El Ministerio de Economía anuló el régimen de aranceles que desde principios de los años 90 se aplicaba a trámites del transporte automotor de pasajeros y de cargas bajo jurisdicción nacional. La medida se formalizó con la publicación de la Resolución 1878/2025 en el Boletín Oficial y dejó sin efecto normas como las resoluciones 1104/1992, 433/1992, 175/1995 y 2/2001. El objetivo declarado del Gobierno es bajar costos administrativos y simplificar procedimientos para empresas y transportistas.

El texto oficial repasó además el marco legal vigente e hizo referencia a la Ley 12.346 de 1938 y a la Ley 24.653, que regulan el transporte automotor por caminos y el transporte nacional e internacional de cargas. También citó decretos recientes que definieron los alcances del transporte urbano, suburbano e interjurisdiccional, incluyendo servicios entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA, entre provincias y operaciones en puertos y aeropuertos nacionales.

Entre los cambios puntuales, la resolución derogó artículos de la resolución 433/2022 que exigían el comprobante de pago del arancel para tramitar el Permiso Originario previsto en el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT). En la práctica, dejar de exigir ese comprobante agiliza la gestión para empresas que realizan viajes transfronterizos y elimina un requisito que muchas veces demoraba la obtención del permiso.

Las disposiciones anuladas fijaban categorías y montos mínimos y máximos para inscripciones, habilitaciones, renovaciones y otros procedimientos administrados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. La CNRT fue creada en 1996 para unificar los organismos de control del transporte automotor y ferroviario y, durante décadas, cobró esos aranceles conforme a las resoluciones hoy derogados.

La resolución 1878/2025 se enmarca en un proceso regulatorio más amplio que incluyó resoluciones de 2024 y 2025 destinadas a unificar registros y simplificar procedimientos, como las resoluciones 57/2024 y 2/2025 que crearon el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros. De este modo, los cambios buscan eliminar componentes que el Gobierno considera obsoletos dentro del nuevo esquema administrativo.

Desde el Ministerio de Economía explicaron que la medida persigue reducir la carga burocrática y los costos operativos, y favorecer un sistema más ágil y abierto. Por su parte, fuentes internas de la CNRT sostienen que la supresión de las tasas no afectará las tareas de fiscalización ni el control de los servicios, los cuales continuarán desarrollándose en el marco de las competencias del organismo.

La eliminación de los aranceles implicará que ya no sea requisito presentar comprobantes de pago para iniciar o finalizar trámites ante la autoridad reguladora. Ese cambio debería acortar tiempos administrativos y reducir costos recurrentes para empresas de transporte de cargas y de pasajeros, en particular para aquellas que gestionan permisos internacionales.

En lo operativo, la derogación de los artículos del ATIT facilita la tramitación del Permiso Originario para las empresas que realizan viajes internacionales por carretera, ya que elimina la verificación del pago como barrera para la emisión del permiso. Esto puede traducirse en mayor previsibilidad para las operatorias transfronterizas y menos demoras en los cruces.

Sin embargo, sectores críticos expresaron preocupación y temen que una desregulación demasiado acelerada pueda generar desorden operativo. Esos reclamos se centran en la posibilidad de que la reducción de requisitos administrativos complique la fiscalización en el terreno, a pesar de las garantías del organismo regulador sobre la continuidad del control.

Además, especialistas del sector señalaron que, aunque la medida alivia cargas administrativas, no resuelve problemas estructurales como el costo del combustible, repuestos y mantenimiento de la flota, que siguen condicionando la rentabilidad y la disponibilidad de unidades en picos de demanda.

La resolución dispone que la eliminación de los aranceles entra en vigencia de forma inmediata desde su publicación en el Boletín Oficial. Corresponde ahora que la CNRT adapte sus procedimientos internos y actualice sus sistemas administrativos para operar sin la exigencia de comprobantes de pago.

Fuentes del organismo indicaron que las tareas de fiscalización se mantendrán dentro de sus facultades habituales y que la supresión de las tasas no implicará recorte de las inspecciones en rutas ni de los controles en terminales y puntos de operación claves. No obstante, la transición administrativa exigirá ajustes en sistemas y procesos.

En los próximos meses se podrán observar en la operatoria cotidiana y en el bolsillo de empresas y usuarios los efectos concretos de la medida, en especial en la reducción de tiempos para trámites internacionales y en la disminución de costos administrativos en gestiones recurrentes.

A través del Decreto 883/2024 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno desreguló el transporte automotor de media y larga distancia mediante un decreto que crea un Registro Nacional de Transporte de Pasajeros público, accesible en línea y gratuito.

El nuevo sistema de transporte se implementará en 60 días y, según las autoridades, no afectará las normas de seguridad actuales. La medida, que busca fomentar la competencia, tiene como objetivo reducir los costos del transporte.

