Desde la Comuna de Elortondo dieron un plazo máximo de 30 días a los titulares de vehículos que estén incautados en el corralón para que presenten la documentación correspondiente, caso contrario las unidades serán compactadas.

La noticia fue informada mediante las redes sociales de la gestión encabezada por María Isabel Bosco, y se basa en una política que vienen aplicando distintos municipios y comunas, como así también el Gobierno provincial.

El comunicado indica que “por disposición del Juzgado Comunal de Faltas de Elortondo, se cita y emplaza a todo titular registral y/o dueño de motovehículos y automotores en general, que se encuentren depositados en el corralón comunal, para que dentro del plazo de 15 días se presenten al Juzgado de Faltas a acreditar derechos y 15 días más para presentar la documentación que avale dichos derechos de propiedad”.

En consecuencia, “vencidos dichos plazos, serán destinados a su compactación y/o destrucción”, finaliza el parte.

Con el objetivo principal de prevenir la sustracción de automotores, autopartes y elementos no ferrosos, el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública del Gobierno de la Provincia, intensificó desde principios de 2024 el control sobre chatarrerías, locales de venta de autopartes y desarmaderos. A partir de un balance ofrecido tras 9 meses ininterrumpidos de trabajos en este sentido, desde la Secretaría de Gestión de Registros se destacó que “los controles están dando resultados positivos permitiendo desarticular distintos eslabones de la cadena delictiva que implica estos ilícitos, que causan daño a la población y al medio ambiente”.

De este modo, remarcaron que en estos meses se realizaron 49 Inspecciones en la provincia, con 19 inspecciones en la ciudad de Rosario y también se trabajó en otras 17 localidades. En todos los casos, el resultado de cada operativo derivó en la clausura de cada desarmaderos y chatarrerías inspeccionada.

A su vez, indicaron que se secuestraron $ 32 millones y U$S 10 mil; se incautaron 700 placas de cementerios y 1.200 toneladas de materiales ferrosos y no ferrosos. Además, subrayaron que el total de los elementos compactados en ese período asciende a 700 toneladas. Entre lo secuestrado se encontraron, placas de cementerio, crucifijos, medidores de agua y gas, picaportes y cables de electricidad y ataúdes, entre otros elementos. Como dato saliente, en Venado Tuerto, una chatarrería completa resultó decomisada por la Justicia y puesta a disposición de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), que se encargó de compactar todos los elementos encontrados.

Como resultado de estas tareas de control, inspección y sanción, se evidencia un marcado descenso de los llamados a la línea 911 para denunciar este tipo de delitos. Teniendo en cuenta enero y agosto de este año como puntos de referencia, en Rosario se redujo un 76,34 % la cantidad de comunicaciones y en la ciudad de Santa Fe se registró una reducción del 80,38% en los llamados.

Las compactaciones realizadas se dan en el marco de las políticas activas que viene llevando adelante la Provincia en relación a la inspección de depósitos de materiales que se presumen robados o sustraídos, ya que no se pudo justificar el origen de los mismos. Los resultados obtenidos demuestran que estas acciones permiten controlar no sólo la venta ilegal, sino también buscar la trazabilidad de los elementos.

Las cifras señalan, asimismo, el buen funcionamiento de los mecanismos de denuncias que ofrece la provincia a la población. Los controles se complementan además con tareas de difusión sobre el correcto funcionamiento de los comercios dedicados a estas actividades. Asimismo, tienen la finalidad de crear condiciones de seguridad jurídica en cuanto a la actividad realizada por estos comercios. Se busca así contribuir a una política del Estado tendiente a preservar la fe pública registral y el derecho de propiedad de los usuarios.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio, participó este lunes de la compactación de más de 3500 vehículos (3000 motos y 500 autos y camionetas) en el depósito judicial "Santa Emilia", en jurisdicción del distrito Elortondo. 

La actividad, ordenada por el Gobierno de Santa Fe, contó con la presencia del secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza; la Secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad y Justicia, Georgina Orciani; funcionarios de la Agencia  Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD); fiscales; y presidentes comunales.  

La legisladora explicó en primer lugar que se trata de vehículos fuera de servicio: siniestrados, abandonados, o bien a disposición de la Justicia que se encontraban acumulados en las comisarías del sur provincial. Asimismo, recordó que la última vez que se había realizado una actividad similar en General López, fue durante la gestión del por entonces ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, a comienzos del 2018.

