La Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) destacó positivamente las medidas fiscales incorporadas en la Ley Tributaria 2026, impulsadas por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Estas acciones, según la Fisfe, buscan fortalecer la competitividad y la previsibilidad del sector industrial en un contexto económico desafiante.

En este sentido, la institución resalta el compromiso del Gobierno provincial de “mantener la alícuota cero para el 65% de la industria santafesina”, una medida que “consolida un escenario de estabilidad fiscal indispensable para planificar en un momento en que la industria atraviesa una situación compleja”. La Federación señaló que la industria enfrenta niveles de actividad bajos que requieren de un “acompañamiento y alivio tributario”.

Por otro lado, la Fisfe celebró la implementación de un mecanismo que permitirá “reducir hasta un 30% la carga tributaria mediante el descuento del costo energético de la base imponible”. Esto, según la Federación, “reconoce el peso estratégico de la energía en la estructura de costos y genera un alivio directo para la producción”.

Además, la Ley Tributaria 2026 incluye la incorporación de nuevas modalidades productivas, como el fasón, a partir de 2026. Fisfe considera que este paso representa “un avance significativo hacia una concepción más amplia y realista del funcionamiento de las cadenas de valor”, destacando el trabajo conjunto para lograr el reconocimiento de los “servicios industriales como parte integral del entramado productivo”.

Otro de los puntos clave que la Federación celebra es la deducción del “10% de la base imponible por intereses de préstamos destinados a proveedores y clientes”, lo que mejora las condiciones de financiamiento y favorece la “continuidad operativa del sector”. Finalmente, Fisfe subraya que la posibilidad de deducir “los salarios de nuevos trabajadores de Ingresos Brutos” representa un incentivo directo a la “generación de empleo industrial de calidad”.

Con este conjunto de medidas, Fisfe reafirmó su compromiso de continuar trabajando junto al Gobierno de la Provincia de Santa Fe y al sector productivo para lograr un entorno estable, competitivo y favorable al desarrollo de la industria en toda la provincia.

La Cámara Regional de la Industria y Comercio Exterior del Sur de Santa Fe (Cricex) invita a participar de la charla “Definición de objetivos de venta”, una propuesta orientada a fortalecer las estrategias comerciales de las pequeñas y medianas empresas de la región.La actividad se llevará a cabo el martes 11 de noviembre, desde las 16, en el SUM de Copain, ubicado en el Parque Industrial de Venado Tuerto. La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa por cupos limitados.

El encuentro estará a cargo del consultor Simón Lutvak, especialista en business coaching con más de 30 años de experiencia asesorando Pymes de Argentina y Latinoamérica en el desarrollo de estrategias de negocio, liderazgo y gestión comercial.Durante la charla, Lutvak brindará herramientas prácticas para definir objetivos comerciales claros, optimizar la gestión de equipos de venta y potenciar la competitividad y el liderazgo en empresas de la región.

Simón Lutvak es egresado en Sistemas y cuenta con un posgrado en Management Estratégico. Su trayectoria incluye una amplia labor en el fortalecimiento del management, la ingeniería de ventas y el desarrollo organizacional.A lo largo de su carrera ha acompañado a empresas líderes como Iscar Tools Argentina, CPA Bombas, Citizen Argentina, Fuchs, Carmahe, AGG Metalúrgica, Cluster Tecnológico Santa Fe, Industrias Kras, Most y Meip Oil & Gas, entre otras.

Los interesados pueden inscribirse previamente a través del enlace disponible en el sitio de Cricex o comunicarse al teléfono 3462 379100 para más información.Desde la entidad remarcaron que se trata de una oportunidad para que las empresas locales accedan a herramientas de mejora comercial sin costo, en el marco del acompañamiento permanente que brinda la institución al sector productivo y exportador del sur santafesino.

