En el marco de la sesión del Concejo Municipal de Venado Tuerto del miércoles 21 de julio, la referente de Jubilados Autoconvocados, Silvia Vázquez, hizo uso de la Banca Ciudadana para exponer una propuesta de modificación a la ordenanza N° 4754/16 que crea el Consejo Asesor de Adultos Mayores.

Acompañada por integrantes del espacio que representa, Vázquez agradeció al cuerpo legislativo por habilitar nuevamente esta herramienta de participación ciudadana y destacó que la instancia anterior permitió avanzar en reuniones de trabajo y diálogo, especialmente con Mariana Iturbide, funcionaria del área de Desarrollo Humano del gobierno venadense, con quien —según señaló— se lograron importantes avances en el análisis del proyecto.

Durante su exposición, explicó que las modificaciones planteadas buscan garantizar una mayor participación e inclusión de los adultos mayores, al considerar que la redacción original de la ordenanza podía dejar afuera a muchas personas por establecer requisitos vinculados a la pertenencia a instituciones, clubes u organizaciones formalmente constituidas.

“Queremos que esté abierta a toda la ciudadanía y a todas las personas adultas mayores”, planteó Vázquez, al remarcar que un Consejo de estas características debe representar a todos los sectores y no limitar la participación únicamente a quienes integran entidades con personería jurídica.

En ese sentido, sostuvo que ampliar la participación “es sinónimo de democracia y de fortalecer la integración”, porque “nadie debe quedar fuera” de un espacio destinado a acompañar y asesorar sobre las problemáticas de los adultos mayores.

La referente aclaró que el objetivo del Consejo no será gestionar subsidios o donaciones, sino constituirse como un ámbito asesor y de acompañamiento, especialmente para aquellos adultos mayores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. “Hay casos particulares que necesitan una mirada, un seguimiento y una respuesta”, expresó.

Entre los cambios propuestos se destaca la creación de un canal de comunicación específico —como un número telefónico o WhatsApp— que permita recibir consultas, reclamos o pedidos de ayuda. Vázquez explicó que muchas situaciones actualmente llegan por diferentes vías y que contar con un espacio centralizado permitiría realizar un mejor seguimiento de cada caso.

Otro de los puntos planteados fue la reducción del mandato de los integrantes del Consejo, pasando de dos años a uno, con el objetivo de favorecer la renovación de representantes y la incorporación de nuevas ideas. “Los adultos mayores no tenemos todo el tiempo del mundo para esperar”, afirmó, al justificar la necesidad de darle dinamismo al funcionamiento del organismo creado hace 16 años, pero nunca puesto en práctica.

También propuso que las reuniones no tengan necesariamente una periodicidad mensual, sino que puedan realizarse de manera bimestral, priorizando encuentros con contenido y proyectos concretos por sobre reuniones meramente administrativas.

Dentro de las modificaciones incorporadas, Vázquez destacó además la necesidad de incluir el abordaje de la salud mental y emocional de los adultos mayores, considerando que se trata de una problemática que requiere atención y acompañamiento específico.

Asimismo, planteó actualizar la referencia al área municipal responsable, reemplazando la denominación vinculada a Acción Social por el área de Derechos Humanos, en consonancia con una mirada basada en derechos y no solamente en asistencia.

“Venimos a plantear cambios, no a reemplazar lo anterior. Venimos a ponerlo en práctica”, afirmó, y agregó que la propuesta no busca imponer una postura sino abrir un proceso de diálogo y consenso con los concejales.

Vázquez destacó que el proyecto surgió de un proceso de análisis colectivo, donde se evaluaron fortalezas y dificultades de la normativa vigente, y remarcó la importancia de construir “una red de contención” para los adultos mayores.

“Tenemos que trabajar cuando estamos en la misma sintonía de ayudar al otro”, expresó, al tiempo que insistió en que la realidad social actual exige nuevas respuestas. “Cambiar no significa desconocer lo anterior, sino adaptarnos a los tiempos que corren”, sostuvo.

Finalmente, la representante de Jubilados Autoconvocados pidió al Concejo Municipal que analice la propuesta y solicitó conocer los plazos estimados para obtener una respuesta sobre las modificaciones planteadas.

“Buscamos la buena voluntad y el criterio de ustedes para que esto pueda avanzar. No venimos a imponer algo, venimos con una idea para construir juntos”, concluyó.

El posible desembarco de aplicaciones de traslado de pasajeros en Venado Tuerto abrió un debate que ya llegó al Concejo Municipal. Representantes de taxis y remises mantuvieron una reunión con concejales para analizar el escenario, expresar sus preocupaciones y avanzar en una posible regulación que ordene la actividad antes de que plataformas comiencen a operar en la ciudad.

El encuentro se produjo luego de que el intendente Leonel Chiarella expresara públicamente que el Municipio no iba a prohibir el funcionamiento de estas aplicaciones y que estaban abiertos los canales de diálogo. Para los trabajadores del sector tradicional, el punto central no pasa solo por la llegada de una nueva modalidad, sino por las condiciones en las que podría competir con servicios que ya están regulados desde hace años.

Desde el Concejo, el presidente del cuerpo, Juan Ignacio Pellegrini, calificó la reunión como “muy productiva” y “propositiva”. Según explicó, el objetivo es avanzar hacia una ordenanza que no prohíba el funcionamiento de las plataformas, pero que sí establezca obligaciones claras para quienes quieran prestar el servicio dentro del ejido urbano.

“Lo que dejé en claro, y el intendente ya lo había hecho, es no prohibir estas aplicaciones. Primero por una cuestión operativa, pero también porque hicimos un análisis global, no solo de Venado Tuerto, sino de la Argentina y el mundo”, señaló Pellegrini.

El presidente del Concejo sostuvo que este tipo de aplicaciones comenzaron operando en grandes ciudades y luego avanzaron hacia localidades intermedias, como podría ocurrir ahora en Venado Tuerto. En ese marco, indicó que la discusión local debe partir de una realidad: las plataformas ya funcionan desde hace años en distintos puntos del país y del mundo, y las experiencias previas muestran que los intentos de prohibición suelen derivar en conflictos judiciales.

“Estas aplicaciones están en todas las ciudades. Primero comenzaron en las más grandes, después fueron penetrando en ciudades menores y ahora están ingresando en localidades como Venado Tuerto, Pergamino o San Nicolás”, planteó.

En ese sentido, Pellegrini remarcó que la Justicia, en distintos antecedentes, avaló la legalidad del sistema de traslado de personas a través de plataformas, dejando en manos de municipios y provincias la posibilidad de regular su funcionamiento.

“El traslado de personas no es ilegal, por lo tanto, queda a criterio de cada municipio, comuna o provincia regular su funcionamiento, pero no la prohibición”, sostuvo.

Con ese criterio, el Concejo comenzará a trabajar en un borrador de ordenanza dentro del plenario de concejales y la Comisión de Gobierno. La idea es tomar modelos de otras ciudades, evaluar su aplicación y luego compartir el texto con los representantes del sector para seguir construyendo una normativa consensuada.

Desde el lado de taxis y remises, la reunión también fue considerada positiva, aunque advirtieron: el tiempo es clave. Soledad Luna, una de las representantes del sector, explicó que el principal pedido es que cualquier conductor que utilice una aplicación de traslado cumpla condiciones similares a las que hoy se les exigen a taxis y remises.

“Lo más práctico y conveniente fue llegar a un punto de encuentro donde ellos puedan controlar y regular el funcionamiento. Cuando decimos esto, me refiero a que se manejen con la misma, o prácticamente la misma ordenanza, que se manejan los taxis y remises”, indicó.

Entre los requisitos mencionó la documentación, las condiciones del vehículo, los controles periódicos, el seguro correspondiente, la licencia habilitante y todo aquello que esté al alcance del Municipio como autoridad de control.

Para el sector, esa equiparación no solo apunta a evitar una competencia desleal, sino también a garantizar condiciones mínimas de seguridad para los usuarios. “Que no sea cualquiera el que ande por las calles sin un seguro como corresponde, sin el auto en condiciones o sin la licencia profesional”, advirtió.

