El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo declaró este miércoles en los tribunales de Comodoro Py, ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.

Spagnuolo habría dicho que “no tenía nada que ver con los cargos” que le imputan y anticipó que iba a “revisar la causa en profundidad” cuando tuviera acceso a toda la prueba del expediente.

Así lo indicó su abogado Mauricio D’Alessandro al salir de los tribunales. “Spagnuolo dijo además que va a declarar nuevamente cuando tenga todo leído”, añadió el letrado.

"No tememos para nada. Es todo circo", aseguró una importante fuente del gobierno ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas, en la previa de la declaración del exfuncionario.

Ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

Asimismo, por los pasillos de Balcarce 50 tildaron a Spagnuolo de "cuentapropista" y hasta lo referencian con insultos.

Además, precisaron que ni Karina Milei ni Lule Menem fueron mencionados en esta epata del proceso. “No hay nada que ocultar. Repito lo mismo una vez más: que la justicia haga lo que tenga que hacer. No hay nada”, sostuvo una importante voz involucrada.

La causa se inició cuando salieron a la luz audios en los que supuestamente Spagnuolo aseguraba que existía un circuito de coimas alrededor de la compra de medicamentos para discapacitados, lo que derivó en su salida del cargo.

Miguel Ángel Calvete, otro de los investigados como posible nexo entre ANDIS y proveedores privados.

La investigación judicial se centra en las supuestas coimas que se pagaron en el marco de la compra de medicamentos para los adheridos al Programa Incluir Salud, destinado a personas que poseen pensiones no contributivas y tiene cobertura médica.

El fiscal también convocó a declarar a Pablo Atchabahian; Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich, entre otros.

El pasado martes, Miguel Ángel Calvete, mano derecha de Spagnuolo, se negó a declarar en la causa que investiga presuntos actos de corrupción en el Gobierno, a través de ANDIS. Se espera que algo similar ocurra con el extitular del organismo.

“ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”, indica la citación judicial.

Mauro L. Muñoz

No será un día más en la Argentina. Este miércoles 18 de junio, la historia se escribirá en los tribunales de Comodoro Py con Cristina Fernández de Kirchner como protagonista. La dos veces presidenta de la Nación, vicepresidenta, senadora, diputada y actual mandamás del Partido Justicialista, deberá presentarse para cumplir la pena de prisión e inhabilitación perpetua impuesta por corrupción en la causa Vialidad.

El peso político e institucional del acontecimiento activará un inédito operativo de seguridad en torno a lo que se espera será una masiva movilización por parte de los diversos sectores peronistas, que buscarán transformar la jornada en una postal de respaldo militante.

De la esquina de Humberto 1° y San José hasta los tribunales de Comodoro Py hay cinco kilómetros. Calculado mediante Google Maps, caminando se tarda alrededor de una hora y diez minutos a un ritmo normal, pero se espera que las calles porteñas estén colapsadas de personas que se irán a manifestar y de policías que buscarán contener esa masiva movilización.

El Tribunal Oral Federal Nº2 envió este lunes a Casación un oficio solicitando que se garantice "seguridad suficiente" dentro del edificio de Comodoro Py y en su perímetro. El documento fue remitido al Ministerio de Seguridad de la Nación, que trabaja junto a la cartera porteña en la coordinación de fuerzas, el refuerzo de custodia y el control del orden urbano.

Patricia Bullrich, ministra nacional, y Waldo Wolff, responsable de Seguridad de la Ciudad, evalúan distintas hipótesis de conflicto. Entre ellas, el posible intento de ingresar al edificio por parte de grupos de militantes o un corte de calles que impida el normal desarrollo del acto judicial.

Por estas horas, de acuerdo a las versiones de medios nacionales, el gobierno nacional todavía se encuentra en estudio del tipo de operativo de seguridad que aplicará. Podría activar el protocolo antipiquetes, procedimiento al que Bullrich suele acudir en las protestas que se vienen realizando en inmediaciones al Congreso. Sin embargo, esas manifestaciones, principalmente de jubilados, no suelen ser masivas y, aun así, han provocado situaciones lejos del orden público, por lo que no está garantizada su puesta en marcha.

Asimismo, durante las últimas horas, comenzaron a circular las versiones que indican que la Casa Rosada busca desactivar la movilización. En ese caso, una opción es que la Justicia se decida a mandar una cédula judicial al departamento de la expresidenta en vez de obligarla a notificarse en forma presencial.