“Esta práctica se abandonó durante el último gobierno provincial, lo que significa que no había registro ni orden de los vehículos secuestrados. Y en paralelo, las comisarías de la región acopiaban autos y motos en cualquier lugar con lo que eso significaba para las comunidades”, señaló.

Di Gregorio, aclaró que cada moto y auto compactado superó los seis meses desde su secuestro, por lo cual son pasados a disponibilidad, mientras los que sirven, se recuperan para municipios, comunas o instituciones que lo requieran. La tarea fue realizada por una empresa que compacta y abona por kilo de chatarra al Estado santafesino.

“Los autos se acumulaban en las puertas de las comisarías año tras año, había que resolverlo y lo hicimos. Uno de los objetivos de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro es mejorar la calidad en el espacio laboral de los policías de nuestra provincia. Avanzar en este sentido es mejorar la seguridad y los pueblos agradecidos por la liberación del espacio”, cerró la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

Este martes, el gobierno de Venado Tuerto avanzó con la compactación de unos 700 vehículos que estaban en el Corralón Municipal, en su gran habían sido trasladados entre el año 2022 y 2023. En esta oportunidad, fueron 645 motos, 46 autos y 166 caños de escapes que se convirtieron en chatarra para ser vendida; lo recaudado a partir de este procedimiento, tal como establecen las normativas vigentes, se destinará al cuartel de Bomberos Voluntarios.

Pero, ¿cómo se llega a esta instancia de compactación? Según explicó el juez del Tribunal Municipal de Faltas, Stefano Quaglia, hay plazos establecidos por normas nacionales que deben cumplimentarse para poder incluir los vehículos en el Prodeco (Programa de Descontaminación y Compactación), que nace como respuesta a una problemática social y ambiental a partir del secuestro de vehículos que luego no son reclamados por sus propietarios, provocando la acumulación y generación de daños y perjuicios en el medio ambiente. 

“El objetivo es regularizar esa situación, dando de baja a los vehículos en el registro y proceder a la descontaminación, compactación y recuperación de los materiales (hierro, plástico y aluminio) que son clasificados y vendidos”, explicó el funcionario, recordando que todo lo que se recauda va destinado a la Asociación de Bomberos Voluntarios, tal como lo determina la ordenanza local vigente. 

Quaglia remarcó que una de las problemáticas más frecuentes y que impide poder gestionar la devolución de los vehículos secuestrados en operativos de tránsito es la “falta de documentación”. “Desde el Tribunal de Faltas siempre brindamos la posibilidad de resolver los inconvenientes o infracciones que llevaron a que esos vehículos terminen en el Corralón, con facilidades, convenios, descuentos por pago contado y hasta la posibilidad de hacer tareas comunitarias para sustituir el monto de la multa. Sin embargo, muchas veces ocurre que la documentación del vehículo no está en regla, sabiendo que aún la compra-venta de estos bienes, que son registrables, sigue siendo bastante irregular, lo que lleva a que el titular no es el mismo que el propietario”, explicó.

Y añadió: “Desde el Tribunal no podemos restituir una moto o un auto a quien no es el titular registral, es decir los dueños en la documentación”. 

Una vez que se cumplen los seis meses de estadía de un vehículo en el Corralón, sin ser reclamado, ya pasan a disposición del Municipio para poder realizar el procedimiento de compactación. “En nuestro caso, se espera más de ese período, como sucedió en esta oportunidad, donde se desnaturalizaron motos que fueron secuestradas entre 2022 y 2023, es decir más de seis meses”, señaló el juez de Faltas.

En el medio se atraviesan diferentes etapas que comienza con la notificación del infractor, donde la gran mayoría se presenta en el Tribunal, pero por diferentes situaciones, en especial por no contar con la documentación, no gestionan su restitución. “Tenemos casos que regularizan la multa, pero como no tienen los papeles no la pueden sacar del Corralón. Es más, se firma un documento donde acepta dejarla en depósito, sabiendo que no va a poder reunir los documentos necesarios para retirarla”, detalló. 

Pasados los seis meses, se inicia un proceso donde se van separando en el mismo Corralón, hasta el momento de hacer la compactación. Mientras tanto, también se publican edictos para poner en conocimiento a la sociedad de este procedimiento; lo mismo que en la página del gobierno municipal se comparten todos los vehículos a compactar con las fechas de ingreso.