(Por Mauro Muñoz) - La producción agropecuaria en Argentina sigue siendo una carrera cuesta arriba. No por la falta de demanda ni la escasez de tierras, sino por los pesos que se gastan en sembrar y los dólares de la cosecha que se queda el Estado.

Así lo refleja el último informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, con autoría de Franco Artusso y Tobías Lucero, que puso números a esa contradicción que viven los productores argentinos frente a la competencia internacional.

La investigación comparó precios de insumos agropecuarios en cinco países —Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos— y reflejó que nuestro país paga más caro para producir, pero vende más barato lo que produce.

El relevamiento realizado por incluyó trece bienes y servicios esenciales: fertilizantes, herbicidas, fungicidas, transporte, gasoil y maquinaria. Así, Argentina resulta más cara en dólares en 9 de los 13 productos en la comparación con Brasil, Uruguay y Paraguay (69% de los casos) y en 7 frente a EE.UU (54%).

Los fertilizantes cuestan un 5,8% más que el promedio regional, los herbicidas un 8,2% y el gasoil un 3%. En el caso de los tractores, la diferencia es abismal: 31% más caros. Solo las cosechadoras (-7%) y los fungicidas (-7,8%) escapan a esa lógica.

En el semáforo de insumos, Argentina marca rojo en la mayoría.

“Argentina exhibe precios un poco más altos en dólares para la mayoría de los insumos, incluso tratándose de bienes comercializables internacionalmente. Esto revela la existencia de distorsiones que encarecen la producción agropecuaria”, señala el informe.

Son brechas pequeñas en algunos rubros, pero sistemáticas. Y, al sumarse el costo de la carga impositiva, termina convirtiéndose en un problema para la competitividad del sector.

El trabajo del IERAL apunta a una causa estructural: el sistema tributario argentino. Impuestos sobre ventas como Ingresos Brutos o tasas municipales aplicadas sobre facturación, que no existen en otros países, “van generando el pago de impuesto sobre impuesto y un sobrecosto que se traslada a los precios de los bienes a medida que recorren la cadena de valor”.

A eso se suman regulaciones laborales rígidas, costos logísticos internos elevados, y lo que el estudio define como “un contexto de mayor incertidumbre y volatilidad” que limita los mecanismos de competencia y arbitraje.

En un escenario donde el tipo de cambio esté estabilizado y menos volátil, el informe sostiene que los desafíos de competitividad se desplazan al terreno microeconómico. Allí, el foco debería estar en desarmar el entramado de regulaciones, impuestos y regímenes laborales diseñados para un modelo burocrático “que ya no arrojó buenos resultados”.

Iearal pone el foco en los "tributos acumulativos" como IIBB y tasas que encarecen la producción.

"El foco debe estar en mejorar el funcionamiento de los mercados de bienes y factores, reduciendo las distorsiones generadas por una trama de regulaciones, impuestos y regímenes laborales centralizados, diseñada en su momento para un tipo de organización económica —burocrática e intervencionista— que no arrojó buenos resultados en términos de crecimiento y desarrollo", plantea.

Y agrega: "Ese esquema debe dar paso a otro, que otorgue mayor libertad a los agentes privados para adaptar sus decisiones y organizar sus actividades productivas, de cualquier tamaño, en cualquier sector y región del país, en función de los recursos disponibles y las demandas locales e internacionales".

La paradoja se completa del otro lado de la ecuación. Porque, aunque producir cuesta más, vender deja menos.

El informe lo explica sin eufemismos: “El principal problema de la competitividad del sector agropecuario se encuentra por el lado de los ingresos y no de los costos”.

El motivo tiene nombre: retenciones. Mientras Brasil, Uruguay, Paraguay o Estados Unidos no gravan la venta de granos, Argentina aplica derechos de exportación que reducen directamente el precio efectivo que el productor recibe por su soja, maíz o trigo.

"En Argentina los productores enfrentan derechos de exportación que reducen de forma directa el precio efectivo que reciben por sus productos, lo que tampoco ocurre en los demás países analizados", señala el informe.

