó sin siquiera tratarlo el recurso de queja, y no tenía jurisdicción porque está pendiente un planteo sobre la prescripción”, Maximiliano Rusconi, abogado>

La defensa sostiene que el delito tiene una pena máxima de seis años y que el plazo de prescripción habría vencido el 10 de diciembre de 2024; por ello considera que cualquier detención sería ilegítima y violatoria de garantías.

Fuentes cercanas indicaron además que De Vido, de 75 años, pidió expresamente la posibilidad de cumplir la condena en su domicilio y que continuará en libertad mientras se tramitan los recursos.

El juez Basílico fijó la comparecencia para ejecutar la sentencia y dispuso medidas para garantizar la conexión con el debate por los cuadernos, en el que De Vido también está imputado.

Además de la condena por la tragedia de Once, De Vido presenta otras sentencias: cuatro años por la compra de trenes chatarras y otra condena vinculada a la compra de gas natural licuado.

El tribunal adelantó la citación para evitar coincidencias de audiencias y aclaró que tomará las medidas necesarias para integrar ambas diligencias.

Por ahora, De Vido sigue en libertad y el proceso de ejecución de la pena continuará con la citación del juez, lo que definirá de manera inmediata si se concreta la detención.

Un hombre de 38 años fue condenado a ocho años de prisión por haber abusado sexualmente de su propia hija adolescente en una localidad del sur provincial.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Mariana Vidal, en un juicio oral que finalizó este lunes por la mañana en los tribunales de Rufino (departamento General López).

La fiscal Rafaela Florit estuvo a cargo de la investigación y también representó al MPA en el debate. En tal sentido, luego de conocer el veredicto, valoró que “la magistrada consideró acreditada la acusación que realizamos y ordenó la pena que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.

Florit indicó que “el condenado abusó de su hija entre julio y octubre de 2023, cuando ella transitaba su escolaridad secundaria”, y aclaró que “actualmente, la víctima es mayor de edad”.

La funcionaria del MPA indicó que “los hechos ilícitos se enmarcaron en la convivencia que la adolescente mantenía con el agresor y otros integrantes del grupo familiar”. Según precisó, “él llevaba a cabo sus conductas delictivas en momentos en los que una mujer que era su pareja no estaba en el domicilio”.

En relación al origen de la investigación, la fiscal detalló que “la víctima logró contarle a la madre de su novio lo que había sucedido y esa mujer se comunicó con su consuegra, quien al enterarse realizó la denuncia correspondiente”.

El padre de la víctima fue condenado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por el vínculo, por la guarda y por haber sido cometido contra una persona menor de edad con la cual convivía).

Las iniciales del condenado son HEB. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de su hija.

Por Ornella Pazzi

El ex presidente comunal de Villa Saralegui, Walter Sola, fue condenado por haber agredido y amenazado al productor agropecuario Leonardo González Kees. La sentencia también se extendió a su hijo, Nicolás Sola Capriotti.

Este miércoles pasado el mediodía el juez penal Luis Octavio Silva dio a conocer su veredicto, que supuso penas de cumplimiento condicional, e impuso una serie de restricciones a los condenados. Entre ellas, la prohibición de acercarse y contactar a la víctima.

A Sola padre le impusieron dos años de prisión en suspenso como autor de “daño” y coautor de “amenazas” y “lesiones dolosas leves”. Por estos últimos dos delitos también fue condenado su hijo, a un año y medio de prisión condicional.

El fiscal Francisco Cecchini y el querellante Néstor Oroño dijeron estar conformes con la resolución del magistrado, pero aguardarán a conocer los fundamentos ya que esperaban lograr penas de cumplimiento efectivo.

El defensor de los Sola, Agustín Márquez, se mostró satisfecho con las penas en suspenso y la no aplicación de la agravante de “alevosía” al delito de lesiones, algo que discutió férreamente en sus alegatos. Sin embargo, esperará a conocer por qué el juez decidió condenar. El letrado había solicitado la absolución y, subsidiariamente, la aplicación de penas que no superen los 10 meses.

Oroño recordó que los Sola llegaron a juicio acusados de haber agredido a González el 3 de octubre de 2022 en el patio del edificio comunal de Villa Saralegui. La víctima se presentó en el lugar para “formular un reclamo por un incidente que había ocurrido ese día en relación a una tranquera”.

“Por pretender intercambiar algunas palabras con el presidente comunal y su hijo fue agredido y terminó con lesiones”, además le rompieron el teléfono y lo amenazaron.

Si bien al momento de la denuncia aún no había trascendido públicamente, cuando sucedió la golpiza “el clima estaba un poco enardecido porque había reclamos de los productores por el aumento de la tasa por hectárea que cobra la comuna”.

Ese tema derivó en una investigación paralela, en la que Oroño representa los intereses de la comuna y por la cual la fiscal Bárbara Ilera imputó a los Sola “enriquecimiento ilícito”, “asociación ilícita”, “malversación de caudales” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

“Es la fiscalía la locomotora del caso, y nosotros acompañamos”, explicó Oroño, para quien la pena, “teniendo en cuenta la carencia de antecedentes penales de ambos imputados, creo que está dentro de lo esperable”.

El fiscal Cecchini celebró que las condenas se dieron en “los mismos términos en los que nosotros habíamos acusado” y señaló que “lo único que tenemos es el veredicto, y hay que esperar a los fundamentos, sobre todo en relación al monto de pena y al modo de ejecución, que es diferente al que nosotros pedimos”.

La condena da cuenta “del trabajo que se hizo en forma inmediata a la ocurrencia del hecho”. En ese momento la fiscalía estaba a cargo del Dr. Guillermo Persello, quien llevó a cabo la investigación y también la acusación. “Ese trabajo es el que hoy termina sirviendo para probar en juicio todos los hechos, y nos conforma porque estuvo bien hecho desde un primer momento”, aseguró Cecchini.

