Confirmaron en segunda instancia la condena a 11 años de prisión impuesta a un hombre por haber abusado sexualmente de la hija menor de edad de una mujer que era su pareja en Elortondo. El hombre condenado tiene 46 años y sus iniciales son CMM. El tribunal de la Alzada estuvo integrado por los jueces Juan Pablo Lavini Rosset, Daniel Curik y Tomás Orso.

La fiscal Susana Pepino realizó la investigación y representó al MPA en las distintas etapas del proceso judicial. Tras conocer el veredicto, valoró que “los camaristas rechazaron todos los agravios planteados por la Defensa, los cuáles estuvieron vinculados a la valoración de la prueba y al monto de la pena única dispuesta en el juicio oral”, y aclaró que “en ese momento, se ponderó que el condenado tenía un antecedente penal condenatorio”.

La funcionaria del MPA también subrayó que “los jueces de segunda instancia manifestaron que la postura defensiva carecía de perspectiva de la infancia”, y explicó que “el abogado del condenado cuestionó que la víctima haya relatado sus padecimientos con palabras y recursos propios de su edad”.

Pepino recordó que “el condenado atentó contra la integridad sexual de la víctima en la época en la que ella transitaba el primer tramo de la escuela secundaria”, y agregó que “por entonces ambos convivían con la madre de la niña en una zona rural de Elortondo”.

“El agresor abusó de la víctima en diferentes ocasiones en las que estuvieron a solas en un lugar descampado y en el domicilio en el que residían”, especificó la funcionaria del MPA. “Para evitar que la niña hablara con otras personas acerca de lo sucedido, él solía amenazarla con matarlas a ella o a su madre si alguien se enteraba”, agregó.

La condena confirmada es por la autoría de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, ambos delitos reiterados y calificados (por haber sido cometidos en contra de una víctima menor de 18 años, aprovechándose de la convivencia preexistente).

Identidad

El nombre y apellido del condenado no se informan para evitar la revictimización de la víctima.

Una investigación dirigida por el fiscal Iván Gastón Raposo, Fiscal Coordinador de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, concluyó con la condena de Elías David Masetto a la pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo.

El acuerdo de procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía fue homologado por el juez interviniente, Leandro Martín.

La condena comprendió tres hechos delictivos. El primero ocurrió el 21 de marzo de 2023 en Teodelina, donde Masetto intervino junto con otro hombre en la sustracción de una motocicleta Zanella ZB 110 que se encontraba estacionada frente a una vivienda de calle Bartolomé Mitre al 230.

El segundo hecho tuvo lugar durante la madrugada del 10 de enero de 2026 en el comercio “Calzalindo Norte”, ubicado en avenida Chapuis y Dimmer de Venado Tuerto. En esa oportunidad, el condenado arrojó reiteradamente piedras contra la vidriera del local con la finalidad de ingresar, aunque no consiguió romperla. La secuencia fue registrada por cámaras de seguridad y su posterior análisis permitió identificarlo.

El tercer episodio ocurrió el 31 de enero de 2026 en inmediaciones de la plaza Italia de Venado Tuerto. Allí, Masetto rompió botellas de vidrio y utilizó dos de sus picos para atacar a un adolescente que le había pedido que dejara de arrojar vidrios en el lugar. La víctima sufrió heridas cortantes y otras lesiones de carácter leve.

Este último hecho fue cometido pocos días después de que Masetto recuperara la libertad bajo reglas de conducta que le imponían mantener buena conducta y abstenerse de cometer nuevos delitos, configurándose también una desobediencia a la autoridad.

Los hechos fueron calificados como hurto calificado; robo simple en grado de tentativa; y lesiones leves dolosas en concurso ideal con desobediencia a la autoridad, todos ellos en concurso real.

Aunque Masetto no registraba antecedentes condenatorios computables, la Fiscalía rechazó que la pena fuera de ejecución condicional. Para ello se valoraron la reiteración de conductas delictivas y, especialmente, que el último hecho había sido cometido a escasos días de haberse dispuesto su libertad bajo reglas de conducta.

Finalmente, se acordó una pena de un año de prisión efectiva. Masetto, asistido por su defensora pública, reconoció los hechos, aceptó las calificaciones legales y prestó conformidad con la pena y su modalidad de cumplimiento.

Las víctimas fueron informadas acerca de los alcances del procedimiento abreviado y de la pena acordada, y manifestaron su conformidad con la solución adoptada.

El fiscal coordinador Iván Raposo resaltó la importancia del trabajo que se lleva adelante en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y Delitos Conexos, equipo que también integra la fiscal adjunta Larisa Barucca.

Quedó en prisión preventiva un hombre de 36 años, cuyas iniciales son CJM, al que se investiga por haber agredido con un arma blanca a la pareja de su madre en Rufino.

La medida cautelar fue solicitada por la fiscal Rafaela Florit e impuesta por el juez Aldo Baravalle, en una audiencia desarrollada en los tribunales rufinenses.

Florit valoró que “se hizo lugar a nuestro requerimiento a pesar de que la Defensa propuso alternativas”, y puntualizó que “había tanto peligro de fuga como de entorpecimiento probatorio”. Al respecto, precisó que “el imputado vivía en la provincia de Buenos Aires y viajó hasta Rufino sólo para cometer el ilícito”, y mencionó que “una vez que se inició la investigación, se mantuvo prófugo varios días”.

Florit indicó que “el sábado 13 de junio el imputado ingresó sin autorización a la vivienda rufinense en la que residían su madre y un hombre que era la pareja de ella, ubicada en calle Manuel Roca al 900”, y aclaró que “la mujer no estaba allí en ese momento”.

“Una vez en el domicilio, el investigado fue hasta una habitación en la que la víctima estaba durmiendo y la apuñaló en un tobillo mientras la amenazaba de muerte”, especificó la fiscal. “Para cometer el ataque, usó un cuchillo u otro elemento punzante similar”, afirmó.

Asimismo, expuso que “al advertir que el hombre herido perdía mucha sangre, el imputado lo trasladó en un automóvil hasta el hospital SAMCo de Rufino, donde lo obligó a bajar y lo amedrentó con el fin de que no revelara quién lo había agredido”. Según resaltó, “el conductor en ningún momento dejó de empuñar el arma blanca”.

La fiscal detalló que “horas después de la agresión, agentes policiales fueron hasta la casa en la que había tenido lugar, a fin de notificar a la víctima acerca de una medida de exclusión del hogar”, y agregó que “al llegar, encontraron la puerta abierta y una mancha de sangre”.