“A nadie le resulta grato tener que destruir la propiedad de este modo, más aún con vehículos que están en buenas condiciones. Es una lástima tener que disponer eso, pero tampoco podemos acumular indiscriminadamente estos rodados, con el costo que le implica al Estado municipal, ya sea el mantenimiento del Corralón, personal, el perímetro en condiciones, cámaras y demás. Estas cuestiones ya están establecidas en los costos de las multas, tanto el acarreo como la estadía”, puntualizó. 

Estos 700 vehículos compactados representan un 40 por ciento aproximadamente de los vehículos que se encuentran en el Corralón Municipal, que tiene una capacidad para unas 2000 unidades.  

“Se compactaron vehículos que ingresaron hasta noviembre de 2023. Ya hay otros, que fueron secuestrados en diciembre de ese año y los primeros meses del 2024, es decir que pasaron los seis meses. De todos modos, estamos previendo un nuevo procedimiento para el primer semestre del año próximo, ya que necesitamos una dinámica de movimiento para evitar que el Corralón colapse”, sentenció.   

“Esperemos que la gente haga los trámites correspondientes para poder retirar sus vehículos. El Tribunal, Sarmiento 479, tenemos una atención al público de lunes a viernes de 7.15 a 12.30, para que los vecinos se acerquen a preguntar y recibir el asesoramiento necesario para evitar esta situación”, concluyó. 

En la mañana de este martes, encabezado por el intendente Leonel Chiarella, se comenzó el proceso de compactación de vehículos que permanecían en el Corralón Municipal.

“Vamos a llevar adelante la compactación de más de 700 vehículos, entre motos, autos y caños de escape, en un trabajo que tiene como objetivo poder lograr la destrucción total de estas unidades que fueron remitidas al Corralón Municipal por distintas infracciones detectadas por la Secretaría de Control Urbano”, informó el mandatario que estuvo acompañado por la titular de Control Urbano, Silvia Rocha; el secretario de Gobierno, Mariano De Mattia, y el juez de Faltas, Stéfano Quaglia.

Tras aclarar que se llega a esta instancia luego de transcurridos los plazos fijados por las normativas vigentes y tras dos intimaciones enviadas a los propietarios, Chiarella manifestó que “para nosotros es muy importante esta tarea porque fortalece todo el trabajo que hacemos en materia de control en la vía pública de los vehículos que no están en condiciones de circular. Con esta acción buscamos, de manera definitiva, sacar de circulación estas unidades”.

El intendente también recordó que los fondos que se obtienen de la compactación y venta de la chatarra son destinados al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto, y planteó que “este es un mensaje muy claro y concreto para toda la ciudadanía, que tiene que ver con el control y las reglas que tienen que regir la convivencia en nuestra ciudad”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Mariano De Mattia, informó que todo el proceso y la compactación tienen como marco un convenio rubricado con el Prodeco (Programa Nacional de Descontaminación y Compactación de Vehículos), “por lo cual hay un control del Estado en todos los pasos previos hasta llegar a este punto”, subrayó.

Al mismo tiempo, el juez de Faltas, Stéfano Quaglia, hizo una serie de recomendaciones a los vecinos al momento de adquirir un vehículo: “Siempre hay que requerir un certificado de informe de dominio para ver en qué condiciones está; verificar si el titular o dueño tiene la posibilidad de transferir, y al mismo tiempo consultar si el vehículo no tiene multas o infracciones dentro del país”.

El Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, a través de la Secretaría de Gestión de Registros, completó esta semana en Alvear el proceso de compactación de vehículos que se encontraban en esa localidad del departamento Rosario, y que debido al estado de deterioro deben ser destruidos, permitiendo recuperar espacios y cuidar el ambiente. 

En esta etapa, se compactaron 347 vehículos (automóviles y motocicletas) que se encontraban depositados en el predio de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), en Alvear, departamento Rosario. Cabe aclarar que los vehículos que se destinan a compactación no tenían ninguna posibilidad de ser recuperados para su utilización.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó que “como nos pidieron el gobernador, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, desde el primer día de gestión comenzamos a ordenar los elementos secuestrados en todo el territorio provincial”.