Desde el último jueves, el Partido Justicialista se convirtió en el epicentro de la organización para la movilización. Actos, conmemoraciones, reuniones con la CGT, presencia de intendentes bonaerenses y videollamadas con gobernadores se sucedieron a lo largo de todo el fin de semana.

En paralelo, se mantuvo la vigilia militante en el barrio porteño de Constitución a los pies del balcón de CFK, que en la tarde lluviosa de este lunes volvió a salir a saludar, agradeciendo el acompañamiento, enfervorizando a los presentes que entonaron el cántico: “¡Vamos a volver!”, unificando de la multitud.

El dispositivo de apoyo político para el miércoles ya está en marcha. Bajo la consigna: “Argentina con Cristina”, se buscará acompañar a la expresidenta hasta los tribunales con una masiva concurrencia de organizaciones sociales, gremiales y partidarias.

El objetivo es ejercer presión popular para que Cristina Fernández obtenga la domiciliaria y vuelva a su casa, evitando escenas indeseadas para la militancia como que se decida que pase una primera noche en calabozo o sea trasladada a otra dependencia.

Atentos a la posibilidad de que la Justicia decida que no se tenga que presentar personalmente en Comodoro Py para evitar la movilización, los organizadores piensan en un retruque con los dirigentes, gremios y militantes en la calle siendo protagonistas de un último discurso de Cristina desde el balcón del departamento en Constitución.

La defensa de Cristina solicitó que la pena se cumpla bajo el régimen de prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Aduce razones de edad (la exmandataria tiene 72 años), seguridad institucional y el antecedente del atentado que sufrió en 2022. También pidió que se exima a la expresidenta del uso de tobillera electrónica.

El fiscal Diego Luciani debe dictaminar este martes si corresponde otorgar ese beneficio. Recién entonces, el tribunal resolverá dónde y cómo se ejecutará la sentencia. Lo único seguro es que, este miércoles 18 de junio, Cristina Fernández de Kirchner quedará formalmente detenida.

La convocatoria de Cristina Kirchner a los tribunales se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta. El fallo fue emitido el martes 10 de junio y puso fin a los recursos ordinarios que quedaban disponibles. Aunque su defensa ya anticipó que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso no detiene la ejecución de la pena.

Por la llamada Causa Vialidad se entiende la adjudicación irregular de 51 obras públicas a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz. En la sentencia, los jueces del TOF 2 señalaron que Cristina lideró la maniobra para favorecer con fondos públicos a un empresario allegado, violando los principios de administración y transparencia del Estado. La sentencia incluyó también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Lo cierto es que, con la confirmación de la condena, Cristina Kirchner se convierte en la primera expresidenta argentina en ser detenida por un fallo judicial confirmado por la Corte. Sin dudas, cualquiera sea el escenario del miércoles, marcará un hito institucional en el país que despierta múltiples lecturas políticas. Desde el peronismo, en paralelo, se vive una redefinición profunda, ya que algunos sectores impulsan una resistencia activa y otros empiezan a definir la continuidad del partido, en contexto de predominancia del espacio liderado por Javier Milei.

(Por Mario Cáffaro) – Federico Delgado es fiscal federal en los tribunales porteños de Comodoro Py; ha escrito tres libros donde formula reproches al funcionamiento del sistema judicial y propone mecanismos para mejorarlo. Invitado por el bloque de diputados Igualdad que integran Agustina Donnet y Rubén Giustiniani disertó en Rosario y en la Cámara de Diputados de la provincia. Sobre estos temas habló con El Litoral.

– La Argentina está cumpliendo cuarenta años consecutivos de vida en democracia y usted cree que es un buen momento para pensar el sistema judicial?

– Sí porque el sistema judicial no da hoy respuesta a todos los sectores.

– ¿Cuál es para usted la principal falla del sistema judicial?

– Hay que empezar por pensar para qué nació el sistema judicial. Al vivir en sociedad renunciamos a hacer justicia por mano propia. Consentimos que conflictos que violan la ley los tienen que resolver un grupo de personas de acuerdo con la legislación vigente: jueces y fiscales. El sistema judicial tiene que resolver esos conflictos en un plazo razonable y esas resoluciones tienen que ser respetadas. Respetadas, porque uno va a estar contento porque ganó y otro va a estar triste porque perdió. O sea, solucionar conflictos en un plazo breve y que esa palabra sea respetada. Nada de eso ocurre hoy. La palabra judicial está sospechada como dispositivo. Hay buenos jueces, buenos fiscales, buena gente en tribunales, pero la palabra está sospechada. Además la justicia llega, resuelve los conflictos, en general, tarde y mal. A un trabajador lo despiden arbitrariamente, hace un juicio, tarda quizás 10 años en cobrar su indemnización. Un reclamo de un comerciante por un cheque demanda un proceso de diez años, ni qué hablar de los accidentes de tránsito. La justicia llega tarde, prolonga mucho los procesos y encima está sospechada. Ante esta situación, lo primero que hay que hacer es reconocerla y empezar a trabajar.