“Tras constatar que no había nadie en el inmueble, los uniformados contactaron de inmediato a la madre del hombre que quedó en preventiva y ella les dijo que estaba bien y que desconocía lo que había ocurrido en su domicilio”, relató Florit.

En tanto, manifestó que “los miembros de la fuerza de seguridad recibieron información del hospital referida al ingreso de la persona herida de arma blanca, quien expresó que el hijo de su pareja había sido el autor del ataque”. En función de ello, subrayó que “se pidió la colaboración de la mujer, quien se comunicó con el hombre investigado pero no logró que él se presentara de inmediato en una dependencia policial”.

“En el marco de la investigación, se relevaron cámaras de seguridad que permitieron reconstruir el recorrido que el imputado hizo en un auto del que es titular durante 20 minutos en los que estuvo en Rufino el día del ilícito”, sostuvo la representante del MPA.

“Además, se obtuvo documentación en la que figuraba la dirección de un familiar del atacante, en la ciudad bonaerense de Longchamps, donde se realizó un allanamiento en el que no se pudo ubicar al investigado, quien presuntamente residía en su vehículo”, explicitó. “Con todo, luego de ese procedimiento el imputado se presentó en una comisaría de esa localidad, fue detenido y luego extraditado a nuestra provincia”, concluyó.

El hombre de iniciales CJM es investigado como autor de lesiones leves dolosas, amenazas calificadas por el uso de arma, amenazas coactivas y violación de domicilio.

Dos policías fueron condenados por haberle sustraído 1.500 dólares a un hombre en el marco de un control vehicular en la ciudad de Santa Fe. Se trata de Pablo Tomás Pérez y Leandro Nahuel Cárdena, a quienes respectivamente se les impusieron tres años de prisión condicional y dos años y seis meses de prisión condicional y se los inhabilitó para ejercer la función policial por el doble del tiempo de las penas que recibieron. Además, se les ordenó pagar multas por 2.400.000 pesos –cada uno tendrá que abonar 1.200.000 pesos.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Rosana Carrara, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló esta tarde en los tribunales de la capital provincial.

El fiscal Ezequiel Hernández llevó a cabo la investigación que permitió llegar a las condenas. En tal sentido, destacó que “la víctima pudo recuperar la totalidad de su dinero momentos después del ilícito”, y agregó que “hoy estuvo presente en la audiencia y manifestó ante la jueza su conformidad con lo resuelto”. 

Hernández afirmó que “el viernes 3 de julio alrededor de las 19:00, los condenados brindaban servicio en la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I y, con abuso de sus funciones, en Boulevard Pellegrini y San Lorenzo interceptaron a un hombre que circulaba en un automóvil en el que también iba su pequeño hijo”.

El fiscal relató que “los policías le dijeron al hombre que resultó víctima que se trataba de un control vehicular, revisaron el auto y encontraron dinero en moneda nacional y en dólares estadounidenses”. En tal sentido, remarcó que “le aseguraron que estaba prohibido tener efectivo en el auto, amenazaron con detenerlo y poner al niño a disposición ‘de Niñez’ y le manifestaron que si en lugar de obedecerlos decidía denunciarlos, iba a terminar ‘dentro de una bolsa’”.

Según detalló el funcionario del MPA, “a raíz de la intimidación y por temor a sufrir daños mayores, el conductor les entregó a los uniformados 400 dólares en la esquina de Luciano Molinas y Saavedra”. A su vez, puntualizó que “cuando los policías se alejaron, advirtió que además le habían hurtado 1.100 dólares que tenía guardados debajo de un asiento”.

En tanto, el fiscal valoró que “de inmediato, la víctima radicó la denuncia correspondiente ante la Unidad Especial de Asuntos Internos, cuyos integrantes hallaron los 1.500 dólares en poder de los condenados”, y remarcó que “actuaron de forma rápida y eficaz”.

“Pérez además fue condenado porque el año pasado agredió físicamente a un joven en el marco de un procedimiento policial desarrollado en Santo Tomé por el supuesto robo de una motocicleta”, sostuvo Hernández.

En relación con este ilícito, señaló que “al requisar a la víctima, quien estaba junto a otras personas en cercanías de la esquina de Uruguay y Gobernador Iriondo, el uniformado le dio un golpe de puño y un codazo en el rostro”. Al respecto, precisó que “el joven resultó herido”.

Responsabilidad penal

Pérez y Cárdena reconocieron su responsabilidad penal como coautores de exacciones ilegales agravadas y hurto calificado (por haber sido cometido por integrantes de la fuerza policial). A su vez, el policía al que se investigó por el ilícito que tuvo lugar en Santo Tomé admitió la autoría de vejaciones.

Junto con sus abogados defensores, los condenados aceptaron la atribución delictiva, las penas impuestas y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

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Un hombre de 45 años de iniciales MIC fue condenado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de dos niñas de su entorno familiar en una localidad del departamento General López. Así lo resolvieron por unanimidad las juezas Silvina Marinucci y Andrea Cavallero y el juez Adrián Godoy en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de Melincué.

El fiscal Julián Cochero representó al MPA en el debate. Luego de la lectura de la sentencia, indicó que “si bien valoramos la sentencia condenatoria, analizaremos los fundamentos del tribunal para evaluar los pasos a seguir, sobre todo en relación con el monto de la pena impuesta”.

Por otro lado, el fiscal destacó que “tal como lo solicitamos en nuestros alegatos, se dispuso que el autor de los ilícitos continúe en prisión preventiva hasta que el fallo adquiera firmeza”.

“El condenado vulneró la integridad sexual de dos integrantes de su entorno familiar durante la infancia y la adolescencia de las víctimas”, sostuvo el fiscal Cochero.

A su vez, el funcionario del MPA precisó que “el hombre de iniciales MIC cometió la mayoría de los ilícitos en su vivienda”, y detalló que “solía aprovechar momentos en que se quedaba a cargo de cuidar a las niñas y reuniones familiares en las que coincidían”. Además, puntualizó que “el hombre abusó de una de las víctimas en un automóvil y en la casa en la que ella residía”. 

 Al condenado se le impuso la pena a 16 años de prisión como autor de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos delitos agravados por la guarda.

El nombre y apellido del condenado se omiten para preservar la identidad de las víctimas y evitar su revictimización.

Un hombre de 25 años identificado como Juan Pablo Espíndola fue condenado a 17 años y seis meses de prisión como coautor del homicidio de Adriana Estela Villa, cometido en 2024 en Venado Tuerto. La sentencia fue dispuesta por el juez Leandro Martín, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales venadenses.

