El presidente del Concejo Municipal de Venado Tuerto, Juan Ignacio Pellegrini, se refirió al avance de la construcción de 52 viviendas que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe lleva adelante en el barrio Cayetano Silva, en el marco de las políticas habitacionales que buscan dar respuesta a la demanda en la ciudad.

La obra es impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, a través del Ministerio de Obras Públicas que conduce Lisandro Enrico, y permitirá que familias de Venado Tuerto accedan a su vivienda, incorporándose a un nuevo sector urbano con infraestructura y servicios.

“Este avance muestra una decisión concreta de la provincia de invertir en soluciones para los vecinos, acompañando el crecimiento de Venado Tuerto con obras que tienen impacto en la vida cotidiana”, señaló Pellegrini.

El proyecto contempla la construcción de 52 unidades habitacionales con tipologías de 2 y 3 dormitorios, incluyendo viviendas adaptadas. A su vez, se desarrollan trabajos de urbanización como apertura de calles, veredas, desagües pluviales, redes eléctricas y alumbrado público.

Pellegrini planteó que “estas viviendas forman parte de un proceso de desarrollo urbano donde el Estado tiene un rol clave para garantizar derechos y generar oportunidades”, y agregó que, en paralelo, el Gobierno de Venado Tuerto impulsa el programa “Nuestro Terreno”, orientado a ampliar el acceso al suelo.

Actualmente, la obra presenta distintos frentes de trabajo en marcha y un plazo estimado de ejecución de 14 meses, lo que permite proyectar su finalización dentro de los tiempos previstos.

“Este tipo de obras marcan el camino de lo que necesitamos sostener en el tiempo: un Estado presente, que trabaje de manera coordinada entre provincia y municipio, como lo viene haciendo la gestión del intendente Leonel Chiarella, para dar respuestas concretas y seguir transformando la ciudad con más oportunidades para todos”, concluyó Juan Ignacio Pellegrini.

La concejal María Florencia Di Pizio presentó un proyecto de resolución en el Concejo Municipal de Venado Tuerto para reiterar la citación al titular de la oficina local de Anses, quien había sido convocado en septiembre de 2025 pero hasta el momento no se presentó ni informó los motivos de su ausencia.

Según señala el proyecto, numerosos vecinos manifestaron su preocupación porque trámites vinculados a pensiones por discapacidad permanecen pendientes de resolución administrativa desde hace uno o incluso más años.

En muchos casos, sostienen que desde el organismo se les indica recurrir a presentaciones ante fiscalías o defensorías para promover pedidos de pronto despacho.

Para la concejala, esta situación genera incertidumbre, angustia y preocupación entre las familias que dependen de estas prestaciones sociales.

Otro de los puntos planteados en la iniciativa está vinculado a la inquietud de vecinos respecto de su situación previsional, especialmente entre quienes han alcanzado o están próximos a alcanzar la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes exigidos por la normativa vigente.

El proyecto remarca que la Administración Nacional de la Seguridad Social cumple un rol central en la gestión de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, prestaciones por desempleo y otras políticas de protección social.

Por ese motivo, Di Pizio considera fundamental que la comunidad cuente con información clara y actualizada sobre el funcionamiento del sistema previsional y las herramientas disponibles para regularizar aportes.

Ante la falta de respuesta a la convocatoria realizada el año pasado, el proyecto propone reiterar formalmente la citación al titular de la oficina de Anses de Venado Tuerto para que comparezca ante el Concejo Municipal y brinde información sobre el funcionamiento del organismo en la ciudad.

En caso de no poder asistir personalmente, la iniciativa plantea que el funcionario remita un informe por escrito con respuestas a las inquietudes planteadas por el cuerpo legislativo, particularmente en relación con los trámites previsionales y las pensiones no contributivas.

Desde el Concejo señalaron que el objetivo de la convocatoria es garantizar el acceso a la información pública y promover el diálogo institucional frente a las demandas planteadas por vecinos de la ciudad.

El presidente del Concejo Municipal de Venado Tuerto, Juan Ignacio Pellegrini, confirmó que convocarán a la Cooperativa de Obras Sanitarias (COS) a un reunión el próximo miércoles para delinear los pasos a seguir en torno al pedido de actualización tarifaria presentado en audiencia pública.

“Realizamos un plenario con todos los concejales, solamente estuvo ausente La Libertad Avanza, donde empezamos a delinear los pasos a seguir en torno al pedido de aumento del servicio que solicitó la COS. El porcentaje se definirá en la sesión extraordinaria que vamos a tener la semana que viene o la otra”, explicó.

El planteo de la cooperativa fue formalizado en una audiencia pública realizada en enero, solicitando casi un ajuste del 50 por ciento. En ese marco, el Concejo prevé convocará al gerente general, Emiliano Bonifazi, y a la presidenta del Consejo de Administración, Tamara Domínguez para profundizar el análisis antes de definir el de aumento. En principio, el encuentro se efectuará el miércoles próximo.

El titular del Legislativo remarcó la necesidad de ponderar todas las posturas involucradas: la de la cooperativa, la de los bloques, la de los técnicos y la de los vecinos que participaron de la audiencia pública.

“Cuando estamos hablando de la Cooperativa de Obras Sanitarias estamos hablando de la salud de los vecinos. Estamos hablando del agua potable, estamos hablando de las cloacas, estamos hablando de dos servicios públicos básicos y esenciales”, afirmó.

En ese sentido, señaló que la decisión deberá contemplar el funcionamiento de la entidad, pero también la situación económica de los usuarios. “Creo que hay que hacer un punto de equilibrio entre todas las posturas, teniendo en cuenta el funcionamiento de la cooperativa, pero también el bolsillo de los venadenses”, expresó.

La intención del Concejo es avanzar con una sesión extraordinaria en las próximas semanas. “El desfasaje que plantea la COS es al mes de junio del 2025, es decir que ese margen se fue ampliando hasta ahora. Esto lo marcamos para que la gente lo tenga en cuenta y para que lo tengamos en cuenta nosotros también para poder abordarlo con la urgencia que requiere”, concluyó.

El Concejo Municipal de Venado Tuerto avanzó en dos nuevos proyectos vinculados a la ampliación de la red de gas natural en distintos sectores de la ciudad. El presidente del cuerpo, Santiago Meardi, explicó que las obras forman parte de un plan sostenido de infraestructura básica urbana impulsado por la gestión del intendente Leonel Chiarella, con el objetivo de garantizar servicios esenciales y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

“Estamos avanzando con un tramo de cerca de 600 metros lineales que implica la conexión de más de 50 familias a la red de gas”, explicó Meardi, quien precisó que los trabajos se llevarán adelante en los barrios Cayetano Silva, Victoria, Iturbide y El Cruce, donde ya se realizaron estudios técnicos y se obtuvo la factibilidad de conexión otorgada por Litoral Gas S.A.

“El municipio hace la obra con fondos propios y luego la cede a Litoral Gas, que realiza las pruebas de hermeticidad y la pone en funcionamiento. Es un esquema de trabajo que venimos implementando desde hace años y que ha permitido que cada vez más vecinos accedan al servicio”, agregó el presidente del Concejo.

Estas tareas complementan los más de 12 kilómetros de red construidos en los últimos años, en sectores como San José Obrero, Ciudad Nueva, Malvinas Argentinas, Santa Rosa, Villa Casey, San Vicente y Rivadavia, entre otros.

Meardi destacó la importancia social de estas obras, que permiten sustituir el uso de garrafas y mejorar las condiciones de seguridad en los hogares.

