El Poder Ejecutivo seguirá adelante con la marcha de los concursos para definir los candidatos a fiscal general, los cinco fiscales regionales y el auditor del control del Ministerio Público de la Acusación así como el defensor general y cuatro de los cinco regionales del Servicio Público Provincial de Defensa Penal. No obstante, analiza la posible nueva constitución de jurados en vista de renuncias y de la necesidad de cumplir con la paridad y calificó de ‘puntos mínimos’ los exigidos como plan de trabajo de los casi cien postulantes inscriptos para los concursos.

La ministra de Gobierno, Celia Arena, insistió en defender la legalidad y legitimidad de las instancias en marcha, dijo haber tomado nota de las todas las observaciones que le formularon ayer los integrantes de los diferentes bloques de la Cámara de Diputados que, encabezados por su titular, Pablo Farías, mantuvieron una extensa reunión de trabajo. Los bloques opositores -especialmente socialistas y radicales se retiraron con fuerzas observaciones a la marcha del proceso y exigiendo cambios en los jurados. En tanto, los bloques de izquierda hicieron otro tipo de planteos y advirtieron de un intento de esos sectores y del justicialismo gobernante en querer digitar los concursos.

Arena con el fiscal de Estado, Rubén Weder, y el secretario de Gobierno, Oscar Urruty, recibieron a una importante delegación de diputados y previamente mantuvieron un encuentro con los oficialistas Leandro Busato, Luis Rubeo, Matilde Bruera y Cesira Arcando para buscar unificar una posición. Es más, sobre el final, Busatto calificó de importante la reunión y seguir dialogando sobre la cuestión.

La oposición había cuestionando distintos aspectos de los jurados y advirtió que sin transparencia no iba a aprobar los pliegos surgidos del proceso en marcha. Dos semanas atrás fue Urruty quien fue a la Parlamentaria de Diputados a ofrecer esta instancia de diálogo que se realizó ayer en el segundo piso de Casa de Gobierno. “El espíritu nuestro es allanar todas las dudas que haya sobre el proceso” dijo Arena. “Todos compartimos la necesidad de dar continuidad al proceso. Todo lo hecho hasta hoy está ajustado a la legalidad y la legalidad está estrechamente vinculada a la legitimidad del proceso. Entendemos las dudas y las diferencias de criterio pero tenemos la voluntad y la decisión de escuchar e incorporar cuáles son esas dudas y cuestionamientos, siempre garantizando la continuidad del proceso”. afirmó. “Tomamos nota, en algunas cosas no coincidimos con los planteos; tenemos criterios distintos y coincidimos todos en la legalidad de todos los pasos dados” ratificó.

Sobre las renuncias producidas de jurados tanto en MPA como en Defensa, Arena dijo que analiza con Weder “cada medida para no comprometer la legalidad. Vamos a respetar la representación de estamentos en el concurso, la paridad y respetar los derechos de los concursantes que no impugnaron ni al jurado ni el procedimiento”, acotó. Hay 96 proyectos de trabajo presentados por otros tantos candidatos. “Nos comprometimos a estudiar distintas alternativas y a dar respuestas sobre esto”, señaló.

La ministra definió como de diálogo abierto la instancia con los bloques legislativos pero insistió en la necesidad de avanzar con los concursos porque en abril próximo vencen los mandatos de los actuales titulares. “La decisión del gobernador es que las audiencias de presentación de trabajos de los concursantes sean públicos. Se va a transmitir por televisión o por streaming para que los que quieran verlo lo hagan y lo sigan”. Sobre el final, Arena dijo que el concurso sigue adelante con planteos burocráticos a la espera de la definición de la integración paritaria de jurados y fijar fecha de próximos pasos. “Esta instancia de diálogo no es ficción, queremos garantizar que las decisiones que tomemos no comprometan la evolución del concurso. No se paralizó el proceso y seguiremos dialogando” aclaró.

Maximiliano Pullaro (UCR – Evolución) fue uno de los primeros en retirarse del encuentro y dijo irse “muy preocupado porque el gobierno ratifica la legalidad del concurso que para nosotros no es tal, hubo vicios. Dudamos de la legalidad y cuestionamos la legitimidad del trámite, deberían reverse instancias y repensar jurados y planes de trabajo para saber cuál será la línea de persecusión penal en la provincia”. Señaló que el sector se presentó a la reunión para que no haya acefalía en ambos organismos del sistema penal. Otro radical, Julián Galdeano también dijo retirarse preocupado “porque el gobierno parece que no dimensiona la trascendencia que tienen estos concursos. Nosotros no cuestionamientos la legalidad del procedimiento sino la legitimidad que requiere mayor volumen político para que salga bien. Hoy el proceso está manchado” quien habló de que la ministra hizo propuestas “de maquillaje básicas que no resuelven los cuestionamientos que venimos haciendo”, añadió. “Más diálogo, más consenso y una respuesta política sobre un rumbo diferente” aclaró.