Uno de los puntos que el sector reconoce como más difícil de equiparar es la tarifa, ya que las plataformas suelen manejar sus valores mediante algoritmos propios. Aun así, consideran que en el resto de las exigencias sí puede haber un marco común.

“Después, obviamente, el tema de tarifas es donde seguimos en desventaja, pero no hay mucho para hacer ahí”, reconoció Luna.

Pellegrini coincidió en que la idea es que los vehículos afectados a estas plataformas tengan las mismas responsabilidades que taxis y remises. Sin embargo, también advirtió que el gran desafío será el control efectivo en la calle.

El concejal recordó que, en otras ciudades, aun con ordenanzas vigentes, las aplicaciones funcionan con una lógica difícil de fiscalizar, ya que muchas veces se trata de un acuerdo entre una persona que solicita un viaje y otra que maneja un vehículo particular.

“En muchas ciudades pasa lo mismo de siempre: se sientan adelante y es muy complicado poder ver si es Uber, un remis o un taxi. Ya nos ha pasado años anteriores con los remises truchos y hemos tenido una lucha muy grande en ese sentido como ciudad”, explicó.

Por eso, el eje de la futura regulación estaría puesto principalmente sobre los conductores y vehículos que operen dentro de Venado Tuerto, más que sobre la plataforma internacional en sí misma. Según Pellegrini, allí es donde el Municipio tiene poder de policía y capacidad real de control.

Durante la reunión también surgió la posibilidad de que los vehículos que trabajen con aplicaciones tengan algún tipo de identificación visible, al igual que ocurre actualmente con taxis y remises.

Desde el sector tradicional plantearon que esa herramienta permitiría resolver dos cuestiones: que el usuario sepa que el auto fue controlado previamente y que el Municipio pueda detectar más fácilmente a quienes trabajen sin autorización.

“Como el taxi tiene la chapa roja y el remis la chapa amarilla, que Uber tenga algún tipo de identificación. Puede ser una chapa patente, una calco pegada o algo que lo identifique”, propuso Luna.

Pellegrini, por su parte, no descartó avanzar en una herramienta de ese tipo, aunque insistió en que debe formar parte de una regulación más amplia que tenga en cuenta la experiencia de otras ciudades y la capacidad real de fiscalización del Municipio.

De ahora en adelante, el Concejo buscará elaborar un primer borrador de ordenanza para regular la actividad. Pellegrini adelantó que ya cuentan con modelos de otras ciudades y que el objetivo es compartir ese esquema con los sectores involucrados para seguir trabajando en conjunto.

“La idea nuestra es trabajar en una ordenanza. Ya tenemos algunos modelos de otras ciudades, cómo ha sido la implementación y el control, y después pasar ese primer borrador a los representantes que estuvieron presentes para analizarlo en conjunto”, explicó.

Para el oficialismo legislativo, Venado Tuerto tiene una ventaja: el sistema todavía no comenzó a funcionar de manera plena. Eso, según Pellegrini, permite actuar antes de que el conflicto se instale en la calle.

“Podemos llegar un paso antes y tener una ley que nos aglutine a todos, que todos podamos trabajar en las mismas condiciones y que no haya una competencia desleal”, remarcó.

El presidente del Concejo Municipal de Venado Tuerto, Juan Ignacio Pellegrini, destacó la aprobación de 14 cuadras de cordón cuneta para Barrio Santa Fe, una obra que permitirá mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales, optimizar la transitabilidad y continuar fortaleciendo la infraestructura urbana del sector.

La intervención se suma al avance del Emisario Neuquén, una obra hídrica estratégica que se encuentra en ejecución y que permitirá optimizar el drenaje de una amplia zona de la ciudad. Ambas iniciativas forman parte de una planificación integral destinada a dar respuesta a problemas históricos vinculados al escurrimiento del agua y al desarrollo urbano del barrio.

“Estas son las obras que transforman la realidad de los vecinos. El cordón cuneta mejora la circulación, ordena el barrio y se complementa con una obra fundamental como el emisario pluvial, que permitirá dar una solución de fondo a una problemática que durante muchos años afectó a este sector de la ciudad”, señaló Pellegrini.

Las 14 cuadras aprobadas representan un nuevo paso en el proceso de crecimiento de Barrio Santa Fe, que en los últimos años también fue incorporando distintas mejoras en materia de infraestructura y servicios. En ese sentido, el emisario pluvial constituye una de las intervenciones más importantes para el futuro de la zona, ya que permitirá aumentar la capacidad de drenaje y mejorar el comportamiento del sistema hídrico ante lluvias intensas.

En esa línea, Pellegrini destacó la continuidad de las obras públicas y afirmó que “hay una decisión de seguir invirtiendo en infraestructura para que cada barrio tenga las mismas oportunidades de desarrollo”, y concluyó: “Seguimos avanzando con obras que impactan de manera directa en la calidad de vida de los vecinos y que preparan a Barrio Santa Fe para seguir creciendo”.

La concejal María Florencia Di Pizio presentó en el Concejo Municipal de Venado Tuerto un proyecto de resolución para acompañar la aprobación legislativa provincial que instituye la última semana de mayo como la “Semana de la Donación de Órganos” en Santa Fe.

La iniciativa, aprobada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la Provincia, establece que la temática sea incorporada al calendario escolar de todos los niveles y modalidades educativas dependientes del Ministerio de Educación santafesino.

El objetivo central es promover actividades y proyectos pedagógicos orientados a la reflexión, concientización y sensibilización sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células.

En los fundamentos del proyecto, Di Pizio remarcó que la donación de órganos constituye un acto de profunda trascendencia humana, sanitaria y social, directamente vinculado al derecho a la salud y a la vida.

Además, sostuvo que el sistema educativo representa un espacio estratégico para la formación integral de las personas, no solo por la transmisión de conocimientos, sino también por su rol en la construcción de ciudadanía, valores democráticos y conciencia social.

En ese sentido, la propuesta provincial apunta a que las escuelas puedan convertirse en ámbitos de información y diálogo, permitiendo abordar una problemática de salud pública desde edades tempranas y con herramientas pedagógicas adecuadas.

El proyecto también destaca que, en el ámbito local, se presentó una iniciativa orientada a la realización de campañas de difusión y concientización sobre la donación de órganos, tejidos y células, con la participación de cooperativas, prestadoras de servicios básicos y la colaboración del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos de Santa Fe (CUDAIO).

Desde esa mirada, Di Pizio planteó que ambas iniciativas se complementan, ya que integran el sistema educativo, sanitario y comunicacional en una estrategia común para fortalecer la concientización social.

Entre los considerandos, la concejal advirtió que la falta de información, los mitos y la desconfianza siguen siendo barreras importantes para la donación de órganos. Por eso, consideró necesario fortalecer políticas públicas activas, sostenidas y articuladas entre los distintos niveles del Estado.

El proyecto sostiene que el acompañamiento institucional del Concejo Municipal implica no solo una adhesión a la iniciativa provincial, sino también la reafirmación de un compromiso activo con la promoción de políticas públicas que defiendan la vida, la salud y la solidaridad.

La resolución propone expresar el beneplácito del Concejo Municipal de Venado Tuerto por la aprobación del proyecto provincial que instituye la última semana de mayo como la Semana de la Donación de Órganos.

Además, establece remitir copia de la resolución a la Región VII de Educación y al CUDAIO, como organismos vinculados directamente con la implementación y promoción de la temática.

El Concejo Municipal de Venado Tuerto analiza un proyecto de resolución presentado por la concejal María Florencia Di Pizio, en el que se manifiesta una profunda preocupación institucional por la falta de provisión de medicamentos oncológicos por parte del Estado nacional.

La iniciativa se enmarca en la reestructuración administrativa del Instituto Nacional del Cáncer (INC), impulsada por el Decreto delegado N° 459/2025, y pone el foco en las consecuencias que esta transformación podría generar en el acceso a tratamientos esenciales.