El fiscal Damián Casullo estuvo a cargo de la investigación. En tal sentido, informó que el monto de la pena que se le impuso a Espíndola resultó de la unificación de 15 años de prisión que le correspondían por el homicidio y un antecedente de ejecución condicional que él aún no había terminado de cumplir”.

Asimismo, Casullo precisó que “el otro coautor del ilícito, Kevin Fabián Aranda, ya había sido condenado en otro juicio abreviado”. Puntualizó que “en diciembre del año pasado, recibió una pena a 19 años de prisión por haberle quitado la vida a Villa y por haber intentado matar también a otra persona”.

El funcionario del MPA indicó que “el sábado 1 de junio de 2024 alrededor de las 20, los condenados fueron hasta una casa ubicada en el barrio Tiro Federal, donde discutieron con el hijo de Villa”. Especificó que “el día anterior, Espíndola y Aranda le habían vendido una campera a ese hombre y le fueron a hacer un reclamo por el precio”.

“De forma coordinada, los condenados amedrentaron tanto al comprador como a integrantes de su familia”, afirmó Casullo. “Aranda golpeó con un revólver al hombre con el que habían hecho la transacción y, además, apuntó el arma hacia el abdomen de una mujer que estaba en el lugar”, resaltó.

En tanto, el fiscal expuso que “momentos más tarde, los coautores se apropiaron de la campera y se fueron en dos bicicletas”. Al respecto, señaló que “mientras se alejaban, salieron a la vereda varias personas que estaban en el inmueble, entre ellas, Villa”, y subrayó que “Aranda utilizó el revólver para disparar hacia ella con el fin de matarla”. Según detalló, “la víctima recibió el impacto de un proyectil en la cabeza y murió a causa de la agresión”.

Casullo manifestó que “Espíndola y Aranda fueron individualizados rápidamente a partir de declaraciones de testigos y registros de cámaras de seguridad”. A su vez, destacó que “aunque trataron de procurar su impunidad, fueron detenidos horas después del ataque a raíz de allanamientos realizados en diferentes puntos de Venado Tuerto”.

“Esa misma semana, los condenados fueron imputados y se ordenó la prisión preventiva para ambos”, recordó el fiscal.

Espíndola reconoció su responsabilidad penal como coautor de homicidio agravado (por el uso de arma de fuego). Junto con su abogada defensora, aceptó la pena única a 17 años y seis meses de prisión, así como la modalidad del juicio.

Por su parte, familiares de la víctima fatal participaron de la audiencia en la que se dispuso la condena y expresaron que están de acuerdo con lo resuelto.

Un hombre fue condenado a 14 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija adolescente en Venado Tuerto. Así fue dispuesto por un tribunal integrado por las juezas Silvina Marinucci, Mariana Vidal y Adrián Godoy, en el marco de un juicio oral que finalizó este jueves en los tribunales venadenses.

La fiscal Mayra Vuletic estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate. En relación con lo dispuesto, valoró que “se consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos y se ordenó una pena cercana a la que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.

La funcionaria del MPA sostuvo que “el condenado agredió sexualmente a la víctima en reiteradas oportunidades en 2023”, y especificó que “por entonces, ella transitaba la primera parte de su escolaridad secundaria”.

Vuletic planteó que “los ilícitos fueron cometidos en una casa en la que residía el padre de la adolescente”, y mencionó que “ella vive en otra localidad y solía ir a Venado Tuerto para visitarlo a él”.

En tanto, la fiscal subrayó que “durante los abusos, el condenado amedrentaba a la víctima con un cuchillo”. Asimismo, manifestó que “para instarla a guardar silencio sobre sus padecimientos, la amenazaba con hacerles daño a ella o a su madre”.

Con todo, la fiscal destacó que “alrededor de dos meses después de los hechos delictivos, la adolescente pudo contarle a su madre lo que había sucedido”. En tal sentido, indicó que “al enterarse, la mujer radicó de inmediato la denuncia que dio origen a la investigación”.

El padre de la víctima fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal agravado (por ser ascendiente de la víctima y por el empleo de arma).

Identidad

El condenado tiene 48 años y sus iniciales son OJC. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de su hija, quien comparte el apellido con él.

Un hombre de 32 años identificado como Jorge Daniel Fredes fue condenado a cuatro años de prisión por una tentativa de robo agravada que cometió en Venado Tuerto. La pena también se le impuso por violación de domicilio, desobediencia a la autoridad y evasión.

La sentencia fue ordenada por el juez Leandro Martín en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales venadenses. El fiscal Iván Raposo estuvo a cargo de la investigación y la fiscal Larisa Baruca y el fiscal Luis Lagioia representaron al MPA en el debate.

Luego de la lectura del veredicto, los fiscales valoraron que “se haya condenado al autor de los ilícitos". En tal sentido, destacaron que "el monto de la pena dispuesta es similar al que habíamos solicitado en nuestros alegatos" y agregaron que “a raíz de que contaba con antecedentes penales condenatorios, Fredes fue declarado reincidente por segunda vez”.

Los hechos

Baruca y Lagioia señalaron que “minutos antes de las 7 de la mañana del sábado 14 de febrero pasado, Fredes ingresó a una casa ubicada en la calle Strenitz al 1400”.

“Fue a una habitación de la vivienda en la que estaba la dueña, a quien amedrentó con un cuchillo mientras le exigía la entrega de dinero”, relataron los funcionarios del MPA y agregaron que “ante los gritos de auxilio de la víctima se fue corriendo del lugar”.

Los representantes del MPA explicaron que “a raíz de un aviso al 911, personal policial llegó a la zona y comenzó a buscar a Fredes” y añadieron que “para esconderse de la policía, el condenado intentó ingresar sin autorización a tres viviendas”.

"Aproximadamente una hora más tarde, los uniformados lo ubicaron en inmediaciones de la manzana circundada por las calles Lola Mora, Isaac Sigal, Alfonsina Storni y Camarero y le dieron la voz de alto en reiteradas oportunidades”, informaron.

“Fredes hizo caso omiso de las órdenes y trató de escapar, pero fue aprehendido por personal policial”, manifestaron.

Los fiscales plantearon que “Fredes fue trasladado a la Comisaría Segunda de Venado Tuerto, donde forzó las esposas de seguridad que le habían colocado y logró escaparse”. No obstante, remarcaron que “finalmente fue recapturado en el asentamiento ‘Las Mojarras’, donde fue encontrado en una vivienda, recostado en una cama con las esposas reglamentarias colocadas solamente en su muñeca izquierda”, destacaron.

