La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados invitó a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe a la reunión para el tratamiento del mensaje del Poder Ejecutivo que propone la reforma de la Ley N.º 13.018 y del Código Procesal Penal.

Este proyecto intenta la conformación de Colegios de Jueces Penales, tanto en primera instancia como en revisión, integrados por todos los magistrados con competencia en la materia, con independencia de asiento territorial; la asignación de causas mediante reglas objetivas, predeterminadas y públicas, establecidas por la Corte y ejecutadas por la Oficina de Gestión Judicial; fortalece el rol de esta Oficina como órgano especializado en la administración y organización del trámite de los procesos y; conforma una sección específica dentro del Colegio de Jueces de Revisión de la política carcelaria y la ejecución penal.

El 1 de junio, la Cámara de Diputados le envió una nota al titular de la Corte, Rafael Gutiérrez, a solicitud de la titular de Asuntos Constitucionales, Lionella Cattalini, invitando a la Corte a la reunión y -de ser necesario- que la invitación se extienda a los representantes de los Colegios de Jueces Penales. Precisamente los cinco presidentes de estos colegios se han pronunciado en forma crítica sobre este mensaje del Poder Ejecutivo.

La Corte recibió -a pedido de los jueces- a los titulares de los cinco colegios y estos no pudieron acordar una respuesta por escrito y cada circunscripción elaboró una propia aunque con contenidos muy parecidos y críticos con la iniciativa.

El lunes de esta semana fue el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial quien elevó una nota a la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, con cuestionamientos al proyecto y sugiriendo la convocatoria urgente a un espacio de diálogo interpoderes e interinstitucional para discutir el tema.

La Corte trasladó a este viernes el acuerdo semanal y podría analizar la respuesta al planteo de la Cámara de Diputados. En principio, según pudo saber El Litoral, en el máximo tribunal, hay miradas críticas al proyecto del Poder Ejecutivo.

La Cámara de Diputados, a instancias del radical José Corral, pidió y votó un tratamiento preferencial para el jueves venidero al mensaje del Poder Ejecutivo que fue girado hace un mes a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

"Entendiendo las dificultades que puede implicar encontrar un horario común, dejamos la fecha y el horario abiertos a la propuesta de ese Tribunal. Agradeceríamos que nos indiquen, los días y franjas horarias que les resultarían convenientes, así como la nómina de quienes asistirían", dice la nota de Diputados ingresada a la Corte habilitando la flexibilización horaria.

En ámbitos tribunalicios no se descartó la posibilidad de invitar a los legisladores al Palacio de Justicia, pero el tema no había sido analizado por el pleno de ministros. Algún magistrado incluso sugirió la posibilidad de que tras la reunión se haga una recorrida al edificio anexo de Tribunales que será inaugurado el 30 del corriente.

En principio, el mensaje del Ejecutivo tiene críticas ya expresadas por jueces y el propio Colegio y de allí la expectativa por el comportamiento de la Corte, tribunal que en última instancia, deberá determinar sobre la constitucionalidad o no de esta u otras reformas.

El proyecto del Ejecutivo contiene 24 artículos y en el último determina que la entrada en vigencia de los cambios se producirán a los 90 días de sancionada la norma.

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En los considerandos del mensaje del Ejecutivo se señala que "el proyecto preserva la coherencia normativa con el Código Procesal Penal, evitando superposiciones y reservando a dicho cuerpo normativo la regulación de los aspectos estrictamente procedimentales, en particular en lo relativo al régimen de audiencias y recursos".

Aclara además que "la reforma propuesta se inscribe en una política pública orientada a modernizar la administración de justicia, mejorar el acceso al sistema y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales, mediante un diseño organizativo que combine eficiencia, transparencia y respeto por las garantías constitucionales".

Fechas

* 7 de mayo: El Poder Ejecutivo envía a Diputados el mensaje N° 58928 con la reforma a diversos artículos de la Ley ° 13.308.

* 12 de mayo: Diputados da ingreso formal al proyecto y lo gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

* 26 de mayo: La Corte recibe a los cinco presidentes de las cámaras penales, a pedido de los jueces para analizar el proyecto del Ejecutivo.

* 1 de junio: Nota de la Cámara de Diputados a la Corte Suprema de Justicia pidiendo una reunión para conocer la opinión sobre el tema.

* 8 de junio: Nota del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial a la presidencia de Diputados con críticas al proyecto.