En cambio, el justicialista Leandro Busatto se retiró con algún grado de satisfacción, marcó la importancia del diálogo institucional en marcha. “El concurso reviste legitimidad, legalidad y están las condiciones objetivas para reemplazar los jurados renunciantes” marcó. “Los santafesinos están esperando que la política dialogue y los estamos haciendo” dijo al retirarse de Casa de Gobierno.

También fue crítico del proceso el socialista Joaquín Blanco. “Somos muy críticos de este proceso. El gobierno está jugando con algo tan sensible como el concurso del MPA. Tenemos índices de violencia escandalosos y especulan políticamente con lo que sucede. Creemos que una posible salida es sortear un nuevo jurado completo integrado por profesionales indiscutibles en la materia, no entendemos la necedad del gobierno de no hacerlo en un concurso en el que renunciaron nueve jurados”, agregó.

Blanco también advirtió que en la reunión “no pudieron explicar por qué el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, fue apartado de este concurso. ¿Para qué sí está habilitado? ¿Qué rol cumple? . No pedimos renuncias, pedimos explicaciones, algo que brilla por su ausencia en este gobierno”, criticó el diputado. Otro muy crítico fue el radical Fabién Bastía quien dijo que de la reunión se va convencido que “la legitimidad de origen de los que resulten elegidos por el jurado está pulverizada; la legitimidad de origen está rota por lo realizado por el Poder Ejecutivo que deja -a los excelentes postulantes- en situación de vulnerabilidad” y también cuestionó la permanencia de Somaglia en el cargo.

En tanto, desde la izquierda, Fabián Palo Oliver (Radicales Libres) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) fueron críticos del proceso pero pidieron fortalecerlo desde la legitimidad. Recordaron que no estuvieron en la conferencia de prensa de los distintos bloques opositores para marcar diferencias en el concurso. “Llamamos a la responsabilidad para que el proceso sea transparente y esto tanto para el Ejecutivo como para las bancadas mayoritarias. La corporación política no puede tener candidatos” afirmó Palo Oliver.

No ha habido ni habrá actos administrativos relevantes hasta el próximo martes, en el marco del concurso con el que se pretenden renovar las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa. Sí, el gobierno provincial define por estas horas la estrategia con la que esperará a la oposición el próximo martes. Ese día, funcionarios del Poder Ejecutivo recibirán a los presidentes de todos los bloques de la Cámara de Diputados para despejar dudas y sospechas pero también, para ratificar el proceso.

Según pudo saber El Litoral, el gobierno sostendrá el procedimiento y defenderá su continuidad, ofreciendo “medidas excepcionales” de claridad y transparencia. En ese orden se menciona, por ejemplo, que la realización del sorteo para completar las vacantes que se hayan generado en el cuerpo evaluador, sea comunicada con la suficiente antelación para que quien lo desee, pueda presenciarlo.

Ello tropezará con la postura que llevarán algunos referentes de la oposición, sobre todo del radicalismo, quienes plantearán que el jurado debe ser constituido nuevamente en su totalidad. Plantean borrón y cuenta nueva; que renuncien todos y se vuelva a integrar de común acuerdo. Para intentar limar asperezas, la Casa Gris está entablando contactos y mantendrá diálogo con algunos legisladores de aquí al martes.

Hasta aquí, por renuncias, excusaciones y recusaciones, nueve integrantes del jurado original dieron un paso al costado. En el caso de las dimisiones, siempre se argumentan “razones personales”. Lo cierto es que la escalada de bajas en el cuerpo evaluador comenzó a generarse después de que se difundiese un audio en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal durante la gestión del ex ministro Marcelo Sain, que compromete al secretario de Justicia, Gabriel Somaglia.