“Lo que se pudo reutilizar, lo hicimos; y los vehículos en buen estado, los subastamos, lo que implica una forma de golpear a las organizaciones criminales en su poder económico”, agregó Figueroa Escauriza.

La compactación se concretó luego de un relevamiento para determinar en qué condiciones se encuentran cada uno de los vehículos que están en los depósitos judiciales a cargo del Estado provincial. De esta manera, se define si deben ser compactados, subastados, reparados o desguazados para reacondicionar móviles de Seguridad, Salud o Desarrollo Humano.

La acción se da en el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Pullaro, que apuntan al reordenamiento, la registración y la limpieza de estos espacios, con el compromiso de colaborar con el orden, cuidar el ambiente y respetar el real destino para el cual ha sido pensado este espacio físico. 

Se trata de una política de Estado que combate el delito decomisando bienes de las organizaciones criminales, y subastándolos. Ese dinero vuelve a las víctimas, para resarcir el daño que tuvieron.

Ordenar los espacios

Entre los lotes de compactación no sólo hubo vehículos depositados en la localidad de Alvear, sino que también se retiraron vehículos que se había otorgado su custodia a la Aprad y estaban ubicados en comisarías del Gran Rosario. Por otra parte, en el Sur provincial la secretaría de Gestión de Registros continúa relevando dependencias policiales y depósitos judiciales del sur provincial para retirar los vehículos sobre los que tenga potestad y trasladarlos para su compactación, contribuyendo de esta manera al ordenamiento de los espacios públicos. 

En Venado Tuerto

En simultáneo con el proceso de compactación de vehículos, en Venado Tuerto se procedió, durante la última semana, al decomiso de 300 toneladas de materiales de una chatarrería que fue clausurada por no poder justificar el origen de los elementos allí depositados.

“Vamos a continuar en este sentido para ordenar lo que esté desordenado y así tener una mejor provincia”, señaló el secretario de Gestión de Registros Provinciales.

El decomiso se dio en el marco de las políticas activas que viene llevando adelante el gobierno de la provincia con relación a la inspección de depósitos de materiales que se presumen robados o sustraídos, ya que no se pueden justificar el origen de los mismos.

El gobernador Maximiliano Pullaro, y el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, supervisaron el inicio de las tareas de compactación de vehículos que la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) realiza en el predio que posee en la ciudad de Santo Tomé. El procedimiento comenzó con la compactación de autos, motos y autopartes inutilizables (todos bienes que fueron incautados a organizaciones delictivas), tareas que permitirán iniciar el reordenamiento del predio de la Aprad.

Pullaro destacó que "es muy importante no solo desestructurar, detener y condenar, sino también sacarle los recursos financieros y económicos y la capacidad que tienen las organizaciones criminales de proyectarse a través de sus bienes y lograr que el Estado se pueda apropiar de los mismos. Por eso valoramos esta ley, que es una ley única en la República Argentina, que logramos sancionarla en el gobierno de Miguel Lifschitz".

El gobernador explicó que "no es lo mismo que una organización criminal vaya presa, pero con los bienes que pueden vender, comercializar y les permite pagar abogados. El Estado tiene que ser virtuoso e inteligente para desestructurar esa capacidad económica que tienen las organizaciones criminales". Recordó que en 2013, siendo legislador planteó "la ley de Extinción de Dominio, que es fundamental para poder golpear a las organizaciones criminales. Es una ley que apunta paralelamente al proceso penal, hay un proceso civil en el cual la persona imputada de un delito grave de crimen organizado, fundamentalmente de narcotráfico, tenga que probar cómo obtuvo esos bienes y no que sea el Estado el que pruebe que esos bienes son producto de la actividad ilícita".

"Es muy importante la reinversión de la carga de la prueba. Esto nos permite rápidamente despojar a las organizaciones criminales de los bienes y de la plata. Cuando a las organizaciones criminales las metes presa y las despojas de los bienes y de la plata, le sacás toda capacidad de poder proyectarse en el afuera, es decir, a la calle", finalizó el gobernador.

Figueroa Escauriza explicó que "estamos continuando con la compactación de diferentes vehículos secuestrados en las organizaciones criminales. Son vehículos que no tienen una utilidad, ya que sus partes reutilizables las dispusimos para diferentes áreas del Estado y, lo que no se puede utilizar, lo estamos compactando. Ya terminamos con 750 vehículos compactados en el Polo Tecnológico en Rosario y continuamos con estos 180 vehículos aquí en Santo Tomé, que son 60 automóviles y 120 motocicletas".