La causa tomó resonancia nacional cuando el diputado José Luis Espert -pariente de la víctima- lo visibilizó en sus redes sociales.

El economista, ligado a La Libertad Avanza, fue acusado recientemente de tener vínculos con el narcotráfico por haber recibido una transferencia de 200.000 dólares de una empresa ligada a Federico “Fred” Machado -investigado por la justicia estadounidense por lavado, estafas y narcotráfico-.

Un hombre de 22 años identificado como Marcos Marcelo Sava fue condenado a cinco años de prisión por haber robado una motocicleta que estaba estacionada en la vía pública en Venado Tuerto.

La sentencia fue dispuesta por el juez Leandro Martín en el marco de un juicio oral que finalizó este lunes en los tribunales venadenses.

El fiscal Iván Raposo representó al MPA en el debate, junto con el fiscal Luis Lagioia y su equipo de litigación.

Raposo destacó que “el magistrado consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos y ordenó una pena sólo un año menor a la que habíamos solicitado en nuestros alegatos”. En tal sentido, aclaró que “los cinco años de prisión resultaron de la unificación del monto que le correspondía a Sava por el robo y una condena anterior que él aún no había terminado de cumplir”.

Por otro lado, el funcionario del MPA destacó “la celeridad con la que se conoció el veredicto”. Explicó que “luego de los alegatos de clausura, hubo un intervalo de una hora y el juez volvió a citar a las partes para informarnos oralmente su decisión”.

Raposo indicó que “el sábado 20 de abril del año pasado alrededor de la 1:30, Sava llevó a cabo su accionar delictivo en calle Casey, entre Mitre y Pellegrini”.

El fiscal especificó que “junto con otro hombre que no pudo ser individualizado, el condenado fue en una motocicleta hasta un estacionamiento de birrodados en el que estaba una moto marca Honda modelo Wave de la que se apoderaron ilegítimamente”. Según precisó, “la dueña del vehículo lo había dejado allí alrededor de las 22:00 del día anterior y, como medida de seguridad, había colocado un traba volante que Sava y su acompañante rompieron”.

El funcionario del MPA destacó que “dos hombres fueron testigos de lo sucedido y demostraron un gran nivel de solidaridad y empatía con la víctima, a quien no conocían”, y valoró que “ambos declararon de forma contundente en el debate”.

“Al advertir el hecho ilícito, los testigos trataron de evitar que se concretara el robo”, señaló Raposo. “Más allá de que no lo lograron, uno de ellos recordó que una allegada suya había sufrido un ilícito similar tiempo antes y había difundido por medios digitales una fotografía del autor, que era Sava”, sostuvo y resaltó que “al ver la imagen, el hombre detectó que se trataba de la misma persona”.

En tanto, el fiscal planteó que “la dueña de la moto sustraída en calle Casey hizo una publicación en redes sociales en la que pedía que quien pudiera aportar datos para esclarecer el hecho la contactara”, y añadió que “uno de los testigos, se comunicó con ella y le dijo lo que sabía”.

“En el marco de la investigación penal, la foto de Sava fue corroborada con registros fílmicos de cámaras de videovigilancia municipales y otros elementos probatorios recabados y, cuando se determinó la probabilidad de autoría, se ordenó su detención”, afirmó Raposo. “A raíz de diversas diligencias, el condenado fue privado de su libertad la primera semana de mayo del año pasado”, concluyó.

Sava fue condenado como autor de robo calificado (por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública).

El ladrón que el año pasado intentó robarle la camioneta al doctor Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue condenado este miércoles a cuatro años de prisión, uno menos que los solicitados por la fiscalía.

El hecho investigado tuvo lugar en el estacionamiento Palacio de Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en mayo de 2024, y para el fiscal del caso, Diego Luciani, está encadenado con una serie de violentos incidentes destinados a “hostigar” y “asediar” a Rosatti.

La pena contra Damián Berruet fue impuesta por el Tribunal Oral Federal 2. El juez Néstor Costabel, a cargo del debate, informó este miércoles la decisión de condenar al acusado como “autor penalmente responsable del delito de robo en grado de tentativa doblemente agravado por haber hecho uso de un instrumento similar a una ganzúa y por tratarse de un vehículo en la vía pública”.

Además, el tribunal mantuvo la declaración de reincidencia de Berruet. Costabel ordenó proceder al decomiso de todos los efectos secuestrados. Los fundamentos de la condena se conocerán el próximo 6 de agosto.

Un rato antes, la defensa hizo su alegato y pidió que se imponga al acusado la pena mínima por tentativa de robo común. Este hombre también enfrenta un proceso por tentativa de homicidio a su ex pareja. Berruet, por su parte, volvió a negar que se tratara de un acto planificado.

El intento de robo sucedió el 30 de mayo de 2024, en las afueras del Palacio de Tribunales, mientras adentro se celebraba una audiencia pública con la presencia de Horacio Rosatti, jueces federales y representantes del Consejo de la Magistratura.

En ese contexto, Berruet fue sorprendido por un guardia cuando trataba de forzar la cerradura de una camioneta Toyota SW4 oficial, asignada al presidente de la Corte Suprema, dentro del estacionamiento reservado al máximo tribunal.

Armado con un objeto punzante, amenazó al custodio que lo descubrió y huyó a pie por la calle Uruguay. La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad y terminó dos cuadras después, cuando fue detenido en la esquina de Lavalle y Paraná por agentes de la Policía de la Ciudad.