“Cada persona que no tiene gas natural sufre inconvenientes diarios: quedarse sin garrafa cuando se cocina o cuando uno se baña, o no poder comprar una durante un domingo. Son situaciones que cambian radicalmente cuando el servicio llega a la vereda”, señaló.

“Además, el gas natural implica una revalorización de la vivienda, más seguridad y mayor confort. Son inversiones que quedan para siempre y mejoran el entorno urbano”, agregó.

El funcionario subrayó que la cobertura de gas natural en Venado Tuerto ya supera el 75%, y con estas ampliaciones se alcanzará el 80% antes de fin de año. “Este trabajo forma parte del Plan Estratégico Participativo, que definió como uno de sus ejes principales la expansión de las infraestructuras básicas junto con cloacas, pavimento y agua potable”, puntualizó Meardi.

Asimismo, explicó que estas acciones se financian íntegramente con recursos municipales, en un esquema que combina obra pública directa y contratación de empresas especializadas locales:

“La obra pública no solo mejora la calidad de vida, también es un motor de la economía local, genera empleo, dinamiza la construcción y mueve a los proveedores de materiales”, expresó.

En cuanto al Gasoducto Regional Sur, Meardi informó que la obra se encuentra con más del 90% de avance y es fundamental para aumentar la presión del suministro y posibilitar futuras ampliaciones.“Muchos vecinos ven los trabajos sobre calle Edison y en la plaza del Trabajador. Allí se está instalando una planta reguladora y se amplían cañerías troncales que permitirán mejorar el flujo de gas hacia toda la ciudad”, explicó.

“Cuando el gasoducto esté operativo, vamos a poder extender la red hacia nuevos sectores y ex loteos que hoy no tienen factibilidad de conexión, llegando incluso a zonas periurbanas”, adelantó.

El presidente del Concejo aclaró que, una vez concluida la red principal, cada frentista deberá realizar la instalación interna domiciliaria conforme a las normas vigentes.

“Las reglamentaciones de Litoral Gas exigen instalaciones en regla y materiales homologados. Cada vecino debe hacer su obra interna con un gasista matriculado, lo que varía según las dimensiones del domicilio o si se conecta solo la cocina o toda la casa”, indicó.

En este sentido, Meardi recordó que el municipio brinda asesoramiento técnico y acompaña los trámites para facilitar el proceso de conexión, especialmente en familias de bajos recursos.

La concejala María Florencia Di Pizio volvió a poner sobre la mesa un reclamo histórico: el mantenimiento integral de los pasos a nivel ferroviarios de la ciudad. La iniciativa surge tras más de un año de insistentes pedidos formales que no obtuvieron respuesta de los organismos nacionales, y busca ahora interpelar a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, creada recientemente por el Gobierno nacional.

El texto aprobado recuerda las Resoluciones N° 5535/24, 5604/24, 5605/24, 5654/24 y 5689/25, en las que el Concejo ya había solicitado obras de reparación, señalización y saneamiento en los cruces de Patricio Boyle y Sarmiento; Av. 3 de Febrero (entre Sarmiento y 2 de Abril); Av. Falucho (entre Sarmiento y 2 de Abril) y el cruce peatonal de calle Pavón; Av. Eva Perón (entre Sarmiento y 2 de Abril) y calle Neuquén (entre Cayetano Silva y Gutiérrez).

Además de la repavimentación, se pidió poda y desmalezado para mejorar la visibilidad, evaluación sanitaria de los árboles que crecen sobre las vías y la reposición de señalética preventiva, hoy inexistente o dañada.

“Con el transcurso del tiempo, lejos de haberse dado solución, el estado de los cruces se ha visto cada vez más deteriorado, presentando baches, hundimientos y pozos que ponen en riesgo la seguridad vial y peatonal”, señala el proyecto.

Vecinos de distintos barrios han presentado quejas al municipio y a los concejales, denunciando daños en sus vehículos y maniobras riesgosas de tránsito. La falta de mantenimiento no solo afecta a automovilistas, sino también a motociclistas, ciclistas y peatones que diariamente deben atravesar la traza ferroviaria.

El reclamo cobra nueva fuerza tras la publicación del Decreto 584/2025, que dispuso la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, un organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

Según el Artículo 5° de la norma, la Agencia tiene competencia en el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y en los pasos a nivel, lo que la convierte en el interlocutor obligado para atender este tipo de reclamos.

“Es indispensable que el nuevo organismo actúe con celeridad, porque esta problemática afecta directamente a la vida cotidiana de miles de venadenses”, advirtió Di Pizio durante la sesión.

Los pedidos formales comenzaron en abril de 2024 y se mantuvieron durante más de un año sin obtener contestación. La concejala subrayó que “esta falta de respuesta constituye una clara omisión por parte del gobierno nacional de turno, que desconoce los reclamos elevados por el Concejo y desatiende una problemática que pone en riesgo la seguridad de toda la comunidad”.

El Concejo Municipal de Venado Tuerto avanza en la aprobación de un proyecto de ordenanza que autoriza la venta e individualización de 77 lotes municipales destinados al programa “Nuestro Terreno 5”, una política que busca garantizar el acceso a la tierra propia a vecinos de la ciudad.

“Estos 77 lotes están en tres sectores de la ciudad: barrio Cayetano Silva, barrio Santa Rosa y barrio El Cruce”, explicó el presidente del Concejo, Santiago Meardi.

De los 77 lotes relevados, el Ejecutivo tendrá la potestad de disponer de 70 para el sorteo, mientras que los 7 restantes podrán quedar sujetos a cuestiones técnicas o de servicios. Con esta nueva etapa, el programa alcanzará las 500 familias beneficiadas en Venado Tuerto desde su creación.

“Estamos hablando de 500 familias que ya pudieron o van a poder construir su casa propia gracias a este programa. Es un círculo virtuoso: con las cuotas que pagan los adjudicatarios, el municipio adquiere nuevas tierras para futuras ediciones”, destacó Meardi.

El titular del Concejo detalló que los terrenos tendrán valores que oscilan entre 10 y 11 millones de pesos, según su ubicación. Ese monto representa la mitad del valor de mercado: “La base imponible sobre la que comienzan a pagar es del 50% de lo que valdría hoy en el mercado. A partir de ahí se generan planes de cuotas muy accesibles para los vecinos”, explicó.

En cuanto a la distribución, se fijó que 50 lotes estarán destinados a grupos familiares y 20 a personas solas, manteniendo la línea de equidad entre quienes ya conformaron familia y quienes aún no.

Meardi aseguró que todos los terrenos incluidos en esta etapa están en posesión del municipio y cuentan con mensura. La subdivisión e individualización se inicia con esta ordenanza, lo que habilita su incorporación inmediata al programa.

“Es clave que cada lote esté con los papeles en regla y a nombre del municipio. Eso da seguridad jurídica y evita conflictos futuros. En los últimos meses, además de estas subdivisiones, hemos aprobado la compra de terrenos y avanzamos con procesos de usucapión y prescripción adquisitiva para seguir sumando suelo urbano”, agregó.

El presidente del Concejo reconoció que en esta oportunidad la oferta de lotes es menor en comparación con ediciones anteriores, pero aclaró que esto se debe a que las tierras recientemente adquiridas aún requieren obras de infraestructura: “Algunos nuevos loteos necesitan servicios básicos como agua, cloacas y energía. Una vez que estén disponibles, se incorporarán a futuras ediciones del programa”, dijo.

