Antes de fin de año, durante el periodo de extraordinarias, y ya con el ciclo de sesiones ordinarias iniciado (el 1º de marzo), la Cámara de Diputados de la Nación conformó 43 de sus 46 comisiones permanentes, incluida la de Juicio Político, que estuvo en una suerte de limbo desde abril de 2024 y no llegó a funcionar en los dos primeros años de gestión del actual presidente Javier Milei. Desde este martes, este espacio estratégico está a cargo de Lilia Lemoine, ferviente defensora de las ideas de La Libertad Avanza.

Mientras tanto, resta poner nombre y apellido a otras tres: Derechos Humanos y Garantías, que está convocada para el martes a las 15; Seguridad Interior, y Previsión y Seguridad Social. Todas anticipan, una vez constituidas, debates interesantes y de alto voltaje.

Por otra parte, la oposición salió a reclamar en los últimos días la convocatoria a dos comisiones Bicamerales (integradas por Diputados y Senadores). Se trata de la Permanente de Trámite Legislativo, y la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

El pedido, que encabeza Maximiliano Ferraro (CC) con la adhesión de varios legisladores, se funda en la necesidad de darle curso al debate sobre el DNU 941/25, que el Ejecutivo firmó al límite del año pasado y está vigente desde el 2 de enero, cuando fue publicado en el Boletín Oficial.

¿Qué dispone? Reforma una treintena de artículos de la Ley de Inteligencia Nacional Nº 25.520, habilita a agentes de inteligencia a efectuar detenciones y legisla en materia penal, "algo expresamente vedado por la Constitución para un DNU", tal cual expresa el legislador.

Por razones bien prácticas, varias de las comisiones fueron constituidas días antes de finalizar 2025. Por ejemplo, Presupuesto y Hacienda, a cargo de Bertie Benegas Lynch (LLA-Buenos Aires), justamente para tratar la "ley de leyes" en diciembre, luego de dos años de prórroga de la que fuera sancionada en 2023 bajo la administración de Alberto Fernández.

Lo mismo ocurrió con Legislación de Trabajo, con Lisandro Almirón (LLA-Corrientes) al frente, para analizar la reforma laboral, cuya sanción se logró el 27 de febrero de este año, luego de que el Senado convalidara cambios introducidos por la Cámara baja.

Las tres mencionadas (Juicio Político, Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo) no son las únicas comisiones presididas por referentes del oficialismo. Luego de las elecciones legislativas de octubre de 2025, que elevó de manera significativa el número de bancas del partido gobernante (a las que se sumaron pases y aliados), varias quedaron en manos de La Libertad Avanza.

Dos de ellas están a cargo de santafesinos: Asuntos Constitucionales con Nicolás Mayoraz en la presidencia, y Peticiones, Poderes y Reglamento, con Alejandro Bongiovanni al frente.

Por otra parte, Pablo Farías (Provincias Unidas) es el tercer santafesino que preside, hasta el momento, una comisión: se trata de Pequeñas y Medianas Empresas.

También lideran referentes libertarios a Legislación General (Santiago Santurio-Buenos Aires), Relaciones Exteriores y Culto (Juliana Santillán-Buenos Aires), Justicia (Álvaro Martínez-Mendoza), Acción Social y Salud Pública (Manuel Quintar-Jujuy), Familias, Niñez y Juventudes (María Gabriela Flores-Salta), Legislación Penal (Laura Rodríguez Machado-Córdoba), Defensa Nacional (Carlos Zapata-Salta) Finanzas (Santiago Pauli- Tierra del Fuego), y Energía y Combustibles (Facundo Correa Llano-Mendoza).

A estas se suman Comunicaciones e Informática (Damián Arabia-CABA), Intereses Marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios (César Treffinger-Chubut), Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (José Peluc-San Juan), Libertad de Expresión (Guillermo Montenegro-Buenos Aires) y Discapacidad (Gerardo Huesen-Tucumán).

Damián Arabia fue electo oportunamente presidente de Mercosur, con el fin de dar curso al acuerdo con Unión Europea. Sin embargo, la titularidad volvería a manos de Unión por la Patria.