Si desde Casa Rosada no emergen mayores anuncios, salvo las novedades que trae el Boletín Oficial de Nación, y los dichos y silencios en el entorno presidencial ante los movimientos de sus aliados y contendientes, en el Congreso la actividad es continua, al menos en comisiones.

Diputados tuvo este martes una jornada intensa, que arrancó a las 11 y se extendió hasta la tarde con una sucesión de reuniones en las que se escucharon planteos de distintos sectores y puntos del país hacia la política libertaria: hubo diagnósticos preocupantes sobre los efectos de la paralización de las obras públicas.

También se realizó un plenario de Comercio y Pymes (con foco en el sector lácteo y participación de la Bolsa de Comercio de Rosario); Industria (con exposiciones de la Unión Industrial Argentina y CAME) y Transporte (con la situación de Intercargo como eje).

Para este miércoles habrá varios temas de peso en la mesa de debate, algunos muy afines a los intereses del gobierno libertario y otros que seguramente tendrán menos adhesión.

A las 11 está citado el plenario de Presupuesto y Hacienda (Bertie Benegas Lynch), Industria (José Luis Garrido) y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Martín Yeza) para seguir analizando el mensaje 181 del Ejecutivo sobre Régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias, conocido como “Súper Rigi”.

El oficialismo espera llevar este tema al recinto en la sesión prevista (no formalmente convocada) para el 24 de junio, previa realización de otro plenario para emitir un dictamen.

También a las 11 y en otro salón, fue convocada la Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside Gabriela Estévez con la finalidad de tratar diversos proyectos que coinciden en la declaración de emergencia pública nacional en materia social por violencia de género.

Será a pocos días de la masiva marcha del 3 de Junio y luego de varios femicidios que conmovieron a todo el país, incluido el que tuvo como víctima a la adolescente cordobesa Agostina Vega.

A las 14 habrá otra reunión conjunta: esta vez, de Asuntos Constitucionales (Nicolás Mayoraz) y Legislación General (Santiago Santurio) para continuar el tratamiento de los proyectos de ley sobre el Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses (Ley de Lobby). Para ello fueron invitadas instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

La jornada cerrará a las 16 con Derechos Humanos y Garantías (Horacio Pietragalla Corti) para analizar la situación de las prisiones domiciliarias en la República Argentina. En la ocasión se presentarán informes y participarán representantes del Poder Judicial, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos.

Todo esto ocurrirá a un día de inicio del Mundial de Fútbol, que es para cuando se espera la presentación de la esperada declaración jurada del jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Este es uno de los temas que incomoda desde adentro al Ejecutivo y, se especula, mantiene frenadas otras definiciones.

Como aliciente, esta agenda se presenta en la previa de que el jueves se conozca el dato de inflación del mes de mayo por parte del INDEC y de una nueva reunión de la Mesa Política.

Antes de fin de año, durante el periodo de extraordinarias, y ya con el ciclo de sesiones ordinarias iniciado (el 1º de marzo), la Cámara de Diputados de la Nación conformó 43 de sus 46 comisiones permanentes, incluida la de Juicio Político, que estuvo en una suerte de limbo desde abril de 2024 y no llegó a funcionar en los dos primeros años de gestión del actual presidente Javier Milei. Desde este martes, este espacio estratégico está a cargo de Lilia Lemoine, ferviente defensora de las ideas de La Libertad Avanza.

Mientras tanto, resta poner nombre y apellido a otras tres: Derechos Humanos y Garantías, que está convocada para el martes a las 15; Seguridad Interior, y Previsión y Seguridad Social. Todas anticipan, una vez constituidas, debates interesantes y de alto voltaje.

Por otra parte, la oposición salió a reclamar en los últimos días la convocatoria a dos comisiones Bicamerales (integradas por Diputados y Senadores). Se trata de la Permanente de Trámite Legislativo, y la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

El pedido, que encabeza Maximiliano Ferraro (CC) con la adhesión de varios legisladores, se funda en la necesidad de darle curso al debate sobre el DNU 941/25, que el Ejecutivo firmó al límite del año pasado y está vigente desde el 2 de enero, cuando fue publicado en el Boletín Oficial.

¿Qué dispone? Reforma una treintena de artículos de la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520, habilita a agentes de inteligencia a efectuar detenciones y legisla en materia penal, "algo expresamente vedado por la Constitución para un DNU", tal cual expresa el legislador.

Por razones bien prácticas, varias de las comisiones fueron constituidas días antes de finalizar 2025. Por ejemplo, Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch (LLA-Buenos Aires), justamente para tratar la "ley de leyes" en diciembre, luego de dos años de prórroga de la que fuera sancionada en 2023 bajo la administración de Alberto Fernández.

