Embargos de 100 mil dólares; prohibición de acercamiento y de contacto con testigos y denunciantes; prohibición de ingreso a dependencias de los ministerios de Seguridad y de Economía y a inmuebles de la policía santafesina; y obligación de informar la ausencia de su domicilio son las medidas cautelares impuestas al exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain y a un exsubsecretario de la misma cartera a los que se investiga penalmente. 

Las cautelares fueron ordenadas por el juez Héctor Gabriel Candioti en el marco de la investigación que dirige la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos del MPA a las tres personas por intentar defraudar al Estado santafesino y beneficiar a una empresa, en el marco de una licitación pública para la compra de armas para la policía de Santa Fe. 

“El grado de probabilidad exigido para esta etapa del proceso se encuentra satisfecho”, sostuvo Candioti en su resolución. En tal sentido, afirmó que “el haber probatorio reunido hasta el momento permite tener por acreditado la probable autoría de los imputados en los hechos investigados”. 

El juez también hizo lugar a las calificaciones legales imputadas por la Fiscalía: negociaciones incompatibles con el cargo en concurso ideal con tentativa de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta. 

En la argumentación desarrollada en la audiencia de medidas cautelares, el MPA sostuvo que hay elementos de convicción suficientes para acreditar de que –al menos desde mayo de 2020– los imputados realizaron maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021, destinada a la compra de armas para la Policía de la provincia de Santa Fe. Según se precisó en la audiencia, la licitación era por un total de 17.103.543 dólares, y también se indicó que en caso de que se hubiera concretado, el perjuicio para el erario público hubiera rondado entre 2.814.000 y 8.274.000 dólares. 

Se expuso que el accionar delictivo tuvo como fin beneficiar indebidamente a la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, que representa a una compañía israelí que es la única proveedora de los productos que se pretendían adquirir. 

Además, la Fiscalía hizo hincapié en el testimonio brindado por el exjefe de la Policía de la provincia, Víctor Sarnaglia, quien afirmó que en reiteradas oportunidades, en diversas reuniones realizadas en diferentes ámbitos, el exministro imputado ya había manifestado su preferencia por las armas comercializadas por Emprendimientos Grupo Patagónico SRL. 

En la audiencia también se indicó que los exfuncionarios imputados plantearon la necesidad de adquirir 12.272 armas, cantidad que fue considerada excesiva y desproporcionada. La elección de una sola marca hubiera demandado 17.103.543,60 dólares; mientras que el costo de la compra por separado a otros oferentes hubiese sido menor. 

La Fiscalía aclaró que, tras diversas intervenciones administrativas y judiciales (del Ministerio de Economía, la Cámara Contencioso Administrativo, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas), la licitación fue dejada sin efecto. Por lo tanto, los imputados no lograron su objetivo de defraudar a la administración pública por razones ajenas a su voluntad. 

El MPA también dio a conocer que hay serios indicios de que fue el representante de la empresa a la que se intentó beneficiar quien redactó las condiciones técnicas que debían tener las armas que se incluyeron en el pliego de la licitación. En tal sentido, la Fiscalía detalló que en dos pendrive secuestrados a los imputados y en una computadora del Ministerio de Seguridad, se encontraron archivos creados por este empresario antes de que se inicie el proceso licitatorio. 

Además, según la Fiscalía, las particularidades del armamento descripto en el pliego fueron copiadas de folletos comerciales de la firma a la cual los imputados pretendían beneficiar. 

La Fiscalía también detalló que los impactos de antena generados por teléfonos celulares del representante de la empresa dan cuenta de que en la primera mitad de 2020 estuvo en diferentes ocasiones en las ciudades de Santa Fe y de Rosario. Además, se pudo determinar que en ambos lugares permaneció en inmediaciones de las sedes del Ministerio de Seguridad. 

De acuerdo con lo informado por el MPA, en las bases y condiciones especiales de la licitación definidas por los exfuncionarios investigados se indicaba que cinco tipos de armas constituían un supuesto sistema único que no podía ser cotizado parcialmente. 

No obstante, la Fiscalía recordó que el decreto 1104/16, que reglamenta la ley nacional de administración, eficiencia y control del Estado, estipula que “no se pueden incluir en un mismo renglón elementos o equipos que no configuren una unidad funcional indivisible”. Al respecto, remarcó que según todos los organismos públicos intervinientes -judiciales y administrativos- no existían razones técnicas o jurídicas que justificaran el agrupamiento de las armas, razón por la cual incluso una empresa nacional que fabrica algunos de los productos requeridos luego impugnó la licitación. 

El MPA expuso que la circunstancia de que el oferente debiera ser el mismo para todos los rubros fue observada por la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de Economía de la Provincia y advertida al Ministerio de Seguridad. Además, la subsecretaría notó que, a diferencia de licitaciones anteriores, los imputados quitaron la demanda de entregar sin costo 10% de piezas reemplazables y la garantía de provisión de repuestos por cinco años como mínimo. 