"La provincia de Santa Fe es la única que tiene una agencia que decomisa y administra los bienes de las organizaciones criminales. Lo que hacemos es administrar todo tipo de efectos secuestrados, cualquier tipo de causa penal", apuntó.

Aprad es una entidad autárquica que dispone de todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones. Estos bienes y efectos o su producido tienen como objetivo primordial su utilidad social. Los mismos son de variada especie, por ejemplo autos, insumos informáticos, celulares, joyas, etc. El destino de cada uno quedó establecido por la misma Ley. En el caso de vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, Institutos Penitenciarios, Educativos o Asistenciales del Estado Provincial. También pueden ser rematados, o bien, compactados. Los elementos de cocina y muebles en general, o vestimenta y demás bienes hogareños, pueden ser entregados a entidades de beneficencia.

Figueroa Escauriza recordó que la próxima semana se llevará a cabo el primer remate de la Aprad en la actual gestión de gobierno. Se llevará a cabo en la ciudad de Rosario. "Tenemos más de 3.000 inscriptos para participar. Estamos muy contentos porque demuestra que la ciudadanía confía en el gobierno de Santa Fe y confía que si compra un auto no le va a pasar nada porque se le cambia la chapa patente, no tiene trazabilidad con los anteriores dueños. Así los ciudadanos que compran no van a estar vinculados a su anterior titular y van a tener una nueva chapa de dominio", señaló.

El gobernador Maximiliano Pullaro, y el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, supervisaron este miércoles el inicio de las tareas de compactación de vehículos que la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) realiza en el predio que posee en la ciudad de Santo Tomé. El procedimiento comenzó con la compactación de autos, motos y autopartes inutilizables (todos bienes que fueron incautados a organizaciones delictivas), tareas que permitirán iniciar el reordenamiento del predio de la Aprad. 

En la oportunidad, Pullaro destacó que “para nosotros es muy importante no solo desestructurar, detener y condenar, sino también sacarle los recursos financieros y económicos y la capacidad que tienen las organizaciones criminales de proyectarse a través de sus bienes y lograr que el Estado se pueda apropiar de los mismos. Por eso valoramos esta ley, que es una ley única en la República Argentina, que logramos sancionarla en el gobierno de Miguel Lifschitz”.

En ese marco, el gobernador explicó que “no es lo mismo que una organización criminal vaya presa, pero con los bienes que pueden vender, comercializar y les permite pagar abogados. El Estado tiene que ser virtuoso e inteligente para desestructurar esa capacidad económica que tienen las organizaciones criminales”.

En ese sentido, Pullaro referenció que “en 2013, cuando era legislador provincial, planteé la Ley de Extinción de Dominio, que es fundamental para poder golpear a las organizaciones criminales. Es una ley que apunta paralelamente al proceso penal, hay un proceso civil en el cual la persona imputada de un delito grave de crimen organizado, fundamentalmente de narcotráfico, tenga que probar cómo obtuvo esos bienes y no que sea el Estado el que pruebe que esos bienes son producto de la actividad ilícita”. 

“Es muy importante la reinversión de la carga de la prueba. Esto nos permite rápidamente despojar a las organizaciones criminales de los bienes y de la plata. Cuando a las organizaciones criminales las metes presa y las despojas de los bienes y de la plata, le sacás toda capacidad de poder proyectarse en el afuera, es decir, a la calle”, finalizó el gobe"rnador.

Por su parte, Figueroa Escauriza explicó que “estamos continuando con la compactación de diferentes vehículos secuestrados en las organizaciones criminales. Son vehículos que no tienen una utilidad, ya que sus partes reutilizables las dispusimos para diferentes áreas del Estado y, lo que no se puede utilizar, lo estamos compactando. Ya terminamos con 750 vehículos compactados en el Polo Tecnológico en Rosario y continuamos con estos 180 vehículos aquí en Santo Tomé, que son 60 automóviles y 120 motocicletas”.“La provincia de Santa Fe es la única que tiene una agencia que decomisa y administra los bienes de las organizaciones criminales. Lo que hacemos es administrar todo tipo de efectos secuestrados, cualquier tipo de causa penal”, apuntó. 