Lo mismo ocurrió con Legislación de Trabajo, con Lisandro Almirón (LLA-Corrientes) al frente, para analizar la reforma laboral, cuya sanción se logró el 27 de febrero de este año, luego de que el Senado convalidara cambios introducidos por la Cámara baja.

Las tres mencionadas (Juicio Político, Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo) no son las únicas comisiones presididas por referentes del oficialismo. Luego de las elecciones legislativas de octubre de 2025, que elevó de manera significativa el número de bancas del partido gobernante (a las que se sumaron pases y aliados), varias quedaron en manos de La Libertad Avanza.

Dos de ellas están a cargo de santafesinos: Asuntos Constitucionales con Nicolás Mayoraz en la presidencia, y Peticiones, Poderes y Reglamento, con Alejandro Bongiovanni al frente.

Por otra parte, Pablo Farías (Provincias Unidas) es el tercer santafesino que preside, hasta el momento, una comisión: se trata de Pequeñas y Medianas Empresas.

También lideran referentes libertarios a Legislación General (Santiago Santurio-Buenos Aires), Relaciones Exteriores y Culto (Juliana Santillán-Buenos Aires), Justicia (Álvaro Martínez-Mendoza), Acción Social y Salud Pública (Manuel Quintar-Jujuy), Familias, Niñez y Juventudes (María Gabriela Flores-Salta), Legislación Penal (Laura Rodríguez Machado-Córdoba), Defensa Nacional (Carlos Zapata-Salta) Finanzas (Santiago Pauli- Tierra del Fuego), y Energía y Combustibles (Facundo Correa Llano-Mendoza).

A estas se suman Comunicaciones e Informática (Damián Arabia-CABA), Intereses Marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios (César Treffinger-Chubut), Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (José Peluc-San Juan), Libertad de Expresión (Guillermo Montenegro-Buenos Aires) y Discapacidad (Gerardo Huesen-Tucumán).

Damián Arabia fue electo oportunamente presidente de Mercosur, con el fin de dar curso al acuerdo con Unión Europea. Sin embargo, la titularidad volvería a manos de Unión por la Patria.

Precisamente a la principal oposición le corresponden, hasta el momento, Cultura (Lorena Pokoik-CABA), De las Personas mayores (Pablo Todero-Neuquén), Obras Públicas (Martín Aveiro-Mendoza), Economías y Desarrollo Regional (Luis Basterra-Formosa), Vivienda y Ordenamiento urbano (Itai Hagman-CABA) y Turismo (Gabriela Pedrali-La Rioja).

A estas se suman Economía (Julia Strada-Buenos Aires), Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico (Victoria Tolosa Paz-Buenos Aires), Análisis y seguimiento del cumplimiento de Normas tributarias y previsionales (Ariel Rauschenberger-La Pampa), Población y Desarrollo Humano (Estela Neder-Santiago del Estero), Deportes (Jorge Chica-San Juan), Asuntos Cooperativos, mutuales y Organizaciones no Gubernamentales (Aldo Leiva-Chaco), Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia (Hugo Yasky-Buenos Aires) y Mujeres y Diversidad (Gabriela Estévez-Córdoba).

El PRO se reservó Educación (Alicia Fregonese-Entre Ríos), Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Martín Yesa-Buenos Aires), y Agricultura y Ganadería (Martín Ardohain-La Pampa), Provincias Unidas lidera, además de Pequeñas y Medianas Empresas, Comercio (Juan Brügge-Córdoba), Transportes (Jorge Rizzotti-Jujuy) y Asuntos Municipales (Carolina Basualdo-Córdoba). Por último, Industria está a cargo de José Luis Garrido (Por Santa Cruz-Santa Cruz) y Minería, de Fernanda Avila (Elijo Catamarca-Catamarca).

Aún sin sesión confirmada en la Cámara Baja, la semana próxima arrancará con más novedades en materia de comisiones. Al menos de constitución. Luego será el turno de analizar su desempeño, a la luz de los proyectos enviados y por enviar por parte del Ejecutivo y los temas que impulsa la oposición.

Un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) derivó en el secuestro de mercadería de contrabando valuada en más de 265 millones de pesos en la ciudad misionera de Puerto Iguazú. El procedimiento fue realizado con colaboración de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en un control vehicular de rutina.