En paralelo a la política municipal de tierra, Meardi señaló que el gobierno provincial avanza en la construcción de viviendas en barrio Cayetano Silva. “Las obras ya están en marcha y cuando lleguen a un nivel de avance importante se abrirá la inscripción al sorteo, que se realizará a través del Registro Único de la Vivienda de la provincia (RUIP)”, explicó.

Según indicó, cualquier vecino que desee inscribirse en el RUIP puede hacerlo de manera anticipada. “Es un complemento a lo que hace el municipio con los terrenos, porque hablamos de dos políticas distintas pero que convergen en un mismo objetivo: dar soluciones habitacionales a la ciudad”, puntualizó.

Finalmente, Meardi valoró el trabajo de la Comisión de Tierras del Concejo, donde todas las fuerzas políticas tienen representación: “Es un espacio clave para planificar la ciudad a futuro. Cada loteo que aprobamos, cada compra que realiza el municipio, está pensada para que más venadenses tengan la posibilidad de acceder a un terreno y, con esfuerzo, levantar su casa propia”.

En su última sesión, el Concejo Deliberante de Venado Tuerto autorizó al Ejecutivo municipal a incorporar  nuevas tierras (1,3 hectáreas) al patrimonio público, destinadas al programa Nuestro Terreno. Se trata de 0,8 hectáreas en el barrio Juan XXIII y media hectárea en el barrio Cayetano Silva, que se suman al banco de tierras con el que el municipio busca sostener una de sus políticas habitacionales más relevantes.

El presidente del Concejo local, Santiago Meardi explicó que estas adquisiciones son fruto del trabajo de la Comisión de Tierras de la ciudad, integrada por concejales de todos los bloques y coordinada por la Secretaría de Gobierno. “Desde que arrancamos la gestión hemos tenido una política muy clara de adquisición de tierra. Para nosotros es central porque eso nos llevó a poder mantener un programa social como Nuestro Terreno, que este año lanzará su quinta edición”, afirmó.

Cabe señalar que, en el caso del barrio Juan XXIII, el municipio accedió a los terrenos mediante usucapión —prescripción adquisitiva—, lo que significó un costo cero para las arcas públicas. Por su parte, en el barrio Cayetano Silva se concretó un canje: se entregaron dos lotes más pequeños ubicados en otra zona a cambio de una fracción de media hectárea.

Estas estrategias, junto con la compra directa a valores por debajo del mercado, han permitido ampliar la disponibilidad de lotes. “No es lo mismo comprar una parcela entera que adquirir lote por lote, que resulta mucho más caro. Al comprar en bloque podemos abaratar costos y luego subdividir para su adjudicación”, puntualizó Meardi.

El programa Nuestro Terreno ofrece lotes a un valor “prácticamente la mitad del mercado” y se financia con un fondo específico integrado por el pago de cuotas de adjudicatarios y por otros recursos del banco de tierras. “No es sencillo adquirir tierra en Venado Tuerto por su alto valor y escasez, pero hacemos todos los esfuerzos para sostenerlo”, señaló el edil.

Desde su implementación, el plan ha adjudicado terrenos a centenares de familias a través de sorteos públicos. La meta para este año es alcanzar las 500 familias beneficiadas desde el inicio del programa. “Es un orgullo que otros municipios y provincias se interesen en nuestra experiencia y vengan a conocerla”, expresó Meardi, quien remarcó que el acceso a un terreno es “el primer paso para cumplir el sueño de la casa propia”.

El anuncio de la fecha para el próximo sorteo será realizado próximamente por el intendente Leonel Chiarella y el secretario de Gobierno Mariano De Mattia.

En paralelo, el Concejo también aprobó la compra de 33 nuevas cámaras de seguridad, que se sumarán a las más de 210 ya instaladas en la ciudad. “Cuando arrancamos había 45 cámaras; hoy contamos con un sistema mucho más robusto y seguimos ampliándolo”, dijo Meardi.

La inversión incluye cableado y equipamiento tecnológico, y su instalación se coordinará con la Policía provincial, la Fiscalía y el área de Control municipal para fortalecer la prevención y la investigación de delitos.

El Concejo Municipal de Venado Tuerto manifestó su profunda preocupación institucional por la decisión del Gobierno Nacional de absorber administrativamente al Instituto Nacional del Cáncer (INC) dentro de la estructura del Ministerio de Salud. La resolución fue impulsada por la concejal Florencia Di Pizio y pone en foco la incertidumbre que genera esta medida en materia de salud pública, especialmente en los territorios alejados de los grandes centros urbanos.

“La función del Instituto Nacional del Cáncer ha sido clave para garantizar el diseño y ejecución de políticas públicas en prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Su debilitamiento podría significar un retroceso para miles de pacientes”, afirmó Di Pizio al fundamentar el proyecto, que fue aprobado por el cuerpo legislativo.

Según el comunicado oficial del Ministerio, la reestructuración busca “eliminar duplicidades, optimizar procesos administrativos y corregir falencias en logística y control de gestión”, mencionando como ejemplo compras excesivas de opioides y vencimientos masivos de medicamentos. No obstante, desde el Concejo se advirtió que la medida genera “preocupación legítima” en todos los niveles del Estado.

El texto aprobado destaca que el Instituto Nacional del Cáncer ha sido un canal directo entre la Nación y los territorios, articulando políticas con provincias, municipios y hospitales. “El posible debilitamiento de esta estructura, en un contexto donde ya existen desigualdades en el acceso a la salud, podría afectar gravemente la capacidad de respuesta del sistema, especialmente en el interior del país”, expresó Di Pizio.

En este sentido, el Concejo reclamó al Ministerio que garantice formalmente la continuidad de todos los programas que venía llevando adelante el INC, y que cualquier reestructuración esté acompañada de instancias de información pública y diálogo con los territorios.

“Necesitamos respuestas claras y compromiso con los pacientes oncológicos. No se puede jugar con algo tan delicado como el tratamiento del cáncer”, agregó la concejal, señalando además que el impacto social y sanitario de esta medida repercutirá directamente en las comunidades locales.

La resolución aprobada por el cuerpo deliberativo “expresa la preocupación institucional del Concejo por la decisión del Ministerio de Salud de absorber al INC, resaltando su rol clave en el sistema sanitario” y “solicita garantías formales y operativas de continuidad y fortalecimiento de los programas oncológicos, con especial atención al impacto en municipios y provincias”.

La iniciativa de Florencia Di Pizio se enmarca en una creciente preocupación por parte de legisladores, entidades sanitarias y asociaciones de pacientes que advierten el riesgo de retrocesos en políticas oncológicas fundamentales para la salud pública en Argentina.

Las elecciones del pasado domingo marcaron un hecho inédito en la historia política de Venado Tuerto: por primera vez desde el retorno de la democracia, el peronismo se quedó sin representación en el Concejo Deliberante. Sebastián Roma, actual concejal y uno de los principales referentes del Partido Justicialista (PJ) local, quien no logró renovar su banca, brindó un análisis profundo sobre las causas de la derrota, el impacto del contexto nacional y los desafíos que enfrenta este espacio para reconstruirse.

“Para mí fue una campaña que disfruté mucho. Pudimos consolidar un equipo de trabajo nuevo, con gente joven que no venía participando activamente en política. Eso para mí es un elemento importantísimo”, expresó Roma.

Destacó que, más allá del resultado adverso, la experiencia dejó aprendizajes y un grupo comprometido: “Transitamos alegres y con convicción de nuestras ideas. Evidentemente, el resultado no fue el esperado, pero la política no se trata solo de tener un cargo; es consolidar equipos que representen intereses y trabajen para transformar la realidad”.