Según describió en su alegato el fiscal Diego Luciani, el episodio debía ser leído en un contexto de “hostigamiento y asedio” que el juez santafesino viene sufriendo desde 2019.

Tras apuntar al “poder político del gobierno anterior”, Luciani mencionó como ejemplos el intento de hackeo al celular Rosatti y de otros magistrados, el juicio político que impulsó el kirchnerismo en 2023 contra los cuatro integrantes del máximo tribunal y hasta las pintadas que aparecieron tras el fallo que condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner. “El objetivo era Rosatti”, advirtió.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, el día del hecho, el ladrón caminó durante casi un kilómetro y medio, donde pasó junto a por lo menos medio de centenar de autos, antes de llegar al estacionamiento apartado del Palacio de Tribunales. Las imágenes lo mostraron caminando por Uruguay, cruzando sobre Lavalle hacia Tucumán y luego a mitad de cuadra hacia el vehículo de Rosatti.

Había otras camionetas similares, pero se detuvo en la blanca. Chequeó la patente, dijo Luciani, y ahí volvió sobre sus pasos para abrirla. El fiscal subrayó en su indagatoria que, tal vez en un acto fallido, el acusado confesó que buscaba un celular.

En ese sentido, el fiscal señaló que interrogado por el Ministerio Público el acusado confesó el intento de robo. “Confesó lo que vimos en la cámara: lo que surge de los videos. El intento de robo asignada al doctor Rosatti, pero nos intentó hacer creer que el desconocía que era la que pertenecía a Rosatti”, dijo.

"Señor juez -agregó-, esto es una mentira. Ya vamos a ver cómo nos mintió en la cara a todos. A este Ministerio Público no le queda ninguna duda de que es uno más de los actos hostigamientos que tuvo que tolerar el presidente de la Corte Suprema de la Nación".

Según reseñó, “desde 2019” Rosatti ha sido “víctima de un hostigamiento persistente y sistemático”. Luciani habló del intento de robo del inmueble en Santa Fe en noviembre de 2023, “las pintadas y pasacalles intimidades” y la aparición de “artefactos sospechosos que debieron ser detonados”.

Además, enumeró el robo de las declaraciones juradas en el Consejo de la Magistratura de la Nación cuando Rosatti se convirtió en presidente del cuerpo, “sucesivos intentos de hackeos”, la creación de cinco líneas telefónicas a su nombre, “el robo de una mochila en un auto idéntico a este juicio que ocurrió tiempo antes también asignada a doctor Rosatti”.

También incluyó en esa lista la aparición de mensajes intimidatorios tras la condena que derivó en la detención de Cristina Kirchner. “Detrás de este hecho hay un trasfondo oscuro y sombrío que Damián Berruet oculta”, afirmó el fiscal.

El Partido Justicialista defendió a la ex presidenta y actual titular del partido, Cristina Kirchner, frente a la condena ratificada por la Corte Suprema a 6 años de prisión por la Causa Vialidad, y advirtió que se trata de un “acto político antidemocrático”.

A través de un comunicado, el PJ manifestó que es “un hecho de gravedad institucional”.

El comunicado del Partido Justicialista.

“Reviste un nivel inédito de gravedad institucional. No estamos frente a un fallo judicial, sino frente a un acto político de carácter antidemocrático. La democracia que hemos sabido construir en estos cuarenta años está sostenida en el firme principio del derecho ciudadano a ejercer libremente la soberanía popular”, expresó el partido.

A su vez, la fuerza sostuvo que se trata de “ponerle cepo al voto popular”, en los mismos términos que se expresó este martes la expresidente tras conocerse la ratificación de la condena.

El PJ llamó a sus militantes a “pelear” por “dejar atrás la Argentina de la proscripción”. Reuters / Tomas Cuesta.

“Va contra los preceptos sobre los que fundamos nuestro país y nuestra Constitución”, expuso y añadió que es un hecho que “daña profundamente la credibilidad de las instituciones argentinas” y que “debe despertar” el repudio del resto de los partidos políticos.

Al respecto, agregó. “Nuestro partido conoce de proscripciones, detenciones ilegales, fusilamientos, bombardeos y desaparecidos. No será la primera vez que el poder económico de la Argentina intente resolver de manera ilegal, irregular y anticonstitucionalista su problema principal: el peronismo”.

Desde el partido indicaron que el peronismo se plantea ante los argentinos como “una alternativa a su modelo excluyente y fracasado”.

Por último, el PJ llamó a todos sus militantes a “pelear” por “dejar atrás la Argentina de la proscripción”, al afirmar: “Convocamos a quienes creen que hay una alternativa a este modelo económico y a todos los argentinos y argentinas que creen que en el derecho de nuestro pueblo a elegir sus representantes”.

Un hombre de 35 años identificado como Leandro Ezequiel Acebedo fue condenado a nueve años de prisión por haber cometido tres robos con armas de fuego en Rufino. La pena además se le impuso por haber privado de su libertad a tres personas en una vivienda y por haber efectuado un disparo en un local comercial.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Lorena Garini, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales rufinenses. En función de antecedentes penales condenatorios, Acebedo fue declarado reincidente.

El fiscal Mauro Menéndez realizó la investigación penal y representó al MPA en la audiencia en la que se desarrolló el juicio.

Menéndez planteó que “el condenado llevó adelante su accionar delictivo entre enero y marzo de 2022”. En relación al primer hecho, expuso que “ingresó a una vivienda y, con el fin de robar, amenazó con un arma de fuego a un hombre que estaba allí”, y remarcó que “a su vez encerró en una habitación a una mujer y sus dos hijos menores de edad, quienes también estaban en el lugar”. Según puntualizó, “luego se apoderó de dinero en efectivo y escapó al advertir que un móvil policial se acercaba al domicilio”.