Delitos

Fredes fue condenado por la autoría de los delitos de tentativa de robo agravado (por el uso de arma blanca); violación de domicilio (tres hechos); desobediencia a la autoridad y evasión.

Cristina Fernández de Kirchner pasará la noche de Año Nuevo internada en el Sanatorio Otamendi, donde permanece alojada desde el pasado 20 de diciembre, cuando fue ingresada de urgencia y sometida a una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La ex presidenta continúa bajo control médico estricto.

A once días de la operación, el último parte difundido por la institución médica encendió señales de alerta al señalar una evolución más lenta de lo habitual. El comunicado, firmado por la directora médica del sanatorio, Marisa Lafranconi, detalló que la paciente presenta complicaciones propias del posoperatorio.

“Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio”, indicó el parte oficial difundido el lunes, que confirmó además la continuidad del tratamiento antibiótico endovenoso.

El íleo posoperatorio es una parálisis transitoria del intestino que suele producirse luego de cirugías abdominales. Esta condición provoca la detención del tránsito intestinal y puede extender los tiempos de internación, razón por la cual el equipo médico decidió mantenerla bajo observación permanente.

Desde su ingreso, la ex mandataria permanece alojada en una habitación individual. En ese contexto, pasó la Nochebuena y Navidad internada, sin que se difundieran imágenes ni apariciones públicas, un dato que incrementó la preocupación en su círculo cercano y entre sus seguidores.

El estado de salud de Cristina Kirchner se convirtió en un tema de atención política y mediática, no solo por su figura pública, sino también por el contexto judicial que atraviesa. La internación se produjo mientras cumple una condena de prisión en modalidad domiciliaria en el marco de la causa por direccionamiento de obra pública en Santa Cruz.

La combinación entre su situación judicial y la evolución clínica generó incertidumbre sobre los próximos pasos, tanto en el plano personal como político. Hasta el momento, no hubo actividad pública conocida ni comunicaciones directas por parte de la ex presidenta.

El último parte médico advirtió una lenta recuperación.

Fuentes cercanas señalaron que el equipo médico prioriza la evolución clínica antes de definir un eventual alta, y que cualquier decisión dependerá de la respuesta al tratamiento antibiótico y de la normalización del funcionamiento intestinal.

Mientras tanto, dirigentes del kirchnerismo y militantes expresaron su preocupación y aguardaron señales positivas sobre su recuperación. La falta de apariciones públicas contrasta con la intensa actividad política que la ex mandataria suele mantener, incluso en contextos adversos.

El silencio público y la permanencia en el sanatorio reforzaron el clima de expectativa. Desde su entorno evitaron realizar declaraciones que puedan anticipar plazos médicos, subrayando que se trata de un proceso que requiere prudencia y seguimiento constante.

En paralelo, el Sanatorio Otamendi mantuvo una comunicación medida, limitándose a partes oficiales sin proyecciones temporales. Esta cautela responde tanto a la evolución clínica como a la relevancia institucional de la paciente.

A medida que se acerca el inicio de un nuevo año, la situación de Cristina Kirchner permanece atravesada por la atención médica, la preocupación política y el impacto simbólico de pasar las fiestas internada, un escenario que refuerza la expectativa por su recuperación.

Los magistrados que condenaron a Cristina Fernández de Kirchner limitaron las visitas que puede recibir en su arresto domiciliario en San José 1111, Monserrat, de la ciudad de Buenos Aires.

El juez federal a cargo de la ejecución de la sentencia del caso Vialidad, Jorge Gorini, dispuso reducir las condiciones de las visitas extraordinarias en la residencia donde cumple el arresto domiciliario la expresidenta.

La decisión se adoptó después de que circulara una imagen que mostró a la expresidenta junto a nueve personas en el living del departamento. El tribunal consideró que la concurrencia simultánea desnaturalizó las condiciones del arresto domiciliario.

El abogado Carlos Beraldi pidió permisos para que economistas la visitaran, pero, según fuentes judiciales, en los escritos no se consignó que todos vendrían al mismo tiempo ni que se reunirían en San José 1111.

El juez Gorini fundamentó su resolución en la necesidad de preservar las condiciones impuestas por la medida de arresto domiciliario y evitar situaciones que puedan modificar su alcance.

La resolución establece que esas visitas no podrán superar las dos horas. Además, cada encuentro podrá incluir hasta tres personas y se autorizarán como máximo dos visitas extraordinarias por semana.

La restricción apunta exclusivamente a las visitas extraordinarias; la resolución mantiene las otras excepciones previstas para la ejecución de la condena.

La exmandataria difundió además imágenes de reuniones anteriores con grupos más pequeños que, dijo, eran habituales en su agenda.

Permanecen autorizadas las visitas habituales: allegados, el núcleo familiar, la custodia policial, profesionales de la salud, los tratantes y los abogados defensores.

La limitación de las visitas constituye una medida procesal dentro de la ejecución de la pena y tiene efecto inmediato sobre los permisos extraordinarios..

Cristina Fernández de Kirchner reaccionó en sus redes sociales y difundió un mensaje titulado “No es la foto… es la Economía estúpido”, con el cual defendió el encuentro y cuestionó la cobertura mediática y al Gobierno por sus críticas al modelo económico.

"No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal", aclaró, y añadió de forma irónica: "¿hay acaso algo más político que reunirse con candidatos antes de una elección?".

La exmandataria difundió además imágenes de reuniones anteriores con grupos más pequeños que, dijo, eran habituales en su agenda.

La exmandataria difundió además imágenes de reuniones anteriores con grupos más pequeños que, dijo, eran habituales en su agenda.

"Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI", agregó.

Finalmente, calificó la política de "bajar la inflación con brutal recesión, destrucción de puestos de trabajo, dólar anclado y salarios congelados" como digna de un "aprendiz de carnicero".

El exministro Julio de Vido anunció que impugnará la orden de detención ante un organismo de la ONU y pidió cumplir la pena en su domicilio, luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso y quedara firme su condena de cuatro años por administración fraudulenta en la causa por la tragedia de Once.

La defensa, encabezada por el abogado Maximiliano Rusconi, difundió un comunicado en el que cuestionó con dureza la decisión del máximo tribunal y advirtió sobre la existencia de un planteo pendiente sobre la prescripción de la acción penal.

