Para el presidente Javier Milei se trata de un problema de conciencia moral. Ya no existen en la Argentina aportes estatales nacionales para cubrir los pasajes gratuitos a trasplantados, personas con discapacidades y niños bajo tratamientos oncológicos.

Una simple resolución había dispuesto en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, un régimen de compensaciones económicas, que el Estado otorgaba a las empresas de transporte automotor de larga distancia por el otorgamiento de esos pasajes gratuitos.

La decisión, publicada en el Boletín Oficial esta semana, se fundamenta en el nuevo paradigma de libertad tarifaria del sector. Y termina con los pagos estatales, pero no con el derecho de quienes necesitan viajar sin pagar por razones de salud.

La Resolución 28/2026 deja sin efecto el esquema de pagos parciales que, desde 2018, el Estado realizaba a las compañías para mitigar el costo de los boletos otorgados por leyes especiales que benefician a personas con discapacidad, trasplantados o en proceso de trasplante y niños y adolescentes con cáncer.

Javier Milei . Crédito: Xinhua/Martín Zabala

Sin embargo, la normativa es taxativa al aclarar que esta decisión no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad. Las empresas están obligadas a seguir entregando los boletos sin cargo a los beneficiarios de las leyes 22.431 (discapacidad), 26.928 (trasplantados o en lista de espera) y 27.674 (niños, niñas y adolescentes con cáncer). Todas son muy anteriores a la resolución que seis años atrás otorgó compensaciones a los prestadores.

El cambio radica en que ahora las firmas deberán absorber dicho costo dentro de su estructura operativa, sin ayudas públicas. Y el argumento esgrimido por la Nación es que existe libertad tarifaria para que esos costos extra lleguen al común de los pasajeros.

Para la Nación, corresponde que superado el contexto de "fuerte intervención estatal" y tarifas reguladas los privados asuman el costo fijado por leyes anteriores.

Sin embargo, hay complicaciones varias. Y ya se verá más adelante por qué para el gobierno nacional el asunto es parte de su definición de aplicar “la moral como política pública”.

Hoy los transportistas pueden determinar libremente sus recorridos, horarios y precios. Con lo que cesa el pago estatal, pero nada se dice de lo que hasta aquí no se ha pagado: la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) afirma que el Estado debe al sector 27.000 millones de pesos. Y que el reclamo ya ha sido judicializado hace más de un año, sin novedades.

Pese a lo dicho por el gobierno y las empresas (que no han cuestionado su obligación legal de otorgar pasajes gratuitos a ese grupo de personas) existen complicaciones. Quien recorra la terminal y escuche a los pasajeros en las ventanillas comerciales verá que hay pasajes siempre que se los pida con tres semanas de antelación o más. Y pocos pasajeros que los necesitan saben que pueden presentar una denuncia a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Y sucede lo mismo con los subsidios focalizados a la energía eléctrica y el gas natural, pocos cumplieron con los trámites para registrarse. Con las garrafas de 10 kilos subsidiadas con casi 10 mil pesos lo que cuesta es encontrar los comercios con el QR que habilita esas ayudas nacionales. (El Litoral procuró sin éxito obtener una lista oficial de los puntos pero solo pudo publicar una nómina extraoficial de otro origen.)

La idea de no dar ayudas en los servicios públicos a quienes a todas luces las necesitan es para la administración libertaria un asunto moral. La idea -apoyada en una corriente filosófica libertaria es que nadie debe ser forzado a ser solidario con los demás.

Así, en tanto los recursos del Estado (esa “organización mafiosa”) provienen de impuestos de pago obligatorio, las ayudas que con ellos se otorguen son -desde ese punto de vista de extremo individualismo- inmorales.

Y el razonamiento se completa con otro hecho comprobable: hay libertad para fijar tarifas, horarios y trayectos, y las leyes que regulan el otorgamiento de pasajes gratuitos a casos de emergencias sociales asociadas a la salud existen, ciertamente, desde que cada compañía voluntariamente aceptó esas condiciones.

Va en la dirección señalada el proyecto de ley sobre la propiedad privada, que ya se encuentra en el Congreso, y que el gobierno nacional espera que pueda ser tratado durante el Mundial, con la opinión pública entretenida.

El respeto a la propiedad privada es una de las bases doctrinarias de la Constitución Nacional, que fue hecha por liberales. Sin embargo, ahora un proyecto de ley viene a ampliarlo.

Congreso de la Nación. Foto: Fernando Nicola

Nada curiosamente es escaso el debate público sobre el tema. Apenas unas previsibles duras críticas a la iniciativa oficial por parte de la izquierda clasista y unas pocas menciones del resto de la oposición, en los minutos y espacios que dejan libres los casos de corrupción en el Ejecutivo Nacional que a diario son noticia.