Roma atribuyó la derrota a un escenario que va más allá de lo local: “Creo que esta situación no responde tanto a lo que hicimos en Venado Tuerto. Tiene mucho que ver con una coyuntura difícil para nuestro partido, arrastrando mochilas de malas gestiones a nivel provincial y nacional, y un clima que genera prejuicio y demonización del espacio”.

“El Gobierno Nacional ha elegido al peronismo como enemigo porque entiende que es su principal rival político, y apunta el enojo hacia nosotros. Eso no pasa desapercibido en una ciudad donde a (Javier) Milei le fue muy bien”, analizó el concejal.

Sobre la división del PJ en dos listas, Roma reconoció: “Sí, creo que esa fragmentación perjudicó. A veces es preferible que nadie gane antes que gane uno que no soy yo, y eso termina afectando. Pero insisto: en términos de construcción logramos algo importante. En tiempos donde parece que solo triunfa el que gana, debemos demostrar que también hay ganancia en renovar equipos y plantear nuevas formas de hacer política”.

La nueva composición del Concejo Deliberante —que tendrá ocho bancas oficialistas y apenas dos opositoras— deja al PJ sin representantes por primera vez en 40 años. Roma fue claro: “La realidad del partido es crítica, pero no solo aquí; es un problema general. Lo importante es que la militancia entienda que no fue un fracaso por falta de trabajo, sino por un contexto difícil”.

“El desafío es construir desde la sociedad civil, participando en instituciones, generando espacios de debate, trayendo invitados y manteniéndonos en la discusión política de la ciudad, aunque no tengamos banca”, afirmó.

Asimismo, Roma se mostró abierto a construir un frente con otros espacios como Ciudad Futura, como sucedió en Rosario: “Creo que es posible, pero no puede ser solo un frente electoral. Tiene que ser un espacio que respete la identidad de cada sector, pero permita llevar adelante políticas necesarias para la ciudad”.

Para cerrar, Roma dejó un mensaje sobre su futuro: “Mi carrera política no ha terminado; lo que terminó es una etapa en el Concejo. Voy a seguir trabajando para aportar políticamente desde donde me toque, porque la política no se termina sin un cargo”.

La histórica casona de la familia Boyle, ubicada en Casey y Mitre, pleno centro de Venado Tuerto, regresó al eje del debate público. En la última sesión del Concejo Deliberante ingresó una nota formal enviada por los herederos del inmueble, quienes solicitan la derogación de la ordenanza que, desde 2011, declara a la propiedad de interés patrimonial, arquitectónico, urbanístico e histórico cultural.

El pedido busca eliminar las restricciones impuestas para realizar reformas o una posible demolición, lo que permitiría otros usos del terreno, como la construcción en altura. El planteo reabre una discusión sensible para la comunidad local, que aún recuerda la pérdida de edificios emblemáticos como la Casa Andueza.

La vivienda, construida a principios del siglo XX y rodeada de un amplio terreno, posee un alto valor patrimonial y urbanístico, no solo por su antigüedad, sino también por su ubicación estratégica en el centro de la ciudad, lo que la convierte en un predio muy codiciado por desarrolladores inmobiliarios.

El presidente del Concejo, Santiago Meardi, confirmó que la nota fue girada a la Comisión Mixta de Desarrollo Territorial, que integran ediles de todos los bloques y representantes de los colegios profesionales de arquitectos, ingenieros y agrimensores. Esa misma comisión fue la que años atrás propuso la protección del inmueble.

“Se trata de una propiedad con alto potencial para la construcción de edificios, y por eso fue declarada de interés patrimonial. Pero también es cierto que los propietarios no tienen claridad sobre los beneficios que se les otorgan por esa condición”, explicó Meardi.

Según detalló el edil, los actuales titulares del inmueble manifiestan sentirse perjudicados por las restricciones que impone la ordenanza, ya que no existen criterios claros sobre lo que se puede hacer ni qué compensaciones reciben quienes deciden mantener el bien patrimonial.

“La falta de especificidad en los alcances de la ordenanza genera incertidumbre en cualquier transacción. Ni los propietarios actuales ni potenciales compradores tienen claro qué está permitido”, indicó.

Además, explicó que la normativa vigente prevé beneficios constructivos, como mayor altura, mayor cobertura del terreno o excepciones en los indicadores urbanísticos, siempre y cuando se respete la preservación de la estructura, especialmente de su fachada. Pero esos beneficios no han sido explicitados en ningún reglamento particular para esta vivienda.

Meardi recordó el fuerte impacto que tuvo la demolición de la Casa Andueza (que estaba ubicada en Belgrano y 9 de Julio), otro inmueble de valor histórico que fue derribado tiempo atrás para proyectar un nuevo edificio municipal, cuya construcción nunca no se concretó. Luego el lote fue vendido para pagar deudas que tenía la ciudad. Ese hecho generó una reacción comunitaria que dejó huella.

“Esa situación nos dolió a todos, incluso a quienes no llegamos a conocerla. Por eso debemos aprender de la historia y no repetir errores”, sostuvo.

También recordó que años atrás hubo un intento de convertir la Casona Boyle en un bar temático, respetando su estructura original y anexando un edificio moderno. Aunque la propuesta fue bien recibida, fracasó por no alcanzar un acuerdo económico entre el comprador interesado y los propietarios.

“No se trata solo de la ordenanza, sino también del valor de la propiedad y del mercado. Cada propietario tiene derecho a pedir lo que considere, pero los desarrollos también deben ser viables económicamente”, puntualizó.

Meardi confirmó que en distintos momentos se planteó la posibilidad de que el Estado provincial adquiriera la propiedad para establecer allí oficinas públicas, como un Registro Civil. Sin embargo, el elevado valor del inmueble y los costos de mantenimiento y puesta a punto han sido hasta ahora un obstáculo.

“Hoy hay un gobierno provincial que está invirtiendo en Venado Tuerto, y tal vez sea el momento de poner esta alternativa sobre la mesa nuevamente”, dijo el edil.

La nota enviada por los herederos no establece un plazo, pero Meardi considera necesario avanzar con un dictamen técnico que aclare con precisión qué puede y qué no puede hacerse en el inmueble, y cuáles son los beneficios urbanísticos concretos.

“No creemos que sea algo que demore demasiado. Lo importante es ordenar jurídicamente la situación. Lo que nos están pidiendo es la derogación de la ordenanza, y eso está sobre la mesa. Pero nosotros adelantamos nuestra postura: preservar el patrimonio y la identidad del espacio”, remarcó.

Meardi indicó que actualmente hay alrededor de 20 inmuebles en Venado Tuerto que están protegidos por ordenanzas similares. En general, estos procesos se han desarrollado con el consenso de los propietarios.

“No queremos generar trabas. Lo que buscamos es encontrar un punto de equilibrio entre la protección patrimonial y los derechos de los propietarios. Y sobre todo, dar seguridad jurídica para que nadie quede atrapado en la incertidumbre”, concluyó.

En su última sesión, el Concejo Municipal de Venado Tuerto aprobó por unanimidad una ordenanza que elimina el cobro del 3,4% incluido en las facturas de la Cooperativa Eléctrica, correspondiente al Fondo Municipal de Alumbrado Público. La medida fue impulsada en conjunto por el oficialismo y la oposición, y se da en un contexto de creciente malestar social por el aumento en los costos del servicio eléctrico.

“Estamos eliminando el único concepto de origen municipal que quedaba dentro de la boleta de luz. Es una decisión responsable que responde a una demanda de los vecinos”, explicó el presidente del cuerpo legislativo, Santiago Meardi.