Tras el rechazo de la queja por parte de la Corte, el juez del Tribunal Oral Federal N°4 encargado de ejecutar la sentencia, Ricardo Basílico, citó a De Vido para que se presente a ser detenido; la convocatoria original a las 10 fue adelantada a las 8.30 para no solaparse con la audiencia del juicio por los cuadernos.

La defensa anunció que presentará un pedido ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas para activar un mecanismo de “acción urgente” contra la orden de detención.

Según el comunicado, la presentación buscará que el organismo inste al Estado argentino a impedir lo que la defensa califica de una “privación de libertad arbitraria”.

“La Corte Suprema rechazó sin siquiera tratarlo el recurso de queja, y no tenía jurisdicción porque está pendiente un planteo sobre la prescripción”, Maximiliano Rusconi, abogado>

La defensa sostiene que el delito tiene una pena máxima de seis años y que el plazo de prescripción habría vencido el 10 de diciembre de 2024; por ello considera que cualquier detención sería ilegítima y violatoria de garantías.

Fuentes cercanas indicaron además que De Vido, de 75 años, pidió expresamente la posibilidad de cumplir la condena en su domicilio y que continuará en libertad mientras se tramitan los recursos.

El juez Basílico fijó la comparecencia para ejecutar la sentencia y dispuso medidas para garantizar la conexión con el debate por los cuadernos, en el que De Vido también está imputado.

Además de la condena por la tragedia de Once, De Vido presenta otras sentencias: cuatro años por la compra de trenes chatarras y otra condena vinculada a la compra de gas natural licuado.

El tribunal adelantó la citación para evitar coincidencias de audiencias y aclaró que tomará las medidas necesarias para integrar ambas diligencias.

Por ahora, De Vido sigue en libertad y el proceso de ejecución de la pena continuará con la citación del juez, lo que definirá de manera inmediata si se concreta la detención.

Un hombre de 38 años fue condenado a ocho años de prisión por haber abusado sexualmente de su propia hija adolescente en una localidad del sur provincial.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Mariana Vidal, en un juicio oral que finalizó este lunes por la mañana en los tribunales de Rufino (departamento General López).

La fiscal Rafaela Florit estuvo a cargo de la investigación y también representó al MPA en el debate. En tal sentido, luego de conocer el veredicto, valoró que “la magistrada consideró acreditada la acusación que realizamos y ordenó la pena que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.

Florit indicó que “el condenado abusó de su hija entre julio y octubre de 2023, cuando ella transitaba su escolaridad secundaria”, y aclaró que “actualmente, la víctima es mayor de edad”.

La funcionaria del MPA indicó que “los hechos ilícitos se enmarcaron en la convivencia que la adolescente mantenía con el agresor y otros integrantes del grupo familiar”. Según precisó, “él llevaba a cabo sus conductas delictivas en momentos en los que una mujer que era su pareja no estaba en el domicilio”.

En relación al origen de la investigación, la fiscal detalló que “la víctima logró contarle a la madre de su novio lo que había sucedido y esa mujer se comunicó con su consuegra, quien al enterarse realizó la denuncia correspondiente”.

El padre de la víctima fue condenado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por el vínculo, por la guarda y por haber sido cometido contra una persona menor de edad con la cual convivía).

Las iniciales del condenado son HEB. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de su hija.

Por Ornella Pazzi

El ex presidente comunal de Villa Saralegui, Walter Sola, fue condenado por haber agredido y amenazado al productor agropecuario Leonardo González Kees. La sentencia también se extendió a su hijo, Nicolás Sola Capriotti.

Este miércoles pasado el mediodía el juez penal Luis Octavio Silva dio a conocer su veredicto, que supuso penas de cumplimiento condicional, e impuso una serie de restricciones a los condenados. Entre ellas, la prohibición de acercarse y contactar a la víctima.

A Sola padre le impusieron dos años de prisión en suspenso como autor de “daño” y coautor de “amenazas” y “lesiones dolosas leves”. Por estos últimos dos delitos también fue condenado su hijo, a un año y medio de prisión condicional.

El fiscal Francisco Cecchini y el querellante Néstor Oroño dijeron estar conformes con la resolución del magistrado, pero aguardarán a conocer los fundamentos ya que esperaban lograr penas de cumplimiento efectivo.

El defensor de los Sola, Agustín Márquez, se mostró satisfecho con las penas en suspenso y la no aplicación de la agravante de “alevosía” al delito de lesiones, algo que discutió férreamente en sus alegatos. Sin embargo, esperará a conocer por qué el juez decidió condenar. El letrado había solicitado la absolución y, subsidiariamente, la aplicación de penas que no superen los 10 meses.

Oroño recordó que los Sola llegaron a juicio acusados de haber agredido a González el 3 de octubre de 2022 en el patio del edificio comunal de Villa Saralegui. La víctima se presentó en el lugar para “formular un reclamo por un incidente que había ocurrido ese día en relación a una tranquera”.

“Por pretender intercambiar algunas palabras con el presidente comunal y su hijo fue agredido y terminó con lesiones”, además le rompieron el teléfono y lo amenazaron.

Si bien al momento de la denuncia aún no había trascendido públicamente, cuando sucedió la golpiza “el clima estaba un poco enardecido porque había reclamos de los productores por el aumento de la tasa por hectárea que cobra la comuna”.

Ese tema derivó en una investigación paralela, en la que Oroño representa los intereses de la comuna y por la cual la fiscal Bárbara Ilera imputó a los Sola “enriquecimiento ilícito”, “asociación ilícita”, “malversación de caudales” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

“Es la fiscalía la locomotora del caso, y nosotros acompañamos”, explicó Oroño, para quien la pena, “teniendo en cuenta la carencia de antecedentes penales de ambos imputados, creo que está dentro de lo esperable”.

El fiscal Cecchini celebró que las condenas se dieron en “los mismos términos en los que nosotros habíamos acusado” y señaló que “lo único que tenemos es el veredicto, y hay que esperar a los fundamentos, sobre todo en relación al monto de pena y al modo de ejecución, que es diferente al que nosotros pedimos”.

La condena da cuenta “del trabajo que se hizo en forma inmediata a la ocurrencia del hecho”. En ese momento la fiscalía estaba a cargo del Dr. Guillermo Persello, quien llevó a cabo la investigación y también la acusación. “Ese trabajo es el que hoy termina sirviendo para probar en juicio todos los hechos, y nos conforma porque estuvo bien hecho desde un primer momento”, aseguró Cecchini.

La causa tomó resonancia nacional cuando el diputado José Luis Espert -pariente de la víctima- lo visibilizó en sus redes sociales.