“Al día siguiente Acebedo fue hasta una carnicería, amedrentó con un arma de fuego a un hombre que estaba atendiendo el negocio y le sustrajo la recaudación”, especificó Menéndez. “Antes de irse, realizó un disparo dentro del local y el proyectil impactó en la suela de una de las zapatillas que llevaba puestas un adolescente”, agregó.

Por último, el fiscal planteó que “a las pocas semanas, el condenado volvió a robar”. Precisó que “entró a un comercio, apuntó un arma de fuego hacia dos empleados y se apropió tanto del dinero que había en la caja registradora como del que las víctimas tenían en sus billeteras”, y añadió que “también se llevó sin pagar 13 paquetes de cigarrillos”.

Acebedo fue condenado como autor de tres hechos de robo calificado por el uso de arma de fuego (en dos de los casos, no se pudo acreditar la aptitud para el disparo); tres hechos de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia, y abuso de armas.

Un hombre de 55 años identificado como Daniel Iván Favilla fue condenado a 19 años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija de su pareja en Venado Tuerto. Así fue resuelto por unanimidad por la jueza Mariana Vidal y los jueces y Leandro Martín y Aldo Baravalle en el marco de un juicio oral que finalizó hoy a la mediodía en los tribunales venadenses.

La fiscal Mayra Vuletic estuvo a cargo de la investigación y también fue la encargada de representar al MPA en el debate.

“Valoramos la decisión del tribunal no sólo porque resolvió condenar al acusado, sino también porque lo hizo por unanimidad, por la misma calificación penal que planteamos en nuestros alegatos y por el mismo monto de pena”, subrayó la fiscal.

En relación con el debate, la funcionaria del MPA sostuvo que “fue complejo y tuvimos que sortear distintos obstáculos, pero lo hicimos y pudimos demostrar que el acusado cometió los ilícitos tal como lo sostuvimos desde el inicio de la investigación”.

Por otra parte, Vuletic destacó que “tras conocer el veredicto, pedimos que se revocara la modalidad domiciliaria de la prisión preventiva que el condenado cumplió durante el proceso judicial”, y valoró que “el tribunal hizo lugar a nuestro requerimiento”. En tal sentido, explicó que “hasta que el fallo adquiera firmeza, permanecerá detenido en un establecimiento penitenciario como medida cautelar”.

Vuletic indicó que “Favilla llevó a cabo su accionar delictivo en reiteradas oportunidades entre 2017 y 2021”, y agregó que “en aquel momento, la víctima transitaba su escolaridad secundaria”. Al respecto, puntualizó que “los ilícitos tuvieron lugar en una casa en la que convivían el condenado junto con su pareja, la adolescente y sus hermanos menores”.

La funcionaria del MPA hizo hincapié en que “Favilla abusaba de la víctima y además la obligaba a ver videos con contenido sexual”. A su vez, la fiscal planteó que “por el contexto intrafamiliar y las características de las vulneraciones, lo sucedido tuvo entidad suficiente para afectar y corromper el normal desarrollo psicosexual de la adolescente y le generó un grave daño en la salud mental”.

Por otro lado, Vuletic mencionó que “la víctima pudo develar lo sucedido en 2020 a una amiga”, y agregó que “en 2022, cuando ya era mayor de edad, realizó la denuncia penal en la Fiscalía”.

Favilla fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en cantidad reiteradas de veces, agravado (por la situación de convivencia con una víctima menor de 18 años y por resultar un grave daño a la salud mental de la misma) y corrupción de menores agravada. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso presentado por la defensa del médico Aníbal Lotocki y dejó firme la condena que pesa sobre él por las lesiones ocasionadas a Estefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Graciela Trenchi y Silvina Luna —esta última fallecida en 2023—, a quienes les aplicó un producto con microesferas de polimetil metacrilato (PMMA) en procedimientos estéticos.

Lotocki permanece detenido con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza, en el marco de otra causa por la muerte de Rodolfo Christian Zárate, ocurrida en 2021, tras complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica.

La causa que revisó el máximo tribunal se centró en las lesiones que el médico le provocó a Pamela Sosa en noviembre de 2008, cuando le aplicó en la clínica “Full Esthetic” un relleno que derivó en múltiples tumoraciones y un proceso inflamatorio crónico.

Casos similares atravesaron Silvina Luna —intervenida por Lotocki en 2011—, quien falleció tras años de complicaciones médicas, y Xipolitakis, quien fue tratada en 2014. En tanto, Trenchi fue operada en 2015 bajo la promesa de colocación de hilos tensores, pero recibió una inyección del mismo compuesto.

“Aníbal Lotocki es un médico que ha sido violento con sus pacientes: en el marco de la confianza que estableció con las cuatro víctimas, las usó para sus propósitos personales y les estropeó la salud”, sostuvo en su alegato el fiscal Sandro Abraldes.

El médico había sido condenado en febrero de 2022 por el Tribunal Oral y Correccional N°28 a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación, sentencia que fue apelada por las querellas y el Ministerio Público Fiscal. En noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación duplicó la pena a ocho años de prisión y dictó la inhabilitación cautelar para ejercer la medicina.

La defensa había llevado el caso a la Corte Suprema buscando revertir la decisión, pero el tribunal —con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— rechazó el recurso por no tratarse de una sentencia definitiva, lo que allana el camino para que se ejecute la condena.

Como una película de suspenso se vivieron los minutos previos a las 10 y media de la mañana de este jueves, plazo límite reglamentario para que la Cámara de Diputados inicie la sesión pedida por el oficialismo y la oposición cercana a La Libertad Avanza para tratar, entre otros temas, el proyecto de ley de Ficha Limpia, que impide a dirigentes con condena en segunda instancia por hechos de corrupción ser candidatos a cargos electivos nacionales.