El peronismo y otros partidos han optado por azuzar la veta nacionalista, por la derogación de una norma de sus años que regula la tenencia del suelo según nacionalidad del propietario. Los extranjeros podrán comprar tierras sin límites, se brama desde ese sector. La norma propuesta quita de esa flexibilidad a las áreas de frontera, pero igual habrá, seguramente, discursos folclóricos.

Poco se presta atención, en cambio, a otro asunto más serio y contradictorio con el desarrollo del Estado que ha correspondido, en términos históricos, a los liberales argentinos hace un siglo y medio.

El sueño libertario del Estado mínimo de La Libertad Avanza, idealmente a cargo solo de la seguridad de los ciudadanos y del país, choca con la experiencia liberal que creó por ejemplo las condiciones para el desarrollo de infraestructura básica en trenes, rutas, puentes, puertos, aeropuertos, gasoductos y redes de transporte y distribución de servicios públicos que requirió de expropiaciones.

El proyecto del presidente Milei las encarece. Será más oneroso para el Estado quitarle bienes a los particulares, aún cuando se logre su declaración por ley de “utilidad pública”.

De prosperar esa iniciativa se deberá “identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo”.

Más aún: cambian las indemnizaciones. Actualmente, al expropiar el Estado paga por el valor del bien y los daños directos. El Gobierno propone incorporar el lucro cesante, es decir, la ganancia que el particular deja de percibir como consecuencia de la pérdida del bien. La ley de declaración de utilidad pública “fija el valor del bien antes de la intervención del Estado” y actualiza el valor por inflación más “una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia”. Además, propone que el bien no pasará a manos del Estado hasta su pago íntegro.

Lo dicho: habrá sin dudas críticas de los nacionalistas, pero los realmente enojados deberían ser los liberales.

(Por Juan Manuel Fernández) – La nueva promesa del gobierno nacional de compensar el perjuicio que causó el “dólar soja” a los productores porcinos cayó como una broma de mal gusto en el sector, dado que -aseguran- todavía están esperando que les lleguen los beneficios anunciados a comienzos de año tras la implementación de la segunda versión del tipo de cambio diferencial para la oleaginosa (que rigió entre noviembre y diciembre de 2022).

Javier Brunet, gerente de Apporsafe (Asociación de Productores Porcinos de Santa Fe), dijo que la noticia “genera sensaciones encontradas”, pero sobre todo más incertidumbre que respuestas. Sería, dijo, “uno de los parches” que se vienen implementando como “supuesta asistencia” a los productores. “Todavía no se hicieron efectivas las compensaciones de dólar soja II de octubre del año pasado”, protestó.

La reacción surgió luego de que, el pasado miércoles 3 de mayo, la Secretaría de Agricultura de la Nación anunciara que “reabrirá” el Programa de Fortalecimiento Productivo Argentino para productores porcinos. Ese día, al término de una reunión con la Cámara Argentina de Pequeños y Medianos Productores Porcinos (CAPEMPPOR), el secretario Bahillo informó la posibilidad de abrir una nueva edición de las compensaciones al sector porcino.

A mediados de enero, se había anunciado que los productores de carne porcina de menos de 1.000 madres recibirían una compensación de $30.000 por tonelada de soja, o sus equivalencias en subproductos o alimento balanceado, compradas entre el 28 de noviembre y el 30 de diciembre del 2022, estableciendo un tope máximo de $5 millones en el monto a compensar. Se dijo que el 98% de los productores se beneficiarían de la medida.

“Estamos a la expectativa de que, de una vez por todas, se pueda ejecutar”, dijo Brunet. Aunque “con una devaluación que licuó la compensación en sí misma”, no sólo por la depreciación del peso sino por la suba de costos en dólares, consideró que tendrían una utilidad acotada. “Es una tormenta perfecta que las compensaciones no van a poder solucionar”, dijo sobre el momento que vive el sector.

Apporsafe, señaló el gerente, impulsó a los productores a registrarse para el cobro de las compensaciones, que por escala productiva alcanzaría a la mayoría. “El trámite fue relativamente simple; una primera impresión bastante positiva”. Pero la ilusión se fue desvaneciendo con el retraso y la aceleración inflacionaria; a lo que se suman las trabas a las importaciones, que impiden incorporar insumos y tecnología, así como desconocer “a qué precio se tendrá que reponer la materia prima que se está consumiendo”.

Santa Fe, con el 20% de la producción nacional, es la tercera provincia en producción, detrás de Bs.As. y Córdoba. “Hay una buena atomización” de los productores, dijo Brunet, en su mayoría pequeños y medianos, principalmente en el centro sur provincial. “Son a quienes les pegan más fuerte estas crisis económicas, porque tienen menor espalda financiera“. Por esta razón muchos “fueron desapareciendo” o sumándose a sistemas integrados. Son pocos quienes tienen más de 1.000 madres, pero aportan el mayor volumen de producción.