El transporte automotor de pasajeros dejará de ser considerado un servicio público, lo que otorgará a las empresas del sector mayor libertad para fijar precios, modificar o suspender rutas no rentables, y facilitará la entrada de nuevas compañías al mercado.

El Gobierno Nacional implementó un programa de transformación del sistema nacional de transporte, con el objetivo de racionalizar la oferta de servicios, ampliar las inversiones y reducir los costos, con la finalidad de contribuir al aumento de la competitividad económica y a la mejora de la calidad de los servicios.

Es necesario contar con herramientas normativas más ágiles y flexibles en el sistema de transporte, a fin de implementar un régimen con mayor desregulación en la prestación y operación de servicios, fomentando así una mayor competencia. Se deben adoptar medidas para que todas las empresas de transporte registradas y futuras puedan prestar servicio libremente en todos los recorridos, garantizando la continuidad de los servicios actualmente en funcionamiento.

De acuerdo al nuevo decreto, El objetivo es la liberalización, modernización y desregulación del transporte automotor de pasajeros, adaptándolo a la dinámica actual. El nuevo registro será de acceso gratuito y público, lo que permitirá una mayor transparencia, agilidad en la gestión de trámites y ahorro de tiempo para los transportistas. contratados de manera tradicional o mediante plataformas digitales, con el fin de facilitar el mejor acceso a los mismos.

Las empresas ya registradas no necesitan volver a hacerlo. Sin embargo, las nuevas compañías deben inscribirse para operar, y, una vez registradas, obtendrán automáticamente la habilitación para operar luego de cinco días post inscripción, gracias al "Silencio Positivo". Este mecanismo, impulsado por el Ministerio de Desregulación, garantiza que, si no hay objeciones pasados los cinco días, la inscripción será automáticamente autorizada. Esta metodología busca agilizar los procedimientos y evitar retrasos que puedan afectar al usuario.El nuevo registro será de acceso gratuito y público, lo que permitirá una mayor transparencia, agilidad en la gestión de trámites y ahorro de tiempo para los transportistas.

En cuanto a la seguridad, el Gobierno enfatizo que no habrá cambios en las exigencias establecidas en la normativa vigente. Las empresas deberán continuar cumpliendo con los requisitos en esta materia, aunque tendrán mayor libertad en otros aspectos del servicio. A partir de la nueva normativa, las compañías podrán establecer libremente sus recorridos, vehículos, horarios, precios y la duración de los servicios. Además, los puntos de ascenso y descenso de pasajeros serán autorizados por las jurisdicciones locales correspondientes.

En el decreto del Boletín Oficial, en tanto, postularon que la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA y la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, por ser las autoridades encargadas de la seguridad y del orden dentro de las jurisdicciones de los aeropuertos y los puertos, deben ser las responsables de garantizar el acceso y la seguridad de los prestadores de los servicios involucrados en el presente”.

“En atención a las características particulares de los servicios públicos de transporte por automotor de pasajeros que se desarrollen en el ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES, los servicios públicos de transporte por automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano de Jurisdicción Nacional que operan en las diversas Unidades Administrativas y los servicios públicos de transporte por automotor de pasajeros por carretera de carácter Internacional, corresponde su exclusión de la aplicación del régimen que se propone aprobar por el presente decreto”, profundizaron.

Al tiempo que resaltaron: “Corresponde establecer una metodología de transición hasta tanto se concrete la implementación del REGISTRO NACIONAL DEL TRANSPORTE INTERJURISDICCIONAL DE PASAJEROS POR AUTOMOTOR y la implementación del nuevo régimen que se propone por el presente”.

De acuerdo a lo que detallaron en el texto, el marco normativo para la prestación de los servicios de transporte por automotor de pasajeros por carretera que se desarrollen en el ámbito de la jurisdicción nacional, comprende el transporte interjurisdiccional, a) entre las Provincias y la Capital Federal; b) entre Provincias; c) en los Puertos y aeropuertos nacionales, entre ellos, o entre cualquiera de ellos y la Capital Federal o las Provincias, quedando excluido de la aplicación del citado decreto el transporte de personas que se desarrolle exclusivamente en la Región Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, o indistintamente también conocida como ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES”.

“En cumplimiento de los objetivos preestablecidos, resulta oportuno designar a la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE ECONOMÍA como Autoridad de Aplicación del presente régimen. Resulta conveniente y oportuno facultar a la Autoridad de Aplicación a llevar adelante la unificación de los diversos Registros Nacionales del Transporte con el fin de simplificar y reducir las cargas administrativas, sin perjuicio de prever la apoyatura técnica necesaria para su concreción”, desarrollaron en el decreto.