Aprobada esta ley, estaría comprometida la participación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en los comicios de 2025. Y este dato resultó crucial en los días previos y en el debate que hubo en el recinto.

Finalmente, la incógnita se reveló con más ausencias que la semana pasada, cuando el quórum había arañado los 129 escaños ocupados, necesarios para debatir el tema. Ese día faltaron a la cita dos legisladores por cuestiones de salud.

Este jueves fueron 116 las diputadas y diputados sentados en sus bancas, 13 menos de los requeridos y entre esas ausencias resaltaban varias de La Libertad Avanza.

Al igual que siete días atrás, Unión por la Patria y la Izquierda no se sumaron a la sesión.

Pero sobre lo que pasó entre una semana y otra hubo varias interpretaciones y algunas se vertieron en el recinto donde no hubo sesión pero sí expresiones de minoría. En ese contexto, Silvia Lospenato (PRO), firme impulsora de esta iniciativa desde el año 2017, brindó un encendido discurso en el que directamente arriesgó que "los corruptos deben estar festejando; también los terroristas (se iba a tratar la ley de juicio en ausencia) y los delincuentes (por el también frustrado tratamiento de la ley de reiterancia). Y concluyó: "Los diputados que no vinieron creen que los corruptos merecen impunidad".

Un poco más allá fue Juan Manuel López (Coalición Cívica), que advirtió que el presidente Javier Milei la quiere a Cristina Fernández de Kirchner de candidata en las legislativas de 2025, "para que (José Luis) Espert o Karina (Milei) le ganen". "La quieren a Cristina Kirchner de candidata; ese es el acuerdo y se acaba de consolidar", lanzó en directa alusión a varias ausencias del bloque oficialista.

El radical Rodrigo de Loredo no se quedó atrás, y evaluó que "se ocupó el oficialismo de frenar por segunda vez algo que la Argentina quiere".

La sesión de este jueves fue la cuarta convocada para esta semana en la Cámara baja. De ese total, la única que se logró concretar fue la que 24 horas antes otorgó media sanción a la prevención de la ludopatía, debate que insumió doce horas y concluyó a la medianoche.

Con la reunión de este jueves prácticamente concluye el período de sesiones ordinarias en la Cámara baja. La fecha límite es el 30 de noviembre pero, salvo que se convoque a una nueva sesión para las escasas horas que quedan hasta esa fecha, habrá que esperar a una posible convocatoria a extraordinarias para que el cuerpo legislativo se vuelva a reunir. Y al temario que envíe el Ejecutivo a los fines de esa convocatoria para saber si el Presupuesto 2025 será de la partida.

Luego de que el pasado lunes 8, en la ciudad de Venado Tuerto, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario, integrado de manera colegiada por los doctores Román Pablo Lanzón, en carácter de presidente; Eduardo Daniel Rodrígues Da Cruz y Elena Beatriz Dilario, en el rol de vocales, resolvieron condenar, en forma definitiva y por unanimidad, a Mauro Nahuel Novelino -actualmente alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza-, a la pena de siete años de prisión y accesorias legales, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de coacciones agravadas en perjuicio del intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y del ex delegado regional del Ministerio de Seguridad, Sergio Maidana (en la gestión del gobernador Omar Perotti), el mandatario venadense se refirió a la nueva condena, que se suma a los 15 años que ya se encuentra pugnando Novelino por venta de droga, y aseguró que las amenazas “no nos asustan ni nos van a hacer retroceder”. 

“Es importante destacar que Nahuel Novelino ya cumple una condena de 15 años y está preso en el penal de Ezeiza, y a esa condena ahora se le suman siete años más. Lo más importante de esta condena –destacó Chiarella- no tiene que ver con las amenazas, sino con un mensaje muy claro hacia las bandas narcocriminales, donde les decimos que se terminaron los privilegios adentro de la cárcel”. 

En cuanto a los motivos de las amenazas de Novelino hacia los funcionarios, Leonel Chiarella admitió que “fueron porque quería que lo dejen de trasladar de un lugar a otro”, asegurando que “eso implicaba estar en un mismo lugar para poder gozar de privilegios, hacer home office y organizar el delito desde la cárcel. Nosotros no vamos a permitir que los delincuentes tengan estos privilegios, porque tienen que estar bien presos, no puede ser que organicen el delito, amenacen y amedrenten a los vecinos desde adentro de la cárcel”. 

Seguidamente, el intendente venadense celebró el fallo del Tribunal Oral de Rosario donde se condena a Nahuel Novelino y subrayó: “No nos gusta poner el foco en las amenazas, porque son cosas que nos van a seguir pasando y que no nos dan miedo ni nos van a hacer retroceder. Acá lo importante es que se termine el home office y los privilegios que tenían los presos desde la cárcel, y este es un claro ejemplo de eso”.

En otro orden, Chiarella habló sobre la complicidad del personal penitenciario para que los presos tengan la facilidad de cometer hechos ilícitos desde sus celdas, exclamando que, “si un preso tiene un celular y organiza delitos desde la cárcel es porque alguien se lo dejo entrar. Por eso, la decisión de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro para que en las cárceles provinciales halla inhibidores de señal, mayor control y separación de los efectivos policiales que sean cómplices del delito”.

“No podemos permitir que los delincuentes estén más cómodos dentro de la cárcel que afuera. Para eso trabajamos nosotros desde el gobierno local, en mi caso como intendente denunciando con nombre y apellido quienes son los que venden y distribuyen droga, estén en libertad o presos. Es una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro el de terminar con los privilegios de los presos”, finalizó el intendente Leonel Chiarella. 