Por último, Figueroa Escauriza recordó que la próxima semana se llevará a cabo “primer remate de la Aprad que vamos a realizar en la ciudad de Rosario; tenemos más de 3.000 inscriptos para participar. Estamos muy contentos porque demuestra que la ciudadanía confía en el gobierno de Santa Fe y confía que si compra un auto no le va a pasar nada porque se le cambia la chapa patente, no tiene trazabilidad con los anteriores dueños. Así los ciudadanos que compran no van a estar vinculados a su anterior titular y van a tener una nueva chapa de dominio”.

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) es una entidad autárquica que dispone de todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones. Estos bienes y efectos o su producido tienen como objetivo primordial su utilidad social. Los mismos son de variada especie, por ejemplo autos, insumos informáticos, celulares, joyas, etc. El destino de cada uno será establecido por la misma Ley.

En el caso de vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, Institutos Penitenciarios, Educativos o Asistenciales del Estado Provincial. También pueden ser rematados, o bien, compactados. Los elementos de cocina y muebles en general, o vestimenta y demás bienes hogareños, pueden ser entregados a entidades de beneficencia.

¿Por qué hablar de compactación en un año como éste? Justamente porque tenemos que capturar en el suelo cada gota, y lograr que cada planta tenga “vía libre” para que sus raíces profundicen sin barreras. “Lo esencial es invisible a los ojos”. El dato dice que los procesos de compactación de suelos pueden reducir los rindes en hasta un 15% y han ido en aumento en los últimos años.

Se trata de un fenómeno por el cual las partículas del suelo se “aprietan entre sí”, disminuyendo el espacio poroso y aumentando la densidad. Esto dificulta el crecimiento de las raíces y limita el acceso de las plantas a los nutrientes y al agua, un activo valioso en campañas como esta. También afecta la actividad biológica del suelo y su fertilidad.

El tránsito excesivo de la maquinaria o en condiciones de alta humedad y el manejo agronómico inadecuado son algunos de los causantes de la compactación. Por supuesto existen factores naturales del suelo que pueden hacerlo más susceptible, como contenido de materia orgánica, textura y contenido de agua.

La complejidad del problema se agudiza cuando, ante la presencia de un lote compactado, se recurre a labores verticales (paratill, paraplow, cultivie, cincel) como mecanismo de remediación. El informe “No a la labranza” de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) identifica a la compactación como una de las principales causas por la que los productores recurren a la labranza.

El informe advierte sobre los riesgos de esta práctica, que pone en riesgo los beneficios de la siembra directa en lo que respecta a estructura del suelo, captura de carbono, aumento del contenido de materia orgánica, balance de nutrientes y de agua.

Pero, además, las labranzas verticales como método de remediación pueden ser un arma de doble filo, ya que pueden generar capas más compactas que las que inicialmente se pretendían combatir. Además, según una nota publicada en la revista Red de Innovadores de Aapresid, la especialista de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de FAUBA, Dra. Carina Alvarez, advierte que estas labranzas tienen un alto costo energético y baja perdurabilidad en el tiempo: ensayos en suelos de la región Pampeana reportaron una perdurabilidad media de los efectos “descompactadores” de la labranza de tan solo 17 meses.

En el mismo informe, Aapresid dedicó un apartado a prevenir la compactación con estrategias no mecánicas. Entre ellas se enumeran: Aumentar la producción de biomasa, el aporte de carbono y la actividad biológica. Mantener una vegetación viva la mayor parte del tiempo posible. Incluir cultivos de servicios en reemplazo de los barbechos limpios. Optimizar el arreglo espacial y la densidad de plantación para modificar patrones de enraizamiento y su efecto beneficioso sobre la estructura del suelo. Aplicar una fertilización basada en la reposición con el fin de mejorar el desarrollo aéreo y raíces de los cultivos. Conservar los rastrojos en superficie a fin de aumentar la capacidad de porte del suelo. Planificar rotaciones que incluyan cultivos de biomasa voluminosa aérea y de raíces profusas y profundas como sorgo, maíz, megatérmicas y gramíneas invernales.

Por otro lado, recomienda controlar el tránsito de la maquinaria. Evitar el sobrepastoreo y el pisoteo excesivo.

El informe señala que es clave monitorear el estado de salud del suelo y no tomar decisiones apresuradas sin disponer de un buen diagnóstico y proyección de mediano plazo.