La justicia tiene un desafío enorme que es recuperar confianza con la sociedad. Lo tenemos que hacer nosotros, los judiciales, pero hay cosas que tienen que hacer las élites políticas y considero importante mejorar dos aspectos: las designaciones y la rendición de cuentas de jueces y fiscales. Que expliquen cómo hacen su trabajo, por qué tardan tanto, por qué les va bien acá, por qué les va mal allá. Tenemos que tener un buen Consejo de la Magistratura y hace dos años que el Parlamento tiene la posibilidad de sancionar una nueva ley que organice el Consejo de la Magistratura, que es la sala de máquinas del Poder Judicial. Ahí se pueden repensar un montón de cosas para que se terminen las componendas políticas, el amiguismo, para que haya formas de rendir cuentas, para que esté reglada la relación entre los medios de comunicación y los magistrados, para que se cumplan los plazos procesales. Eso no lo puede hacer la justicia porque requiere un marco normativo que tiene que hacer el Congreso. Pero no pasa. Pensemos las veces que la política intentó hacer una reforma judicial y no pudo, pero también las pudo hacer. (Carlos) Menem y (León) Arslanián pudieron. Cambiaron algo muy difícil que era la ley de enjuiciamiento criminal en 1991. (Néstor) Kirchner y (Gustavo) Béliz fracasaron con una reforma judicial; Cristina Kirchner fracasó con su democratización de la justicia. (Mauricio) Macri y (Germán) Garavano fracasaron con Justicia 2020. Alberto Fernández fracasó con su proyecto de reforma judicial. Mi intuición es que cuando hablamos de reforma judicial hablamos de algo más que el aparato judicial. Hablamos de un aspecto que tiene que ver con la forma en que se ejerce el poder político en Argentina. El poder político en Argentina, su ejercicio, -es la tesis de mi libro- requiere una cuota de impunidad y el dispositivo judicial en su conjunto garantiza esa cuota de impunidad. Por eso es tan difícil reformar todo el aparato judicial.

– A veces el dispositivo es exactamente el mismo. Podemos pensar los juicios eternos en lo contencioso administrativo federal; las quiebras, ¿cuánto duran? 25, 30, 40 años. Los juicios laborales, 10 o 15. Los previsionales, los jubilados se mueren esperando su reajuste porque les liquidaron mal. La parte penal es, tal vez, el sector más visible. Pero es todo igual; el dispositivo es básicamente el mismo. El problema es el dispositivo. Es muy tentador reducirlo a una cuestión de nombres. Es probable que haya muchos jueces que se porten mal y que haya que juzgarlos y los organismos sabrán lo que tienen que hacer. Estoy convencido que si ponemos un conjunto de rabinos, de sacerdotes y de pastores no logremos cambiar; la maquinaria no se modifica. Hay que trabajar en el diseño institucional.

– En Santa Fe se reclama, porque es la próxima provincia a intervenir, la oralidad en el sistema penal federal. ¿Eso puede ayudar en algo al grave momento de inseguridad que atravesamos?

– El sistema empezó en Salta y Jujuy; el próximo paso es Santa Fe, pero también está trabado en el Congreso. La ley se sancionó en el año 2015. Lo que esa ley hace es quitar algo de poder a los jueces y repartirlo entre el Ministerio Público, que son los abogados de la sociedad. La ley es de 2015 pero todavía no se aplica universalmente en toda la Argentina. Evidentemente, hay un problema de poder político, de resistencias. No estoy seguro de que modifique algunas cosas. Los hombres, sobre todo los hombres de la comunidad jurídica, estamos atravesados por una cultura jurídica. Creo que en materia judicial a nivel federal, nosotros podemos cumplir la ley, no cumplirla y torcerla. Lo que hace nuestra cultura jurídica es torcer la ley.

La ley de procedimiento acusatorio, que está en Salta, en Jujuy, potencialmente es muy buena, pero necesariamente requiere de una transformación de los actores, de nosotros, de los judiciales. No estoy seguro que las leyes tengan el efecto de cambiar la realidad. A veces la realidad la cambiamos con nuestros hábitos y las leyes después receptan eso, que es al revés el proceso. Pero es solo una intuición.

