Durante la sesión extraordinaria del Concejo municipal el Departamento Ejecutivo presentó un proyecto para establecer un régimen de "Compre Local" por parte de la Municipalidad de Venado Tuerto, con el fin “de privilegiar a las micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la ciudad de Venado Tuerto en la adquisición de insumos, bienes, ejecución de obra y servicios para el Municipio”.

Dicha implementación estará en concordancia con los lineamientos de la ley provincial N° 13505/2013 y modificatorias (Compre Santafesino).

Lo que se intentará es que “todos los proveedores locales  puedan competir con otros que no son de la ciudad, es decir, en el caso de que gane un proveedor de otra localidad van a poder igualar esa propuesta bajando los costos para equipararse con el presupuesto más bajo presentado”, describió el presidente del Concejo Santiago Meardi, sobre la iniciativa que pasó a plenario de concejales para ser debatido.

Sobre el mecanismo a utilizar para este régimen, el concejal detalló: “Se implementaría a través de concurso de precios de compra directa y la modificación que se hace (a normativas similares anteriores) es que antes se creaba un registro pero generaba bonos para compensación, pero esto nunca funcionó con lo cual siempre estuvo en desuso”, consideró el ex secretario de Desarrollo Productivo del municipio.

Ampliando que “sería una ordenanza mucho más sencilla y aplicable a todos los proveedores que están dentro del registro municipal”, entendiendo que su sanción significaría “un avance importante, ya que generaría oportunidades a los emprendedores, comercios y proveedores locales y mejora las condiciones también al municipio”.

Entre las fundamentaciones, el proyecto indica que se priorizará a empresas con domicilio fiscal en la ciudad por al menos 12 meses y registradas como proveedores municipales.

Además, este régimen permite a estas empresas igualar o mejorar ofertas de competidores externos, siempre que la diferencia de precio no exceda el 10% y la calidad sea similar; incentivando la contratación de mano de obra local y la adquisición de materiales locales.

• Se busca dar prioridad a las micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en Venado Tuerto en la adquisición de insumos, bienes, ejecución de obras y servicios para el municipio. Esto está en línea con la ley provincial N° 13505/2013 y sus modificaciones.

• El municipio busca apoyar activamente las actividades comerciales, industriales y de servicios locales, actuando como un consumidor activo y promoviendo estrategias productivas y de comercialización.

• Se pretende generar empleo genuino acompañando a la producción local y favoreciendo el trabajo de los vecinos.

• Se implementa un régimen que otorga preferencias a las empresas locales en las contrataciones municipales para la adquisición de materiales y/o productos de origen local.

• Se considera de origen local a las MIPyMEs proveedoras de insumos, bienes y/o servicios que desarrollen su actividad en Venado Tuerto, con domicilio fiscal en la ciudad por al menos 12 meses y que estén inscriptas en el Registro Municipal de Proveedores.

• Las empresas locales tienen la oportunidad de igualar o mejorar las ofertas en los procedimientos de adquisición.

• La normativa se aplica siempre que la diferencia de precios cotizada no supere el 10% de la oferta más baja de otros oferentes, y que los insumos, bienes y servicios mantengan la misma o similar calidad.

• Las empresas locales cuya cotización esté dentro del porcentaje establecido pueden ser invitadas a igualar o mejorar la oferta, gozando del derecho a prioridad en la adjudicación.

La ley 13.505 que rige hoy fue dictada en noviembre de 2015 para reemplazar a otra dictada a principios de 2003.

“El bien o producto de origen santafesino o el oferente santafesino tiene preferencia en su oferta cuando, para idénticas o similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio iguale o no supere en más de 5% al de la oferta no local con menor precio” dice el artículo central. Agrega que “si aplicando dicho rango de preferencia, ninguna oferta santafesina resulta favorecida, debe entonces convocarse al oferente santafesino cuyo precio no supere el 8% respecto a la mejor cotización del resto de los oferentes, otorgándole la posibilidad de mejorar su oferta, en los parámetros porcentuales del primer párrafo de este artículo”, agrega.

El artículo siguiente da preferencia a las empresas que califiquen como Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPyME) gozan de una preferencia del 8 %. Las cooperativas con asiento en la provincia que se encuentran debidamente inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y en el Registro Provincial de Cooperativas, también tendrán una preferencia del 8%.

En la crítica a la norma vigente, García señala que “la experiencia indica que, por diferentes circunstancias, su aplicación no ha sido tarea sencilla para los sujetos contratantes y, en consecuencia, la preferencia establecida para los bienes u oferentes santafesinos ha devenido en una expresión de deseo de los legisladores que no se reflejó -con la dimensión necesaria- en los procedimientos de contratación”. Según la legisladora, el proyecto votado pretende plasmar “no sólo una redacción clara y armónica de su articulado, sino también instituir un régimen obligatorio de preferencia en beneficio de bienes u oferentes locales que alcance a todas las contrataciones del Estado Provincial -con escasas excepciones-, cuya interpretación y aplicación resulte un trabajo simple para los operadores de la Administración Pública Centralizada, Descentralizada, Sociedades y Empresas del Estado y demás Entes Públicos”.

Para García es central que “la contratación pública se erija como un pilar de política laboral y social, fomentando la utilización de mano de obra local y la inserción de grupos vulnerables que se han capacitado en programas provinciales, evitando así el trabajo informal o precario”.

El texto girado al Senado incluye al gobierno provincial pero también a municipalidades y comunas “cuando reciban recursos provinciales por un importe igual o superior a seiscientos mil módulos tributarios en carácter de obras delegadas en el marco de la Ley 5188” , o del Fondo de Obras Menores. Pero también habilita a que el Poder Ejecutivo pueda exigir el régimen a aquellas personas físicas o jurídicas que reciban subsidios o créditos de tasas subsidiadas del Estado o algún beneficio para su radicación en la provincia, o cuando resulten beneficiarias de exenciones o diferimientos de pago de impuestos provinciales por aplicación de leyes vigentes que acuerden esos beneficios.

La Cámara de Diputados votó varios proyectos de ley y los giró para el Senado para su sanción definitiva.