El economista, ligado a La Libertad Avanza, fue acusado recientemente de tener vínculos con el narcotráfico por haber recibido una transferencia de 200.000 dólares de una empresa ligada a Federico “Fred” Machado -investigado por la justicia estadounidense por lavado, estafas y narcotráfico-.

Un hombre de 22 años identificado como Marcos Marcelo Sava fue condenado a cinco años de prisión por haber robado una motocicleta que estaba estacionada en la vía pública en Venado Tuerto.

La sentencia fue dispuesta por el juez Leandro Martín en el marco de un juicio oral que finalizó este lunes en los tribunales venadenses.

El fiscal Iván Raposo representó al MPA en el debate, junto con el fiscal Luis Lagioia y su equipo de litigación.

Raposo destacó que “el magistrado consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos y ordenó una pena sólo un año menor a la que habíamos solicitado en nuestros alegatos”. En tal sentido, aclaró que “los cinco años de prisión resultaron de la unificación del monto que le correspondía a Sava por el robo y una condena anterior que él aún no había terminado de cumplir”.

Por otro lado, el funcionario del MPA destacó “la celeridad con la que se conoció el veredicto”. Explicó que “luego de los alegatos de clausura, hubo un intervalo de una hora y el juez volvió a citar a las partes para informarnos oralmente su decisión”.

Raposo indicó que “el sábado 20 de abril del año pasado alrededor de la 1:30, Sava llevó a cabo su accionar delictivo en calle Casey, entre Mitre y Pellegrini”.

El fiscal especificó que “junto con otro hombre que no pudo ser individualizado, el condenado fue en una motocicleta hasta un estacionamiento de birrodados en el que estaba una moto marca Honda modelo Wave de la que se apoderaron ilegítimamente”. Según precisó, “la dueña del vehículo lo había dejado allí alrededor de las 22:00 del día anterior y, como medida de seguridad, había colocado un traba volante que Sava y su acompañante rompieron”.

El funcionario del MPA destacó que “dos hombres fueron testigos de lo sucedido y demostraron un gran nivel de solidaridad y empatía con la víctima, a quien no conocían”, y valoró que “ambos declararon de forma contundente en el debate”.

“Al advertir el hecho ilícito, los testigos trataron de evitar que se concretara el robo”, señaló Raposo. “Más allá de que no lo lograron, uno de ellos recordó que una allegada suya había sufrido un ilícito similar tiempo antes y había difundido por medios digitales una fotografía del autor, que era Sava”, sostuvo y resaltó que “al ver la imagen, el hombre detectó que se trataba de la misma persona”.

En tanto, el fiscal planteó que “la dueña de la moto sustraída en calle Casey hizo una publicación en redes sociales en la que pedía que quien pudiera aportar datos para esclarecer el hecho la contactara”, y añadió que “uno de los testigos, se comunicó con ella y le dijo lo que sabía”.

“En el marco de la investigación penal, la foto de Sava fue corroborada con registros fílmicos de cámaras de videovigilancia municipales y otros elementos probatorios recabados y, cuando se determinó la probabilidad de autoría, se ordenó su detención”, afirmó Raposo. “A raíz de diversas diligencias, el condenado fue privado de su libertad la primera semana de mayo del año pasado”, concluyó.

Sava fue condenado como autor de robo calificado (por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública).

El ladrón que el año pasado intentó robarle la camioneta al doctor Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue condenado este miércoles a cuatro años de prisión, uno menos que los solicitados por la fiscalía.

El hecho investigado tuvo lugar en el estacionamiento Palacio de Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en mayo de 2024, y para el fiscal del caso, Diego Luciani, está encadenado con una serie de violentos incidentes destinados a “hostigar” y “asediar” a Rosatti.

La pena contra Damián Berruet fue impuesta por el Tribunal Oral Federal 2. El juez Néstor Costabel, a cargo del debate, informó este miércoles la decisión de condenar al acusado como “autor penalmente responsable del delito de robo en grado de tentativa doblemente agravado por haber hecho uso de un instrumento similar a una ganzúa y por tratarse de un vehículo en la vía pública”.

Además, el tribunal mantuvo la declaración de reincidencia de Berruet. Costabel ordenó proceder al decomiso de todos los efectos secuestrados. Los fundamentos de la condena se conocerán el próximo 6 de agosto.

Un rato antes, la defensa hizo su alegato y pidió que se imponga al acusado la pena mínima por tentativa de robo común. Este hombre también enfrenta un proceso por tentativa de homicidio a su ex pareja. Berruet, por su parte, volvió a negar que se tratara de un acto planificado.

El intento de robo sucedió el 30 de mayo de 2024, en las afueras del Palacio de Tribunales, mientras adentro se celebraba una audiencia pública con la presencia de Horacio Rosatti, jueces federales y representantes del Consejo de la Magistratura.

En ese contexto, Berruet fue sorprendido por un guardia cuando trataba de forzar la cerradura de una camioneta Toyota SW4 oficial, asignada al presidente de la Corte Suprema, dentro del estacionamiento reservado al máximo tribunal.

Armado con un objeto punzante, amenazó al custodio que lo descubrió y huyó a pie por la calle Uruguay. La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad y terminó dos cuadras después, cuando fue detenido en la esquina de Lavalle y Paraná por agentes de la Policía de la Ciudad.

Según describió en su alegato el fiscal Diego Luciani, el episodio debía ser leído en un contexto de “hostigamiento y asedio” que el juez santafesino viene sufriendo desde 2019.

Tras apuntar al “poder político del gobierno anterior”, Luciani mencionó como ejemplos el intento de hackeo al celular Rosatti y de otros magistrados, el juicio político que impulsó el kirchnerismo en 2023 contra los cuatro integrantes del máximo tribunal y hasta las pintadas que aparecieron tras el fallo que condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner. “El objetivo era Rosatti”, advirtió.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, el día del hecho, el ladrón caminó durante casi un kilómetro y medio, donde pasó junto a por lo menos medio de centenar de autos, antes de llegar al estacionamiento apartado del Palacio de Tribunales. Las imágenes lo mostraron caminando por Uruguay, cruzando sobre Lavalle hacia Tucumán y luego a mitad de cuadra hacia el vehículo de Rosatti.

Había otras camionetas similares, pero se detuvo en la blanca. Chequeó la patente, dijo Luciani, y ahí volvió sobre sus pasos para abrirla. El fiscal subrayó en su indagatoria que, tal vez en un acto fallido, el acusado confesó que buscaba un celular.