Es decir, el productor argentino compite en el mercado global con insumos más caros y precios de venta más bajos. La Fundación Mediterránea lo resume como un “doble castigo” que deja a la producción en desventaja frente a sus pares regionales.

Por amplia mayoría, la Cámara de Diputados votó una declaración expresando "preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar, mediante el Decreto Nº273/25, el llamado Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), dejando sin efecto controles esenciales sobre trazabilidad, seguridad y condiciones de uso de bienes importados".

La Cámara unificó los textos ingresados por Mariano Cuvertino (PS) y Sonia Martorano (PJ) y obtuvo el respaldo de casi todos los integrantes de Unidos, de los diferentes interbloques justicialistas y del Frente Amplio por la Soberanía.

En cambio, Somos Vida votó en rechazo al igual que Ximena Sola (Pro) y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia). En cambio, Juan Argañaraz (Inspirar) y Beatriz Brower (escindida de Somos Vida) se abstuvieron de votar.

Silvia Malfesi (Somos Vida) se encargó de exponer el voto en rechazo al proyecto y de defender los alcances del decreto mientras que Cuvertino, Omar Perotti (PJ) y Dionisio Scarpin (UCR) encendieron luces amarillas por el impacto que la medida puede tener en el sector de la maquinaria agrícola santafesina que da vida a cientos de pueblos santafesinos.

"Solo dos departamentos no tienen ninguna fábrica de maquinaria agrícola" precisó el ex gobernador. Los tres hicieron hincapié en las dificultades en que trabaja el sector con falta de financiamiento, monopolio en la provisión de chapa y por ende fijación de precios, juicios laborales e incluso en determinados momentos impedimentos de permisos de ingreso de robots para agilizar la fabricación.

Malfesi recomendó a sus pares leer bien los alcances del decreto por entender que el objetivo es eliminar el certificado que hacía muy lenta la importación.

"El objetivo es agilizar el trámite de importación", afirmó para subrayar que favorecerá la libre competencia e incluso abaratará costos para productores. Se detuvo en marcar diferencias porcentuales de precios entre nuestro país y otros en cosechadores, tractores o sembradoras.

Además planteó los impuestos que tiene la Argentina donde en muchas ocasiones se superponen nación con provincias y cuestionó Ingresos Brutos y Sellos.

Cuvertino destacó la preocupación que genera en Santa Fe y en las provincias de la Región Centro el decreto. Santa Fe produce el 45% de la maquinaria agrícola del país y entre las provincias de la Región Centro el 75% de la torta total. El socialista mencionó el atraso cambiario que "pone a la Argentina entre los países más caros del mundo".

El socialista pidió "no poner en riesgo la excelente producción santafesina, discutamos competitividad pero no destruyamos trabajo".

Perotti, en cambio, advirtió que "no llegaremos a ningún lado sin un diálogo serio entre los actores para darle competitividad al sector. Es malo que el decreto se haya dictado sin diálogo con las provincias y con este sector productivo".

El justicialista marcó como dificultades del sector la falta de financiamiento, la carga impositiva y el valor de la materia prima cuestionando que un solo proveedor fija el precio de la chapa, insumo esencial para esa producción. "Esto debe ser todo parte de la discusión pero con diálogo entre los actores", insistió.

Pero también alertó que el ingreso de maquinaria usada solo será por parte de la red de concesionarias que tienen empresas internacionales en el país. Además llamó a diferenciar entre la máquina que se produce acá y la que no se produce y que puede ayudar al productor a mejorar sus costos.

El ex gobernador mencionó la intención de una firma radicada en Armstrong de desarrollar una cosechadora propia para ganar mercados internacionales y ponderó la presencia de plantas en gran parte de la provincia e incluso la incorporación permanente de tecnología con técnicos y científicos formados en las propias universidades argentinas.

Scarpin, por último, insistió con el planteo presentado ya en febrero cuando se mencionaba la posibilidad de bajar las condiciones de acceso de maquinaria.