En el texto, se advierte que el INC es el organismo encargado de planificar, coordinar y ejecutar políticas públicas vinculadas al cáncer, por lo que cualquier modificación en su estructura debe garantizar la continuidad de los tratamientos en todo el país.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es el impacto que ya se estaría registrando en el sistema sanitario. Según se expone, durante 2025 el Estado nacional habría rechazado el 63% de las solicitudes de cobertura del Banco Nacional de Drogas Especiales, lo que equivale a 2.525 tratamientos no enviados o incompletos sobre un total de 3.990 solicitudes.

Esta situación, señala la iniciativa, afecta de manera directa a pacientes oncológicos, incluidos los de Venado Tuerto y su zona de influencia, generando incertidumbre sobre la continuidad de sus tratamientos.

Ante la falta de respuestas del Gobierno nacional, el proyecto destaca que la Provincia de Santa Fe debió intervenir con recursos propios para garantizar la provisión de medicamentos de alto costo.

En ese sentido, se detalla que el Estado provincial destinó aproximadamente 950 millones de pesos para sostener tratamientos oncológicos, a través de un esquema de compras públicas basado en criterios de eficiencia y planificación.

Para la autora del proyecto, esta situación evidencia una brecha creciente entre las decisiones administrativas nacionales y el acceso real a la salud en las provincias.

A través del proyecto, el Concejo Municipal busca avanzar en una serie de reclamos formales al Ministerio de Salud de la Nación.

En primer lugar, se solicita la regularización urgente en la provisión de medicamentos esenciales y oncológicos, garantizando la continuidad de los tratamientos en todo el territorio.

Además, se requiere información detallada sobre el proceso de reestructuración del Instituto Nacional del Cáncer, incluyendo sus funciones, responsabilidades, grado de implementación y el impacto concreto en las políticas públicas oncológicas.

Finalmente, se expresa la preocupación por la gravedad institucional, social y sanitaria que implica la interrupción de tratamientos, remarcando que el acceso a la salud constituye un derecho humano fundamental.

El proyecto subraya que las decisiones adoptadas a nivel nacional tienen consecuencias directas en ciudades como Venado Tuerto, donde pacientes y familias dependen de la continuidad de tratamientos para enfermedades de alta complejidad.

En ese contexto, la iniciativa busca visibilizar la problemática y generar un posicionamiento institucional del Concejo, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo a la salud y evitar interrupciones en tratamientos críticos.

El presidente del Concejo Municipal de Venado Tuerto, Juan Ignacio Pellegrini, se refirió al avance de la construcción de 52 viviendas que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe lleva adelante en el barrio Cayetano Silva, en el marco de las políticas habitacionales que buscan dar respuesta a la demanda en la ciudad.

La obra es impulsada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, a través del Ministerio de Obras Públicas que conduce Lisandro Enrico, y permitirá que familias de Venado Tuerto accedan a su vivienda, incorporándose a un nuevo sector urbano con infraestructura y servicios.

“Este avance muestra una decisión concreta de la provincia de invertir en soluciones para los vecinos, acompañando el crecimiento de Venado Tuerto con obras que tienen impacto en la vida cotidiana”, señaló Pellegrini.

El proyecto contempla la construcción de 52 unidades habitacionales con tipologías de 2 y 3 dormitorios, incluyendo viviendas adaptadas. A su vez, se desarrollan trabajos de urbanización como apertura de calles, veredas, desagües pluviales, redes eléctricas y alumbrado público.

Pellegrini planteó que “estas viviendas forman parte de un proceso de desarrollo urbano donde el Estado tiene un rol clave para garantizar derechos y generar oportunidades”, y agregó que, en paralelo, el Gobierno de Venado Tuerto impulsa el programa “Nuestro Terreno”, orientado a ampliar el acceso al suelo.

Actualmente, la obra presenta distintos frentes de trabajo en marcha y un plazo estimado de ejecución de 14 meses, lo que permite proyectar su finalización dentro de los tiempos previstos.

“Este tipo de obras marcan el camino de lo que necesitamos sostener en el tiempo: un Estado presente, que trabaje de manera coordinada entre provincia y municipio, como lo viene haciendo la gestión del intendente Leonel Chiarella, para dar respuestas concretas y seguir transformando la ciudad con más oportunidades para todos”, concluyó Juan Ignacio Pellegrini.

La concejal María Florencia Di Pizio presentó un proyecto de resolución en el Concejo Municipal de Venado Tuerto para reiterar la citación al titular de la oficina local de Anses, quien había sido convocado en septiembre de 2025 pero hasta el momento no se presentó ni informó los motivos de su ausencia.

Según señala el proyecto, numerosos vecinos manifestaron su preocupación porque trámites vinculados a pensiones por discapacidad permanecen pendientes de resolución administrativa desde hace uno o incluso más años.

En muchos casos, sostienen que desde el organismo se les indica recurrir a presentaciones ante fiscalías o defensorías para promover pedidos de pronto despacho.

Para la concejala, esta situación genera incertidumbre, angustia y preocupación entre las familias que dependen de estas prestaciones sociales.

Otro de los puntos planteados en la iniciativa está vinculado a la inquietud de vecinos respecto de su situación previsional, especialmente entre quienes han alcanzado o están próximos a alcanzar la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes exigidos por la normativa vigente.

El proyecto remarca que la Administración Nacional de la Seguridad Social cumple un rol central en la gestión de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, prestaciones por desempleo y otras políticas de protección social.

Por ese motivo, Di Pizio considera fundamental que la comunidad cuente con información clara y actualizada sobre el funcionamiento del sistema previsional y las herramientas disponibles para regularizar aportes.

Ante la falta de respuesta a la convocatoria realizada el año pasado, el proyecto propone reiterar formalmente la citación al titular de la oficina de Anses de Venado Tuerto para que comparezca ante el Concejo Municipal y brinde información sobre el funcionamiento del organismo en la ciudad.

En caso de no poder asistir personalmente, la iniciativa plantea que el funcionario remita un informe por escrito con respuestas a las inquietudes planteadas por el cuerpo legislativo, particularmente en relación con los trámites previsionales y las pensiones no contributivas.

Desde el Concejo señalaron que el objetivo de la convocatoria es garantizar el acceso a la información pública y promover el diálogo institucional frente a las demandas planteadas por vecinos de la ciudad.

El presidente del Concejo Municipal de Venado Tuerto, Juan Ignacio Pellegrini, confirmó que convocarán a la Cooperativa de Obras Sanitarias (COS) a un reunión el próximo miércoles para delinear los pasos a seguir en torno al pedido de actualización tarifaria presentado en audiencia pública.

“Realizamos un plenario con todos los concejales, solamente estuvo ausente La Libertad Avanza, donde empezamos a delinear los pasos a seguir en torno al pedido de aumento del servicio que solicitó la COS. El porcentaje se definirá en la sesión extraordinaria que vamos a tener la semana que viene o la otra”, explicó.

El planteo de la cooperativa fue formalizado en una audiencia pública realizada en enero, solicitando casi un ajuste del 50 por ciento. En ese marco, el Concejo prevé convocará al gerente general, Emiliano Bonifazi, y a la presidenta del Consejo de Administración, Tamara Domínguez para profundizar el análisis antes de definir el de aumento. En principio, el encuentro se efectuará el miércoles próximo.

El titular del Legislativo remarcó la necesidad de ponderar todas las posturas involucradas: la de la cooperativa, la de los bloques, la de los técnicos y la de los vecinos que participaron de la audiencia pública.

“Cuando estamos hablando de la Cooperativa de Obras Sanitarias estamos hablando de la salud de los vecinos. Estamos hablando del agua potable, estamos hablando de las cloacas, estamos hablando de dos servicios públicos básicos y esenciales”, afirmó.

En ese sentido, señaló que la decisión deberá contemplar el funcionamiento de la entidad, pero también la situación económica de los usuarios. “Creo que hay que hacer un punto de equilibrio entre todas las posturas, teniendo en cuenta el funcionamiento de la cooperativa, pero también el bolsillo de los venadenses”, expresó.