– ¿Esto tiene que ver la formación de ustedes los abogados?

– Algo hay que pensar cómo se hace el abogado, cómo se hace el plan de estudio, cómo hacer para que el abogado esté más cerca de la sociedad, cómo hacer para que no sea solo un picapleitos, ¿no? Las universidades nos preparan para ser picapleitos, para discutir leyes y por ahí eso habría que pensarlo.

Para los que nos dedicamos a trabajar en el Estado, en el sistema judicial, hay un gran olvido del Estado Nacional en obligarnos a estudiar, en capacitarnos, en obligarnos a estar mucho más activos en lo que tiene que ver con seguir la evolución del conocimiento. No tenemos obligación de perfeccionarnos. Muchos lo hacemos porque nos gusta, pero no hay obligación.

Irónicamente, dijo que nuestros insumos son los conflictos humanos. Trabajamos con problemas de la sociedad, pero los conflictos cambian, se van complejizando y seguimos con la misma caja de herramientas que nos dio la facultad hace 10, 15 o 20 años atrás. Cuando me recibí en la facultad, las estafas eran con dinero, o eran con bancos, bancos físicos. Hoy son con criptomonedas, con bancos virtuales. Si uno no se pone a estudiar por decisión propia, no tiene herramientas para resolverlo. Entonces necesariamente el producto final va a ser pobre.

– Usted es fiscal en el fuero federal de CABA, pero no tienen toda la investigación, la tienen delegada a diferencia de nuestro sistema…

– A nivel federal es un sistema mixto. Los jueces se encargan de hacer todo aquello que tiene que ver con nuestros derechos civiles fundamentales: proteger el domicilio, las comunicaciones, disponer de la libertad. Todo lo demás lo pueden hacer los fiscales. Hay una mixtura que no estoy seguro que sea tan mala; desconfío de que un funcionario pueda hacer todo. Me gusta más que el poder esté compartido, porque si está compartido hay intersecciones, hay debates y no hay discrecionalidad. No me parece bueno que un juez o un fiscal, en la hechura de un proceso pueda hacer lo que quiere, pueda hacer todo. Porque todo el mundo es falible, por más buena fe que tenga. Considero que los procesos que tienen alguna mixtura son interesantes.

– Que no tengan un jefe de fiscales o un procurador general nombrado, ¿los perjudica en la tarea? ¿Cómo lo sienten?

– No creo que en la tarea, en el día a día, perjudique a ningún fiscal en particular. Puede perjudicar a la institución porque el procurador general tiene un mecanismo constitucional para ser designado que no es solo burocrático. Le da una espalda tremenda. El Parlamento lo legitima con una mayoría para que pueda exprimir -en el buen sentido- al máximo, todas las funciones que le asigna la ley orgánica del Ministerio Público. Un procurador interino, como el doctor (Eduardo) Casal, por más que tenga las mejores intenciones del mundo, no tiene esa legitimidad. Es una persona que está administrando un cargo hasta tanto los partidos políticos se pongan de acuerdo y designen un funcionario con una legitimidad que él no tiene, ni puede tener. En ese aspecto me parece que la institución la resiente. En Argentina hace tiempo que tenemos esos problemas cuando se necesitan mayorías calificadas para designar. Hay un problema de la política a la hora de construir mayorías para cargos que, por una función delicada que tienen que cumplir, necesitan una legitimidad especial, no por un capricho, sino porque está en la Constitución. Son cargos que además están pensados para trascender a los gobiernos de turno.

– Hoy está cuestionada la Corte Suprema de Justicia, ¿esto es bueno o malo para el sistema?

– La estabilidad tiene que existir porque un juez de la Corte, un procurador general, tiene que estar seguro que no va a ser un fusible que salte con un gobierno, pero eso no exime a ningún funcionario público de rendir cuentas. Ningún ciudadano está exento de rendir cuentas. Cualquiera de nosotros, ante determinado estímulo, tiene que rendir cuentas. Me parece que la estabilidad se confunde con la ausencia de rendición de cuentas. Tiene que haber estabilidad y tiene que haber mecanismos de rendición de cuentas.