En ese sentido, el fiscal señaló que interrogado por el Ministerio Público el acusado confesó el intento de robo. “Confesó lo que vimos en la cámara: lo que surge de los videos. El intento de robo asignada al doctor Rosatti, pero nos intentó hacer creer que el desconocía que era la que pertenecía a Rosatti”, dijo.

"Señor juez -agregó-, esto es una mentira. Ya vamos a ver cómo nos mintió en la cara a todos. A este Ministerio Público no le queda ninguna duda de que es uno más de los actos hostigamientos que tuvo que tolerar el presidente de la Corte Suprema de la Nación".

Según reseñó, “desde 2019” Rosatti ha sido “víctima de un hostigamiento persistente y sistemático”. Luciani habló del intento de robo del inmueble en Santa Fe en noviembre de 2023, “las pintadas y pasacalles intimidades” y la aparición de “artefactos sospechosos que debieron ser detonados”.

Además, enumeró el robo de las declaraciones juradas en el Consejo de la Magistratura de la Nación cuando Rosatti se convirtió en presidente del cuerpo, “sucesivos intentos de hackeos”, la creación de cinco líneas telefónicas a su nombre, “el robo de una mochila en un auto idéntico a este juicio que ocurrió tiempo antes también asignada a doctor Rosatti”.

También incluyó en esa lista la aparición de mensajes intimidatorios tras la condena que derivó en la detención de Cristina Kirchner. “Detrás de este hecho hay un trasfondo oscuro y sombrío que Damián Berruet oculta”, afirmó el fiscal.

El Partido Justicialista defendió a la ex presidenta y actual titular del partido, Cristina Kirchner, frente a la condena ratificada por la Corte Suprema a 6 años de prisión por la Causa Vialidad, y advirtió que se trata de un “acto político antidemocrático”.

A través de un comunicado, el PJ manifestó que es “un hecho de gravedad institucional”.

El comunicado del Partido Justicialista.

“Reviste un nivel inédito de gravedad institucional. No estamos frente a un fallo judicial, sino frente a un acto político de carácter antidemocrático. La democracia que hemos sabido construir en estos cuarenta años está sostenida en el firme principio del derecho ciudadano a ejercer libremente la soberanía popular”, expresó el partido.

A su vez, la fuerza sostuvo que se trata de “ponerle cepo al voto popular”, en los mismos términos que se expresó este martes la expresidente tras conocerse la ratificación de la condena.

El PJ llamó a sus militantes a “pelear” por “dejar atrás la Argentina de la proscripción”. Reuters / Tomas Cuesta.

“Va contra los preceptos sobre los que fundamos nuestro país y nuestra Constitución”, expuso y añadió que es un hecho que “daña profundamente la credibilidad de las instituciones argentinas” y que “debe despertar” el repudio del resto de los partidos políticos.

Al respecto, agregó. “Nuestro partido conoce de proscripciones, detenciones ilegales, fusilamientos, bombardeos y desaparecidos. No será la primera vez que el poder económico de la Argentina intente resolver de manera ilegal, irregular y anticonstitucionalista su problema principal: el peronismo”.

Desde el partido indicaron que el peronismo se plantea ante los argentinos como “una alternativa a su modelo excluyente y fracasado”.

Por último, el PJ llamó a todos sus militantes a “pelear” por “dejar atrás la Argentina de la proscripción”, al afirmar: “Convocamos a quienes creen que hay una alternativa a este modelo económico y a todos los argentinos y argentinas que creen que en el derecho de nuestro pueblo a elegir sus representantes”.

Un hombre de 35 años identificado como Leandro Ezequiel Acebedo fue condenado a nueve años de prisión por haber cometido tres robos con armas de fuego en Rufino. La pena además se le impuso por haber privado de su libertad a tres personas en una vivienda y por haber efectuado un disparo en un local comercial.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Lorena Garini, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales rufinenses. En función de antecedentes penales condenatorios, Acebedo fue declarado reincidente.

El fiscal Mauro Menéndez realizó la investigación penal y representó al MPA en la audiencia en la que se desarrolló el juicio.

Menéndez planteó que “el condenado llevó adelante su accionar delictivo entre enero y marzo de 2022”. En relación al primer hecho, expuso que “ingresó a una vivienda y, con el fin de robar, amenazó con un arma de fuego a un hombre que estaba allí”, y remarcó que “a su vez encerró en una habitación a una mujer y sus dos hijos menores de edad, quienes también estaban en el lugar”. Según puntualizó, “luego se apoderó de dinero en efectivo y escapó al advertir que un móvil policial se acercaba al domicilio”.

“Al día siguiente Acebedo fue hasta una carnicería, amedrentó con un arma de fuego a un hombre que estaba atendiendo el negocio y le sustrajo la recaudación”, especificó Menéndez. “Antes de irse, realizó un disparo dentro del local y el proyectil impactó en la suela de una de las zapatillas que llevaba puestas un adolescente”, agregó.

Por último, el fiscal planteó que “a las pocas semanas, el condenado volvió a robar”. Precisó que “entró a un comercio, apuntó un arma de fuego hacia dos empleados y se apropió tanto del dinero que había en la caja registradora como del que las víctimas tenían en sus billeteras”, y añadió que “también se llevó sin pagar 13 paquetes de cigarrillos”.

Acebedo fue condenado como autor de tres hechos de robo calificado por el uso de arma de fuego (en dos de los casos, no se pudo acreditar la aptitud para el disparo); tres hechos de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia, y abuso de armas.

Un hombre de 55 años identificado como Daniel Iván Favilla fue condenado a 19 años de prisión por haber abusado sexualmente de la hija de su pareja en Venado Tuerto. Así fue resuelto por unanimidad por la jueza Mariana Vidal y los jueces y Leandro Martín y Aldo Baravalle en el marco de un juicio oral que finalizó hoy a la mediodía en los tribunales venadenses.

La fiscal Mayra Vuletic estuvo a cargo de la investigación y también fue la encargada de representar al MPA en el debate.

“Valoramos la decisión del tribunal no sólo porque resolvió condenar al acusado, sino también porque lo hizo por unanimidad, por la misma calificación penal que planteamos en nuestros alegatos y por el mismo monto de pena”, subrayó la fiscal.

En relación con el debate, la funcionaria del MPA sostuvo que “fue complejo y tuvimos que sortear distintos obstáculos, pero lo hicimos y pudimos demostrar que el acusado cometió los ilícitos tal como lo sostuvimos desde el inicio de la investigación”.