En este sentido, el especialista de la Cátedra de Manejo de Tierras de la UNR, Dr. Sergio Montico, aclara en entrevista con Aapresid que “no es una conducta corriente la de realizar un diagnóstico de compactación a través de un perfil cultural o pruebas de penetrometría”. Y agrega que “debería haber más registros de esto ya que resulta menos costoso y más sencillo que corregir la compactación”.

Con información de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid).

El Gobierno de Venado Tuerto retomó en la fecha el programa de retiro de vehículos abandonados en la vía pública, un trabajo instrumentado desde la Secretaría de Control Urbano y Convivencia que se sostiene en el tiempo con la intención de ordenar las calles de la ciudad.

Como dato de relieve se destaca que desde el comienzo de este programa 591 autos fueron relevados en toda la ciudad y notificados como vehículos abandonados, de los cuales 488 fueron retirados voluntariamente por sus titulares luego de la notificación recibida, 55 fueron puestos en funcionamiento por sus titulares y retirados del lugar, y 22 fueron llevados al corralón municipal al no haberse obtenido una respuesta positiva por parte de los titulares y no ser retirados de la vía pública.

Al respecto, la secretaria de Control Urbano, Silvia Rocha, confió que “aún nos quedan 26 vehículos por retirar, de los cuales 10 son autos y tenemos como problema que 16 de esos vehículos a retirar son camiones, lo que implica tener un servicio especializado de grúa para poder sacarlos del lugar”.

Tras el procedimiento administrativo de rigor, los operativos de retiro de unidades se efectuaron en distintos barrios de la ciudad, en algún caso respondiendo a denuncias de abandono que hicieron los propios vecinos.

Cabe añadir que, si los vehículos no son reclamados por sus titulares en tiempo y forma, pasarán a formar parte del listado de compactación.

El próximo lunes 24 de octubre, a las 10, el Gobierno de Venado Tuerto llevará adelante una nueva compactación de vehículos secuestrados que, cumplidos los plazos legales, nunca fueron reclamados por sus propietarios.

En total serán compactados 495 motovehículos y 59 vehículos, cuyos edictos fueron publicados el 16, 17 y 18 de agosto, y tarea para la cual se firmó convenio con Prodeco (Programa Nacional de Descontaminación y Compactación de vehículos) el 19 de julio de 2022.

La tarea se llevará a cabo en el Corralón Municipal de calle Paz, entre Pueyrredón y López, y los fondos recaudados de la venta del material compactado serán destinados a la Asociación de Bomberos Voluntarios.

En la mañana de este martes se llevó adelante en el Corralón Municipal, una nueva compactación de caños de escapes que fueron sacados de circulación en los operativos llevados adelante por personal de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia.

La actividad fue encabezada por el intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella, acompañado por la secretaria de Control Urbano y Convivencia, Silvia Rocha, y el director de Control Urbano, Fernando Salinas.

“Vamos a proceder a la destrucción de 125 caños de escapes que generaban ruidos molestos en la ciudad y fueron decomisados en virtud de los controles que venimos llevando adelante desde el Gobierno de Venado Tuerto. Creemos que esta instancia es muy importante para que los vecinos puedan tener en claro cuál es nuestra postura respecto de este problema. Estos elementos no vuelven al mercado ni a ser reutilizados por las personas a quienes se les retuvo la moto y se les quitó el caño de escape por no cumplir con la legislación vigente”, resumió el intendente.

El mandatario también destacó el trabajo del personal de la Dirección de Tránsito y de Control Urbano, “porque ponen en riesgo su integridad física, porque estos controles en que se decomisan motos suelen no ser pacíficos, y por eso es importante entender cuál es el rol que cumplen los inspectores. En esto somos claros, quien agreda a un inspector recibirá una denuncia penal por parte del agente con el respaldo del Gobierno municipal”.

Más adelante, Chiarella puso el acento en que los controles seguirán adelante, “porque necesitamos una ciudad más ordenada y desde el Gobierno propiciamos una política de control muy clara”, y puntualizó que “en el último tiempo hemos decomisado seis equipos de audio de automóviles que llevaban música a alto volumen”.