La intención del Concejo es avanzar con una sesión extraordinaria en las próximas semanas. “El desfasaje que plantea la COS es al mes de junio del 2025, es decir que ese margen se fue ampliando hasta ahora. Esto lo marcamos para que la gente lo tenga en cuenta y para que lo tengamos en cuenta nosotros también para poder abordarlo con la urgencia que requiere”, concluyó.

El Concejo Municipal de Venado Tuerto avanzó en dos nuevos proyectos vinculados a la ampliación de la red de gas natural en distintos sectores de la ciudad. El presidente del cuerpo, Santiago Meardi, explicó que las obras forman parte de un plan sostenido de infraestructura básica urbana impulsado por la gestión del intendente Leonel Chiarella, con el objetivo de garantizar servicios esenciales y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

“Estamos avanzando con un tramo de cerca de 600 metros lineales que implica la conexión de más de 50 familias a la red de gas”, explicó Meardi, quien precisó que los trabajos se llevarán adelante en los barrios Cayetano Silva, Victoria, Iturbide y El Cruce, donde ya se realizaron estudios técnicos y se obtuvo la factibilidad de conexión otorgada por Litoral Gas S.A.

“El municipio hace la obra con fondos propios y luego la cede a Litoral Gas, que realiza las pruebas de hermeticidad y la pone en funcionamiento. Es un esquema de trabajo que venimos implementando desde hace años y que ha permitido que cada vez más vecinos accedan al servicio”, agregó el presidente del Concejo.

Estas tareas complementan los más de 12 kilómetros de red construidos en los últimos años, en sectores como San José Obrero, Ciudad Nueva, Malvinas Argentinas, Santa Rosa, Villa Casey, San Vicente y Rivadavia, entre otros.

Meardi destacó la importancia social de estas obras, que permiten sustituir el uso de garrafas y mejorar las condiciones de seguridad en los hogares.

“Cada persona que no tiene gas natural sufre inconvenientes diarios: quedarse sin garrafa cuando se cocina o cuando uno se baña, o no poder comprar una durante un domingo. Son situaciones que cambian radicalmente cuando el servicio llega a la vereda”, señaló.

“Además, el gas natural implica una revalorización de la vivienda, más seguridad y mayor confort. Son inversiones que quedan para siempre y mejoran el entorno urbano”, agregó.

El funcionario subrayó que la cobertura de gas natural en Venado Tuerto ya supera el 75%, y con estas ampliaciones se alcanzará el 80% antes de fin de año. “Este trabajo forma parte del Plan Estratégico Participativo, que definió como uno de sus ejes principales la expansión de las infraestructuras básicas junto con cloacas, pavimento y agua potable”, puntualizó Meardi.

Asimismo, explicó que estas acciones se financian íntegramente con recursos municipales, en un esquema que combina obra pública directa y contratación de empresas especializadas locales:

“La obra pública no solo mejora la calidad de vida, también es un motor de la economía local, genera empleo, dinamiza la construcción y mueve a los proveedores de materiales”, expresó.

En cuanto al Gasoducto Regional Sur, Meardi informó que la obra se encuentra con más del 90% de avance y es fundamental para aumentar la presión del suministro y posibilitar futuras ampliaciones.“Muchos vecinos ven los trabajos sobre calle Edison y en la plaza del Trabajador. Allí se está instalando una planta reguladora y se amplían cañerías troncales que permitirán mejorar el flujo de gas hacia toda la ciudad”, explicó.

“Cuando el gasoducto esté operativo, vamos a poder extender la red hacia nuevos sectores y ex loteos que hoy no tienen factibilidad de conexión, llegando incluso a zonas periurbanas”, adelantó.

El presidente del Concejo aclaró que, una vez concluida la red principal, cada frentista deberá realizar la instalación interna domiciliaria conforme a las normas vigentes.

“Las reglamentaciones de Litoral Gas exigen instalaciones en regla y materiales homologados. Cada vecino debe hacer su obra interna con un gasista matriculado, lo que varía según las dimensiones del domicilio o si se conecta solo la cocina o toda la casa”, indicó.

En este sentido, Meardi recordó que el municipio brinda asesoramiento técnico y acompaña los trámites para facilitar el proceso de conexión, especialmente en familias de bajos recursos.

La concejala María Florencia Di Pizio volvió a poner sobre la mesa un reclamo histórico: el mantenimiento integral de los pasos a nivel ferroviarios de la ciudad. La iniciativa surge tras más de un año de insistentes pedidos formales que no obtuvieron respuesta de los organismos nacionales, y busca ahora interpelar a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, creada recientemente por el Gobierno nacional.

El texto aprobado recuerda las Resoluciones N° 5535/24, 5604/24, 5605/24, 5654/24 y 5689/25, en las que el Concejo ya había solicitado obras de reparación, señalización y saneamiento en los cruces de Patricio Boyle y Sarmiento; Av. 3 de Febrero (entre Sarmiento y 2 de Abril); Av. Falucho (entre Sarmiento y 2 de Abril) y el cruce peatonal de calle Pavón; Av. Eva Perón (entre Sarmiento y 2 de Abril) y calle Neuquén (entre Cayetano Silva y Gutiérrez).

Además de la repavimentación, se pidió poda y desmalezado para mejorar la visibilidad, evaluación sanitaria de los árboles que crecen sobre las vías y la reposición de señalética preventiva, hoy inexistente o dañada.

“Con el transcurso del tiempo, lejos de haberse dado solución, el estado de los cruces se ha visto cada vez más deteriorado, presentando baches, hundimientos y pozos que ponen en riesgo la seguridad vial y peatonal”, señala el proyecto.

Vecinos de distintos barrios han presentado quejas al municipio y a los concejales, denunciando daños en sus vehículos y maniobras riesgosas de tránsito. La falta de mantenimiento no solo afecta a automovilistas, sino también a motociclistas, ciclistas y peatones que diariamente deben atravesar la traza ferroviaria.

El reclamo cobra nueva fuerza tras la publicación del Decreto 584/2025, que dispuso la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, un organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

Según el Artículo 5° de la norma, la Agencia tiene competencia en el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y en los pasos a nivel, lo que la convierte en el interlocutor obligado para atender este tipo de reclamos.

“Es indispensable que el nuevo organismo actúe con celeridad, porque esta problemática afecta directamente a la vida cotidiana de miles de venadenses”, advirtió Di Pizio durante la sesión.

Los pedidos formales comenzaron en abril de 2024 y se mantuvieron durante más de un año sin obtener contestación. La concejala subrayó que “esta falta de respuesta constituye una clara omisión por parte del gobierno nacional de turno, que desconoce los reclamos elevados por el Concejo y desatiende una problemática que pone en riesgo la seguridad de toda la comunidad”.

El Concejo Municipal de Venado Tuerto avanza en la aprobación de un proyecto de ordenanza que autoriza la venta e individualización de 77 lotes municipales destinados al programa “Nuestro Terreno 5”, una política que busca garantizar el acceso a la tierra propia a vecinos de la ciudad.

“Estos 77 lotes están en tres sectores de la ciudad: barrio Cayetano Silva, barrio Santa Rosa y barrio El Cruce”, explicó el presidente del Concejo, Santiago Meardi.

De los 77 lotes relevados, el Ejecutivo tendrá la potestad de disponer de 70 para el sorteo, mientras que los 7 restantes podrán quedar sujetos a cuestiones técnicas o de servicios. Con esta nueva etapa, el programa alcanzará las 500 familias beneficiadas en Venado Tuerto desde su creación.

“Estamos hablando de 500 familias que ya pudieron o van a poder construir su casa propia gracias a este programa. Es un círculo virtuoso: con las cuotas que pagan los adjudicatarios, el municipio adquiere nuevas tierras para futuras ediciones”, destacó Meardi.

El titular del Concejo detalló que los terrenos tendrán valores que oscilan entre 10 y 11 millones de pesos, según su ubicación. Ese monto representa la mitad del valor de mercado: “La base imponible sobre la que comienzan a pagar es del 50% de lo que valdría hoy en el mercado. A partir de ahí se generan planes de cuotas muy accesibles para los vecinos”, explicó.

