Creditech S.A. y Plantel S.A. anuncian que, a través de las sociedades Corredor Mediterráneo S.A. y Corredor Portuario Sur S.A., han firmado el contrato de concesión y, a partir del 10 de septiembre de 2026, han tomado posesión de los tramos Mediterráneo y Portuario Sur, adjudicados en el marco de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. En este contexto, a través de dichas sociedades y bajo el nombre “Caminos del Plata” se da inicio a una etapa clave para la producción, la logística y la conectividad del país.

Se trata de 1.309,07 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan algunos de los principales ejes productivos, industriales y logísticos del centro del país. Por un lado, el Tramo Mediterráneo, de 672,32 kilómetros, comprende la Ruta Nacional 7 desde Luján, provincia de Buenos Aires, hasta el límite entre Córdoba y San Luis, y un tramo de la Ruta Nacional 35 en la provincia de Córdoba que será operado por Corredor Mediterráneo S.A. Por su parte, el Tramo Portuario Sur, de 636,75 kilómetros, comprende la Ruta Nacional 9 desde la salida al Puerto de Campana hasta el límite entre Buenos Aires y Santa Fe, y la Ruta Nacional 188 desde San Nicolás hasta Realicó, en La Pampa, que será operado por Corredor Portuario Sur S.A. De relevancia estratégica para el sistema logístico nacional, vinculan importantes centros urbanos, industriales y portuarios con algunas de las principales regiones agrícolas y productivas del país, facilitando el transporte y la conexión de la producción con los mercados.

La concesión tendrá una duración de 20 años y comprende la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores, así como la prestación de servicios a los usuarios.

Marcelo Carro, Gerente General de Caminos del Plata declaró: “Asumir la gestión de estos corredores representa un desafío y, al mismo tiempo, un compromiso de largo plazo con una infraestructura que es clave para el desarrollo del país. Son rutas que conectan regiones productivas, industrias y puertos, y que cumplen un rol fundamental en la competitividad de la Argentina. Nuestro objetivo es aportar experiencia, capacidad técnica y una gestión eficiente para acompañar ese desarrollo”.

La toma de posesión marca así el comienzo de una nueva etapa, orientada a garantizar la transitabilidad, fortalecer la seguridad vial, mejorar progresivamente la infraestructura y brindar adecuados niveles de servicio a quienes utilizan diariamente estas rutas.

Como información relevante de cara al usuario, Caminos del Plata informa que el cobro de peajes por el uso de los tramos Mediterráneo y Portuario Sur deberá ser efectuado únicamente a través del uso de medios digitales y/o con dispositivos de Telepase, a partir de la toma de posesión. Hasta tanto finalice la puesta en servicio de los tótems de cobro, Tramo Portuario Sur | Tramo Mediterráneo mantendrán las barreras levantadas para asegurar la libre circulación de los usuarios.

Para mayor información podrán visitar el sitio web de Caminos del Plata: www.caminosdelplata.com.ar

La transferencia de los 67 kilómetros de la ruta A012 del gobierno nacional a Santa Fe tuvo una impactante foto para la política argentina que habrá que mirar las implicancias hacia futuro. Por lo pronto, la administración de Maximiliano Pullaro se trajo la jurisdicción y la posibilidad de intervenir en forma urgente en ese complejo corredor vial. Ya se puso manos a la obra.

En tanto, en Casa Rosada hubo demasiado esmero en darle centralidad a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei más allá de que el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo pusieron la firma en el acuerdo.

La firma se dio este miércoles en Casa Rosada. Crédito: Presidencia

Pero ambos sectores sentaron a la mesa a los legisladores nacionales santafesinos de sus espacios. Pullaro mostró asistencia casi perfecta de los diputados de Provincias Unidas: Gisela Scaglia, Pablo Farías y José Nuñez. La Libertad Avanza mostró a siete legisladores, entre ellos a Romina Diez quien tiene aspiraciones de ser protagonista electoral en 2027.

Pero también estuvo en la foto Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Dicen que Scaglia empezó a desandar el nudo de esa ruta con el riojano para coronar la negociación con Santilli. Marcelo Jorge Campoy es el hoy responsable de Vialidad Nacional y tiene línea directa con Menem. Ya había ocupado la función en los finales de la gestión de Carlos Menem por la década de los 90 del siglo pasado.

Más allá de la foto, Nación y Santa Fe demostraron que se pueden sentar a lograr entendimientos de conveniencia recíproca. Un primer ensayo con el compromiso de continuidad de obras no se cumplió. Eran los inicios del gobierno de Javier Milei.

En los últimos meses, antes de la transferencia de la ruta, Santa Fe pudo lograr un acuerdo por el tema previsional y el adelanto financiero de $400 mil millones. Son fondos que empezaron a aliviar el Tesoro y avanza el acuerdo por la deuda previsional de 2020 que podría implicar la cesión para Santa Fe de inmuebles y de los paralizados planes Procrear en las principales ciudades.

En Santa Fe se destaca el nivel de efectividad en materia de respuestas de Santilli. Guillermo Francos prometía respuestas pero no concretaba. Adorni fue un tiempo perdido al frente de la Jefatura de Gabinete. Scaglia y Santilli mantienen reuniones y avanzan en temas. No se habló el martes del tema electoral pero nadie niega que el objetivo del mileismo es lograr -al menos- suspender la PASO nacional. El voto de los oficialistas santafesinos podría acompañar la suspensión, no la derogación.