El porcentaje en cuestión figuraba en el troquelado inferior izquierdo de las facturas y representaba un impacto considerable sobre el total. A través de este fondo se financiaron obras de reconversión lumínica en distintas calles de la ciudad; con el plan 2024 se avanzó en arterias como Mitre, Jorge Newbery, Pinto Lucero, Uruguay y Libertad, entre otras.

Según confirmó Meardi, la eliminación de este tributo no afectará la continuidad del plan de alumbrado. “El intendente Leonel Chiarella anunció en el inicio del período ordinario de sesiones la compra de mil luminarias LED con fondos propios, lo que nos permite seguir avanzando sin trasladar el costo a los usuarios”, señaló.

Estas nuevas unidades estarán destinadas a calles troncales y avenidas principales, en el marco de una política sostenida de modernización del parque lumínico urbano.

La ordenanza aprobada ya fue remitida al Departamento Ejecutivo, que deberá promulgarla y notificar a la Cooperativa Eléctrica para que aplique la modificación en las próximas facturas. “Entendemos que en el próximo ciclo de facturación este ítem ya no estará presente”, aseguró el presidente del Concejo.

Además, Meardi aclaró que la medida no tiene carácter retroactivo. “Quienes ya abonaron no recibirán reintegros, y quienes adeudan ese monto aún deberán cancelarlo. Lo votado rige hacia adelante, como corresponde”, explicó.

También recordó que desde el año pasado el municipio viene pagando de forma directa el consumo eléctrico de todas sus dependencias —centros de salud, jardines maternales, oficinas administrativas—, lo que implicó la eliminación del ítem correspondiente dentro de la factura general.

Con la eliminación del fondo municipal de alumbrado, el troquelado de la factura eléctrica quedará reducido a tres conceptos: la capitalización de la cooperativa, un canon provincial del 6% por uso del espacio aéreo y un pequeño aporte al fondo de energías renovables.

“Hoy el mayor impacto en la boleta lo generan el consumo eléctrico, la capitalización de la cooperativa y sobre todo el IVA, que puede llegar al 27% dependiendo del tipo de usuario”, precisó Meardi.

Además, hizo mención al proceso de descongelamiento de tarifas dispuesto por el gobierno nacional, que implica la quita progresiva de subsidios y la consecuente suba en el valor de la energía. “Ese ajuste se traslada de forma directa a los usuarios y agrava una situación ya compleja en ciudades como Venado Tuerto, donde por contrato se paga hasta un 10% más que la tarifa de la EPE”, advirtió.

Meardi valoró el acompañamiento de todas las fuerzas políticas representadas en el Concejo para avanzar con esta ordenanza. “En un momento donde la ciudadanía está agobiada por la inflación y el encarecimiento de los servicios, dar una señal concreta de alivio es importante”, remarcó.

Por último, el Concejo también solicitó a la Cooperativa un informe detallado sobre las inversiones realizadas con los fondos del plan de alumbrado, para transparentar el uso de esos recursos y dejar constancia de su ejecución.

Ante la falta de respuesta a resoluciones previas, la concejal Florencia Di Pizio presentó un nuevo proyecto de resolución en el Concejo Municipal de Venado Tuerto, solicitando a Ferrocarriles Argentinos una pronta contestación y la ejecución de tareas de mantenimiento en los principales cruces ferroviarios de la ciudad. El pedido apunta directamente a la Línea San Martín Cargas Santa Fe/Soldini, dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación.

El reclamo retoma las resoluciones ya remitidas el 17 de abril (Nº 5535/24), 21 de agosto (Nº 5604/24 y 5605/24) y 20 de noviembre de 2024 (Nº 5654/24), donde se requería el mantenimiento integral de los siguientes cruces:

Patricio Boyle y Sarmiento

Av. 3 de Febrero entre Sarmiento y 2 de Abril

Av. Falucho entre Sarmiento y 2 de Abril, y el cruce peatonal de calle Pavón

Av. Eva Perón entre Sarmiento y 2 de Abril

Neuquén entre Cayetano Silva y Gutiérrez

En el texto también se reclama un cronograma de mantenimiento, la evaluación sanitaria de los árboles ubicados sobre las vías, tareas de poda y desmalezado, y la incorporación o reposición de señalética preventiva en mal estado o directamente ausente.

"Los cruces ferroviarios son puntos críticos donde confluyen vehículos, peatones y formaciones ferroviarias. Su correcto mantenimiento es esencial para garantizar la seguridad vial en nuestra ciudad", fundamentó Di Pizio.

La edil destacó que el cuidado de la vegetación y la señalización adecuada no solo previenen accidentes, sino que también generan un entorno más ordenado y confiable para los vecinos. Ante la reiteración de los pedidos sin respuesta, el proyecto propone volver a remitir copia de todas las resoluciones anteriores y solicitar una respuesta oficial.

En la sesión extraordinaria que realizó el Concejo Municipal el pasado miércoles, se habilitó a la Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto a aplicar un aumento del 80% en las tarifas de agua y cloacas. Sin embargo, desde la entidad advierten que este ajuste resulta insuficiente para sostener el servicio durante todo el año, debido al impacto de la inflación y el aumento de costos operativos.

El gerente de la cooperativa, Emiliano Bonifazi, explicó que la solicitud inicial era de un 248,5%, en línea con la inflación acumulada desde julio de 2023 hasta junio de 2024, que superó el 260%. “Este aumento no cubre la totalidad de los costos y, si es el único en todo el año, en junio estaremos en problemas”, sostuvo.

Según detalló, con la nueva suba, una vivienda promedio con 20 metros cúbicos de consumo mensual de agua potable pasará de pagar $11.000 a cerca de $20.000 por los servicios de agua y cloacas. A pesar de la magnitud del incremento, Bonifazi subrayó que el costo sigue siendo menor al de otras provincias: “El mismo servicio en otras cooperativas ronda entre $25.000 y $30.000”.

Aun así, el gerente reconoció que el aumento afecta a los bolsillos de los vecinos, por lo que la entidad había propuesto un esquema de actualización progresiva para mitigar el impacto. “Buscamos alternativas para que el usuario sienta lo menos posible el incremento, pero los costos han crecido exponencialmente y no podemos sostener el servicio sin ajustes”, explicó.

La situación más preocupante radica en que la suba del 80% no permitirá sostener el nivel de inversión proyectado. "Antes de dejar de prestar el servicio, lo vamos a comunicar, pero habrá un freno en las inversiones", advirtió. Esto afectará principalmente al mantenimiento de la infraestructura y la modernización del sistema.

Uno de los puntos más críticos es el sistema de ósmosis inversa, clave para la potabilización del agua en la ciudad. Según Bonifazi, este proceso depende de insumos dolarizados, cuyo precio se disparó en los últimos meses debido a la devaluación del peso.

"Los productos químicos y los insumos necesarios para la potabilización están atados al dólar, y su costo se ha incrementado de manera significativa", explicó. Si bien aseguró que en el corto plazo no habrá cambios en la calidad del agua, no descartó problemas en la provisión de insumos a partir de mitad de año si no se permite un nuevo ajuste tarifario.

Otro de los factores que incide en el presupuesto de la cooperativa es el consumo de energía eléctrica. La entidad destina una gran parte de su presupuesto al funcionamiento de las plantas de ósmosis, que trabajan las 24 horas del día.

“El incremento en el Valor Agregado de Distribución (VAD) de la EPE nos va a impactar de lleno. Pasaremos de pagar $45 millones a más de $60 millones mensuales en electricidad”, detalló el gerente. Esta suba podría trasladarse a los usuarios en los próximos meses si la cooperativa no encuentra otra fuente de financiamiento.