Los efectivos interceptaron un camión que transportaba encomiendas y carga general. Al solicitar la documentación correspondiente, el chofer presentó comprobantes irregulares, lo que despertó sospechas sobre una posible infracción al Código Aduanero (Ley 22.415).

El Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú autorizó el traslado del vehículo para realizar una inspección más profunda. Con la ayuda de un escáner, se detectaron bultos compatibles con mercadería de origen extranjero, sin respaldo legal.

En total se contabilizaron 210 encomiendas. Entre los productos secuestrados se encontraban artículos de bazar, calzado, indumentaria, electrodomésticos, blanquería, consolas de videojuegos, juguetes y una gran cantidad de dispositivos electrónicos, como smart TVs.

Según el informe oficial, el valor estimado de la carga incautada supera los $265 millones. La magnitud del cargamento y su diversidad evidencian una clara finalidad comercial, por lo que la Justicia considera que se trata de un delito de contrabando.

La totalidad de los productos fue puesta a disposición del juzgado interviniente, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades penales y eventuales conexiones con redes más amplias de contrabando.

El operativo se enmarca en las acciones de control que el Ministerio de Seguridad de la Nación lleva adelante para combatir el tráfico ilegal de mercadería en las zonas de frontera, especialmente en los pasos críticos del norte argentino.

Casi en simultáneo con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica atribuciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se conoció un pronunciamiento del interbloque Unidos, que rechaza la norma.

“Desde el Interbloque Unidos rechazamos el Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el Poder Ejecutivo pretende reformar de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional”, arranca, taxativo, el documento difundido en la primera jornada hábil del nuevo año.

“No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso. Menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU”, agrega.

El texto tiene el aval de legisladores y legisladoras de Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal.

Se descuenta que en la misma línea se pronunciarán otras bancadas opositoras.

El rosarino socialista Esteban Paulón advirtió que con el DNU sobre la SIDE "todos estamos bajo sospecha". Foto: Archivo.

“Es indispensable que se constituyan y designen de inmediato la Bicameral de Trámite Legislativo y la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia para restablecer el sistema de controles que exige la Constitución”, advierte el texto. En esos mismos términos se explayó el diputado nacional socialista Esteban Paulón en diálogo con medios nacionales. Allí consideró que con estos cambios “todos estamos bajo sospecha”.

Entre las razones que invoca el interbloque, figura que el decreto “introduce modificaciones de enorme impacto. Declara que todas las actividades de inteligencia pasan a tener ‘carácter encubierto’, ampliando la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó para estar bajo límites estrictos y control parlamentario”.

Extiende, además, “la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, una medida que abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores que nada tienen que ver con tareas sensibles”.

Cristian Auguadra, actual titular de la SIDE. Foto: @SIDE_Argentina

Por último, el DNU “habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia, una facultad propia de las fuerzas de seguridad que contradice el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia: los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta”.

Para el interbloque, el DNU 941, que modifica la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, “avanza sobre ese consenso sin debate público, sin especialistas, sin organizaciones de la sociedad civil y sin escuchar la voz de las provincias”.

Por esa razón, sus integrantes exigen que “el Congreso trate y rechace de inmediato el decreto en los términos de la Ley 26.122” y que “cualquier reforma al sistema de inteligencia se discuta como corresponde: en el Parlamento, a la vista de la sociedad”.

“La seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero no puede construirse debilitando la Constitución, el Congreso y las garantías que protegen a cada ciudadano. No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado”.

En su momento y antes de que el decreto sea publicado, Maximiliano Ferraro (CC) había calificado al DNU como un “retroceso intolerable”.

A la hora de detallar los ítems cuestionados, el legislador consignó que la norma dará lugar a “espías con poder de policía, autorizados a aprehender personas; un sistema de inteligencia con secreto total por defecto y actividades de carácter encubierto, sin definición precisa de lo que esto implica; centralización masiva y acceso total a datos personales de los argentinos (RENAPER, Migraciones, Aduana, UIF), por lo que todos podemos ser vigilados, perfilados y observados, ahora, gran parte de la información personal pasa a ser insumo de inteligencia, y posibilidad de influir en la opinión pública bajo la excusa de la contrainteligencia”.

Tras la elección del 26 de octubre, las cámaras legislativas tienen una nueva conformación con más representantes que responden al presidente Milei. Restan designar integrantes de comisiones claves. Foto: Archivo

Como se sabe, el Congreso está actualmente de receso y es altamente probable que el Ejecutivo vuelva a convocarlo para un nuevo tramo de extraordinarias en el mes de febrero, a fin de tratar, entre otras, la Reforma Laboral, un tema que también anticipa conflicto.