Hasta el momento, Milei y Pullaro compartieron algunos actos públicos y no hubo fuertes cruces. Cada uno fijó su posición pero sin agresiones. Esto no implica que Unidos se sumará a la Libertad Avanza ni viceversa. Habrá que observar con detenimiento la estrategia electoral del oficialismo nacional para las elecciones provinciales.

Pullaro logró el objetivo: hacerse cargo de una ruta que la Nación abandonó y no tenía en planes renovarla. En siete meses se encargará de tenerla sin pozos hasta las elecciones pagando el gasto y el costo política de mantenerla. Ya varios diputados justicialistas provinciales marcaron diferencias con la decisión de hacerse cargo. "Milei abandona las rutas y Pullaro acepta que Santa Fe se haga cargo. Pero las rutas no se arreglan con discursos: se arreglan con recursos. Y la pregunta es quién va a pagar", sostuvo el diputado Miguel Rabbia, aliado de Marcelo Lewandowsky.

La A012, para Santa Fe es el eje central para el Circuito de Acceso a Puertos (CIP), el proyecto más emblemático de Obras Públicas y para el cual faltan acomodar muchos actores. El objetivo es tener accesos fluidos, con rutas transitables para que salga la producción agrícola y minera desde los puertos del sur. El proyecto conlleva el riesgo de hacerse cargo de una ruta que perteneció a la provincia y que en algún momento se la llevó la nación y ahora devolvió.

Con una inversión de 4.300 millones de pesos por parte del Gobierno de la Provincia, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó el acta para el inicio de las obras de bacheo, sellado de grietas y reposición de luminarias en la Ruta Nacional A012.

"Estamos convencidos que saldremos adelante si logramos producir más, generar crecimiento económico y empleo", afirmó Pullaro y destacó la articulación del estado con el sector privado "con el objetivo de llegar a las transformaciones que necesita la estructura productiva del país".

El gobernador marcó que desde el Gobierno Provincial "podríamos habernos quedado en el reclamo o la queja, porque la ruta es de jurisdicción nacional, y sin embargo entendimos que la única manera de resolver el problema era que nos transfieran la ruta para que nos hiciéramos cargo de la reparación y la infraestructura, con una planificación estratégica que nos permita dentro de unos años no volver a tener los mismos problemas".

Pullaro puso en marcha la recuperación de la Ruta Nacional A012.

Pullaro aseguró que la Provincia tiene "un plan de obra pública y una idea pensada para administrar la infraestructura de los circuitos portuarios en Santa Fe".

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, afirmó que "el 70 % de los camiones que pasan por la A012 son de otras provincias", por lo que valoró el traspaso de la arteria vial a la Provincia al considerar que "tomamos las riendas de una solución que teníamos que alcanzar", porque "los santafesinos somos otra gestión, somos un federalismo de acción que tomamos la ruta y pensamos a futuro con una planificación vial de todo el circuito de ingreso a los puertos", aseguró.

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, destacó la articulación público-privada que permitió "avanzar en los accesos a los puertos y en esta obra estratégica para el sector productivo, porque entendimos por donde va el camino de las inversiones en la provincia".

Las tareas, que serán ejecutadas por la empresa Pose, comenzaron en la intersección de la A012 con la ruta Nacional Nº 34. El plazo estimado de ejecución es de entre seis y siete meses. Se sumarán otras dos intervenciones ya previstas sobre el corredor: la construcción de la rotonda en la intersección de la Ruta Provincial 25 y la A012, incluida en la segunda etapa del Camino de la Cremería; y una nueva rotonda en el cruce con la Ruta Nacional 9 vieja, cuyo proyecto será retomado por la provincia para adecuarlo y licitarlo.

Este 7 de julio se realizó la apertura de las ofertas económicas correspondientes a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, un paso decisivo para la adjudicación de corredores estratégicos que atraviesan la provincia.

Esta licitación, gestionada a través de la plataforma Contrat.Ar, contó con la participación de 13 oferentes y un total de 31 ofertas. La Etapa II-B abarca más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, distribuidos en cuatro tramos principales, de los cuales tres tienen incidencia directa en Santa Fe:

Dentro del Tramo Portuario Norte, se han definido proyectos de infraestructura esenciales para mejorar la seguridad y la fluidez del tránsito pesado y particular en la zona de influencia de Rosario:

Este martes 6 de enero se realizó la firma de los contratos sobre la concesión de 741 kilómetros para la explotación, administración y mantenimiento correspondientes a los Tramos Oriental y Conexión, que integran la Etapa I de la Red Federal de Concesiones.

En virtud de ello, a partir de este miércoles 7 de enero, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. tomará posesión del Tramo Oriental, en adelante Autovía del Mercosur, y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A., hará lo propio en el Tramo Conexión, en adelante Conexión Alto Delta.

La primera adjudicataria gestionará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Asimismo, la UTE se encargará del Puente Rosario–Victoria (RN 174), que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

La Etapa I está conformada por más de 700 kilómetros que forman parte del corredor del Mercosur, el cual facilita el comercio y la integración regional con Brasil y Uruguay.

Además, conecta pasos fronterizos estratégicos e incluye el Puente Rosario – Victoria sobre el río Paraná, en cercanía con accesos a puertos y centros productivos del Gran Rosario, lo que potenciará las exportaciones y el desarrollo logístico de la región.

El nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios.

En declaraciones vertidas por redes sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo expresó: "Estos kilómetros son parte del corredor del Mercosur, que facilita el comercio con Brasil y Uruguay y conecta pasos fronterizos estratégicos"

"Además, incluyen el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, que está cerca del acceso a puertos y centros productivos del Gran Rosario, lo que va a potenciar las exportaciones y la logística", sumó el funcionario de la gestión que encabeza Javier Milei.