Cabe señalar que la resonante causa se instruyó en el Juzgado Federal de Venado Tuerto, donde su titular Aurelio Cuello Murúa dictó el auto de procesamiento, y posteriormente se elevó el expediente al Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, que este lunes hizo público el veredicto.

A fines de marzo, el fiscal federal en lo Criminal de Rosario, Fernando Arrigo, había solicitado nueve años de prisión para el acusado de amenazar de muerte al intendente Chiarella y al funcionario provincial Maidana, en una audiencia que se llevó adelante en los tribunales venadenses de calle Chacabuco y Castelli, en tanto que la Defensa pidió posponer la exposición, como finalmente sucedió, para este lunes 8 de abril, con el objetivo de hablar previamente con Mauro Novelino.  

El origen de los sucesos data del 24 de enero de 2023, cuando Sergio Maidana radicó una denuncia luego de recibir un mensaje de whatsapp que decía: “Tenes contacto. Con los de arriba? Desiles que me dejen de trasladar de acá para allá por [que] hay balas para todos. Empezando por Chiarela. Ok?” (sic). Más adelante, lo llamaron en reiteradas oportunidades, aunque optó por no atender. 

Luego de una serie de medidas investigativas, la Fiscalía solicitó, tres días después, el allanamiento de la celda en el complejo penitenciario de Marcos Paz, donde estaba alojado Novelino, ocasión en que fueron secuestradas varias anotaciones en poder del imputado.

Más adelante dio comienzo un proceso judicial que adquirió resonancia provincial y nacional, semanas atrás, cuando el intendente Chiarella fue convocado a declarar, en el marco del juicio oral, ante el Tribunal Federal de Rosario integrado por los jueces Lanzón, Dilario y Rodrígues Da Cruz. En esa situación, el primer mandatario venadense aseguró que “conté cómo se desarrollaron los hechos en ese momento, donde decían que ‘las balas eran para Chiarella’. Luego de que me comunicaran dichas amenazas, se tomaron las medidas de seguridad correspondientes”.

Por eso “hice hincapié en que estas amenazas tienen que ver con las denuncias que venimos llevando adelante contra los principales líderes de las bandas narcos de nuestra ciudad, tanto Nahuel Novelino, como Maximiliano Ríos (el Guacho Maxi), como Matías Álvarez”, agregó con lujo de detalles.

Y en este caso “puntualmente tiene que ver con Nahuel Novelino, que lo venimos denunciando desde que estaba en libertad y después cuando quedó preso, ya que cometía delitos desde la cárcel. En las diferentes unidades penitenciarias donde estuvo, se encargó de organizar delitos, ya sea en Rawson, en Salta, en Piñero o en Marcos Paz”.

Por su parte, el acusado desmintió tener algo contra el intendente, aunque admitió que le molestaban las denuncias en su contra que Chiarella venía realizando desde 2018 y también que haya exhibido su fotografía en el acto de apertura del período ordinario de sesiones del Concejo Municipal.

La Cámara Federal de Casación rechazó un planteo de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, contra uno de los jueces y el fiscal que deben revisar su condena a seis años de prisión en la Causa Vialidad.

El máximo tribunal penal, con una formación integrada por el juez Diego Barroetaveña, rechazó una recusación planteada por la ex presidente justamente contra el juez Barroetaveña.

Cristina Kirchner también recusó al fiscal general Mario Villar, quien pidió que se duplique la condena en su contra, de seis a 12 años de cárcel.

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y el propio Barroetaveña rechazaron la recusación planteada por el abogado defensor de la ex presidenta, Alberto Beraldi, contra Barroetaveña y el fiscal Villar.

El fallo explica que el fiscal Villar también dictaminó en contra de la recusación contra sí mismo.

"De conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal y oída que fue la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en autos, el recurso intentado debe ser declarado inadmisible", sostiene el fallo.

Cristina Kirchner aspiraba que la recusación fuera revisada por la Corte Suprema, como última instancia judicial ante su planteo.

La inadmisiblidad del recurso le cierra la vía directa, pero le queda aún la posibilidad de apelar a un recurso de "queja", de muy improbable éxito para los intereses de la ex vicepresidenta.

Esta tarde, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunirá con el policía Luis Chocobar, quien fue condenado por el crimen de un delincuente.

El encuentro está programado para las 14 horas y tendrá lugar en la sede de la cartera policial, ubicada en Gelly y Obes 2289.

La notoriedad de Chocobar surgió cuando, en la mañana del 8 de diciembre de 2017 en el barrio porteño de La Boca, intervino para ayudar al turista estadounidense Frank Wolek, quien fue herido por dos jóvenes que intentaban robarle una cámara de fotos.

En el proceso, terminó con la vida de uno de los ladrones, identificado como Pablo Kukoc.

Durante el juicio por este incidente, el Tribunal Oral de Menores número dos lo condenó a dos años de prisión por homicidio "en exceso del cumplimiento del deber". Sin embargo, se le permitió permanecer como miembro de la policía, aunque se le prohibió realizar "funciones operativas" y usar armas de fuego durante cinco años.

Desde la divulgación del caso, Bullrich respaldó públicamente al efectivo en varias ocasiones.

Condenaron a Luis Chocobar, un policía que hizo su trabajo: defender a una víctima de un asalto e intento de homicidio. Esta sentencia condena a toda la sociedad: ¿qué policía va a querer actuar sabiendo que terminará juzgado? Lamentablemente, el relato pudo más que la verdad. pic.twitter.com/nktK2lLfYM

La justicia condenó este jueves a 10 años de prisión a una monja por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante agravado" contra cinco adolescentes con quienes convivió en el Hogar de las Hermanas Trinitarias de Boulogne, en el partido bonaerense de San Isidro.