Y enfatizaron que el Estado nacional “dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”.

(Por Nicolás Loyarte) – Representantes de las provincias que integran el Comité Federal del Transporte (COFETRA), dieron a conocer un comunicado a la prensa en las últimas horas, en el que manifiesta una “profunda preocupación” por la situación en la que se encuentra el conflicto que mantienen los representantes gremiales de los trabajadores y sus empleadores.

En el mismo sentido se había expresado este martes el Municipio santafesino, tras el fracaso de las negociaciones a nivel nacional, cuando durante la madrugada el Ministerio de Trabajo emitió una Resolución excepcional para garantizar los fondos y resolver la paritaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esto dejó a los usuarios del interior del país “en una situación de mucha inequidad, porque hoy no contamos con colectivos y a muchas familias se nos hace muy difícil ir a trabajar o a la escuela”, dijo el martes la directora de Movilidad de la Municipalidad de Santa Fe, Andrea Zorzón.

Uno de los firmantes del comunicado dado a conocer este miércoles es el representante de la provincia de Santa Fe, Osvaldo Miatello, quien ocupa el cargo de vicepresidente del COFETRA y es secretario de Transporte provincial. “Es realmente agraviante para el federalismo de nuestro país la postura que adopta el Gobierno Nacional, a través de los ministerios de Transporte y de Trabajo”, señala el comunicado. “Mientras en AMBA toman una participación activa, no solo asistiendo a las audiencias, sino que incluso han llegado al extremo de fijar los salarios de los trabajadores por Resolución conjunta, comprometiendo para el pago de esos salarios los recursos que son de todos los argentinos, respecto al interior del país, no solo que no asisten a las audiencias (expresando una clara discriminación) sino que ya ni siquiera cumplen con los recursos presupuestados por Ley del Congreso de la Nación”, denuncia el documento.

“Ya con fecha 24 de mayo, las provincias que integramos el COFETRA advertimos al ministro de Transporte de la Nación que la situación era de gravedad ante la falta de respuesta y de certezas en la distribución de los subsidios para los meses de mayo en adelante, teniendo en cuenta que la resolución que dispuso la distribución de fondos tenía vigencia hasta abril inclusive”, continúa el comunicado.

Luego de un martes atípico en la ciudad de Santa Fe, sin colectivos urbanos ni interurbanos circulando, este miércoles 14 habrá una nueva audiencia donde las partes involucradas -funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación, empresarios del sector agrupados en la Fatap y la Unión Tranviarios Automotor, UTA-, volverán a verse las caras para tratar de destrabar el conflicto del transporte público de pasajeros por colectivos para el interior del país. De lo contrario, se seguirá en un callejón sin salida con la posibilidad de nuevos paros.

“Hoy vemos con preocupación que la autoridad nacional tergiversa la realidad de los hechos, manifestando en sus redes sociales que ‘ratifica el pago del fondo compensador dispuesto por la ley de presupuesto, según la rendición de cuentas de cada provincia´. Esto es falso y mal intencionado, ya que busca responsabilizar a las provincias por una falta de cumplimiento a la Ley de Presupuesto. Lo real y cierto es que la Ley de Presupuesto dispuso un monto de ochenta y cinco mil millones de pesos para todo el año, pero de manera discrecional y sin fundamento alguno la autoridad nacional dispone distribuir estas sumas por resoluciones que tienen una vigencia de cuatro meses y a veces menos también, obligándonos a las provincias a vivir en la incertidumbre -dice el documento-. De hecho, hoy 14 de junio, anuncian el dictado de una resolución que va tener vigencia por los meses de mayo y junio, es decir, dictan una norma el mismo mes que vence, lo cual resulta un verdadero despropósito ya que dentro de quince días nuevamente estaremos en incertidumbre total”.

Por todo ello, “ratificamos nuestro compromiso de contribuir a la sustentabilidad de los sistemas y lo venimos cumpliendo, pero queremos y exigimos al Gobierno Nacional un verdadero federalismo, necesitamos previsibilidad en el transporte de todos los argentinos, para eso resulta menester una resolución que disponga la distribución de la totalidad de los fondos presupuestados por el congreso y no sumas parciales que luego se pagan fuera de termino sin actualización de ningún tipo, teniendo en cuenta el contexto inflacionario que vivimos. Al igual que hacen con AMBA exigimos se nos actualicen las sumas reconociendo los mayores costos que sufre el sistema por precios 100% dispuesto desde la Nación, como por ejemplo el combustible”, dice.

“El transporte es esencial para el acceso a la educación, la salud y el trabajo, derechos que son fundamentales para todos los habitantes de la Patria y no solo el área metropolitana de Buenos Aires”, sentencia en su último párrafo el comunicado.