"De esta manera, se concreta el primer paso hacia una red vial moderna de más de 9.000 km concesionados, que reducirá costos para el sector productivo y permitirá reemplazar un modelo deficitario por uno transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro", agregó.

"Seguimos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos", cerró.

Este jueves se conoció, a través del sitio web del Gobierno nacional, el detalle del nuevo sistema de concesión para la operación y mantenimiento de 12 tramos de la Red Federal de Caminos, mediante el cual el sector privado los gestionará, “a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas”, según la observación oficial.

Los 12 tramos totalizan 8.648 kilómetros de extensión, y los sectores que más interesan a la provincia de Santa Fe son los más de mil kilómetros de rutas nacionales que cruzan la bota. Más específicamente, en el caso del sur-sur, la atención se centra en el tramo Río Paraná, de 1.027,11 kilómetros, que incluye segmentos de las rutas 8, 9, 33, 35, 36, 188, 193, A-005 y A-008; y en el tramo Pampeano, que suma 1.014,18 kilómetros correspondientes a las rutas 7, 8 y 33.

De acuerdo a la misma fuente consultada, el proceso de licitación se realizará en dos etapas. En la primera de ellas se licitarán dos tramos del Corredor 18, cuya concesión vence el 9 de abril de 2025. Este corredor incluye principalmente las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario-Victoria, y atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. La convocatoria se lanzará en diciembre de 2024, previendo la adjudicación y toma de posesión en abril de 2025.

Y en una segunda etapa se concesionarán 5.513 kilómetros de rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales SA, sumando otras carreteras que hasta ahora no estaban concesionadas, como la 33 en Santa Fe, la 18 en Entre Ríos, y la variante de la 19 en Córdoba. Esta etapa estará dividida en diez tramos.

En total, se licitarán 8.648 kilómetros distribuidos en 12 tramos que representan el 20 por ciento de la red vial nacional, pero concentran el 80 por ciento del tránsito. La convocatoria para esta segunda etapa se realizará en febrero de 2025, con adjudicación prevista para julio de 2025.

Esta novedad coincide con la etapa de mayor intensidad en los reclamos a la Casa Rosada desde la Provincia de Santa Fe, con el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, a la cabeza, quien ya lo venía haciendo desde hace años como senador por el departamento General López, y lo continuó con más insistencia aún desde la Casa Gris. 

En tal sentido, en reuniones al más alto nivel, el venadense había solicitado al gobierno central que le cedan la jurisdicción de "más de mil kilómetros" sobre un total de 2.865 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan el territorio de la provincia. “Queremos salir del pobrismo vial”, declaraba Enrico tras ese encuentro.

"Alguien tiene que hacerse cargo”, sostuvo el funcionario, quien incluso deslizó como alternativa de administración, “un sistema de concesión por peaje, que fue lo que se quitó en la Argentina hace seis años, porque nos encontramos con rutas como la 178, que está hecha pedazos, igual que la 11, la 33, la 34".

"Pedimos más de mil kilómetros en tres tramos distintos: ruta 11 desde el límite con Chaco hasta el puerto; ruta 33 desde el puerto hacia el límite con Buenos Aires; y la A012. Y no para un programa de mantenimiento, sino para hacer una autopista como corresponde, con cruces a nivel, resolviendo las tramas urbanas", agregó Enrico.

Sin embargo, Nación optó por otra estrategia, conservando la jurisdicción de las arterias nacionales, pero cediendo su administración a empresarios del ámbito privado.

Este mes se cumplen 20 años de la sanción de una ordenanza que permitió un salto de calidad en la historia del saneamiento en la ciudad. Aquel 3 de enero de 2003, tras arduas negociaciones con el poder concedente, se otorgó a la Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto la concesión por 24 años de los servicios de agua potable y cloacas, en una histórica sesión legislativa en el recinto de Vía y Obras.

De este modo, como lo expresa la ordenanza 3020/03, se canceló “una deuda histórica que, desde lo político institucional, se tiene con el pueblo de Venado Tuerto”, donde fue clave el rol previo del Plan General en la gravitación del proyecto y el compromiso de toda la comunidad a través de sus instituciones.

Desde entonces, pese a los vaivenes socioeconómicos del país, la concesión fue cumpliendo sus metas, prefijadas en el plan de obras anuales estipuladas como anexos, tanto para el servicio cloacal -habilitado en 1966- como de agua potable, que obligó a reparar tramos de las redes ya construidas y avanzar con redes nuevas.

El balance indica que la Cooperativa de Obras Sanitarias ha completado desde entonces 218 kilómetros de redes de agua potable y 303 kilómetros de redes cloacales, con una población servida de casi 85 mil habitantes, como lo refleja el último ejercicio cerrado en junio pasado.

La producción anual de agua potable es en la actualidad de 1,7 millón de m3, generada en una planta de tratamiento por ósmosis inversa con capacidad de 400 m3/h. Y el caudal bombeado de líquidos cloacales es de 2,9 millones de m3, con destino final hacia sus cuatro módulos de lagunas de tratamiento. Ambos servicios se complementan con un horno para tratamiento de los residuos patológicos de la ciudad.

A cuatro años del fin de la actual concesión (2003-2027), el compromiso de la Cooperativa es mantener los parámetros de calidad y eficiencia en la prestación de sus servicios, fruto de una sana administración de los recursos de los asociados y prácticamente sin percibir aportes de organismos estatales, solo factibles en un marco de tarifas equilibradas e inversiones sustentables.