– Usted cuestiona parte del sistema del cual forma parte, y lo deja por escrito en libros…

– Tuve maestros espectaculares, tipos que eran servidores públicos. Trabajaban en Tribunales porque concebían que integraban un servicio público. Nos enseñaban, nos recalcaban que teníamos la obligación de profundizar lo que está bien y tratar de cambiar lo que está mal. Y si no lo pueden cambiar, nos decían que había que contarlo para que algunos empiecen a discutir. En el año 2016 me pareció que la cosa se empezaba a complicar e hice con una amiga, y colega de usted, Catalina De Elía, un libro ‘La cara injusta de la justicia’. Contamos una impresión de lo que era el sistema judicial y con ejemplos de lo mal que trabajaba a veces. Después, otro llamado ‘Injusticia’, que era el lado externo, qué pasaba desde adentro, por qué la cosa estaba tan mal. Ahora ‘República de la impunidad’ para mostrar ya desde afuera, las cosas que hace el sistema judicial y que en definitiva inciden en la vida de toda la sociedad.

Con estos tres textos cerré un ciclo. Era la forma de contribuir, muy humildemente, al debate público sobre un poder del Estado que, tras 40 años de democracia -algo magnífico que hemos conseguido- que hay que cuidar. Así como una generación consiguió la democracia, otra generación la consolidó, quizá lo que ahora nos toca es empezar a trabajar algunas cosas de la república democrática que no funcionan bien, y la justicia es una de ellas.

– ¿La divulgación de libros puede interrumpir su carrera judicial?.

– Yo quería ser deportista, quería ser tenista, y no me dio. La educación deportiva, hacer las cosas bien, hizo que me tome muy en serio el trabajo en la justicia. Llegué a fiscal medio de casualidad. No me interesó ascender. Si me gustaría volcar mi experiencia dentro de la institución para construir reglas, incentivos institucionales para que no haya más trampas, para que haya premios para los buenos, y haya responsabilidad para los malos. No me interesa el ascenso, la carrera judicial y en cierto modo eso me da un poco de libertad.

– Desde el punto de vista personal, ¿cuál fue la causa que más impactó en el trabajo?

– Fue el momento en que un juez de la democracia le dijo al almirante (Emilio Eduardo) Massera que el nombre de la Constitución lo detenía por robar bebés durante el gobierno de facto. Fui testigo y partícipe de un momento en que la Constitución Nacional, que había sido violentada por un gobierno de facto, con el lenguaje de la ley, con el lenguaje de los derechos, le decía a una persona que había representado todas esas violaciones a los derechos humanos, que a partir de ahora rinde cuentas ante sus conciudadanos en nombre de la Constitución. Yo que soy juez de la Constitución le comunico que está detenido por esto, por esto, por esto y por aquello. Fue un momento muy importante que me marcó para siempre.

– ¿Usted era fiscal de la causa?

– Sí, muy joven, tendría 29 años, y el juez era Adolfo Bagnasco. Fue a fines de los 90, todavía no habían reabierto los juicios de derechos humanos y lo único que se podía investigar era el robo de bebés.

También me marcó mucho haber intervenido en los sobornos del Senado y en la tragedia de Once. En Once pude ver en carne propia que la corrupción mata. Con los sobornos del Senado vi que la corrupción podía descomponer los cuerpos políticos.

– En el caso de Once hubo una fuerte presión de los familiares, una apropiación social del caso de los familiares y fue muy importante.

– Los familiares no hicieron nada ilegal. No presionaron, pero mantuvieron el reclamo. Fue muy bueno, es un ejemplo muy interesante de cómo la sociedad civil puede exigir que el sistema judicial haga lo que tiene que hacer.

En este último libro, el fiscal Federico Delgado revisa las prácticas que hacen posible la impunidad en la Argentina y que forman un sistema que se reproduce para garantizar que nada cambie. Y explica el rol de los actores decisivos: jueces; fiscales; funcionarios públicos y periodistas. Delgado recurre a casos judiciales; experiencias personales y algunos conceptos teóricos para mostrar cómo se construye socialmente la impunidad; identificar a sus actores principales; exponer cuál es el soporte cultural del problema; quiénes ganan y quiénes pierden y; finalmente; explicar por qué la impunidad atraviesa toda la vida pública argentina.

Un importante operativo de seguridad se montó en los tribunales de Comodoro Py, a la espera del veredicto contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015, por el que la fiscalía pidió la pena de 12 años de prisión como jefa de una asociación ilícita.

Personal de distintos departamentos de la Policía Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, dispuso un despliegue de personal en la zona y la colocación de vallados para evitar incidentes.

En ese sentido, se espera la llegada de grupos de militantes y de distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales para respaldar a la vicepresidenta, que escuchará el veredicto (inocente o culpable, y en este último caso cuántos años de pena) del tribunal, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini.