El directivo reflexionó acerca de los beneficios de la actividad, como generar valor agregado en origen a partir de la conversión de grano en carne. Pero lamentó que -los funcionarios- “muchas veces se llenan la boca de expectativas y deseos, pero pocos están dispuestos a implementar a nivel general“.

A su criterio, “lo más triste, es que retrasa el desarrollo” del sector y su entorno. “Tenemos todo preparado para dar un salto de calidad”, dijo, por ejemplo, con genética, tecnología, equipamiento, insumos y recursos humanos calificados. “Pero no lo podemos hacer porque Argentina nos lleva y nos trae en sus ciclos económicos y el productor siempre en el medio, que tiene que hacer malabares para sobrevivir”. Y cerró: “es una picardía que estemos empantanados”.

(Por Juan Manuel Fernández) – Luego de tres meses de espera, finalmente llegaron las compensaciones del programa Impulso Tambero a la cuenta bancaria de los productores, aunque en el camino a ayuda para contrarrestar el encarecimiento de costos que generó en el sector el dólar soja se devaluó alrededor de un 20%.

Respecto de la ayuda económica, indicó a Campolitoral que “es sólo la primera cuota, se había pedido que por la demora lo hagan en un solo pago pero eso no está pasando”. También confirmó que todos los productores que calificaron recibieron el pago.

Sin embargo, sobre el poder adquisitivo de las compensaciones dijo: “se perdió muchísimo, desde el anuncio a hoy el IPC no bajó del 6% mensual, así que en tres meses estamos en un 20% de pérdida de valor de ese incentivo”.

Esta demora, remarcó el dirigente, “fue motivo de mucho enojo y mucha bronca; porque también tenemos retenciones; siempre estamos aportando a la caja, al Estado, y cuando tiene que volver en tiempo y forma no lo hacen”.

Si bien “llega tarde, pero llega”, Claussen aclaró que “no alcanza”. Y puso un ejemplo. Explicó que el tope establecido por productor de $600.000 hoy “no alcanza para comprar un chasis de balanceado”, que son entre 8.000 y 9.000 kilos que un tambo de 100 vacas consume en 15 días, sin contar los otros alimentos que integran la dieta.

Tras el fracaso de la confección de reservas por la sequía y el calor, reflexionó: “si hay un momento en el que necesitamos una mano grande es este; si bien llovió y va a servir para calmar un poco los nervios y a darnos un poco de perspectiva futura, hoy el presente sigue siendo muy complicado para el tambero”.

Según un relevamiento de Cetacol, las reservas de comida que lograron hacer los productores de la zona “como mucho alcanzan para tres o cuatro meses”, principalmente por el golpe que la sequía le dio a los maíces para picado. “Y por una vez en la vida necesitamos que el Estado esté presente, bueno… no pasó”.

A esa pérdida de la inversión realizada se suma que muchos productores tuvieron que salir a comprar alimento, encarecido por el dólar soja. “Es una torta de guita la que el tambo lleva gastado y no creo que estemos cerca de recuperar esas inversiones”.

Por eso Claussen anticipó que solicitarán “que se eliminen las retenciones a los lácteos para que le de mayor poder de pago a la industria”. Y “que nos saquen un poco la pata de encima” con la presión impositiva, porque “pagar anticipo de ganancias un año que no habrá ganancias es una tomada de pelo”.

Sobre la rentabilidad actual del negocio, sostuvo que hace meses facturan por debajo de los costos. “No tengo dudas que el costo del litro de leche está arriba de $ 90 o $100, porque el dólar soja trastocó todo”.

A esto se suma también una fuerte caída en la producción, que si bien es estacional este año se profundizó por el rigor del clima. “La leche va a tener que aumentar y pegar un salto importante, porque estos días de calor la baja de producción fue muy grande, en algunos casos alarmante”, anticipó.

La Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (MeProLSaFe) solicitó al gobierno santafesino que asista a los productores que no fueron alcanzados por las compensaciones nacionales con un crédito a tasa subsidiada para “generar un puente” que permita sortear la sequía y garantice el abastecimiento interno. Sostienen que “los productores no alcanzados” por el Programa que anunció el ministro de Economía, Sergio Masa, “son los que aportan a la producción provincial y nacional los mayores volúmenes de leche”.

Los empresarios lecheros explicaron que la ventana de siembra de cultivos de segunda para hacer reservas se está cerrando y será muy difícil cubrir las necesidades de alimentación de los rodeos lecheros para las pariciones que se darán a partir de marzo.

“Conocemos que la compensación de tasas tiene un costo fiscal que es importante”, admiten desde MeProLSaFe, aunque sostienen que “será insignificante respecto de los beneficios que le traerá a la Provincia mantener en actividad a los productores, como así también su producción”.

Por último, justificaron la solicitud en el hecho de que “los productores no alcanzados por el Programa anunciado el pasado viernes en Villa María, son los que aportan a la producción provincial y nacional los mayores volúmenes de leche”.