Por su parte, Silvia Rocha comentó que “estamos intensificando todo lo referido a controles dentro de la ciudad, sobre todo en test de alcoholemia. Los veníamos haciendo con la Policía Vial en rutas, y ahora vamos a comenzar a fortalecer los controles internos como pasó este último fin de semana, donde en total detectamos 15 casos de alcoholemia positiva sancionables”.

Equipos del Gobierno de Venado Tuerto realizaron nuevos operativos en el marco del programa de retiro de vehículos abandonados en la vía pública iniciado el año pasado.  

Tal como ocurre en cada uno de los procedimientos, los propietarios de los automóviles se encontraban previamente notificados, y debido a que no procedieron al retiro de las unidades en el plazo convenido se tuvo que actuar conforme lo dispone la normativa. 

Sobre los operativos del viernes, el director de Inspección General y Seguridad Alimentaria, Stéfano Quaglia, informó que personal del área acompañado por agentes de la Dirección de Tránsito y de la Policía provincial, secuestraron un vehículo abandonado en Santiago Brett al 700 y otros dos en Pasaje Solís al 1000. 

Vale destacar que la normativa vigente establece que el plazo para retirar la unidad, a partir de la notificación oficial, son diez días corridos. Ahora, los infractores disponen de un plazo de 20 días para presentar la documentación que acredite la propiedad del vehículo ante el Tribunal de Faltas.  

Es importe recordar a los titulares de los vehículos que son removidos de la vía pública que luego de transcurridos seis meses la unidad ingresa en el listado oficial del Programa Nacional de Compactación. 

En la mañana de este lunes, con la presencia del intendente Leonel Chiarella, y el concejal Juan Ignacio Pellegrini, se procedió a la primera compactación de vehículos en el nuevo Corralón Municipal.

“Para nosotros este es un paso muy importante que lo habíamos planificado hace un tiempo para poder avanzar con la compactación de vehículos que hace tiempo están en el Corralón y sin ser reclamados”, apuntó el intendente Chiarella, y precisó se trata de más de 350 motocicletas y alrededor de 60 automóviles.

“Todas las motos y autos a compactar son previos a 2020, es decir que no hay vehículos que hayan sido retirados durante la pandemia, por eso queremos invitar a los vecinos que, por diferentes motivos se les haya retirado la unidad durante la pandemia, que se acerquen al Tribunal de Faltas o a la Municipalidad para completar la documentación que se le requiere”, destacó Chiarella.

El jefe del Ejecutivo municipal también dedicó un párrafo a describir el estado en que se encuentra el predio del Nuevo Corralón: “Este espacio está todo ordenado, mucho más limpio, con mejor iluminación, están colocadas las cámaras de seguridad internas y externas, y esto tiene que ver con que todo lo que está en este lugar es transitorio y transcurrido un tiempo pasa a la compactación”.

Paralelamente, informó que este lunes se firmó un convenio con la Cooperativa Agrícola, propietaria del predio, para realizar la apertura de calle Paz, entre Pueyrredón y López.

El intendente también valoró la tarea de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, “por el exhaustivo trabajo que se llevó adelante que nos permite llegar a este punto de compactación de vehículos que tienen más de dos años de antigüedad en el Corralón, incluso hay algunos que tienen más de 10 o 15 años”.

El concejal Juan Ignacio Pellegrini reforzó los dichos del intendente, al afirmar que “estos vehículos a compactar no datan del proceso de pandemia”, recordó que “todo lo recaudado de la venta de esta compactación se donará a los Bomberos Voluntarios”, y subrayó la importancia que para el barrio Rivadavia tendrá la apertura de calle Paz.

A su turno, el director de Inspección General, Nahuel Pasquinelli, aclaró que en este proceso de compactación no ingresaron los vehículos abandonados que fueron retirados de la vía pública en las últimas semanas.

“Esos vehículos retirados deben cumplir un plazo luego de la intimación municipal, y si siguen abandonados procedemos a retirarlos, y a partir de ese momento comienzan a correr los seis meses para que terminemos en este proceso de compactación”, resumió Pasquinelli.

La actividad contó con la participación de la secretaria de Control Urbano y Convivencia, Silvia Rocha; el secretario de Legal y Técnica, Mariano De Mattia; el secretario de Desarrollo Económico, Luis Viskovic; el director de Control Urbano, Fernando Salinas; y el director de Inspección General y Convivencia Nahuel Pasquinelli.