Por el momento, la fecha exacta de aplicación del aumento en el servicio no está confirmada. “Aún no tenemos el dictamen oficial, por lo que no sabemos si la suba impactará en las facturas de febrero o marzo”, indicó Bonifazi.

En cuanto a la morosidad, el gerente afirmó que los vecinos de Venado Tuerto tienen un buen historial de pago y que la cooperativa ha implementado planes de financiamiento para ayudar a quienes se retrasan en sus facturas. "Siempre hubo una cultura de pago. En el segundo vencimiento, el 90% de los usuarios abona su factura", señaló.

No obstante, reconoció que hay sectores que especulan con la posibilidad de moratorias o seleccionan qué cuentas pagar primero. "La mayoría de los casos de mora no son por falta de recursos, sino por una estrategia financiera de algunas empresas", comentó.

Durante la sesión extraordinaria, algunos concejales insistieron en la creación de un fondo compensador para evitar aumentos tan bruscos. Sin embargo, Bonifazi descartó que esta opción pueda aplicarse de inmediato.

"Para que esto sea una realidad, debe haber una decisión a nivel provincial y nacional. No es algo que dependa solo de Venado Tuerto, sino que requiere una ley o un decreto", explicó. Además, recordó que la cooperativa lleva siete meses sin ajustes y que la urgencia financiera no permite esperar una solución política que puede tardar meses en concretarse.

Este miércoles, en sesión extraordinaria, el Concejo Municipal de Venado Tuerto habilitó a la Cooperativa de Obras Sanitarias (COS) a aumentar un 80 por ciento las tarifas de cloacas y agua potable, significando un 32% de lo solicitado por la entidad en la audiencia pública celebrada en el mes de enero, donde aseguró que el desfasaje llega al 248,5 por ciento. 

Durante la reunión en el edificio de Vía y Obras donde funciona el legislativo local, el bloque oficialismo y el Partido Justicialista marcaron la necesidad de autorizar este aumento, con el objetivo de garantizar la viabilidad del servicio, clave para la salud y calidad de vida de los venadenses. También subrayaron las obras históricas que están en marcha para ampliar la red de agua y cloacas, como la que está llevando adelante el gobierno provincial y que beneficiará a cuatro barrios del sector norte de la ciudad, con una inversión superior a $10.000 millones.

Por otro lado, el bloque de Ciudad Futura votó en contra del aumento, recordando el compromiso de la actual gestión provincial de subsidiar el servicio, como lo hace con la empresa provincial Aguas Santafesinas, mediante un fondo compensador.  

El presidente del Concejo, Santiago Meardi, recordó que el cuerpo legislativo mantuvo tres reuniones plenarias para evaluar el impacto de la medida y destacó que "no se puede hacer un aumento como el solicitado por la COS, ya que son porcentajes muy altos, llegando casi al 250 por ciento". A raíz de ello, los diferentes bloques trabajaron en la búsqueda de una propuesta unificada que contemple tanto la sustentabilidad del servicio como la capacidad de pago de los usuarios.

Si bien no se logró el acuerdo unánime, se le dio luz verde por 8 votos a favor y 2 en contra a la propuesta de incremento del 80% sobre la facturación actual. "Sabemos que es un número bajo para la sustentabilidad de la cooperativa, pero también debemos poner sobre la mesa la visión del usuario", expresó Meardi.

El concejal confirmó que la actualización tarifaria se aplicaría en un solo tramo y que se dialogó con la cooperativa, que mostró su disconformidad con la cifra propuesta. "Entendemos que este 80% no les cae para nada simpático porque no es el mejor número para su administración, pero es el máximo consenso al que pudimos llegar", explicó.

Uno de los puntos de conflicto en el debate fue la propuesta del concejal Bruno Taddia, de Ciudad Futura, quien pidió la intervención de la provincia con un fondo compensador para amortiguar el impacto en la tarifa. Sin embargo, Meardi consideró que este planteo es más "un debate político que tarifario", y sostuvo que el gobierno provincial ya ha realizado aportes significativos en materia de infraestructura sanitaria.

"El año pasado llegaron más de 100 millones de pesos para mejoras en la provisión de agua y se está ejecutando una obra de 10 mil millones de pesos para cloacas en el sector norte de la ciudad", detalló el edil, agregando que la provincia también aplicó modificaciones impositivas en beneficio de la cooperativa.

Consultado sobre si la suba del 80% podría afectar la calidad del servicio, Meardi indicó que la cooperativa "no podrá desarrollar nuevas obras con este incremento", aunque aseguró que las inversiones provinciales compensarán esa situación. "La provincia está financiando directamente obras que la cooperativa no podía afrontar", subrayó.

El Concejo Municipal de Venado Tuerto se encuentra en pleno análisis del pedido de incremento tarifario presentado por la Cooperativa de Obras Sanitarias (COS), que solicitó una suba del 248% en virtud de una fórmula polinómica que contempla diversos factores como costos de personal, insumos, productos químicos, energía eléctrica y obras de infraestructura.

Si bien los concejales reconocen la necesidad de actualización tarifaria, coinciden en que el aumento planteado no puede aplicarse de manera inmediata ni en su totalidad debido al impacto que podría generar en los usuarios. En este sentido, desde el cuerpo deliberativo sostienen que es fundamental considerar la capacidad de pago de los vecinos, en un contexto económico delicado y con gastos extraordinarios propios del inicio del ciclo lectivo.

Las negociaciones entre los diferentes bloques políticos han avanzado en la posibilidad de autorizar un incremento menor al solicitado, en torno al 50% de la cifra original, aplicándolo de manera escalonada en tres etapas a lo largo del año.

"Estamos afinando los números con los diferentes bloques y con la cooperativa para llegar a un acuerdo que sea sustancialmente menor a lo solicitado", explicó el presidente del Concejo, Santiago Meardi. "No se puede aplicar un 248% ni de una vez ni en un solo año", agregó, destacando que el impacto económico en las familias hace inviable un ajuste de tal magnitud.

Además, una de las razones por las cuales se considera un porcentaje menor es el hecho de que el Gobierno provincial ha realizado inversiones significativas en la ciudad, especialmente en la ampliación de redes de agua potable en cuatro barrios del sector norte y en la planta de cloacas, con una inversión que supera los 10.000 millones de pesos.

La Cooperativa de Obras Sanitarias, además de brindar servicio de cloacas, produce su propia agua potable a través de un esquema de ósmosis inversa. Sostener este sistema implica una gran inversión operativa y de infraestructura.

Sin embargo, desde el Concejo Deliberante advierten que autorizar una suba tarifaria desmedida podría derivar en un aumento en la morosidad de los usuarios. "Si convalidamos un aumento de este nivel, corremos el riesgo de que muchos vecinos no puedan pagarlo, lo que podría afectar la recaudación y la prestación del servicio", advirtió Meardi.

Actualmente, la cooperativa ha implementado un plan de austeridad que incluyó el congelamiento de ingresos de personal y la reducción de su plantilla. Asimismo, logró regularizar deudas impositivas que arrastraba en períodos anteriores, lo que ha permitido sostener el servicio sin generar una crisis financiera inmediata.

El cuerpo Legislativo local tiene previsto continuar las reuniones con los representantes de la cooperativa para definir los términos del aumento. Esta semana se llevará a cabo un plenario en el que se abordará nuevamente el tema, junto con otras cuestiones como la regulación de carga y descarga en la ciudad.