Los uniformados dispusieron un triple vallado por los alrededores de Comodoro Py, por lo que estará prácticamente blindado, con unas 300 vallas. Habrá alrededor de 200 efectivos desplegados por la zona.

De esa forma, los magistrados y los trabajadores judiciales ingresarán al edificio por la parte trasera.

También se dispuso la presencia de personal de la Brigada Antiexplosivos de la Policía Federal y de Bomberos de la fuerza. Lo que restaba por definirse era si se iban a cortar o no las calles de las adyacencias de los tribunales.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti reimplantó este lunes el secreto de sumario en la investigación por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego de que se incorporara al expediente como prueba clave el contenido del celular de Brenda Uliarte, la novia del agresor Fernando Sabag Montiel, imputada por el mismo hecho.

En esos mismos peritajes, se comprobó que existen conversaciones en las que la pareja dialoga sobre otras ocasiones en las que intentaron matar a la exmandataria nacional.

Del celular de Uliarte también surgieron mensajes donde despotricaba contra el Gobierno Nacional refiriendo que debían pasar de la “protesta” a la “acción”. A raíz del análisis de distintos elementos del teléfono, es que la jueza reimplantó el secreto de sumario, una medida que había fijado días atrás cuando la mandó a detener a ella.

Capuchetti está en plazo para definir la situación procesal tanto de Brenda Uliarte como de su novio, para lo cual tiene diez días desde la semana pasada cuando fueron indagados en Comodoro Py.

Hasta el momento, la jueza da por hecho que ambos actuaron con premeditación y que hicieron inteligencia previa, ya que estuvieron en las inmediaciones a la casa de la vicepresidenta días antes del atentado del 1 de septiembre pasado.

Por lo pronto, de los celulares de él y ella surgió que Sabag Montiel tenía pleno conocimiento del arma calibre 32 el cual gatilló a centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner, pero fracasó al realizar el disparo, ya que no deslizó la corredera para hacerlo.

Además, se están investigando las llamadas ambos hicieron durante ese jueves 1, y las que ella hizo días posteriores, ya que recién Brenda Uliarte fue detenida poco tiempo después y no al momento del hecho como ocurrió con Sabag Montiel.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]El juicio en el que se investiga la Obra Pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 se reanudará este lunes después de dos semanas y tras el pedido de condena de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola. El mismo será con el inicio de los alegatos de las defensas. 

La también llamada causa “Vialidad” se retomará tras el intento de homicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner el pasado jueves cuando regresaba a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta y un hombre le gatilló con un arma. 

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 iniciará la etapa de alegatos de las defensas a partir de las 8:30 y el primero de ellos estará a cargo del abogado Mariano Fragueiro Frías en representación del ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Héctor René Garro, por quien la fiscalía solicitó tres años de prisión en suspenso. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_raw_html]JTNDaWZyYW1lJTIwd2lkdGglM0QlMjI1NjAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjIzMTUlMjIlMjBzcmMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy55b3V0dWJlLmNvbSUyRmVtYmVkJTJGR1JOTWFreU8yVG8lMjIlMjB0aXRsZSUzRCUyMllvdVR1YmUlMjB2aWRlbyUyMHBsYXllciUyMiUyMGZyYW1lYm9yZGVyJTNEJTIyMCUyMiUyMGFsbG93JTNEJTIyYWNjZWxlcm9tZXRlciUzQiUyMGF1dG9wbGF5JTNCJTIwY2xpcGJvYXJkLXdyaXRlJTNCJTIwZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhJTNCJTIwZ3lyb3Njb3BlJTNCJTIwcGljdHVyZS1pbi1waWN0dXJlJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNF[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Fragueiro Frías pidió concurrir en persona, junto a Garro, a la sala de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002, donde los jueces llevan adelante las audiencias de manera semipresencial, modalidad adoptada a raíz de la pandemia de Covid-19.

Los magistrados asisten a los tribunales mientras que el resto de las partes: fiscalía, abogados, querellas y los 13 acusados, se conectan a través de la plataforma Zoom.

Para la etapa de alegatos se dejó abierta la posibilidad de que cada imputado y su defensa puedan pedir hablar en persona ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

En tanto, este martes será el turno del también ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz, y responsable del llamado “distrito 23” en esa provincia, Mauricio Collareda, a quien la fiscalía le pidió 6 años de cárcel.

Los alegatos en el juicio se realizarán por orden alfabético y el Tribunal dio un máximo de tres días a cada defensa, aunque algunas de ellas ya anunciaron que hablarán por menos tiempo.