Precisamente a la principal oposición le corresponden, hasta el momento, Cultura (Lorena Pokoik-CABA), De las Personas mayores (Pablo Todero-Neuquén), Obras Públicas (Martín Aveiro-Mendoza), Economías y Desarrollo Regional (Luis Basterra-Formosa), Vivienda y Ordenamiento urbano (Itai Hagman-CABA) y Turismo (Gabriela Pedrali-La Rioja).

A estas se suman Economía (Julia Strada-Buenos Aires), Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico (Victoria Tolosa Paz-Buenos Aires), Análisis y seguimiento del cumplimiento de Normas tributarias y previsionales (Ariel Rauschenberger-La Pampa), Población y Desarrollo Humano (Estela Neder-Santiago del Estero), Deportes (Jorge Chica-San Juan), Asuntos Cooperativos, mutuales y Organizaciones no Gubernamentales (Aldo Leiva-Chaco), Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia (Hugo Yasky-Buenos Aires) y Mujeres y Diversidad (Gabriela Estévez-Córdoba).

El PRO se reservó Educación (Alicia Fregonese-Entre Ríos), Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Martín Yesa-Buenos Aires), y Agricultura y Ganadería (Martín Ardohain-La Pampa), Provincias Unidas lidera, además de Pequeñas y Medianas Empresas, Comercio (Juan Brügge-Córdoba), Transportes (Jorge Rizzotti-Jujuy) y Asuntos Municipales (Carolina Basualdo-Córdoba). Por último, Industria está a cargo de José Luis Garrido (Por Santa Cruz-Santa Cruz) y Minería, de Fernanda Avila (Elijo Catamarca-Catamarca).

Aún sin sesión confirmada en la Cámara Baja, la semana próxima arrancará con más novedades en materia de comisiones. Al menos de constitución. Luego será el turno de analizar su desempeño, a la luz de los proyectos enviados y por enviar por parte del Ejecutivo y los temas que impulsa la oposición.

Un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) derivó en el secuestro de mercadería de contrabando valuada en más de 265 millones de pesos en la ciudad misionera de Puerto Iguazú. El procedimiento fue realizado con colaboración de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en un control vehicular de rutina.

Los efectivos interceptaron un camión que transportaba encomiendas y carga general. Al solicitar la documentación correspondiente, el chofer presentó comprobantes irregulares, lo que despertó sospechas sobre una posible infracción al Código Aduanero (Ley 22.415).

El Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú autorizó el traslado del vehículo para realizar una inspección más profunda. Con la ayuda de un escáner, se detectaron bultos compatibles con mercadería de origen extranjero, sin respaldo legal.

En total se contabilizaron 210 encomiendas. Entre los productos secuestrados se encontraban artículos de bazar, calzado, indumentaria, electrodomésticos, blanquería, consolas de videojuegos, juguetes y una gran cantidad de dispositivos electrónicos, como smart TVs.

Según el informe oficial, el valor estimado de la carga incautada supera los $265 millones. La magnitud del cargamento y su diversidad evidencian una clara finalidad comercial, por lo que la Justicia considera que se trata de un delito de contrabando.

La totalidad de los productos fue puesta a disposición del juzgado interviniente, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades penales y eventuales conexiones con redes más amplias de contrabando.

El operativo se enmarca en las acciones de control que el Ministerio de Seguridad de la Nación lleva adelante para combatir el tráfico ilegal de mercadería en las zonas de frontera, especialmente en los pasos críticos del norte argentino.

Casi en simultáneo con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica atribuciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se conoció un pronunciamiento del interbloque Unidos, que rechaza la norma.

“Desde el Interbloque Unidos rechazamos el Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el Poder Ejecutivo pretende reformar de manera integral la Ley de Inteligencia Nacional”, arranca, taxativo, el documento difundido en la primera jornada hábil del nuevo año.

“No existe necesidad ni urgencia que justifique abordar un tema tan sensible por fuera del Congreso. Menos aún cuando continúan incompletas las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los DNU”, agrega.