Desde el ámbito político, la intención es encontrar un punto de equilibrio entre la necesidad de actualizar las tarifas y la realidad económica de los usuarios, evitando un golpe demasiado fuerte en las finanzas familiares en un contexto de inflación y dificultades económicas.

Se espera que en los próximos días se defina el porcentaje final del incremento y el esquema de aplicación, con la posibilidad de aprobar en sesión extraordinaria un ajuste fraccionado en tres etapas, cercano al 50% de lo solicitado originalmente.

De acuerdo al compromiso asumido por el Ejecutivo municipal durante la presentación del Plan Integral de Movilidad, en su primera acción, fue remitido al Concejo el proyecto para una nueva ordenanza de carga y descarga, con la meta de reordenar el microcentro urbano.

Entre las particularidades, amplía la franja horaria (de 6 a 10 y de 14 a 16), prevé la ejecución de dársenas de estacionamiento, segmenta la franja horaria por tamaño de vehículos, establece un régimen especial para determinadas actividades (camiones de mudanzas, materiales de construcción, volquetes, productos refrigerados) y fija para éstas un pedido de excepcionalidad de descargas con 48 horas de antelación.

Además, los vehículos de carga y descarga son anexados para control ocupacional de los permisionarios del Sistema Integral de Estacionamiento Medido (SIEM), si bien exentos. 

 En el caso de las dársenas, tendrán una medida de 9 por 2,3 metros y una zona de manipulación de 2,3 por 2,3 metros, debidamente identificadas. Y con un criterio de seguridad vial y visibilidad, estarán contrapuestas al sentido circulatorio del tránsito, a fin que haya una dársena cada 150 metros.

En cuanto a la segmentación por vehículos, aquellos de hasta ocho metros de largo podrán estacionar en dársenas de 6 a 10 y de 14 a 16, y los de mayor tamaño deberán hacerlo en el horario diferencial de 22 a 6.

Desde la Subsecretaría de Movilidad, a cargo de Eugenio Bernabei, aclararon que este proyecto sometido a consideración de los concejales, se abre a la opinión de las instituciones intermedias relacionadas con la actividad, comercios y distribuidoras, que aportaron en la redacción original.

El concejal Juan Ignacio Pellegrini, completó este 10 de diciembre cinco años como presidente del Concejo Municipal de Venado Tuerto y aseguró que “dejo este cargo de Presidente para seguir trabajando por el rumbo y la planificación de nuestra ciudad”, valorando que continuará en esta nueva etapa como edil “llena de desafíos y oportunidades, en la que seguiremos trabajando todos juntos por el bien de la ciudad”.

El edil de la Unión Cívica Radical, ponderó la figura de Santiago Meardi como nueva autoridad del cuerpo legislativo venadense de calle Sarmiento, asegurando que es un “orgullo y una alegría inmensa” que sea su sucesor.

Más tarde, indicó a modo de ejemplo que es “fácil ponerse de acuerdo con los compañeros del mismo bloque pero no siempre  con la oposición”, haciendo referencia que a pesar de  pensar  diferente y tener intereses distintos con todos los partidos que conforman el Concejo, “hay uno que está por sobre todas las cosas y es poner por delante a la ciudad y todos ponernos a  trabajar para eso”.

En cuanto a los proyectos que más se destacaron en este lustro, mencionó a la puesta en valor del edificio legislativo que fue declarado patrimonio histórico de la ciudad; la redacción del contrato de concesión de la Cooperativa Eléctrica que era una de las grandes deudas de la política local; la adquisición de tierras para el programa “Nuestro Terreno”; la ordenanza del Plan Estratégico Participativo, Residuos Sólidos Urbanos, e Impulso Emprendedor, respectivamente; los sucesivos Planes de Alumbrado Público; y la Playa de Camiones.

“Quiero destacar  la forma de trabajar en cada ámbito del Concejo, el aporte de sus empleados, el diálogo con todos los concejales y  la posibilidad de construir a partir del trabajo en conjunto. Gracias por estos cinco años, aprendí mucho y espero que también del otro lado haya sucedido lo mismo. ”, resumió Pellegrini.

El Concejo Municipal de Venado Tuerto, a través de un proyecto presentado por la concejala Florencia Di Pizio, declaró de Interés Municipal la destacada participación de los bomberos voluntarios de la ciudad en las labores de rescate tras el derrumbe del Hotel Dubrovnik, en Villa Gesell, ocurrido a fines de octubre. La iniciativa tiene como objetivo reconocer y valorar el esfuerzo y compromiso de los miembros de la Brigada USAR (Urban Search and Rescue), quienes fueron convocados para llevar a cabo tareas de búsqueda y rescate en un siniestro de gran magnitud.

Cabe recordar que la Brigada USAR de Venado Tuerto forma parte de un sistema provincial conformado por 120 brigadistas, organizados en tres equipos idénticos para garantizar su capacidad operativa en situaciones de emergencia. La brigada local es una de las más destacadas dentro de la Regional 10, y está integrada por profesionales altamente capacitados en diversas áreas del rescate y la atención de víctimas. Estos incluyen especialistas en búsqueda técnica, rompimiento, apuntalamiento, rescates en altura y otros procesos cruciales para la seguridad y eficacia en situaciones de emergencia.

El equipo de Venado Tuerto está compuesto por siete brigadistas que cumplen diversas funciones dentro del sistema provincial, entre ellos el Comandante General Francisco Acrap y el Oficial Facundo Frutero, líder del equipo que viajó a Villa Gesell. La brigada también se complementa con personal especializado en logística, planificación, atención médica y servicios, que permiten organizar cada intervención de manera efectiva y segura.

El 29 de octubre de 2024, los miembros de la Brigada USAR fueron puestos en alerta amarilla por el Centro de Operaciones Provincial, y rápidamente comenzaron los preparativos para la intervención. El operativo se activó el 2 de noviembre y, tras un desplazamiento que comenzó en Venado Tuerto y pasó por Rosario, el equipo arribó a Villa Gesell el 4 de noviembre.

Una vez en el lugar del derrumbe, los brigadistas venadenses se unieron al trabajo de otras brigadas locales y provinciales. Durante los días siguientes, se realizaron trabajos de rompimiento y penetración de escombros, escombramiento y uso de grúas para la elevación de materiales, todo dentro de un sistema de turnos rotativos de tres horas para asegurar la continuidad de la operación. En total, se estima que alrededor de 90 a 100 personas estuvieron involucradas en la intervención durante los días de trabajo, que concluyó el 7 de noviembre de 2024 a las 18.

El proyecto de declaración también destacó el compromiso constante de la Brigada USAR en términos de formación y capacitación. Los brigadistas de Venado Tuerto, al igual que sus compañeros en la provincia, participan de un proceso de formación continua, que refuerza sus habilidades y conocimientos, permitiéndoles estar mejor preparados para enfrentar los desafíos que les presenta su labor diaria.

El trabajo de rescate, realizado en condiciones extremas, no solo tiene un impacto directo en las víctimas de los siniestros, sino que también garantiza la seguridad de los brigadistas, quienes reciben apoyo técnico y estructural de ingenieros y especialistas en seguridad, que evalúan los riesgos y aseguran la protección del equipo.

A través de esta declaración de interés, el Concejo Municipal de Venado Tuerto expresó su sincero agradecimiento y reconocimiento a los bomberos voluntarios venadenses por su valentía y compromiso. La concejala Florencia Di Pizio, autora del proyecto, destacó la importancia de reconocer el trabajo de estos héroes anónimos, cuyas acciones son fundamentales para garantizar la seguridad de la comunidad, tanto en nuestra ciudad como en cualquier lugar del país donde se los necesite.