"No es que nuestros fabricantes no quieran competir, quieren hacerlo en igualdad de condiciones y para ello se necesitan decisiones tanto del gobierno nacional como del provincial que tiene algunas estrategias como financiar parte de tasas de interés o salir al mercado internacional con varias de las firmas locales".

El CIBU fue establecido mediante la Resolución Nº 909/1994 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, y regulaba la importación definitiva para consumo de bienes usados comprendidos en los capítulos 84 a 90 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), incluyendo maquinaria agrícola, herramientas industriales y equipos electrónicos.

La emisión del CIBU estaba sujeta a una evaluación técnica por parte de la autoridad competente, que debía expedirse sobre la efectiva capacidad de provisión local de los bienes involucrados, considerando la afectación del mercado local con motivo de la importación planteada.

Ahora la eliminación de este certificado implica la liberalización de la importación de maquinaria usada sin la necesidad de evaluar la capacidad de la industria nacional para abastecer el mercado interno.

"Esto no solo perjudica a los fabricantes, sino que impacta en toda la cadena productiva, desarticulando esquemas como la toma de usados en la compra de maquinaria nueva y frenando la renovación tecnológica de un parque agrícola donde el 70% de las cosechadoras y el 80% de los tractores superan los 10 años de antigüedad.

Además de los riesgos económicos, el ingreso de maquinaria usada sin control genera riesgos ambientales, a partir de la posible propagación de plagas que afectan la producción agrícola, como ya ha ocurrido en oportunidades anteriores", señala Cuvertino en los fundamentos del texto votado.

La Cámara de Diputados dio por concluidas las actuaciones administrativas y validó la cesantía del agente Héctor Rodolfo Puchetta por inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General dictaminó el asunto el 27 de febrero de 2025, conforme al reglamento interno de la Cámara de Diputados. En el último plenario de la Cámara se votó la baja definitiva, por cesantía, del mencionado agente que se desempeñaba como administrativo en la planta permanente con categoría 19.

El diputado Walter Agosto presentó un pedido de informes para conocer las causas por los cuales ha suspendido la publicación del informe "La Caja en números", correspondiendo la última información publicada al mes de diciembre de 2023.

Dicho informe estaba en la página web de la propia Caja de Jubilaciones y contenía detalles sobre ingresos y aportes al sistema; remuneraciones promedio por sector y otros informes de interés.

"Resulta imprescindible que el Poder Ejecutivo garantice el acceso a esta información, dando estricto cumplimiento a la publicación de la misma tal como se hacía hasta el mes de diciembre de 2023, respetando la política de transparencia fiscal que la provincia ha desplegado en los últimos años", señala en los fundamentos el autor.

El actual presidente, Daniel Noboa, y la candidata Luisa González, representante del correísmo, se disputarán la presidencia de Ecuador en una segunda vuelta que se llevará a cabo en abril, según los primeros resultados oficiales.

El actual presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa, durante los comicios. Reuters.

Con un 60% del voto escrutado, Noboa lidera con un 44,86% de los votos, superando por una estrecha diferencia a González, quien alcanza el 43,68%. Esta cifra se considera casi un empate técnico, dado lo ajustado del margen, lo que ha provocado que la expectativa para la segunda vuelta sea elevada.

En tanto, los ecuatorianos también eligieron a 151 miembros de la Asamblea Nacional y a cinco del Parlamento Andino para un mandato de cuatro años.

El contexto político es complejo, ya que esta contienda representa una nueva edición de las tensas luchas electorales en Ecuador.

En las elecciones de octubre de 2023, Noboa logró la presidencia por una diferencia mínima de menos de cuatro puntos, después de haber caído en la primera vuelta ante González por un margen superior al 10%. Esta polarización ha dejado en claro que solo dos candidatos tienen posibilidades reales de llegar al poder.