En cuanto a la distribución, se fijó que 50 lotes estarán destinados a grupos familiares y 20 a personas solas, manteniendo la línea de equidad entre quienes ya conformaron familia y quienes aún no.

Meardi aseguró que todos los terrenos incluidos en esta etapa están en posesión del municipio y cuentan con mensura. La subdivisión e individualización se inicia con esta ordenanza, lo que habilita su incorporación inmediata al programa.

“Es clave que cada lote esté con los papeles en regla y a nombre del municipio. Eso da seguridad jurídica y evita conflictos futuros. En los últimos meses, además de estas subdivisiones, hemos aprobado la compra de terrenos y avanzamos con procesos de usucapión y prescripción adquisitiva para seguir sumando suelo urbano”, agregó.

El presidente del Concejo reconoció que en esta oportunidad la oferta de lotes es menor en comparación con ediciones anteriores, pero aclaró que esto se debe a que las tierras recientemente adquiridas aún requieren obras de infraestructura: “Algunos nuevos loteos necesitan servicios básicos como agua, cloacas y energía. Una vez que estén disponibles, se incorporarán a futuras ediciones del programa”, dijo.

En paralelo a la política municipal de tierra, Meardi señaló que el gobierno provincial avanza en la construcción de viviendas en barrio Cayetano Silva. “Las obras ya están en marcha y cuando lleguen a un nivel de avance importante se abrirá la inscripción al sorteo, que se realizará a través del Registro Único de la Vivienda de la provincia (RUIP)”, explicó.

Según indicó, cualquier vecino que desee inscribirse en el RUIP puede hacerlo de manera anticipada. “Es un complemento a lo que hace el municipio con los terrenos, porque hablamos de dos políticas distintas pero que convergen en un mismo objetivo: dar soluciones habitacionales a la ciudad”, puntualizó.

Finalmente, Meardi valoró el trabajo de la Comisión de Tierras del Concejo, donde todas las fuerzas políticas tienen representación: “Es un espacio clave para planificar la ciudad a futuro. Cada loteo que aprobamos, cada compra que realiza el municipio, está pensada para que más venadenses tengan la posibilidad de acceder a un terreno y, con esfuerzo, levantar su casa propia”.

En su última sesión, el Concejo Deliberante de Venado Tuerto autorizó al Ejecutivo municipal a incorporar  nuevas tierras (1,3 hectáreas) al patrimonio público, destinadas al programa Nuestro Terreno. Se trata de 0,8 hectáreas en el barrio Juan XXIII y media hectárea en el barrio Cayetano Silva, que se suman al banco de tierras con el que el municipio busca sostener una de sus políticas habitacionales más relevantes.

El presidente del Concejo local, Santiago Meardi explicó que estas adquisiciones son fruto del trabajo de la Comisión de Tierras de la ciudad, integrada por concejales de todos los bloques y coordinada por la Secretaría de Gobierno. “Desde que arrancamos la gestión hemos tenido una política muy clara de adquisición de tierra. Para nosotros es central porque eso nos llevó a poder mantener un programa social como Nuestro Terreno, que este año lanzará su quinta edición”, afirmó.

Cabe señalar que, en el caso del barrio Juan XXIII, el municipio accedió a los terrenos mediante usucapión —prescripción adquisitiva—, lo que significó un costo cero para las arcas públicas. Por su parte, en el barrio Cayetano Silva se concretó un canje: se entregaron dos lotes más pequeños ubicados en otra zona a cambio de una fracción de media hectárea.

Estas estrategias, junto con la compra directa a valores por debajo del mercado, han permitido ampliar la disponibilidad de lotes. “No es lo mismo comprar una parcela entera que adquirir lote por lote, que resulta mucho más caro. Al comprar en bloque podemos abaratar costos y luego subdividir para su adjudicación”, puntualizó Meardi.

El programa Nuestro Terreno ofrece lotes a un valor “prácticamente la mitad del mercado” y se financia con un fondo específico integrado por el pago de cuotas de adjudicatarios y por otros recursos del banco de tierras. “No es sencillo adquirir tierra en Venado Tuerto por su alto valor y escasez, pero hacemos todos los esfuerzos para sostenerlo”, señaló el edil.

Desde su implementación, el plan ha adjudicado terrenos a centenares de familias a través de sorteos públicos. La meta para este año es alcanzar las 500 familias beneficiadas desde el inicio del programa. “Es un orgullo que otros municipios y provincias se interesen en nuestra experiencia y vengan a conocerla”, expresó Meardi, quien remarcó que el acceso a un terreno es “el primer paso para cumplir el sueño de la casa propia”.

El anuncio de la fecha para el próximo sorteo será realizado próximamente por el intendente Leonel Chiarella y el secretario de Gobierno Mariano De Mattia.

En paralelo, el Concejo también aprobó la compra de 33 nuevas cámaras de seguridad, que se sumarán a las más de 210 ya instaladas en la ciudad. “Cuando arrancamos había 45 cámaras; hoy contamos con un sistema mucho más robusto y seguimos ampliándolo”, dijo Meardi.

La inversión incluye cableado y equipamiento tecnológico, y su instalación se coordinará con la Policía provincial, la Fiscalía y el área de Control municipal para fortalecer la prevención y la investigación de delitos.

El Concejo Municipal de Venado Tuerto manifestó su profunda preocupación institucional por la decisión del Gobierno Nacional de absorber administrativamente al Instituto Nacional del Cáncer (INC) dentro de la estructura del Ministerio de Salud. La resolución fue impulsada por la concejal Florencia Di Pizio y pone en foco la incertidumbre que genera esta medida en materia de salud pública, especialmente en los territorios alejados de los grandes centros urbanos.

“La función del Instituto Nacional del Cáncer ha sido clave para garantizar el diseño y ejecución de políticas públicas en prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Su debilitamiento podría significar un retroceso para miles de pacientes”, afirmó Di Pizio al fundamentar el proyecto, que fue aprobado por el cuerpo legislativo.

Según el comunicado oficial del Ministerio, la reestructuración busca “eliminar duplicidades, optimizar procesos administrativos y corregir falencias en logística y control de gestión”, mencionando como ejemplo compras excesivas de opioides y vencimientos masivos de medicamentos. No obstante, desde el Concejo se advirtió que la medida genera “preocupación legítima” en todos los niveles del Estado.

El texto aprobado destaca que el Instituto Nacional del Cáncer ha sido un canal directo entre la Nación y los territorios, articulando políticas con provincias, municipios y hospitales. “El posible debilitamiento de esta estructura, en un contexto donde ya existen desigualdades en el acceso a la salud, podría afectar gravemente la capacidad de respuesta del sistema, especialmente en el interior del país”, expresó Di Pizio.

En este sentido, el Concejo reclamó al Ministerio que garantice formalmente la continuidad de todos los programas que venía llevando adelante el INC, y que cualquier reestructuración esté acompañada de instancias de información pública y diálogo con los territorios.

“Necesitamos respuestas claras y compromiso con los pacientes oncológicos. No se puede jugar con algo tan delicado como el tratamiento del cáncer”, agregó la concejal, señalando además que el impacto social y sanitario de esta medida repercutirá directamente en las comunidades locales.

La resolución aprobada por el cuerpo deliberativo “expresa la preocupación institucional del Concejo por la decisión del Ministerio de Salud de absorber al INC, resaltando su rol clave en el sistema sanitario” y “solicita garantías formales y operativas de continuidad y fortalecimiento de los programas oncológicos, con especial atención al impacto en municipios y provincias”.

La iniciativa de Florencia Di Pizio se enmarca en una creciente preocupación por parte de legisladores, entidades sanitarias y asociaciones de pacientes que advierten el riesgo de retrocesos en políticas oncológicas fundamentales para la salud pública en Argentina.