El reconocimiento oficial incluye la entrega de una copia del proyecto a los brigadistas involucrados en la operación de rescate: el Comandante General Francisco Acrap, el Oficial Facundo Frutero, el Suboficial Pablo González, el Suboficial Nicolás Cabrera y el Bombero Eric Rodríguez. Además, se extenderá a la Asociación Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto y la Regional N° 10, en agradecimiento a la labor conjunta realizada en esta importante misión de rescate.

Una sesión tensa se vivió este miércoles en el Concejo Municipal de Venado Tuerto que contó con la presencia de representantes gremiales, principalmente de Amsafe, ya que uno de los temas del Orden del Día era justamente un repudio, al proyecto de ley de reforma previsional presentado por la bancada de Ciudad Futura, integrada por Florencia Giacometti y Bruno Taddia. 

Justamente, este punto fue el disparador de un acalorado debate, por momentos subido de tono, ya que parte de los espectadores pidieron exponer su posición, situación que fue negada por el presidente del cuerpo, Juan Ignacio Pellegrini, aludiendo que eso no está permitido por reglamento. 

Esta negativa derivó en algunas acusaciones, donde se tildó al bloque de Primero Venado, que cuenta con 7 de los 10 ediles: Juan Ignacio Pellegrini, Santiago Meardi, Micaela Meinero, Florencia Di Pizio, Carlos Jordán, Verónica Ruiz y Guillermo Barbey, de “autoritarios”. 

“Nuevamente, las patotas sindicales ingresaron al Concejo, queriendo imponer una sola voz y no dejando hablar ni exponer nuestras ideas. Realmente, esto no lleva a ningún lugar, porque hoy la gente necesita y busca que la clase política y dirigencial tenga un grado de respeto y que nos podamos escuchar. Hace tiempo que no vivíamos un hecho de extrema violencia como la que tuvimos hoy”, señaló Juan Ignacio Pellegrini una vez finalizada la reunión. 

A su vez, remarcó: “La gente que viene a escuchar la sesión no puede participar. Lo que le dijimos a Javier Delgado, secretario de Amsafe, que me trató de patotero, fue que después de la sesión los íbamos a recibir en plenario para poder escucharlos, porque de ese modo era imposible poder dialogar”.

Desde la delegación departamental de Amsafe emitieron rápidamente un comunicado denunciando “autoritarismo en el Concejo”.

“Hoy estuvimos presentes en la sesión del Concejo Deliberante que iba a tratar el tema de la reforma previsional a los empleados estatales. Los docentes presentes, algunos asistimos a la salida de nuestros trabajos y otros antes del ingreso al turno tarde, quisimos expresarnos, pero los ediles oficialistas no permitieron que la docencia pudiera dar su opinión”, indicaron. 

“Lamentamos este tipo de prácticas autoritarias por parte del oficialismo, que recorren las escuelas y en sus discursos ensalzan a los docentes pero que en los hechos están llevando a una política brutal de ajuste y, además, hoy de una manera autoritaria nos negaron la posibilidad de dar a conocer nuestra realidad”, cerraron. 

Por iniciativa de la edila de Primero Venado, Florencia Di Pizio, el Concejo Municipal de Venado Tuerto reconoció la tarea desarrollada por efectivos policiales que fueron indispensables para ayudar a vecinos de la ciudad, demostrando así “un gran nivel de compromiso con la seguridad y bienestar de los venadenses”, indicó la autora de la iniciativa.

“El profesionalismo demostrado por este grupo policial en diversas situaciones críticas, donde su rápida respuesta ha sido fundamental para salvar vidas, merecen ser resaltados”, consideró Di Pizio. Y añadió: “La habilidad en maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), así como la capacidad para proporcionar contención emocional tanto a las víctimas como a sus familiares, son ejemplos tangibles del espíritu solidario que los ha caracterizado”.

Entre algunas situaciones que fomentaron este proyecto, la concejala mencionó: “El 31 de enero del corriente año, en horas de la tarde, personal policial de Comando Radioeléctrico de Venado Tuerto fue anoticiado de una incidencia en un local comercial del barrio Norte, cuando una joven, manipulando un ventilador, había sufrido una descarga eléctrica. Al llegar al lugar, el personal policial de manera rápida realiza las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada de los Bomberos Voluntarios; dada la gravedad de la situación la joven debió ser trasladada rápidamente por el SIES hasta el hospital nodal en estado crítico. A pocos días de su internación logró su alta. Quienes intervinieron en este procedimiento fue el Suboficial Franco Enzo Gabriel y la suboficial Reynoso Naila Abigail”.

El segundo hecho descripto por Di Pizio se produjo el pasado 8 de junio, en horas de la madrugada, cuando personal del Comando Radioeléctrico es anoticiado de una incidencia sobre un joven que tendría intenciones suicidas, encontrándose en inmediaciones del puente peatonal por calle Sarmiento de Venado Tuerto. En el lugar observan a dos masculinos sujetando a otro masculino que se encontraba con una soga sobre su cuello, la cual estaría atada a un tirante del puente. En ese momento el personal policial entabla diálogo con el mismo con el fin de contenerlo, logrando cruzar el tejido y sujetarlo, mientras dos policías cortaban los alambres del tejido para así poder trasladarlo a una zona segura, momentos en que llega personal del SIES 107 y lo trasladan al Hospital Gutiérrez para una mejor atención. Allí intervinieron los oficiales Galeano Gustavo Germán y Gutiérrez Eliana Guadalupe, y los suboficiales Álvarez Miguel Ezequiel y Ventura Kevin Abel Ángel.

El tercer hecho fue en fecha 14 de julio de 2024, en horas de la madrugada, cuando el personal policial es convocado en un domicilio del barrio Iturbide de Venado Tuerto. El llamado refería que una beba de aproximadamente un mes se encontraba con problemas respiratorios, solicitando unidad de emergencia. Atento a la urgencia, los efectivos se dirigieron a la brevedad, siendo entrevistados por una joven mamá quien expresó que su bebé se habría ahogado con leche materna y no podía respirar con normalidad. Los policías iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) logrando estabilizar a la pequeña y la trasladaron en un móvil al Hospital para una rápida atención en pediatría. Allí participaron el Suboficial Ferreyra Jonatan Ramon y la suboficial López Brenda Anahí.

El cuarto y último fue en fecha 17 de junio en horas del mediodía, cuando el personal policial es solicitado en un domicilio del barrio San Vicente. El llamado era de una mujer en estado de nerviosismo, quien manifestaba que su hermana adolescente se encontraba sin signos vitales. Al llegar al lugar, se la asiste realizando maniobras de RCP y se oxigena el ambiente donde se encontraba, logrando así que pueda de a poco recuperar su estado normal, resguardando a la misma hasta la llegada de la unidad del SIES, quienes realizaron el traslado hasta el Hospital. Intervinieron en este procedimiento los suboficiales Dejon Omar Daniel y Oviedo Gerardo Ezequiel. 

A su vez, Di Pizio valoró el trabajo que viene haciendo el gobierno provincial con las fuerzas policiales que, además de acompañar a las víctimas llevan a cabo operativos urbanos intensivos en áreas consideradas de alto riesgo, según el mapa delictivo, con el objetivo de reducir la incidencia criminal. “Se está poniendo énfasis en la capacitación continua del personal policial en distintas materias relevantes para su labor preventiva e investigativa. Estas acciones tienen como finalidad elevar los estándares en materia de patrullaje policial y fortalecer tanto las capacidades preventivas como investigativas con el fin de garantizar una mayor seguridad a nuestros venadenses”, sentenció.