El texto tiene el aval de legisladores y legisladoras de Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal.

Se descuenta que en la misma línea se pronunciarán otras bancadas opositoras.

El rosarino socialista Esteban Paulón advirtió que con el DNU sobre la SIDE "todos estamos bajo sospecha". Foto: Archivo.

“Es indispensable que se constituyan y designen de inmediato la Bicameral de Trámite Legislativo y la Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia para restablecer el sistema de controles que exige la Constitución”, advierte el texto. En esos mismos términos se explayó el diputado nacional socialista Esteban Paulón en diálogo con medios nacionales. Allí consideró que con estos cambios “todos estamos bajo sospecha”.

Entre las razones que invoca el interbloque, figura que el decreto “introduce modificaciones de enorme impacto. Declara que todas las actividades de inteligencia pasan a tener ‘carácter encubierto’, ampliando la opacidad en un ámbito que la ley original diseñó para estar bajo límites estrictos y control parlamentario”.

Extiende, además, “la lógica de la contrainteligencia a todo el Sector Público Nacional, una medida que abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre áreas y trabajadores que nada tienen que ver con tareas sensibles”.

Cristian Auguadra, actual titular de la SIDE. Foto: @SIDE_Argentina

Por último, el DNU “habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia, una facultad propia de las fuerzas de seguridad que contradice el consenso democrático construido desde el retorno de la democracia: los servicios de inteligencia no pueden transformarse en una policía secreta”.

Para el interbloque, el DNU 941, que modifica la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, “avanza sobre ese consenso sin debate público, sin especialistas, sin organizaciones de la sociedad civil y sin escuchar la voz de las provincias”.

Por esa razón, sus integrantes exigen que “el Congreso trate y rechace de inmediato el decreto en los términos de la Ley 26.122” y que “cualquier reforma al sistema de inteligencia se discuta como corresponde: en el Parlamento, a la vista de la sociedad”.

“La seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero no puede construirse debilitando la Constitución, el Congreso y las garantías que protegen a cada ciudadano. No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado”.

En su momento y antes de que el decreto sea publicado, Maximiliano Ferraro (CC) había calificado al DNU como un “retroceso intolerable”.

A la hora de detallar los ítems cuestionados, el legislador consignó que la norma dará lugar a “espías con poder de policía, autorizados a aprehender personas; un sistema de inteligencia con secreto total por defecto y actividades de carácter encubierto, sin definición precisa de lo que esto implica; centralización masiva y acceso total a datos personales de los argentinos (RENAPER, Migraciones, Aduana, UIF), por lo que todos podemos ser vigilados, perfilados y observados, ahora, gran parte de la información personal pasa a ser insumo de inteligencia, y posibilidad de influir en la opinión pública bajo la excusa de la contrainteligencia”.

Tras la elección del 26 de octubre, las cámaras legislativas tienen una nueva conformación con más representantes que responden al presidente Milei. Restan designar integrantes de comisiones claves. Foto: Archivo

Como se sabe, el Congreso está actualmente de receso y es altamente probable que el Ejecutivo vuelva a convocarlo para un nuevo tramo de extraordinarias en el mes de febrero, a fin de tratar, entre otras, la Reforma Laboral, un tema que también anticipa conflicto.

El objetivo de los bloques que se oponen al flamante DNU es acelerar su tratamiento en el recinto y convocar a una sesión especial, mientras se reclama la constitución de dos comisiones bicamerales claves, cuya integración será diferente a la de 2025 luego con el ingreso de legisladores electos el 26 de octubre.

Maximiliano Ferraro (CC) fue uno de los primeros diputados nacionales en pronunciarse sobre el DNU que modifica funciones de la SIDE. Foto: Archivo.

Si el tema llega al Congreso y la oposición decide imponer su rechazo, deberá tener mayoría en las dos cámaras, tal como ocurrió con el decreto de necesidad y urgencia que en 2025 establecía fondos reservados para la SIDE por 100 millones de pesos.

La Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe comienza una nueva semana de trabajo con reuniones de comisiones que apuntan a profundizar el debate y promover la participación ciudadana.