Las elecciones del pasado domingo marcaron un hecho inédito en la historia política de Venado Tuerto: por primera vez desde el retorno de la democracia, el peronismo se quedó sin representación en el Concejo Deliberante. Sebastián Roma, actual concejal y uno de los principales referentes del Partido Justicialista (PJ) local, quien no logró renovar su banca, brindó un análisis profundo sobre las causas de la derrota, el impacto del contexto nacional y los desafíos que enfrenta este espacio para reconstruirse.

“Para mí fue una campaña que disfruté mucho. Pudimos consolidar un equipo de trabajo nuevo, con gente joven que no venía participando activamente en política. Eso para mí es un elemento importantísimo”, expresó Roma.

Destacó que, más allá del resultado adverso, la experiencia dejó aprendizajes y un grupo comprometido: “Transitamos alegres y con convicción de nuestras ideas. Evidentemente, el resultado no fue el esperado, pero la política no se trata solo de tener un cargo; es consolidar equipos que representen intereses y trabajen para transformar la realidad”.

Roma atribuyó la derrota a un escenario que va más allá de lo local: “Creo que esta situación no responde tanto a lo que hicimos en Venado Tuerto. Tiene mucho que ver con una coyuntura difícil para nuestro partido, arrastrando mochilas de malas gestiones a nivel provincial y nacional, y un clima que genera prejuicio y demonización del espacio”.

“El Gobierno Nacional ha elegido al peronismo como enemigo porque entiende que es su principal rival político, y apunta el enojo hacia nosotros. Eso no pasa desapercibido en una ciudad donde a (Javier) Milei le fue muy bien”, analizó el concejal.

Sobre la división del PJ en dos listas, Roma reconoció: “Sí, creo que esa fragmentación perjudicó. A veces es preferible que nadie gane antes que gane uno que no soy yo, y eso termina afectando. Pero insisto: en términos de construcción logramos algo importante. En tiempos donde parece que solo triunfa el que gana, debemos demostrar que también hay ganancia en renovar equipos y plantear nuevas formas de hacer política”.

La nueva composición del Concejo Deliberante —que tendrá ocho bancas oficialistas y apenas dos opositoras— deja al PJ sin representantes por primera vez en 40 años. Roma fue claro: “La realidad del partido es crítica, pero no solo aquí; es un problema general. Lo importante es que la militancia entienda que no fue un fracaso por falta de trabajo, sino por un contexto difícil”.

“El desafío es construir desde la sociedad civil, participando en instituciones, generando espacios de debate, trayendo invitados y manteniéndonos en la discusión política de la ciudad, aunque no tengamos banca”, afirmó.

Asimismo, Roma se mostró abierto a construir un frente con otros espacios como Ciudad Futura, como sucedió en Rosario: “Creo que es posible, pero no puede ser solo un frente electoral. Tiene que ser un espacio que respete la identidad de cada sector, pero permita llevar adelante políticas necesarias para la ciudad”.

Para cerrar, Roma dejó un mensaje sobre su futuro: “Mi carrera política no ha terminado; lo que terminó es una etapa en el Concejo. Voy a seguir trabajando para aportar políticamente desde donde me toque, porque la política no se termina sin un cargo”.

La histórica casona de la familia Boyle, ubicada en Casey y Mitre, pleno centro de Venado Tuerto, regresó al eje del debate público. En la última sesión del Concejo Deliberante ingresó una nota formal enviada por los herederos del inmueble, quienes solicitan la derogación de la ordenanza que, desde 2011, declara a la propiedad de interés patrimonial, arquitectónico, urbanístico e histórico cultural.

El pedido busca eliminar las restricciones impuestas para realizar reformas o una posible demolición, lo que permitiría otros usos del terreno, como la construcción en altura. El planteo reabre una discusión sensible para la comunidad local, que aún recuerda la pérdida de edificios emblemáticos como la Casa Andueza.

La vivienda, construida a principios del siglo XX y rodeada de un amplio terreno, posee un alto valor patrimonial y urbanístico, no solo por su antigüedad, sino también por su ubicación estratégica en el centro de la ciudad, lo que la convierte en un predio muy codiciado por desarrolladores inmobiliarios.

El presidente del Concejo, Santiago Meardi, confirmó que la nota fue girada a la Comisión Mixta de Desarrollo Territorial, que integran ediles de todos los bloques y representantes de los colegios profesionales de arquitectos, ingenieros y agrimensores. Esa misma comisión fue la que años atrás propuso la protección del inmueble.

“Se trata de una propiedad con alto potencial para la construcción de edificios, y por eso fue declarada de interés patrimonial. Pero también es cierto que los propietarios no tienen claridad sobre los beneficios que se les otorgan por esa condición”, explicó Meardi.

Según detalló el edil, los actuales titulares del inmueble manifiestan sentirse perjudicados por las restricciones que impone la ordenanza, ya que no existen criterios claros sobre lo que se puede hacer ni qué compensaciones reciben quienes deciden mantener el bien patrimonial.

“La falta de especificidad en los alcances de la ordenanza genera incertidumbre en cualquier transacción. Ni los propietarios actuales ni potenciales compradores tienen claro qué está permitido”, indicó.

Además, explicó que la normativa vigente prevé beneficios constructivos, como mayor altura, mayor cobertura del terreno o excepciones en los indicadores urbanísticos, siempre y cuando se respete la preservación de la estructura, especialmente de su fachada. Pero esos beneficios no han sido explicitados en ningún reglamento particular para esta vivienda.

Meardi recordó el fuerte impacto que tuvo la demolición de la Casa Andueza (que estaba ubicada en Belgrano y 9 de Julio), otro inmueble de valor histórico que fue derribado tiempo atrás para proyectar un nuevo edificio municipal, cuya construcción nunca no se concretó. Luego el lote fue vendido para pagar deudas que tenía la ciudad. Ese hecho generó una reacción comunitaria que dejó huella.

“Esa situación nos dolió a todos, incluso a quienes no llegamos a conocerla. Por eso debemos aprender de la historia y no repetir errores”, sostuvo.

También recordó que años atrás hubo un intento de convertir la Casona Boyle en un bar temático, respetando su estructura original y anexando un edificio moderno. Aunque la propuesta fue bien recibida, fracasó por no alcanzar un acuerdo económico entre el comprador interesado y los propietarios.

“No se trata solo de la ordenanza, sino también del valor de la propiedad y del mercado. Cada propietario tiene derecho a pedir lo que considere, pero los desarrollos también deben ser viables económicamente”, puntualizó.

Meardi confirmó que en distintos momentos se planteó la posibilidad de que el Estado provincial adquiriera la propiedad para establecer allí oficinas públicas, como un Registro Civil. Sin embargo, el elevado valor del inmueble y los costos de mantenimiento y puesta a punto han sido hasta ahora un obstáculo.

“Hoy hay un gobierno provincial que está invirtiendo en Venado Tuerto, y tal vez sea el momento de poner esta alternativa sobre la mesa nuevamente”, dijo el edil.

La nota enviada por los herederos no establece un plazo, pero Meardi considera necesario avanzar con un dictamen técnico que aclare con precisión qué puede y qué no puede hacerse en el inmueble, y cuáles son los beneficios urbanísticos concretos.

“No creemos que sea algo que demore demasiado. Lo importante es ordenar jurídicamente la situación. Lo que nos están pidiendo es la derogación de la ordenanza, y eso está sobre la mesa. Pero nosotros adelantamos nuestra postura: preservar el patrimonio y la identidad del espacio”, remarcó.

Meardi indicó que actualmente hay alrededor de 20 inmuebles en Venado Tuerto que están protegidos por ordenanzas similares. En general, estos procesos se han desarrollado con el consenso de los propietarios.

“No queremos generar trabas. Lo que buscamos es encontrar un punto de equilibrio entre la protección patrimonial y los derechos de los propietarios. Y sobre todo, dar seguridad jurídica para que nadie quede atrapado en la incertidumbre”, concluyó.