El objetivo de los bloques que se oponen al flamante DNU es acelerar su tratamiento en el recinto y convocar a una sesión especial, mientras se reclama la constitución de dos comisiones bicamerales claves, cuya integración será diferente a la de 2025 luego con el ingreso de legisladores electos el 26 de octubre.

Maximiliano Ferraro (CC) fue uno de los primeros diputados nacionales en pronunciarse sobre el DNU que modifica funciones de la SIDE. Foto: Archivo.

Si el tema llega al Congreso y la oposición decide imponer su rechazo, deberá tener mayoría en las dos cámaras, tal como ocurrió con el decreto de necesidad y urgencia que en 2025 establecía fondos reservados para la SIDE por 100 millones de pesos.

La Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe comienza una nueva semana de trabajo con reuniones de comisiones que apuntan a profundizar el debate y promover la participación ciudadana.

A las 12, en el recinto de la Cámara de Diputados, se reunirá la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, que aborda temas vinculados a la calidad institucional y democrática, mecanismos de democracia semidirecta, seguridad pública, eficiencia de los servicios, planificación de políticas públicas y federalismo de concertación. También incluye principios como la cláusula democrática y el reconocimiento de la causa Malvinas. La comisión es presidida por Germana Figueroa Casas, con Alcides Calvo como vicepresidente y Eugenia Martínez como secretaria.

A las 14, en el recinto de la Cámara de Senadores, se reunirá la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial. Luego, a las 16, esta comisión recibirá a representantes de áreas metropolitanas y foros de intendentes para intercambiar miradas y propuestas. Sus trabajos se centran en el análisis del régimen municipal vigente, el reconocimiento constitucional del derecho a la ciudad y el ordenamiento territorial, con el objetivo de fortalecer la autonomía local y el desarrollo urbano sostenible. La preside Katia Passarino, acompañada por Juan Monteverde como vicepresidente y José Machado como secretario.

La Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial realizará su tercera y última audiencia pública el miércoles 13 de agosto, desde las 9 horas, en el recinto del Concejo Municipal de Santa Fe.

Quienes deseen participar como oradores deberán inscribirse previamente, desde el jueves 7 de agosto a las 18 horas hasta el lunes 11 a las 8 horas, completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/8dr2qeJmLMqTFGXg8.

Para participar como orador particular, es requisito haber presentado previamente una nota o proyecto ante la Convención entre el 15 y el 27 de julio de 2025.

Esta instancia forma parte del trabajo que viene desarrollando la comisión, que ya concretó dos audiencias públicas: la primera, el 1° de agosto en Rosario, y la segunda, el 8 de agosto en Reconquista.

Dos proyectos de leyes, dictaminados por todas las comisiones, fueron retirados del recinto antes de ser votados el pasado jueves en la Cámara de Diputados. En ambos casos, eran proyectos ingresados por diputados del Frente Progresista y que formarán parte del futuro gobierno provincial. Los dos temas habían sido votados en otras ocasiones por la Cámara Baja pero no habían tenido eco en el Senado. El retiro fue a pedido de la futura gestión provincial que encabezará Maximiliano Pullaro.

Son los proyectos para establecer el funcionamiento del Juicio por Jurados en la provincia y otro con modificaciones al Código Fiscal estableciendo créditos fiscales para entidades mutualistas de clubes deportivos. La primera iniciativa es del demoprogresista Gabriel Real y la segunda de la socialista Lorena Ulieldin y si bien ambos terminan sus mandatos en diciembre estarán en funciones en el Poder Ejecutivo. Real será secretario de Asuntos Legislativos y Ulieldin estará en cargos de conducción de API como lo estuvo durante la gestión de Miguel Lifschitz.

Sobre el Juicio por Jurados era la tercera vez que el tema iba a ser votado positivamente por la Cámara de Diputados y Real recordó que una ocasión el autor fue el radical Santiago Mascheroni quien será secretario de Justicia a partir del 10 de diciembre. El proyecto de Real junto a otro ingresado por Ariel Bermúdez (Creo) llegó al Orden del Día con dos dictámenes ya que la radical Marlen Espíndola firmó uno en minoría. En cambio, el de la mayoría encontró las firmas del titular de la comisión, Joaquín Blanco (PS), más los socialistas Gisel Mahmud y Esteban Lenci, la macrista Ximena Solá, el justicialista Leandro Busatto y el propio Real.