La defensa de Cristina Kirchner figura en sexto lugar y se prevé que llegue su turno entre finales de septiembre y principios de octubre.

Al igual que los restantes acusados, tanto la vicepresidenta como sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy podrían hacer uso del derecho de pedir estar en persona a la sala de audiencias.

En esta etapa de los alegatos, la ex presidenta también tiene la posibilidad de dirigirse de manera directa al Tribunal en caso de desearlo.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

El procedimiento se dio en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en el proceso de esa licitación, a partir de tres denuncias que se formalizaron este lunes en los tribunales de Comodoro Py.

La polémica alrededor del gasoducto comenzó el fin de semana, cuando desde el Ministerio que encabezaba el saliente Matías Kulfas se deslizó que hubo movimientos de parte del kirchnerismo para favorecer a la empresa Techint para quedarse con la licitación.

En el Juzgado de Rafecas recayó la primera de las denuncias hechas este lunes en Comodoro Py, mientras que las otras dos fueron a parar a manos de su par Ariel Lijo. Las denuncias fueron presentadas tras la renuncia forzada de Kulfas, en medio de las quejas de la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego de que lo vinculara a un off de record en la que denunciaba supuestas irregularidades en el proceso de licitación de la obra.

La presentación que estudia Rafecas fue hecha por Santiago Dupuy de Lome y el magistrado interviene junto con el fiscal Carlos Stornelli. “Este fin de semana nos hemos enterado de un comunicado en off del ahora ex ministro Kulfas indicando que las licitaciones por la obra del gasoducto Néstor Kirchner estaban digitadas por los funcionarios de IEASA cercanos a la actual vicepresidente para favorecer a la empresa Techint”, señala la presentación, a la par que apunta contra Kulfas.

En ese sentido, remarca que él no radicó una denuncia en su momento, y el abogado también acusó a Andrés Cirnigliaro, presidente de IEASA, por presuntos delitos de cohecho, violación a la normativa Compre Argentino, y negociaciones incompatibles.

Las otras dos denuncias hechas por la Fundación para la Paz y el Cambio Climático y la de los diputados Graciela Ocaña y Waldo Wolff, quedaron en poder de Lijo. No obstante, la primera es la de Rafecas por lo que se acumularán allí todas las investigaciones. Rafecas ya ordenó las primeras medidas a horas de ser hecha la denuncia y luego que la misma fuese ratificada por el abogado Dupuy de Lome.

(Por Ignacio Hintermeister) – “No cerraban los precios”, dijo Horacio Rosatti cuando renunció a mediados de 2005 como ministro de Justicia de Néstor Kirchner; ya dos años antes Roberto Lavagna había denunciado los sobrecostos en la Cámara Argentina de la Construcción. Se infería entonces una arquitectura de poder corrupto; arrepentidos y pruebas engrosan expedientes que habrán de ser revisados en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Muchos analistas recuerdan aquél gesto del flamante presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero hay un episodio tal vez más decisivo para quien pretenda hacerse una idea de qué es lo que habita en ese santafesino desafiado a ser y parecer -como sus pares- hombre político y juez de la Constitución.

Para eso hay que ir algo más allá de las ciclovías, el Paraninfo o el decanato de un divorciado en la Católica. En la calle Posadas, no muy lejos del cementerio de la Recoleta y de la plaza San Martín de Tours de la Capital Federal, hay un edificio centenario que diseñó el arquitecto Alejandro Bustillo y que bien podría ser distinguido ciudadano de una rue parisina.

Son las oficinas del Procurador del Tesoro, que hoy habita Carlos Zannini. El jefe de los abogados del Estado no presentó su renuncia a Alberto Fernández cuando los altos funcionarios kirchneristas lo hicieron el miércoles pasado.

Tampoco la presentaron Juan Martín Mena, viceministro de Justicia (contacto de Cristina en Tribunales); Gerónimo Ustarroz -medio hermano de Wado de Pedro-, delegado en el Consejo de la Magistratura; Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción; Ricardo Nissen, quien está al frente de la Inspección General de Justicia; Cristina Caamaño, interventora jefa de los espías, ni Carlos Cruz, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Zannini comanda desde su lujosa oficina, a los abogados del Estado, y a ese equipo que hoy tiene por principal objetivo cubrir las espaldas de Cristina Fernández de Kirchner en causas que tendrá que revisar la Corte.