En su última sesión, el Concejo Municipal de Venado Tuerto aprobó por unanimidad una ordenanza que elimina el cobro del 3,4% incluido en las facturas de la Cooperativa Eléctrica, correspondiente al Fondo Municipal de Alumbrado Público. La medida fue impulsada en conjunto por el oficialismo y la oposición, y se da en un contexto de creciente malestar social por el aumento en los costos del servicio eléctrico.

“Estamos eliminando el único concepto de origen municipal que quedaba dentro de la boleta de luz. Es una decisión responsable que responde a una demanda de los vecinos”, explicó el presidente del cuerpo legislativo, Santiago Meardi.

El porcentaje en cuestión figuraba en el troquelado inferior izquierdo de las facturas y representaba un impacto considerable sobre el total. A través de este fondo se financiaron obras de reconversión lumínica en distintas calles de la ciudad; con el plan 2024 se avanzó en arterias como Mitre, Jorge Newbery, Pinto Lucero, Uruguay y Libertad, entre otras.

Según confirmó Meardi, la eliminación de este tributo no afectará la continuidad del plan de alumbrado. “El intendente Leonel Chiarella anunció en el inicio del período ordinario de sesiones la compra de mil luminarias LED con fondos propios, lo que nos permite seguir avanzando sin trasladar el costo a los usuarios”, señaló.

Estas nuevas unidades estarán destinadas a calles troncales y avenidas principales, en el marco de una política sostenida de modernización del parque lumínico urbano.

La ordenanza aprobada ya fue remitida al Departamento Ejecutivo, que deberá promulgarla y notificar a la Cooperativa Eléctrica para que aplique la modificación en las próximas facturas. “Entendemos que en el próximo ciclo de facturación este ítem ya no estará presente”, aseguró el presidente del Concejo.

Además, Meardi aclaró que la medida no tiene carácter retroactivo. “Quienes ya abonaron no recibirán reintegros, y quienes adeudan ese monto aún deberán cancelarlo. Lo votado rige hacia adelante, como corresponde”, explicó.

También recordó que desde el año pasado el municipio viene pagando de forma directa el consumo eléctrico de todas sus dependencias —centros de salud, jardines maternales, oficinas administrativas—, lo que implicó la eliminación del ítem correspondiente dentro de la factura general.

Con la eliminación del fondo municipal de alumbrado, el troquelado de la factura eléctrica quedará reducido a tres conceptos: la capitalización de la cooperativa, un canon provincial del 6% por uso del espacio aéreo y un pequeño aporte al fondo de energías renovables.

“Hoy el mayor impacto en la boleta lo generan el consumo eléctrico, la capitalización de la cooperativa y sobre todo el IVA, que puede llegar al 27% dependiendo del tipo de usuario”, precisó Meardi.

Además, hizo mención al proceso de descongelamiento de tarifas dispuesto por el gobierno nacional, que implica la quita progresiva de subsidios y la consecuente suba en el valor de la energía. “Ese ajuste se traslada de forma directa a los usuarios y agrava una situación ya compleja en ciudades como Venado Tuerto, donde por contrato se paga hasta un 10% más que la tarifa de la EPE”, advirtió.

Meardi valoró el acompañamiento de todas las fuerzas políticas representadas en el Concejo para avanzar con esta ordenanza. “En un momento donde la ciudadanía está agobiada por la inflación y el encarecimiento de los servicios, dar una señal concreta de alivio es importante”, remarcó.

Por último, el Concejo también solicitó a la Cooperativa un informe detallado sobre las inversiones realizadas con los fondos del plan de alumbrado, para transparentar el uso de esos recursos y dejar constancia de su ejecución.

Ante la falta de respuesta a resoluciones previas, la concejal Florencia Di Pizio presentó un nuevo proyecto de resolución en el Concejo Municipal de Venado Tuerto, solicitando a Ferrocarriles Argentinos una pronta contestación y la ejecución de tareas de mantenimiento en los principales cruces ferroviarios de la ciudad. El pedido apunta directamente a la Línea San Martín Cargas Santa Fe/Soldini, dependiente de la Secretaría de Transporte de la Nación.

El reclamo retoma las resoluciones ya remitidas el 17 de abril (Nº 5535/24), 21 de agosto (Nº 5604/24 y 5605/24) y 20 de noviembre de 2024 (Nº 5654/24), donde se requería el mantenimiento integral de los siguientes cruces:

Patricio Boyle y Sarmiento

Av. 3 de Febrero entre Sarmiento y 2 de Abril

Av. Falucho entre Sarmiento y 2 de Abril, y el cruce peatonal de calle Pavón

Av. Eva Perón entre Sarmiento y 2 de Abril

Neuquén entre Cayetano Silva y Gutiérrez

En el texto también se reclama un cronograma de mantenimiento, la evaluación sanitaria de los árboles ubicados sobre las vías, tareas de poda y desmalezado, y la incorporación o reposición de señalética preventiva en mal estado o directamente ausente.

"Los cruces ferroviarios son puntos críticos donde confluyen vehículos, peatones y formaciones ferroviarias. Su correcto mantenimiento es esencial para garantizar la seguridad vial en nuestra ciudad", fundamentó Di Pizio.

La edil destacó que el cuidado de la vegetación y la señalización adecuada no solo previenen accidentes, sino que también generan un entorno más ordenado y confiable para los vecinos. Ante la reiteración de los pedidos sin respuesta, el proyecto propone volver a remitir copia de todas las resoluciones anteriores y solicitar una respuesta oficial.

En la sesión extraordinaria que realizó el Concejo Municipal el pasado miércoles, se habilitó a la Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto a aplicar un aumento del 80% en las tarifas de agua y cloacas. Sin embargo, desde la entidad advierten que este ajuste resulta insuficiente para sostener el servicio durante todo el año, debido al impacto de la inflación y el aumento de costos operativos.

El gerente de la cooperativa, Emiliano Bonifazi, explicó que la solicitud inicial era de un 248,5%, en línea con la inflación acumulada desde julio de 2023 hasta junio de 2024, que superó el 260%. “Este aumento no cubre la totalidad de los costos y, si es el único en todo el año, en junio estaremos en problemas”, sostuvo.

Según detalló, con la nueva suba, una vivienda promedio con 20 metros cúbicos de consumo mensual de agua potable pasará de pagar $11.000 a cerca de $20.000 por los servicios de agua y cloacas. A pesar de la magnitud del incremento, Bonifazi subrayó que el costo sigue siendo menor al de otras provincias: “El mismo servicio en otras cooperativas ronda entre $25.000 y $30.000”.

Aun así, el gerente reconoció que el aumento afecta a los bolsillos de los vecinos, por lo que la entidad había propuesto un esquema de actualización progresiva para mitigar el impacto. “Buscamos alternativas para que el usuario sienta lo menos posible el incremento, pero los costos han crecido exponencialmente y no podemos sostener el servicio sin ajustes”, explicó.

La situación más preocupante radica en que la suba del 80% no permitirá sostener el nivel de inversión proyectado. "Antes de dejar de prestar el servicio, lo vamos a comunicar, pero habrá un freno en las inversiones", advirtió. Esto afectará principalmente al mantenimiento de la infraestructura y la modernización del sistema.

Uno de los puntos más críticos es el sistema de ósmosis inversa, clave para la potabilización del agua en la ciudad. Según Bonifazi, este proceso depende de insumos dolarizados, cuyo precio se disparó en los últimos meses debido a la devaluación del peso.

"Los productos químicos y los insumos necesarios para la potabilización están atados al dólar, y su costo se ha incrementado de manera significativa", explicó. Si bien aseguró que en el corto plazo no habrá cambios en la calidad del agua, no descartó problemas en la provisión de insumos a partir de mitad de año si no se permite un nuevo ajuste tarifario.

Otro de los factores que incide en el presupuesto de la cooperativa es el consumo de energía eléctrica. La entidad destina una gran parte de su presupuesto al funcionamiento de las plantas de ósmosis, que trabajan las 24 horas del día.

“El incremento en el Valor Agregado de Distribución (VAD) de la EPE nos va a impactar de lleno. Pasaremos de pagar $45 millones a más de $60 millones mensuales en electricidad”, detalló el gerente. Esta suba podría trasladarse a los usuarios en los próximos meses si la cooperativa no encuentra otra fuente de financiamiento.