A pesar de la incredulidad de la mayoría -justificada por largos años de desacuerdos-, en los últimos meses el Concejo Municipal venadense avanzó a pasos agigantados en la redacción del nuevo contrato de concesión del servicio de distribución de energía eléctrica. Aun bajo pandemia, se siguió trabajando durante la presidencia de Juan Ignacio Pellegrini, y su sucesora, Emilce Cufre, transformó el asunto en prioridad legislativa.

Así se llegó a un acuerdo global entre los ediles y luego abrieron de par en par las puertas de Sarmiento y Alem para reunirse todos los martes con los delegados de la Intendencia (poder concedente) y de la Cooperativa Eléctrica (concesionaria), además de los asesores técnicos y las instituciones convocadas a opinar.

En diálogo con Sur24, la presidente del Concejo Municipal, Emilce Cufre, anunció que “estamos en la última etapa de trabajo, en los trazos finos, para poder contar con un contrato de concesión antes del 21 de octubre”, en referencia a su inminente fecha de vencimiento.

“En estos últimos meses trabajamos sin descanso en el debate de este contrato, punto por punto, porque se trata del tema más importante del año”, apreció.

“Ahora estamos compilando un texto de 39 artículos, luego de zanjar diferencias históricas que por tanto tiempo habían impedido avanzar en conjunto, como lo exigía la comunidad”, dijo Cufre, acotando a continuación que el acuerdo adquiere mayor trascendencia porque los venadenses “estamos regidos en el servicio eléctrico por un contrato prorrogado por 18 años y cuyas cláusulas nunca se redactaron”.

De común acuerdo, el cuerpo legislativo se dedicó a la elaboración del marco regulatorio general del servicio, reservando para más adelante el abordaje específico de los anexos técnicos, donde constarán los detalles vinculados con la tarifa, el suministro, la calidad y la responsabilidad, además del alumbrado público. También se supo que el nuevo contrato tendrá instancias de revisión, donde cualquiera de las partes podrá hacer sus planteos en el futuro.

Entre el fin de esta semana y el comienzo de la próxima, el anteproyecto (borrador compilado) estará a disposición de los vecinos e instituciones de la ciudad (en el sitio web: www.concejovenadotuerto.gov.ar) para que puedan revisarlo y elevar eventuales sugerencias “por escrito”, sin descartar que a último momento, en acuerdo entre las partes, se introduzcan modificaciones. Luego de este período de divulgación, “llegaremos a la sesión legislativa que aprobará la ordenanza y autorizará a la Intendencia a suscribir el nuevo contrato por 20 años con la Cooperativa Eléctrica”, sintetizó.

Por fin, el consenso en torno a la facturación del servicio eléctrico se logró atando la tarifa de la Cooperativa Eléctrica a la de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), aprovechando una “cierta paridad” en la actualidad en los números, y que ambas empresas tienen cuadros tarifarios semejantes. En este sentido, Emilce Cufre describió que “en usuarios residenciales la Eléctrica está por debajo de la EPE, y por encima en grandes consumidores”.

En consecuencia, se estableció una banda tarifaria “que no exceda del 10 por ciento, en más o en menos, respecto de la EPE”, persiguiendo el objetivo de una “convergencia gradual” en todos los segmentos del consumo eléctrico, aunque aclaró que “deberá transcurrir un cierto lapso hasta llegar a la equiparación tarifaria total”.

El otro aspecto que siempre empantanaba la elaboración del nuevo contrato era la propiedad de los bienes del servicio eléctrico. Y en este proceso, salvo algunos planteos aislados, la tendencia de todos los sectores fue el reconocimiento de que “la Cooperativa Eléctrica, como persona jurídica privada, tiene sus propios bienes, que en este caso están afectados a la prestación de un servicio público”. En este punto, la concejala aclaró que “existe un régimen específico” y brindó precisiones: “Como los bienes son de la Cooperativa, pero afectados a un servicio público, están restringidos en cuanto a su disponibilidad. Esto significa que no pueden disponer de esos bienes de forma tal que puedan afectar la calidad del servicio concesionado. Por eso hay una restricción al dominio de su propiedad. Y otra característica -añadió- es que esos bienes son inembargables e inejecutables mientras dure la concesión”.

Para dar un cauce formal a la implementación de los servicios anexos, el Concejo aplicó el mismo criterio que con los bienes, es decir, partiendo de la naturaleza jurídica de la Cooperativa Eléctrica, que es una empresa privada. Entonces, si bien dispondrá de la concesión de un servicio (el de distribución de la energía eléctrica), “ellos también pueden brindar otras prestaciones como persona jurídica privada, por fuera de la concesión, siempre que sean propios (no tercerizados), aunque siempre con restricciones en el uso de los bienes afectados al servicio público concedido”, observó la abogada.

Por otra parte, el nuevo contrato habilitará a la Cooperativa a facturar otros servicios en la misma boleta, junto con el de la energía eléctrica, aunque sujeto a ciertas condiciones. Una de ellas es que quien desee que el servicio adicional se le facture (troquelado) junto con la factura mensual de la energía, deberá autorizarlo en forma fehaciente (con su firma). Además, la eventual mora en el pago de dicho servicio adicional no dará derecho a la interrupción del servicio eléctrico.

La concejala explicó que la concesionaria debe presentar el plan de obras al poder concedente, y en virtud del nuevo contrato esa información también deberán recibirla la Autoridad de Aplicación y el Concejo Municipal. En este sentido, destacó la presidente la “mayor injerencia” que se otorga a la Autoridad de Aplicación del contrato de concesión, más allá de los representantes que Intendencia y Concejo envían a las reuniones del consejo administrativo de la empresa.