Además de la disputa presidencial, las elecciones legislativas también han dejado un panorama fragmentado en Ecuador.

El Parlamento, que ha sido históricamente un campo de batallas políticas intensas, parece estar aún más dividido, con los bloques oficialistas y correístas sin posibilidad de alcanzar una mayoría calificada.

Luisa González y Diego Borja, candidatos a presidente y vice, en conferencia de prensa este domingo. Reuters.

Esto supone que el presidente electo no estará en riesgo de destitución, pero tampoco podrá modificar la Constitución sin apoyo de la Asamblea Nacional.

El 9 de febrero también reflejó la escasa representación de otros sectores políticos en la contienda. Los 12 candidatos que no lograron superar el umbral del 5% han quedado prácticamente fuera del debate principal, dejando a Noboa y González como los protagonistas indiscutibles de la segunda vuelta.

La polarización política en Ecuador no se limita solo a las elecciones presidenciales. La lucha por la Asamblea Nacional está igualmente reñida, y el partido de Noboa, Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), mantiene una ligera ventaja con el 45,56% de los votos, frente al 39% de Revolución Ciudadana, el movimiento de González.

Con un balotaje en puerta, Ecuador se prepara para definir en abril su futuro político en un escenario de alta competitividad.

El próximo enfrentamiento entre Noboa y González podría ser tan reñido como el proceso electoral de 2023, cuando el país vivió una de las contiendas más polarizadas de su historia reciente.

En el marco del Santa Fe Business Forum, la misión comercial inversa que se lleva a cabo hasta este jueves en Rosario, representantes de startups santafesinas dieron detalles de su participación en el evento de negocios más importante del país. El Foro de Inversiones del SFBF estuvo enfocado en la economía del conocimiento y la dinámica de trabajo implica la interacción de fondos, por un lado, y startups, por el otro.

En la conferencia de prensa, una empresa de soluciones basadas en bioinformática, una venture de base científica con impacto global, un laboratorio que integra biología sintética y edición genómica y una firma de creación de suplementos dietarios naturales; dieron detalles sobre su participación en el encuentro.

Durante la actividad, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, manifestó su orgullo “por este evento inédito en Argentina. Nunca antes hubo un encuentro de comercio internacional que juntó en un mismo momento a 200 compradores de 40 países y de ocho sectores productivos distintos. Además, tuvieron la posibilidad de hacer circuitos productivos para conocer empresas e industrias en distintos lugares de la provincia y asistieron 32 embajadores a la provincia. Todos estos elementos confirman que este encuentro va a fijar un precedente en la provincia”.

“Noto una alegría inmensa y mucha satisfacción por los resultados obtenidos. Es un camino que estamos construyendo juntos: el sector público y el privado. Lo hacemos para toda la provincia de Santa Fe. Este evento habla de exportar y para eso tenemos que tener todas las condiciones necesarias para que nuestras empresas lo hagan de la mejor manera posible y con mucha competitividad”, enfatizó Puccini.

Por su parte, Martín Espariz, de Taxon Bioinformatics, desarrolladora de soluciones basadas en la bioinformática, explicó que su “empresa estudia el suelo agrícola para dar índices globales de salud y poder recomendar al productor las mejores prácticas”. En ese sentido, explicó que “este evento nos ha permitido tomar contacto con inversores de Chile, Brasil y Estados Unidos”.

“El ADN innovador que tiene la provincia de Santa Fe es que nos fue acompañando en cada una de las etapas. Las startups surgen cuando entra un capital privado, que cree en tu idea y después, cuando tenemos que ser globales, no podemos solos. Santa Fe nos ha permitido integrarnos y tener contactos con inversores de muchas latitudes”, enfatizó Espariz.