Por el momento, la fecha exacta de aplicación del aumento en el servicio no está confirmada. “Aún no tenemos el dictamen oficial, por lo que no sabemos si la suba impactará en las facturas de febrero o marzo”, indicó Bonifazi.

En cuanto a la morosidad, el gerente afirmó que los vecinos de Venado Tuerto tienen un buen historial de pago y que la cooperativa ha implementado planes de financiamiento para ayudar a quienes se retrasan en sus facturas. "Siempre hubo una cultura de pago. En el segundo vencimiento, el 90% de los usuarios abona su factura", señaló.

No obstante, reconoció que hay sectores que especulan con la posibilidad de moratorias o seleccionan qué cuentas pagar primero. "La mayoría de los casos de mora no son por falta de recursos, sino por una estrategia financiera de algunas empresas", comentó.

Durante la sesión extraordinaria, algunos concejales insistieron en la creación de un fondo compensador para evitar aumentos tan bruscos. Sin embargo, Bonifazi descartó que esta opción pueda aplicarse de inmediato.

"Para que esto sea una realidad, debe haber una decisión a nivel provincial y nacional. No es algo que dependa solo de Venado Tuerto, sino que requiere una ley o un decreto", explicó. Además, recordó que la cooperativa lleva siete meses sin ajustes y que la urgencia financiera no permite esperar una solución política que puede tardar meses en concretarse.

Este miércoles, en sesión extraordinaria, el Concejo Municipal de Venado Tuerto habilitó a la Cooperativa de Obras Sanitarias (COS) a aumentar un 80 por ciento las tarifas de cloacas y agua potable, significando un 32% de lo solicitado por la entidad en la audiencia pública celebrada en el mes de enero, donde aseguró que el desfasaje llega al 248,5 por ciento. 

Durante la reunión en el edificio de Vía y Obras donde funciona el legislativo local, el bloque oficialismo y el Partido Justicialista marcaron la necesidad de autorizar este aumento, con el objetivo de garantizar la viabilidad del servicio, clave para la salud y calidad de vida de los venadenses. También subrayaron las obras históricas que están en marcha para ampliar la red de agua y cloacas, como la que está llevando adelante el gobierno provincial y que beneficiará a cuatro barrios del sector norte de la ciudad, con una inversión superior a $10.000 millones.

Por otro lado, el bloque de Ciudad Futura votó en contra del aumento, recordando el compromiso de la actual gestión provincial de subsidiar el servicio, como lo hace con la empresa provincial Aguas Santafesinas, mediante un fondo compensador.  

El presidente del Concejo, Santiago Meardi, recordó que el cuerpo legislativo mantuvo tres reuniones plenarias para evaluar el impacto de la medida y destacó que "no se puede hacer un aumento como el solicitado por la COS, ya que son porcentajes muy altos, llegando casi al 250 por ciento". A raíz de ello, los diferentes bloques trabajaron en la búsqueda de una propuesta unificada que contemple tanto la sustentabilidad del servicio como la capacidad de pago de los usuarios.

Si bien no se logró el acuerdo unánime, se le dio luz verde por 8 votos a favor y 2 en contra a la propuesta de incremento del 80% sobre la facturación actual. "Sabemos que es un número bajo para la sustentabilidad de la cooperativa, pero también debemos poner sobre la mesa la visión del usuario", expresó Meardi.

El concejal confirmó que la actualización tarifaria se aplicaría en un solo tramo y que se dialogó con la cooperativa, que mostró su disconformidad con la cifra propuesta. "Entendemos que este 80% no les cae para nada simpático porque no es el mejor número para su administración, pero es el máximo consenso al que pudimos llegar", explicó.

Uno de los puntos de conflicto en el debate fue la propuesta del concejal Bruno Taddia, de Ciudad Futura, quien pidió la intervención de la provincia con un fondo compensador para amortiguar el impacto en la tarifa. Sin embargo, Meardi consideró que este planteo es más "un debate político que tarifario", y sostuvo que el gobierno provincial ya ha realizado aportes significativos en materia de infraestructura sanitaria.

"El año pasado llegaron más de 100 millones de pesos para mejoras en la provisión de agua y se está ejecutando una obra de 10 mil millones de pesos para cloacas en el sector norte de la ciudad", detalló el edil, agregando que la provincia también aplicó modificaciones impositivas en beneficio de la cooperativa.

Consultado sobre si la suba del 80% podría afectar la calidad del servicio, Meardi indicó que la cooperativa "no podrá desarrollar nuevas obras con este incremento", aunque aseguró que las inversiones provinciales compensarán esa situación. "La provincia está financiando directamente obras que la cooperativa no podía afrontar", subrayó.

El Concejo Municipal de Venado Tuerto se encuentra en pleno análisis del pedido de incremento tarifario presentado por la Cooperativa de Obras Sanitarias (COS), que solicitó una suba del 248% en virtud de una fórmula polinómica que contempla diversos factores como costos de personal, insumos, productos químicos, energía eléctrica y obras de infraestructura.

Si bien los concejales reconocen la necesidad de actualización tarifaria, coinciden en que el aumento planteado no puede aplicarse de manera inmediata ni en su totalidad debido al impacto que podría generar en los usuarios. En este sentido, desde el cuerpo deliberativo sostienen que es fundamental considerar la capacidad de pago de los vecinos, en un contexto económico delicado y con gastos extraordinarios propios del inicio del ciclo lectivo.

Las negociaciones entre los diferentes bloques políticos han avanzado en la posibilidad de autorizar un incremento menor al solicitado, en torno al 50% de la cifra original, aplicándolo de manera escalonada en tres etapas a lo largo del año.

"Estamos afinando los números con los diferentes bloques y con la cooperativa para llegar a un acuerdo que sea sustancialmente menor a lo solicitado", explicó el presidente del Concejo, Santiago Meardi. "No se puede aplicar un 248% ni de una vez ni en un solo año", agregó, destacando que el impacto económico en las familias hace inviable un ajuste de tal magnitud.

Además, una de las razones por las cuales se considera un porcentaje menor es el hecho de que el Gobierno provincial ha realizado inversiones significativas en la ciudad, especialmente en la ampliación de redes de agua potable en cuatro barrios del sector norte y en la planta de cloacas, con una inversión que supera los 10.000 millones de pesos.

La Cooperativa de Obras Sanitarias, además de brindar servicio de cloacas, produce su propia agua potable a través de un esquema de ósmosis inversa. Sostener este sistema implica una gran inversión operativa y de infraestructura.

Sin embargo, desde el Concejo Deliberante advierten que autorizar una suba tarifaria desmedida podría derivar en un aumento en la morosidad de los usuarios. "Si convalidamos un aumento de este nivel, corremos el riesgo de que muchos vecinos no puedan pagarlo, lo que podría afectar la recaudación y la prestación del servicio", advirtió Meardi.

Actualmente, la cooperativa ha implementado un plan de austeridad que incluyó el congelamiento de ingresos de personal y la reducción de su plantilla. Asimismo, logró regularizar deudas impositivas que arrastraba en períodos anteriores, lo que ha permitido sostener el servicio sin generar una crisis financiera inmediata.

El cuerpo Legislativo local tiene previsto continuar las reuniones con los representantes de la cooperativa para definir los términos del aumento. Esta semana se llevará a cabo un plenario en el que se abordará nuevamente el tema, junto con otras cuestiones como la regulación de carga y descarga en la ciudad.

Desde el ámbito político, la intención es encontrar un punto de equilibrio entre la necesidad de actualizar las tarifas y la realidad económica de los usuarios, evitando un golpe demasiado fuerte en las finanzas familiares en un contexto de inflación y dificultades económicas.

Se espera que en los próximos días se defina el porcentaje final del incremento y el esquema de aplicación, con la posibilidad de aprobar en sesión extraordinaria un ajuste fraccionado en tres etapas, cercano al 50% de lo solicitado originalmente.