Por otro lado, aunque no lo considera viable en el corto plazo, Emilce Cufre se expresó a favor de la creación de un ente de control externo de los servicios públicos a nivel local, que incluya el eléctrico, a los fines de optimizar los monitoreos.

En los últimos meses el Concejo Municipal se concentró en mayor medida en el estudio del contrato de concesión del servicio de distribución de energía eléctrica, sobre todo en sus capítulos más controvertidos, y todo hace presagiar que la ordenanza respectiva se plasmará incluso antes del 21 de octubre, fecha de expiración del contrato vigente.

Al respecto, la presidente del Concejo venadense, Emilce Cufre, quien le dio un fuerte impulso al tema apenas asumió el cargo, aseguró que “en estos meses todos y todas trabajamos muy firme en el debate, punto por punto, de este contrato. Sin dudas, se trata del tema más importante del año”, apreció. Y luego, una vez interiorizados en profundidad de todos los aspectos, se aceleró el trabajo conjunto, todos los martes, con el Departamento Ejecutivo, quien es el poder concedente, y con la Cooperativa Eléctrica, actual concesionaria y aspirante a la continuidad.

A un par de semanas de la caducidad del contrato, “hoy disponemos de un texto compilado, de 39 artículos, largamente debatido, con diferencias históricas que se zanjaron en el marco del diálogo. Y este acuerdo es más importante aún si se recuerda que los venadenses estamos regidos, en el servicio eléctrico, por un contrato prorrogado (NdR: la ordenanza se sancionó a fines del ’99 y entró en vigencia en octubre de 2003) por 18 años, y cuyas nuevas cláusulas nunca se redactaron. Ya la primera extensión de la concesión, en el ’83, había sido con el mismo contrato original, es decir que hoy rige el mismo texto de los años ’60, una realidad que ya nada tiene que ver con nuestros días, en ningún aspecto”, evaluó la concejal.

“En este caso, la decisión fue dedicarnos al marco regulatorio general del servicio, y posteriormente trabajar sobre los anexos técnicos, como procedimiento tarifario, régimen de suministro, régimen de calidad de servicio y alumbrado público”, estableció Cufre. También aclaró que se habilitarán instancias de revisión del contrato, donde cualquiera de las partes podrán hacer sus planteos en el futuro.

Tarifas, bienes del servicio, servicios anexos y plan de obras, entre otros, se constituyeron en los puntos medulares del acuerdo. Sin dudas, y a diferencia de otros intentos frustrados a lo largo de 18 años, en esta oportunidad se dejaron de lado los prejuicios y las posturas intransigentes, se apeló a un mayor sentido común y pragmatismo, y en cuestión de pocos meses se dio a luz un contrato de concesión que, con las modificaciones que aún puede recibir, será el garante del vínculo entre el Municipio y la Cooperativa Eléctrica.

En estos días quedará terminado el anteproyecto (borrador compilado), al cual se podrá acceder en la página web: www.concejovenadotuerto.gov.ar. Así, cualquier institución o vecino de la ciudad podrán leerlo y plantear eventuales sugerencias por escrito, sin descartar que a último momento, y en acuerdo entre las partes, puedan introducirse modificaciones. Y así desembocará este largo proceso en una sesión legislativa que aprobará la ordenanza y autorizará a la Intendencia, no más allá del 21 de octubre, a suscribir el nuevo contrato de concesión por 20 años con la Cooperativa Eléctrica.

Tal como lo adelantó Sur24 en la mañana de este martes, hoy se llevó a cabo una nueva reunión entre los representantes del Concejo, la Intendencia y la Cooperativa Eléctrica, y se avanzó en la redacción de uno de los temas clave del nuevo contrato de concesión: la tarifa del servicio. En este sentido, tal como lo habían señalado en junio último a este medio el presidente de la CEVT, Ademar Aznar, y el gerente de la Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad (Fescoe), Germán Casalino, maduró el consenso para evitar fórmulas polinómicas que no siempre reflejan la actualización justa, y además implican procesos engorrosos para un marco inflacionario. En cambio, “la opción de vincular la tarifa al precio del Kw-h de la Empresa Provincial de la Energía, como ya lo hacen muchas concesionarias, es un buen instrumento. Se podría tomar ese valor de referencia y fijar que no pueda exceder un cierto porcentaje, ni por encima ni por debajo”, destacaron los dirigentes venadenses, acotando que “hoy es una buena oportunidad porque la Eléctrica tiene tarifas muy parecidas a la EPE”. En ese mismo sentido se habían expresado tiempo antes los asesores del poder concedente municipal, Jorge Gurmendi y Matías Castro, por lo cual se infería que el consenso era una cuestión de tiempo.

No obstante, está claro que cualquier ajuste tarifario deberá ser refrendado por el Concejo Municipal, siempre que obre una modificación del Valor Agregado de Distribución (VAD). En cambio, cuando se trate de un traslado de aumentos desde la Empresa Provincial de la Energía (EPE), la concesionaria local podrá aplicarlo en forma directa, es decir, sin convocatoria previa a una audiencia pública, según consta en la ordenanza vigente.

En principio, en virtud del acuerdo hilvanado en la jornada de hoy, la revisión tarifaria será una vez por año, y la petición de actualizaciones será evaluada, según el nuevo texto, por la Autoridad de Aplicación del contrato de concesión que regirá el vínculo entre los partes, quedando luego la última palabra en manos del Concejo Municipal.