La sentencia a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Isidro, integrado por los jueces Sebastián Urquijo, Alberto Ortolani y Gonzalo Aquino recayó sobre María Tellez Fajardo (Sor Marina), de nacionalidad colombiana, quien se encontraba con prisión preventiva.

Según el fallo, Tellez Fajardo fue encontrada culpable por ser "autora penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por tratarse de una persona encargada de la guarda y contra menores de 18 años y aprovechando la situación de convivencia preexistente, su relación de autoridad y que las víctimas no haya podido consentir libremente el accionar".

Los abusos se produjeron contra cinco adolescentes de entre 12 a 17 años durante 2017 y 2021 en el Hogar ubicado en la calle Carlos Tejedor número 348.

En noviembre, la querella había solicitado una condena de 15 años de prisión y la fiscalía, otra de 10.

El juez Aquino consideró en la sentencia que "lo que ha quedado probado aquí es que la imputada no protagonizó un acto aislado, fugaz, discontinuo o sorpresivo en perjuicio de sus víctimas".

"Inexorablemente tal circunstancia configura una mayor ofensa a la dignidad e integridad sexual, moral y personal de las damnificadas, que sufrieron un grado de degradación o vejación superior al del abuso sexual simple", remarcó el magistrado al referirse al período de entre "2 y 5 años".

Para el magistrado, "es evidente que María Tellez Farjado actuó desde una posición de aprovechamiento de convivencia preexistente con las menores desde que eran nada menos que niñas institucionalizadas en un Hogar de la Congregación de la cual la misma era parte, y que los abusos se consumaban en la propia casa - Hogar donde la imputada junto" a las víctimas "compartían la vida en común".

Esta situación "permitió la comisión de los hechos ventilados en el presente legajo y de la cual se valió la primera para lograr sus objetivos -que no eran otros más que satisfacer sus propios deseos sexuales- en ocasión que se encontraba a solas con las criaturas".

Una de las víctimas que en ese momento tenía 14 años, declaró en el juicio oral y público que los "cinco o seis" hechos de abuso ocurrieron en la cocina donde ella trabajaba.

La abogada de una de las víctimas relató que la adolescente le había comentado lo ocurrido a la directora del hogar -Sor Silvia Challu- y que ella "le respondió que iban a esperar una señal divina que le indiquen que era lo que tenían que hacer, una señal de Dios".

De acuerdo a los declarado en el debate por la licenciada en Psicología del Centro de Atención a la Víctima de la Fiscalía General de San Isidro, Sonia Oettel, otra de las víctimas "describió que la actitud del hogar era de tapar todo, que ella había recurrido a Sor Silvia para contarle lo de Marina pero que descreyó de ella y la trató de mentirosa".

Otra de las víctimas señaló, según el testimonio de Oettel, que todas las jóvenes le hablaron "de la misma persona denunciada" y que los abusos se daban en la cocina del Hogar y en una dependencia que el lugar tenía por fuera dentro del mismo predio.

En uno de los casos, la adolescente, luego de sufrir dos episodios de abusos, dijo haberse sentido muy triste tras de lo ocurrido y comenzó a "autoagredirse a través de cortes en sus brazos", por lo que tuvo que ser hospitalizada.

El 12 de abril de 2022 el fiscal Marcelo Fuenzalida, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género de San Isidro, firmó el pedido de elevación a juicio de la causa por abusos sexuales contra Sor Marina.

Fuenzalida hizo el pedido a la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, titular del Juzgado de Garantías 3 de San Isidro, quien denegó el pedido de sobreseimiento solicitado por la defensa.

Tellez Fajardo estuvo cinco días en la DDI de San Isidro y después fue trasladada a la Alcaidía de La Plata N° 3, donde permaneció durante seis meses en el pabellón femenino.

Por su parte, la defensa de sor Marina, encabezada por Alejandro López Romano, manifestó que "impugnará la resolución que condenó hoy a la religiosa, para que sea revisada por el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires".

"De esta manera, luego de analizar exhaustivamente todos los pormenores de la sentencia, buscaremos en la instancia superior, plantear que hubo inaplicabilidad de la Ley y la doctrina legal, dado que se han calificado los hechos sobre una figura más gravosa que la que representaban las denuncias", agregó el letrado.

"De hecho, uno de los tres jueces se manifestó en este sentido al plantear en el fallo la figura del abuso sexual simple, que hubiera merecido una pena sustancialmente menor", destacó López Romano.

Además, enfatizó que "no se han valorado elementos probatorios objetivos que contradicen las conclusiones y razonamientos para quebrar el principio de inocencia".

Sor Marina llegó a esa residencia en mayo de 2017 y en abril de 2021 se concretó la primera denuncia y fue detenida el 10 de junio de 2022 (ver video al inicio de la nota).

Según describen en su página web, el trabajo de las Hermanas Trinitarias "en Argentina se ha desarrollado básicamente en hogares, de menores adolescentes y de jóvenes" y "el sentido de estos ha sido, desde los orígenes, ofrecer una casa, hogar y familia, a aquellas jóvenes que debían dejar la suya o no la tenían". La comunidad de religiosas fue fundada el 2 de febrero de 1885 en Madrid.

En 2019, la justicia argentina condenó a tres años de prisión a la monja Luisa Ester Toledo en 2019, pero por privación ilegítima de la libertad agravada bajo la utilización de violencia y amenazas contra otras dos monjas de inferior rango en Paraná.

En octubre de 2023, fueron absueltas, junto a otros siete acusadas, las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez acusadas por abusos sexuales contra niños hipoacúsicos o por omitir denunciar esos hechos ocurridos en el Instituto Próvolo de Mendoza.