Por su parte, Carla Borini Etichetti, de la empresa Kresko RNAtech, que crea suplementos dietarios naturales, explicó que “desarrollamos una tecnología para identificar dónde podemos encontrar estas moléculas, estabilizarlas y generar ingredientes que pueden tener distintos usos para la industria cosmética, nutracéutica o de suplementos e incluso la industria alimentaria. Nuestro primer ingrediente es a partir de la leche de bobina. Entonces tenemos una fuerte conexión con la agroindustria de nuestro país. Este evento es súper interesante para poder conectar con inversores, tanto de Estados Unidos, Chile, Brasil y de acá. Quiero remarcar Santa Fe. Nosotros ya somos una startups global, con fondos de inversión de Estados Unidos y hasta ahora nos pasaba que teníamos que ir a Buenos Aires o salir del país para tener estos eventos. Por eso quiero remarcar muchísimo este gran avance que está haciendo la provincia”.

En tanto, Carlos Pérez, cofundador y director de Bioherius. Integra biología sintética y edición genómica para desarrollar sistemas sustentables de manejo de malezas. “Nosotros optimizamos los cultivos para poder hacer un manejo sustentable de las malezas. Utilizamos ciencia de última generación, como es edición génica y biología sintética, para mejorar las semillas y tener más herramientas disponibles para controlar las malezas en el campo. No es la primera experiencia que tenemos con Santa Fe Global, hemos participado en algunas visitas a otros países, Italia por ejemplo hace dos años. Creo que esto es de alguna manera superador porque permite construir el ecosistema. La fortaleza de un ecosistema se basa en la diversidad y acá estamos las startups, empresas consolidadas, inversores de negocios y todo ese conjunto es lo que le va a dar fortaleza a Santa Fe”.

El titular de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Miguel Simioni, volvió a enfatizar la necesidad de que "la política se ordene" en medio de las expectativas generadas por el nuevo escenario político, finalizado el proceso electoral. En declaraciones a la prensa, destacó la importancia de abordar temas cruciales para el sector agropecuario y económico en general.

Se trata de la reiteración de un pedido que desde la entidad se ha hecho en reiteradas oportunidades: la necesidad de unidad y la importancia de abordar temas estructurales, en un país con un 40% de pobreza. "No podemos seguir discutiendo sin ponernos de acuerdo", planteó Simioni en el actual escenario, y subrayó la urgencia de sentarse a la mesa y encontrar medidas que permitan expresar todo el potencial del sector agroindustrial argentino.

Entre las medidas necesarias para lograr este objetivo, Simioni destacó la importancia de recuperar mercados internacionales. En un contexto en el que otros países, como Brasil, han experimentado un crecimiento significativo en la producción y exportación de productos agrícolas, Simioni instó a impulsar una nueva producción que permita recuperar la posición de Argentina en los mercados globales.

Otro punto que abordó el presidente de la BCR es la unificación del tipo de cambio. Explicó que la existencia de múltiples tipos de cambio ha creado complicaciones en diversos sectores, incluyendo la lechería, la siembra, los arrendamientos de campo y el mercado en general. "La unificación del tipo de cambio se presenta como una medida necesaria para promover la estabilidad y la competitividad en la economía", acotó.

Finalmente, Simioni mencionó la necesidad de abordar cuestiones estructurales, como la baja de las retenciones, los biocombustibles, la concesión de la hidrovía, la mejora de los accesos a puertos y el fortalecimiento del ferrocarril.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$ 50 millones para promover el desarrollo productivo sostenible y las exportaciones de la provincia de Salta, se informó. El programa, aprobado por el Directorio Ejecutivo del BID, busca mejorar la competitividad e internacionalización de empresas en los sectores de minería de litio, agroalimentos, turismo y economía del conocimiento.

El crédito del BID tiene un período de ejecución de seis años, un plazo de amortización de 23,5 años, un período de gracia de siete años y una tasa de interés basada en el SOFR (tipo de interés del Banco de la Reserva Federal de Nueva York).

El enfoque del programa abarca inversiones en infraestructura, capacitación, y fortalecimiento de las estrategias de promoción de exportaciones y atracción de inversiones de la provincia.