Por otra parte, Vuletic destacó que “tras conocer el veredicto, pedimos que se revocara la modalidad domiciliaria de la prisión preventiva que el condenado cumplió durante el proceso judicial”, y valoró que “el tribunal hizo lugar a nuestro requerimiento”. En tal sentido, explicó que “hasta que el fallo adquiera firmeza, permanecerá detenido en un establecimiento penitenciario como medida cautelar”.

Vuletic indicó que “Favilla llevó a cabo su accionar delictivo en reiteradas oportunidades entre 2017 y 2021”, y agregó que “en aquel momento, la víctima transitaba su escolaridad secundaria”. Al respecto, puntualizó que “los ilícitos tuvieron lugar en una casa en la que convivían el condenado junto con su pareja, la adolescente y sus hermanos menores”.

La funcionaria del MPA hizo hincapié en que “Favilla abusaba de la víctima y además la obligaba a ver videos con contenido sexual”. A su vez, la fiscal planteó que “por el contexto intrafamiliar y las características de las vulneraciones, lo sucedido tuvo entidad suficiente para afectar y corromper el normal desarrollo psicosexual de la adolescente y le generó un grave daño en la salud mental”.

Por otro lado, Vuletic mencionó que “la víctima pudo develar lo sucedido en 2020 a una amiga”, y agregó que “en 2022, cuando ya era mayor de edad, realizó la denuncia penal en la Fiscalía”.

Favilla fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal en cantidad reiteradas de veces, agravado (por la situación de convivencia con una víctima menor de 18 años y por resultar un grave daño a la salud mental de la misma) y corrupción de menores agravada. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso presentado por la defensa del médico Aníbal Lotocki y dejó firme la condena que pesa sobre él por las lesiones ocasionadas a Estefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Graciela Trenchi y Silvina Luna —esta última fallecida en 2023—, a quienes les aplicó un producto con microesferas de polimetil metacrilato (PMMA) en procedimientos estéticos.

Lotocki permanece detenido con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza, en el marco de otra causa por la muerte de Rodolfo Christian Zárate, ocurrida en 2021, tras complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica.

La causa que revisó el máximo tribunal se centró en las lesiones que el médico le provocó a Pamela Sosa en noviembre de 2008, cuando le aplicó en la clínica “Full Esthetic” un relleno que derivó en múltiples tumoraciones y un proceso inflamatorio crónico.

Casos similares atravesaron Silvina Luna —intervenida por Lotocki en 2011—, quien falleció tras años de complicaciones médicas, y Xipolitakis, quien fue tratada en 2014. En tanto, Trenchi fue operada en 2015 bajo la promesa de colocación de hilos tensores, pero recibió una inyección del mismo compuesto.

“Aníbal Lotocki es un médico que ha sido violento con sus pacientes: en el marco de la confianza que estableció con las cuatro víctimas, las usó para sus propósitos personales y les estropeó la salud”, sostuvo en su alegato el fiscal Sandro Abraldes.

El médico había sido condenado en febrero de 2022 por el Tribunal Oral y Correccional N°28 a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación, sentencia que fue apelada por las querellas y el Ministerio Público Fiscal. En noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación duplicó la pena a ocho años de prisión y dictó la inhabilitación cautelar para ejercer la medicina.

La defensa había llevado el caso a la Corte Suprema buscando revertir la decisión, pero el tribunal —con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— rechazó el recurso por no tratarse de una sentencia definitiva, lo que allana el camino para que se ejecute la condena.

Como una película de suspenso se vivieron los minutos previos a las 10 y media de la mañana de este jueves, plazo límite reglamentario para que la Cámara de Diputados inicie la sesión pedida por el oficialismo y la oposición cercana a La Libertad Avanza para tratar, entre otros temas, el proyecto de ley de Ficha Limpia, que impide a dirigentes con condena en segunda instancia por hechos de corrupción ser candidatos a cargos electivos nacionales.

Aprobada esta ley, estaría comprometida la participación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en los comicios de 2025. Y este dato resultó crucial en los días previos y en el debate que hubo en el recinto.

Finalmente, la incógnita se reveló con más ausencias que la semana pasada, cuando el quórum había arañado los 129 escaños ocupados, necesarios para debatir el tema. Ese día faltaron a la cita dos legisladores por cuestiones de salud.

Este jueves fueron 116 las diputadas y diputados sentados en sus bancas, 13 menos de los requeridos y entre esas ausencias resaltaban varias de La Libertad Avanza.

Al igual que siete días atrás, Unión por la Patria y la Izquierda no se sumaron a la sesión.

Pero sobre lo que pasó entre una semana y otra hubo varias interpretaciones y algunas se vertieron en el recinto donde no hubo sesión pero sí expresiones de minoría. En ese contexto, Silvia Lospenato (PRO), firme impulsora de esta iniciativa desde el año 2017, brindó un encendido discurso en el que directamente arriesgó que "los corruptos deben estar festejando; también los terroristas (se iba a tratar la ley de juicio en ausencia) y los delincuentes (por el también frustrado tratamiento de la ley de reiterancia). Y concluyó: "Los diputados que no vinieron creen que los corruptos merecen impunidad".

Un poco más allá fue Juan Manuel López (Coalición Cívica), que advirtió que el presidente Javier Milei la quiere a Cristina Fernández de Kirchner de candidata en las legislativas de 2025, "para que (José Luis) Espert o Karina (Milei) le ganen". "La quieren a Cristina Kirchner de candidata; ese es el acuerdo y se acaba de consolidar", lanzó en directa alusión a varias ausencias del bloque oficialista.

El radical Rodrigo de Loredo no se quedó atrás, y evaluó que "se ocupó el oficialismo de frenar por segunda vez algo que la Argentina quiere".

La sesión de este jueves fue la cuarta convocada para esta semana en la Cámara baja. De ese total, la única que se logró concretar fue la que 24 horas antes otorgó media sanción a la prevención de la ludopatía, debate que insumió doce horas y concluyó a la medianoche.

Con la reunión de este jueves prácticamente concluye el período de sesiones ordinarias en la Cámara baja. La fecha límite es el 30 de noviembre pero, salvo que se convoque a una nueva sesión para las escasas horas que quedan hasta esa fecha, habrá que esperar a una posible convocatoria a extraordinarias para que el cuerpo legislativo se vuelva a reunir. Y al temario que envíe el Ejecutivo a los fines de esa convocatoria para saber si el Presupuesto 2025 será de la partida.