"Nos pareció atinado que las próximas autoridades nos solicitan mirar con detenimiento el proyecto y aceptamos la vuelta a comisión convencidos del cambio sustancial en el sistema penal que significará la puesta en práctica de este mecanismo previsto en la Constitución de 1853" sostuvo Real en el recinto. A Diputados le restan dos sesiones del Período Ordinario y el tema pasará para la próxima cámara. El proyecto busca reglamentar el instituto previsto en la Constitución Nacional desde 1853 y que la provincia nunca puso en práctica.

En las ocasiones anteriores, el debate fue precedido de la visita de expertos que trabajan la cuestión desde la cátedra universitaria e incluso de expositores de provincias donde lo tienen en vigencia.

En el caso del proyecto de Ulieldin están en juego recursos en momento en que no abundan para la gestión. El proyecto apunta a permitir que las asociaciones mutuales deportivas puedan deducir hasta un 30% del pago de Ingresos Brutos para destinar el importe del crédito fiscal para la construcción, mejora o ampliación de la infraestructura edilicia; a la adquisición de implementos y materiales que resulten útiles para la práctica de los deportes o actividades que allí se realizan; a la organización o realización de eventos; y en general para la realización de cualquier actividad que resulte de interés para dicha entidad deportiva. Otra parte también la podrían afectar a la cobertura de gastos corrientes de las diferentes actividades deportivas y recreativas que desarrollen las entidades mencionadas (contratación de profesores, pago de viáticos, adquisición y reparación de elementos deportivos).

El tema había sido votado en marzo de 2021 y reingresado por Ulieldin ante el no tratamiento del Senado y ahora esperará la opinión de la gestión que en el área económica encabezará Pablo Olivares.

Para la última sesión del año, la Cámara de Diputados ya tiene el respectivo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para votar una reforma a una ley de endeudamiento originada en la gestión de Antonio Bonfatti y que Omar Perotti propuso actualizar en la cifra. En cambio, el Senado mutó la cifra por un porcentaje (1,15) del total de recursos del último Presupuesto de la Administración Provincial. En principio, el dictamen eleva ese endeudamiento al 3,5%. El asunto tiene fijado tratamiento preferencial.

En los Asuntos Entrados de las dos cámaras legislativas, en la última semana están contenidas una docena de observaciones legales efectuadas por el Tribunal de Cuentas de la provincia, varias de las cuales tienen que ver con el funcionamiento de consejo de administración de hospitales de diferentes puntos de Santa Fe, entre ellos el Cullen de nuestra capital.

También fue observado legalmente el aporte no reintegrable del Poder Ejecutivo para la ejecución de la obra construcción de pavimento intertrabado en la localidad de Arroyo Leyes, dpto La Capital.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de la Cámara de Diputados inició este miércoles a las 10 el tratamiento de los proyectos sobre boleta única papel, tras el emplazamiento que realizó la semana pasada el pleno del cuerpo.

En el debate se pusieron sobre la mesa ocho proyectos elaborados por Silvia Lospennato (PRO), Pablo Tonelli (PRO), Jorge Enríquez (PRO) -mandato cumplido-; Emilio Monzó (Encuentro Federal), Gustavo Menna (UCR) -mandato cumplido-; Enrique Estévez (Socialismo) y Alejandro ‘Topo’ Rodríguez (Identidad Bonaerense).

El tratamiento del proyecto sobre boleta única se resolvió la semana pasada tras el avance opositor para pedir una sesión especial para debatirlo el jueves pasado, a partir de una solicitud que contaba con los respaldos suficientes cono para alcanzar el quórum.

Pero el miércoles, sobre la hora, el oficialismo neutralizó esa movida, aunque para conseguir el tratamiento de su agenda productiva debió ceder al planteo de la oposición.

En el esquema esbozado por JxC se prevén reuniones también los días martes 17 y 24, para finalmente buscar dictamen el miércoles 31 de mayo, como paso previo a la aspiración de llevar el tema al recinto en la primera quincena de junio.

Para posibilitar la convocatoria a ese plenario, se formalizaron este martes las integraciones de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, donde fueron reelegidos como presidentes los oficialistas Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade, respectivamente.

En Asuntos Constitucionales, el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) tendrán cada uno 17 miembros, en tanto que la restante vacante será ocupada por una integrante del interbloque Federal. En la comisión de Justicia, en tanto, los dos principales espacios de la Cámara tendrán 15 representantes cada uno y el lugar restante será para el interbloque Federal.