También desde ese mismo despacho Horacio Rosatti -fue Procurador del Tesoro entre 2003 y 2004- diseñó un argumento jurídico para que los juicios que afrontaría la Argentina tras la crisis de 2001 tuvieran una última instancia en el máximo tribunal del país.

La Argentina en la que el peronismo creó la Convertibilidad y sancionó la pesificación asimétrica, cedió la jurisdicción mediante Tratados Bilaterales de Inversión; Néstor Kirchner -que por entonces tenía a Zannini en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia- no solo descartó el diseño con el que Rosatti trató de recuperar la soberanía judicial del país. Además “privatizó” el derecho de defensa en juicio de la Argentina ante los tribunales del CIADI o de Nueva York; el abogado santafesino denunció el hecho abiertamente.

Peronista y católico, inclinado al constitucionalismo social, analista jurídico de las emergencias continuadas, se puede leer de Rosatti la sugerencia de un Poder Judicial imaginativo conforme a circunstancias ambientales, forzando los cauces que Montesquieu asignó a la división de poderes, pero sin contradecir a la Constitución.

El santafesino llega a la presidencia de la Corte en tiempos en que la dirigente política más poderosa del país en emergencia, ha dictaminado la muerte de Montesquieu y ha juzgado a la división de poderes como rémora de un poder absoluto.

Es posible que Rosatti, el hombre político, comparta con ella los cuestionamientos al Estado mínimo abstencionista y hasta justifique cierto intervencionismo estatal, correctivo de las inequidades sociales. Pero el jurista tendrá que definir, al mismo tiempo, sobre cuestiones penales que jaquean la conducta de quien hoy ejerce la vicepresidencia.

¿Aquel ministro de Justicia que se fue para no convalidar sobreprecios, debió haber cumplido su deber de funcionario? No hubo denuncia penal.

Mauricio Macri postuló al constitucionalista santafesino como miembro del máximo tribunal en 2015; fue una ofrenda al peronismo -con voto decisivo en el Senado- para que también Rosenkrantz llegue al cargo. El ex presidente se arrepintió por no haber promovido en el lugar a Domingo Sesín; juez al fin de la Constitución y no del poder político, no hubo concesiones de Horacio a Mauricio, que terminó acusándolo de magistrado populista.

Carlos Rosenkrantz simpatizó con el alfonsinismo; Juan Carlos Maqueda fue vicegobernador de De la Sota en una Córdoba que es peronista pero no kirchnerista. Son los dos votos que acompañaron al del propio Rosatti como primus inter pares. Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti pueden concebirse más funcionales al kirchnerismo; los jueces suelen ser pronosticadores eficaces de un cambio en los vientos políticos.

Comodoro Py toma nota; ¿lo hará Reinaldo Rodríguez? El juez federal de Santa Fe sorteó el planteo fiscal para omitir una acusación contra Horacio Rosatti, por enriquecimiento ilícito. Sobre fin del pasado año, se agitaron las tintas sobre una acusación al hijo del juez y un supuesto intento del magistrado por interferir en la causa.

El voto de Rosatti en la Corte no vale doble por ser presidente, pero su gestión administrativa puede acelerar o demorar decisiones en un país donde el manejo de los tiempos suele ser sentencia más severa que la que se dicta en un expediente.

Vale de ejemplo el caso en el que el máximo tribunal debe decidir si la última reforma al Consejo de la Magistratura, que devolvió privilegios decisivos a la corporación política de turno a la hora de poner o remover jueces, es constitucional o no. Mientras no haga su trabajo, la Corte consiente a Cristina por omisión, pero la amenaza por derecho.

Más allá de los modelos políticos, que se disputan menos en Tribunales que en las urnas, Cristina Kirchner está acusada por Asociación Ilícita en la causa de Vialidad Nacional, que compromete a Lázaro Báez. Tiene juicios pendientes en causas como Hotesur y Los Sauces, Cuadernos y Pacto con Irán.

Horacio Rosatti, el político, el juez, es un hombre de trajes muy prolijos, de pañuelos asomando en el bolsillo, de colores sobrios. Cuida su imagen como siempre lo hizo, desde que empezó a dar clases de Derecho Constitucional. Ya por entonces se le adivinaba una aspiración docta sin omitir al poder, más cerca de una Convención Constituyente que de una Municipalidad.

Cada mañana, cuando se mire al espejo para ajustar su corbata, el magistrado decidirá cómo define su rol entre el bronce y el barro. Tendrá cajones para guardar y resguardar expedientes; redactará argumentaciones jurídicas. Los jueces hablan por sus sentencias; también por sus silencios.