La Fiscalía también señaló que, en el marco de la investigación, se allanaron dos inmuebles en Buenos Aires, que eran los que la empresa beneficiaria -supuesta proveedora del “sistema de armas” para la policía de Santa Fe- señalaba como domicilios: uno era un estudio contable que negó ser parte de la firma, y el otro era un departamento particular que carecía de oficinas. 

La Fiscalía también se refirió a la situación procesal de un hombre de 49 años e iniciales MLC que, al momento de los hechos ilícitos, era jefe de la División Logística de la policía provincial. 

El exmiembro de las fuerzas de seguridad es investigado en esta misma causa, por haber firmado documentos que él no confeccionó acerca de la necesidad de adquirir armas con determinados requisitos técnicos. Se le endilga la participación necesaria en la tentativa de defraudación a la administración pública y se le impusieron medidas alternativas a la prisión preventiva. 

Entre otras medidas, al imputado de iniciales MLC se le impuso una fianza de 100 mil dólares, no podrá acercarse ni tener contacto con testigos de los hechos investigados ni concurrir a las sedes del Ministerio de Seguridad, de la Jefatura de Policía y de la División Logística en la que trabajaba. 

Estas medidas cautelares fueron dispuestas por el juez José Luis García Troiano 

En su resolución, el juez Candioti también hizo una aclaración acerca de “otro cuestionamiento realizado por la parte defensiva relacionado al registro de las oficinas del Ministerio de Seguridad”. El magistrado recordó que los abogados defensores plantearon que “se necesitaba una orden judicial de allanamiento para el lugar, (y) no solo una orden verbal de los fiscales”. 

“Tal postulación entiendo no puede ser aceptada, ya que conforme surge del texto del artículo 169, cuarto párrafo (del Código Procesal Penal de la provincia), los edificios públicos y oficinas administrativas, no es necesaria la orden de allanamiento, debiendo darse cuenta a la persona a cuyo cargo esté el local”, sostuvo el juez y concluyó que “no se ha violado la normativa legal dispuesta para el caso”. 

Tras conocerse la doble imputación al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y a otros ex funcionarios en la causa que investiga el direccionamiento de una licitación para la compra de armas para la Policía de Santa Fe implicando una defraudación tentativa de más de 17 millones de dólares, el diputado provincial de UCR Evolución, Juan Cruz “Cacu” Cándido, se expresó a favor del avance del accionar de los fiscales Mariela Jiménez y Miguel Hernández, “la doble imputación a Sain y a sus funcionarios es un paso más en defensa de los santafesinos. La gestión de Sain dejó en evidencia que no venían a mejorar la seguridad pública sino que perseguían otros intereses”. Los funcionarios fueron imputados por “Negociaciones incompatibles con la función pública” y “Tentativa de defraudación a la administración pública provincial”.

“Vinieron al Estado a hacer cualquier cosa menos lo que tenían que hacer, que era gestionar la seguridad pública. Los resultados están a la vista: más violencia, más delito. El gobernador en parte es responsable por haberlo sostenido pese al fracaso” señaló Cándido. Y recordó que cuando presentaron la denuncia en marzo de 2021 junto a los legisladores provinciales Esteban Lenci, Rosana Bellatti y Lionela Cattalini “estábamos en lo correcto pese a los agravios que recibimos por parte del oficialismo”.

Por otro lado, el diputado provincial recordó que “mientras los santafesinos estábamos encerrados y los índices de violencia no paraban de aumentar, el ministro Sain y su equipo estaban viendo cómo acomodar una licitación a medida de una empresa amiga y hasta se daban el lujo de insultar a nuestra provincia, mientras que el gobernador miraba para otro lado y sostenía al gabinete de seguridad a pesar de las denuncias y los evidentes fracasos”.

La denuncia que dio origen a las imputaciones fue presentada en marzo del 2021 por los legisladores Juan Cruz Cándido (UCR Evolución), Lionela Cattalini, Esteban Lenci y Rosana Bellati (PS). En la misma señalaron que había una sospecha de direccionamiento de la licitación para la compra de armas para la Policía de Santa Fe ya que de la forma en que estaba armado el pliego, solo una empresa intermediaria estaba en condiciones de presentarse. Además explicaron en ese entonces que las descripciones de las armas que pretendía adquirir el estado eran iguales a las del catálogo de la empresa israelí que representaba la intermediaría.

Tras más de un año de investigación, los fiscales Mariela Jiménez y Miguel Hernández imputaron este jueves al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, al ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro y al ex subsecretario de Gestión Técnica y Administrativo Financiera Maximiliano Novas y les atribuyeron la coautoría de los delitos de “negociaciones incompatibles con el cargo” y “tentativa de defraudación a la administración pública provincial”. En la audiencia, la Fiscalía sostuvo que los tres imputados realizaron “maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública para la compra de armas con el objetivo de beneficiar indebidamente al grupo empresario Emprendimientos Grupo Patagónico SRL”.