Presidida por Emilce Cufré, la reunión con los ediles contó con las presencias del gerente general de la Cooperativa Eléctrica, acompañado del asesor legal Miguel Murtagh, en tanto que por el Departamento Ejecutivo se presentó el secretario de Legal y Técnica, Mariano De Mattia.

Después de largos años de desencuentros, Municipalidad y Cooperativa Eléctrica privilegiaron el diálogo en busca de acuerdos.

Si bien en los últimos tiempos existe una mayor predisposición de la Municipalidad (Departamento Ejecutivo y Concejo) y de la Cooperativa de Electricidad para conciliar el nuevo contrato de concesión del servicio, los últimos 15 meses estuvieron condicionados por la pandemia y, sin dudas, conspiraron contra un desarrollo más ágil de las conversaciones, aunque se recurrió también a la virtualidad. Hoy, a cuatro meses del vencimiento del contrato, la sensación es que el tiempo apremia, pero no sería la primera vez. También se debatió contrarreloj en 1999, cuando la CEVT solicitó la prórroga de la concesión por 30 años a partir de su vencimiento (octubre de 2003). Exigía un tratamiento urgente ante los rumores de privatización de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), la cual pasaría a manos extranjeras. El Concejo aprobó la extensión hasta el 21 de octubre de 2021, pero enseguida estalló un conflicto con la Intendencia, que pretendía cobrar un canon anticipado, y vetó la ordenanza. El contrapunto se extendió por más de tres años, incluyendo juicios cruzados entre Municipio y Eléctrica, hasta que en 2003 se zanjó con un convenio entre el intendente Scott y la empresa, luego refrendado por el Concejo, que dejó el hueco para que el viejo texto de octubre del ’83 -renovación del contrato original- continuara vigente “en forma transitoria” hasta la redacción de las nuevas cláusulas contractuales. Pero eso nunca se hizo. Y esa transitoriedad se volvió eterna. O casi, porque ahora sí se firmaría la nueva concesión.

Ademar Aznar, presidente de la Cooperativa Eléctrica.

El presidente de la Cooperativa Eléctrica, Ademar Aznar, dijo a Sur24 que “se viene avanzando en las reuniones entre los asesores técnicos de ambas partes” y que el objetivo es “conciliar un documento único”.

“Sabemos que habrá obstáculos, pero el propósito es respetar la fecha del vencimiento, así que en breve estimamos tener a disposición ese documento final”, auguró Aznar. “Ya hay varios artículos elaborados y acordados”, confió, señalando que “se podría cerrar el núcleo principal del contrato y dejar pendientes los aspectos técnicos que a veces demandan un cierto lapso de evaluación”.

Entre las probables controversias incluyó la titularidad de los bienes, aunque citó que uno de los asesores técnicos del Municipio declaró, basado en la Ley de Cooperativas, que “los bienes son de los asociados”, con independencia de los cambios en la administración de la empresa.

Luego, sobre los controles del poder concedente, aclaró: “Nosotros no rechazamos los controles, pero sí pedimos que se respete la naturaleza de la Cooperativa de Electricidad, que tiene su propia vida interna, con sus asambleas”. Y en cuanto a la tarifa del servicio, ratificó que se trabaja sobre un mecanismo que “ataría la tarifa local a la evolución del precio del Kw-h de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), con un margen que nunca podrá traspasarse”.

Respecto de los servicios anexos, el abogado consideró que “las regulaciones estarán centradas en la distribución de la energía, y en relación con los servicios anexos también se van a establecer pautas, pero no queremos que la empresa pierda su independencia, como sucedería si el concedente estableciera una excesiva injerencia en ese campo”.

Más adelante, Aznar admitió que “no hay margen, tenemos octubre muy cerca y sentimos la obligación de llegar a un acuerdo y presentar un nuevo contrato de concesión a la ciudadanía”.

Cabe acotar que los asesores del poder concedente municipal son Jorge Gurmendi y Matías Castro, mientras que por el sector cooperativo se alistan el gerente de la CEVT, Alberto Corradini; el asesor técnico Fernando Alonso; y el asesor legal Miguel Murtagh.

Germán Casalino, gerente de la Fescoe.

Otro actor relevante es la Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad (Fescoe), cuyo gerente Germán Casalino, oriundo de Venado Tuerto, participó el último viernes, junto al asesor legal Pedro Radovan, de la reunión con los ediles en el recinto legislativo.

“Estamos satisfechos con la charla, donde expresamos las particularidades del sistema cooperativo en el marco de la concesión de servicios públicos y, en especial, destaco la apertura de la Intendencia y el Concejo, y su voluntad política de mantener la prestación del servicio eléctrico en manos de una cooperativa, que es lo mejor que le puede pasar a la ciudad”, subrayó el dirigente.

“Hoy la prioridad es definir un contrato marco entre la Municipalidad y la Cooperativa, donde se acuerden la propiedad de los bienes, la política tarifaria y el control del servicio, entre otros puntos centrales, mientras que podrían posponerse anexos técnicos, como reglamento de suministro, calidad de servicio, régimen de responsabilidades”, enumeró Casalino.

Uno de los puntos neurálgicos es el de las tarifas, y el referente de Fescoe se entusiasmó con la alternativa de evitar fórmulas polinómicas que no siempre reflejan la actualización adecuada, y además implican procesos engorrosos para un marco inflacionario. En cambio, “la opción de vincular la tarifa al precio del Kw-h de la Empresa Provincial de la Energía, como ya lo hacen muchas concesionarias, es un buen instrumento. Se podría tomar ese valor de referencia y fijar que no pueda exceder el 10 por ciento, ni por encima ni por debajo”, graficó, acotando que “hoy es una buena oportunidad porque la Eléctrica tiene tarifas muy parecidas a la EPE”.