A las 12, en el recinto de la Cámara de Diputados, se reunirá la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, que aborda temas vinculados a la calidad institucional y democrática, mecanismos de democracia semidirecta, seguridad pública, eficiencia de los servicios, planificación de políticas públicas y federalismo de concertación. También incluye principios como la cláusula democrática y el reconocimiento de la causa Malvinas. La comisión es presidida por Germana Figueroa Casas, con Alcides Calvo como vicepresidente y Eugenia Martínez como secretaria.

A las 14, en el recinto de la Cámara de Senadores, se reunirá la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial. Luego, a las 16, esta comisión recibirá a representantes de áreas metropolitanas y foros de intendentes para intercambiar miradas y propuestas. Sus trabajos se centran en el análisis del régimen municipal vigente, el reconocimiento constitucional del derecho a la ciudad y el ordenamiento territorial, con el objetivo de fortalecer la autonomía local y el desarrollo urbano sostenible. La preside Katia Passarino, acompañada por Juan Monteverde como vicepresidente y José Machado como secretario.

La Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial realizará su tercera y última audiencia pública el miércoles 13 de agosto, desde las 9 horas, en el recinto del Concejo Municipal de Santa Fe.

Quienes deseen participar como oradores deberán inscribirse previamente, desde el jueves 7 de agosto a las 18 horas hasta el lunes 11 a las 8 horas, completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/8dr2qeJmLMqTFGXg8.

Para participar como orador particular, es requisito haber presentado previamente una nota o proyecto ante la Convención entre el 15 y el 27 de julio de 2025.

Esta instancia forma parte del trabajo que viene desarrollando la comisión, que ya concretó dos audiencias públicas: la primera, el 1° de agosto en Rosario, y la segunda, el 8 de agosto en Reconquista.

Dos proyectos de leyes, dictaminados por todas las comisiones, fueron retirados del recinto antes de ser votados el pasado jueves en la Cámara de Diputados. En ambos casos, eran proyectos ingresados por diputados del Frente Progresista y que formarán parte del futuro gobierno provincial. Los dos temas habían sido votados en otras ocasiones por la Cámara Baja pero no habían tenido eco en el Senado. El retiro fue a pedido de la futura gestión provincial que encabezará Maximiliano Pullaro.

Son los proyectos para establecer el funcionamiento del Juicio por Jurados en la provincia y otro con modificaciones al Código Fiscal estableciendo créditos fiscales para entidades mutualistas de clubes deportivos. La primera iniciativa es del demoprogresista Gabriel Real y la segunda de la socialista Lorena Ulieldin y si bien ambos terminan sus mandatos en diciembre estarán en funciones en el Poder Ejecutivo. Real será secretario de Asuntos Legislativos y Ulieldin estará en cargos de conducción de API como lo estuvo durante la gestión de Miguel Lifschitz.

Sobre el Juicio por Jurados era la tercera vez que el tema iba a ser votado positivamente por la Cámara de Diputados y Real recordó que una ocasión el autor fue el radical Santiago Mascheroni quien será secretario de Justicia a partir del 10 de diciembre. El proyecto de Real junto a otro ingresado por Ariel Bermúdez (Creo) llegó al Orden del Día con dos dictámenes ya que la radical Marlen Espíndola firmó uno en minoría. En cambio, el de la mayoría encontró las firmas del titular de la comisión, Joaquín Blanco (PS), más los socialistas Gisel Mahmud y Esteban Lenci, la macrista Ximena Solá, el justicialista Leandro Busatto y el propio Real.

"Nos pareció atinado que las próximas autoridades nos solicitan mirar con detenimiento el proyecto y aceptamos la vuelta a comisión convencidos del cambio sustancial en el sistema penal que significará la puesta en práctica de este mecanismo previsto en la Constitución de 1853" sostuvo Real en el recinto. A Diputados le restan dos sesiones del Período Ordinario y el tema pasará para la próxima cámara. El proyecto busca reglamentar el instituto previsto en la Constitución Nacional desde 1853 y que la provincia nunca puso en práctica.