El concurso estuvo inmerso en una fuerte tensión con la oposición desde sus inicios, pero la difusión del audio aludido elevó los decibeles de la discusión a la que se sumaron, incluso, otros actores institucionales. Fue así que por decreto, se decidió apartar a Somaglia del procedimiento. Pero ello no fue suficiente para acallar la polémica. La oposición cerró filas y estuvo a punto de pedir la interpelación de la ministra de Gobierno, Celia Arena; y del fiscal de Estado, Rubén Weder. Ambos quedaron a cargo del proceso tras el apartamiento de Somaglia. Y si no se avanzó con ese trámite legislativo, fue porque el gobierno logró desactivarlo a partir de la invitación a la oposición para conversar el próximo martes.

Fuentes del gobierno consultadas por El Litoral aseguraron que desde el punto de vista jurídico, el concurso “no está impugnado”; y acotaron que el propio reglamento establece cómo proceder para salvar la situación derivada de las renuncias y las respectivas vacantes. Pese a ello, se admite que una decisión política puede frenar y hasta hacer caer el trámite.

Tras la inscripción de los postulantes y la presentación de los planes de trabajo, el Consejo de la Magistratura debe avanzar aún en la admisibilidad de los interesados. Esto implica un análisis de los datos y requisitos objetivos de cada participante – título, años en la magistratura o en la profesión, por ejemplo- para “admitirlos” en el proceso. Posteriormente, el jurado deberá tomar las entrevistas pero antes, deberán ser cubiertas las vacantes. Restan resolver también las excusaciones y recusaciones formuladas en el marco del proceso.

En las últimas horas, se sumó a los de la semana pasada, el pronunciamiento del Colegio de Abogados de Rosario. La institución se ofrece como anfitriona de una “mesa de diálogo” con todos los actores, que permita garantizar la continuidad del proceso con transparencia.

Mediante el decreto Nro. 1888 con fecha 26 de setiembre, el Poder Ejecutivo resolvió apartar al secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, del concurso que se lleva adelante para renovar las autoridades del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa (MPA y MPD). La decisión se conoció tras la difusión de un audio que sería parte de la evidencia de la causa en la que se lo investiga a Marcelo Sain por presunto espionaje ilegal, y en la que se reconoce la voz del propio Somaglia. Sin embargo, la fundamentación del decreto es otra.

El texto plantea en sus considerandos que la excusación del funcionario responde al pronunciamiento de legisladores de la oposición que la semana pasada reclamaron públicamente mayor transparencia en el proceso.

El jueves último, de hecho, diputados de prácticamente todos los bloques no oficialistas advirtieron en una conferencia de prensa que el procedimiento para seleccionar a los futuros fiscales y defensores regionales, además de fiscal y defensor general, no brindaba garantías de transparencia e imparcialidad. Y lo argumentaban apuntando que a días de que se abriese la inscripción de postulantes se cambiaba por decreto la composición del Consejo de la Magistratura; que un día de paro de estatales y casi sin testigos se realizaba el sorteo para constituir el cuerpo evaluador; y que en los criterios para la elaboración de los planes de trabajo que deben presentar los concursantes para ser evaluados, poco y nada se requería respecto de las políticas de persecución penal a instrumentar. Sobre la base de todo ello es que la oposición avisaba que se reservaba la potestad de rechazar los pliegos que fuesen enviados a la Legislatura como resultante de esos concursos.

En respuesta a ese planteo – o al menos eso es lo que expresamente se hace constar en los considerandos- es que el gobernador por decreto decide apartar a Somaglia de este concurso puntual. La antesala de la determinación fue una serie de conversaciones mantenidas entre Omar Perotti y algunos referentes de la oposición, que no pasaron por alto los audios privados difundidos este fin de semana en los que el actual secretario de Justicia aparece reportando a Sain supuestas acciones para brindarle “protección” al ex ministro. Por eso hecho, ya hay legisladores que han solicitado la renuncia del secretario de Justicia.

De todos modos, el decreto alude pura y exclusivamente al reclamo de la oposición de la semana pasada. En los considerandos se remite directamente a “las apreciaciones formuladas por legisladores pertenecientes a distintos sectores políticos en relación al proceso de selección” de autoridades del MPA y MPD. Y se aclara que dichas objeciones no son compartidas por el gobierno puesto que “se ha cumplido con los recaudos legales, usos y costumbres que desde hace años rigen el funcionamiento del Consejo de la Magistratura”. Aun así, sigue diciendo el decreto, a los fines de “despejar dudas y sospechas”, es que se acepta la excusación de Somaglia como conductor del proceso de selección. Su lugar será ocupado por la actual ministra de Gobierno, Celia Arena, con “la asistencia” y el asesoramiento permanente del Fiscal de Estado, Rubén Weder.