En cuanto a la propiedad de los bienes, estimó que debiera ser “un punto de fácil resolución” y acotó que las viejas polémicas respondieron más que nada a conflictos políticos. En busca de simplificar, Casalino planteó que “la infraestructura es de la Cooperativa porque la compró la masa de asociados con sus aportes a través del tiempo. Además, es lo que se denomina un ‘capital hundido’, cuyo único fin es distribuir la energía eléctrica”.

Asimismo, consideró razonable la formación de un ente municipal de control de los servicios públicos, que incluya el eléctrico, pero diferenció entre el servicio objeto de la concesión, y los anexos, como telefonía o Internet, que aunque públicos, son de jurisdicción nacional y en ellos el Municipio no tiene injerencia. Y redondeó: “Estamos en buena situación para cerrar un contrato que colme las expectativas de todas las partes y, sobre todo, de la ciudadanía”.

“En muchos puntos ya hay acuerdos, así como hay otros más conflictivos, como la propiedad de los bienes, que siempre fue un obstáculo para progresar en la elaboración del nuevo contrato, pero confiamos en un consenso beneficioso para todos”, destacó el presidente del Concejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini. Tras elogiar la “vocación de diálogo” de todas las partes, destacó que el viernes último el cuerpo legislativo local recibió a la Federación Santafesina de Cooperativas de Electricidad (Fescoe) y el martes (por mañana) tendremos otro encuentro para abordar temas específicos”, acotando que la semana próxima recibirán al Centro Comercial. “El objetivo es dialogar con todas las entidades intermedias interesadas en opinar”, expresó. “La idea es seguir avanzando para cerrar el contrato con la CEVT, basados en un núcleo estructural que abarque desde las tarifas hasta los bienes, sin descartar que aspectos técnicos puedan postergarse para una discusión posterior, pero dentro de ciertos plazos”, advirtió.

La concejala opositora Liliana Rostom contó que “hoy nos pasa lo mismo que las otras dos veces que estuvimos cerca de hacer el contrato, ya que la titularidad de los bienes vuelve a ser el problema. Aunque algunos parece que se están convenciendo de lo contrario, yo insisto en que los bienes son de los asociados y no de la Cooperativa”, ratificó, tras lo cual sostuvo que desde la empresa no se incentiva la participación de los socios en las asambleas. “Desde afuera todos cuestionan a la Eléctrica y cuando están en el poder se hacen amigos por la necesidad de inaugurar obras de iluminación y otras mejoras”, reprochó. Y alertó que “hoy el escenario se complica porque estamos entrando en una campaña electoral y el contrato no tiene más prórroga”.

A menos de cuatro meses del vencimiento del contrato de concesión del servicio de distribución de la energía eléctrica en la ciudad, hoy en manos de la Cooperativa Eléctrica, las conversaciones entre el poder concedente y la  concesionaria se intensifican. Y si bien es unánime la voluntad de la Intendencia y el Concejo de continuar el vínculo con la empresa cooperativa de Mitre y Belgrano, y todos destacan el “buen diálogo” de los últimos tiempos, sobre todo a partir de la incorporación de asesores técnicos municipales, subsisten algunas discrepancias que habrá que solucionar en las próximas semanas.

Mientras todo eso ocurre, y el debate por la nueva concesión empieza a ganar espacio en la agenda mediática local, es oportuno recordar que en la actualidad rige un contrato extendido en forma transitoria por la ordenanza 2726/99, sancionada a fines de 1999, aunque con la reforma (en uno de sus artículos) acordada en 2003. Desde entonces se adeuda la redacción de un nuevo contrato que nunca se elaboró. Tanto es así que a menos de 120 días del vencimiento de esa prórroga de 18 años, ahora es imperioso acelerar las negociaciones (ver edición impresa de hoy de Sur24) para acordar un nuevo contrato, al menos en su núcleo principal.

Alberto Turcato, ex concejal y presidente del Colegio de Abogados.

Una figura clave en el proceso de extensión contrarreloj del contrato de concesión de la Cooperativa Eléctrica fue el entonces concejal justicialista Alberto Turcato, quien ahora, más de 21 años después, ante la consulta de Sur24, recuerda las vivencias de esas apremiantesn jornadas: “El 10 de diciembre de 1999 había asumido como concejal y recuerdo que en esos días la Cooperativa Eléctrica ingresó un proyecto solicitando la prórroga de la concesión del servicio por 30 años a partir de su vencimiento, que operaba en octubre de 2003. Alegaban urgencia porque en cuestión de días se aprobaría la privatización de la EPE, incluso el rumor -reconoció- era que pasaría a manos extranjeras. Yo pertenecía a la agrupación ‘12 de Junio’ y luego de un discusión interna decidimos intervenir para que el Municipio no perdiera su poder concedente y se preservara como prestadora una empresa local como la Cooperativa Eléctrica”.

Y continuó: “El bloque radical iba a acompañar el proyecto de la Cooperativa tal cual había ingresado y el Ejecutivo tenía algunas exigencias, como el pago de un canon anticipado y ciertos requisitos técnicos previo a la formación de la Comisión Redactora. Si bien la pretensión del oficialismo no era ilegítima, y hasta se podía juzgar razonable, ante la urgencia yo priorizaba la prórroga de la concesión, pero reformulando las condiciones contractuales, sobre todo en la definición de tarifas e inversiones, y en el control de los servicios anexos. Así fue que ingresó mi proyecto, que proponía 15 años de prórroga, y luego se concilió con la UCR, que acompañó mi iniciativa, otorgando 18 años a partir de octubre de 2003. La comunidad valoró la decisión porque ante la ola privatizadora se priorizaban los intereses locales”, historió el actual presidente del Colegio de Abogados de la 3° Circunscripción Judicial.