Dos hombres fueron condenados por abusar sexualmente de una misma niña de su entorno familiar en Recreo y Colonia San José (ambas localidades del departamento La Capital). Se trata de Silvio Domingo Moreyra, de 42 años, a quien se le impusieron 16 años de prisión; y Mario Alberto Stanek, de 31 años, a quien se le ordenó cumplir 15 años de prisión.

La sentencia fue dispuesta por unanimidad por un tribunal integrado por los jueces Jorge Patrizi (presidente), Nicolás Falkenberg y Octavio Silva, en el marco de un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Tanto a Moreyra como a Stanek se los condenó como autores de "abuso sexual con acceso carnal calificado por la convivencia". Al hombre de 42 años, además, se le impuso la pena por la autoría de "promoción a la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima y la convivencia".

La investigación fue realizada por la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de la Fiscalía Regional 1. En tanto, las fiscales Luciana Escobar Cello y Jorgelina Moser Ferro representaron al MPA en el debate.

Tras conocer el veredicto, Escobar Cello valoró que "los magistrados hicieron lugar a todas las pretensiones de la fiscalía", y explicó que "las dos personas juzgadas fueron condenadas según las penas y calificaciones legales de los ilícitos que solicitamos en la acusación".

Escobar Cello señaló que "la víctima fue agredida sexualmente por el tío de sus hermanos -Moreyra-, y por la pareja de su madre -Stanek-". Según precisó, "los abusos fueron cometidos entre 2017 y 2021 y comenzaron cuando quien los sufrió iba a la escuela primaria".

La fiscal afirmó que "los condenados atentaron contra la integridad sexual de la niña en reiteradas oportunidades", y remarcó que "se aprovecharon de la convivencia con ella en diferentes viviendas". En tal sentido, subrayó que "durante años, Moreyra vulneró a la víctima casi a diario".

La representante del MPA aseguró que "por sus características y contexto, los hechos delictivos tuvieron entidad suficiente para adelantar el libre y progresivo desarrollo de la sexualidad de la víctima".

"En marzo de 2021, la víctima estaba internada en el hospital protomédico de Recreo por una afección no vinculada a los abusos y logró relatar ante personal médico y una familiar las prácticas sexuales a las que era sometida por parte de Moreyra desde tiempo antes", puntualizó la fiscal.

"Con el avance de la investigación, se determinó que la menor además había sido agredida sexualmente por la pareja de su madre", expuso Escobar Cello.

Asimismo, manifestó que "al ser entrevistada en cámara Gesell, la víctima -quien ya es adolescente-, narró de forma contundente sus padecimientos".

Este miércoles se llevó a cabo una audiencia en los Tribunales Provinciales de Cañada de Gómez -dpto. Iriondo-, contra un hombre sindicado como responsable de violar a una menor de edad. Por lo tanto, el Juez de Primera Instancia Dr. Campos resolvió homologar el procedimiento abreviado presentado por la fiscalía, representada por el Fiscal Dr. Franco Miatello, aceptado por la defensa, convalidado por la víctima, condenando a Alfredo Edgardo Benítez a 10 años de prisión efectiva por los delitos de Grooming, Amenazas coactivas y Abuso sexual con acceso carnal en concurso real y en carácter de autor.

La Fiscalía le atribuyó desde tiempo previo al 18 de enero de 2021, haber establecido comunicación por medios electrónicos cuando desde su celular se contactó mediante WhatsApp con la víctima de 13 años, presentándose con otra identidad teniendo la edad de 16 años. Luego de entablar una conversación utilizando otro nombre, le efectúa amenazas diciéndole que iba a exponerla si ésta no le enviaba material audiovisual exhibiendo sus partes íntimas. Además, se le endilga a Benítez exigirle a la menor verla, concretando el encuentro en la ciudad de Armstrong -dpto. Belgrano- en una zona no habitada, abusando sexualmente de ella, bajo amenazas de que si no accedía publicaría el material que le envió.

Los demás datos en relación a cómo ocurrieron los hechos y a la identidad de la víctima se mantienen en reserva para preservar su integridad.

El fiscal federal Abel Córdoba solicitó la inmediata detención de Leonardo Fariña para que cumpla con su condena de 3 años y seis meses de prisión en la causa por la Ruta del dinero K. Esta petición se realiza debido a que ya fue detenido en otra investigación por lavado de dinero.

Fariña fue detenido por orden del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, quien lo encontró en una financiera del barrio porteño de Belgrano. Se lo acusa de lavado de dinero y violación al régimen cambiario, a lo que alegó que no es el propietario de la financiera, sino que estaba allí para visitar a sus amigos, quienes son los dueños.

La detención de Fariña complica su situación en otras causas, como la de la “ruta del dinero K”, donde ya fue condenado a una pena de 3 años y seis meses, pero estaba en libertad. Ahora, el fiscal Abel Córdoba reclama al Tribunal Oral Federal 4 que ordene su detención y le haga cumplir la pena.

Fariña estaba en libertad mientras se discutía la ejecución de la condena, que estaba en manos de la Cámara Federal de Casación Penal.

Además, el fiscal también solicitó que sea detenido preventivamente en el juicio iniciado recientemente por lavado de dinero en la compra del campo “El Entrevero” en Uruguay, una maniobra por la cual también está siendo juzgado el empresario Lázaro Báez.

Al pedir la medida, el fiscal Córdoba argumentó que Fariña “cuenta con acceso a medios económicos suficientes y al margen de cualquier control, como para lograr eludir la acción de la Justicia”. Además, consideró que tiene “vínculos con diversas personas con las que actualmente comparte condición de imputados”.

También señaló el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la “expectativa de nuevas condenas” por los juicios del Entrevero y esta otra causa en el fuero penal económico.