Además de las personas que recibirán capacitación, más de 100 empresas locales accederán a una gama de recursos, que abarcan desde servicios compartidos hasta la obtención de certificaciones y estándares internacionales para la exportación, con énfasis en aquellas vinculadas a cambio climático y sostenibilidad ambiental, así como a programas de incubación empresarial.

"Este programa constituye una respuesta proactiva del gobierno de la provincia de Salta a las necesidades del sector productivo en cuatro sectores con gran potencial exportador y de atracción de inversiones", dijo Francisco Estrázulas, especialista senior del Sector de Integración y Comercio del BID y jefe de equipo del programa.

"Es una operación que pone en práctica la experiencia adquirida en el diseño y ejecución de programas de inversión pública que responden de forma efectiva a las necesidades del sector privado", completó Estrázulas. El programa incluirá el financiamiento de un polo tecnológico, el cual se enfocará en prestar asistencia técnica a empresas locales en materia de comercio exterior, atracción de inversiones y desarrollo de talento.

Otro aspecto destacado del programa es que busca contribuir al impacto económico local de la minería del litio. Se financiará la construcción del Centro de Capacitación de San Antonio de los Cobres que fortalecerá las capacidades de empresas locales para su inserción en las cadenas de suministro de litio de la zona.

También se capacitará a personas de la provincia en las competencias demandadas por las empresas mineras y sus proveedores. Adicionalmente, el préstamo apoyará el desarrollo de un piloto de trazabilidad en las cadenas de granos con el objetivo de cumplir con los requisitos de la Unión Europea de no deforestación, facilitando así a los exportadores de Salta el acceso a ese mercado.

Santiago Meardi, secretario de Desarrollo Productivo y Planeamiento Urbano.

En la mañana de este miércoles visitó el Concejo Municipal el secretario de Desarrollo Productivo y Planeamiento Urbano, Santiago Meardi, quien se reunió con los ediles para dialogar sobre distintas iniciativas enviadas desde el Departamento Ejecutivo para su consideración legislativa, aunque sobresalió el tema de la conectividad rural, que apunta a una cobertura del ciento por ciento en el ámbito de actividad agropecuaria de Venado Tuerto.

Al respecto, el funcionario aseguró que “vamos a ser una de las primeras ciudades del interior del país con una conectividad del ciento por ciento y eso nos posiciona en mejores condiciones aún desde el punto de vista de la competitividad”.

“Hoy en día, con las tecnologías que se aplican en el ámbito rural es muy necesario contar con una instalación de wifi de alta calidad, incluyendo la llegada a todas las escuelas rurales venadenses”, agregó Meardi.

Asimismo, destacó que en el marco del acuerdo con la empresa Alvis SA, que viene de ganar una licitación nacional para la provisión del servicio de Internet a las áreas rurales del centro del país, “la ciudad de Venado Tuerto, junto a la bonaerense Chacabuco, serán las primeras en beneficiarse con esta cobertura de excelencia”.

La visita del secretario municipal al recinto de Sarmiento y Alem -hasta febrero último ocupó una de las bancas del bloque del oficialismo- no pudo ser más provechosa, porque además de acordar en términos generales con los anfitriones, en la sesión que se desarrolló después del mediodía, el proyecto de conectividad rural respaldado por el intendente Leonel Chiarella fue aprobado sin mayores trámites por el Concejo.

“Había una demanda muy grande de los productores rurales, que muchas veces necesitan hacer una carta de porte o una factura en su establecimiento agropecuario, y se ven imposibilitados por inconvenientes con la conectividad, debiendo trasladarse hasta el centro de la ciudad”, admitió Meardi.

En cuanto a la instalación de la antena, puntualizó que ya está instalada en el predio suburbano de la Cooperativa de Obras Sanitarias y tendrá un alcance de 30 kilómetros, es decir que algunos pueblos vecinos también se verán beneficiados por el nuevo servicio.