Luego añadió que dicha prórroga “no era irresponsable, sino que en el artículo 2 de la ordenanza 2726 (aprobada el 29 de diciembre del ’99) se disponía crear una Comisión Redactora para definir el nuevo contrato de concesión, integrada por delegados del Ejecutivo, el Concejo y la Cooperativa, en un plazo de 180 días. Y se hacía constar que la no aceptación por parte de la Cooperativa del nuevo contrato operaría como condición resolutoria de la ordenanza y la concesión otorgada, es decir que si no había nuevo contrato, la 2726 quedaba sin efecto y por ende no existía la prórroga”, detalló Turcato.

Sin embargo, disconforme con la ordenanza, que no contemplaba el suculento canon, la Intendencia la vetó y el Concejo rechazó el veto, por lo que se generó un clima hostil, jamás se formó la Comisión Redactora y se originaron juicios cruzados entre Municipio y Cooperativa. Ese escenario conflictivo se prolongó más de tres años, hasta entrado 2003, cuando ya acechaba el fin de la concesión (fines de octubre), pero el 4 de marzo el intendente Roberto Scott y el presidente de la Eléctrica, Marcelo Cacciurri, suscribieron un acuerdo que abarcaba el desistimiento de pleitos recíprocos; el reconocimiento municipal del derecho de la CEVT al uso gratuito de los bienes del dominio público afectados al servicio concesionado; el compromiso de la Eléctrica de abonar al Municipio la suma de 800 mil pesos; y las bases de un nuevo proyecto de ordenanza, promoviendo la derogación del artículo 2 de la 2726/99 -descripto más arriba- y la integración de una Comisión Redactora que “deberá constituirse a más tardar el 1 de marzo de 2003 (…) y concluirá su cometido a más tardar el 30 de junio de 2003…”.

También acordaron que “el nuevo régimen contractual de la concesión entrará en vigor a partir del día siguiente al de la conclusión del contrato de concesión hoy vigente…”, aclarando que “si a la fecha mencionada en el párrafo anterior no hubiere sido aprobado el nuevo régimen contractual, a partir del vencimiento del plazo originario del actual contrato de concesión permanecerán vigentes, en forma transitoria, todas las condiciones del contrato de concesión celebrado el 28 de octubre de 1983…”.

Estos documentos reflejan que el convenio entre Intendencia y CEVT no incluyó, como en el ’99, la condición resolutoria, sino que se dejó el resquicio para que “en forma transitoria” siguiera en vigencia el precario articulado del ’83, si por alguna causa no se redactaba el nuevo contrato. Sin embargo, ese mismo texto fue refrendado por el Concejo, en forma unánime, a través de la ordenanza 3076 aprobada el 7 de octubre de 2003.

Sin embargo, Turcato aclaró por enésima vez: “Mi voto del ‘99 no fue el que definió la prórroga, lamentablemente, porque de aprobarse la ordenanza originaria se hubiera elaborado un contrato de concesión, dejando sin efecto el de aquel entonces, que no es ni más ni menos que el que rige hoy. Pasaron casi 18 años desde que entró en vigencia la prórroga y en ese lapso hubo cambios en la Intendencia y se sucedieron distintas composiciones legislativas, pero nadie elaboró el nuevo contrato nuevo. Esta es la verdad, lo demás es ignorancia o malicia, así que jamás asumiría una culpa por un voto que, en definitiva, se volvió abstracto, un voto que no fue. Sólo puedo admitir una actitud ingenua cuando aprobé, junto con los otros ediles (Jorge Lagna, Miguel Pedrola, Noemí Rasello, Lisandro Enrico, Delfor Hernández, Esteban Stiepovich, Juan Moscoso y Roberto Meier), un convenio para salvaguardar a la ciudad de juicios millonarios, pero sin insistir en la inclusión de la condición resolutoria que hubiera dejado sin efecto la ordenanza si no se hacía el contrato en un cierto plazo. Claro que nunca supuse que esa transitoriedad se transformaría en una eternidad”, sentenció Alberto Turcato, quien asumió como edil en medio de los ardientes debates por la concesión, a fines de 1999, y completó el mandato un par de meses después de votar, en octubre de 2003, la ordenanza que convalidó el acuerdo entre la Municipalidad y la Cooperativa Eléctrica, y cuyos ecos aún resuenan.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]A días de vencer el mayor contrato de obra pública de los últimos 25 años –el dragado y balizamiento de los ríos De la Plata y Paraná, a cargo de Hidrovía SA– el Gobierno decidió extender la concesión en principio por 90 días. “Esta prestación se efectuará con carácter precario y podrá ser revocada, en cualquier momento”, aclara la resolución. “Instrúyese al actual concesionario la continuidad del Contrato de Concesión de obra pública por peaje para la modernización, ampliación, operación, y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal aprobado por el Decreto Nº 253/95 con sus actos modificatorios y complementarios, desde la terminación del plazo contractual y por el término de NOVENTA (90) días”, cita la normativa. Además aclara que esta decisión puede ser revocada “sin que se genere derecho subjetivo, derecho en expectativa o precedente invocable alguno a favor del operador ni reconocimiento de suma alguna por la eventual revocación anticipada al plazo previsto”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]