El concurso en cuestión es sensible en términos institucionales porque definirá a los responsables de conducir desde abril próximo tanto el Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa, como las fiscalías y defensorías regionales. Ello será a apenas nueve meses de la finalización de la actual gestión provincial.

Esta modificación es una consecuencia del pedido de legisladores opositores de mayor transparencia en el proceso de selección en el MPA y la posterior solicitud de excusación del mismo Somaglia con el fin de que dicho procedimiento “llegue a su fin despejado de toda duda y sospecha”, según indica el documento publicado este lunes.

El contexto de la filtración de audios del ex ministro de Seguridad santafesino, Marcelo Saín, junto a los de otros funcionarios, colaboró en esta medida del Poder Ejecutivo. En ellos se lo escucha detallar que va a “enjaular” a una persona por violar la cuarentena.

Maximiliano Pullaro, diputado provincial radical, había manifestado al respecto: “Yo esperaría una reacción muy fuerte del gobierno provincial si esto es real y si los audios son reales. Es un funcionario que hoy tiene la máxima responsabilidad de llevar adelante los concursos para fiscales del Ministerio Público de la Acusación (y de defensores públicos), en el Consejo de la Magistratura”.

Lo ajustado del calendario será un factor a tener presente para que en Santa Fe se renueve la conducción de los órganos de la Acusación y de la Defensa de su fuero penal. Los nombres de los funcionarios judiciales que van a encabezar a los fiscales y a los defensores van a resultar de un proceso que tiene dos momentos marcados por lo técnico, lo jurídico y lo doctrinario en el primer caso, y por lo político y también lo partidario en el segundo. Se trata de que lo último no invada lo primero.

Un antecedente: el año pasado hubo concursos en los que 65 fiscales adjuntos se pusieron a prueba para poder aspirar a ser fiscales titulares, pero 32 reprobaron. Sin embargo, parte de los bochados luego ganó para ser candidatos a jueces… ¿Cuestión de jurados? Puede ser. Si los aplazos se explican por criterios técnicos sería terrible; en cambio, si se trató de diferencias doctrinarias sería entendible. Pero sería grave si fuese por color partidario. La discusión política está reservada al Ejecutivo y los legisladores.

Esta semana quedaron definidas las listas de los interesados en llegar a ser fiscal general y fiscales regionales del MPA y defensor general y defensores regionales del SPPDP. Los mandatos de los titulares del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal y de sus fiscalías y defensorías regionales concluirán “fatalmente” en abril de 2023.

Esa expresión usó en una conferencia de prensa esta semana el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, que también buscó responder a los cuestionamientos sugeridos por una asociación de fiscales en un comunicado que reclama transparencia en los concursos. Unos días después, la oposición en pleno en la Legislatura hizo saber que le resultan creíbles esas preocupaciones. Y que de percibirse alguna arbitrariedad se sentirán libres de rechazar los pliegos que se les envíen. La foto fue contundente, con los bloques Socialista, de la UCR, de JxC, Creo y Vida y Familia. 35 en total, lo necesario para imponerse en una Asamblea Legislativa.

Somaglia había dicho cuando se le consultó sobre la falta de acuerdo político, de diálogo para que se cubran las vacantes pendientes en todo el Poder Judicial -además del debate que se viene por las jefaturas de fiscales y defensores-, que para el oficialismo no es fácil. Que solo cuenta con un 20% de las bancas. Y sin que se lo pidieran comparó las escasas designaciones durante su actual gestión con las que lograra, con idéntico cargo, en la segunda gobernación de Jorge Obeid cuando hubo consenso (y votos por la afirmativa o sanciones fictas) para nombrar más de cien magistrados.

Más allá de los números adversos en las Cámaras, Omar Perotti sabe que tiene por delante la tarea de dejar en condiciones plausibles al fuero penal, con sus autoridades designadas antes de que esa discusión se embarre con el proceso electoral de 2023. Ha hecho algo bien: “ningún funcionario político del Poder Ejecutivo se ha postulado”, destacó Somaglia. Al gobierno le falta aceptar que deberá dialogar y que tal vez sea necesario hacerlo ya mismo sobre los concursos.

Si para febrero o marzo del año próximo no se ha votado al fiscal general y a los fiscales regionales; al defensor general y a los defensores regionales, abril se verá ciertamente como una fatalidad. La desprolijidad de una ley de prórroga para subsanar algo así sería gravosa para las instituciones. Es el poder punitivo del Estado el que está en juego.