En las ocasiones anteriores, el debate fue precedido de la visita de expertos que trabajan la cuestión desde la cátedra universitaria e incluso de expositores de provincias donde lo tienen en vigencia.

En el caso del proyecto de Ulieldin están en juego recursos en momento en que no abundan para la gestión. El proyecto apunta a permitir que las asociaciones mutuales deportivas puedan deducir hasta un 30% del pago de Ingresos Brutos para destinar el importe del crédito fiscal para la construcción, mejora o ampliación de la infraestructura edilicia; a la adquisición de implementos y materiales que resulten útiles para la práctica de los deportes o actividades que allí se realizan; a la organización o realización de eventos; y en general para la realización de cualquier actividad que resulte de interés para dicha entidad deportiva. Otra parte también la podrían afectar a la cobertura de gastos corrientes de las diferentes actividades deportivas y recreativas que desarrollen las entidades mencionadas (contratación de profesores, pago de viáticos, adquisición y reparación de elementos deportivos).

El tema había sido votado en marzo de 2021 y reingresado por Ulieldin ante el no tratamiento del Senado y ahora esperará la opinión de la gestión que en el área económica encabezará Pablo Olivares.

Para la última sesión del año, la Cámara de Diputados ya tiene el respectivo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para votar una reforma a una ley de endeudamiento originada en la gestión de Antonio Bonfatti y que Omar Perotti propuso actualizar en la cifra. En cambio, el Senado mutó la cifra por un porcentaje (1,15) del total de recursos del último Presupuesto de la Administración Provincial. En principio, el dictamen eleva ese endeudamiento al 3,5%. El asunto tiene fijado tratamiento preferencial.

En los Asuntos Entrados de las dos cámaras legislativas, en la última semana están contenidas una docena de observaciones legales efectuadas por el Tribunal de Cuentas de la provincia, varias de las cuales tienen que ver con el funcionamiento de consejo de administración de hospitales de diferentes puntos de Santa Fe, entre ellos el Cullen de nuestra capital.

También fue observado legalmente el aporte no reintegrable del Poder Ejecutivo para la ejecución de la obra construcción de pavimento intertrabado en la localidad de Arroyo Leyes, dpto La Capital.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto de la Cámara de Diputados inició este miércoles a las 10 el tratamiento de los proyectos sobre boleta única papel, tras el emplazamiento que realizó la semana pasada el pleno del cuerpo.

En el debate se pusieron sobre la mesa ocho proyectos elaborados por Silvia Lospennato (PRO), Pablo Tonelli (PRO), Jorge Enríquez (PRO) -mandato cumplido-; Emilio Monzó (Encuentro Federal), Gustavo Menna (UCR) -mandato cumplido-; Enrique Estévez (Socialismo) y Alejandro ‘Topo’ Rodríguez (Identidad Bonaerense).

El tratamiento del proyecto sobre boleta única se resolvió la semana pasada tras el avance opositor para pedir una sesión especial para debatirlo el jueves pasado, a partir de una solicitud que contaba con los respaldos suficientes cono para alcanzar el quórum.

Pero el miércoles, sobre la hora, el oficialismo neutralizó esa movida, aunque para conseguir el tratamiento de su agenda productiva debió ceder al planteo de la oposición.

En el esquema esbozado por JxC se prevén reuniones también los días martes 17 y 24, para finalmente buscar dictamen el miércoles 31 de mayo, como paso previo a la aspiración de llevar el tema al recinto en la primera quincena de junio.

Para posibilitar la convocatoria a ese plenario, se formalizaron este martes las integraciones de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, donde fueron reelegidos como presidentes los oficialistas Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade, respectivamente.

En Asuntos Constitucionales, el Frente de Todos (FdT) y Juntos por el Cambio (JxC) tendrán cada uno 17 miembros, en tanto que la restante vacante será ocupada por una integrante del interbloque Federal. En la comisión de Justicia, en tanto, los dos principales espacios de la Cámara tendrán 15 representantes cada uno y el lugar restante será para el interbloque Federal.